El panel de la asamblea de la ONU muestra el resultado de la votación sobre el fin del embargo a Cuba.. Imagen: EFE

En la ONU la condena al embargo de Estados Unidos ganó por 184 votos a dos 

El mayor triunfo para Cuba fue que Brasil – Bolsonaro había acompañado a Trump en 2019 – se abstuvo, al igual que Colombia y Ucrania. Israel volvió a votar con EE.UU. 

Son treinta años, veintinueve victorias diplomáticas consecutivas de Cuba – con la sola interrupción en 2020 por la pandemia – y todo, de manera invariable, sucede siempre en el mismo escenario: Naciones Unidas. Un espacio donde Estados Unidos sufre una derrota tras otra por su persistencia en desoir una resolución contra el bloqueo a la isla que, el 3 de febrero de 2022, cumplirá seis décadas. Desde 1992, La Habana presenta su proyecto de resolución contra la medida unilateral, extraterritorial y que cosecha repudios en la abrumadora mayoría de los países. Este 2021 no fue la excepción. La votación arrojó: 184 votos a favor, dos en contra –Israel acompañó al gobierno de Joe Biden- y tres abstenciones. El éxito mayor para los cubanos fue que Brasil – Jair Bolsonaro había acompañado a Donald Trump en 2019 – se abstuvo esta vez al igual que Colombia y Ucrania, dos países que siguen en general las políticas de EE.UU.

El gobierno socialista de Fidel Castro primero, su hermano Raúl después y ahora Miguel Díaz Canel, actualiza cada año la resolución 74/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su título es largo y no cambia. Porque lo amerita lo que está en juego: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Esta vez abarcó las afectaciones del período comprendido entre abril y diciembre de 2020. Agravadas por el virus que castiga al mundo y cuyas consecuencias EE.UU acentuó con su política hostil, profundizada por Donald Trump y mantenida intacta por su actual presidente, Joe Biden.

Crueldad

En el documento que leyó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ante la 75° asamblea de la ONU, se señala que arreciar el bloqueo en el contexto actual “obliga a nuestro país a luchar contra la mayor pandemia en décadas y contra el sistema de medidas coercitivas más largo y abarcador de la historia. No existe justificación alguna para tamaña crueldad”.

La precisión quirúrgica con que La Habana describe los daños monetarios a su economía está sintetizada en una cifra: en casi seis décadas de bloqueo las pérdidas alcanzaron los 147.853 millones de dólares. En el período que contempla la resolución (abril a diciembre de 2020) las derivaciones de la política coercitiva de Estados Unidos equivalieron a 9.157 millones de dólares. Pero si se considera la depreciación de la divisa estadounidense frente al valor del oro en el mercado internacional, “el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 377 millones 998 mil dólares”, sostiene el gobierno cubano.

La resolución que se votó en la ONU describe hechos que el gobierno de La Habana denuncia y amplía cada año en Naciones Unidas. “No es posible contabilizar la angustia de un cubano que no puede acceder a un medicamento específico porque una entidad estadounidense se negó o se le prohibió enviar los insumos necesarios para su producción”, dice el documento. También señala “la imposibilidad de materializar donativos y compras realizadas en el exterior para enfrentar la pandemia porque las compañías involucradas en su transportación cuentan con una sociedad estadounidense como accionista y temen ser objeto de medidas punitivas”. Tan largo es el brazo de EE.UU que golpea a la economía cubana desde que gobernaba en Washington John Fitzgerald Kennedy. El mismo presidente que sostenía: “Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres”.

Exposiciones

Durante las exposiciones de los y las embajadoras en Naciones Unidas las críticas a la medida unilateral de Estados Unidos fueron casi unánimes y ese sentimiento quedó reflejado en la votación. “La India espera que se elimine la política del bloqueo”, pidió su representante. México fue uno de los más duros y cuestionó además “la decisión de aplicar el título III de la Ley Helms-Burton, que ha afectado la soberanía del pueblo cubano y los intereses nacionales de terceros países”. China recordó que “es una necesidad poner fin al bloqueo” y la representante de Sudáfrica dijo que “llegó la época de entablar un diálogo constructivo y de no continuar con el aislamiento”. Venezuela calificó al bloqueo como “un crimen de lesa humanidad”.

Exposiciones semejantes se repiten desde hace tres décadas en el mismo recinto. Este año es la 75° Asamblea y nada cambió en la imperturbable política de Washington – acompañada desde la primera votación por Israel, su aliado incondicional – y un grupo escasísimo de pequeños países que se ha esmerilado desde 1992.

El canciller Rodríguez Parrilla puntualizó que en el contexto histórico del bloqueo a que es sometido su país “durante el gobierno de Donald Trump se aplicaron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba; de ellas, 55 solo en 2020”. El documento presentado por su gobierno dice que “esta acción unilateral y políticamente motivada incrementa las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional”. Una verdad casi de perogrullo como que hoy “constituye un escollo significativo para enfrentar adecuadamente las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia”.

Vacunas

Pese a las derivaciones negativas del bloqueo – una de ellas es que Cuba no puede acceder a tecnologías médicas con más de un 10  dpor ciento de componentes de EE.UU-, en la isla se dio un anuncio clave el lunes 21. Abdala, una de sus cinco vacunas contra el Covid-19, alcanzó una tasa de inmunidad contra el virus del 92,28 por ciento después de aplicarse tres dosis. “Apenas dos días antes, se había informado que otra vacuna cubana, Soberana 02, arrojó una eficacia de 62 por ciento después de dos inyecciones, y que todavía se esperaban los resultados de una tercera inoculación”, publicó la agencia alemana de noticias DW.

En agosto de 2020, cuando Cuba se disponía a anunciar la primera de esas vacunas contra el virus, Google censuró los perfiles en YouTube de los medios Granma, Mesa Redonda y Cubavisión Internacional. Se justificó en “supuestas infracciones de las leyes de exportación estadounidenses”, señaló el canciller cubano.

24 de junio de 2021

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EE.UU. y Rusia normalizan las relaciones diplómaticas tras la cumbre Biden-Putin

Ambos países acordaron el retorno de los embajadores

El presidente ruso dijo que la reunión fue "constructiva", mientras que su par estadounidense aseguró que a ambos no les interesa "una nueva Guerra Fría". En cambio, no se pusieron de acuerdo en torno a la situación del opositor Alexéi Navalni.

 

El apretón de manos entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin fue un buen resumen de la esperada cumbre de Ginebra, destinada a rebajar las tensiones entre ambos países y hallar algunos puntos de acuerdo. En concreto, ambos líderes anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas y destacaron que trabajarán en conjunto en temas como la ciberseguridad. En cambio, no se pusieron de acuerdo en torno a la situación del opositor ruso Alexéi Navalni. Los dos mandatarios llegaron con minutos de diferencia a la Villa La Grange, lugar del encuentro, y fueron recibidos por el presidente suizo Guy Parmelin.

Después de la reunión que duró casi cuatro horas, el presidente de Rusia dijo que la cumbre con Biden fue "constructiva". Rechazó las acusaciones del mandatario estadounidense respecto al envenenamiento y posterior detención de Navalni al decir que éste sabía que iba a ser detenido en Rusia y que "buscó deliberadamente ser arrestado". Por su parte Biden reveló que le aseguró a Putin que "las consecuencias serán devastadoras" para Rusia si muere Navalni. El presidente de Estados Unidos le dijo a Putin que su agenda no es en contra de Rusia, sino que "es por el pueblo estadounidense" y aseguró que a ambos no les interesa "una nueva Guerra Fría". 

"Considero que no hubo ninguna hostilidad aunque nuestras valoraciones difieran en muchos aspectos. Desde mi punto de vista, ambas partes demostraron el deseo de comprenderse el uno al otro y de buscar un acercamiento de las posiciones", afirmó Putin en rueda de prensa tras la esperada cumbre presidencial.

En cuanto a los embajadores de ambos países, Putin aseguró que "el problema está resuelto" y que "están volviendo a los lugares de servicio permanente". Los embajadores ruso y estadounidense habían abandonado Moscú y Washington en abril, luego de que la administración Biden impusiera una batería de sanciones contra el país euroasiático por sus "acciones desestabilizadoras", que incluían esfuerzos para "socavar las elecciones democráticas libres y justas" o "facilitar actividades cibernéticas maliciosas". 

En ese sentido, el mandatario ruso volvió a negar las acusaciones y anunció que Estados Unidos y Rusia comenzarán una ronda de consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad. Subrayó que en este ámbito "es necesario dejar de lado todo tipo de insinuación y empezar a trabajar a nivel de expertos".

Putin indicó que Rusia también sufre ciberataques y citó como ejemplo una agresión al sistema sanitario de una de las entidades federadas rusas. "Desde luego, vemos desde dónde proceden los ataques, vemos que este trabajo se coordina desde el ciberespacio de Estados Unidos", señaló. Al mismo tiempo, el mandatario ruso manifestó que no cree que el gobierno de Estados Unidos esté "interesado en manipulaciones de ese tipo"

Putin agregó que el líder opositor Alexei Navalni infringía deliberadamente las leyes rusas y era consciente de que su castigo sería la cárcel. "Los órganos del poder lo citaron pero él no se apersonó, ignoró la ley y fue declarado en búsqueda", planteó. Pese a ello, Navalni regresó a Rusia desde Alemania, donde se recuperaba del envenenamiento con un agente tóxico del grupo Novichok que sufrió en agosto de 2020, y posteriormente fue detenido.

A su turno el presidente Biden aseguró sobre la escala de su gira europea en Ginebra: "Hice lo que vine a hacer". El líder demócrata manifestó que le dijo a su par ruso que "los derechos humanos siempre estarán sobre la mesa". Además le "dejó en claro" a Putin que continuará planteando las preocupaciones de Estados Unidos sobre casos como el de Navalni.

El mandatario estadounidense, que ha visto como varias empresas e infraestructuras importantes de su país sufrían ciberataques en las últimas semanas, reveló a la prensa que le dio a Putin "una lista" de 16 entidades que "van del sector de la energía hasta nuestros sistemas de distribución de agua". Esas "infraestructuras cruciales" deben quedar al margen de ciberataques, aseguró.

Un periodista presente en la conferencia le pidió a Biden que responda a los dichos de Putin al comparar el encarcelamiento de opositores como Navalni con los cargos presentados contra quienes llevaron a cabo el asalto al Capitolio el pasado seis de enero. "Creo que es una comparación ridícula", dijo Biden. El presidente estadounidense enfatizó que había una gran diferencia entre asaltar el Capitolio con armas y amenazar a las fuerzas de seguridad o marchar por "el derecho a celebrar elecciones libres y justas" en Rusia.

Biden decidió no responder una pregunta respecto a si había reconsiderado su comentario de que el presidente Putin no tiene "alma", tal como afirmó después de una reunión de 2011 con el líder ruso. El mandatario demócrata sonrió, se puso los lentes de sol y empezó a alejarse del atril diciéndole a los periodistas: "Muchas gracias".

Sin embargo, Biden no se fue y decidió responder un par de preguntas más. Y pareció inquietarse cuando le preguntaron por qué estaba tan seguro de que Putin cambiaría su comportamiento, sobre todo luego de que el líder ruso rechazara estar involucrado en ataques cibernéticos y se negara a decir el nombre de Navalni durante su conferencia de prensa.

El presidente estadounidense afirmó que era una caracterización errónea de sus comentarios y respondió: "No estoy seguro de que cambie su comportamiento" ¿Dónde diablos? ¿Cuándo dije que tenía esa confianza?" preguntó y continuó un tanto ofuscado: "Lo que yo dije es, cambiará su comportamiento si el resto del mundo reacciona ante ellos (por Rusia) y eso disminuye su posición en el mundo".

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Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

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Extraoficialmente el Gobierno de EEUU ya le fijó fecha de caducidad al autoproclamado Guaidó

19.05.21 - La administración del presidente estadounidense Joe Biden, habría dado un finiquito al autoproclamado Juan Guaidó, como supuesto líder de la oposición venezolana, para “sacar” a Nicolás Maduro del poder antes del 1 de diciembre.


La decisión la notificó el embajador para Venezuela, James Story, al G-4 (coalición de los principales cuatro partidos de oposición) en una reunión que se llevó a cabo este martes en Bogotá, Colombia. Así lo informó Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, en entrevista concedida a PanAm Post.


“Tenemos información fidedigna y cierta de que hasta el 1 de diciembre le da plazo Estados Unidos al interinato. Es una decisión del Departamento de Estado y Story la hizo oficial en una reunión con el G-4 en Bogotá”, refirió.

El cambio de línea en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela es evidente. Muñoz asegura que el Gobierno de Estados Unidos exigió a Guaidó “resolver” antes del 1 de diciembre. Agrega que esto no solo se traduce en un retiro del reconocimiento al líder opositor como presidente interino, sino también al acceso a los fondos de la nación bajo la protección de Washington.

Y es que bajo el auspicio de la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EE.UU. se apropiaron de $342 millones en activos que pertenecen a Venezuela, de los cuales $245 millones han sido desembolsados al grupo de Guaidó.

El objetivo, promover la desestabilización institucional y social a lo interno de Venezuela, así como una supuesta ayuda humanitaria al país. De esta última en particular, no hay indicios reales, según denuncias del gobierno nacional.

Para el presidente del Grupo Editorial El Venezolano, que incluye medios impresos en varios países y El Venezolano TV en Miami, la Administración Biden podría reestablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro una vez que deje de reconocer oficialmente a Guaidó. Considera que la política de Donald Trump hacia Venezuela fue una “estafa” porque vendió la esperanza de una salida por la fuerza que nunca ocurrió.

Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Guaidó solicitó dialogar con él y las fuerzas revolucionarias, luego que fuera conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jefe de Estado venezolano señaló que evalúan varios puntos para la posible mesa de dialogo; el principal tema planteado es que Guaidó y su fracción renuncie a la violencia y reconozca las autoridades legítimas del país.

Otro punto que destacó es que debe retornar todos los recursos y activos venezolanos que con su promoción, la de Guaidó, han sido confiscados en el exterior, por ejemplo, Citgo en EE.UU. y Monómeros en Colombia.

Por: Aporrea | Jueves, 20/05/2021

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El canciller Serguei Lavrov anunció las medidas y repudió las sanciones.  ________________________________________ Imagen: EFE

Fuerte respuesta rusa a las sanciones de Biden

El Kremlin no permitirá el ingreso a Rusia de ocho funcionarios estadounidenses y limitará a las ONG y fundaciones que operan en el país.

 

Rusia anunció que expulsará a diez diplomáticos estadounidenses además de otras medidas en respuesta a las sanciones anunciadas ayer desde EE.UU. “El presidente ruso ha aprobado estas medidas en respuesta a los actos absolutamente inamistosos y gratuitos anunciados por Washington contra Rusia, nuestros ciudadanos, personas físicas y jurídicas, y nuestro sistema financiero", declaró Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en una rueda de prensa.

La respuesta del Kremlin viene un día después de que la administración de Joe Biden sorprendiera con la expulsión de diez diplomáticos rusos. El demócrata también amplió las restricciones a los bancos estadounidenses que negocian la deuda que emite el Gobierno ruso.

Según el ministro Lavrov, la expulsión de diez diplomáticos estadounidenses fue anunciada debido a las violaciones sistemáticas cometidas por los funcionarios norteamericanos, incluidos agregados militares. Desde la Cancillería de Rusia acusaron a EE.UU. de apostar por una continua degradación de las relación y su política que apunta a contener a Moscú.

Lavrov también hizo pública una lista de ocho funcionarios estadounidenses que no podrán ingresar al país por su política antirrusa. Entre ellos figuran Merrick Garland, fiscal general; Michael Carvajal, director de la Oficina de Prisiones; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica; Christopher Wray, director del FBI, y Avril Danica Haines, directora de Inteligencia. También integran la lista John Bolton, quien fue asesor de Seguridad Nacional en la Administración de Donald Trump, y James Woolsey, antiguo director de la CIA.

Por otra parte, limitará y ordenará el cese de actividades de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que interfieren en abiertamente en los asuntos internos de Moscú. Mientras que también se prevé que las sanciones demoren el retorno a Washington del embajador ruso Anatoli Antónov, que fue convocado por la administración de Vladimir Putin por consultas luego de que Biden lo llamara “asesino” en una entrevista televisiva.

"El embajador Antónov continúa las consultas. La situación es muy compleja", explicó Lavrov. El ministro agregó que el Kremlin recomienda al embajador de EE.UU., John Sullivan, regresar a su país para consultas con sus superiores.

El ministro de Exteriores apeló a la cordura de EE.UU. y pidió renunciar a la política de confrontación. "Los pasos dados son sólo una parte de los que están a nuestra disposición. A nosotros nos gustaría evitar una nueva escalada con EEUU", señala en el comunicado oficial.

“La realidad es que de Washington escuchamos una cosa y en la práctica vemos otra. No debe haber dudas. Ni una ola sancionadora quedará sin respuesta", continúa el comunicado del ministerio de Exteriores. También se refiere a la propuesta de Biden de llevar a cabo una cumbre ruso-estadounidense en un tercer país. “Cuando se hizo esta oferta, se recibió positivamente y ahora se está considerando en el contexto de los acontecimientos concretos”, afirmó el comunicado del ministro Lavrov.

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El Caribe, China y la geopolítica de las vacunas

¿Cuál es el secreto del éxito de las campañas de vacunación rápida en muchos países del Caribe? Ser el tercero cuando otros dos se pelean.

Para los pequeños Estados insulares del Caribe, la diplomacia de las vacunas es la clave para superar la pandemia de covid-19. A pesar de que su población apenas es equivalente a la de un barrio de la ciudad de San Pablo, países como Granada o Antigua y Barbuda son Estados soberanos y, como tales, tienen representantes y voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los tienen Brasil o México. Sumados, los 14 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) tienen más votos que toda América del Sur. La crisis actual muestra cómo esta soberanía estatal se puede convertir en un suministro de vacunas con el que los países más grandes solo pueden soñar.

Por ejemplo, Dominica (no confundir con la República Dominicana, que es mucho más grande): con sus 70.000 habitantes, esta isla había recibido, ya a principios de febrero, 70.000 dosis de vacunas provenientes de la India. Mientras tanto, China le envió más dosis de vacunas. El país tiene la epidemia bajo control como casi ningún otro: hasta ahora, ni una sola muerte; la cantidad de infectados es 161, no por semana, como en las islas vecinas de Guadalupe y Martinica, que pertenecen a Francia, sino en total desde que comenzó la pandemia.

No todos los Estados insulares del Caribe presentan un balance tan espectacular como Dominica. Sin embargo, muchos pueden sacar provecho de la competencia internacional desatada por la diplomacia de las vacunas. Barbados ha recibido de la India 100.000 dosis de vacunas como donación; se enviaron 40.000 dosis de vacunas a Antigua y Barbuda y más a otras naciones de la CARICOM. No son grandes cantidades para un país como la India, pero en los pequeños Estados insulares cubren una parte sustancial de la población adulta. Barbados ya ha vacunado a más de 20% de sus habitantes y se pretende llegar a principios de mayo con toda la población vacunada. Ahora mismo se está barajando la posibilidad de ofrecer luego vacunas a los turistas.

Numerosos Estados caribeños se aprovechan desde hace tiempo de la competencia entre Taiwán y China. Cinco de los únicos 15 países del mundo que reconocen a Taiwán como Estado y mantienen relaciones diplomáticas con él pertenecen al Caribe. Estos son Belice, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. A cambio, pueden contar con préstamos y expansión de WLAN, obras públicas y programas para cursar estudios en Taiwán. Con el comienzo de la crisis del covid-19, a esto se sumaron mascarillas, tests rápidos y respiradores con etiquetas adhesivas en las que se leía «Taiwán ayuda». Sin embargo, el propio Taiwán depende de las importaciones para elaborar vacunas. Con el fin de compensar esta deficiencia, ya se están prometiendo generosos programas para la reactivación económica posterior a la pandemia. Desde 2016, Panamá, República Dominicana y El Salvador cambiaron de bando y ya no reconocen a Taiwán, que deberá afrontar algunos costos para evitar una reacción en cadena.

Cuando se trata de entregas de vacunas, China juega a fondo: República Dominicana cortó sus relaciones con Taiwán hace tres años. Ahora, un avión chino aterrizó en Santo Domingo con un millón de dosis de vacunas a bordo. La puesta en escena en el aeropuerto tuvo una grandiosidad análoga: fotos con banderas chinas al descargar la carga y discursos que hablan de amistad y solidaridad. O el caso de Guyana, que hace poco había permitido a Taiwán abrir una oficina comercial. Beijing no disimuló su enfado. Y tras haber «corregido» este error unas semanas atrás, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, recibió de Xi Jinping, por teléfono, la promesa de 20.000 dosis de la vacuna Sinopharm.

Casi simultáneamente a la entrega china de millones de dosis a República Dominicana, llegó también al Caribe el primer suministro de la iniciativa multilateral COVAX, en la que la Unión Europea tiene una participación sustancial: 14.000 dosis de vacunas entregadas a Jamaica el 15 de marzo. Si bien COVAX puede tener, con el tiempo, un impacto significativo, por el momento sus entregas son tardías y exiguas.

Estados Unidos también se unió a la iniciativa COVAX bajo la presidencia de Joe Biden, si bien las vacunas estadounidenses hasta ahora han tenido solo un papel secundario en el Caribe. Sin embargo, a medida que avanza la rápida campaña de vacunación en el país, esto puede cambiar en unos pocos meses, cuando Estados Unidos se convierta en un exportador de vacunas excedentes. De momento, no obstante, la dinámica de la campaña de vacunación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos muestra el papel periférico de estos territorios caribeños de propiedad estadounidense: su tasa de vacunación todavía es inferior a la de Georgia, el último de los 50 estados de la Unión.

Los demás territorios no soberanos del Caribe tampoco tienen casi posibilidades de llevar adelante una activa diplomacia de las vacunas. En las Antillas Neerlandesas o los departamentos franceses de ultramar reina la escasez europea de vacunas. Si bien la conexión con las metrópolis promete acceso a servicios sociales y de salud superiores, del «primer mundo», las islas se encuentran en la inusual situación de mirar con envidia la realidad de la vacunación, a menudo significativamente mejor, de sus vecinos independientes. Mientras que Argentina, Bolivia y México también usan vacunas de Rusia, estas hasta ahora no han llegado al Caribe: ni siquiera a San Vicente y las Granadinas, el primer país de la región en aprobar la vacuna Sputnik V.

La gran singularidad en la diplomacia de las vacunas del Caribe es Cuba. El gobierno socialista no importó vacunas, a pesar de que podría haberlas obtenido, sin dudas, de China o Rusia. Por el contrario, La Habana se juega por entero al autoabastecimiento. A pesar de la crisis económica generalizada, la tecnología médica y la biotecnología siguen siendo sectores modernos y eficaces. El gobierno se enorgullece de que Cuba sea el único país latinoamericano que ha desarrollado sus propias vacunas. La más avanzada (Soberana 2) se encuentra actualmente en la fase 3 de prueba con 44.000 personas en Cuba y otro grupo de prueba en Irán. Si estas pruebas tienen éxito –tal como se espera–, la campaña de vacunación a escala nacional podrá comenzar en el segundo trimestre.

Y luego está la gran esperanza: que la vacuna cubana sea un éxito de exportación y una fuente de divisas. Se producirán 100 millones de dosis para fin de año, según lo anunciado. Ya se ha filmado un vídeo que invita a los extranjeros a pasar sus vacaciones en Cuba «con sol, playa y vacunación». Por supuesto, también se habla de la intención de ayudar a otros países de América Latina, África y Asia con entregas solidarias de vacunas gratuitas.

Cuba tuvo tasas de infección muy bajas durante 2020. Desde enero, sin embargo, la propagación del virus se ha acelerado mucho. Además de la precaria situación del abastecimiento, también existe una tensa situación epidemiológica. La apuesta total al autoabastecimiento –y, por lo tanto, también a rechazar toda importación de vacunas– es una estrategia de alto riesgo y muchas incógnitas. ¿Qué tan efectiva será la vacuna y qué tan segura? ¿Cuándo estará disponible en cantidades suficientes? Porque no solo es un enorme desafío el desarrollo, sino también la producción masiva, por no mencionar la certificación internacional.

El Caribe es la región del mundo que más depende del turismo. El colapso del tráfico aéreo sumergió toda la región en una profunda crisis económica. Sin embargo, la pandemia de covid-19 no parece lograr que se replantee la estrategia de desarrollo. Por el contrario, estos países quieren promocionarse nuevamente como destinos turísticos seguros lo antes posible a través de las vacunas.

Muchos Estados insulares del Caribe han logrado un éxito notable mediante una hábil diplomacia de las vacunas. Estados Unidos y la Unión Europea juegan en todo esto un papel secundario. El hecho de que la ayuda para los nuevos amigos de Asia pueda no ser completamente desinteresada, sino que más bien lleve a esperar una conducta acorde de estos países a la hora de votar en la ONU o bien otros gestos de solidaridad, asustará a pocos en el Caribe, dada la actual situación de crisis. A lo sumo, será presentado como una «diversificación de dependencias».

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China y EE.UU. se cantan las cuarenta en público

La elección de la gélida Alaska como escenario del primer encuentro entre Estados Unidos y China desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no auguraba exactamente un deshielo de sus relaciones, pero la virulencia de la tormenta desatada en el hotel Captain Cook de Anchorage tan pronto como sus representantes se sentaron cara a cara pilló por sorpresa al mundo.

El descalabro diplomático, que confirma que la relación entre ambos países será aún más antagonista en el futuro, se produce días después de que unos comentarios de Biden abrieran una crisis con Rusia, cuyo presidente, Vladímir Putin, le exige una disculpa por haberlo tratado de asesino. De hecho, le retó a discutir sus diferencias en un debate en directo por internet, como el inédito cruce de reproches entre americanos y chinos en Alaska.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había prometido “franqueza” de cara al encuentro y cumplió su palabra. La “poco hospitalaria” acogida de los estadounidenses, en palabras de los asiáticos, provocó un largo monólogo por parte de su homólogo chino, Yang Jiechi. Luego llegó la furiosa réplica de la delegación americana, que pidió a las cámaras que no se fueran y no dejaran de grabar. Dicen que a puerta cerrada, ambos rebajaron el tono tanto el jueves como ayer, jornada final de la reunión.

“Vamos a hablar sobre nuestra profunda preocupación por las acciones de China en Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, los ciberataques a EE.UU. o la coerción económica a nuestros aliados”, disparó en su introducción Blinken, que acababa de viajar a Asia para mostrar la fuerza de sus alianzas en la región. Las acciones de China “amenazan” el orden mundial global basado en las reglas, por eso no son meros “asuntos internos y nos sentimos obligados a sacar el tema”, insistió. Aplicar la ley del más fuerte nos llevará a “un mundo más inestable y violento”, remató Blinken.

PULSO ESTRATÉGICO

Formado en Inglaterra, a Yang no le hacía falta traducción pero la interpretación de las palabras de Blinken le dio tiempo para afinar su respuesta. La réplica china confirma el afianzamiento de la asertividad de Pekín, su convencimiento de que “Oriente está en alza y Occidente, en declive”.

“Esta no es manera de recibir a un invitado”, protestó el jefe de la delegación china, que acusó a Washington de ser el “campeón de los ciberataques” y usar su fuerza militar y hegemonía financiera “para extender su jurisdicción y suprimir a otros países”, así como incitar a otros a atacarles. “Nosotros no creemos en las invasiones con el uso de la fuerza, el derrocamiento de regímenes y las masacres”, subrayó Yang, cuestionando que Occidente y Estados Unidos puedan erigirse en representantes del orden global.

Washington, zanjó el ministro chino, debería mirarse al espejo y dejar de presumir ante el mundo. “Mucha gente en Estados Unidos tiene escasa confianza en su democracia”, espetó a la delegación americana, evocando su historial de racismo y las protestas de Black Lives Matter. Su intervención se prolongó durante más de un cuarto de hora en lugar de los dos minutos pactados. La “ruptura del protocolo” por parte de Blinken, alegó Yang, justificaba la larga réplica. Sus comentarios no fueron “normales” y por tanto los suyos tampoco lo habían sido. “¡Esperen un momento!”, pidió Blinken a las cámaras cuando se disponían a abandonar la sala.

“Lo que yo oigo [en el mundo] es una gran satisfacción porque Estados Unidos haya vuelto”, así como “preocupación por algunas de las medidas que ha tomado su Gobierno”, respondió el secretario de Estado. “Somos un país maduro capaz de afrontar sus deficiencias y siempre buscando mejorar, ese es el secreto de América”, apostilló el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Yang reclamó la palabra una vez más para negar tajantemente que, como dijo Blinken, Estados Unidos se dirija a China desde “una posición de fuerza”.

DE CRISIS EN CRISIS

Mientras perfila su política hacia Pekín, la Casa Blanca ha mantenido sin cambios los aranceles adoptados por Donald Trump, ha aprobado esta semana nuevas sanciones contra funcionarios chinos por la represión en Hong Kong y nada apunta, en definitiva, al reset que pedían los asiáticos cuando se convocó la cita de Alaska. Ben Rhodes, exasesor de Barack Obama, ve paralelismos en la reacción de China y Rusia a los contactos con la nueva Administración. “Se han acostumbrado a que EE.UU. esté ausente de la defensa del orden internacional y no hable de temas como los derechos humanos y la democracia”, y querían ver si podían intimidar al nuevo equipo norteamericano.

Ambas delegaciones se acusaron de haber recurrido al “drama” televisivo pensando en sus respectivas audiencias nacionales. A falta de discusiones sobre el fondo de sus diferencias, un pulso estratégico total, esta parece ser la hora del postureo diplomático. Biden se declaró ayer “muy orgulloso” de Blinken.

Por Beatriz Navarro | Washington

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Biden y el rompecabezas de las relaciones con China

El presidente Joe Biden deberá afrontar en lo inmediato una serie de crisis interiores extraordinarias –una pandemia que se dispara, una economía en punto muerto y punzantes heridas políticas, en particular tras el reciente ataque de los trumpistas al Capitolio–, pero pocos desafíos son susceptibles de resultar más graves que la gestión de las relaciones de Estados Unidos con China. Aunque suelen ser consideradas como una lejana preocupación de política exterior, estas relaciones son de hecho omnipresentes y afectan a la economía, al coronavirus, al cambio climático, a la ciencia y la tecnología, a la cultura popular y al ciberespacio.

Si la nueva administración continúa la vía trazada por la precedente, una cosa será segura: Estados Unidos se verá arrastrado a una nueva e insidiosa guerra fría con este país, lo que dificultará los progresos en casi todos los ámbitos importantes. Para lograr verdaderos avances en el actual desorden mundial, el equipo de Biden deberá ante todo evitar este conflicto futuro y encontrar medios de colaborar con su poderoso adversario. Pero algo es seguro: la búsqueda de una forma de navegar por esta vía minada resultará muy exigente para los más experimentados responsables del equipo dirigente de Biden.

Aun sin los corrosivos efectos de la diplomacia hostil de Donald Trump en estos últimos años, China plantearía un desafío enorme a cualquier nueva administración. Se jacta de ser la segunda economía mundial y, según algunos analistas, pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la número uno. Aunque haya muchas razones para condenar la forma como Pekín ha abordado la pandemia del coronavirus, el severo confinamiento autoritario a escala nacional (después de que China rechazase inicialmente reconocer la existencia del virus y el alcance de su propagación) ha permitido al país recuperarse de la covid-19 más rápido que la mayoría de los países. En consecuencia, Pekín registró ya un fuerte crecimiento económico durante el segundo semestre de 2020, la única gran economía del planeta en hacerlo. Esto significa que China está más que nunca en condiciones de dictar las reglas de la economía mundial, una situación confirmada por la reciente decisión de la Unión Europea de firmar un importante acuerdo de comercio e inversión con Pekín [acuerdo de finales de 2020 concluyendo unas negociaciones comenzadas en 2013], dejando simbólicamente de lado a Estados Unidos, justo antes de la entrada en funcionamiento de la administración Biden.

Después de años de aumentar sus gastos de defensa, China posee ya el segundo ejército más importante del mundo, dotado de un moderno arsenal de todos los tipos. Aunque no sea capaz de enfrentarse a Estados Unidos en alta mar o en regiones alejadas, su ejército –el Ejército Popular de Liberación, EPL– está ya en condiciones de desafiar la antigua supremacía de América en regiones más cercanas, como el extremo oeste del Pacífico. Desde la expansión imperial de Japón en los años 1930 y comienzo de los 1940, Washington no se había encontrado con un enemigo tan temible en esta parte del mundo.

En algunos ámbitos críticos –avances científicos y tecnológicos, influencia diplomática y finanzas internacionales, entre otros–, China cuestiona ya, incluso supera, la primacía mundial largo tiempo asumida por Estados Unidos. En otras palabras, en muchos frentes, tratar con China plantea un enorme problema al nuevo equipo dirigente estadounidense. Peor aún, las nefastas políticas de la administración Trump respecto a China, combinadas con las políticas autoritarias y militaristas del presidente chino Xi Jinping, plantean desafíos inmediatos a Joe Biden a la hora de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La herencia tóxica de Trump

Donald Trump hizo campaña por la presidencia comprometiéndose a castigar a China por su pretendida voluntad sistémica de construir su economía robando la de Estados Unidos. En 2016 juró que, si era elegido presidente, utilizaría el poder del comercio para poner fin a las prácticas nefastas de este país y restaurar la primacía mundial de Estados Unidos. Una vez instalado en la Casa Blanca, efectivamente, impuso una serie de derechos de aduana sobre el equivalente a unos 360.000 millones de dólares de importaciones chinas –un gran obstáculo para la mejora de las relaciones con Pekín–. Joe Biden debe decidir si mantiene estas barreras aduaneras, las suaviza o las elimina por completo.

Las restricciones impuestas al acceso de empresas chinas a la tecnología americana, en particular a programas y microchips punteros, necesarios para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones de quinta generación (5G), son aún más amenazantes para unas futuras relaciones cordiales. En mayo de 2019, afirmando que las grandes empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE Corporación tenían vínculos con el EPL y representaban por tanto una amenaza para la seguridad nacional americana, Trump aprobó un decreto prohibiendo a estas empresas comprar a empresas estadounidenses microchips y otros equipamientos de alta tecnología. Le siguieron una serie de decretos y otras medidas. Pretendían restringir el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana.

En el marco de estas acciones y de otras iniciativas conexas, el presidente Trump y sus principales asociados –sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Peter Navarro, asistente del presidente en el White House Nacional Trade Council– afirmaron que actuaban para proteger la seguridad nacional contra el riesgo de operaciones de información llevadas a cabo por el EPL. No obstante, según sus declaraciones de la época, era evidente que su verdadera intención era la de obstaculizar el progreso tecnológico de China para debilitar su competitividad económica a largo plazo. También aquí, Biden y su equipo tendrán que decidir si mantiene las restricciones impuestas por Trump, lo que afectaría todavía más a las relaciones chino-americanas, o da marcha atrás en un esfuerzo por mejorar estas relaciones.

La crisis china: dimensiones militar y diplomática

Un desafío aún mayor para el presidente Biden serán las iniciativas militares y diplomáticas agresivas emprendidas por la administración Trump. En 2018, su secretario de Estado de Defensa, Jim Mattis [que entró en el 20 de enero de 2017 y dimitió en febrero de 2019], publicó una nueva doctrina militar con el título de “Concurrencia de grandes potencias”. Debía regular la futura planificación del Ministerio de Defensa. Tal como enunciaba la política oficial de defensa nacional del Pentágono de dicho año, la doctrina preveía que las fuerzas estadounidenses debían concentrarse en adelante no ya en la lucha contra los terroristas islamistas en las regiones atrasadas del tercer mundo, sino en la lucha contra China y Rusia en Eurasia. “Aunque el Ministerio sigue adelante en la campaña contra los terroristas”, declaró Mattis el 26 de abril de 2018 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, “el principal objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo es la concurrencia estratégica; no el terrorismo”.

Conforme a esta política, durante los años siguientes se ha recentrado y reorganizado considerablemente el conjunto del establishment militar, pasando de una fuerza antiterrorista y antiinsurreccional a una fuerza armada equipada y concentrada en la lucha contra los ejércitos chino y ruso, en la periferia de estos mismos países. “Hoy día, en esta era de competición entre las grandes potencias, el Ministerio de Defensa ha dado prioridad a China, y después a Rusia, como nuestros principales competidores estratégicos”, declaró el secretario de Defensa Mark Esper el 16 de setiembre de 2020, poco antes de ser sustituido por el presidente por haber apoyado, junto a otros, un llamamiento a reducir el número de bases militares americanas que siguen llevando hoy en día el nombre de generales confederales durante la guerra civil. Hecho significativo: cuando todavía estaba en el poder, Mark Esper identificó a China como el competidor estratégico número uno de Estados Unidos, una distinción que Jim Mattis no llegó a hacer.

Para asegurar la primacía de Washington en esta competición, Mark Esper destacó tres grandes prioridades estratégicas: la militarización de las tecnologías punta, proseguir la modernización y la mejora del arsenal nuclear del país, y el reforzamiento de los lazos militares con los países aliados que rodean a China. “Para modernizar nuestras capacidades”, declaró, “hemos conseguido obtener financiación para tecnologías que cambian la situación, como la inteligencia artificial, la hipersónica, la energía dirigida [por ejemplo radiación electromagnética, láseres, haz de partículas, etc.] y las redes 5G”. También se han realizado progresos significativos, afirmó, en la “recapitalización de nuestra tríada nuclear estratégica”: el redoblado amplio arsenal de misiles balísticos intercontinentales con base en tierra (ICBM), misiles balísticos lanzados por submarinos (SLBM) y bombarderos nucleares de largo alcance. Además, con el objetivo de cercar a China con un sistema de alianzas hostil dirigido por Estados Unidos, Mark Esper se jactó: “Ponemos en marcha un plan coordinado, el primero de este tipo, para reforzar a los aliados y construir socios”.

Para los dirigentes chinos, el hecho de que la política militar de Washington apele en adelante a semejante programa con tres componentes de modernización de armas no nucleares, de modernización de armas nucleares y de cerco militar, significa una cosa evidente: están confrontados a una amenaza estratégica a largo plazo que necesitará una gran movilización de sus capacidades militares, económicas y tecnológicas para poder responder. Lo cual es, desde luego, la definición misma de una nueva competición de tipo guerra fría. Y los dirigentes chinos han dejado bien claro que se opondrán a cualquier iniciativa de este tipo, tomando las medidas que juzguen necesarias para defender la soberanía y los intereses nacionales de China. No es sorprendente por tanto enterarse de que, al igual que Estados Unidos, están adquiriendo un amplio abanico de modernas armas nucleares y no nucleares, así como militarizando las tecnologías emergentes para asegurar el éxito o al menos una apariencia de paridad en un choque futuro con las fuerzas de Estados Unidos.

Paralelamente a estas iniciativas militares, la administración Trump ha pretendido perjudicar a China y frenar su desarrollo por medio de una estrategia coordinada de guerra diplomática –esfuerzos que incluyen sobre todo un mayor apoyo a la isla de Taiwán (reivindicada por China como una provincia secesionista), lazos militares cada vez más estrechos con India y la promoción de vínculos militares comunes entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, un acuerdo conocido con el nombre de “the Quad” [Foreign Policy, 8/10/2020, The Quadrilateral Security Dialogue].

La mejora de los lazos con Taiwán era un objetivo particular de la administración Trump (y una provocación particular hacia Pekín). Desde que el presidente Jimmy Carter aceptó reconocer como el gobierno legítimo de China al régimen comunista de Pekín en 1978, y no a los taiwaneses, todas las administraciones americanas han intentado evitar la apariencia de una relación oficial de alto nivel con los dirigentes de Taipéi, aunque Estados Unidos haya continuado vendiéndoles armas y manteniendo otras formas de relaciones intergubernamentales.

Sin embargo, durante los años Trump, Washington se ha implicado en cierto número de acciones muy mediáticas con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno taiwanés. Contrariando con ello a los dirigentes chinos. Entre estas acciones figura la visita a Taipéi, el pasado agosto, del secretario de Salud y Servicios Sociales Alex Azar II, la primera visita de este tipo efectuada por un secretario de gabinete desde 1979. Otro gesto provocador quería ser la reunión con altos responsables taiwaneses en Taipéi por parte de la embajadora americana ante Naciones Unidas, Kelly Craft [este encuentro fue anulado a comienzos de enero]. La administración también ha intentado obtener para Taiwán la condición de observador ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales para reforzar su imagen de nación de pleno derecho. Igualmente preocupante para Pekín, la administración ha autorizado durante los dos últimos años nuevas ventas de armas avanzadas a Taiwán, por un total de 16.600 millones de dólares, incluyendo una venta récord de 8.000 millones de dólares por 66 aviones de caza F-16C/D.

El reforzamiento de los lazos de Estados Unidos con India y otros miembros de la Cuadrilateral (Quad) ha sido también una prioridad de política exterior de la administración Trump. En octubre de 2020, Mike Pompeo acudió a India por tercera vez como secretario de Estado y aprovechó la ocasión para denunciar a China, promoviendo vínculos militares más estrechos entre India y Estados Unidos. Recordó a los veinte soldados indios muertos en un enfrentamiento fronterizo con fuerzas chinas en junio de 2020, insistiendo en el hecho de que “Estados Unidos estará al lado del pueblo indio frente a las amenazas que pesan sobre su soberanía y su libertad”. El ministro de Defensa Mark Esper, que acompañó a Pompeo en este viaje a Nueva Delhi, habló de una cooperación creciente con India en el ámbito de la defensa, incluyendo ventas potenciales de aviones de caza y sistemas aéreos sin tripulación.

Ambos responsables felicitaron al país por su futura participación en Malabar, los ejercicios navales conjuntos de la Quad que tendrán lugar en noviembre en la bahía de Bengala. Aunque nadie lo diga explícitamente, este ejercicio ha sido ampliamente considerado como el primer ejercicio de la alianza militar naciente para contener a China. “Es más importante que nunca un enfoque colaborativo de la seguridad y de la estabilidad regionales, con el fin de disuadir a todos aquellos que rechazan una región indo-pacífica libre y abierta”, comentó Ryan Easterday, comandante del destructor de misiles dirigidos USS John S. McCain, uno de los navíos participantes.

Ni que decir tiene que todo esto representa una herencia compleja y formidable a superar para el presidente Biden, que pretende establecer una relación menos hostil con los chinos.

El problema Xi Jinping del presidente Biden

Queda claro que la herencia perturbadora de Trump hará difícil para el presidente Biden detener la pendiente descendente de las relaciones chino-americanas y el régimen de Xi Jinping en Pekín no le facilitará la tarea. No es este el lugar para un análisis detallado del giro de Xi en los últimos años hacia el autoritarismo o de su creciente dependencia de una perspectiva militarista para asegurarse la lealtad (o la sumisión) del pueblo chino. Se ha escrito mucho sobre la supresión de las libertades civiles en China y la reducción al silencio de todas las formas de disidencia. Igualmente inquietante es la adopción de una nueva ley sobre seguridad nacional para Hong Kong, utilizada ahora para detener todas las críticas al gobierno de China continental y las voces políticas independientes de todo tipo. Y nada es comparable al intento de extinción brutal de la identidad musulmana uigur en la región autónoma del Xining, en el extremo oeste de China. Ha supuesto el encarcelamiento de un millón de personas, incluso más, en equivalentes a campos de concentración.

La supresión de las libertades civiles y de los derechos humanos en China hará particularmente difícil para la administración Biden reconectar con Pekín, ya que él es desde hace mucho tiempo un ardiente defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, lo mismo que la vicepresidenta Kamala Harris y muchos de sus colaboradores cercanos. Les resultará prácticamente imposible negociar con el régimen de Xi sobre cualquier cuestión sin plantear el tema de los derechos humanos; y ello, a su vez, no dejará de suscitar la hostilidad de los dirigentes chinos.

Xi ha recentralizado también el poder económico en manos del Estado, invirtiendo así la tendencia de sus predecesores inmediatos a una mayor liberalización económica. Las empresas de Estado continúan recibiendo la parte del león de los préstamos y otras ventajas financieras del Estado, lo que desfavorece a las empresas privadas. Además, Xi ha intentado obstaculizar a las grandes empresas privadas como el Ant Group, la exitosa empresa de pagos electrónicos fundada por Jack Ma [fundador de Alibaba], el empresario privado más famoso de China.

A la vez que consolidaba su poder económico en el país, el presidente chino ha logrado establecer relaciones económicas y comerciales con otros países. En noviembre, China y catorce naciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur (pero no Estados Unidos), firmaron uno de los mayores pactos de librecambio en el mundo, la Asociación Económica Regional Global (RCEP). Considerada como sucesora de la desgraciada asociación transpacífica de la que se retiró el presidente Trump al poco de comenzar su mandato, la RCEP facilitará el comercio entre países que representan una población de unos 2.200 millones de personas, más que cualquier otro acuerdo precedente de este tipo. Y después está el acuerdo de inversión que acaba de ser concluido entre la Unión Europea y China, otro megaacuerdo que excluye a Estados Unidos, así como la ambiciosa iniciativa china Belt and Road [la Ruta de la Seda], por un total de más de un billón de dólares, que pretende unir más estrechamente a Pekín con las economías de los países de Eurasia y África.

En otras palabras, para la administración Biden será tanto más difícil ejercer un efecto de palanca económica sobre China o permitir a las grandes empresas de Estados Unidos actuar como socios para hacer presión en favor del cambio en este país, como lo hicieron en el pasado.

 Las opciones del presidente Biden

El propio Joe Biden no ha dicho gran cosa sobre lo que tiene pensado respecto a las relaciones americano-chinas, pero lo poco que ha dicho sugiere una gran ambivalencia en cuanto a sus principales prioridades. En su declaración más explícita sobre política exterior, un artículo aparecido en el número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs, habló de “mostrarse duro” con China en materia de comercio y derechos humanos, a la vez que buscar un terreno de entente sobre cuestiones clave como Corea del Norte y el cambio climático.

Aun criticando a la administración Trump por haberse enfrentado a aliados de Estados Unidos como Canadá y potencias de la OTAN, afirmó que “Estados Unidos debe ser duro con China”. Si China hace lo que quiere, continuó, “seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos su tecnología y su propiedad intelectual [y] seguirá utilizando subvenciones para dar a sus empresas de Estado una ventaja competitiva injusta”. El enfoque más eficaz para contestar a este desafío, escribió, “es construir un frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China, incluso aunque intentemos cooperar con Pekín sobre cuestiones en que convergen nuestros intereses, como el cambio climático, la no proliferación [nuclear] y la seguridad sanitaria mundial”.

Esto suena bien, pero es una posición intrínsecamente contradictoria. Si algo temen los dirigentes chinos –y a lo que resistirán con todo el peso de sus poderes– es la formación de un “frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos de China”. Es más o menos lo que la administración Trump ha intentado hacer sin producir ventajas significativas para Estados Unidos. Biden deberá decidir dónde sitúa su principal prioridad. ¿Se trata de poner un freno a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China o de obtener la cooperación de la otra gran potencia del planeta sobre las cuestiones más urgentes y potencialmente devastadoras en el orden del día mundial en este momento: el cambio climático antes de que el planeta se recaliente de forma desesperada; la no proliferación antes de que se pierda el control de las armas nucleares, hipersónicas y otros tipos de armas avanzadas, y la seguridad sanitaria en un mundo golpeado por una pandemia?

Como en tantos otros ámbitos que deberá abordar después del 20 de enero, para progresar en cualquier cuestión, Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológicas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas militares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una guerra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una versión climática de esta en un planeta en delicuescencia.

Por Michael T. Klare, veterano investigador en cuestiones relacionadas con la geopolítica de los recursos

https://alencontre.org/asie/japon/le-casse-tete-des-relations-chine-etats-unis-pour-joe-biden.html

Traducción: Javier Garitazelaia

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Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Es por "incumplimiento" de convenios de la OEA con el país andino

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció este martes que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por "incumplimientos" de convenios de la entidad con la nación andina.

"Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro", afirmó Lima.El titular de la cartera de Justicia detalló que el gobierno se encuentra "evaluando los caminos jurídicos", que "probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos simultáneamente", y que pretenden llegar hasta "las instancias que correspondan".

Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, provocaron una crisis política en Bolivia y la dimisión del expresidente Evo Morales. Según el informe, hubo "irregularidades" en los comicios.A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, "peor aún", el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.

Lima adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como "persistentes acciones de injerencia" en el país y por las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización.

La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez. Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.

Un comunicado de la secretaria general de organismo, cargo que ocupa Almagro, este jueves había criticado la detención de Añez aunque sin nombrar a la expresidenta de facto. " La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno," arranca el texto.

El comunicado también acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. "En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos" lanzó la oficina que ocupa Almagro.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no tardó en responderle a Almagro. "Una vez más, Luis Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos," se pronunció la cancillería boliviana. "El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América."

El texto de la secretaría general de la OEA también recibió una dura respuesta de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Laborde acusó a Almagro de actuar con "descaro" y "pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia", tras "haber propiciado un golpe de Estado con masacres, asesinatos, persecución política y proscripciones".

Según Laborde, "a estas alturas resulta claro que Almagro se presenta como el jefe de la oposición política al gobierno de MAS". El parlamentarioargentino agregó que las recomendaciones que hizo hoy la OEA no muestran "ningún tipo de conocimiento ni de precisión" sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano.

"Lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra un gobierno democrático (por el que preside Luis Arce), buscando el apoyo de algunos países de la región", afirmó Laborde, quien además es diputado del Parlasur, donde ocupa una de las vicepresidencias.

Y luego alertó sobre Almagro: "Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial".

Evo Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. "Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos", manifestó en su cuenta de Twitter. "Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde," tuiteó.

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