Durante la presentación del proyecto de la Cepal en la cancillería, Alicia Bárcena (cuarta de izquierda a derecha) estuvo acompañada por funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Foto Yazmín Ortega Cortés

Con el objetivo de que para los pueblos centroamericanos del llamado Triángulo Norte y los estados del sur-sureste mexicano "la migración sea una opción y no una necesidad impuesta por las carencias", la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, presentó ayer en la cancillería el Plan de Desarrollo Integral, un conjunto de estrategias, políticas públicas y proyectos que contemplan el agravado desplazamiento de multitudes del sur hacia el norte no como un fenómeno coyuntural sino como una condición estructural.

En el diseño y para la ejecución de este plan, que fue descrito por Bárcena como "un marco de nuevo estilo", participan las 19 agencias de desarrollo de la Organización de Naciones Unidas y los cuatro gobiernos involucrados: Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Contempla 15 programas temáticos, 14 proyectos listos para ser aplicados y requerirá una inversión de 45 mil millones de pesos en cinco años. Está diseñado para beneficiar a 70 millones de personas en la región.

La idea de crear opciones para arraigar en sus tierras a las poblaciones que hoy migran empujadas por la necesidad, en lugar de muros para frenarlas, fue planteada por primera vez en un plan suscrito por los mandatarios de Honduras, Guatemala y El Salvador que asistieron a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2018.

Los problemas estructurales de pobreza y desigualdad, de destrucción ambiental y vulnerabilidad frente a los desastres que existían entonces, que producían migraciones forzadas e inseguras, se han agravado sustancialmente en el contexto de la pandemia, reconoció la diplomática.

En el documento presentado por la Cepal se estima que las economías de los cuatros países tendrán un crecimiento negativo y un gran aumento de la pobreza en toda esta subregión. Además de los centroamericanos, se incluye a Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante esta realidad, la movilidad humana tiene "las más alta prioridad" en las agendas.

A pesar de la importancia del proyecto y de la presencia del cuerpo diplomático que asistió a su presentación, los países involucrados no enviaron representantes de alto nivel. Sólo por el gobierno de El Salvador asistió su vicepresidente Félix Ulloa. En representación del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, asistió su esposa Ana García. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo.

Según el documento del PDI, este plan se basa en cuatro pilares: el desarrollo económico, el bienestar social, la sustentabilidad, la atención al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre y la gestión integral del ciclo migratorio.

Cada gobierno eligió su conjunto de prioridades. En el caso de los ocho estados mexicanos, los proyectos que se atenderán son: el corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Todo lo que se haga quedará reflejado en un geoportal del PDI que permitirá ubicar en esta geografía mesoamericana cada uno de los proyectos, qué instituciones participan en ellos y cuáles son sus niveles de avance.

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Bukele anuncia planes para convertir El Salvador en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal

El mandatario declaró que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley al respecto.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El mandatario declaró en un video, transmitido durante la conferencia Bitcoin 2021 en Miami que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley al respecto.

"A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Jack Mallers, fundador de la plataforma de pagos Strike, señaló que la compañía trabaja con las autoridades salvadoreñas para realizar la iniciativa.

"Lo que es transformador aquí es que el bitcóin es tanto el mayor activo de reserva jamás creado, como una red monetaria superior. Tener el bitcóin proporciona una manera de proteger a las economías en desarrollo de posibles impactos [derivados] de la inflación de su moneda fíat", declaró.

En el contexto de la noticia, la CNBC informa que aproximadamente un 70% de los ciudadanos salvadoreños no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Señala que más del 20% del producto interno bruto de la nación consiste en el dinero que los migrantes envían a sus casas, mientras que los servicios de transferencias internacionales pueden solicitar el pago de un 10% o más de la suma en concepto de comisiones.

Publicado: 5 jun 2021

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La pandemia aumenta en 108 millones los trabajadores pobres en el mundo

Los empleos perdidos durante la pandemia no se recuperarán fácilmente, advierte la Organización Mundial del Trabajo.

 

Los resultados del covid-19 a nivel laboral han supuesto la pérdida de cinco años en términos de la lucha por la erradicación de la pobreza. 108 millones de personas más han pasado desde 2019 a ser extremada o moderadamente pobres, es decir, trabajadores pobres que viven junto con sus familias con menos de 3,20 dólares al día en términos de paridad de poder adquisitivo.

Es una de las principales conclusiones del informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2 de junio. El informe calcula que en 2020 se perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo, si bien los esquemas de permisos obligatorios —en España, los ERTE— han llevado a que la pérdida neta de empleos en 2020 se estime en 114 millones.

En el nivel monetario, en 2020 se estima que se perdieron ingresos laborales por valor de tres billones de euros. La pérdida es del 8,3% respecto a la estimación de masa salarial mundial de no haberse producido la pandemia.

El coronavirus se ha dejado notar también en lo que llevamos de 2021, en los dos primeros trimestres se han perdido respectivamente 147 y 121 millones de equivalentes en horas a jornadas completas.

Con la vista puesta en la recuperación, la OIT informa de que se crerán 100 millones de puestos de trabajo netos en 2021 y otros 80 millones en 2022. Las cifras indican que, pese a que se confía en la creación de empleo, no se alcanzarán los objetivos marcados antes de la pandemia. “El déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la crisis —explica el informe— se situará en 75 millones en 2021 y en 23 millones en 2022”.

El desempleo de personas activas, que en 2019 afectaba a 189 millones de personas, subió a 220 en 2020, se mantendrá en esa misma cifra en 2021 y descenderá hasta 205 en 2022, por lo que el balance final, el año que viene, seguirá arrojando un resultado de 16 millones de puestos menos que antes de la pandemia.

“El crecimiento previsto del empleo será demasiado débil para ofrecer suficientes oportunidades de empleo a quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza de trabajo durante la pandemia y a las cohortes más jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que han sufrido importantes interrupciones en sus estudios y formación”, concluye la OIT.

Redacción El Salto

2 jun 2021 10:53

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Salud mental, determinantes sociales y protección social

La pandemia de Covid19 ha hecho aflorar a primera línea de la agenda política y social la necesidad de cuidar la salud mental de la población. Las clases sociales y los determinantes y condicionantes impactan de forma clara en la salud de las personas. Cómo hacerle frente requiere de una acción coordinada, donde la Renta Básica Universal puede tener un protagonismo central.

Las consecuencias de la crisis de la Covidien-19 en la salud mental de la población están siendo claras y reales. La relación entre pandemia y salud mental es evidente y el sufrimiento psíquico por el confinamiento es manifiesto. ¿Pero afecta a todos por igual? ¿Como repercute quedarse sin empleo o sin ingresos en la salud mental? ¿Cómo afecta la incertidumbre económica en la salud mental? ¿Qué son los determinantes de la salud? ¿Hay alguna manera de poder protegernos ante esta inseguridad económica?

Abordaremos algunos conceptos entorno a la salud mental (algunos de ellos polémicos y equívocos) para clarificar y reducir algunas confusiones, antes de explorar una medida como la Renta Básica universal que supondría una protección social a lo largo de la vida para toda la población, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud (1).

¿Qué es la salud mental?

La definición más seguida por la comunidad científica sobre qué entendemos como salud mental, es la que propone la OMS -definición que podemos encontrar en su página web.

La describe como «un estado de bienestar completo, en el que el individuo es capaz de desarrollar plenamente sus capacidades, superar las tensiones de la vida, trabajar de manera productiva y provechosa y contribuir con sus aportaciones a la comunidad». Aunque esta definición pueda pecar de ambiciosa, tiene la virtud de abarcar y capturar todo lo que puede ser un concepto tan difícil de definir, y tan amplio, como el de salud mental. Ahora bien, según esto podríamos inferir que la salud mental de nuestras sociedades en este momento tendría muchos déficits, teniendo en cuenta que una parte importante de la sociedad ha quedado excluida de la posibilidad de trabajar de manera productiva y provechosa, y sin poder contribuir con sus aportaciones a la comunidad. Y aquellos o aquellas que lo pueden hacer, también sería conveniente saber en qué condiciones desarrollan su trabajo, pues como veremos más adelante trabajar en según qué condiciones perjudica o empeora la salud (2).

Si bien la salud mental es un componente fundamental, y es más que la ausencia de la enfermedad mental clínicamente definida, hay un debate considerable sobre qué constituyen los elementos necesarios para hablar de salud mental positiva o del bienestar emocional. Sin embargo, la salud mental es un elemento fundamental de resiliencia, de capacidades y adaptación positiva para hacer frente a la adversidad y desarrollar las capacidades y los potenciales humanos (3).

Actualmente, conocemos que los problemas de salud mental, según la OMS, tienen un 25% de prevalencia en la población. Es decir, una de cada cuatro personas se verá afectada a lo largo de su vida por una problemática de salud mental. Unos problemas que desde hace un tiempo tienden a aumentar.

Los Trastornos mentales

El trastorno mental es otro concepto complicado, cambiante, heterogéneo y difícil de definir. Allen Frances (1942), uno de los autores principales que confeccionó lo que se conoce como «la biblia» de la psiquiatría, el llamado DSM [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders] -el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría- es bastante claro cuando considera que “he revisado docenas de definiciones de trastorno mental -y yo mismo he escrito una por el DSM-IV pero no he encontrado ninguna que sea mínimamente útil para determinar qué condiciones deberían considerarse trastornos mentales, y cuáles no, o para decidir quién está enfermo y quién no”(4).

La definición de trastorno mental del filósofo Jerome Wakefield, tiene un sentido bastante preciso: “un trastorno mental existe cuando algún sistema psicológico interno no funciona tal como está diseñado para esta función, y esta disfunción está definida como inapropiada en un contexto particular” (5).

Resulta importante destacar estos dos elementos: «disfunciones internas» y «socialmente inapropiada». Así, por ejemplo, no podemos establecer la existencia de un trastorno mental sólo por la consideración de un comportamiento social -o político- como inapropiado, como ha sido el caso en determinados regímenes políticos a lo largo de la historia.

Estas realidades reflejan la combinación entre las disfunciones internas -de carácter universal- y los valores del contexto social y cultural. Por ejemplo, no entrarían en la categoría de trastornos mentales las respuestas psicológicas a las consecuencias de condiciones sociales, producto del estrés intenso de perder un empleo o de quedarse sin vivienda por un desahucio.

En el ámbito de la salud mental uno de los aspectos más problemáticos, controvertidos y fuente de disputas es el del diagnóstico. A estas alturas no se ha podido demostrar que las entidades patológicas que se describen en estos manuales se corresponden con una verdadera patología clínica delimitada o enfermedad (6).

A lo largo de la historia nos encontramos con problemas de abusos y de aplicación de categorías psiquiátricas que no se corresponden, con lo que supone para estas personas de poder sufrir los efectos perjudiciales de un diagnóstico psiquiátrico y que lo pueden arrastrar durante muchos años, con todo el estigma que conlleva. Entre estos efectos, junto con la pérdida de la libertad personal y tratamientos psiquiátricos determinados, existe la posibilidad de quedar «etiquetado» para siempre y sufrir desventajas sociales y legales, desde la pérdida de un puesto de trabajo hasta la declaración de incapacidad civil.

Otro aspecto a destacar es que bajo la presión de la industria farmacéutica ha ido aumentando el número de diagnósticos a medida que van pasando los años: en el DSM-I, en 1952, había 106 diagnósticos, en el III ya eran 265, en el DSM-IV del 2000, casi 400. en el DSM-V ya se supera esta cifra con creces. Si en 1880 sólo había 8 categorías de enfermedad mental, el aumento hasta ahora ha sido muy considerable y cualquier persona puede tener alguna probabilidad de padecer un trastorno psiquiátrico, difuminando la diferencia entre la normalidad y la patología (7).

Los determinantes sociales y las desigualdades en salud

Los determinantes sociales, más allá de los condicionantes biológicos y psicológicos que nadie discute, afectan a nuestra biología y nuestra salud. Para determinantes sociales entendemos, siguiendo lo que la OMS señaló en la Comisión sobre determinantes sociales en salud que se creó en 2005, tres componentes principales: 1) el contexto socioeconómico y político; 2) los determinantes estructurales y la posición socioeconómica; y 3) los factores intermediarios -más cercanos.

El contexto socioeconómico y político se refiere a los factores que afectan de forma importante a la estructura social y la distribución de poder y recursos en una sociedad. Se incluyen el gobierno en un sentido amplio: la tradición política, la transparencia, la corrupción, el poder de los sindicatos ... y los actores económicos y sociales existentes como los bancos y las grandes corporaciones, entre otros. Estos factores determinan las políticas macroeconómicas como son las políticas fiscales, las políticas que regulan el mercado de trabajo, las políticas del estado del bienestar -sanidad, enseñanza, servicios sociales, protección social. Estos factores estructurales tendrían que ver con las acciones y prioridades de los respectivos gobiernos, las empresas y las diversas fuerzas sociales y políticas, los sindicatos y otras fuerzas que tengan que ver con la toma de las decisiones políticas (8).

La Comisión de la OMS aportó mucha evidencia científica y demostró cómo, en comparación con los individuos que tienen más riqueza, poder y educación, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son las que tienen los peores perfiles de exposición a factores biológicos, conductuales y servicios sanitarios, lo que se manifiesta en un peor estado de salud.

Entre los factores sociales, la Comisión destaca las malas condiciones de empleo con una mayor precariedad laboral, el no disponer de una vivienda digna y bien acondicionada, no disponer de agua potable y la falta de protección social y de servicios sociales.

Por lo tanto, el origen de las desigualdades en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos. Es lo que la Comisión llamó «las causas de las causas» de la enfermedad y la desigualdad. En definitiva, la desigual distribución en el poder económico y social entre países y entre clases, condiciona las políticas sociales y económicas, y que a la vez repercuten en la salud de las personas (9).

Dos autores que han investigado mucho sobre las desigualdades como son Richard Wilkinson (1943) y Kate Pickett (1965) consideran que los seres humanos somos muy sensibles a la desigualdad y esta «se mete bajo la piel» (10).

Sabemos que la desigualdad es uno de los mayores determinantes de la salud de las poblaciones, en especial de la salud mental. A mayor desigualdad hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental. y la desigualdad de ingresos aparece como un factor decisivo para determinar la salud mental de una sociedad.

Salud mental e insuficiencia de ingresos

Los ingresos económicos están directamente asociados con el nivel de salud. Hay una relación directa entre ingresos y bienestar emocional que se da en todas las sociedades.

Sabemos que la pobreza impide a las personas el acceso a una vida digna, a la educación, al transporte y otros factores vitales para la plena participación en la sociedad. Ser excluido de la vida social y recibir un tratamiento de inferioridad causa peor salud y genera mayores riesgos de sufrir una muerte prematura. Asimismo, la pobreza impide las funciones cognitivas, evitando dedicarlas a otros ámbitos y tareas que no sea estrictamente la supervivencia diaria (11).

Las personas desempleadas, las minorías étnicas, la gente trabajadora inmigrante, las personas con discapacidad, las refugiadas y las personas sin hogar están más expuestas a la pobreza y, por tanto, a sufrir problemas de salud importantes. Es sabido que las personas que viven en la calle tienen el índice más elevado de muerte prematura y una esperanza de vida 26 años inferior a la media de la población (12).

Más concretamente en cuanto a la salud mental, también hay suficiente evidencia de que el estrés que produce vivir en la pobreza es particularmente perjudicial para las madres durante el embarazo, los bebés, los niños y niñas y la gente mayor (13).

Desde el inicio de la pandemia del Covidien-19 estamos viviendo tiempos de incertidumbre, y el miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años está generando un aumento de problemas de salud mental que diversas investigaciones están poniendo de manifiesto. La gente que tiene más inestabilidad e inseguridad laboral presenta más síntomas relacionados con la ansiedad, la depresión y el insomnio (14).

Sin seguridad económica en la vida de las personas, éstas no pueden actuar racionalmente o no se puede esperar que lo hagan (15). Si los mercados de trabajo desde hace años son lugares inseguros donde hay empleos inestables, las entradas y salidas intermitentes de los trabajos son frecuentes, entonces las incertidumbres económicas considerables y los malestares psicológicos pasan factura a la salud mental cuando los ingresos o salarios peligran; por tanto, hay que emprender medidas para garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía para, entre muchas razones, proteger la salud de la ciudadanía.

Políticas de protección social y salud mental

Aplicar políticas de protección social a lo largo de la vida es una de las recomendaciones del informe de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (16). Entre otras recomendaciones que se hacen en este informe cabe destacar la que hace referencia a la protección social a lo largo de la vida, concretamente:

  1. Aplicar políticas de protección social universal de amplio alcance o mejorar las existentes para que toda la población disfrute de un nivel de ingresos suficiente y pueda tener una vida sana.
  1. Conseguir que los sistemas de protección social incluyan a quienes suelen estar excluidos: personas en situación de precariedad laboral, en particular quien trabaja en el sector no estructurado, el servicio doméstico o la asistencia a otras personas.

Cuando hablamos de protección social a lo largo de la vida, una medida como la Renta Básica universal (RB) aparece por tanto como una herramienta para garantizar la existencia material de la ciudadanía y también para prevenir y proteger la salud mental.

La RB es un ingreso pagado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otro modo, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva (17).

Seguridad económica y salud mental

La RB es una de las propuestas que durante los últimos 35 años han sido estudiadas y en algunos lugares también experimentadas y analizadas con unos resultados generalmente bastante positivos. Una RB universal e incondicional, a diferencia de las prestaciones condicionadas y sujetas a una contribución, características del actual sistema de prestaciones, sería otorgada a toda persona independientemente de su condición social y económica.

Una RB podría constituir una respuesta robusta y racional a la falta de protección social que actualmente sufren millones de personas debido a la situación creada por la pandemia de Covid19, así como contribuir a prevenir y mejorar los problemas de inestabilidad psicológica y de salud mental que aqueja a una parte muy considerable y creciente de la población.

Como se ha comentado anteriormente, sufrir una posición de inestabilidad por la dependencia económica de otros o de inseguridad por una contratación precaria, por miedo a ser despedido, no tener ingresos si no se trabaja ... todas estas situaciones son agentes muy estresantes y pueden ser causa de problemas considerables de salud mental, como están mostrando diferentes estimaciones en los últimos tiempos (18).

La importancia de tener unos ingresos económicos regulares o una seguridad económica para la salud mental se ha puesto de manifiesto en diversos estudios, simulaciones y experimentos que se han realizado alrededor de una RB. Estos estudios realizados en lugares tan diversos como Barcelona, California, Canadá, Finlandia, India, Irán, Kenia, Namibia, Utrecht ... han mostrado mayoritariamente que la salud mental y la tranquilidad psicológica han salido beneficiadas (19).

Estos estudios y experiencias nos pueden orientar mucho mejor por donde tenemos que buscar soluciones más estables y de larga duración a los problemas de salud mental derivados de la falta de ingresos y de protección social.

RB: seguridad económica y salud mental

A partir de los estudios realizados, se puede concluir que la seguridad económica que puede proporcionar una RB podría reducir considerablemente el estrés que actualmente sufren determinados sectores de la población como las personas desempleadas, las trabajadoras con contratos precarios, las trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, la población inmigrante de países empobrecidos, la gente que realiza excesos de jornada o tienen dos o más trabajos para llegar a fin de mes ... en definitiva, personas que tienen unas condiciones laborales que impactan en la salud mental de la población.

La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una RB supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. La RB puede ser, por tanto, un buen factor de protección para la salud mental. En una situación de grave crisis derivada de la pandemia de Covidien-19, donde el paro se ha disparado, con la perspectiva de que sea de forma prolongada, y donde está creciendo la pobreza relativa y absoluta, el acceso a una RB cobra mayor importancia social. Más aún con las dificultades actuales de conseguir empleos estables y dignos. Lo que se constata como transitorio e inestable es la ocupación misma -y especialmente el empleo de calidad. Como ya es sabido, el aumento de trabajadores que pese a tener un empleo son pobres es una realidad creciente en nuestras sociedades y supone ya más de un 12% de la población trabajadora (20).

Una de las consecuencias más señaladas de la RB sería la gran mitigación de la pobreza. Incluso permitiría de manera realista plantear su efectiva erradicación si la RB superara el umbral de la pobreza. No sólo posibilitaría sacar millones de personas de esta situación, sino que construiría un soporte de protección, al ser preventiva y no paliativa, al percibirla exante y no a posteriori de caer en la pobreza.

Reducir la dependencia material y mejorar la salud

Es de suponer, también, que los sectores más castigados en el mercado laboral en épocas de crisis, por las condiciones de precariedad del empleo, con empleos poco gratificantes y con bajos salarios como es el caso de buena parte de la juventud, de inmigrantes pobres, de muchas mujeres, de personas con discapacidades, de mayores de 45 años que buscan trabajo, por citar sólo algunos sectores, podrían tener con la RB un colchón económico más estable, aumentando su capacidad de decisión de continuar o no en un trabajo que está perjudicando su salud.

Tener garantizada una RB de unos 700-800 euros mensuales -el umbral de pobreza de Catalunya- y que sea compatible con otras fuentes de ingresos facilitaría que muchas personas que actualmente cobran algún tipo de subsidio -no compatible con el trabajo remunerado- pudieran entrar en el mercado de trabajo sin temor a perder la RB, a diferencia de las prestaciones condicionadas existentes que provocan en muchos casos la llamada «trampa de la pobreza» y que se da cuando una persona perceptora de un subsidio condicionado no tiene incentivos a buscar un empleo y realizar un trabajo remunerado, ya que implica la pérdida total o parcial del subsidio.

Tampoco favorecería el pequeño fraude fiscal que se genera por el hecho de cobrar un subsidio junto con un empleo en negro o sumergido, para complementar unos subsidios condicionales de unos importes muy escasos.

La incertidumbre de tener garantizada la propia subsistencia, como se ha comentado anteriormente, es un factor que impacta en la salud mental; asimismo las personas que ya sufren de problemas mentales podrían tener una cierta tranquilidad psicológica con una RB, sabiendo que su subsistencia no dependerá de una alteración o variación en su estado psicológico y que esto pueda suponer perder el trabajo (21). En plena crisis económica derivada de la Covidien-19, esta situación de incertidumbre se ha agudizado considerablemente.

También se han realizado estimaciones de los gastos económicos que se podrían ahorrar con una RB, a pesar de que es difícil cuantificar; pero una parte de estos costes es muy probable que se redujeran sobre todo con respecto a determinados tipos de trastornos-ansiedad, de ánimo… (22). La OMS hizo un informe hace unos años en el que se cuantificó los costes sociales por causas atribuidas a problemas de salud mental en Europa, y se estimaba entre un 3% y un 4% del PIB de un país; por tanto, la mejora de la salud mental tiene efectos también positivos en las economías de los estados (23).

Si la renta básica fuera universal podrían desaparecer algunas pensiones y prestaciones con cuantías insuficientes y miserables y que van asociadas a unos requisitos estigmatizantes; las cuales, al mismo tiempo, están descoordinadas y con diferentes criterios entre sí, aumentando la complejidad administrativa y burocrática de la protección social, hecha a buen seguro para limitar el acceso de la gente a pesar de su derecho, produciéndose el efecto conocido para non-take-up (24).

En cambio, las relaciones asistenciales entre usuarios y profesionales de los servicios sociales deberían estar más orientadas a tratar determinados problemas y ayudar a las personas vulnerables a ser más independientes y capaces, no tanto a dedicar esfuerzos a tener que controlar y fiscalizar sus pensiones o prestaciones insuficientes por imperativo de la administración o de forma arbitraria.

En diciembre de 2016 la prestigiosa revista British Medical Journal publicó un artículo sobre los efectos específicos que una RB podría tener en la salud en comparación a las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para las personas más vulnerables, y  destacaba dos ventajas: la RB, al concederse a todo el mundo y no sólo a las personas que pueden demostrar que son pobres, se acabaría percibiendo por la población como un seguro general contra la pobreza, factor que daría una gran tranquilidad psicológica: saber que siempre tendrás derechos a unos ingresos si la vida te va mal. La segunda razón deriva de su incondicionalidad: no sólo libera tiempo para los trámites burocráticos -que sabemos que son muchos como podemos ver a diario con los requerimientos para acceder al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya- para demostrar que efectivamente eres pobre, con lo que supone de estigma social y sus efectos psicológicos comprobados y que no son nada positivos. La RB posibilitaría negociar en el mercado laboral con mejores garantías para rechazar empleos que pueden ser perjudiciales para la salud.

Como podemos ver, pues, hay muchas razones para pensar que una RB sería una buena medida para mejorar y proteger la salud mental de la ciudadanía, y también para reducir las desigualdades sociales en un mundo donde la incertidumbre económica está provocando estragos entre la población.

Fuente: este artículo salió publicado originalmente en catalán en la revista Eines n. 40 de la Fundació Irla (accesible en: https://irla.cat/publicacions/40-salut-i-justicia-social/)

Notas:

  1. OMS: “Subsanar las desigualdades en una generación” ¿Cómo?” Disponible en: www.who.int
  2. Raventós, S. “Crisis, salud mental y renta básica”. En Casassas, David; Raventós, Daniel (eds.) La Renta Básica en la era de las grandes desigualdades. Barcelona: Montesinos, 2010.
  3. Sobre este aspecto hay que ser cuidadosos y no caer en determinadas versiones sobre el voluntarismo acientífico del llamado “pensamiento positivo” que en años de crisis económica se ha querido vender de diferentes maneras: “oportunidad de crecimiento”, “la crisis es una oportunidad”, “tu eres el que decides”, o “tener pensamientos positivos cambia la realidad” son expresiones muy utilizadas por esta visión complaciente del mundo en que vivimos. Una crítica muy recomendable al “pensamiento positivo” es Ehrenreich, B. Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo. Turner: Madrid, 2012.
  4. Frances, Allen. ¿Somos todos enfermos mentales? Barcelona: Ariel, 2016.
  5. Horwitz, Alan. Creating mental Illness. Chicago: the University of Chicago Press, 2002
  6. Ramos, Josep. Ética y salud mental. Barcelona: Herder, 2018.
  7. Frances, Allen. Op.cit.
  8. BENACH, Joan; BORRELL, Carmen. “Los determinantes sociales de la salud”. A FERNÁNDEZ, Anaïs (eds.). El precio de la salud. Intereses, clase y modelo sanitario. Barcelona: Espacio Fábrica, 2014.
  9. Benach, Joan. La salud es política. Barcelona: Icaria,2020
  10. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner Noema. 2009
  11. Mani, Anandi (et al.). “Poverty impedes cognitive function”. A Science, núm. 341, 2013.
  12. Alexandre, Albert. “L’esperança de vida de les persones sense llar a Barcelona se sitúa 26 anys per sota de la Mitjana”. A La Directa, 31 de octubre de 2019. Disponible en: www.directa.cat
  13. Las condiciones de vida que se producen durante el desarrollo del niño o la niña que supone padecer estas privaciones y estos ambientes estresantes pueden tener consecuencias en la vida adulta. Ver Noble, “Los efectos de pobreza sobre el desarrollo cerebral en la infancia” en Sinpermiso.info de 8 de octubre del 2015. Disponible en www.sinpermiso.info
  14. Raventós, Daniel. La Renta Básica, ¿Por qué y para qué? Madrid: Los libros de la Catarata, 2021.
  15. Standing, Guy. La renta básica. Un derecho para todos y para siempre. Barcelona: Pasado y Presente
  16. OMS, op.cit
  17. Esta es la definición que hace la Red Renta Básica www.redrentabasica.org
  18. Wilkinson, Richard; Pickett, Kate. Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo. Madrid: Capitán Swing, 2019.
  19. Raventós, D. op.cit.
  20. La tasa de riesgo de pobreza en el empleo se mantiene casi tres puntos por encima de la media de la Unión Europea (12,1% en Cataluña vs 9,4% UE) Ver ECAS, “Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social”.
  21. Ver en Raventós, S. Op.cit.
  22. Que según algún estudio los trastornos de ansiedad y del ánimo tienen un coste de más de 20.000 millones de euros anuales. Por ejemplo, ver: Parés-badell (et al.), “Costo of disorders of the brain in Spain”. A Plos One de 18 de agosto del 2014. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
  23. OMS. Libro verde de la salud mental en Europa. Ginebra: OMS, 2005.
  24. Como se pone de manifiesto en el documento EUROFOUND, Access to social benefits: reducing non-take-up; Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2015. Disponible en www.eurofound.europa.eu Donde el estigma, la falta de información y la complejidad para acceder a las prestaciones suponen importantes barreras para la gente.

Por Sergi Raventós

es Doctor en Sociología y Trabajador Social en una Fundación de Salud Mental de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica.

Publicado enSociedad
Lunes, 19 Abril 2021 06:26

Causas de fondo

En la imagen, de archivo, policías guatemaltecos detienen cerca de Agua Caliente a indocumentados hondureños que esperan llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden ha formulado como una de sus prioridades atender las causas de fondo de la migración desde Centroamérica y México.Foto Ap

Desde que se intensificó el tema del flujo migratorio en la frontera de México y Estados Unidos, el gobierno de Biden ha formulado como eje de su respuesta atender "las causas de fondo" de la migración desde Centroamérica y México. Biden, su vicepresidenta Kamala Harris y los encargados de política exterior hacia América han sostenido pláticas, realizado viajes y comentado sobre iniciativas para abordar esas "causas de fondo" en México y Centroamérica. Harris recién anunció su intención de viajar a México y Guatemala.

Pero tal vez debieran ahorrarse más viajes y quedarse en casa, en Washington, para primero abordar una de las principales "causas de fondo" del fenómeno que se está manifestando en la frontera: las políticas económicas y de "seguridad" estadunidenses en toda la región a lo largo de las ultimas décadas.

Antes de viajar y ofrecer dólares a quién sabe quién en esos países para que los migrantes y refugiados se queden en casa, tal vez son ellos quienes deberían permanecer en su casa y convocar a un gran elenco de historiadores, periodistas, analistas, ex funcionarios, religiosos, defensores de derechos humanos y más que pueden contarles, si es que no se acuerdan, de la larga y violenta historia de la mano estadunidense a lo largo de más de un siglo en esa región.

Podrían recordar lo que dijo el entonces soldado más condecorado de su país, el general Smedley Butler, en los años 30 al resumir su carrera: “Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines… Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, Wall Street y los banqueros. En suma, fui un estafador, un gángster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé hacer de Haití y Cuba un lugar decente donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street…”.

Y desde esos tiempos hasta la fecha podrían revisar la lista de intervenciones, el apoyo militar a dictaduras, a escuadrones de la muerte, a la capacitación y financiamiento de torturadores, donde fuerzas apoyadas abierta o clandestinamente por Washington, primero con la justificación de la Doctrina Monroe, después, en la guerra fría, contra el "comunismo" y más recientemente contra los aliados de gobiernos progresistas latinoamericanos que se atrevieron a no obedecer los deseos y recetas para la "democracia" y “libertad “asesinaron a decenas de miles en esos países. O como el Departamento de Estado de Obama, con Hillary Clinton al frente, apoyaron el golpe de Estado en Honduras en 2009 (varios de los golpistas fueron egresados de lo que antes se llamaba la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos) de donde proviene en gobierno actual de ese país.

Podrían revisar los efectos de las políticas neoliberales del llamado "consenso de Washington", incluidos los acuerdos de libre comercio que aún están vigentes con México y con los países centroamericanos, y cuyo resultado empírico es que las mayores y más exitosas exportaciones de esta región –medido sólo por ingresos internacionales– son sus seres humanos y las drogas ilícitas.

También podrían evaluar por qué Washington, casi sin excepción, ha apoyado la represión contra cualquier movimiento, frente, líderes políticos y más, que buscaron cambiar las condiciones de injusticia, violencia y corrupción en sus países.

No se puede responsabilizar exclusivamente a Washington por lo que las cúpulas políticas y económicas de todos estos países han implementado en sus países, pero si en verdad hay interés en ubicar y abordar las "causas de fondo" del problema migratorio, Washington debería no sólo ver a sus contrapartes en México y Centroamérica, sino también verse a sí mismo.

Leonard Bernstein: America de West Side Story. https://www.youtube.com/watch?v=_e2igZexpMs &list=RD_e2igZexpMs&start_radio=1&t=277

Calle 13. Pa’l norte. https://open.spotify.com/track/0WKdB7PG 53c1QlDbQzqn7s?si=8B0-MqsDTI-Hxwygzyq-9Q

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125 residentes de Stockton reciben 500 dólares mensuales por dos años.

En qué gastan el dinero los ciudadanos que reciben un subsidio estatal

El experimento de la ciudad de Stockton prueba que utilizaron para pagar deudas, aplicar a trabajos y capacitarse para conseguir empleos de mayor calidad.

 

Un grupo de 125 residentes de Stockton, una ciudad de California, recibieron durante un año 500 dólares mensuales que podían gastar en lo que querían; y lo utilizaron para pagar deudas, aplicar a trabajos y capacitarse para conseguir empleos de mayor calidad. El experimento durará dos años y tiene como objetivo evaluar si el otorgamiento de una Renta Básica Universal disminuye el incentivo a buscar empleo. Para entenderlo en criollo, buscar saber si "todos los pobres son vagos y planeros". 

El experimento se denominó Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton(SEED, según sus siglas en inglés) y fue promovida por el ex alcalde de la ciudad, aunque financiada por donantes filantrópicos de manera privada, incluida una organización sin fines de lucro dirigida por el cofundador de Facebook, Chris Hughes.

Consistió en seleccionar al azar a 125 residentes de la ciudad con un salario medio igual o menor a 46 mil dólares para transferirles 500 dólares mensuales sin condiciones: se les permitió gastarlo como les pareciera conveniente y no estaban sometidos a ningún test de drogas, entrevistas o requisitos laborales. También se seleccionó aleatoriamente un grupo de otras 200 personas demográficamente similares para comparar la evolución en los dos años que dura el experimento. 

Los resultados preliminares a un año de comenzado el ensayo juegan a favor de la Renta Básica Universal: al comienzo, 28 por ciento de los que recibían el pago tenían un empleo a tiempo completo. Doce meses después, la cifra ascendió al 40 por ciento. En el grupo de control, un 32 por ciento trabajaba a jornada completa al empezar el estudio, y un año después solamente había subido al 37 por ciento.

La categoría de gasto más grande cada mes fue comida, seguido de ventas / mercadería (que probablemente también fueron compras de alimentos al por mayor en hipermercados). Otras categorías principales cada mes fueron el pago de servicios públicos y cuidado del automóvil o transporte. Menos del 1 por ciento de las compras fueron para tabaco y alcohol.

Más allá del resultado en términos materiales, también resultó positivo para la salud mental. En el informe de resultados del estudio se incluyen algunas experiencias particulares.

"Me quedé en un matrimonio abusivo por mucho más tiempo del que debería haber estado, porque no tenía los fondos ni los medios para irme ", explica Chelsea y agrega que si algo como SEED hubiera aparecido antes en su vida, habría podido dejar esa relación varios años antes. Con los 500 dólares, decidió saldar y adelantar los pagos para asegurar la guardería de sus hijos. 

Uno de los participantes explicó cómo los pagos en efectivo le permitieron realizar una pasantía no remunerada que finalmente lo llevó a un trabajo remunerado. Otro explicó que el pago le permitió reducir sus horas de trabajo para capacitarse para ser martillero y conseguir un mejor empleo. 

Si bien se discute en términos teóricos hace años, el dilema de la Renta Básica Universal se instaló con fuerza en Estados Unidos después de que uno de los precandidatos demócratas, el empresario Andrew Yang, anunciara que financiaría un programa de este estilo como parte de su campaña: le entregaría mil dólares por mes a diez familias por el plazo de un año.

Con la crisis causada por la Covid-19, varios países comenzaron a poner en agenda la posibilidad de otorgar una Renta Básica Universal. Argentina no fue la excepción y, en diálogo con Página 12, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dejó en clara su postura: "Estoy muy a favor de una renta básica universal acompañada de trabajo social garantizado y acceso a los servicios básicos". Y explicó que siempre la pensó no como una renta básica al “modelo europeo”, continente en que existe más que nada un problema de ingresos, sino agregándole la complejidad que la situación argentina demanda: tiene que estar asociada al trabajo. "A mí me parece que no se puede entender el problema social argentino sin vincular trabajo, ingresos y acceso a servicios. Escindir una de la otra es claramente un error", concluyó el ministro. 

La idea pura de una Renta Básica con las características de general, no condicionada y permanente no existe en ninguna parte del mundo. Las medidas más cercanas son en Alaska, Estados Unidos, que distribuye cada año a todos sus ciudadanos las ganancias por la actividad petrolera. También en Finlandia y en algunos casos a nivel local en California. Si bien podría funcionar en su manera pura para lugares poco poblados, el gasto que esto implica para sostenerlo a nivel país se hace inaplicable. Por eso aparecen variantes que se adaptan a la idiosincrasia y capacidad de cada país. 

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Entrega de efectivo a millones, en plan de rescate de EU

Las primeras iniciativas del gobierno de Joe Biden –el megarrescate económico, el apoyo explícito a derechos laborales y trabajadores migrantes, así como los nombramientos al gabinete económico– expresan un giro que podría marcar el fin de 40 años de la agenda neoliberal en Estados Unidos.

Hace justo 40 años Ronald Reagan estrenó la era neoliberal con el discurso inicial de su presidencia, en el cual incluyó su famosa frase: "El gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema". Entre las primeras acciones del ex actor, anunció una ofensiva contra el movimiento laboral, empezando con la destrucción del sindicato de controladores aéreos, y promovió una agenda de "austeridad" (con excepción del gasto militar) y reducción de impuestos y regulaciones para el gran empresariado.

Con esa agenda, en las pasadas cuatro décadas, gobiernos republicanos y democratas –el presidente demócrata Bill Clinton declararía en 1996 que "la era del gran gobierno se ha acabado"– han desmantelado y/o privatizado segmentos de los sectores públicos de salud, educación y hasta justicia criminal, reduciendo la red de bienestar social.

Los saldos incluyen un sindicalismo que ha llegado a su punto más débil en la historia moderna, el salario promedio real está al mismo nivel de hace 40 años y la desigualdad económica ha llegado a su punto más extremo desde poco antes de la Gran Depresión.

Durante cuatro décadas el eje de la política exterior de Estados Unidos fue promover "la democracia", definida como el libre mercado consolidado a través del libre comercio.

Apoyo a migrantes

Ahora en 2021, las primeras iniciativas anunciadas por Biden al llegar a la Casa Blanca fueron la de un magno paquete de apoyo y rescate económico enfocado en la clase media trabajadora, que incluye a los migrantes, así como la ampliación de servicios públicos (salud, educación, transporte, vivienda, asistencia social a familias y niños). Al mismo tiempo, ofreció la expresión más prolaboral y sindical de un presidente en décadas, al endosar un proyecto de ley para ampliar los derechos laborales y expresar apoyo a la campaña de sindicalización de casi 6 mil trabajadores de un almacén de Amazon en Alabama –cuyo dueño, Jeff Bezos, es el hombre más rico del planeta y uno de los 660 multimillonarios que han incrementado su fortuna durante la pandemia, en conjunto, en más de un billón de dólares.

El llamado Plan de Rescate de Estados Unidos de 1.9 billones de dólares (más del doble del promovido por Barack Obama en 2009) no sólo contiene medidas antipobreza, como los pagos directos de mil 400 dólares a los ciudadanos, sino también la ampliación de beneficios de desempleo y asistencia alimentaria y de renta para inquilinos, entre otras; incluye también acciones sin precedente, como el primer programa de ingreso familiar universal garantizado en la historia del país, con el cual se podría reducir a la mitad la pobreza infantil.

Estas medidas son temporales, durarán sólo hasta finales de año o menos. Pero el gobierno de Biden está preparando programas más ambiciosos, que buscan financiar proyectos de infraestructura, aplicar impuestos sobre los más ricos y la promoción de iniciativas económicas "verdes" para combatir el cambio climático, entre otras. Sus estrategas están apostando a que el enorme apoyo popular del que goza el Plan de Rescate se traducirá en suficiente apoyo para iniciativas adicionales que superen la resistencia política de buena parte de los republicanos y otros opositores.

Biden ha sorprendido a progresistas por su apoyo explícito al movimiento laboral, declarando en febrero que “los sindicatos elevan a los trabajadores… y especialmente a trabajadores afroestadunidenses y latinos”.

A principios de este mes el proyecto de ley Protegiendo el derecho a la organización (PRO Act), el cual propone revertir medidas antisindicales puestas en marcha a lo largo de las varias décadas, fue aprobado por la cámara baja con el endoso explícito del presidente y ahora goza de una amplia e inusual coalición de gremios y ambientalistas para su promoción en el Senado.

Proteger a los trabajadores, no sólo a las empresas

Mientras tanto, el consenso bipartidista sobre el libre comercio que ha imperado durante las últimas décadas también se está modificando y ya no es un objetivo casi sagrado. Katherine Tai, la recién ratificada Representante de Comercio de Estados Unidos, ha prometido –junto con otros altos funcionarios e incluso el secretario de Estado, Antony Blinken– enfocarse en cómo proteger los intereses de los trabajadores estadunidenses y el medio ambiente, y no sólo en promover más acuerdos para empresas.

Varios economistas y otros expertos están señalando que este giro podría estar marcando “el "fin de la era neoliberal", y que se está recuperando el viejo principio keynesiano sobre la necesidad de la intervención del gobierno en el "libre mercado" para defender los derechos sociales y los intereses básicos de las mayorías.

El propio Biden, en un discurso a la nación sobre el paquete de rescate, afirmó, como si fuera respuesta no solo a Reagan, sino a su colega demócrata Clinton, que "el gobierno no es alguna fuerza extranjera en una capital distante. No, somos nosotros, todos nosotros, el pueblo".

Para el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la propuesta de Biden es "transformadora" por su enfoque en "rescatar a gente de la pobreza". Comentó que con esto posiblemente se ha puesto fin a la economía trickle down promovida desde la época de Reagan y vigente hasta el gobierno de Trump. “Esto es lo opuesto a eso… es construir la economía desde el medio y desde abajo”, dijo en Democracy Now.

Otro Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió en su columna en el New York Times, en referencia a la declaración de Clinton de 1996, que eso de “‘la era del gran gobierno se acabó’ [ahora] se acabó” y señaló que el plan de rescate económico de Biden representa "un giro contra la ideología que ha dominado la política de Estados Unidos por cuatro décadas".

Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo con Clinton, festejó la aprobación del paquete de rescate, al cual describió como la "expansión más grande de asistencia gubernamental desde los años sesenta" y concluyó que “la lección económica es que el reaganomics ha muerto”.

Al descubierto, los saldos de la política económica

La resistencia progresista contra el neoliberalismo en Estados Unidos incorpora desde los grandes movimientos altermundistas, los cuales rechazaban lo que se llamaba el "Consenso de Washington" en los años 90, a movimientos contra la desigualdad económica y la concentración de riqueza, como Ocupa Wall Street, que surgieron en años recientes y que nutrieron después las sorprendentes campañas presidenciales, legislativas y locales de socialistas democráticos. Todo eso ha llevado a este giro en la política económica ante la crisis de salud y económica en Estados Unidos que dejó al descubierto los saldos reales del neoliberalismo.

En una reciente comparecencia ante el Comité del Presupuesto del Senado, presidido ahora por el ex candidato socialista democrático Bernie Sanders, Reich recordó la famosa frase del juez de la Suprema Corte, Louis Brandeis, "podemos tener democracia en este país o podemos tener gran riqueza concentrada en las manos de unos cuantos, pero no podemos tener ambas cosas".

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Afectadas laboralmente, 13 millones de mujeres en América Latina: OIT

Alrededor de 13 millones de mujeres en América Latina y el Caribe vieron desaparecer sus empleos o limitarse su desarrollo laboral por la pandemia de Covid-19, que exarcebó las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, señaló la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT destacó que las mujeres «fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados».

De acuerdo con la OIT, las brechas en la igualdad de género se redimensionaron con la crisis de la pandemia, lo que implica un retroceso de una década en sólo un año.

En el caso de México, la organización señaló que 15 por ciento menos mujeres que hombres forman parte del sector laboral formal y solamente 1 de 4 personas a cargo de negocios con más de seis personas trabajadoras son mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría de casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, dijo el director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, Pedro Furtado de Oliveira.

Por su parte, la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio, indicó que la pandemia agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. «A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico», añadió.

De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres. Por ello, la organización urgió a la promoción de políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género.

A continuación el comunicado completo:

Los planes de recuperación del mundo del trabajo tras la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe deben incluir medidas especiales para favorecer la reincorporación laboral de las mujeres, que fueron especialmente golpeadas por una crisis causante de fuertes salidas de la fuerza de trabajo, desempleo y grandes demandas de cuidados no remunerados, destacó hoy la OIT.

“Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores. Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género”, dijo el Director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

Antes de la pandemia la igualdad de género era ya una asignatura pendiente que desafiaba a quienes elaboran las políticas laborales a enfrentar sus raíces estructurales, aún cuando se habían registrado importantes avances durante décadas. Con la crisis actual han aparecido nuevas dimensiones que ensanchan las brechas.

“La recuperación de la crisis en el trabajo debe desactivar la amplificación de desigualdades causada por la COVID-19, si queremos lograr un crecimiento económico sostenible con empleos productivos y de calidad. En este Día Internacional de la Mujer es crucial reafirmar el compromiso para recobrar el terreno perdido durante la debacle económica y social en nuestros países”, agregó el Director Regional de OIT.

Los últimos datos disponibles indicaban la tasa de participación laboral de las mujeres experimento una baja histórica de 5,4 puntos porcentuales (un retroceso 10,3 por ciento) llegando a nivel de 46,4 por ciento. Por detrás de las tasas porcentuales, esto significa que cerca de 12 millones de mujeres fueron expulsadas de la fuerza laboral debido a la destrucción de los empleos.

El retroceso en la participación laboral de las mujeres se produjo después de décadas durante las cuales se había registrado un aumento constante en su incorporación al empleo remunerado. De acuerdo con los datos del Panorama Laboral de la OIT, hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres.

“La abrupta transición al teletrabajo resultante de la actual pandemia ha afectado de forma desproporcionada a las mujeres. Dos de cada tres personas que se encuentran realizando teletrabajo en México son mujeres y en una mayoría casos ellas se enfrentan al difícil reto de balancear sus responsabilidades laborales con tareas de cuidados y del hogar, que previamente a la crisis sanitaria ya asumían con mayor frecuencia que los hombres”, afirmó Pedro Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba.

“La sobrecarga de tareas resultante del trabajo en casa puede afectar su salud psicosocial y su desempeño laboral, dificultando aún más su desarrollo profesional”, agregó Furtado de Oliveira.

La tasa de desocupación regional de las mujeres en 2020 aumento de 10,3 a 12,1 por ciento, por encima del promedio de desocupación general, que subió a 10,6 por ciento, según se destacó en el último informe Panorama Laboral. Esto significó que aproximadamente 1,1 millones de mujeres se incorporaran a las cifras del desempleo femenino, para llegar a un total de 13,3 millones.

En total, cerca de 25 millones de mujeres están desempleadas o salieron de la fuerza de trabajo por cuenta de la pandemia.

Las mujeres además han sido afectadas en el mercado de trabajo por su mayor presencia en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis como, por ejemplo, los servicios, donde se desempeña cerca de 50 por ciento de la fuerza laboral femenina, y de comercio, con 26 por ciento.

De acuerdo con el último Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT, la contracción del empleo en 2020 fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6 por ciento) y comercio (-12,0 por ciento). A ello se le suma la mayor incidencia de ocupaciones informales que fueron particularmente golpeadas por la crisis en el empleo femenino.

Otro factor que ha afectado y, más aún, puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las crecientes dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares, en un contexto en donde los servicios educativos y de cuidado se han visto profundamente alterados de la mano de las medidas sanitarias para el distanciamiento y reducción de la movilidad de las personas.

“La pandemia, por un lado, puso en evidencia la importancia vital de estas tareas. Por otro lado, agudizó aún más las tensiones en materia de conciliación entre el trabajo para el mercado y las responsabilidades familiares. A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico”, explicó la especialista regional de empleo de OIT, Roxana Maurizio.

Según la OIT las consecuencias pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria si no se genera el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

A su vez, el significativo incremento en la subutilización de la fuerza de trabajo durante 2020 puede también generar mayores dificultades para su reinserción laboral en el futuro. Por ende, la crisis económica regional puede incluso tener impactos más permanentes si no se implementan respuestas de política sociolaboral pertinentes.

“No sólo se requieren políticas que incluyan a las mujeres, sino políticas de recuperación del empleo y los mercados laborales que desde su diseño e implementación tengan una perspectiva de género de modo tal de no reproducir las dificultades que ellas enfrentan para insertarse y permanecer en el mercado de trabajo”, comentó Maurizio.

Los institutos y sistemas de formación profesional pueden tener un rol importante en impulsar la participación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para ellas, pero de mayor futuro y productividad. También es importante crear una ruta formativa para las mujeres con bajos niveles educativos que han sufrido mucho más el impacto de la crisis y cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres para asegurar su participación.

Maurizio agregó que el desafío va más allá de recuperar las fuertes pérdidas en materia laboral ocurridas como consecuencia de la pandemia. “Se requiere apuntalar, aún con más fuerza que antes, un proceso que asegure a las mujeres mayores oportunidades de empleo de calidad, formación y acceso a las nuevas tecnologías, reducción de brechas y el pleno cumplimiento de los derechos laborales”.

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Retroceso laboral de las mujeres por la pandemia

En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.

 

"El impacto en el nivel de ocupación y condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe generó un retroceso de una década en los avances logrados en materia de participación laboral en el continente", afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe especial Covid-19 sobre la autonomía económica de las mujeres en la recuperación pospandemia

Según el documento, en 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, La tasa de participación laboral de las mujeres (es decir, mujeres buscando trabajo) se situó en 46 por ciento en 2020, seis puntos por debajo que en 2019, cuando 52 por ciento de las mujeres en América Latina y el Caribe estaba trabajando o buscando trabajo. La de los hombres también cayó, pero sigue siendo significativamente mayor incluso que en niveles pre pandemia: 69 por ciento. 

Con este dato, el nivel de desempleo (que es un cociente entre la población desocupada y la que busca trabajo) puede llegar a dar más bajo. La Cepal calculó que el 12 por ciento de mujeres desempleadas en 2020 se elevaría al 22,2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. Es decir, si se asume que la cantidad de mujeres buscando trabajo disminuyó no por falta de necesidad de ingresos sino por frustración o un aumento de la demanda de las tareas de cuidado.

Por sector

Además de los efectos a nivel agregado, se esperan impactos de distinta magnitud en los sectores económicos. Desde el punto de vista de género, muchos de ellos cuentan con alta participación femenina, lo que impacta en el  vínculo con el trabajo de las mujeres. El 56,9 por ciento de las mujeres que participan del mercado laboral están expuestas por trabajar en sectores de alto riesgo como el comercio; la manufactura, sobre todo las maquilas en méxico y el Caribe; en el turismo, donde una de cada diez mujeres vivían de ese sector en el Caribe; hogares (trabajo doméstico remunerado); actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo.

Uno de los más dañinos en términos de género, informalidad y a su vez imprescindibilidad es el trabajo doméstico remunerado. Se caracteriza por un alto nivel de precarización, y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, por lo que ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, el 91,5 por ciento mujeres. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron en la mayoría de los países, incluso por encima del 40 por ciento en el caso de Chile, Colombia y Costa Rica.

En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.

El sector salud tampoco queda exento de la discriminación por género: un 73,2 por ciento de empleadas en el sector de la salud son mujeres que han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, porque los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres del mismo sector”, remata Alicia Bárcena.

Reactivación económica 

Ante este análisis de situación, desde la Cepal planten propuestas concretas para lograr una recuperación transformadora con igualdad de género. "Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo", afirma Bárcena. 

En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena. Resaltó el reducido esfuerzo fiscal del 1 por ciento del PBI regional que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la Cepal (que incluiría una conexión básica y un dispositivo para 40 millones de hogares no conectados a Internet). El organismo calcula que podría impactar positivamente en una de cada cuatro mujeres del continente latinoamericano.

Por otro lado, aseguró que América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria.

Además, destacó la importancia de “avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”.

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