¿Estados Unidos está experimentando una huelga general no oficial?

Presentamos la última editorial de Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, es profesor de políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley y autor de varios libros, además es columnista en el diario británico, The Guardian. Reich no es un izquierdista pero su análisis sobre las huelgas en EE. UU. puede ser de interés a nuestros lectores.

 

En todo el país, la gente se niega a regresar a trabajos de bajos salarios agotadores o abrumadores.


El informe de empleo del viernes pasado del Departamento de Trabajo de EE. UU. provocó una avalancha de titulares sombríos. El New York Times enfatizó el crecimiento de empleos es "débil" y se preocupó de que "los desafíos de contratación que han acosado a los empleadores durante todo el año no se resolverán rápidamente" y "el aumento de los salarios podría aumentar las preocupaciones sobre la inflación". Para CNN, fue "otra decepción". Para Bloomberg, el “informe de empleos de septiembre pierde mucho por segundo mes consecutivo”.

Los medios de comunicación no informaron la gran historia, que en realidad es muy buena: los trabajadores estadounidenses ahora están mostrando sus músculos por primera vez en décadas.

Se podría decir que los trabajadores han declarado una huelga general nacional hasta que obtengan mejores salarios y mejores condiciones laborales.

Nadie lo llama huelga general. Pero a su manera desorganizada, está relacionado con las huelgas organizadas que estallan en todo el país: equipos de cine y televisión de Hollywood, trabajadores de John Deere, mineros de carbón de Alabama, trabajadores de Nabisco, trabajadores de Kellogg, enfermeras en California, trabajadores de la salud en Buffalo.

Los trabajadores estadounidenses, desorganizados u organizados, ahora tienen poder de negociación para hacerlo mejor. Después de un año y medio de pandemia, los consumidores tienen una demanda reprimida de todo tipo de bienes y servicios.

Pero a los empleadores les resulta difícil cubrir puestos.

El informe de empleos del viernes pasado mostró que el número de puestos vacantes alcanzó un nivel récord. La proporción de personas que trabajan o buscan trabajo activamente (la tasa de participación en la fuerza laboral) se ha reducido al 61,6%. También ha disminuido la participación de las personas en sus mejores años laborales, definidos como de 25 a 54 años.

Durante el año pasado, las ofertas de trabajo aumentaron un 62%. Sin embargo, la contratación general ha disminuido.

¿Lo que da?

Otra pista: los estadounidenses también están renunciando a sus trabajos a la tasa más alta registrada. El Departamento de Trabajo informó el martes que unos 4,3 millones de personas renunciaron a sus trabajos en agosto. Eso equivale aproximadamente al 2,9% de la población activa, frente al récord anterior establecido en abril , de alrededor de 4 millones de personas que dejaron de fumar.

En total, alrededor de 4 millones de trabajadores estadounidenses han dejado sus trabajos todos los meses desde la primavera.

Estos números no tienen nada que ver con el fantasma republicano de los beneficios de desempleo adicionales que supuestamente desaniman a la gente a trabajar. Recordatorio: los beneficios adicionales se agotaron el Día del Trabajo.

Los temores renovados de la variante Delta de Covid pueden jugar algún papel. Pero no puede ser el factor más importante. Con la mayoría de los adultos ahora vacunados, las tasas de hospitalizaciones y muertes han disminuido.

Mi opinión: los trabajadores son reacios a regresar o permanecer en sus trabajos anteriores principalmente porque están agotados.

Algunos se han jubilado antes de tiempo. Otros han encontrado formas de llegar a fin de mes además de permanecer en trabajos que aborrecen. Muchos simplemente no quieren volver a trabajos de mierda de bajos salarios, agotadores o abrumadores.

Los medios de comunicación y la mayoría de los economistas miden el éxito de la economía por la cantidad de puestos de trabajo que crea, ignorando la calidad de esos puestos de trabajo. Eso es un gran descuido.

Hace años, cuando era secretario de trabajo, seguía conociendo a trabajadores de todo el país que tenían trabajo de tiempo completo pero que se quejaban de que sus trabajos pagaban muy poco y tenían pocos beneficios, o eran inseguros o requerían horas largas o impredecibles. Muchos dijeron que sus empleadores los trataban mal, los acosaban y no los respetaban.

Desde entonces, estas quejas solo se han vuelto más fuertes, según las encuestas . Para muchos, la pandemia fue el colmo. Los trabajadores están hartos, aniquilados, agotados y agotados. A raíz de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado, no lo van a soportar más.

Para atraer a los trabajadores, los empleadores están aumentando los salarios y ofreciendo otros incentivos. Las ganancias promedio aumentaron 19 centavos la hora en septiembre y han subido más de $ 1 la hora, o 4.6%, durante el último año.

Claramente, eso no es suficiente.

Corporate America quiere enmarcar esto como una "escasez de mano de obra". Incorrecto. Lo que realmente está sucediendo se describe con mayor precisión como una escasez de salario digno, una escasez de pago por condiciones de vida peligrosas, una escasez de cuidado de niños, una escasez de licencias por enfermedad pagadas y una escasez de atención médica.

A menos que se rectifique esta escasez, muchos estadounidenses no volverán a trabajar pronto. Por eso digo que ya está sucediendo.

Miércoles 13 de octubre

El artículo original en inglés se publicó en The Guardian.

Para profundizar

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Dos semanas de huelga salvaje de los carpinteros de Seattle

Un verano de protestas en la industria de la alimentación de Estados Unidos

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Qué medidas han venido aplicando frente a la crisis del coronavirus

¿Cómo responden los países al colapso económico?

El parate económico derivado de las restricciones sanitarias representan un gran desafío para los gobiernos, que lanzaron masivamente planes estímulo.

 

Los países industrializados, con Europa y Estados Unidos a la cabeza, anunciaron en las últimas semanas enormes paquetes de estímulo para evitar el colapso de sus economías. Según un proyecto de la OCDE que actualiza en tiempo real las medidas sanitarias y económicas, los 46 países más importantes en términos de riqueza (que forman parte de la OCDE y/o del G-20) adoptaron medidas de “distanciamiento social” y todos ellos comenzaron a implementar fuertes medidas económicas paliativas.

Una de las particularidades de la crisis económica que se está desatando a partir de la pandemia del coronavirus es que se trata de una situación autoinflingida, ya que es resultado de las medidas de restricción sanitaria adoptadas por los propios gobiernos. Es decir, no se trata de un shock exógeno, como puede ser un terremoto, ni del estallido de los desequilibrios internos del sistema, al estilo crisis de las hipotecas subprime, sino que es el producto de la decisión soberana de los países, de proteger antes que nada la vida de su población y evitar el colapso de los sistemas de salud.

El gobierno argentino anunció el aumento de la asignación universal por hijo y jubilaciones, transferencias directas a monotributistas, congelamiento de cuotas, alquileres y precios, reducción de cargas patronales en sectores especialmente afectados, créditos para recomponer capital de trabajo y Repro para que el Estado afronte el pago de salarios en empresas en crisis, entre otras medidas. Las políticas adoptadas por otros países tienen varios puntos en común: apoyo monetario directo a no asalariados, diferimiento en el pago de impuestos, apoyo crediticio a pymes y en el pago de sueldos para las empresas más afectadas. A continuación, algunos ejemplos:

España

El gobierno español anunció un paquete económico de 200 mil millones de euros, el mayor en la historia democrática del país, equivalente a un 20 por ciento del PIB. “El Estado va a asumir el choque económico”, dijo el presidente, Pedro Sánchez. La mayor parte de ese dinero estará disponible para que las empresas no se queden sin liquidez y puedan continuar pagando los sueldos. Se suspende por seis meses el pago de impuestos para las pymes y para empleados autónomos así como la devolución de los créditos otorgados por el gobierno. También hay prórroga automática de los seguros de desempleo y se prohibieron los despidos.

Italia

Enfrenta la situación sanitaria más dramática. Redujo en 100 euros impuestos para trabajadores que reorganizaran su actividad desde el hogar y para aquellos que no pueden trabajar, el Estado se hace cargo del salario. Se aplicó una suma de 600 euros para la mayoría de los empleados autónomos, artistas y 100 euros para trabajadores asalariados de bajos ingresos. Se suspendieron las condicionalidades para acceder a un ingreso básico estatal y se aplicaron 700 millones de euros para apoyar a las aerolíneas y flexibilidad en el cobro de impuestos para las pymes. Los despidos se suspendieron por dos meses, así como también el pago de hipotecas.

Alemania

El gobierno de la mayor economía europea aprobó un paquete de 122 mil millones de euros. El ministro de Economía alemán, Olaf Scholz, describió el plan como una “gran bazooka” para evitar el colapso de la economía. Los trabajadores autónomos y las pymes de hasta 10 empleados tendrán a disposición un fondo de 50 mil millones de euros para solventar la actividad. La ayuda será de 9 mil a 15 mil euros por tres meses. También hay flexibilización en el pago de impuestos y alquileres. Pero complementariamente hay un fondo de 600 mil millones de euros para asegurar que las grandes empresas exportadoras alemanas no debiliten su posición patrimonial. Alemania está enfrentada con España e Italia porque no quiere que el Banco Central Europeo emita “eurobonos” de salvataje para las economías de región.

Estados Unidos

Republicanos y demócratas acordaron lanzar un paquete económico de 2 billones de dólares, “el más grande en la historia de los Estados Unidos”, según el New York Times. 367 mil millones de dólares se destinarán a que las pymes puedan seguir pagando salarios, mientras que 500 mil millones de dólares serán préstamos garantizados y subvencionados para fondear a empresas grandes. Además, hay fuertes transferencias directas de dinero a los hogares. Las personas recibirán 1200 dólares junto a otros 500 dólares por hijo o hija. El beneficio opera para salarios anuales que están por debajo de los 75 mil dólares. Aumenta el seguro de desempleo en 600 dólares por semana por hasta cuatro meses. Las aerolíneas van a recibir 25 mil millones de dólares en garantías y los hospitales, 117 mil millones, entre otras medidas.

Brasil

A pesar del juego mediático del presidente, Jair Bolsonaro, para encender la chispa de su electorado, al minimizar la magnitud de la pandemia, el gobierno de Brasil anunció medidas para reducir la crisis económica. Se definió la entrega de un bono por el equivalente a 120 dólares a los trabajadores informales y desempleados que no reciban recursos de otros programas. Las empresas pueden pagar la mitad de los sueldos, aunque sin compensación para los trabajadores formales afectados. Flexibilización en el pago de impuestos para las pymes. Se abrió también una línea de crédito de emergencia de unos 8 mil millones de dólares para que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar sueldos durante los próximos dos meses.

Colombia

Se estableció el pago de un beneficio extra para los programas sociales existentes Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, la entrega de una canasta de comida para los hogares más vulnerables y libre acceso al servicio de agua a pesar de deudas impagas. Se refinancian deudas e hipotecas y se pospone el pago del IVA y otros impuestos para el sector turístico y aviación.

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Lunes, 09 Septiembre 2019 06:23

¿Más allá de la ganancia?

¿Más allá de la ganancia?

A mediados de agosto el poderoso grupo de cerca de 200 presidentes y directores de las más grandes empresas de Estados Unidos, que forman a título personal el grupo de cabildeo llamado The Business Roundtable, emitió una declaración de propósitos en la que propone replantear la prioridad de la llamada "primacía del accionista".

Este objetivo coloca como fundamento la idea de que las empresas deben servir de modo prioritario a los dueños del capital. Se situó firmemente como credo de la gestión empresarial a partir de un artículo de Milton Friedman (The NYT Magazine, 3/9/70) que se titulaba, sin titubeos, "La responsabilidad de los negocios es acrecentar sus utilidades".

Pues ahora los miembros de este grupo de superélite declaran que tal objetivo es sólo uno, pues añaden a clientes, trabajadores, proveedores y las comunidades donde operan. Del gobierno no se dice nada.

Esta declaración no puede ser más que sumamente controversial. Un asunto, entre muchos otros, lo ilustra. Un artículo de The Atlantic (agosto de 2019) señala que, según los datos de la Reserva Federal, en los últimos nueve años las corporaciones han destinado recursos del orden de 3.8 billones de dólares (según nuestra medida) para recomprar sus propias acciones, lo que supera a cualquier otro inversionista, sean individuos, fondos mutuales y de pensiones o inversionistas extranjeros, combinados todos ellos.

El argumento convencional es que mediante la recompra disminuye el número de acciones en el mercado, lo que incrementa el precio de cada una de ellas y beneficia a los accionistas que permanecen.

Pero un estudio ha mostrado que son precisamente quienes dirigen las empresas los que más se han beneficiado de las recompras. Se observó que, en promedio, venden en esos momentos muchas más de sus acciones que en situaciones normales y se aprovechan así del mayor precio que en el corto plazo ellos mismos provocan cuando anuncian la recompra.

Así es que la flamante declaración que propone circunscribir la primacía de los accionistas fue recibida con gran escepticismo de todas partes.

Este asunto se inserta en un debate que data de la década de 1950 en Estados Unidos.

En términos generales puede enmarcarse en la disputa de la relación asimétrica que existe en términos del control efectivo de una corporación, o sea, entre quienes administran y quienes son dueños de las acciones.

La situación indica que de modo creciente quienes están a cargo del management ejercen el control, frente a un amplio conjunto de accionistas con una capacidad efectiva diluida. Este es el caso del Business Roundtable, que son enormes empresas públicas que listan sus acciones en la bolsa de valores.

Una de las reacciones ante este control es la del llamado activismo inversor, que alienta la influencia de los accionistas en el comportamiento de una empresa ampliando sus derechos como dueños de una parte del capital. Esto tiene que ver con la debilidad que usualmente enfrentan los accionistas minoritarios en una empresa.

Una de las formas en que se ha planteado la cuestión del control y fin social de las empresas ha puesto de relieve la transición que ha ocurrido desde lo que se consideraba como los encargados de la organización hacia los que preferentemente realizan las transacciones.

Este cambio ha sido impulsado hasta el extremo por el proceso de financiarización, que implica el uso extendido del endeudamiento en las empresas superando con creces al capital del que disponen, es decir, el apalancamiento. Y también el hinchamiento de los mercados financieros mediante operaciones cada vez más especulativas, como se manifestó en la crisis de 2001 y de modo más profundo en 2008. Ésta ha provocado que buena parte del poder económico esté hoy asentado en las grandes empresas financieras, lo que repercute ineludiblemente en el uso del capital con una mayor centralización y concentración.

La declaración del Business Roundtable se inserta en las crecientes críticas al sistema de producción y distribución: la deslocalización de la actividad económica, la preminencia de los servicios, la precariedad del empleo y, en general, de la ocupación y la enorme brecha de la desigualdad.

Consignemos el hecho por ahora. La iniciativa exhibe cuando menos el debate sobre las contradicciones del desenvolvimiento social en curso. Probablemente sea sólo una llamarada de petate.

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Lunes, 04 Febrero 2019 06:42

El juez

El juez

Es un país que secuestró y desapareció a miles de niños, es un país donde la corrupción política es legal, es un país que ha torturado con impunidad, un país que ha lanzado guerras ilegales, es un país cuyos narcotraficantes más exitosos son doctores y ejecutivos en jefe de farmacéuticas, es un país que amenaza a los periodistas y los declara oficialmente “enemigos del pueblo”, es un país que le niega derechos básicos a las mujeres, y en el que la xenofobia es política oficial, es el país con más encarcelados en el mundo, es el más armado del mundo, y este es el país que se declara, sin pena ni ironía, el juez del mundo.

Es una sensación muy extraña andar en medio de esto mientras reportamos sobre dos cosas muy distintas: la proclamación hecha por Washington de un cambio de régimen en Venezuela y el juicio de El Chapo en Brooklyn. No tienen nada que ver, pero a fin de cuentas ambos dependen de una ilusión oficial estadunidense de que aquí, por alguna razón, se puede enjuiciar a todos los demás.

La idea de que Washington con cualquier presidente, pero sobre todo con el actual, puede seriamente pretender que está preocupado por la democracia y los derechos humanos en otro país, o que está haciendo justicia con la “guerra contra las drogas”, debería provocar carcajadas históricas, pero sigue sorprendiendo que tantos políticos, asesores, analistas y, tristemente, periodistas lo aborden como si fuera en serio.

Las múltiples y constantes violaciones de derechos humanos y civiles, la violencia oficial, el hecho de que en gran medida este país se ha convertido en una plutocracia con toda la corrupción que eso implica (hasta el ex presidente Jimmy Carter lo ha denunciado), es más que suficiente para descalificar a este país como juez.

Apenas la semana pasada el gobierno de Trump acaba de reconocer que miles de niños más de los anteriormente reportados fueron arrebatados de los brazos de sus padres inmigrantes y que no saben dónde están. Eso es oficial. Pero esta administración no está obligada a rendir cuentas por estas violaciones masivas de derechos y aún no hay un coro masivo ni dentro ni fuera de este país exigiendo cuentas y enjuiciando a este gobierno.

¿Otro país, ya sea Venezuela, México, o uno europeo o árabe podría emplear la misma retórica estadunidense para exigir un cambio de régimen en Washington o amenazar una intervención para “rescatar a la democracia” en Estados Unidos? No cabe duda de que hay una crisis democrática dentro de Estados Unidos con graves consecuencias internacionales. ¿Qué le pasa a esa “comunidad internacional” que dice estar tan preocupada por la democracia, ese Grupo de Lima, esa OEA, esos europeos y canadienses que no están llamando por el cambio de régimen de Estados Unidos? No se oyen. ¿Por?

Por otro lado está el caso de El Chapo. Su juicio es reportado aquí en gran medida como un espectáculo (a muchos se les olvida la tragedia real que este show representa, incluso para algunos de los reporteros aquí cuyos colegas fueron asesinados por estos narcos y/o sus cómplices) y concluyen que México “es aún más corrupto y violento de lo que se suponía”. Esto nutre la retórica de Trump sobre México y los mexicanos, y El Chapo es buena publicidad para su insistencia en la necesidad de un muro fronterizo. El caso ofrece a todos una narcoserie en vivo, incluso con actores y productores de Narcos: México en Netflix visitando el “set” real en el tribunal de Brooklyn para compararlo con sus versiones ficticias. Nadie habla de las políticas antinarcóticos fallidas que se originaron en Washington, y sus masivas consecuencias humanas, incluyendo la encarcelación sin precedente de gente pobre en este país.

Mientras culminaba el juicio, se reportó que la familia Sackler, dueña de la farmacéutica que produce el opioide OxyContin, responsable en parte de una epidemia mortal en este país (casi 48 mil muertes causadas por opiaceos en 2017), obtuvo ganancias por más de 4 mil millones de dólares.

Los capos son acusados de ordenar miles de asesinatos y hasta masacres, pero lo mismo también se ha documentado a lo largo de la historia de otros empresarios, cuyos negocios también dependen de corrupción y violencia, pero por alguna razón nunca son enjuiciados. ¿Será porque entre ellos hay apellidos como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie y más, o que hoy tienen nombres de algunas de las empresas más “prestigiosas” del mundo?

A veces un juez no tiene nada que ver con la justicia.

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“¿Es Silicon Valley producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado?”

El Estado emprendedor y el relato neoliberal

 

Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de innovación y valor público en la University College London. Es asesora en el Council of Economic Advisers de la primera ministra escocesa y asesora de Carlos Moedas, comisario de investigación en la UE. Fue miembro del equipo asesor de Jeremy Corbin, del que dimitió a causa del Brexit. En la actualidad participa en el equipo asesor de la OCDE, para la elaboración de un nuevo relato económico, en Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, entre otros. Es autora de varios libros, entre ellos El Estado emprendedor y El valor de todo.


Mazzucato afirma que llegó a la economía a través de la lectura de algunos economistas entre los que sin duda se encontraba Karl Marx.


Todos conocemos el relato típico: nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio. La economista Mariana Mazzucato sostiene lo contrario: la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores tecnológico, energético y farmacéutico. Sin embargo, el Estado se muestra muy poco eficaz a la hora de llevarse los laureles y, lo que es más grave, a la hora de rentabilizar su inversión. Sin embargo, ¿qué habría sido de Uber sin la financiación pública para el desarrollo del GPS? ¿Qué sería de Google si no se hubiera producido la financiación pública para el desarrollo de internet?


¿Qué diría ante afirmaciones como que el libre mercado es casi siempre bueno y el Estado casi siempre malo?


Lo primero que preguntaría es qué entendemos por libre mercado. Es curioso que Adam Smith, uno de los primeros economistas de finales del siglo XVIII, definiera el “libre mercado” no como algo libre de la intervención del Estado, sino libre de prácticas rentistas y de las actividades centradas en la extracción de valor. A aquellas personas que afirman que necesitamos menos intervención del Estado para generar más innovación y dinamismo les diría que se fijaran en Silicon Valley. ¿Es producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado? Lo que yo defiendo es que el Estado ha intervenido en prácticamente todos los aspectos relacionados con Silicon Valley. Eso no significa, por supuesto, que no haya tenido algo que ver en todo ello el sector privado, de hecho, todos conocemos las importantes empresas asentadas allí. Pero los actores públicos intervinieron a lo largo de toda la cadena de innovación.


Se refiere a agencias como DARPA, NASA y los National Institutes of Health por ejemplo, ¿verdad?


Sí, me refiero a organismos encargados de desarrollar investigación puntera como la National Science Foundation, pero también a otros dedicados a la investigación aplicada, como DARPA y su organización hermana en los últimos tiempos, ARPA-E. Estas instituciones públicas son cocreadoras de valor. Es bastante curioso que nos hayamos acostumbrado a términos mucho más pasivos para describir al sector público. Hay que empezar a cambiar el vocabulario que empleamos. En lugar de decir que el sector público elimina el riesgo del sector privado, hay que decir que se trata de compartir los riesgos. En lugar de hablar de facilitar y permitir la actividad empresarial, hay que hablar de liderar la inversión como inversor preferente.


Uno de los argumentos centrales que defiende es que las instituciones públicas y cuasi públicas invierten, asumen riesgos y, sin embargo, apenas participan de los beneficios. ¿Hasta qué punto es esto problemático?


Es muy problemático y tiene que ver, de nuevo, con cómo hablamos de las cosas. A menudo recuerdo que ya Platón advirtió de que los contadores de historias dominan el mundo. De hecho, estos relatos sobre quién crea valor son los que han creado los relatos que justifican la extracción de valor. Déjeme que ponga un ejemplo que creo que ilustra la idea: después de la crisis, el Gobierno de Estados Unidos decidió desarrollar una serie de medidas de estímulo fiscal de casi 800.000 millones de dólares. Y parte de esas medidas iban encaminadas realmente a potenciar la economía verde. Quizá recuerde que Obama financió a algunas compañías como Solyndra a través del Departamento de Energía, mediante un préstamo garantizado de unos 500 millones. La compañía quebró.


La gente dijo “¡Dios mío, el Gobierno es un caso perdido! Una panda de burócratas que no saben lo que tienen entre manos. No deberían apostar a los caballos sino ejercer de mediadores, hacer carreteras, invertir en educación e infraestructuras y quitarse de en medio”. Para empezar, este enfoque obvia el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha sido el principal financiador en materia de energía solar y eólica –junto con otros Gobiernos– pero también de la energía nuclear. El propio fracking recibió financiación pública con anterioridad. De hecho, a la par que financiaba a Solyndra estaba financiando a Tesla con una cantidad similar de dinero. De modo que el coche Tesla S obtuvo un préstamo garantizado de 465 millones de dólares. Y cuando digo garantizado, me refiero garantizado por los contribuyentes. Contribuyentes a los que no les gustaba en absoluto tener que pagar la factura de la quiebra de Solyndra. Sin embargo, ¿por qué no sabían que habían financiado también a Tesla? ¿Acaso eso no habría cambiado el relato y la percepción de las acciones de aquellos burócratas de Washington? Lo cierto es que contaban con una cartera, como cualquier otro inversionista de riesgo. Cualquier inversor de riesgo te dirá que consigue un éxito entre muchos fracasos. Sin embargo, si realmente quieres dedicarte a esto tienes que elaborar una cartera que te permita obtener alguna ventaja de tus triunfos, precisamente para poder cubrir los reveses. El Gobierno de EE.UU. no lo hizo. No solo fracasaron en materia de marketing, no habían sido capaces de comunicar a la ciudadanía el éxito de algunas de sus inversiones, como en los componentes de tu iPhone o smartphone, internet, GPS, las pantallas táctiles, Siri: todos han recibido financiación pública. Pero en este caso concreto, la gente no sabía que el propio Elon Musk había recibido financiación para Tesla. Y Elon Musk, por cierto, ha recibido un total de 5.000 millones, con sus nueve ceros.


Por lo tanto, defiende que, por un lado, no se le atribuye lo suficiente el éxito al Estado por sus anteriores inversiones en organismos como DARPA y la NASA, o en el sector farmaceútico, etc. Y, por otra parte, defiende también que no está rentabilizando sus inversiones lo suficiente, todo ello bastante verosímil. Sin embargo, tampoco ayuda nada que el sector empresarial obtenga altos rendimientos y pague pocos impuestos. Me gustaría que ilustrara esto con algunos ejemplos. Me estoy refiriendo, como sabe, a EE.UU., porque ¿dónde están los Googles europeos? ¿Qué distingue a Estados Unidos de Europa, por qué no se dan allí compañías como Facebook y Google?


En primer lugar, EE.UU. contaba con un sistema de innovación que no tienen muchos países europeos, con un sector financiero paciente, y organismos muy activos orientados a cumplir una misión y preocupados por los grandes problemas. Para ir a la luna es necesaria la innovación en distintos sectores, incluido el de la ropa, no es solo una cuestión de aeronáutica. También se requieren otro tipo de instrumentos como los premios y las políticas de compra que permiten crecer a las startups. Y lo importante es contar con un sistema, con un ecosistema emprendedor, yo no creo en los emprendedores, creo en los ecosistemas de emprendimiento, que son los que permiten escalar a las startups. Es curioso que Europa haya aprendido lo peor de la experiencia de Silicon Valley. Y eso se debe en parte al discurso imperante en Estados Unidos, un país que habla como Jefferson pero actúa como Hamilton. Jefferson hablaba de cómo librarse del Estado y Hamilton, antes de su duelo con Burr, hablaba más bien de una estrategia industrial activa. Sin embargo, China sí ha aprendido la lección correcta. China está haciendo por la economía verde lo que Estados Unidos hizo por la revolución IT. Al mismo tiempo que sucede esto, Donald Trump desmantela lo que yo llamo el Estado emprendedor.


Pero la pregunta es: ¿a dónde van a parar los beneficios dado que todo se construye sobre las espaldas de infraestructuras financiadas con dinero público?


¿A dónde le gustaría que fueran a parar? Si pudiera diseñar y poner en marcha un marco de colaboración público-privada para los próximos 50 años, ¿qué mecanismos elegiría para que el Estado obtuviera rendimientos, que a su vez revertieran sobre los contribuyentes, en lugar de ver cómo el beneficio sigue fluyendo a manos privadas y de los accionistas?


Hay distintos mecanismos, no uno sólo. Sería absurdo pensar que sirve el mismo mecanismo para todos los sectores o las distintas fases del ciclo innovador. En el caso de las farmacéuticas, lo lógico es recurrir a los precios. Los precios que se fijan para los medicinas, los fármacos que las personas tienen que comprar para poder sobrevivir cuando contraen esas terribles enfermedades, ya sean diabetes, hepatitis C o cáncer, deberían reflejar esa aportación pública y así evitar que los contribuyentes paguen dos veces, por un lado por el gasto en investigación puntera, y por otro pagando los altísimos precios que fija la industria farmacéutica. Pero volvemos al tema de los contadores de historias de Platón. Si el relato que circula es contrario a ti y te convierte en un impedimento intervencionista, regulador y no te define como un inversor preferente, carecerás de la confianza, la seguridad y el mandato para poder influir sobre los precios.


¿Y teme un retroceso?


Exactamente. Los precios son un ejemplo. Otro sería generar las condiciones adecuadas para que los beneficios se reinviertan en las áreas que han recibido gran cantidad de ayudas y fondos públicos. Si las empresas quieren un libre mercado total, estupendo, que lo tengan, pero que no reciban un solo céntimo del Estado. Pero si vas a recibir esas enormes cantidades de dinero del Estado, entonces habría que imponer algunas condiciones para la obtención de valor público, porque de lo contrario, solo se trata de valor privado.


Por muy convincente que resulte su enfoque desde un punto de vista tanto económico como político, ¿no tiene la sensación de estar perdiendo la batalla? Porque, hasta dónde yo sé, la mayor parte de los gobiernos de los grandes países y las mayores industrias están precisamente empujando en el sentido contrario, ¿no es cierto?


Yo creo más bien que estas ideas están ganando terreno. Creo que resultaba mucho más difícil hace unos años. Volvamos al ejemplo de las farmacéuticas. Ya no pueden fingir que los precios elevados se deben al gasto en I + D porque ya hemos demostrado que eso no es así y que gastan mucho más en marketing y que su I + D es mucho más downstream que la del sector público.


Bien, para terminar, una pregunta un tanto odiosa. Pide que se valore más el gasto público, y que haya una mayor inversión en gasto público y mayores beneficios, pero a la vez es asesora de muchos Gobiernos y organismos, incluyendo el Gobierno escocés y la Comisión Europea. Cuando acusa a la empresa privada de estar plagada de rentistas, convénzame de que ni usted ni sus aliados gubernamentales lo son.


En primer lugar, y no quiero que parezca que estoy a la defensiva, no obtengo un solo céntimo como asesora. Quisiera matizar mi punto de vista para que se entienda bien. Yo no digo que el Estado tenga que invertir más. Lo que digo es que el Estado tiene que entender cuál es su papel. No está solo para arreglar los problemas marginales ni para limitarse a esperar a que las cosas vayan a peor para poner un parche. Tiene que ser un cocreador y coartífice activo. Mi papel ha consistido en mediar cuando se sientan a hablar el sector privado y el sector público, y que mantengan una conversación interesante. Y mi papel en el proceso político es ser la piedra en el zapato, que por desgracia no siempre se consigue sacar, y la piedra en el zapato de las empresas, para que nos les resulte tan fácil decir cosas como: “Ah, claro, es que el cortoplacismo se debe a las presiones del mercado”. A lo que yo respondo, “¿Qué quieres decir? ¿Qué el mercado es un resultado, el resultado de tus acciones? ¿Qué es el mercado?”. Y recibo palos por todas partes. En mi función de asesora, intento evitar la complacencia en torno a una mesa, la petulancia de los colectivos tanto públicos como privados. Y creo que se avecinan tiempos difíciles a los que solo nos podremos enfrentar juntos, y eso significa que hay que cambiar las palabras que empleamos, el relato y la historia hacia la necesidad de compartir los riesgos y las recompensas, y no de eliminar el riesgo.


Resumen de la entrevista radiofónica realizada por Stephen J. Dubner a Mariana Mazzucato el 5 de septiembre en Freakonomics y producida por Zack Lapinski. El programa llevaba por título ‘¿Es el Estado más emprendedor de lo que pensamos?’.

Por Stepeh J. Dubner
CTXT


Edición y traducción: Olga Abasolo.

Publicado enSociedad
Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Trump y las olas de la desindustrialización

En el año 483 antes de nuestra era, el emperador persa Jerjes mandó construir un puente que permitiría a su poderoso ejército atravesar el Helesponto para atacar Atenas y Esparta. De este modo vengaría la derrota sufrida por su padre Darío años atrás, cuando una tormenta hundió la flota persa al pie del monte Atos. Pero los elementos volvieron a conspirar en su contra y un temporal destruyó el entramado de pontones antes de que las huestes de Jerjes pudieran utilizarlo.


El emperador montó en cólera y mandó decapitar a los ingenieros responsables de la obra. Después ordenó a sus esbirros azotar con 300 latigazos las tercas olas del mar, según la crónica de Herodoto en su Historia.


El relato se ha convertido en fábula sobre lo estúpido que es buscar responsables donde no los hay. Y desde ese punto de vista casi no tenía paralelo hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.


Durante su campaña, el candidato Trump anunció varias veces su intención de revertir el enorme déficit comercial de Estados Unidos con China. Y en más de una ocasión acusó al gigante asiático de propiciar y llevar a cabo la desindustrialización de Estados Unidos. “Se llevaron nuestras fábricas y se robaron nuestros empleos”, vociferó durante la campaña, al tiempo que denunciaba los acuerdos comerciales promovidos por sus antecesores.


Pero Trump se equivoca: las fuerzas que explican el espectacular proceso de desindustrialización por el que atravesó Estados Unidos son más endógenas que externas. Todas tienen un común denominador: se trata de factores incrustados en el tejido económico estadunidense. Están relacionadas con la falta de una política industrial y otras están vinculadas con la política monetaria y la expansión del sector financiero. Todas ellas se gestaron en el vientre de la economía estadunidense durante los pasados cuatro decenios.


Entre 1979 y 2017, el empleo en el sector manufacturero estadunidense pasó de 19.7 a 12.5 millones de personas. Esos 7 millones de puestos de trabajo se perdieron en tres olas. La primera se desató en los años 80, con la difusión de la manufactura flexible que permitía diversificar de manera rentable las líneas de producción al interior de una planta. Ese resultado provenía de nuevos diseños en máquinas herramientas que posibilitaban el rápido intercambio de las piezas medulares para trabajar y cortar metales con alta precisión. La aplicación de la microelectrónica permitió una reprogramación rápida para producir lotes más pequeños de gran variedad de piezas diferentes en lugar de producir una cantidad masiva de la misma pieza para alcanzar economías de escala.


Numerosos estudios confirman que buena parte de la industria de máquinas herramientas estadunidense no pudo adaptarse a esta nueva realidad industrial y tecnológica. Esa industria no pudo entender que el mundo de las economías de escala estaba siendo remplazado por las llamadas economías de alcance, en las que es menos costoso producir varios productos en la misma planta que producirlos en plantas separadas.


La segunda ola se gestó en la política monetaria. Entre 1979 y 1983, la Reserva Federal incrementó la tasa de interés líder de nueve a 19 por ciento para frenar la inflación (que alcanzaba 10 por ciento anual en 1980). Esta es la tasa que rige los préstamos interbancarios de corto plazo para administrar requerimientos de liquidez. Pero los mismos bancos añaden un margen a esa tasa en sus transacciones comerciales y la tasa de interés en un préstamo comercial llegó a alcanzar 29 por ciento. El objetivo antinflacionario se alcanzó, pero los efectos colaterales fueron fatales.


El aumento en la tasa de interés propició un flujo de capitales hacia Estados Unidos y la apreciación del dólar respecto de otras divisas no se hizo esperar. Las exportaciones de manufacturas estadunidenses se desplomaron. En algunas industrias clave, como la de máquinas herramientas, el impacto fue nefasto. Cuando la Reserva Federal se dio cuenta del daño, ya era demasiado tarde. Los cadáveres entre las empresas de la industria manufacturera podían contarse por centenares.
La tercera ola es más bien un tsunami y proviene de la financiarización de la economía estadunidense. Las empresas se dieron cuenta de que sus hojas de balance podían servir para generar ganancias mediante la ingeniería financiera. La búsqueda de mayor competitividad mediante mejor calidad se quedó atrás. Mucho se ha escrito sobre este fenómeno, en especial por William Lazonick, de la Universidad de Massachusetts.


Al igual que Jerjes, Trump está castigando al enemigo equivocado. Las olas a las que condenó a sufrir golpes de látigo no son las que imagina su mente narcisista. A las fuerzas económicas no se les puede disciplinar a fuetazos. La demagogia de Trump podrá haber surtido cierto efecto entre las clases golpeadas por la desindustrialización, por ejemplo en el llamado cinturón de chatarra en los estados de Michigan y Pennsylvania, pero no podrá devolver la vida a las empresas que quedaron en el campo de batalla.


Twitter: @anadaloficial

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Un edificio donde se encuentra una oficina de la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el transporte (EUGT), en Berlín. En vídeo, declaraciones de Christian Schmitd, ministro de Transporte de Alemania.

 

Volkswagen, BMW y Daimler financiaron ensayos para demostrar que las emisiones de los gases de sus motores no eran dañinas. El Gobierno alemán tacha de "repugnantes" las prácticas

 

Volkswagen, BMW y Daimler, las tres marcas de automóviles más emblemáticas de Alemania, vuelven al punto de mira por un nuevo y peligroso escándalo. Los tres gigantes del motor encargaron y financiaron experimentos en los que se hizo inhalar gases emitidos por motores diésel a monos y a seres humanos para determinar los efectos que estos tienen sobre el sistema respiratorio y sobre la circulación sanguínea, según revelaron varios diarios. El Gobierno alemán ha señalado que los experimentos no tienen ninguna justificación ética ni científica, y ha llamado a los fabricantes a reducir las emisiones en lugar de intentar probar que no son dañinas.

Los experimentos con monos, que se llevaron a cabo en 2014 en el laboratorio Lovelace Biomedical de Alburquerque, fueron denunciados la semana pasada por el periódico estadounidense The New York Times. A esto se ha sumado que este lunes dos medios alemanes, el Stuttgarter Zeitung y el Süddeutsche Zeitung, han revelado que la Asociación Europea de Estudios sobre la Salud y el Medio Ambiente en el transporte (EUGT), una entidad fundada en 2007 por las tres empresas y Bosch, hicieron inhalar dióxido de nitrógeno (NO2) a un grupo de 25 personas en una dependencia de la clínica universitaria de Aquisgrán.

La meta de los experimentos con ambos seres vivos era demostrar que las emisiones de gases de sus autos equipados con motores diésel no eran dañinas. Según la información revelada por los dos periódicos alemanes, un informe de actividades para los años 2012-2015, señala que la Asociación hizo inhalar monóxido de carbono a "gente sana". "No se comprobaron reacciones a la inhalación de NO2, ni tampoco inflamaciones en las vías respiratorias", señala el informe.

Thomas Kraus, el director del Instituto de la clínica universitaria de Aquisgrán, ha confirmado la existencia del estudio y ha explicado al diario Stuttgarter Zeitung, que la investigación no estaba relacionada con la manipulación de gases tóxicos que arruinó la imagen de Volkswagen en Estados Unidos. Sin embargo, Kraus ha admitido que los resultados solo tenían una validez limitada, ya que no eran extrapolables a toda la población y que el NO2 representaba solo una parte de los gases contaminantes que emiten los motores diésel.

Preguntado por el escándalo, el grupo Daimler admitió en un comunicado el pasado domingo, que condenaba con energía, el experimento llevado a cabo por EUGT. "Estamos conmocionados por la extensión y la implementación del estudio y condenamos los experimentos en los términos más enérgicos", señala Daimler que explica que la firma no tuvo ninguna influencia en la realización del experimento. "Hemos iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo pudo realizarse ese estudio, que contradice nuestros valores y principios éticos", añaden.

Por su parte, el presidente del Consejo de Supervisión de Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, se ha distanciado de los experimentos. "En nombre del conjunto del Consejo de Supervisión me distancio con total determinación de este tipo de prácticas", ha anunciado. Además, ha explicado que hará todo lo que esté en sus manos para que "esos sucesos se investiguen completamente" y "rinda cuentas de ello el que sea responsable".

 

Críticas del Gobierno alemán


El escándalo tampoco ha dejado indiferente a la canciller alemana Angela Merkel, que, por medio de su portavoz, Steffan Seibert, ha exigido una aclaración de las empresas. "Estas pruebas con monos e incluso con seres humanos no son, desde un punto de vista ético, de ninguna manera justificables", ha anunciado este lunes en Berlín. "Lo que tienen que hacer los fabricantes de automóviles con las emisiones es reducirlas y no pretender demostrar que no son dañinas".

El viernes pasado, The New York Times reveló que el Instituto de Investigación respiratorio Lovelace en Alburquerque, Nuevo México, había utilizado un Beetle 2013 de Volkswagen para hacer inhalar las emisiones a diez monos encerrados en una habitación, donde podían mirar una pantalla de televisión que les servía de distracción. La meta del experimento era buscar una demostración de que los nuevos motores diésel no eran contaminantes. Pero el estudio fue un fraude: el coche utilizado estaba equipado con un software para reducir las emisiones.

"Las pruebas con monos y seres humanos son absurdas y repugnantes", ha señalado el primer ministro del estado federado de Baja Sajonia, Stephan Weil, que también es miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen. El político socialdemócrata ha asegurado que no estaba informado de los experimentos y ha exigido a las máximas autoridades del mayor constructor de automóviles del mundo una condena ejemplar a los experimentos llevados a cabo por orden de EUGT, un organismo que dejó de existir en 2017.

 

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Totalitarismo en internet carece de futuro

 

El 10 de junio de 1963, John F. Kennedy pronunció uno de los discursos más famosos de la historia contemporánea. En dicha intervención, Kennedy enfatizó que la convivencia pacífica entre las personas no puede basarse en el uso de la fuerza, sino en la consideración de intereses comunes y en la prevalencia de la diversidad. Hoy estas ideas cobran especial significado al considerarse la situación por la que atraviesa el internet.

La Red surge en un ámbito científico a partir de la necesidad de compartir datos e intercambiar ideas de manera libre. Con el tiempo, este recurso se convirtió en un enorme facilitador de actividades, que van desde la realización de una transferencia bancaria, hasta la convivencia en tiempo real con familiares que pueden encontrarse a miles de kilómetros de distancia. Internet es una fuente invaluable de información para miles de millones de personas en el planeta, y ha hecho obsoletos a modelos tradicionales de comunicación y publicidad basados en la televisión tradicional.

La primavera árabe sorprendió a gobiernos totalitarios que terminaron derrumbándose como resultado de un internet libre, que en momentos decisivos permitió la organización de movimientos sociales eficientes y bien informados. Asimismo, los hábitos de consumo de las poblaciones han cambiado gracias a la Red, provocándose una revolución comercial que ha puesto en jaque a mercados que hace algunos años parecían intocables. No es de extrañar que numerosos poderes fácticos estén intentando controlar el internet haciendo uso de la fuerza económica.

Las disposiciones de numerosos gobiernos para controlar a la Red equivalen al cobro de un derecho de piso y a la generación de cuotas extras impuestas por proveedores para tener acceso rápido a servicios básicos. Más aún, nuestros datos personales son subastados al mejor postor para que éste pueda adquirir ventajas competitivas en un mercado turbulento anticipándose a su competencia, de manera desleal, con base en información privilegiada.1

Algoritmos de inteligencia artificial mal encaminados, sumados a las regulaciones legales, amenazan a la integridad de la Red, intentando convertirla en un ente predecible al servicio de las grandes fuerzas políticas y económicas.2 Afortunadamente, es extremadamente improbable que estas iniciativas puedan prosperar.

Es evidente que las disposiciones legales que intentan limitar acceso a recursos de la Red por medio de cobros artificiales están condenadas al fracaso. Este hecho ha sido comprendido por gigantes informáticos tales como Amazon, Google y Facebook, que recientemente han anunciado que se sumarán a los movimientos que se oponen a la eliminación de la neutralidad de la Red.3

Más allá de una postura mediática, el anuncio corresponde a una comprensión de la esencia de internet, cuya dinámica obedece certezas matemáticas derivadas de la teoría de información. La complejidad derivada del proceso de toma de decisiones de los miles de millones de usuarios de internet hará imposible hacer de la Red un universo orwelliano.

En el clímax de su discurso de 1963, Kennedy mencionó que todos los seres humanos habitamos el mismo planeta, todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales. La realización de objetivos por parte de los seres humanos requiere equidad, de información legítima y de libertad en la toma de decisiones. La batalla por la neutralidad de internet se ha convertido en un parteaguas de carácter histórico cuyo desenlace es plenamente previsible.


Referencias


1 “Qué es la neutralidad de internet y por qué importa que Estados Unidos haya acabado con ella”, Redacción BBC Mundo, 14 de diciembre de 2017 http://www.bbc.com/mundo/noticias-42347631

2 A. Sandoval Villalbazo, “Bots contribuyen a manipular a la opinión pública”, Prensa Ibero, 4 de octubre de 2016 http://noticias.ibero.mx/prensa/detalle_comunicado.php?id_noticia=3270&f...

Este artículo está reproducido en las direcciones electrónicas: http://www.consumotic.mx/notas/bots-amenazan-integridad-de-redes-sociales/ y en https://www.la-prensa.com.mx/ciencia-y-tecnologia/95285-bots-manipulan-a...

3 El comunicado de la Asociación de Internet que agrupa a los gigantes informáticos se encuentra en la dirección electrónica: https://internetassociation.org/statement-restoring-internet-freedom-order/

*Dr. Alfredo Sandoval Villalbazo, coordinador del Programa de Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Investigador Nacional Nivel II (SNI).

 

 

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