Miércoles, 15 Septiembre 2021 05:57

Crónica de una derrota no anunciada

Crónica de una derrota no anunciada

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota electoral en las elecciones primarias, que funcionaron en la práctica como un simulacro de las elecciones de mitad de término que se llevarán adelante el próximo 14 de noviembre, a manos de la centroderecha aglutinada en Juntos por el Cambio.

 

Las elecciones argentinas del 12 de septiembre fueron Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que toda la ciudadanía es convocada a elegir la conformación de las listas de las fuerzas políticas que aspiren a presentar candidaturas para competir en las elecciones generales, en este caso las elecciones legislativas intermedias del 14 de noviembre. Estas, como ya ha mostrado suficientemente la ciencia política local, contribuyen a ordenar y concentrar la oferta electoral habilitando la competencia interna en aquellos espacios que la tengan, así como obligar a todas las fuerzas aspirantes a presentar candidaturas en las elecciones generales a superar el 1,5% del padrón electoral para poder hacerlo. Pero para quienes votan, y para quienes se postulan, es una especie de primera vuelta, por lo que los resultados se leen como los de una elección común y silvestre. Y, en este caso, lo que se puede leer es una tan imprevista como contundente derrota del peronismo en el poder a manos de la centroderecha que tiene al ex-presidente Mauricio Macri como referente y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como presidenciable para 2023.

Si estas hubieran sido las elecciones generales, el bloque opositor de Juntos por el Cambio alcanzaría la primera minoría en la Cámara de Diputados, y el oficialista Frente de Todos (peronismo) perdería la mayoría propia en la Cámara de Senadores. De cara a la próxima presentación del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer frente al Congreso en los próximos días, y a las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos resultados si serían una catástrofe.

Pero son las PASO, y de acá a noviembre -cuando se desarrollará la elección en la que efectivamente quedará conformado el Congreso Nacional que acompañará a la gestión presidencial de los próximos dos años- el gobierno nacional tiene la oportunidad de, si no revertir el resultado, lo cual parece muy difícil, mejorar su performance de modo de aminorar el fuerte golpe recibido. Por lo pronto, los resultados del domingo fueron un baño de agua fría que el oficialismo no esperaba. La oposición de centro derecha ganó la estratégica Provincia de Buenos Aires, territorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que todo el peronismo fue unido, y en la mayoría de las provincias, incluso las de hegemonía peronista. 

El voto económico

La situación económica en la Argentina no mejora. No obstante, el oficialismo se esforzó en mostrar datos que mostraban una recuperación de la economía, que a sus graves problemas de arrastre sumó los efectos de la pandemia.

Con un gobierno nacional que puso su mayor esfuerzo en el avance de la campaña de vacunación en los últimos meses, llegando a vacunar al 40% de la población con las dos dosis, el gobierno fue flexibilizando las medidas de restricción que caracterizaron los primeros 15 meses de pandemia y así la actividad económica en junio demostró un repunte de 2,5% mensual. Sin embargo, hace tiempo que, desde varios sectores, propios y ajenos, se le advertía al oficialismo nacional la necesidad de tomar nota (y actuar en consecuencia) de la no recuperación o incluso empeoramiento de variables económicas que hacen al día a día de la vida de las personas, de la no traducción de esta recuperación de las variables macro en la vida cotidiana de, especialmente, los sectores más bajos de la población. Todo lo cual puede verse en la caída del salario real.

Las tasas de pobreza e indigencia, aun con las políticas de transferencias monetarias de 2020, se mantienen actualmente en torno de 42% y 10,5% respectivamente. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%. En este contexto, el trabajo registrado no logra recuperarse al ritmo de la recuperación de los niveles de actividad, y la presión sobre el salario que ejerce la inflación es cada vez más alta. A su vez, el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad alcanzable no ya para los sectores bajos de la población, sino para la clase media trabajadora. Justo ese, el voto que inclina balanzas para cualquier lado de la «grieta» que divide a la sociedad argentina. Con un mercado inmobiliario valuado en dólares en la Argentina, la falta de acceso al crédito y políticas publicas oficiales insuficientes para satisfacer la demanda habitacional esto se manifiesta hoy con toda crudeza.

Por supuesto, estos no son problemas nuevos; la pandemia puso de relieve problemas estructurales que las recetas coyunturales de ninguno de los últimos gobiernos, ni progresistas ni conservadores, han podido resolver. La demanda por trabajo registrado, salarios suficientes, acceso a la vivienda, y las propuestas claras del cómo, cuánto y para quién, con recursos extraídos de dónde fueron temas que sobrevolaron la campaña con señalamientos desde la oposición y sin que el oficialismo diera respuestas concretas más allá de propuestas de futuro que no satisficieron, a decir de las urnas, las demandas del presente. El avance en las agendas del siglo XXI, vinculadas al acceso a derechos y diseños de políticas para la promoción de industrias que atraen divisas, pero no generan trabajo en el corto plazo ni para grandes porciones de la población, se topó con una Argentina heterogénea que aun arrastra problemas del siglo XX.

Mientras la política de vacunación avanza, la oposición capturó más rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico, aprovechando además electoralmente los errores autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.

Participación, coaliciones y terceras fuerzas

Según datos de la Cámara Nacional Electoral la participación electoral rondaría el 68%, y si bien es cierto que es la participación más baja desde la implementación de las PASO, no es un porcentaje menor en un escenario de pandemia y descontento social. Acá no hay crisis de representación.

A este dato que puede ser leído como positivo, se suma que alrededor del 70% del voto a nivel nacional se concentró en las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario político nacional: Juntos por el Cambio (que incluye, entre otras fuerzas, al macrismo y a la Unión Cívica Radical) y el Frente de Todos (una coalición panperonista). El bicoalicionismo es ya una realidad presente en la Argentina para el votante promedio, las PASO incentivan su supervivencia y esto implica mayores incentivos para los actores políticos para no romper con sus aliados.

Sin embargo, esta lectura seria miope si no se da cuenta de dos fenómenos que, si bien territorializados, llaman la atención en el escenario local. El experimento de la alt-right criolla, personificado en la candidatura de Javier Milei por la fuerza La Libertad Avanza recogió 14% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso libertario de derecha, este excéntrico economista atrajo el voto joven y capturó el descontento de porciones de la población metropolitana vinculado a la presión del Estado sobre la actividad privada, e incluso canalizó las frustraciones de posiciones de los sectores más bajos de la población que interpretan que la ayuda del Estado no compensa la realidad que viven, y logró construir un ethos local que se tradujo en votos. Fue, no obstante, un fenómeno limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, trotskista), prácticamente la única izquierda fuera del Frente de Todos, mejoró sus guarismos electorales. En los dos grandes distritos, Ciudad y provincia de Buenos Aires obtuvo el 6,23% y 5,1% de los votos respectivamente, así como alcanzó a convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Jujuy (en el norte argentino fronterizo con Bolivia) con 23% de los votos.

Para evitar una merma de votos por derecha como en 2019, Juntos por el Cambio abrazó a gran parte de la derecha metropolitana en la candidatura de López Murphy, y otros candidatos con discursos más radicales, que hoy juegan por dentro de la coalición.

Finalmente, el gran ganador del que pocos hablan es el centenario partido al que se ha dado por muerto varias veces, pero sigue ahí resucitando. Los resultados en el nivel local de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio- dan cuenta de que el partido que lideró la transición democrática con Raúl Alfonsín y en estos años giró a lacentroderecha fue, es y seguirá siendo un socio necesario para cualquier coalición que busque disputar poder al pan peronismo nacional. La candidatura del neurólogo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo resultados, especialmente en el interior provincial, que muestran a las claras que, aunque el partido no logre hace ya décadas impulsar un liderazgo nacional aglutinante, si tienen estructuras locales vitales que se muestran útiles a la hora de las elecciones.

Lo que se viene

Restan exactamente dos meses de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El oficialismo nacional no tiene demasiado tiempo ni márgenes para recuperarse de esta derrota. En un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la estabilización de las variables macro se vuelven un imperativo, la posibilidad de mejora de las variables micro vía trasferencias monetarias tiene límites muy estrechos.

Los desafíos son muchos para el gobierno, y con la derrota vuelven a emerger las pujas internas entre «albertistas» y «cristinistas», que se tradujeron en frases públicas de la vicepresidenta sobre los «funcionarios que no funcionan», pujas dentro del espacio oficialista sobre las políticas de seguridad, y sectores del kirchnerismo desanimados con un gobierno al que consideran demasiado «centrista».

Hoy cambiar a las autoridades económicas -que son parte del «albertismo»- se complica ya que se encuentra en proceso la negociación con organismos internacionales de crédito que son claves para la recuperación económica.

Qué puede pasar en los próximos días es tarea de adivinadores, y no de politólogos ni politólogas, que, a las postres, tampoco avizoramos semejante derrota del oficialismo.

Para Juntos por el Cambio, por su parte, el desafío está en retener los votos obtenidos, evitar el crecimiento de una derecha externa que no avizora intenciones de dialogar futuro, y lograr capturar el mayor porcentaje de ese alrededor del 30% del padrón que no se presentó a votar en estas PASO.

Finalmente, para la Argentina, y más allá de los resultados del último domingo y de los del 14 de noviembre, resta poner sobre la mesa una discusión que es esquiva pero necesaria: la estabilización de las variables macro y micro de la economía sin costos sociales mayores a los que actualmente existen llevan mucho más tiempo que los dos años que las reglas actuales imponen entre elección y elección, sometiendo al sistema político nacional a un estrés que se presenta como impedimento para los acuerdos sectoriales de largo plazo necesarios para dar respuesta a los problemas estructurales que la pandemia desnudo con toda su crudeza.

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Nicaragua: Ortega encabeza lista de candidatos presidenciales mientras sus opositores están en la cárcel

Managua. El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua presentó ayer la lista definitiva de candidatos a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, marcadas hasta ahora por la detención de varios de los principales líderes de la oposición, y en las que el presidente, Daniel Ortega, intentará sumar un nuevo periodo, junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La lista está formada por seis fórmulas presidenciales, entre las que no está la que se perfilaba como principal fuerza para desbancar a Ortega del poder, Ciudadanos por la Libertad, después de que la formación fue suspendida hace un mes a petición del también opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) "por violar constantemente la ley electoral".

Las candidaturas deben estar formadas por un hombre y una mujer, como marca la ley. Por el lado oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) vuelve a contar con Ortega, que aspira a su cuarto mandato, y con Murillo, que sería su segundo en caso de que obtuvieran el triunfo.

El resto de los aspirantes son Walter Espinoza y Mayra Argüello por el PLC, Guillermo Osorno y Violeta Martínez por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Marcelo Montiel y Jennyfer Espinoza por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Gerson Gutiérrez y Claudia Romero por la Alianza por la República (APRE) y Mauricio Orúe y Zobeyda Rodríguez por el Partido Liberal Independiente (PLI).

La otra formación que se presenta es el regionalista Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama), que debido a su carácter local sólo presentará candidatos a diputados por las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur, informa La Gaceta, diario oficial del Estado nicaragüense.

Estados Unidos y la Unión Europea han cuestionado la legitimidad de estas elecciones presidenciales y han denunciado la deriva autoritaria del gobierno de Ortega por su persecución a líderes opositores, periodistas y colectivos de la sociedad civil críticos de sus políticas.

Hace unos días, la justicia de Nicaragua envió a juicio a 11 opositores por presuntos delitos de conspiración y decidió mantenerles en prisión. Entre ellos estaban algunos que se presentarían a las elecciones, como Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, el ex viceministro de Exteriores José Bernard Pallais y los antiguos guerrilleros sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez.

Unos 4.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el 7 de noviembre, cuando además de la fórmula presidencial están en juego los 92 escaños de la Asamblea Nacional y otros 20 del Parlamento Centroamericano.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos informó que sus ciudadanos han sido objeto de "acoso y agresión" por "personas enmascaradas" en Nicaragua y recomendó a los estadunidenses no viajar a la nación centroamericana.

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Sergio Ramírez a Ortega: “Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras si saña, su odio y sus caprichos”

El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado señaló el miércoles al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de haberlo acusado “a través de su propia Fiscalía”, de supuestamente “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

“Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, dijo el también premio Cervantes 2017, a través de una declaración enviada a los medios.

Ramírez Mercado, de 79 años, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, también fue acusado de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía.

El también ganador del Premio Alfaguara de Novela en 1998 e Iberoamericano de Letras “José Donoso” en 2011 recordó que “no es la primera vez que ocurre” en su vida una acusación en su contra.

“En el año de 1977, la familia Somoza (que gobernaron Nicaragua de 1939 a 1979) , cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta”, anotó.

“Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos. Son los mismos delirios y el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás”, valoró.

Ante el posible allanamiento de su vivienda, Ramírez Mercado dijo que “lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida”.

9 septiembre 2021

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La justicia nicaragüense giró ayer una orden de aprehensión contra el novelista Sergio Ramírez (en imagen de archivo), a quien acusa de "conspiración, incitar al odio y lavado de dinero". Los cargos contra el también articulista de La Jornada son los mismos que la Fiscalía atribuye a 34 opositores y críticos del presidente Daniel Ortega, todos detenidos entre junio y agosto.Foto Erik Muñiz

La Fiscalía de Nicaragua acusó ayer y pidió detener al escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez, por actos que "incitan al odio", "conspirar" contra la soberanía, y "lavado de dinero", similares a los que se han imputado a decenas de opositores al presidente Daniel Ortega, quien busca la relección en los comicios de noviembre.

El también Premio Cervantes 2007, quien se encuentra en el exilio, replicó en un video publicado en Twitter: "no es la primera vez que ocurre en mi vida. En 1977, la familia Somoza me acusó por medio de su propia Fiscalía, y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir, atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra", informó Confidencial en su página de Internet.

"Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos. Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder, y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos, y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás", señaló el escritor, cuya última novela, Tongolele no sabía bailar, está inspirada en las protestas de 2018 y la represión del gobierno nicaragënse, y será presentada por el autor la próxima semana en Madrid, añadió Confidecial.

La fiscalía acusa al también colaborador de La Jornada de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", y de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado bienes y activos.

La acusación, petición de captura y allanamiento de morada fueron presentadas antier contra Ramírez, quien según la Fiscalía recibió dinero de la Fundación Luisa Mercado con el objetivo de "desestabilizar" al país.

Ramírez, de 78 años, fue miembro de la junta de gobierno que asumió el poder tras el triunfo de la revolución de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990).

En 1995 renunció por discrepancias con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

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Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria establecen dos acuerdos

El gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, que agrupa a la oposición de ese país, llegaron a dos acuerdos parciales, luego de concluir una nueva ronda de negociaciones en México.

Jorge Rodríguez Gómez, jefe de la delegación gubernamental, dio a conocer que el primer acuerdo es la coincidencia en ratificar y defender la soberanía de Venezuela sobre la Guyana de Esequiba, un territorio en disputa con Guyana.

Explicó que ambas partes reivindicaron la exigencia de que se reconozca a los Acuerdos de Ginebra de 1966 como el único instrumento internacional para resolver este conflicto y el rechazo a las pretensiones de Guyana de llevar el tema a otras instancias.

Recuperación de activos y dinero en el extranjero

El segundo acuerdo es en torno a la protección de la economía de Venezuela y el bienestar social de su pueblo que, explicó, tiene que ver fundamentalmente con la recuperación de los activos y el dinero que se encuentra depositado en diversos sitios del extranjero y que les fue asegurado por Estados Unidos y otros gobiernos, como parte de las represalias económicas en contra de la administración de Nicolás Maduro.

Afirmó que estos recursos se destinarán principalmente para la atención del Covid-19, la adquisición de más vacunas, de las cuales dijo, ya tienen suficientes para inocular a 70 por ciento de la población, dotar de materiales y equipos a los hospitales y fortalecer los programas de prevención para la salud.

Rodríguez Gómez agradeció el acompañamiento de los gobiernos de Noruega, Países Bajos y la Federación Rusa, que indicó, pusieron todas las condiciones y facilidades para poder avanzar en el diálogo.

También dio gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber permitido que nuestro país fuera la sede de este diálogo.

Por su parte, Gerardo Blyde, quien encabeza la delegación opositora, afirmó que la defensa del territorio venezolano une a todos los venezolanos, pero manifestó que no hay que "alimentar falsas expectativas, las cosas irán poco a poco. Necesitamos ir a nuestro país para realizar todas las consultas necesarias y avanzar en el proceso."

Hizo un llamado a sus compatriotas para que se involucren en estas negociaciones y confíen en sus acuerdos: "necesitamos decirles a los venezolanos: siéntanse parte de este proceso. Solos no vamos a poder lograrlo, necesitamos la integración de todos los venezolanos."

Gobierno y oposición de Venezuela volverán a reunirse entre el 24 y 27 de septiembre próximos.

Los temas para ese encuentro serán el sistema de justicia y la discusión sobre los fondos en el extranjero y el Fondo Monetario Internacional.

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Los residentes locales celebran el levantamiento del grupo de fuerzas especiales, Conakri (Guinea), el 5 de septiembre de 2021.Souleymane Camara / Reuters

Las fuerzas especiales de Guinea anunciaron este domingo en un mensaje a la nación la disolución del Gobierno, la suspensión de la Constitución y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas tras derrocar al presidente del país, Alpha Condé, informa Reuters.

"Hemos disuelto el Gobierno y las instituciones", anunció Mamady Doumbouya, jefe de unidad del ejército de élite, en la televisión estatal. "Vamos a reescribir la Constitución juntos", aseveró.

Los militares ordenaron a los ministros del Gobierno que asistan a una reunión, convocada para este lunes. Los oficiales advirtieron que cualquier persona que no comparezca será considerada rebelde, recoge BBC.

Asimismo, se informa que el presidente del país se encuentra sano y salvo. Horas antes, en las redes sociales se ha difundido un video que muestra al mandatario guineano rodeado por militares, presuntamente en el momento de su arresto.

Anteriormente, aproximadamente a las 8:00 (hora local) del domingo, se reportó un tiroteo que involucró a las fuerzas especiales del país en los alrededores del palacio presidencial de la capital de Guinea, Conakri.

Posibles causas de la crisis 

Alpha Condé ganó las elecciones presidenciales de Guinea en el 2010 y cinco años después fue reelegido para un segundo mandato. Con el objetivo de poder postular su candidatura por tercera vez consecutiva, en marzo del 2020 el mandatario organizó un referéndum, que lo habilitó a realizar cambios correspondientes a la Constitución. Sin embargo, la oposición acusó al Gobierno de falsificar los resultados de la consulta y protagonizó multitudinarias protestas en el país.

Cabe resaltar también que en las últimas semanas el gobierno de Condé aumentó drásticamente los impuestos para reponer las arcas del Estado y elevó el precio del combustible en un 20%, lo que provocó malestar generalizado entre los ciudadanos.

Publicado: 5 sep 2021 20:20 GMT

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Sábado, 04 Septiembre 2021 05:03

Retomaron en México el diálogo por Venezuela

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno, llega a México para retomar el diálogo.. Imagen: Twitter

Arrancó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición

La liberación de presos políticos y el anuncio de la participación opositora en las elecciones regionales de noviembre generaron expectativas en las delegaciones. 

 

Gobierno y oposición venezolanos buscaban avanzar el viernes a la noche en México en un acuerdo que permita levantar las sanciones al país de parte de Estados Unidos y la Unión Europea y garantizar elecciones libres y transparentes, según las pretensiones de una y otra parte, en la continuidad del diálogo iniciado a mediados de agosto y que ya permitió la firma de un entendimiento primario. Las conversaciones se extenderán hasta el lunes, y, al igual que en los encuentros anteriores, serán a puertas cerradas y sin prensa.

La novedad de estas conversaciones es que se dan apenas días después de que casi todo el arco opositor anunciara su participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, bajo el reflotado sello de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), después de dos comicios boicoteados por considerar que no existían condiciones aceptables. Con la mediación de Noruega y el país anfitrión como facilitador, las dos delegaciones tienen objetivos muy puntuales.

El Gobierno quiere que se levanten las sanciones internacionales, que le cortaron al Poder Ejecutivo las chances de financiamiento y que hacen que, por ejemplo, el país tenga oro retenido en Londres."Venimos con profundas expectativas. Hemos recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de que hagamos un énfasis en devolver las garantías económicas que le han sido robadas al pueblo venezolano", dijo el jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, en declaraciones a la televisora estatal VTV. "Es muy auspicioso que, en estos momentos, hayan decidido participar en elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre y ojalá se mantenga esa posición. Es tranquilizador para los venezolanos que quienes promovieron la violencia, invasiones y acciones contra la tranquilidad de las personas, ahora regresen a lo que la Constitución establece como derechos para todos", comentó.

La oposición busca un cronograma electoral claro y garantías de limpieza en el proceso. El líder opositor a quien Estados Unidos y parte de la región reconocen como presidente interino, Juan Guaidó, explicó que la meta deldiálogo es lograr  “un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías", según expresó en un video difundido en sus redes sociales. "Hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela” y por eso la presencia de sus representantes en México, “luchando para lograr esas condiciones," señaló.

 Washington, Ottawa y Bruselas se mostraron abiertos a revisar su política de sanciones si Maduro facilita "avances significativos" en el diálogo. A través de su vocero Ned Price, el Departamento de Estado estadouniense saludó en un mensaje en Twitter el inicio de las negociaciones y manifestó su deseo de que se "restaure la democracia" de manera pacífica en Venezuela. "Esperamos que este proceso siente las bases para la salida democrática que merecen los venezolanos", subrayó Price. Ese concepto debe traducirse como derechos políticos, garantías electorales, libertad de movimientos para la oposición y un cronograma para elecciones observables.

Según el diario colombiano El Tiempo, A diferencia del primer encuentro, donde las tensiones se dieron por el reconocimiento de las partes y la aceptación de algunos actores como Carlos Vecchio, representante de Guaidó en EE. UU., en esta oportunidad la confrontación podría ser más compleja por la petición de presidenciales a cambio del levantamiento de sanciones. “Sanciones levantadas o nada”, dijo Maduro el 17 de agosto.

El opositor Freddy Guevara habría sido excarcelado por el régimen de Maduro con la condición de participar en este diálogo y sustituir a Vecchio. Guevara no lo ha confirmado, pero ha mostrado disposición para participar e incluso pidió dejar a un lado la “soberbia” entre ambas partes para llegar a un “acuerdo” que permita la convivencia en el país. Con la disputa sobre la presencia de Vecchio, nexo entre Estados Unidos y Guaidó, queda en evidencia la negativa de la delegación de Maduro a que cualquier actor que participe en el Gobierno interino esté en el diálogo. Por esa razón se dio la renuncia de Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, como representante del interinato en Colombia.

El proceso de diálogo sigue a las fallidas conversaciones de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018. Esta segunda fase ocurre tras las primeras conversaciones del 13 al 15 de agosto en México, donde ambos sectores firmaron un memorando de entendimiento para definir una agenda en común.

04/09/2021

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Marianela Anzola lee el comunicado anunciando que la oposición participará en las elecciones.. Imagen: Twitter

La llamada Plataforma Unitaria rompe tres años de boicot y llamados a la abstención

Las agrupaciones políticas señalaron sin embargo que las elecciones no serán "justas ni convencionales" ya que hay "obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo".

 

La oposición de Venezuela anunció su participación en unidad en las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas para el 21 de noviembre, rompiendo tres años de boicot y llamados a la abstención por falta de condiciones. Así lo informaron desde la llamada Plataforma Unitaria en una conferencia de prensa este martes, aunque advirtieron que los comicios "no serán elecciones justas ni convencionales". 

El anuncio se produce en momentos en los que el gobierno de Maduro y la oposición participan en México de un proceso de negociación que incluye, entre otros puntos, la elaboración de un cronograma electoral y el levantamiento de las sanciones internacionales. La oposición viene de abstenerse de participar en las elecciones de 2018, cuando se reeligió al presidente Nicolás Maduro, y en los comicios legislativos de 2020, cuando perdieron el Parlamento, único poder que controlaban. En ambos casos tacharon las votaciones de fraudulentas.

"Un extenso y difícil proceso de deliberación"

"Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021 con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)", señala el comunicado de la Plataforma Unitaria leído por Marianela Anzola, militante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). Anzola estuvo acompañada por varias figuras opositoras como Henry Ramos Allup, líder del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), o Tomás Guanipa, de Primero Justicia (PJ), organización de la que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

La plataforma opositora tomó la decisión de presentarse a los comicios de noviembre "después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales". "Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad", aseguraron.

Las agrupaciones políticas explicaron que las elecciones no serán "justas ni convencionales" ya que hay "obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo" venezolano. "Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres", destacaron.

Por ese motivo consideran que es una oportunidad para organizarse "al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela". La decisión de acudir a las urnas "complementa los esfuerzos que se adelantan en México", donde el gobierno y la oposición empezaron a dialogar "y apuntan a una solución pacífica y negociada", destacó la alianza opositora.

El regreso de la Mesa de la Unidad Democrática

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela habilitó el pasado 29 de junio a la MUD, la mayor coalición conformada por la oposición que estaba inhabilitada desde el año 2018. La MUD nació en 2008 como un alianza que aglutinaba una treintena de organizaciones. 

En 2012 la coalición se inscribió como partido para presentarse a las legislativas de 2015, en las que el chavismo perdió el Congreso por primera vez en 15 años. Reúne a los partidos tradicionales como AD o PJ, así como a Voluntad Popular (VP) del opositor Leopoldo López y en el que militó durante casi toda su carrera Juan Guaidó.

Varios partidos de la oposición habían expresado ya su deseo de participar en las elecciones regionales, que serán organizadas por un CNE con representantes de la oposición y el gobierno designados en una negociación interna. Capriles mostró su respaldo a acudir a las urnas el próximo 21 de noviembre pero Guaidó, que insiste en que no hay condiciones para unas elecciones, no ha dicho todavía si va a participar.

El secretario general de AD, Henry Ramos Allup, indicó este martes que la lista de candidatos está "bastante adelantada". Allup se encargó de remarcar que el anuncio era de la plataforma política y no del "gobierno interino" liderado por Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela precisamente tras desconocer la reelección de Maduro en 2018.

El diálogo en México

Allup señaló además que la decisión de acudir a las urnas tiene el "visto bueno" de Estados Unidos y la Unión Europea en medio del interés por llegar a una solución de la crisis política en Venezuela. Esta novedad de la oposición ocurre en medio del diálogo instalado en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Guaidó.

En el memorándum que firmaron el pasado 13 de agosto, ambas delegaciones mostraron su disposición a "acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías y entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones internacionales", en referencia a las medidas punitivas de Estados Unidos que incluyen un embargo petrolero, a las que se han sumado Canadá y la Unión Europea.

Las partes también rechazaron "cualquier forma de violencia política" contra el país" y la "estabilización de la economía", que se ha reducido un 80 por ciento desde 2014, forzando la migración de unas cinco millones de personas. El diálogo en México, tutelado por Noruega, se produce tras un último fracaso en las negociaciones que se llevaron a cabo en Barbados en 2019.

31/08/2021

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Sábado, 28 Agosto 2021 06:32

Chavismo y oposición realineados

Chavismo y oposición realineados

El memorando de entendimiento venezolano en México

La firma del acuerdo de entendimiento entre el gobierno y la oposición venezolana ocurrida en México el fin de semana pasado puede ser definida, sobre todo, como una capitulación del ensayo de interinato de Juan Guaidó, ejercido desde 2019 y que contó con el apoyo de 50 países. Con ella, estas naciones, y no solo la oposición venezolana, se desdicen de lo que terminó siendo un acto simbólico que ni se acercó al cumplimiento de su objetivo: derrocar al presidente Nicolás Maduro. Todo lo contrario.

A más de dos años de la insurrección de Guaidó, el gobierno venezolano está mucho más sólido en su control del país, mientras que la oposición aparece mucho más débil, atomizada y, ahora, después de la salida del Partido Republicano del gobierno de Washington, casi huérfana: quien impulsa la firma para este tácito reconocimiento del gobierno de Maduro, después de más de dos años de desconocimiento, no es Guaidó, sino Estados Unidos. Sin la venia de la Casa Blanca, este acuerdo de entendimiento habría sido saboteado por la oposición. Mientras en Afganistán la potencia del norte se retira tempestuosamente, en Venezuela podría hablarse de una retirada más ordenada.

NUEVO ESCENARIO GEOPOLÍTICO

Hay un nuevo marco geopolítico. Estados Unidos claudica su ensayo de interinato, aupando un acuerdo que reconoce la presidencia de Maduro. La Unión Europea, ahora bajo la dirección internacional de Josep Borrell, ha moderado su discurso hacia Caracas, que con la encargada anterior de asuntos internacionales, Federica Mogherini, llegó a ser salvaje en su posicionamiento contrario al presidente venezolano.

El grupo de Lima de 16 países americanos, que gastó ingentes recursos y tiempo durante dos años intentando cercar a Venezuela, sencillamente ya no existe. Perú y Argentina, entre otros, han cambiado de manera diametral su enfoque hacia el país caribeño y han terminado de enterrar cualquier intento de intervención. Los gobiernos de Brasil y Chile, en tanto, se desplazan hacia la neutralidad del silencio. Y el de Colombia queda casi solo, jugando en posición adelantada.

En cambio, el gobierno de México, con la firma del acuerdo en su patio y su mediación, da un paso importante en su posicionamiento continental y pasa ahora a tener peso en la narrativa diplomática internacional sobre Venezuela. Con mano zurda, Andrés Manuel López Obrador logra comenzar un proceso de negociación que lo catapulta hacia el liderazgo regional.

LA OPOSICIÓN CAMBIA DE SIGNO

Pero el realineamiento no es solo geopolítico. Ocurre también en la política nacional venezolana y especialmente en su oposición. Los sectores moderados serán los que tengan ahora la pelota. Este sector, que había mostrado su rechazo a las sanciones y a la vía violenta que convocó al golpe de Estado e invasiones militares, se encuentra, no obstante, disminuido en medio del descrédito político frente a una parte de la población y es blanco de acusaciones de entreguismo y traición de parte de los medios que poseen los actores radicales, provenientes de las clases más pudientes del país.

De ahora en adelante, todo el esfuerzo de la oposición moderada liderada por Henrique Capriles –quien ya había logrado acuerdos anteriores con el gobierno– se basará en volver a convocar la participación electoral. Su gran debilidad será quizás no poder explicarles a sus electores para qué sirvió el llamado a la abstención de las presidenciales de 2018, que le permitió a Maduro quedarse con el gobierno todo este tiempo. De todas maneras, este sector tiene ahora más espacio para desarrollar su estrategia electoral, que, según los plazos constitucionales, deberá esperar hasta 2024 para las siguientes presidenciales.

El mayor golpe lo recibe la oposición radical representada por el partido de Guaidó, Voluntad Popular, un pequeño partido al que le tocó ejecutar una insurrección para la que dependía del padrinazgo estadounidense, y que ahora queda colgado de la brocha. El acuerdo, sin embargo, permite la permanencia de esta oposición en el país. La mejor muestra de ello es su primer resultado: la excarcelación de un importante líder de Voluntad Popular, Freddy Guevara, segundo de Guaidó y que fuera detenido hace más de un mes.

EFECTOS EN EL CHAVISMO

Deben tenerse presentes las modificaciones que ocurren en la interna del chavismo tras la firma de este acuerdo en México con la oposición. El oficialismo, al igual que la oposición radical, se acostumbró en los últimos años a hacer política en un terreno extraelectoral y de amenazas. Ahora, deberá planificar un escenario electoral de cara a 2024 en medio de una merma importante de su intención de voto y de mayores probabilidades de debilitamiento de la que hasta ahora era su gran aliada en la práctica: la abstención opositora.

Si antes la oposición llamaba en bloque a abstenerse, ahora es esperable que haga lo contrario y llame a sus seguidores a participar de los comicios, lo que hace recordar el último resultado electoral en que la oposición entera y el chavismo se midieron: las legislativas de 2015, en las que la oposición arrasó.

Ahora el chavismo tendrá dos preocupaciones. Por un lado, deberá prepararse para un probable escenario de alta participación electoral y, por el otro, confrontar un álgido debate interno. Sus sectores radicales quedarán resentidos con un acuerdo firmado con una oposición que ha jurado hacer tabla rasa con los seguidores de Maduro.

Los sectores radicales de ambos bandos se han acostumbrado a tratar al adversario político como un enemigo bélico. La relación tóxica que hasta ahora mantenían es justo lo que el memorando puede erosionar, dando paso a nuevos actores, nuevas narrativas y nuevos métodos. Todos los actos que se orienten al cumplimiento de los acuerdos serán vistos por los sectores radicales del chavismo como concesión y entrega, y esto puede debilitar a quienes se mantienen en el poder.

Bajo este nuevo escenario, la oposición y el chavismo tendrán que cambiar su lenguaje, variar sus maneras de acercarse al electorado y mejorar las relaciones con sus militantes. Todo un esfuerzo político para una contienda política que durará al menos dos años y que nadie sabe cómo terminará.

Por Ociel Alí López
27 agosto, 2021

*  Ociel Alí López es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela

Publicado enInternacional
Viernes, 27 Agosto 2021 06:25

Instituciones depredadoras

Instituciones depredadoras

Aunque estamos habituados al papel devastador de los aparatos armados, legales e ilegales, contra los pueblos y sectores sociales, suele pasar desapercibido el carácter depredador de las instituciones estatales y de las organizaciones de arriba. En no pocas ocasiones, éstas desarticulan a las comunidades en resistencia de modo aún más duradero que la represión violenta.

Algo de esto sucede en el Chile de la revuelta y ahora de la Convención Constituyente. "Aún tenemos izquierda, ciudadanos", titula su último artículo Manuel Cabieses, veterano luchador y periodista, director de la publicación Punto Final hasta su cierre en 2018 y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Con dolor y rabia alude a la "dispersión del pueblo" y la "desorientación ideológica", ya que sectores importantes de quienes lucharon en la revuelta lanzada en octubre de 2019, fueron subordinados "a la cultura excluyente de la oligarquía" (https://bit.ly/3j7jbrG

Destaca que los dos principales candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, por la derecha, y Gabriel Boric, p).or la izquierda, "son dos caras de la misma moneda", ya que ambos reciben la bendición de la Bolsa de Comercio "en demostración elocuente de confianza del capital financiero en el resultado de las próximas elecciones".

La Lista del Pueblo, que había conseguido 27 asientos en la Constituyente de los 155 en juego, siendo la agrupación que encarnaba a los movimientos nacidos en la revuelta, perdió un tercio de los constituyentes por las disputas internas de poder, maniobras y acuerdos secretos que resultan ser copia y calco de la vieja cultura política.

Una de las renunciantes, la constituyente Claudia Pérez, se alejó de la Lista de Pueblo "debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes" (https://bit.ly/3kc4vGW). Se refiere a la denuncia del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de casos de corrupción comprobada en los gastos de campaña que llevaron a la expulsión de varios activistas (https://bit.ly/3808DUP).

Medios de izquierda e independientes, como El Clarín y El Ciudadano, están intentando analizar y comprender las razones de la crisis en esta agrupación que aparecía como la vocera natural de los movimientos populares.

Uno de ellos considera que el torrente inicial de la Constituyente se ha ido aquietando hasta convertirse en "un calmado cauce constitucional", en medio del cual aparecen "las maniobras y acuerdos políticos tras bambalinas entre los distintos grupos de convencionales" (https://bit.ly/3j77h0K).

La conclusión del periodista Guillermo Correa es que la energía de este sector se comenzó a volcar hacia las elecciones de noviembre, "en la idea de poder conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios".

En efecto, el potente movimiento popular chileno se enfrascó primero en la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo a las urnas el 15 y 16 de mayo, pero de inmediato sus energías se volcaron hacia las presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, que se superponen a la elaboración de una nueva Constitución.

En este proceso, que pretende trasladar la potencia de la calle a las instituciones estatales, se fueron dejando jirones de principios y de rebeldías, que terminaron por desfigurar y debilitar a las organizaciones de base. Peor aún, participando en las instituciones la vieja cultura política se renueva y vigoriza, encarnando en jóvenes y militantes de los sectores populares.

Es necesario aprender de los procesos en curso, ya que se repiten de país en país con notable precisión. El levantamiento de octubre en Ecuador fue tragado por la disputa electoral, situación que puede repetirse en Colombia con las elecciones de 2022, con el agravante de que fue la más profunda y dilatada revuelta de las varias que sacudieron el continente en los últimos años.

Un primer aprendizaje dice que no es posible participar en las instituciones estatales sin practicar la cultura política tradicional. Es profundamente equivocado pensar que, desde esos espacios, se pueda hacer algo diferente a lo ya establecido. Una y otra vez observamos que las mejores voluntades se estrellan en los muros institucionales.

El segundo aprendizaje es que el mayor error consiste en dispersar las organizaciones de base, que son las que generan los grandes eventos y las que pueden darle continuidad a los movimientos. Sin ellas quedan prisioneros de las dinámicas institucionales que los neutralizan.

En algún momento debemos asumir que es preferible crear lo nuevo, que dedicarnos a reformar lo existente. Que no es posible descolonizar el Estado, ni despatriarcalizar el patriarcado; ni democratizar las fuerzas armadas y el Poder Judicial, núcleos duros de las opresiones. Es lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas.

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