Una inteligencia artificial no puede ser dueña de sus 'creaciones'

Un reciente caso planteado ante la Oficina Europea de Patentes deja claro que sólo un ser humano puede ser titular de una creación registrable. ¿Veremos algún día a la inteligencia artificial como sujeto de este tipo de derechos?

 

Imaginemos que un algoritmo basado en inteligencia artificial genera de forma 'autónoma' una solución para diseñar un envase o recomendar un producto. ¿Quién puede patentar eso? En diciembre, la Oficina Europea de Patentes (OEP) estableció que sólo un ser humano puede patentar una creación, en una interesante interpretación razonada de la normativa vigente.

En este caso, dicha oficina rechazó solicitudes de patentes al interpretar, en primer lugar, que "sólo un inventor humano podría ser inventor" en el sentido del Convenio Europeo de Patentes. Y en segundo lugar, determinó que "una máquina no puede transferir derecho alguno" al solicitante de la patente.

Hasta entonces, en la UE no se había prohibido expresamente conceder derechos sobre las obras generadas por la inteligencia artificial.

Así, según informaba la OEP en una nota del 21 de diciembre pasado, denegaba las solicitudes "EP 18 275 163" y "EP 18 275 174", en las que quien pedía ciertas patentes designaba como inventor a un sistema de inteligencia artificial denominado DABUS, supuesto "creador" de un recipiente para la conservación de alimentos y de un sistema de recomendaciones avanzado.

Esta interpretación de la OEP frena la pretensión de que una patente europea puede recoger como "inventor" una máquina de inteligencia artificial; el solicítate argumentaba que las invenciones habían sido creadas de forma autónoma por DABUS y, de hecho, presentó tal solicitud en varias jurisdicciones.

El abogado lucense e investigador en Derecho Miguel Vieito, que se confiesa un apasionado en temas de tecnología y ética, tuiteó recientemente esta resolución. En conversación telefónica con Público, Vieito razona en una línea similar a la OEP: "No se puede comparar cómo funcionan los comportamientos instantáneos de un ser humano al de una máquina, porque los primeros sencillamente no se pueden computar", afirma.

"El área de la inteligencia artificial me gusta, también las implicaciones jurídicas que puede tener, y me llama la atención el abordaje que hace la Unión Europea a la llamada 'personalidad electrónica', que trata de ajustar a las normas éticas sobre este asunto, cosa que existe desde hace unos años", afirma el letrado, quien, sin embargo, se muestra escéptico ante cualquier titular que ensalce la inteligencia artificial o el llamado 'machine learning' como algo comparable a la mente humana.

La cuestión profunda radica en que un sistema informático, como tal, no tiene capacidad legal ni es sujeto de derechos. Algunas jurisdicciones, como la británica, recogen algunos supuestos específicos. Por ejemplo, el artículo 9.3 de la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes, dispone lo siguiente: "En el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra".

No existe una normativa vinculante sobre 'personalidad electrónica' en la UE, sino que hay orientaciones que se redactaron hace unos años sobre el asunto, especialmente en lo que toca a las posibles responsabilidades civiles.

En un artículo de 2017 publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) ya se abordaba este asunto, que concluía que los responsables del fruto de una inteligencia artificial determinada deberían ser quienes la manejasen como herramienta, y no tanto los desarrolladores de la misma.

"Es que ésa es una cuestión importante", comenta Vieito, "es decir, dónde ponemos la responsabilidad de una acción, si en el desarrollador de la herramienta, el propietario de la misma, el usuario, en el hardware o el software...".

Por tanto, ¿puede ser un robot 'dueño' de sus actos? "Mi postura es muy crítica con respecto a la inteligencia artificial, no comparto el entusiasmo exacerbado de algunos que ven un futuro inmediato en manos de máquinas, me parece una interpretación muy sesgada", comenta el experto, que plantea la posibilidad de que una máquina totalmente autónoma es un escenario muy poco improbable en el futuro.

"Para mí, el escollo de llevar el comportamiento ético a un programa informático es la comprensión humana de cómo se genera ese comportamiento, es decir, por qué algo es ético en realidad; y para poder programar (emular) eso tienes que entender primero cómo se genera ese comportamiento", sostiene el jurista, y añade: "El origen del pensamiento crítico, algo que aún desconocemos "¿Se desarrolla en la infancia? ¿Es ambiental o innato?...".

De momento, y tal y como dice la Oficina Europea de Patentes, un sistema de inteligencia artificial no puede ser dueño de una patente ni puede ceder esos derechos porque, para empezar, no es un sujeto de derechos como tal. 

No obstante, Vieito rompe una lanza en favor de incluir el comportamiento ético a cualquier desarrollo tecnológico desde el diseño, para intentar luchar contra los sesgos: "Hay técnicos a quienes la ética les parece un palo en las ruedas del avance de sus desarrollos, pero no se debe dejar de lado este aspecto: la tecnología no puede limitarse a solucionar un problema determinado abstrayéndose del resto de la realidad". 

Madrid

12/01/2022 23:43

 

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MÁS LEÍDOS 2021: El escuadrón móvil antiderechos y la supresión violenta de la protesta

“El Estado en Colombia no viola los derechos humanos”, dice la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez como conclusión de lo que fue la visita de la Cidh1. Por su parte, el presidente Duque reconoce que ha habido casos de abusos policial pero que no es algo común, no son sistemáticos, y en todo caso, son investigados, judicializados y sancionados, incluso más rápido de lo que pasa en EEUU2

Son voces, simples voces, que reafirman que “no hay peor ciego que quien no quiere ver”, como sentencia el saber popular. Pero también expresión desnuda de lo que es el poder y el autoritarismo que lo refrenda. De ahí que después de negarse durante año y medio a dialogar y atender los reclamos del Comité Nacional de Paro, el Presidente deduzca que no hay motivos para las protestas, al negar que éstas hayan sido motivadas por una explosión de inconformidad, pues lo que él dice observar es un “estallido de emprendimientos y creatividad”, afectado por “algunos que quieren ser pirómanos electorales y viendo a ver dónde dividen a la sociedad y dónde generan lucha de clases y hablan del estallido social para generar esa pugnacidad”3.

Sin embargo, la permanencia de la protesta por más de 60 días y la alarma de entidades nacionales e internacionales referidas a los graves hechos de violencia estatal muestran otra realidad. Los registros de la Campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas durante estos dos meses dan cuenta de: 84 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 son presuntamente atribuibles a “civiles” particulares sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor; 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el Esmad y civiles armados no identificados; 84 casos de lesiones oculares y 114 casos de personas heridas por arma de fuego, 298 defensoras de DDHH que hacían verificación de abusos fueron agredidos por agentes de policía; 808 mujeres han sido víctimas de violencias policiales (516 detenidas, 136 heridas, 4 asesinadas y 106 fueron víctimas de violencia basada en género); en tanto que 3.274 personas han sido detenidas, generalmente de manera arbitraria y muchas de ellas sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención4

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, las agresiones en contra de periodistas superan la cifra de 300, sin que hasta el momento se conozcan resultados de las investigaciones o sanciones más allá de las declaraciones públicas realizadas por la Alcaldesa de Bogotá, la fiscalía o la presidencia. Durante estos dos meses de Paro Nacional los periodistas han sufrido 102 agresiones físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones al trabajo periodístico, 14 robos o eliminación de material, 17 hostigamientos y 11 detenciones ilegales, entre otras agresiones5.

El Esmad, ¿protege o violenta?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– fue creado mediante Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 de la Dirección General de la Policía, durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana. Previsto inicialmente para confrontar las movilizaciones gigantescas de los campesinos cultivadores de coca perseguidos por el Estado, se estableció de manera transitoria, pero una vez implantado el Plan Colombia con sus enfoques contrainsurgente y de “guerra contra las drogas” se decidió establecerlo de manera permanente.

Los sucesivos gobiernos le han concedido a la Policía la facultad de reglamentarse a sí misma en el ejercicio de sus actividades y procedimientos, por lo que en estos reglamentos poca coherencia con estándares de derechos humanos puede encontrarse. Ejemplo de esto son las reglamentaciones sobre el uso de armamentos que descargan contra los civiles y que a pesar de denominarlos “de letalidad reducida” han causado ya varias decenas de muertos, y cada vez más añaden nuevos dispositivos que resultan mortales. La resolución 02686 sobre dotación de armas de letalidad reducida dispone el empleo de la mayor parte de estos artefactos. Su dotación, equipamiento, accionar, tácticas operativas e ideología encarnan la más perfecta concepción de un trato a la población desde la condición de “enemiga”. 

En las condiciones impuestas al movimiento social por un gobierno como el de Iván Duque que se niega a negociar o hace uso dilatorio y burlesco del diálogo para negarse a ceder cualquier concesión a la movilización ciudadana, la noción de conservación del “orden público” o de “legalidad” se reduce casi siempre a la disolución violenta de la protesta social, previa su estigmatización y la criminalización de sus líderes o de los sectores que arriesgan para defender la vida y la integridad de los manifestantes (como el caso de la persecución, estigmatización y judicialización de jóvenes integrantes de las llamadas “primeras líneas”). 

Estas reiteradas actuaciones, perpetradas de manera arbitraria y contraria a los mandatos legales y constitucionales, llevan a que la existencia y proceder de este cuerpo de choque y contención de los derechos al reclamo y la movilización ciudadana lo hagan incompatible con los postulados básicos de un Estado Social de Derecho. No hay duda de ello, ya que no es concebible que en una democracia exista un cuerpo de agentes armados dedicados a impedir la libre expresión de los ciudadanos en las calles y a vulnerar de manera sistemática su integridad, o privarlos de su libertad o su vida cuando intentan hacerlo. La Corte Suprema de Justicia ha resumido estos patrones de actuación ilegal de este cuerpo policial afirmando que se evidencia una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”6.

Los efectos de las actuaciones violentas, arbitrarias e indiscriminadas desplegadas con sistematicidad por este cuerpo policial desde su creación en 1999 y hasta el año 2019 causaron la muerte de al menos 59 personas7. En lo corrido del gobierno de Iván Duque la represión a la protesta social ha multiplicado las muertes de quienes reclaman en las calles, al punto que durante el año 2020 y solo hasta el mes de septiembre, la Campaña Defender la Libertad documentó 37 casos de muertes de personas asesinadas por la Policía y el Esmad en el marco de las protestas, a los que habría que añadir las 84 personas asesinadas en el marco de las protestas comenzadas el 28 de abril8

Además de los asesinatos ocasionados por el Esmad en contextos de protesta, también se denuncia que entre 2017 y 2019 la ocurrencia de 289 muertes a cargo de la Policía, según fuentes de Medicina Legal9, de las cuales solo el 0.69 por ciento ha terminado en condena, de suerte que la impunidad y connivencia estatal con sus actuaciones se convierte en un factor que impide frenar la sistematicidad de estas prácticas delictivas. En el 2020 fueron 86 las civiles víctimas de homicidios por parte de la Policía según la ONG Temblores10.

De igual manera, las denuncias indican que en 2020 se presentaron 7.992 casos de violencia interpersonal presuntamente cometida por la Policía y son la población negra y migrante los más afectados. En el caso de la población negra y contra migrantes existen 292 casos documentados. En cuanto a los casos de delitos sexuales en los que presuntamente participaron agentes policiales, se reportaron 30 durante 2020, según la ONG Temblores11. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa entre 2014 y octubre del 2020 se han iniciado 288 investigaciones que involucran a miembros de la Fuerza Pública por violencia o abuso sexual a menores de edad, de los que la institución que más reportes de investigaciones tiene es la Policía Nacional, en la cual se abrieron 242 procesos contra uniformados involucrados en abuso y violación de menores12

En suma, tanto por su incapacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales y legales adecuadamente con sus principales funciones constitucionales, incluido el control del orden público y la prevención e investigación de los delitos en el marco de las protestas, como por su doctrina y resultados contrarios a cualquier estándar de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Esmad debe ser desmantelado pues ha demostrado ser estructuralmente incapaz de cumplir sus funciones con apego a la ley y respetar los derechos que deben ser garantizados en un Estado de Derecho.  

 

 

 

1Gutiérrez, N.P. (15 junio 2021). “La visita de la CIDH”. En: El Heraldo, Barranquilla. https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-visita-de-la-cidh-la-columna-de-nancy-gutierrez-825533

2 Infobae (2 junio 2021). Presidente Iván Duque reconoció que ha habido abuso policial, pero asegura que no es sistemático. En: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/02/presidente-ivan-duque-reconocio-que-ha-habido-abuso-policial-pero-asegura-que-no-es-sistematico/ 

3Cuarto de Hora (29 junio de 2021). En vez de «estallido social», Duque dice que ve «estallido de creatividad y emprendimiento». En: https://cuartodehora.com/2021/06/29/en-vez-de-estallido-social-duque-dice-que-ve-estallido-de-creatividad-y-emprendimiento/

4Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas (30 junio 2021). Boletín informativo 20: #ParoNacional. En: https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-20-paronacional/ 

5Fundación para la Libertad de Prensa FLIP (30 junio 2021). Datos abiertos sobre agresiones a la prensa relacionadas con el cubrimiento del paro nacional en Colombia. En: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRhDY3s1iXi4BtoCSwYdqciHnOAyaENP7GiBMNzpSMLxFDpcNgTFiB6eKS70a6jGBjIwpruMqKmO9Wd/pubhtml 

6Corte Suprema de Justicia (22 junio de 2021). Sala Civil de la Corte Suprema ordena medidas para garantizar derecho a protesta pacífica. En: https://cortesuprema.gov.co/corte/index.php/2020/09/22/corte-suprema-ordena-medidas-para-garantizar-derecho-a-protesta-pacifica/ 

7Wikipedia (2020). Escuadrón Móvil Antidisturbios. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuadr%C3%B3n_M%C3%B3vil_Antidisturbios 

8Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas.

9Cote Lozano, J. S. (2021). “La Policía es responsable por 289 homicidios entre 2017 y 2019: Temblores ONG”. El Espectador, 4 de enero de 2021. p. 4 

10El Espectador (24 febrero de 2021). “Policía habría participado en el homicidio de 86 personas durante 2020: Temblores ONG”. En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/policia-habria-participado-en-el-homicidio-de-86-personas-durante-2020/?output-Type=amp

11Ibídem.

12El Tiempo (19 de octubre 2020). “Van 288 policías y militares investigados por abuso sexual a menores”. En: https://www.eltiempo.com/politica/congreso/abuso-sexual-de-menores-cifras-de-militares-investigados-por-violacion-544080 

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Lo fundamental hoy para todos los actores sociales es la defensa integral de los derechos. Ahí debe centrarse la mirada y la acción para enfrentar las consecuencias de la pandemia en curso.

 

El presidente Duque había perdido toda capacidad de gobierno en noviembre de 2019. El paro del 21 fue el acontecimiento que constató ese estado de cosas. A las demandas del comité de paro se le sumaron las recomendaciones de la Misión de Sabios que el mismo Presidente había constituido. Si el pliego reivindicativo de los trabajadores era apremiante, las propuestas de la Misión tenían carácter de “urgencia”. El informe concluía con un “[…] llamado de urgencia y en altavoz al Gobierno Nacional y a la Sociedad en general”.

El Presidente y su círculo inmediato, me parece, reconocieron que la situación era apremiante y organizaron unas mesas temáticas para buscar concertar soluciones a los problemas. Hubo quienes sostuvieron que se trataba de dilatar y diluir con el paso del tiempo el imperativo de cambio que la sociedad estaba exigiendo. La llegada de la pandemia planetaria alteró todas las premisas de la existencia humana. En esas nuevas condiciones el presidente y su gobierno, asumió que ya no era necesario ocuparse de los cambios.

Hoy, abril de 2021, el gobierno sigue creyendo que no es necesario volver la vista atrás y que el paro del 21 de noviembre es sólo un mal recuerdo. Pero aunque pueda parecer cierto, realmente hoy tenemos unas demandas de cambio más solidas y apremiantes. Veamos lo concerniente con la educación.

En primer lugar está la incompetencia del gobierno para cumplir la tarea de vacunar al magisterio. Esa medida elemental ni siquiera la mencionan el ministro de Salud y la ministra de Educación. En lugar de ocuparse de esa responsabilidad han propuesto un debate lleno de insinuaciones malévolas acerca de la incompetencia de maestras y maestros y de la responsabilidad de Fecode en los malos resultados de los estudiantes en las pruebas Pisa.

Pero lo evidenciado por la pandemia es la precariedad de las condiciones en que se lleva a cabo la labor pedagógica y de la enseñanza. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta los mezquinos recursos asignados a la política educativa en sus diferentes niveles: desde el preescolar hasta la universidad. El hecho puesto de manifiesto por la pandemia de modo brutal, no es gratuito. Es el resultado de las decisiones tomadas por los gobiernos, en contravía de los postulados constitucionales y los de la Ley General 115 de 1994. Se trata de la contrarreforma iniciada en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), agudizada durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y mantenida durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Las propuestas de cambio en asuntos educativos del pliego de Fecode en noviembre del 2019 y las recomendaciones de la Misión de Sabios, todas orientadas a hacer realidad la promesa legal y constitucional del derecho a la educación, ahora cobran una dimensión más amplia. Se trata de garantizar a las familias, los estudiantes y los maestros el derecho a la salud. Sin esa garantía el derecho a la educación no es posible. Se trata, también, de la renta básica para impedir que el hambre degrade la existencia de la niñez, la infancia y la juventud. Se trata, así mismo, de garantizar una vivienda digna a todas las familias. Con la ausencia de estos derechos son inútiles los esfuerzos de formación de las nuevas generaciones.

Ahora, gracias a la pandemia es transparente que no es posible garantizar el derecho a la educación sino se garantiza también el de la salud. Y sin la garantía de una renta básica y de una vivienda digna, las familias no pueden asumir los compromisos con la educación de sus hijas e hijos. El Estado social de derecho tiene pues que operar para que la sociedad asuma su obligación. Sólo de esa manera se podrá cumplir con el postulado de la Constitución y de la Ley General de Educación que establece que la sociedad, la familia, la comunidad magisterial y el Estado convergen en la misión de formar a las nuevas generaciones.

Estamos en una nueva etapa respecto a noviembre 21 del 2019. En ese momento se trató de buscar un cambio acotado de las políticas gubernamentales. Ahora, después, de la trágica travesía que nos impuso la pandemia, lo que era una constatable incompetencia del gobierno, ahora es la experiencia del colapso de un modo de producción y de su superestructura histórico-cultural. Lo padecido aquí en términos locales tiene su realización global. La humanidad se enfrenta a una amenaza existencial desencadenada por la codicia del 1 por ciento. Ante este acontecimiento, sin antecedentes en la historia de la humanidad, se comienzan a ensayar las viejas salidas de la guerra. Algunos apelan a la famosa disculpa de la Trampa de Tucídides acuñada por Raymond Aron para justificar la primera y la segunda guerra como acontecimientos inevitables. Pero este debate sólo lo presento de manera preliminar como un llamado de atención acerca de lo que no es lo fundamental. Hoy lo fundamental es la defensa integral de los derechos.

 

 

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Una revista alemana nombró al papa Francisco como "el hombre más sexista del mundo"

Por ser "el jefe de un sistema en el que las mujeres son personas de segunda clase"

Una revista alemana nombró al papa Francisco como “el hombre más sexista del año” porque, aunque lo reconoce como progresista en aspectos como la lucha contra el cambio climático, señala que “es el jefe de un sistema de apartheid en el que las mujeres son personas de segunda clase”.

“Hay muchas cosas buenas que decir de este Papa. Cuando el argentino nacido en Italia se mudó al Vaticano en 2013, no se instaló en los magníficos apartamentos papales, sino que en la casa de huéspedes. No lleva zapatos de cuero rojos ni estolas bordadas barrocas, sino sandalias y una sotana sencilla. Rechaza demostradamente la pompa y busca la cercanía del pueblo. Y usa su autoridad para criticar al capitalismo, al racismo, y para salvar el clima”, dice la publicación de la revista Emma.

Sin embargo, el artículo lamenta que el pontífice “tenga otras facetas completamente diferentes, que no son detalles sino temas centrales”. “Porque este Papa también es el jefe de un sistema de apartheid en el que las mujeres son personas de segunda clase. Solo por su sexo biológico, son siervas de patrones píos y limpian los pisos de las iglesias. Están excluidas de los sacramentos y de la ordenación, es decir, del acceso independiente a Dios”, agrega.

En un decreto de este año, Francisco habilitó a las mujeres a ocupar los cargos de Lectores o Acólitos, ministerios católicos que hasta ahora estaban reservados para los hombres, aunque en la práctica había mujeres que ya realizaban estas tareas.

“Incluso en el siglo XXI, el Vaticano está a la cabeza de la sociedad de hombres más antigua y hermética del mundo. En el que no es casualidad que los hombres que aman a los hombres se sientan especialmente cómodos -continúa el artículo-. Y este Papa se asegura de que siga y siga. Con desprecio por las mujeres, oculto en la idealización. Y con violencia sexual, ignorada durante mucho tiempo”.

La revista alemana, además, recuerda que Francisco está en contra del aborto y “tampoco está tratando de aliviar el conflicto sistémico” que produce la clandestinidad. “Se lanza en contra de las mujeres embarazadas desesperadas y no deseadas, y las que están junto a ellas. En su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el 10 de octubre de 2018, el Papa declaró que ‘el mal en el mundo’ proviene del ‘desprecio por la vida’”, acusa la publicación y agrega que el Papa “es el principal responsable de estos abortos ilegales. Eso comienza con su demonización de la anticoncepción”.

“Debido a tu culpa, tu culpa, tu gran culpa, hemos llegado a creer que casi nadie en el mundo cristiano es tan responsable de la miseria de las mujeres y los niños como tú. Por eso se merece sobradamente el título de “el hombre vivo más sexista”, concluye el artículo.

27 de octubre de 2021

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Vacuna covid-19: ¿protección, negocio o violación de derechos?

La regulación legal, base para la vacunación en Colombia, es la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, en la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones. Es importante resaltar que en ningún momento se regula en esta Ley sobre la obligatoriedad de participación en el proceso de vacunación; lo que especialmente aclará la misma es el principio de gratuidad, particularidad que se menciona expresamente en el artículo nueve; otro principio fundamental que deja en claro es la Universalidad.

La Ley 2064, es una previsión del proceso de vacunación que en efecto se desarrolla desde la tercera semana de febrero de 2021, y la que no previó un desafío posterior, presentado justo en el momento que se desarrolla la vacunación por etapas, y sí contemplado en múltiples decretos que desarrollan la norma: la apatía, o el temor o el rechazo directo que puede tener un sector de la población y que los lleva a la decisión de no aceptar el biológico.

Un desafió que no es menor. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 44,2 por ciento de los colombianos dijo no estar interesado en aplicarse la vacuna, situación que genera tensión frente a los espacios de la convivencia común e incluso en el ámbito laboral. Algo que para algunos eran impensable sucediera en esa magnitud. El quid del asunto es que poco a poco se llega a una obligatoriedad encubierta que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, salvo insistir en la necesidad de lograr inmunidades de rebaño a partir de coberturas masivas en la población.


¿Vacunación obligatoria o no? Derechos involucrados

Para establecer una hipotética obligatoriedad de la vacunación, es necesario establecer de manera somera los derechos que se encuentran involucrados en tensión, para decidir si se obliga o no, y nos vamos a referir a derechos fundamentales desde la Constitución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El derecho a la vida (art. 11), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), libertad de conciencia (art. 18), el derecho al trabajo (art. 25), esto en relación con algunos derechos fundamentales involucrados conforme el capítulo I, del título II de nuestra Constitución, y también entra en tensión uno muy importante del capítulo II, de los Derechos Sociales, económicos y culturales: Derecho a la Salud (art. 49).


La valoración de los citados derechos involucrados, nos puede llevar al mismo tiempo a decisiones contradictorias, porque sobre la base de estos mismos derechos podría negarse o imponerse la obligatoriedad. De antemano obsérvese que la balanza la puede inclinar básicamente el derecho a la salud, frente a los fundamentales de la vida, la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, etcétera.

En este proceso hay que tener en cuenta que la vacunación requiere la introducción de una sustancia ajena al cuerpo, por lo que en principio necesita la voluntad de la persona que acepta o da su consentimiento para recibir el biológico. Desde este primer punto de vista, la vacunación nunca podría ser obligatoria ya que requiere una expresión voluntaria y libre de la personalidad del sujeto. En sentido contrario, al entenderse la vacunación como parte de un tratamiento que incluso puede considerarse preventivo, en libre expresión de su personalidad el sujeto también puede negarse a ser innoculado, blandiendo objeción de conciencia frente. Pero acá aparece otro importante derecho como obstáculo a este tipo de determinación: la salud pública, que como derecho colectivo podría imponerse sobre todo cuando es un sector amplio de la población el que se vería en riesgo frente a la actitud o el derecho de un solo individuo o en todo caso de un grupo minoritario. Consideramos entonces que esta podría ser la única excepción fuerte a la no obligatoriedad.

 

 

Que la OMS y todos los Estados hayan declarado que estamos en medio de una pandemia denominada covid-19 y que todos los Estados estén tomando medidas para contenerla, entre ellos la vacunación, y que ello obedezca a un riesgo ostensible para la salud de la mayoría deja en evidente ventaja el derecho a la salud frente a los derechos individuales en cuestión, ante una hipotética obligatoriedad de la vacuna que ya están aplicando o proyectando entre las medidas que toman los diferentes Estados.

En los derechos involucrados mencionamos expresamente el derecho al trabajo, porque este vive una tensión particular frente a los efectos de la pandemia, porque es en la población trabajadora que la tensión entre la obligatoriedad de la vacuna ha tomado un tono más fuerte, pues la consigna parece ser que la necesidad de trabajar cede frente a la voluntad de querer o no aceptar la vacunación; de hecho, es común que la empresa pública o privada envíe permanentemente links en plataformas digitales para que los empleados reporten en que momento se encuentra su proceso de vacunación.

Expertos en el área de derecho laboral se oponen abiertamente a que pueda amenazarse o derivarse algún tipo de sanción para los trabajadores que no accedan a la vacunación de forma “voluntaria” ya que atentarían contra la estabilidad laboral, y ni siquiera aceptan la imposición de otras modalidades como pasarlos a teletrabajo o a áreas que impliquen menor exposición a contagios, lo cual podría ser considerado un “castigo”. Sin embargo, en la práctica triunfa otra premisa y es que si el Gobierno o la empresa determinan que la vacunación es obligatoria, el empleado prácticamente no puede abstraerse de la obligación pues el Estado o la empresa privada resaltarán que deben garantizar un servicio no para el privilegio de uno sino de toda una comunidad. Por lo mencionado hasta este punto, todo indica que la tensión está a favor de los derechos colectivos y no de los individuales, y en tal punto podría prevalecer la obligatoriedad.


Vacunación y medias sanitarias: otro paso a la obligatoriedad


A medida que avanza la pandemia, y sobre todo la estrategia de vacunación mundial, con consecuentes desafíos y diferencias abismales entre Estados y poblaciones del primer y el tercer mundo, no hay duda que los países que imprimen la marcha en el orden mundial también van imponiendo poco a poco sus políticas públicas de obligatoriedad “velada” de la vacunación, como es el caso de la Unión Europea que a partir del 1 de julio de 2021 oficializó el Certificado covid digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo), lo que han dado en llamar implementación de los pasaportes sanitarios, que incluso ofrecen un reparo desde la cantidad de información personal que recaban de los ciudadanos pero que ellos aseguran “no realizaran tráficos indebidos con los datos personales” ya que solo es con fines de autenticación de la información sobre el estado de vacunación o cantidad de dosis aplicadas.

Sin embargo, con asombro puede observarse como en la aplicación de políticas dominantes, también desde el punto de vista sanitario, este bloque de países se da el gusto de aceptar o rechazar, para efectos de permitir la circulación en el territorio Schengen, entre las vacunas homologadas; según lo cual las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), son: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson.


Tras establecer el pasaporte que en principio no es obligatorio, pero que es un requisito a cumplir esté o no vacunado el ciudadano, muchos de los países europeos lo están considerando prácticamente obligatorio para poder realizar muchas actividades de ocio y turismo, en teoría con una finalidad absolutamente preventiva ante posibles contagios masivos en las actividades descritas.

Un protocolo que están retomando los demás países del orbe, incluso en nuestra realidad, ya es común exigir el certificado de vacunación covid 19 para poder asistir a espectáculos masivos como el fútbol, conciertos, entre otras actividades. Incluso se exige un esquema de vacunación ya completo, dejando cada vez más en entredicho la no obligatoriedad de la vacuna.

Estrategia que apunta a fomentar la vacunación masiva, con el objetivo de lograr la denominada “inmunidad de rebaño”, todo ello sin tener en cuenta la afrenta que implica frente a la violación de otros derechos fundamentales, como los ya listados supra, poniendo de presente la tensión entre la reactivación económica y la posibilidad que los “desjuiciados”, sobre todo población joven, hagan valer sus derechos y se sometan a los designios de las mayorías.

Estas medidas de política pública, de restricción de ciertos derechos y resumidas en los pasaportes sanitarios, o como se les quiera denominar, ante el privilegio alcanzado por la necesaria reactivación económica, lo que pretenden es evitar los confinamientos, lastre de la producción y el mercadeo. En este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesarias en una sociedad democrática donde la salud pública, como derecho colectivo, está por encima de unos de carácter meramente individual.


Vacunación y Bioética: qué dice la ciencia


Otro punto de vista que necesariamente debe tenerse en cuenta en este debate, es la posición de la ciencia desde la bioética, que aborda asuntos de fondo que muy posiblemente no tienen una respuesta segura en este momento, como: ¿Sí son eficaces las vacunas para prevenir la transmisión? ¿Hay en realidad acceso igualitario a la vacunación en el mundo?

Para ambientar brevemente esta discusión, nos parece oportuno referenciar al experto en Bioética Julian Savulescu, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien en su artículo: “Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?”* considera que sólo cabe proceder a la vacunación obligatoria cuando se dan cuatro condiciones fundamentales:

a. Hay una amenaza grave para la salud pública.
b. La vacuna es segura y efectiva.
c. Las políticas de vacunación obligatoria muestran una ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
d. El nivel de coerción impuesto es proporcionado.

Responder a cada uno de estos puntos que correctamente plantea el experto, podría llevarnos a otra columna sobre la materia, pero a groso modo podemos decir que prácticamente la única premisa que se cumple es la grave amenaza para la salud pública, porque sobre la seguridad y efectividad de las vacunas por ahora no hay estudios científicos unívocos; menos sobre el coste-beneficio de la obligatoriedad, y en cuanto a la coerción de derechos de manera proporcionada, en realidad está por verse.

Recordemos, incluso que, frente a la efectividad, recientemente nos enfrentamos a la “proposición” de una tercera dosis por parte de las farmacéuticas, como es el caso de la estadounidense Pfizer, con la justificación de proteger contra la nueva variante delta del coronavirus y según datos preliminares de un estudio, que como siempre son preliminares y en desarrollo.

Sobre lo anterior obliga decir que existen numerosas variantes del virus: Cepa alfa (Reino Unido), Beta (África), Gamma (Japón) Delta (India) y Delta Plus (varios países), por lo cual otras farmacéuticas propietarias de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, también están “sugiriendo” tercera dosis. En Colombia, y según datos del ministerio de Salud, con la variante Delta el país completó 61 linajes covid.

El problema de las variantes, advierte la OMS, es que las mismas están asociadas a un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología del covid-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles.

Lo anterior indica que ni el virus está resuelto, ni está completamente diagnosticado, pero que alguien está tomando ventaja en el comercio “obligado” de las vacunas, y que lo que podrían ser solo dos dosis para obtener un “pasaporte sanitario” podría convertirse en dosis periódicas y necesarias siempre frente a las nuevas fuentes de riesgo biológico y, por lo tanto, los derechos siempre estarán en permanente tensión frente a la obligatoriedad.

A todo lo expresado, el tema nos obliga volver al origen y preguntarnos sobre todo en estos países del trópico de una fuerte tradición ancestral indígena: ¿Por qué no volvemos a las hierbas y a las raíces de los árboles? ¿Por qué, aunque sin el supuesto sustento científico (como tampoco lo tienen ciertamente las vacunas hasta ahora homologadas) no ayudamos a enfrentar la pandemia con las recetas tradicionales y sus propiedades que también han salvado vidas, y sin obligar a nadie?

Es una opción viable, junto con otro tipo de medicinas, que ha evidenciado efectividad en barrios populares, penales, comunidades indígenas y campesinas en general, incluso aplicada de distinta manera por galenos de amplia trayectoria que actúan en silencio ante el temor de perder su licencia profesional. Todo lo cual evidencia que la solución no puede ser solo la obligatoriedad a la que nos conducen los intereses de las multinacionales farmacéuticas, del empresariado y de los gobernantes para obtener pasaportes sanitarios, que por lo visto y por el nivel de dificultad que ofrece el virus en cuanto a desarrollo y variantes, nunca serán suficientes.

* Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Disponible en: https://jme.bmj.com/content/47/2/78 BMJ Journal of Medical Ethics. Consultado 8(08/2021.

 

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Publicado enEdición Nº283
El coste de los derechos: ¿por qué la libertad depende de los impuestos?

Hay muchos libros que, concebidos en el fragor de la contienda ideológica, no logran conciliar la urgencia de su presente con la perspicacia y la profundidad de una labor intelectual que deje poso para el futuro. The Cost of Rights logra conjugar ambos extremos y eso es mucho decir en una época marcada por la ofensiva neoconservadora de los años 80 y 90 en Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta George W. Bush.

Llegué a este libro a través de una breve nota a pie de página en El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech. Publicado en 1999, no existe traducción al castellano y, sin embargo, resulta muy pertinente en el contexto de la España de hoy. Un texto realmente útil para el debate político concerniente a las políticas redistributivas, a la extensión de los derechos y a la fiscalidad progresiva.

Conviene aclarar que no se trata de una recopilación de las justificaciones más manidas de la tradición de la izquierda, sino, más bien, una reordenación de sus fundamentos argumentativos para dotarlos de mayor consistencia. El propio título del libro tiene ya de por sí solo un punto de provocación. Para muchos, sin duda, resultaría peligroso asociar dos términos como costes y derechos, o, más aún, considerarían que esa asociación implica una claudicación de partida.

Derechos positivos

Es cierto que los discursos neoconservadores denuncian habitualmente el gasto presupuestario “desproporcionado” que originan los derechos sociales desplegados en forma de servicios y prestaciones públicas: sanidad, educación, pensiones, etc. Ahora bien, lo que parecen olvidar es que esto puede aplicarse a todos los derechos y libertades reconocidos hasta el día de hoy. No hay ningún derecho que no origine costes financiados por la sociedad en su conjunto. El derecho de propiedad sería imposible de sostener sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran. Es más, los derechos y libertades pueden originar costes no solo presupuestarios sino sociales. Difícilmente alguien puede negar que el acceso desigual al derecho de propiedad favorece a unos individuos frente a otros promoviendo enormes desigualdades sociales.

Los costes que originan los derechos y libertades reconocidos legalmente son asumidos y gestionados desde las Administraciones Públicas. Pese a la retórica antiestatal de la derecha, lo cierto es que todos aquellos derechos y libertades que dicen defender dependen fundamentalmente de la intervención estatal. La tradicional distinción entre derechos positivos y negativos, entre derechos que requieren la acción del Estado y derechos que requieren su inacción es sencillamente un timo. Todos los derechos son positivos, todos entrañan costes, todos requieren la intervención estatal.

Un modo particularmente eficaz de demostrar que los derechos se afirman a través de y no contra el Estado es recordando que la propiedad privada no solo está protegida por la ley, sino que es la regulación estatal la que define la propiedad privada y, de ese modo, es también quien la crea. Es el Estado el que otorga títulos de propiedad, quien regula cómo pueden transferirse y en definitiva el que asigna qué le pertenece a quien. Jeremy Bentham dijo que “la propiedad y la ley nacen unidas y mueren unidas” y David Hume señaló que la propiedad privada es un monopolio garantizado y conservado por la autoridad estatal a expensas de lo público. Es decir que la propiedad privada es ante todo una institución política y en modo alguno preexiste a la ley y al Estado que son los únicos capaces de otorgar carta de legitimidad a aquello que un individuo particular reclama como suyo. Más aún, es fácil observar en términos históricos que la propiedad privada ha sido permanentemente subsidiada por el Estado que ha asumido como propios los costes que permiten a los individuos ejercer un dominio pleno sobre su propiedad.

Los mercados

Del mismo modo, tampoco puede trazarse una divisoria nítida entre los mercados y el gobierno. Son los Estados quienes han hecho posible el funcionamiento moderno de estos: unificando pesos y medidas, emitiendo una moneda nacional, regulando las relaciones económicas mediante el derecho mercantil, estableciendo un vasto sistema judicial y funcionarial que da estabilidad y seguridad a los intercambios, construyendo infraestructuras que permiten el transporte de mercancías, etc. Los mercados modernos no pueden funcionar fuera del perímetro de la ley. Sin gobierno lo que queda es un sistema económico derruido por la fuerza, el monopolio, la intimidación y la fragmentación. El funcionamiento de los mercados necesita a un Estado apoyado en los impuestos y el gasto público. Como el propio Hayek reconocía, la cuestión no es si el Estado debería actuar o no, él mismo era un crítico de la noción ambigua y confusa de ‘laissez-faire’, la verdadera cuestión es: ¿Qué tipo de gobierno para qué tipo de mercados?

Las razones esgrimidas por los neoconservadores para reclamar un Estado dirigido a proteger el monopolio de la propiedad privada y puesto al servicio de (quienes dominan) los mercados, son fundamentalmente de tinte moralista. Su explicación es que la extensión de los derechos fomenta la irresponsabilidad de los individuos. Sin embargo, nuestros derechos no solo no entran en tensión con nuestros deberes, sino que, de hecho, son correlativos. Al aceptar vivir en sociedad renunciamos a actuar de forma unilateral por fuera de las reglas que la sociedad ha establecido. Por ejemplo, renunciamos a poder tomarnos la justicia por nuestra mano para depositar esa potestad en la administración de justicia. El individuo, al salir del estado de naturaleza hobbesiano para integrarse en la sociedad política, asume sus normas. Esa renuncia es el germen de la responsabilidad y la disciplina en la vida social.

El argumento con el que los discursos reaccionarios tratan de respaldar ese discurso es que el derecho al bienestar desincentiva el trabajo productivo. Sin duda para mucha gente esa es una afirmación razonable, pero podemos examinar el argumento opuesto tal como lo planteaba nada menos que Adam Smith: “No parece muy probable que los hombres en general trabajen mejor si están pobremente alimentados que si están bien alimentados, si están descorazonados mejor que si están de buen humor, si están constantemente enfermos mejor que si gozan de buena salud”. Siguiendo ese razonamiento, el derecho al bienestar es una condición necesaria para el desarrollo de cualquier actividad, incluido el trabajo. La garantía del derecho al bienestar personal por parte del Estado no desincentiva el trabajo; en todo caso, lo que permite es que las personas puedan rechazar la explotación laboral y aquellos empleos incompatibles con su dignidad como seres humanos.

El declive moral

Desarrollando el hilo conductor del discurso neoconservador, la extensión de derechos fomenta una cultura del relativismo moral que conduce a los individuos a percibirse a sí mismos como víctimas y a buscar el amparo del gobierno promoviendo la dependencia, la autocompasión y la falta de iniciativa. Es una argumentación que consigue un doble efecto: por un lado, estigmatiza a los sectores subalternos y, por el otro, culpa a los programas sociales del gobierno de perpetuar el problema.

La alegoría de la libertad representada por un hombre fuerte, autosuficiente y orgulloso tiene en realidad muy escaso recorrido en cuanto se admite que las personas somos seres sociales. Un ciudadano libre es, de hecho, especialmente dependiente. La libertad se fundamenta en el reconocimiento de que todos dependemos unos de otros, por eso fijamos unas reglas comunes de modo que esa relación de dependencia no derive en comportamientos arbitrarios de unos contra otros.

¿De qué modo se garantiza la libertad de una persona con diversidad funcional? El discurso del orgullo y la autosuficiencia no da para mucho. Lo que ofrece garantías es el derecho a acceder a los medios que necesite, a estar acompañado por profesionales que le permitan vivir de forma autónoma, a tener infraestructuras adaptadas a su movilidad, etc. Pero esto no es algo restringido a un colectivo concreto, es un patrón general. Cualquier persona es más libre si ha podido instruirse a través del sistema educativo o si puede recibir asistencia médica cuando lo necesite. Por eso, podemos ser más libres precisamente a partir del reconocimiento de que somos seres dependientes.

Por su propia naturaleza, los derechos dan lugar a responsabilidades y viceversa. La sociedad reconoce derechos cuando asume la responsabilidad de que le está fallando al conjunto de sus miembros o a una parte de ellos. Al mismo tiempo, cuando se reconoce un derecho todos los miembros de la sociedad, empezando por quienes se benefician de ellos, tienen que adaptar su comportamiento a la regulación introducida por el Estado.

A menudo los derechos emergen cuando la sociedad falla. Si las normas sociales funcionan eficazmente y para el conjunto de la sociedad, los derechos pueden volverse innecesarios o redundantes. Pero, además, también hay reglas morales que pese a existir, se incumplen, y hay otros ejemplos de reglas morales, que, pese a cumplirse, son discriminatorias o perversas. Históricamente ha habido personas que no podían acceder a determinados puestos de responsabilidad por razón de su raza o su género. Que esas mismas personas luchen porque el Estado reconozca sus derechos y los garantice no es una prueba de pasividad, de dependencia o de conformismo, es todo lo contrario.

La redistribución

Tanto desde la derecha como desde la izquierda se tiende a alimentar la simplificación según la cual el Estado toma recursos de los contribuyentes para financiar programas sociales. Esto nos impide adoptar una perspectiva más amplia. El Estado es siempre redistributivo, no puede evitar serlo. Todas las actuaciones del Estado desplazan recursos de un lugar a otro y, por tanto, los redistribuyen. Cuestión distinta es qué dirección tome esa reasignación de recursos que, en términos sociales, puede beneficiar a los más pobres en detrimento de los más ricos, pero también puede provocar todo lo contrario.

No solo puede haber redistribución de arriba abajo y viceversa. Hay que recordar que la expansión de las llamadas clases medias fue posible precisamente al calor del desarrollo del Estado de bienestar y algunos de sus programas sociales más exitosos han fomentado la reproducción intergeneracional de este mismo estrato social. Aunque la educación sea un derecho universal en España, el acceso a la educación superior suele ser mucho mayor a partir de un determinado umbral de renta familiar. Los jóvenes de esas familias, aunque no sean ricos, pueden acceder a la universidad y completar sus estudios sin tener que pagar matrículas excesivas y sin cargar con la enorme deuda de los créditos de estudios.

Aunque los derechos sean universales, el acceso a los servicios y a las prestaciones que ofrece el Estado no está igualmente distribuido. Primeramente, porque aquellos individuos con una posición social privilegiada pueden hacer un uso más intensivo de determinados servicios públicos, pero también porque gracias a su capacidad económica pueden aprovecharlos mejor. No es solo que alguien más acomodado tienda a recurrir más a la administración de justicia para hacer valer sus intereses, es que también puede contratar a los mejores abogados para hacerlo de la forma más eficaz.

Un gobierno democrático, aunque quiera, no siempre lo tiene fácil para igualar la capacidad de todos los ciudadanos para ejercer todos sus derechos, pero sin lugar a duda debe evitar que el Estado se convierta en una máquina de (re)producción de desigualdades sociales que actúe exclusivamente en beneficio de los más ricos.

La escasez

De nuevo, es habitual, tanto desde la derecha como desde la izquierda, concebir los derechos como imperativos morales de obligado cumplimiento y, por lo tanto, como inviolables, innegociables y concluyentes. Sin embargo, los derechos son también un reflejo de las metas que la sociedad quiere alcanzar y, por lo tanto, son necesariamente aspiracionales y abiertos.

Como nos recuerda el título del libro, los derechos tienen costes, y nada que tenga costes puede ser absoluto, los derechos pueden garantizarse solo en la medida en que se asignen los recursos necesarios para ese fin. Por ese motivo, para tomarse en serio los derechos es necesario tomarse en serio el problema de la escasez. Además, no todos los derechos están perfectamente alineados en cada contexto, sino que, de hecho, pueden colisionar entre ellos de modo que el Estado tenga que escoger entre priorizar unos en detrimento de otros. Todo ello no significa que los derechos sean papel mojado, pero sí que supone que el mero reconocimiento de un derecho no implica que quede automáticamente asegurado, o al menos, no en su totalidad.

Por supuesto los derechos deben estar protegidos en su conjunto, pero hasta qué punto lo estén cada uno de ellos por separado depende de decisiones de quienes gestionan los distintos aparatos del Estado. Es por eso por lo que la lucha por los derechos no puede limitarse al terreno de las reivindicaciones sociales, sino que requiere también una traslación a la esfera institucional. No se trata solo de exigir reconocimiento sino de hacer política para decidir cuáles son las prioridades y qué metas merecen el esfuerzo conjunto de la sociedad.

 

Economista y diputado por Podem en las Cortes Valencianas

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Holanda aprueba una ley para limitar el precio de los alquileres

Conservadores y laboristas apoyan una medida que impide subir los precios de los alquileres durante tres años. Solo los partidos de ultraderecha se han opuesto a la regulación.

 

En los próximos tres años, los inquilinos holandeses estarán protegidos contra los aumentos de los precios del alquiler, en un contexto de crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las rentas del sector privado solo podrán incluir el aumento de la inflación y un incremento de un 1%. 

La ley fue presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado y contó con el apoyo de todas las formaciones políticas a excepción de los ultraderechistas Foro para la Democracia (FvD, en neerlandés) y el partido de Henk Otten, fundador de FvD y recientemente escindido de esta organización neofascista. La medida fue finalmente aprobada por el Senado este 23 de marzo.

La nueva ley afectará a medio millón de viviendas, aquellas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales, según publicó el diario holandés Het Parool. El pasado año, 87.000 inquilinos se enfrentaron a un aumento del precio del alquiler que con esta nueva ley aprobada serían ilegales.

El gobierno de centro derecha de Mark Rutte ya había propuesto en mayo de 2020 limitar el aumento de los alquileres a un 2,5%, una propuesta que resultó insuficiente para la oposición laborista. La presión de la izquierda en el Parlamento ha conseguido sacar adelante una ley que supone una inflexión en la política de vivienda en los Países Bajos: hasta ahora los límites al aumento de los precios solo se aplicaban a la vivienda social. 

Junto con esta medida, el Senado ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Entre las medidas recogidas, se incluye una vía para que los propietarios puedan hacer descuentos temporales antes problemas económicos de los inquilinos y otra que vincula los ingresos de los inquilinos a los precios del alquiler: los propietarios podrán subir más el precio del alquiler a los inquilinos que tengan ingresos más altos. 

Redacción El Salto

25 mar 2021 12:53

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Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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Productos de higiene femenina. EUROPAPRESS/JOHN MARSHALL MANTEL/ZUMA PRESS

Los parlamentarios escoceses han aprobado la legislación por unanimidad después de cuatro años de campaña que han logrado cambiar el discurso público en Escocia

 

Escocia se ha convertido en la primera región del mundo en proporcionar acceso gratuito y universal a los productos de higiene femenina, después de una campaña de cuatro años que ha cambiado fundamentalmente el discurso público en torno a este tema.

La Ley de Productos del Período (suministro gratuito), aprobada por unanimidad el martes por la noche, impondrá a las autoridades locales la obligación legal de poner los productos de la menstruación a disposición de todas las personas que los necesiten, basándose en la labor realizada por municipios como el de North Ayrshire, que desde 2018 proporciona gratuitamente tampones y compresas en sus edificios públicos.

La campaña, refrozada por el apoyo de las bases a nivel nacional, ha estado encabezada por la portavoz de salud del Partido Laborista Escocés, Monica Lennon, que ha declarado que este era "un día de orgullo para Escocia".

"Esto marcará una gran diferencia en la vida de las mujeres y niñas y de todas las personas que tienen la menstruación. Ya ha habido un gran progreso a nivel comunitario y a través de las autoridades locales para dar a todas la oportunidad de tener dignidad menstrual", ha señalado Lennon a The Guardian.

"Ha habido un cambio radical en la forma en que se discute en la esfera pública sobre el periodo. Hace unos años nunca había habido una discusión abierta sobre la menstruación en el Parlamento (unicvameral) de Escocia y ahora es un tema normal. Los miembros del Parlamento han disfrutado siendo parte de este debate, que ha abarcado la menopausia, la endometriosis, así como los tipos de productos que usamos y su sostenibilidad".

La pobreza menstrual –dificultad para pagar los productos sanitarios básicos mensualmente– ha aumentado durante la pandemia del coronavirus, según las organizaciones benéficas.

Una investigación previa del grupo Women for Independence (Mujeres por la Independencia) reveló que casi una de cada cinco mujeres había sufrido pobreza menstrual, lo que tiene un impacto significativo en su higiene, salud y bienestar. Se estima que las mujeres gastan un promedio de 13 libras al mes (14,5 euros) en productos sanitarios y varios miles a lo largo de su vida.

El plan, con un coste estimado de alrededor de 8,7 millones de libras (9,7 millones de euros) al año, estará disponible para todas las mujeres, independientemente de sus ingresos. El Gobierno escocés había impugnado inicialmente la disposición universal, pero modificó su postura para unirse al de otros partidos en la primera fase del debate del proyecto de ley en febrero. El SNP (Partido Nacional Escocés) se había enfrentado una presión creciente de sus propios activistas, así como de una amplia coalición de sindicatos y grupos de la sociedad civil impulsados por Lennon.

La legislación también consagrará en la ley el requisito de que las escuelas, colegios y universidades proporcionen los productos de forma gratuita, lo cual fue anunciado por la primera ministra, Nicola Sturgeon, en 2017, convirtiéndose en los primeros del mundo en ofrecer este servicio. Mientras, el Gobierno escocés también ha financiado un proyecto en Aberdeen para entregar gratuitamente productossanitarios a los hogares de bajos ingresos, así como otros 4 millones de libras (4,4 millones de euros) para que los ayuntamientos amplíen los puntos de suministro en otros lugares públicos.

Mientras tanto, varios negocios individuales –restaurantes, pubs e incluso clubs de fútbol– han comenzado a ofrecer productos gratuitos de forma independiente. Cada vez es más común en Escocia entrar en un baño de mujeres y encontrar productos gratuitos junto a los lavabos, o con una cesta para dejar una pequeña propina.

Lennon sostiene que los activistas de todo el mundo habían estado observando muy de cerca el progreso en Escocia. "Es un mensaje importante: en medio de una pandemia mundial, todavía podemos poner los derechos de las mujeres y las niñas en un lugar prioritario de la agenda política".

Por Libby Brooks

Escocia — 25 de noviembre de 2020 12:36h

Traducido por Lara Lema

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La educación "no escapa a la lógica del mercado neoliberal": educadores

La virtualización de la educación derivada de la pandemia y las políticas neoliberales están llevando a la pérdida de derechos de millones de estudiantes y trabajadores del sector en todo el mundo, por lo que urge que los maestros de distintos países hagan un frente común para luchar por la educación pública, sostuvieron este viernes representantes de organizaciones de trabajadores de 20 países.

En la inauguración del Congreso Mundial de Educación 2020: en Defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo, en el que se busca establecer una Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores de la Educación (CITE), Claudia Baigorria, secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de Argentina, manifestó que la docencia ha intentado sostener el derecho humano a la educación para terminar con las políticas neoliberales que "solamente han dejado una acumulación obscena en pocas manos a expensas del crecimiento pavoroso de la pobreza en nuestros países".

Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que "trabajamos para mantener nuestra escuela y nuestra educación viva, para nuestros niños, que son la esperanza del mundo".

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, señaló que ante la imposibilidad de que se reanuden las clases presenciales por la emergencia sanitaria, "los empresarios han aprovechado para imponer sus negocios digitales sobre nuestro sufrimiento y para abrir las puertas a la privatización de la educación".

"Ante este escenario, que se repite de país en país, es hora de que unifiquemos nuestras luchas", fue el llamado de Martínez.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, dijo que los sistemas educativos "no escapan a la lógica del mercado neoliberal", por lo que llamó a estar alerta ante los planteamientos de los gobiernos de derecha para la educación en tiempos pandemia.

Laura Isabel Vargas, secretaria general de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, admitió que la educación ha sido el eslabón más débil en esta pandemia, pero también lo ha sido para el neoliberalismo. Por ello, dijo, es necesario mostrar que los maestros de todo el mundo están dispuestos a dar la lucha en defensa de la educación pública y de un mundo mejor.

Rosa Berrio, del USTEC-STEs, sindicato mayoritario entre los docentes en Cataluña, España, lamentó que no haya ninguna señal de que se pretenda detener el ataque a los pilares básicos de las sociedades: la educación y la salud, por lo cual "nos vemos obligados a continuar la lucha".

Eduardo Gonzalez, vocero del Movimiento por la Unidad Docente de Chile, dijo que hoy hay una carencia de proyectos contrahegemónicos que se enfrenten al neoliberalismo. Señaló que se deben "construir lineamientos de trabajo en conjunto que nos permitan avanzar en un proyecto político-pedagógico-educativo que ponga en el centro la educación pública".

Este sábado continúa el congreso, que se puede seguir en el canal de YouTube "Otras Voces" y en los perfiles de Facebook de los sindicatos que participan.

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