Jueves, 19 Mayo 2016 07:38

Políticas económicas

Políticas económicas

Jason Furman, presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca, inusualmente ha aparecido por dos diferentes razones en la prensa mundial. En una entrevista que publicó El País (15/5/16, p. 39) y en un importante estudio del CEA que documenta el poder monopólico en la economía estadunidense. En este estudio se describe cómo beneficia a consumidores y trabajadores la competencia entre empresas y cómo les perjudica el predominio de condiciones monopólicas. En la entrevista se muestran las diferencias entre las concepciones económicas que están detrás de las decisiones políticas que instrumentaron el gobierno estadunidense y los de la Unión Europea.

 

La acción estatal no se limita, por supuesto, a la política fiscal. Importa lo que vienen haciendo los bancos centrales, que se han ocupado de estimular la actividad económica a través de políticas monetarias no convencionales. Importa, también, el trabajo de análisis de las condiciones en las que está operando la economía. Por eso el estudio del CEA es relevante ya que ha producido indicadores de la concentración del mercado, es decir, del poder monopólico de unas cuantas empresas y sus efectos perversos en consumidores y trabajadores.

 

Lo que se documenta es que Estados Unidos ha declinado la competencia. El poder monopólico se traduce en mayores ingresos para unas cuantas empresas en detrimento de consumidores. La creciente desigualdad en ese país tiene aquí una explicación estructural adicional. Conocer sus medidas en un primer paso para acotar ese poder monopólico y revertirlo es tarea del Estado

 

Las diferentes decisiones del gobierno de Estados Unidos y los de la Unión Monetaria Europea han impactado claramente el desempeño económico de esos países. Los europeos, luego de la crisis de 2008 decidieron retirar prematuramente los estímulos fiscales, aumentaron tasas de interés y exigieron el cumplimiento de las reglas fiscales de Maastricht, que limitan el déficit fiscal a tres por ciento del PIB, en tanto los estadunidenses mantuvieron estímulos fiscales, llevaron las tasas de interés a su límite cero y ejecutaron un rápido saneamiento bancario.

 

El resultado de estas decisiones fue que los europeos recuperaran sus niveles de producción cinco años después que los estadunidenses. Los europeos lograron igualar el PIB del primer trimestre de 2008 apenas el primer trimestre de 2016, mientras los estadunidense lo lograron desde 2011. Peor aún, a nivel del ingreso por habitante, los europeos de la zona euro en 2016 están uno por ciento por debajo de los niveles previos a la crisis, en tanto en Estados Unidos hay un avance de 15 por ciento. Para Furman estas diferencias se explican por elecciones políticas. Pero para él eso es historia. Lo relevante es que Europa está a punto de repetir los mismos errores.

 

La Unión Europea está discutiendo la posibilidad de sancionar a Portugal y España porque incumplieron con las metas fiscales. Para Estados Unidos la Comisión Europea debiera aplicar flexiblemente sus reglas, de modo tal que incorpore la instrumentación de estímulos fiscales para promover que la recuperación pueda consolidarse, permitiendo generar empleos y mejorando los ingresos. El problema para Furman no se ubica en incumplimientos en las cifras del déficit fiscal, sino en países con grandes superávit comerciales. El superávit en la cuenta corriente de Alemania tiene efectos negativos para el resto del mundo y, particularmente, para sus socios de la eurozona.

 

Globalmente estamos en una situación económica en la que los riesgos son grandes. Afrontarlos adecuadamente obliga a una coordinación internacional como la lograda por el G20 a finales de 2008 y ratificada en abril de 2009, que decidió aplicar estímulos fiscales importantes, permitiendo que la recesión global se revirtiera e iniciara la recuperación. Frente a las dificultades que se presentan en las perspectivas inmediatas, la falta de demanda es clara, evidenciada por las bajas tasas de interés, la ausencia de inflación y, por supuesto, el alto desempleo. Para atender esto la política debiera jugar un papel resolviendo la insuficiencia de demanda.

 

 

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Sobre la libertad de información y otros mitos

Un importante grupo informativo prohíbe a sus periodistas asistir a los programas de televisión de una conocida cadena y, además, despide a otro periodista de una radio que pertenece a dicho grupo, por informar que familiares del consejero delegado de ese grupo aparecían en los “papeles de Panamá”, a lo que se había referido también la cadena de televisión... Hechos como estos hacen recordar una realidad tan evidente como inexplicable, pero recurrentemente, olvidada: todos los medios de comunicación tienen dueño, con excepción de los medios de propiedad pública, cuyo «dueño» es el partido de turno en el poder. Son empresas y funcionan como empresas, es decir, no tienen una función social –aunque la cumplen–, sino que deben generar beneficios a sus dueños y servir a los intereses de esos mismos dueños o de quienes representan esos dueños. Mantienen la idea –muchas veces la ficción- de que existe libertad de expresión, pero es la libertad de expresión de los dueños de los medios de comunicación (y de sus socios, cómplices, accionistas o contratantes de publicidad), no la libertad de expresión del ciudadano común, que rara vez tiene acceso a ellos.

 

Los periodistas son empleados que deben cumplir las órdenes de los dueños del medio de comunicación que les contrata y paga, sean de radio, prensa, televisión, agencias noticiosas o de cualquier otro formato en la plataforma que sea. Como personas que reciben un salario, tienen la obligación de ajustarse a la política de la empresa, a riesgo de ser despedidos. Cuando se lee una noticia o un comentario, debe recordarse el verso de Bertolt Brecht en la Ópera de los cuatro cuartos: «Mackie, ¿quién paga la cuenta?». Sólo es posible entender el modelo de prensa existente en un país si se conoce quiénes son los dueños de los medios de comunicación y a qué intereses responden.

 

El control de los medios de comunicación es una cuestión estratégica en toda sociedad, pues a través de estos medios se puede manipular el pensamiento de una mayoría social y «crear» ideologías. La manipulación informativa, a través de los medios de comunicación, ha sido copiosamente estudiada. Noam Chomsky, en su obra Ilusiones necesarias. Control de pensamiento en las sociedades democráticas, realizó un pormenorizado estudio de la manipulación informativa de hechos en los medios de comunicación de EEUU, demostrando que esos medios informativos, en realidad, no informaban, sino que elaboraban las noticias de forma que sostuvieran la posición del gobierno de EEUU o de las grandes corporaciones que controlan el poder real en ese país. «En resumen –expresa Chomsky–, los principales medios de comunicación [...] son grandes empresas que “venden” públicos privilegiados a otras empresas. No podría constituir una sorpresa el hecho de que la imagen del mundo que presentan reflejara las perspectivas y los intereses de los vendedores, de los compradores y del producto».

 

Los directivos de los medios de comunicación, sigue diciendo Chomsky, «pertenecen a las mismas elites privilegiadas» y es «poco probable que los periodistas que penetran en el sistema se abran camino salvo si se pliegan a estas presiones ideológicas». Esta realidad ya la había descrito Carlos Marx en La ideología alemana, obra en la que afirmaba: «Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época; o dicho de otro modo, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante». Para poder ejercer ese «poder espiritual», las clases dominantes necesitan controlar los medios de comunicación de masas, control que, hoy, está alcanzando cotas inimaginables.

 

Dado su carácter estratégico, las clases dominantes han puesto históricamente gran empeño en controlar la información, de forma que exista libertad de expresión, pero que sea «su» libertad de expresión. O una libertad de expresión dentro de un orden, que jamás cuestione las estructuras de dominio económico y político que defienden. Dicho de otra manera, que exista una apariencia de libertad de expresión, no una libertad de expresión real y accesible a todos los ciudadanos. Este interés por controlar, manejar y dirigir la información ha llevado a la creación de grandes conglomerados de medios informativos, un proceso que es paralelo al de concentración de la riqueza en pocas manos. Puede, incluso, hacerse una ecuación: a mayor concentración de poder en grupos minoritarios, mayor concentración de medios de comunicación controlados, directa e indirectamente, por esos grupos minoritarios.

 

El conocido diario estadounidense The Washington Post fue adquirido en 2013 por el dueño de Amazon, Jeffrey P. Bezos. El principal accionista de The New York Times, propiedad de la familia Ochs Sulzberger, es el multimillonario mexicano Carlos Slim, con el 19% de las acciones. La empresa es dueña de otras 40 publicaciones, entre ellas International Herald Tribune y The Boston Globe. El Grupo Time Warner de EEUU es dueño de CNN, una de las mayores cadenas de televisión del mundo, que transmite en inglés y en español (CÑN). Es, además, dueña de Chilevisión y CNN Chile, de las revistas Time, Sports Ilustrated, People, Fortune, Money Magazine y del Grupo Expansión, de México, dueño, a su vez, de nueve revistas. El conglomerado alemán Bertelsmann posee 52 canales de televisión y 29 emisoras de radio y «[c]ada día los lectores de Gruner+Jahr tienen la opción de escoger entre 500 revistas en distintos medios en más de 30 países». El Grupo Bertelsmann España es dueño, a través de Atresmedia, de Antena Tres, La Sexta y Onda Cero, en el campo audiovisual y posee doce revistas, entre ellas Muy Interesante, Geo y Autopista, así como las editoriales Alfaguara y Taurus. RCS Mediagroup, conglomerado empresarial italiano, posee los diarios Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport y Corriere Economia –entre otros– en Italia y es dueño de El Mundo, Marca y Expansión en España. En total, un centenar de medios de comunicación. E l Grupo El Comercio, en Perú, controla el 78% de la prensa. “Si se produce una concentración de medios como se está produciendo en el Perú, y esos medios tienen además una línea política muy clara, entonces allí hay una amenaza potencial muy grande contra la democracia”, advirtió Mario Vargas Llosa, a quien nadie puede acusar de comunista. En Brasil, el Grupo Globo controla el 45,2% de la audiencia televisiva y el 73,5% de publicidad, además de poseer 38 canales de pago. Globo ha encabezado la campaña para derribar a la presidenta Dilma Roussef.

 

Un dato común une a los dueños de conglomerados de medios de comunicación, sean de la nacionalidad que sean: son todos familias o grupos multimillonarios, que comparten el propósito común de defender el sistema económico que les ha permitido alcanzar la condición de multimillonarios. Comparten una ideología común, ideología que sostienen y defienden desde sus medios de comunicación. De esa guisa, sus líneas informativas tienden a preservar el establishment y a desinformar, por una parte, y atacar, por otra, a los gobiernos, grupos, asociaciones, partidos, etc., que promueven ideas progresistas o de izquierda que atacan los fundamentos del sistema. Por esa vía se llega a otro aspecto, no menos medular, pues afecta el corazón de la libertad de expresión: si una vasta mayoría de medios de comunicación defiende el mismo sistema, el pluralismo desaparece. La sociedad se ve saturada de noticias con el mismo o similar contenido o ideología, de forma que se produce una ficción de libertad, negada por el hecho de que esa vasta mayoría de medios coincide en los mismos presupuestos ideológicos. El control pasa desde escoger qué tipos de programas se difunden, hasta seleccionar qué tertulianos o «expertos» son invitados a «impartir su sabiduría». Estamos, así, ante el engaño perfecto y EEUU es el modelo a seguir. Noam Chomsky es una celebridad internacional, pero ninguno de los grandes medios informativos estadounidenses suelen abrirle sus espacios. Chomsky puede decir lo que quiera, pero sus mensajes quedan depositados en los rincones, de forma que la gran mayoría de ciudadanos se ve condenada a escuchar la misma «música», un día sí y otro también. Como ha indicado un informe de la Organización de Estados Americanos.

 

“uno de los requisitos fundamentales de la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información y opiniones disponibles al público... Cuando las fuentes de información están seriamente reducidas en su cantidad, como es el caso de los oligopolios... se limita la posibilidad de que la información que se difunda cuente con los beneficios de ser confrontada con información procedente de otros sectores limitando, de hecho, el derecho de información de toda la sociedad.”

 

Las limitaciones a la libertad de expresión no provienen únicamente de la concentración de los medios de comunicación en pocas manos y en que esas manos defiendan un sistema monocolor, sino también de la dependencia de estos medios de los anunciantes. Es de público conocimiento que los medios masivos de comunicación dependen, fundamentalmente, de la cantidad de anunciantes que puedan captar. El círculo se cierra comprendiendo que, en cada país, los mayores anunciantes suelen ser las grandes empresas y el Estado. Las clases dominantes no necesitan cerrar con violencia o con decisiones judiciales un medio de comunicación discrepante. Les basta con negarles cualquier tipo de publicidad para que mueran solos. En España no hay un solo diario de izquierda o progresista en formato de papel. Ese espectro informativo, como el televisivo, lo copan casi enteramente las fuerzas conservadoras.

 

Afortunadamente, Internet ha abierto espacios de difusión de ideas que han permitido prosperar y proliferar a miles de diarios, revistas y canales informativos discrepantes, que han roto, puede que para siempre, el monopolio ejercido sobre la información por las clases dominantes. Hoy es posible informarse ampliamente sin depender de los medios de comunicación masivos, aunque éstos sigan ejerciendo una presión insoportable sobre amplias capas de las sociedades.

 

Como puede colegirse, es fácil hablar de libertad de expresión y difícil que tal derecho sea debidamente respetado o sea puesto efectivamente en práctica. También es fácil confundir la libertad de expresión con el hecho de subirse a un banco, en Hyde Park, en Londres, y desahogarse sobre uno o varios temas que gusten o disgusten. La libertad de expresión es eso, pero es muchísimo más que eso. Desde muy antiguo, el control de la información ha sido considerado una cuestión esencial por los grupos en el poder, pues controlar la información es controlar las mentes y quien controla las mentes no necesita de ejércitos. Necesita tertulianos. Pero, como ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre». En esas desinformaciones vivimos y en la manipulación nos ahogan.

 

Augusto Zamora R., Profesor de Relaciones Internacionales, autor de Política y geopolítica para Rebeldes, Irreverentes y Escépticos, Colección Foca, Ediciones Akal, de próxima aparición.

 

 

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Sábado, 07 Mayo 2016 06:40

“¡Con razón eran secretos!”

“¡Con razón eran secretos!”

Greenpeace difundió documentos hasta ahora secretos de la Asociación Transatlántica de Comercio de Inversiones (Ttip), que desde hace más de tres años negocian los principales países industrializados del mundo, Estados Unidos por un lado y los 28 de la Unión Europea por el otro. Lo filtrado confirma lo que se denunciaba o se suponía: que el trataque el tratado está a hecho a medida de las grandes trasnacionales.

 

Cuando los responsables de la asociación ecologista Greenpeace pudieron finalmente leer pasajes de los documentos que unas pocas horas después pondrían en conocimiento del público, lo que vieron les hizo exclamar: “¡Con razón eran secretos!”. Lo mismo habían afirmado unos meses atrás eurodiputados españoles que habían accedido a una documentación similar pero en una fase previa de discusión. “Ahora me explico tanto secretismo, tanta opacidad”, sostuvo en esa ocasión la legisladora de Podemos Lola Sánchez. “Es impresionante”, se limitó a afirmar su colega de Izquierda Unida Marina Albiol. Era en febrero, y ambas acababan de salir del llamado reading room, un pequeño cuartito bruselense que oficia de cámara secreta y al que los eurodiputados deben ingresar para conocer –vigilados por guardias, por un par de horas y luego de haberse desprendido de efectos personales y comprometido por escrito a no difundir nada de lo leído– apenas algunos “pasajes escogidos” del famoso tratado transatlántico que Europa y Estados Unidos vienen negociando desde fines de 2012.

 

Los papeles greenpeaceños van más lejos que los que hasta ahora se fueron turnando para ver algunos europarlamentarios críticos o curiosos. Las casi 250 páginas difundidas integran 13 de los 17 capítulos ya “consolidados”, es decir que recogen las posturas de ambas partes en las negociaciones y que fueron la base de la última ronda de discusiones (la decimotercera) que tuvo lugar en Nueva York entre el 25 y el 29 de abril, hace apenas unos días. “No sólo por el volumen son más importantes que los que estaban a disposición en el reading room: al exhibirse las posiciones reales de los dos negociadores uno puede ver, por un lado, el tamaño de las presiones de Estados Unidos sobre sus eventuales socios, y, por el otro, la dimensión de las concesiones reales europeas, que contradice la retórica de relativa firmeza que pour la galerie han exhibido los europeos. Y por encima de ellos el gigantesco peso, mayor acaso que el de los estados, que tienen las grandes corporaciones”, dijo un representante de Greenpeace en Francia.

 


TOLSTOIANO.

 

“Cada vez que en esta época de leak-periodismo y leak-activismo aparece una nueva filtración, lo mismo los papeles de Panamá que los documentos del Ttip, me acuerdo de los diarios íntimos de Tolstói y de los niveles de seguridad que manejaba el escritor ruso para evitar un Tolstoileaks por parte de su esposa”, comparó en una columna publicada el martes 3 en Eldiario.es el escritor español Isaac Rosa. Así como Tolstói elegía poner más o menos a la vista de todos algunos textos inconexos de sus tres diarios, disimular livianamente otros, cosa de que quien los viera creyera que estaba descubriendo la pólvora, y colocar bajo tres candados lo esencial oculto a los ojos, Bruselas ha hecho lo mismo con los documentos del Ttip: “Tiene un primer nivel público, a la vista de cualquiera, con documentos que va soltando con cuentagotas y publicando en su web. Pero son pocos papeles, muy técnicos, y por lo visto desfasados, que no reflejan el verdadero momento de la negociación. Así que luego hay un segundo nivel, exageradamente confidencial, a la manera del diario que el marido esconde pero no demasiado”, el nivel del reading room, y “sospechamos que hay un tercer diario escondido en algún doble fondo, los verdaderos documentos del Ttip, los que reflejarían los primeros acuerdos que ya se estarían produciendo. Documentos que sólo han leído quienes se sientan en esas mesas clandestinas, y de los que tal vez nunca sepamos nada, o sólo cuando sean hechos consumados y se aprueben”.

 

Los filtrados por Greenpeace pertenecerían a un nivel intermedio, entre el 2 y el 3 en la escala tolstoiana de Isaac Rosa. Son, de todas maneras, suficientemente fuertes como para sacar algunas conclusiones que van incluso mucho más allá de lo negociado exclusivamente entre europeos y estadounidenses. Y confirman todo aquello que se había venido denunciando de parte de algunos partidos de izquierda y de decenas de movimientos y de organizaciones sociales, pero que todavía se manejaba como rumor o incluso como intuición. “La filtración denota que funcionarios de la UE y políticos del bando conservador y socialdemócrata nos han mentido cuando han dicho que las negociaciones no van sobre eliminación de derechos y regulaciones. Los documentos filtrados muestran que hablamos de una rebaja importante de derechos fundamentales”, comentó Tom Kucharz, de la coordinación de Ecologistas en Acción. “Lo que no han conseguido hasta ahora por medio de los recortes y las privatizaciones para liberalizar todavía más los flujos de capitales y aumentar la concentración del poder en manos de la banca y del sector financiero, lo quieren conseguir por medio de tratados de libre comercio, entre otros el Ttip.”

 


CONFLUENCIA.

 

De la lectura de los textos filtrados se concluye, dice Florent Marcellesi, portavoz de los “ecologistas sociales” de Equo en el Parlamento Europeo, que si bien europeos y estadounidenses parten de distintas premisas y se manejan con distintas lógicas, y por momentos constatan en el papel la existencia de “difíciles discusiones”, “diferencias sustanciales” e incluso “diferencias irreconciliables”, terminan confluyendo y entregando terreno a terceros. Si se compara la postura de partida de los negociadores europeos con la de llegada, observa Marcellesi, se verá cómo han ido cediendo a las presiones estadounidenses y hasta llegado a aceptar posiciones de la otra parte que en un principio presentaban como inaceptables, por ejemplo en materia de protección del ambiente y de los derechos laborales. “Hay una voluntad evidente de Estados Unidos –se lo ve en las páginas difundidas– de homogeneizar las economías de ambas partes en función de sus propias normas”, dice la filósofa y politóloga estadounidense radicada en Francia Susan George. “El objetivo central de los negociadores de Estados Unidos es introducirse en sectores europeos como el de los servicios, el comercio electrónico, la salud y la agricultura, y están intentando echar por tierra la legislación de los 28, que es muchísimo más protectora. Lo peor es que, por lo visto, los europeos protestan pero se pliegan a las exigencias de los otros”, afirma la presidenta del Comité de Planificación del Transnational Institute de Ámsterdam y de Attac Francia. Los transgénicos, la producción química, la experimentación en animales para la elaboración de artículos cosméticos, las denominaciones de origen –esa figura puramente europea adoptada para amparar producciones ligadas a los territorios–, los derechos laborales (Europa ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la Oit, Estados Unidos sólo dos) son áreas en las que “los ciudadanos de las dos partes, pero sobre todo de la parte más protegida, tienen mucho que perder”. “Y la producción de los pequeños agricultores, que en Europa son millones.” En uno de los documentos, Estados Unidos manifiesta su voluntad de “supervisar” regulaciones que se puedan decidir en Europa en áreas que puedan afectar sus intereses, y nada equivalente propone para su contraparte.

 

Lo curioso, afirma Tom Kucharz, es que los europeos han ido pasando explícitamente de esgrimir argumentos como el “principio de precaución” para rechazar las exigencias estadounidenses de liberalizar la normativa ambiental, a aceptar el “principio de riesgo” levantado por los negociadores de Estados Unidos en aras del fomento del comercio. Y ambos se han pasado por alto, en los textos respectivos, los compromisos que acababan de consensuar en la cumbre de París sobre cambio climático. “Es como si la cumbre no hubiera existido: hay ítems en este acuerdo que van directamente en contra de lo adoptado en diciembre”, dice Kucharz.

 


EL PODER DE LAS EMPRESAS.

 

Y qué decir de los lobbies, de la influencia de los lobbies empresariales sobre el contenido del Ttip. En los documentos de ambas partes se deja constancia de que en determinado momento las negociaciones tarifarias sobre productos químicos se frenaron en espera de conocer la postura de la industria química estadounidense. Y en uno de los textos europeos se señala que posturas de la Unión en materia agrícola fueron “articuladas en torno a la posición común de la industria europea y estadounidense”. La incidencia de las corporaciones en las negociaciones “fue escandalosa: se las consultaba constantemente, tenían reuniones casi que periódicas, por lo menos con los representantes europeos. Y ello mientras la Comisión negaba reuniones a las asociaciones, las centrales sindicales y los movimientos sociales que lo reclamábamos”, señaló Greenpeace. “Este tratado es un programa de las corporaciones. Todo lo que contiene se está negociando en nombre de las grandes multinacionales”, aseguró por su lado Susan George. “Se les ha dado todo tipo de derechos. De hecho se les ha otorgado un poder de contralor sobre las regulaciones comerciales, con la posibilidad que tienen de atacar a los estados ante tribunales absolutamente adscritos a sus intereses en casos de litigio o cuando consideren que sus intereses han sido lesionados. Francia dijo que rechazaría esta norma, inscrita en todos los tratados de libre comercio, pero hay que ver si lo hará, porque ha ido yendo de más a menos en este como en muchos otros campos. Están también las disposiciones que eliminan el tratamiento preferencial a empresas europeas en Europa en los contratos públicos, y un montón de ‘normas trampa’ que parecen acordar derechos a la ciudadanía, pero que en realidad son tan ambiguas que consagran los derechos de las empresas”, dijo Miguel Urbán. El eurodiputado de Podemos cita una norma que reconoce a “cada una de las partes el derecho a adoptar, mantener y reforzar las medidas necesarias para lograr objetivos políticos legítimos como proteger a la sociedad, al ambiente y a la salud pública, a los consumidores, asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero, promover la seguridad y la protección de la diversidad cultural”. “¿Cuáles son esos intereses legítimos? ¿Quién los representa o determina? ¿Quién fija sus límites?”, se pregunta Urbán.

 

Susan George destacó otro punto: si esto sucede con el Ttip, una de cuyas partes, la europea, tiene en principio fuerza suficiente como para fijar límites a la otra, ¿qué sucederá con los Tlc en que Estados Unidos aparece como “la potencia indiscutible”? ¿Qué sucederá con el Tisa, por ejemplo? O con los tratados bilaterales con la única superpotencia, que tanto se promueven.

 

 

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Entrevista a Ignacio Ramonet, periodista y cofundador de ATTAC “Las empresas nos vigilan mejor que los Estados”

De la mano de Barack Obama, Google planea su aterrizaje en Cuba. Mark Zuckerberg pide en el Mobile World Congress de Barcelona internet “para los más pobres” y Apple se niega a dar los datos del teléfono de un presunto terrorista al Gobierno estadounidense. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), reinas de Silicon Valley, mueven ficha. Buscan mercado y fidelizar a sus clientes. En el mundo hay 4.100 millones de personas sin acceso a internet que viven desconectadas de ese Imperio de la vigilancia (Clave Intelectual, 2016) del que Ignacio Ramonet habla en su último libro.

 

Conversamos con este experto en geopolítica, cofundador de ATTAC y director de la edición española de Le Monde Diplomatique sobre la crisis sistémica global, sus vínculos con las tensiones entre seguridad y libertad y el panóptico tecnológico en el que vivimos.

 

¿Qué es esto del imperio de la vigilancia?

 

El imperio de la vigilancia es esta especie de articulación que se ha creado entre los Estados, las grandes empresas que dominan internet y los sistemas de inteligencia. Es el resultado de la facilidad técnica que existe hoy para vigilarnos a partir del momento en que cada uno de nosotros y nosotras, en los países desarrollados, decidimos voluntariamente equiparnos con aparatos como los teléfonos móviles, los Ipad o los ordenadores. Nos hemos dotado de sistemas que le permiten a organizaciones del Estado o grandes empresas vigilarnos. Esto es lo nuevo con respecto a la vigilancia histórica. Consideramos que la existencia de estos instrumentos amplía el perímetro de nuestra libertad, pero al mismo tiempo ampliamos la superficie de nuestra vigilancia.

 

La vigilancia es un accidente. Paul Virilio dice que cada vez que se hace un avance tecnológico surge un accidente no previsto. Cuando se inventa la electricidad se inventa la electrocución, cuando se inventa internet se inventa la vigilancia de masas. Antes la vigilancia era un fantasma, un temor paranoico porque era imposible vigilar a todo el mundo. Hoy la vigilancia es posible.

 

Parece que esta vigilancia, que implica la pérdida de libertades, se ampara y legitima en un discurso sobre la seguridad. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación avalando este paradigma securitario?

 

Los medios juegan un rol muy conservador con la idea de que si los Estados establecen un sistema de vigilancia es para protegernos. Es una especie de trueque. Yo te doy seguridad y tú me das tu libertad, o una parte de ella. Los medios se adhieren a eso. El problema es que si para combatir el terrorismo liquidamos el conjunto de las libertades democráticas, pagamos un precio demasiado alto y uno de los objetivos del terrorismo se consigue. Cuidado con este negocio falseado porque la seguridad total no existe, los propios gobernantes hablan constantemente de que están tomando todas las precauciones pero no pueden garantizar que no haya un atentado. En cambio, la libertad sí que se puede disminuir mediante leyes.

 

¿Qué riesgos tiene ese discurso?

 

Tiene el riesgo de que de esa manera estemos liquidando libertades fundamentales. ¿Qué diferencia hay entre una dictadura y una democracia? Que la dictadura te controla, te condiciona, te vigila sin que estés informado de ello. Pero si actualmente nos vigilan, ¿dónde está la verdadera democracia?

 

¿Existe un techo de cristal en este espionaje, en este control de la población? ¿Hasta dónde se pretende llegar?

 

El objetivo es crear lo que llamo la justicia predictiva. Existen dos obras que imaginaron sociedades distópicas, totalmente vigiladas. Una es 1984 (1949) de George Orwell y otra Minority Report (1956) de Philip K. Dick. 1984 es una sociedad completamente vigilada a través de la tecnología. Minority Report habla de un aparato que esencialmente sirve para prevenir el crimen. Se vigila a toda la población con un objetivo preciso de evitar el crimen. Se detiene a la persona por un crimen que aún no ha cometido. En Francia hay un artículo de la ley que lo permite. La intención del crimen ya es un crimen.

 

Hablas mucho de que el objetivo de este control es la supuesta seguridad pero también existe una parte comercial, de venta de datos a gobiernos y multinacionales.

 

La novedad es que ahora nos vigilan las empresas y lo hacen mejor que los propios Estados. Cuando el Estado quiere vigilarte le pide a tu proveedor telefónico la lista de tus llamadas. Es tu proveedor telefónico el que te vigila. El Estado, los gobiernos también le van a pedir a Google la lista de lo que has consultado, porque lo tiene todo. Esto es lo que explica que empresas como Google, que no venden nada, sean las más ricas del mundo, porque venden nuestros datos.

 

La otra cara de la moneda sería la potencialidad que tienen todas estas redes como Facebook o Twitter para promover movilizaciones.

 

No se trata de condenar internet, es un avance fundamental, se trata de estudiar el accidente, qué es la vigilancia y cómo reducirlo y protegerse.

 

Esa vigilancia se incrementó mucho a partir del 11S. Ahora, la situación en Europa ha cambiado mucho. La crisis de los refugiados o la guerra en Siria necesitan nuevos marcos de interpretación. ¿Qué análisis geopolítico hace?

 

Estamos en un momento de transición. El periodo de estos últimos 20 años ha estado marcado a escala geopolítica por la crisis de Oriente Medio, que ahora estalla con las cuestión de Siria, y también por la hegemonía de China. En este momento, China está cambiando de modelo económico y de desarrollo, lo que tiene una repercusión muy grande. La caída del precio de las materias primas es algo nuevo en estos 20 años, que se han caracterizado por una subida incesante de las commodities y por el hecho de que muchos países del sur aprovecharon esta situación para transformarse, hasta el punto de que se pudo hablar de países emergentes, los BRICS, se creó el G20... De los emergentes ya no se habla, muchos están en crisis. En América Latina el ciclo está cambiando y en Europa los partidos consolidados han visto reducir su solidez.

 

¿Cómo influye este cambio en las crisis de los distintos gobiernos de izquierdas de América Latina?

 

Mucha gente lee el cambio de ciclo en América Latina como si de repente la oposición tuviera argumentos, pero no los tiene. El cambio de ciclo político es consecuencia de un cambio de ciclo económico que se basaba en tres pilares. Por un lado, China tenía un crecimiento muy elevado, acompañado de una política de ser la fábrica del mundo para la exportación de productos, para lo cual tenía que importar muchísimas materias primas de América Latina, entre otros sitios.

 

En segundo lugar, el precio del petróleo ha caído por distintas razones muy complejas, como rivalidades entre Arabia Saudí y Estados Unidos o el fracking. En último lugar, el dólar ha subido mucho, lo cual encarece las inversiones, que ya no vienen a América Latina. Son tres parámetros que han cambiado la economía latinoamericana. Los países que antes tenían muchos recursos por el precio de las materias primas, por los inversores o por el precio del petróleo ya no pueden distribuir como lo hacían antes. Ecuador, por ejemplo, ha tenido que reducir su presupuesto en 2.000 millones de dólares a pesar de ser un país muy bien administrado. Otro ejemplo es Bolivia, que va a tener dificultades porque el gas es muy importante en la exportación.

 

En 15 años muchas sociedades en Latinoamérica han cambiado. Decenas de miles de personas han salido de la pobreza y se han integrado en las clases medias por lo que el discurso del poder no puede ser el mismo. Las ambiciones de estas clases medias no son las mismas que las de las clases populares anteriores. La gente ya no se contenta con tener escuela. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se eliminó el analfabetismo. En Venezuela se construyeron once universidades que no existían. Pero la respuesta mediante la cantidad ya no es suficiente para millones de personas que ya están acostumbradas a tener escuela. Lo que quieren es que haya una buena escuela, hospitales de calidad y transportes públicos eficaces. Muchos de estos gobiernos no han sabido contestar a estas demandas. En Venezuela se perdieron las elecciones legislativas, pero la oposición sólo ganó 300.000 votos. Quien perdió fue el chavismo, que perdió dos millones de votos. En Bolivia se ha perdido el referéndum. ¿Era necesario hacer este referéndum para alguien que está 10 años en el poder? La respuesta la ha dado la ciudadanía. No era indispensable. Has cambiado la sociedad. Ahora es más culta, está mejor cuidada, no la puedes tratar como si fuera lo contrario.

 

 

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Salarios y costos laborales en la economía y en la competitividad de las empresas

Una noticia reciente de El Tiempo (eltiempo.com, 14 de octubre de 2013) indicaba que los costos laborales en Colombia atraen más firmas españolas al país. "Las empresas españolas instaladas en Colombia son ya 400, se duplicaron en dos años, atraídas por la clase media creciente, el elevado potencial de crecimiento, bajos costos laborales y más seguridad jurídica", se lee en la noticia.

 

Así nos ven desde fuera los inversionistas extranjeros, mas no así FEDESARROLLO, ni la ANDI y demás gremios empresariales, y menos el Banco de la República, entidades que cada vez que se va a discutir el incremento del salario mínimo aprovechan su influencia en los medios para afirmar lo contrario y debilitar la posición de los sindicatos, resaltando las "excesivas" cargas no salariales que pesan sobre el salario, como las cesantías, dotaciones, subsidio de transporte, los pagos a la seguridad social y los parafiscales , e indicando que el salario mínimo está muy cercano al salario promedio, que incrementos significativos del salario incentivan el incremento de los precios, desestimulan la formalización laboral y la creación de nuevos empleos.

 

Varias de estas ideas las contradice el propio funcionamiento de la economía, como, por ejemplo, que la inflación en Colombia haya bajado todos estos años, que la tasa de ocupación vaya en aumento y esté bajando la tasa de desempleo.

 

Respecto del alto nivel de informalidad, éste no lo causan los supuestos altos costos laborales sino el tamaño del mercado, dominado por grandes empresas nacionales y por multinacionales, las que en la mayoría de los casos dejan a las mipymes tan poco margen de ganancia y rentabilidad en la cadena de subcontrataciones, que no les es posible asumir los costos de la formalización.

 

Tampoco reconocen estas entidades que Colombia es una de las naciones más desiguales del planeta, la tercera de América Latina después de Honduras y de Haití, con un GINI de 0.539 que expresa una enorme desigualdad en la distribución de los ingresos. Ni reconocen que los salarios y la remuneración de los trabajadores apenas representan el 31.6% del PIB, en tanto que las ganancias del capital (el excedente de explotación y el ingreso mixto) representan el 57.6% del PIB.

 

Salarios y ganancias en la economía

 

Las cuentas anuales del DANE nos dan idea clara de lo que representan los costos laborales y la ganancia del capital en la producción y en el valor agregado. Los cuadros que siguen ilustran esta situación.

 

Tabla 1. La distribución del PIB en Colombia (%)

 2002200320042005200620072008200920102011
Crecimiento del PIB 2.53.95.34.76.76.93.51.74.6.6
Producto interno bruto100100100100100100100100100100
Remuneración a los asalariados33,733,132,432,131,932,031,732,832,831,6
Excedente bruto de explotación31,732,733,333,233,132,734,034,033,935,9
Ingreso mixto bruto25,224,424,324,123,824,023,522,922,621,7

Fuente: DANE, cálculos de la ENS.

 

Durante la última década, aunque la economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.6%, las remuneraciones de los trabajadores prácticamente se han mantenido al mismo nivel dentro del PIB: 32.4%, con una disminución en el último año de 1.2 pp.

 

Esta relación mide cuánto de cada $100 de riqueza que genera el trabajo le corresponde a los 20 millones de trabajadores colombianos a través de las remuneraciones que reciben y de los aportes patronales a la seguridad social y al pago del SENA, el ICBF y las cajas de compensación. En cambio la participación del capital en el PIB, o sea de cerca de 950 mil patronos o empleadores (el denominado excedente bruto y el ingreso mixto), ha sido en la última década del 57.2% en promedio, con una ganancia de 1.1 pp en el último año. Esto quiere decir que el 2% de la población, o menos, se queda con la mayor parte de la riqueza que se genera en Colombia, y que el mayor crecimiento que ha tenido nuestra economía en los últimos años solo ha beneficiado a los empleadores.

 

La participación de los salarios en el PIB es un resultado directo de la capacidad de los trabajadores para apropiarse de una mayor cuota de la riqueza generada en el trabajo, la cual se gana a través de los sindicatos y de la negociación colectiva. En los países con mayor presencia sindical y de negociación colectiva la remuneración tienen mayor participación de en el PIB, como lo indican algunos ejemplos de países europeos en los que la tasa de sindicalización supera el 30% y la cobertura de la contratación colectiva más del 70%. En España las remuneraciones de los trabajadores representan el 54% del PIB, en Italia el 60%, y en Dinamarca el 56% .

 

Un informe de la OCDE de 2009 muestra una correlación entre países con índice de GINI inferior a 0.3 (que es un índice que muestra mayor democracia en la distribución del ingreso) y altas cobertura de la contratación colectiva. Suecia tiene un GINI de 0.23 y negociación colectiva del 87%; Finlandia 0.26 y 90%; Alemania 0.28 y 63%; Francia 0.28 y 95%; Noruega 0.28 y 72%; Holanda 0.31 y 82%.

 

Coincidencialmente, estos países figuran entre los primeros del ranking mundial de competitividad. En Colombia el GINI es 0.539, la tasa de sindicalización es de 4.6%, y la contratación colectiva es apenas 4.6% (ésta se presenta en menos del 1% de las empresas). Y en materia de competitividad ocupamos el puesto 69 entre 125 economías.

 

La conclusión de esta primera parte es que en Colombia hay suficiente espacio para el desarrollo de una política que se proponga mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores; que una política así nos haría más democráticos e incluyentes en lo económico; que mejorar los ingresos de los trabajadores es fortalecer el consumo de los hogares, un factor que por su peso en el PIB le daría más estabilidad al crecimiento de la economía; que mejorar los ingresos del trabajo no afecta para nada la competitividad del país, al contrario la mejora, pues mejores ingresos se traducen en más educación, mejores niveles de alimentación y de salud.

 

Costos laborales y ganancia del capital en el valor del producto y en el valor agregado

 

La siguiente tabla muestra la incidencia de las remuneraciones de los trabajadores y la ganancia del capital en el valor del producto y en la nueva riqueza o valor agregado:

 

Tabla 2. Participación de las remuneraciones y del capital en el valor de la producción y en el valor agregado.

 Remuneración a los asalariados %Ingreso mixto %Excedente bruto de explotación %
 
 Producción

 Valor

agregado

Producción

 Valor

agregado

Producción

Valor

agregado

Total18,834,612,923,821,339,4
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca19,127,946,367,53,04,3
Explotación de minas y canteras7,99,72,73,470,2

86,0

Industrias manufactureras10,233,33,210,316,353,1
Suministro de electricidad, gas y agua9,217,01,01,841,276,2
Construcción10,221,312,926,823,749,1
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles22,942,427,049,93,05,6
Transporte, almacenamiento y comunicaciones11,626,415,034,115,835,9
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas19,913,020,026,334,945,8
Actividades de servicios sociales, comunales y personales45,275,45,38,87,813,0

Fuente DANE. Cuenta de producción y generación del ingreso por ramas de actividad económica. Cálculos de la ENS.

 

De cada $100 de producto, $18 corresponden al costo laboral total y $34.2 a la ganancia de los empleadores. Y respecto a la forma como se distribuye la nueva riqueza generad en el trabajo, el 63.2% va para los empleadores y el 34.6% para los trabajadores.

 

El cuadro muestra que la mayor participación de las remuneraciones en el valor del producto la tienen sectores que son intensivos en mano de obra, o en el trabajo, como las actividades de servicios, en las que se ubican los servicios de educación y de salud; comercio, hoteles y restaurantes, el sector financiero y el sector agropecuario. Por el contrario, los sectores de minas, electricidad gas y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y el sector de la industria, presentan participaciones cuya incidencia se podría calificar de marginal, o al menos que en ellas no tendría ningún impacto en su competitividad estrategias conducentes a reducir costos laborales, como es el caso de la industria, en la que el factor trabajo apenas tiene incidencia del 10.2% en el valor de la producción.

 

Como lo muestra la tabla 2, el sector de la minería es el que presenta la peor distribución del ingreso: 86% a favor del capital, el 9.7% para los trabajadores. Este sector es dominado por empresas transnacionales, a las que los diferentes gobiernos les han otorgado todas las gabelas posibles para explotar nuestros recursos y nuestros trabajadores, dejándonos los daños ambientales, regiones atrasadas dominadas por la corrupción y el clientelismo, y muy pocos impuestos, como lo muestra el hecho de que apenas aporten 1.8 punto en impuesto: 0.8% sobre el valor del producto y 1% sobre el valor agregado.

 

Lo mismo vale decir para el suministro de electricidad gas y agua, un sector que presenta altísimas tasas de rentabilidad, con un alto impacto en el consumo de los hogares, y con una apropiación a favor del capital del 76.2% del valor agregado generado en el trabajo.

 

Como se ve, hay espacio suficiente para mejorar salarios e ingresos sin que la economía se afecte en su competitividad. Simplemente lo que se requiere es una mejor distribución del ingreso, un resultado que por supuesto afectaría la participación del capital en la distribución del ingreso, pero que en ningún sentido afectaría la competitividad de las empresas.

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Australia pondrá en marcha próximamente un impuesto para penalizar a los grandes emisores de CO2, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y el cambio climático. La tasa gravará a partir del año que viene con 23 dólares australianos (17,3 euros) la emisión de cada tonelada de dióxido de carbono, según ha anunciado la primera ministra australiana, Julia Gillard. Con esta tasa, Australia pretende reducir 159 millones de toneladas de dióxido de carbono al año para 2020, lo que significa reducir las emisiones un 5% en relación con los niveles de 2000.

"Como nación, necesitamos ponerle un precio al carbono y crear un futuro con energía limpia", ha dicho Gillard, al anunciar el plan del Ejecutivo, que ya cuenta con el apoyo necesario para que sea aprobado próximamente en el Parlamento. La medida, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del año que viene, afectará a las compañías que emitan al menos 25.000 toneladas de CO2 al año, es decir, unas 500 grandes empresas contaminadoras, principalmente del sector eléctrico, minero y de la energía. Según las cifras del Gobierno, el CO2 que dejará de emitirse equivale a sacar de la circulación unos "45 millones de coches".

El impuesto aumentará anualmente un 2,5 % en términos reales hasta 2015, año en que se dará paso a un esquema de comercio de emisiones similar al de la Unión Europea (UE) donde el mercado internacional fijará los precios.

Este plan, que cuenta con solo un 30 % de apoyo popular, es considerado como uno de los más ambiciosos después del sistema creado en la UE en 2005 para regular las transacciones de derechos de emisión entre los sectores más contaminantes.

Australia contribuye con el 1,5 % de la emisión global de gases de efecto invernadero, menos que EE UU, China, Rusia, la India y Japón, pero es una de las naciones más contaminantes del planeta en términos per cápita.

El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, subrayó que el plan del Gobierno australiano no contribuirá a mitigar el cambio climático, ya que se pronostica que China y la India aumentarán sus emisiones un 500 y un 350 %, respectivamente. Abbott exigió que Australia afronte el cambio climático en "un contexto internacional apropiado", al insistir en que el nuevo impuesto tendrá un impacto negativo en los empleos y en los bolsillos de los australianos.

El Tesorero de Australia, Wayne Swan, quien acompañó en la rueda de prensa a Gillard, admitió que la reforma costará unos 4.300 millones de dólares locales (4.619 millones de dólares estadounidenses o 3.243 millones de euros) en los próximos cuatro años, principalmente en gastos vinculados a su implementación.

Australia, que depende en casi un 80 % del carbón para generar electricidad, tiene previsto cerrar para 2020 la mayoría de las centrales eléctricas de carbón, promover las inversiones en el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de tecnologías menos lesivas al medio ambiente.

Para mitigar los efectos de su polémico plan, Camberra destinará en los próximos tres años unos 9.200 millones de dólares locales (9.884 millones de dólares o 6.938 millones de euros) para apoyar a la industria afectada por el impuesto, principalmente en el sector siderúrgico, del aluminio y zinc, así como las papeleras. A partir de 2013, el Gobierno establecerá un fondo de 10.000 millones de dólares locales (7.542 millones de euros) para promover en los próximos cinco años las inversiones en energías limpias y renovables. Las autoridades también otorgarán unos 15.000 millones de dólares locales (11.313 millones de euros) en reducciones tributarias y ayudas sociales adicionales para unos 4 millones de hogares afectados indirectamente por la medida. El impuesto excluye al sector agrícola y a los combustibles para uso personal o de los pequeños negocios, aunque afectará al diesel que utiliza el transporte pesado a partir de 2014.

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El Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoció que las empresas públicas deben tener independencia, pero al mismo tiempo revivió el concepto de “planificación centralizada de la economía”, según el documento final del sexto congreso de la organización, que concluyó hace tres semanas.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, como se llama el plan que aprobó el PCC, empezaron a circular masivamente este lunes, mostrando la coexistencia de dos enfoques, cuya solución en la práctica no queda clara: el que insiste en la apertura económica y el que le pone candados.

El documento confirmó una de las claves de la reforma, la liquidación del sistema de control vertical del gobierno y el PCC sobre las empresas. Sin embargo, añadió un enunciado que no aparecía en el proyecto original: “La planificación centralizada de la economía y el control sistemático que el Estado, el gobierno y sus instituciones deben ejercer, serán garantía del funcionamiento eficiente”.

“Estos principios”, añadió la versión final de los lineamientos, “deben ser armonizados con más independencia de las empresas estatales y con el desarrollo de formas de gestión no estatal en la producción y los servicios, para lograr una mayor liberación de las fuerzas productivas”.

“El sistema de planificación socialista” será la base de la política económica y tendrá que modificarse en sus métodos y organización, resolvió el congreso, tal como estaba en el proyecto. Pero agregó que el mecanismo también tendrá que cambiar su forma de “control”, para añadir, a renglón seguido, que “la planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características”.

La acción de las dos corrientes en el congreso fue ilustrativa en otro lineamiento, que sólo tuvo cambios de estilo y que en el borrador ya mostraba la coexistencia de los enfoques: la planificación incluirá a las “otras formas de gestión no estatales”, es decir, a las cooperativas y las microempresas privadas.

El plan ratificó la separación paulatina de las empresas respecto de los ministerios, la creación de una nueva estructura corporativa, la libertad de las compañías para establecer relaciones horizontales, el criterio económico como base para su control externo y la prohibición explícita de que sean intervenidas por instancias “ajenas a las mismas”. Sin embargo, no eliminó la supervisión administrativa, como quería el borrador, sino que la incorporó, aunque “reduciendo la carga”.

De cualquier forma, los lineamientos confirmaron campos de maniobra independiente para las empresas, como su capacidad para decidir la cantidad de su personal y disponer de las utilidades en inversión y desarrollo de su fuerza laboral. El congreso también amplió a los jefes el mecanismo de pago por resultados, ya reconocido para los trabajadores.
El documento definió la existencia de “cooperativas de segundo grado”, un esquema productivo semejante a una mediana empresa, cuyos socios serían otras cooperativas y que pueden desempeñarse en la producción, los servicios y el comercio.

A la ampliación del sector cooperativo, ya previsto en el proyecto inicial, el congreso le agregó el reconocimiento de que puede comerciar libremente y sin intermediarios, después de cumplir sus compromisos con el Estado.

Gerardo Arreola
Periódico La Jornada
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Sábado, 12 Junio 2010 06:25

China.Rebelión bajo el cielo

Los recientes conflictos laborales surgidos en las fábricas de Honda y Foxconn implantadas en China, originando incluso una severa ola de suicidios como trágica expresión de protesta (13 personas muertas), así como en varias ciudades costeras, han revelado el lado más sombrío (asombrosamente indignante) del “éxito” chino y evidenciado el atolladero de la política de Hu Jintao, quien asumió en 2002 la secretaría del PCCh con el firme propósito de orientar la reforma hacia lo social.

Igualmente, los ataques perpetrados por personas desesperadas en guarderías y escuelas primarias (15 niños asesinados) de varias provincias tienen su causa, como ha reconocido el propio Primer Ministro Wen Jiabao, en el agravamiento de las contradicciones sociales.

Unos y otros sucesos han tenido una notable, aunque desigual, repercusión mediática en China, circunstancia poco habitual, sugiriendo quizás el interés de algunos sectores del Partido por avanzar más rápido en la reforma social, frente a quienes priorizan otros elementos asociados al nuevo modelo de desarrollo. Pese a los ocho años que Hu Jintao lleva en el cargo y aun siendo cierto que se han introducido algunas mejoras, especialmente en el campo, la situación dista mucho de ser idílica. Su liderazgo en este orden es muy débil.

El problema de fondo es la distribución desigual de la riqueza. El 10 de mayo, la agencia oficial Xinhua, citando a la Academia de Ciencias Sociales, alertaba sobre el peligro de explosión social: más del 10 por ciento de los chinos más ricos percibían 23 veces más que el 10 por ciento más pobre en 2007, unas 7,3 veces más que en 1988. Cong Yaping y Li Changjiu, analistas económicos en el Centro de Estudios Internacionales de Xinhua, advertían de que el índice Gini de China -un indicador de la desigualdad en la renta en el que cero es equidad perfecta y 1 es desigualdad absoluta- ha excedido el 0,5, lo que equivale a una amenaza a la estabilidad social. El umbral de alarma, según lo reconocido comúnmente por la comunidad internacional para el coeficiente de Gini es 0,4. Un informe del Banco Mundial indicaba que el índice de China había aumentado hasta 0,47 en 2009. Fuentes oficiales aseguran que este año ha llegado al 0,48. Unos y otros cálculos alertan del riesgo de explosión social.

A consecuencia de los suicidios y las huelgas se han pactado algunos aumentos salariales en algunas empresas, secundados por algunos gobiernos locales que han elevado el salario mínimo. Pero aun siendo claramente importante, no se trata sólo de retribución. Los ritmos de trabajo en muchas de las empresas costeras son insufribles (bien lo deben saber las multinacionales como Apple, Sony, Dell, Nokia, o HP, por mucho que miren hacia otro lado), con un régimen disciplinario y laboral paracarcelario, un ambiente que anula a las personas tratándolas como si fueran máquinas, etc., producto de una cultura empresarial que todo lo reduce a la obtención del máximo beneficio. En estos centros, allá donde hay sindicatos, éstos toman partido por la patronal, dejando a la más absoluta intemperie a una colectividad laboral que ha optado por autoorganizarse espontáneamente echando mano de los sms o medios alternativos y reclamando elecciones abiertas y democráticas de los delegados sindicales. El hecho de que en algunos lugares los gobiernos locales hayan dejado transcurrir las huelgas, terminantemente prohibidas y habitualmente reprimidas en este modelo de socialismo sin sindicalismo, indica su mala conciencia y el prudente temor a que el recurso a la represión agrave el problema.

El crecimiento chino ha descansado en las últimas décadas en los bajos costes de la mano de obra más vulnerable: 150 millones de inmigrantes rurales que están viviendo un cambio generacional y que muestran su hartazgo ante la falta de avances en su estatus social. La flexibilidad de la fuerza laboral ha sido uno de los atractivos más valorados por los inversos extranjeros. La economía china se ha multiplicado por varios dígitos, al igual que los beneficios de todo tipo de empresas, pero el colectivo laboral ha perdido terreno. La parte del PIB consagrado a salarios conoció un pico en 1983 (56,3%), pero no ha hecho más que declinar desde entonces, llegando al 36,7% en 2005, permaneciendo estancada hasta hoy. Son muchas las empresas que violan a diario la normativa vigente (la ley de contratación laboral aprobada en 2007) sin que nada ocurra por ello. Se sienten protegidas.

La colectividad obrera no se encuentra entre los grandes beneficiarios del “milagro” chino. La desprotección a la que se ven sometidos los trabajadores clama al cielo. La problemática laboral ha venido acumulando en los últimos lustros una agenda explosiva. La mayoría de los trabajadores chinos sobrevive con bajos salarios y careciendo de los derechos más elementales. La armonía que predica Hu Jintao no puede estar basada en la injusticia. Y hoy es lo que impera bajo el cielo chino.

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China y autor de “Mercado y control político en China” (La Catarata, 2007). 
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Domingo, 07 Febrero 2010 12:43

Las empresas toman la democracia de EEUU

El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.

La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.

El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno
Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública
Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.

Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.

El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

Por Noam Chomsky
Público


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En 2004 hicimos un documental llamado La Toma (thetake.org), acerca de las empresas manejadas por los trabajadores. Después del dramático colapso económico del país en 2001, miles de trabajadores se metieron a sus fábricas cerradas y las pusieron a producir de nuevo y formaron cooperativas. Abandonados por los jefes y los políticos, ellos mismos recobraron los salarios caídos y las indemnizaciones, a la vez que recuperaron sus puestos de trabajo. Mientras estábamos de gira con la película, por Europa y América del Norte, había una pregunta que surgía una y otra vez: “Eso está muy bien para Argentina, pero ¿alguna vez podría pasar aquí?”

Bien, con la economía mundial asemejándose tanto a la de Argentina en 2001 (y a causa de muchas de las mismas razones) hay una nueva ola de acción directa, esta vez entre los trabajadores de los países ricos. De nuevo emergen las cooperativas como práctica alternativa ante más despidos. Los trabajadores en Estados Unidos y Europa comienzan a preguntar las mismas cosas que sus contrapartes latinoamericanas: ¿por qué nos tienen que despedir? ¿Por qué no podemos correr al jefe? ¿Por qué se le permite al banco hundir a nuestra compañía mientras obtiene miles de millones de dólares de nuestro dinero?

El 15 de mayo, en Cooper Union (una prestigiosa universidad estadunidense. N de la T), en Nueva York, participamos en un panel llamado “Corran al jefe: de Buenos Aires a Chicago, la solución con base a que el trabajador tome el control”. Participaron personas del movimiento en Argentina, así como trabajadores de la lucha de la fábrica Republic Windows and Doors, en Chicago.

Fue una gran manera de escuchar en forma directa a aquellos que intentan reconstruir la economía de abajo hacia arriba y que necesitan un significativo apoyo del público, así como de quienes arman las políticas públicas en todos los niveles gubernamentales. Para aquellos que no pudieron llegar, a continuación un rápido resumen de los recientes acontecimientos en el mundo del control obrero:

Argentina:

En Argentina –fuente e inspiración directa de muchas de las actuales acciones laborales– ha habido más tomas en los pasados cuatro meses que en los previos cuatro años. Un ejemplo: en enero, Arrufat, fábrica de chocolate con 70 años de existencia, fue repentinamente abandonada por sus dueños. Treinta empleados ocuparon la planta y a pesar de la enorme deuda en energía eléctrica que dejaron los antiguos propietarios producen chocolates a la luz del día usando generadores. Con un préstamo de menos de 5 mil dólares de The Working World (El Mundo Trabajador, theworkingworld.org), ONG que provee de fondos, iniciada por una simpatizante de La Toma, pudieron producir más de 10 mil huevos de pascua, su fin de semana más importante del año. Tuvieron una ganancia de 75 mil dólares, se llevaron a casa mil dólares cada uno y el resto lo ahorraron para futuras producciones.

Gran Bretaña:

Visteon es una empresa productora de autopartes, que se independizó de Ford en 2000. En una de las plantas, a cientos de trabajadores les dieron el aviso seis minutos antes de que su lugar de trabajo cerrara. En Belfast, 200 trabajadores realizaron un plantón en la azotea de su fábrica y al día siguiente otros 200 en Enfield hicieron lo mismo.

Durante las semanas siguientes Visteon incrementó su paquete de indemnización hasta 10 veces más que su oferta inicial, pero la compañía rehúsa depositar el dinero en las cuentas bancarias de los trabajadores hasta que abandonen las plantas, y los trabajadores se niegan a abandonarlas hasta que vean el dinero.

Irlanda:

A comienzos del año, una fábrica en la que trabajadores hacen el legendario Waterford Crystal (cristalería) fue ocupada durante siete semanas, cuando una empresa estadunidense tomó el control de la compañía matriz Waterford Wedgwood para entrar en un receivership (un tipo de bancarrota empresarial, en el cual se asigna a una empresa para que controle la compañía. N de la T).

Ahora la compañía estadunidense puso 10 millones de euros en un fondo de indemnización y las negociaciones están en curso para mantener algunos de los puestos laborales.

Canadá:

Mientras las tres grandes compañías automotrices se colapsan, Canadian Auto Workers (un poderoso sindicato, N de la T) ha ocupado al menos cuatro plantas de autopartes y las oficinas de cuatro legisladores provinciales.

En cada caso, las fábricas estaban cerrando y los trabajadores no recibían la compensación que se les debía. Ocuparon las plantas para que no se llevaran las máquinas y así obligar a las compañías a regresar a la mesa de negociaciones; justo la misma dinámica de las tomas de los obreros en Argentina.

Francia:

En Francia, este año hay una nueva ola de “secuestros de jefes”, en los cuales los enfurecidos empleados detienen a sus jefes en las plantas que enfrentan juicio hipotecario. Hasta ahora las compañías que han sido blanco de esto incluyen a Caterpillar, 3M, Sony y Hewlett Packard.

Al ejecutivo de 3M lo llevaron a comer moules et frites (mejillones y papas fritas) durante su calvario de una noche. En Francia, esta primavera se proyectó una exitosa comedia llamada Louise-Michel, película en la cual un grupo de trabajadoras contrata a un sicario para matar a su jefe luego de que cierra la fábrica sin aviso previo.

En marzo, un representante sindical francés dijo: “aquellos que siembran miseria cosechan furia. La violencia la realizan aquellos que reducen los puestos laborales, no aquellos que intentan defenderlos”.

Y el mes pasado mil obreros siderúrgicos franceses y belgas irrumpieron en la asamblea anual de los accionistas de ArcelorMittal, la mayor compañía de acero del mundo. Irrumpieron en la sede central de la compañía en Luxemburgo, destrozaron las puertas, rompieron las ventanas y pelearon contra la policía.

Polonia:

También el mes pasado, en el sur de Polonia, en el mayor productor de coque en Europa, miles de obreros tapiaron la entrada a las oficinas centrales de la compañía, en protesta contra las reducciones salariales.

Estados Unidos:

En Chicago, en diciembre pasado 260 trabajadores de la fábrica Republic Windows and Doors ocuparon su planta en lo que fueron seis días determinantes. Con la ayuda de una inteligente campaña contra el mayor acreedor de la compañía, Bank of America (“¡A ti te rescataron, a nosotros nos traicionaron!”) y una masiva solidaridad internacional ganaron la indemnización que se les debía. La planta está en proceso de volver a abrir con nuevos dueños, haciendo ventanas energéticamente eficientes. Recontrataron a todos los trabajadores con los salarios que tenían.

En Chicago comienza a marcarse una pauta. Hartmarx, que también tiene su sede en esa ciudad, es una compañía con 122 años que hace trajes, incluyendo el azul marino que Barack Obama usó en la noche de las elecciones y su esmoquin y abrigo de la toma de posesión. Hartmarx está en bancarrota. Su mayor acreedor es Wells Fargo, que recibió un rescate de 25 mil millones de dólares de los contribuyentes. Hay dos ofertas para comprar la compañía y mantenerla operando, pero Wells Fargo la quiere liquidar. Y 650 trabajadores votaron en favor de ocupar su fábrica en Chicago, si el banco toma pasos para liquidarla.

Barack Obama ganó la elección prometiendo una recuperación de abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo. Una prueba de esa promesa será dónde comprará su próximo traje.

Por Naomi Klein y Avi Lewis

Traducción: Tania Molina

http://naomiklein.org
 

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