Miércoles, 18 Mayo 2022 06:11

#ParaQueNoSeRepita

#ParaQueNoSeRepita

 En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrada en San José, Costa Rica el 12 de y 13 de mayo de 2022, el equipo de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR–, presentamos los hechos de hostigamiento en contra nuestra labor de defensa de derechos humanos de los que hemos sido víctimas por décadas. Exigimos verdad, justicia y reparación para estos hechos, y que no se repitan.

Los hechos se inician en 1980 cuando en ese entonces el Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, nos niega la constitución legal basándose en el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala, por nuestro trabajo de defensa de presos políticos. De ahí en adelante los hechos de hostigamiento, estigmatización y desprestigio pasan por la inclusión de varios integrantes en informes de inteligencia de la Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, campañas de desprestigio mediático, amenazas, robos, atentados, desplazamientos y exilios, así como una gigantesca operación de inteligencia cuyo objetivo era silenciarnos. Estas acciones para restringir nuestra labor no han cesado hasta la fecha. La continua persecución a las víctimas en este caso se basa en la noción de “guerra jurídica”, según la cual, quienes hacemos uso del derecho para prevenir y responder a violaciones de derechos humanos somos –bajo la doctrina de seguridad nacional–, parte del enemigo a combatir.

En la audiencia resaltamos el abuso de inteligencia de parte del Estado a la luz de las operaciones denominadas Transmilenio, Intercambio, Imprenta, Europa, Arauca, Encuentro, entre otras, ejecutadas para afectar las diversas dimensiones del trabajo del CAJAR. Estas operaciones nos generan profundos cuestionamientos: ¿Qué efectos tiene la información falsa consignada en informes de inteligencia que relaciona a integrantes de CAJAR con grupos armados?, ¿Cuál es el uso que el Ejército Nacional iba a dar o dio a los perfilamientos ilegales develados en 2020?, ¿Qué ha hecho el Estado con la información de inteligencia ilegal recopilada respecto de la misma Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y las ONG’s litigantes CAJAR y CEJIL, en el marco de la operación intercambio del DAS?.

El Estado sostiene que la adopción de la ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia representó “un avance significativo” en la regulación interna. Sin embargo, según el perito Federico Andreu esta normativa tiene falencias importantes: 1) permite el monitoreo del espectro electromagnético, es decir la captación masiva de metadatos sin autorización judicial; 2) el ejercicio de inteligencia no cuenta con adecuados controles civiles independientes previos, durante o posteriores; 3) no existe un mecanismo de acceso, corrección y depuración de la información recaudada y la ley prevé la reserva de la información recopilada por un espacio de 30 años; y 4) por el tiempo en que fue expedida –hace 10 años– no tuvo en cuenta las nuevas tecnologías que permiten acceder a equipos de manera remota.

Por su parte el perito Rodrigo Uprimny dijo que la ley de inteligencia y contrainteligencia debe ser reformada, avanzando con un control civil autónomo e independiente. Es necesario avanzar hacia la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de nuestro caso, sumando los artículos 11, 13 y 25 de la Convención Americana, y cumplir las recomendaciones del órgano político emitidas por la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, instalada en 2014.

¿Qué esperamos de la Corte?

Primero, que Estado debe reconocer el carácter pluriofensivo, circular, continuado y sistemático de las agresiones, como señaló la perita Ángela María Buitrago. Debe asegurar investigaciones diligentes, que comprendan todos los autores y todas las conductas, que consideren impactos diferenciales en las mujeres, y cuyos resultados sean públicos.

Segundo, que ordene que en la investigación de los hechos del caso, se atienda a estándares internacionales contemplados para otros graves crímenes, que comprenda: el desarrollo de investigaciones en contexto, la construcción de comunidad de prueba e identificación de patrones, la utilización del tipo penal de tortura, desplazamiento y otros, la atención al fin de las agresiones.

Tercero, que disponga la adopción de una política pública integral para la protección y garantía de las personas defensoras, que tome en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Paz, las propuestas de las redes de derechos humanos y los lineamientos señalados en la pericia escrita de Lourdes Castro y Leonardo Díaz.

Cuarto, que en línea con las pericias de Federico Andreu y Rodrigo Uprimny, disponga la modificación de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que incluya un control civil autónomo e independiente. Se debe disponer la entrega de la información recopilada respecto de las victimas de este caso, y cumplir las recomendaciones de la Comisión Asesora de Depuración de Datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

Quinto, que la Corte reconozca a todas las víctimas que representamos y ordenar al Estado reconocer y reparar a otras incluidas en archivos e informes de inteligencia que no conocemos dado el secretismo estatal.

Sexto, que ordene un acto de reconocimiento presidido por el Presidente de la República en el que se exalten los aportes de CAJAR a la justicia y al fortalecimiento democrático.

Séptimo, que la Corte ordene el desarrollo de una campaña permanente para legitimar en la opinión pública el ejercicio de defensa de derechos y rechazar los sesgos y prejuicios existentes derivados de doctrinas militares que nos ven como “enemigos”, las cuales deben desmontarse.

Si no se protege a quienes defendemos derechos humanos ¿de qué democracia estamos hablando? #ParaQueNoSeRepita

 

Por Rafael Barrios Mendivil | May 16, 2022 

Publicado originalmente en: Confidencialcolonbia.com

 

 

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Miércoles, 20 Abril 2022 05:20

El calvario de Julian Assange

El calvario de Julian Assange

El fundador de WikiLeaks lleva doce años privado de libertad y luchando en Londres contra su extradición a Estados Unidos

Julian Assange encara una nueva fase en la larga, dura y enconada batalla para recuperar su libertad. La solicitud de extradición emitida por Estados Unidos, que acusa al fundador de WikiLeaks de violar la ley de espionaje y de pirateo informático para acceder y publicar informes confidenciales, recibirá el visto bueno judicial en una audiencia prevista en Londres el 20 de abril. Salvo un vuelco inesperado, el caso pasará al Ministerio del Interior y la titular actual, Priti Patel, asumirá la decisión a favor o en contra de la entrega a Washington del programador y periodista australiano.

Hay precedentes de bloqueo ministerial de procesos de extradición en Reino Unido. El más notorio benefició al general Augusto Pinochet, quien fue detenido en Londres, en 1998, bajo una orden internacional firmada por el entonces juez Baltasar Garzón. Año y medio después, el ministro laborista Jack Straw revirtió el fallo judicial de entrega a España porque, según justificó, el dictador chileno estaría “incapacitado”, mental o físicamente, para afrontar los juicios planeados por genocidio y torturas. 

Garzón dirige ahora el equipo legal internacional de Assange. Y el paralelismo entre ambos procedimientos no pasa inadvertido para el abogado de su despacho, Aitor Martínez Jiménez, quien testificó en los tribunales en apoyo del australiano. La defensa ganó la ronda inicial, en enero de 2021, cuando la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, frenó la extradición debido al “riesgo sustancial” de que Assange se suicidara en el estricto sistema penitenciario estadounidense. Por el contrario, el Supremo validó el pasado marzo el fallo anterior del tribunal de Apelación, que dio por satisfecho el aval ofrecido a última hora por EE.UU. de que el bienestar y la seguridad del reclamado se protegerían en todas las instancias penales del país. 

Crímenes de guerra

Esas garantías diplomáticas se extienden también a la posibilidad de que Assange cumpla en Australia parte de la sentencia, con una pena potencial de hasta 175 años de cárcel. Está imputado de dieciocho cargos relacionados con la obtención y divulgación de informes secretos, como el vídeo de la matanza de civiles iraquíes desde un helicóptero estadounidense Apache y otros documentos indicativos de graves abusos. “Mientras los militares norteamericanos que cometieron esos crímenes de guerra no han sido sometidos a ninguna investigación, el periodista que los reveló está viviendo una de las persecuciones judiciales más despiadadas que jamás se han visto. Es, sinceramente, un verdadero atentado jurídico”, denuncia Martínez.

“En el caso Pinochet”, puntualiza el abogado, “la justicia británica acordó su entrega a la Audiencia Nacional española, pero fue Jack Straw, precisamente el entonces ministro de Interior, quien paró la extradición y decidió que Pinochet pudiera ir a Chile por su estado de salud. Ahora estamos ante un periodista del que todos los organismos de derechos humanos del mundo afirman que su delicada situación de salud requiere parar definitivamente esta persecución. Quizá sería una oportunidad para que el Ejecutivo británico despliegue esa humanidad hacia Julian Assange y pare la extradición”.

El también profesor de la Universidad Nebrija y director del manual ‘Derecho Penal Internacional: Evolución histórica, régimen jurídico y estudio de casos’, de reciente publicación, canaliza en la Audiencia Nacional la querella del exdirector de WikiLeaks y otros afectados en la presunta operación de espionaje llevada a cabo en la embajada de Ecuador de Londres por la empresa andaluza de seguridad, Undercover Global (UC Global). El mes pasado visitó a su cliente en Belmarsh, el penal de máxima seguridad del sureste del Támesis, donde está preso desde abril de 2019.

Salud quebrada

“Está destrozado. La persecución le ha destrozado física y psicológicamente”, alerta Martínez. “Julian Assange tiene un estado de salud muy delicado, con graves daños tanto físicos como psíquicos, consecuencia de la inhumana situación que vive. Lleva más de una década sometido a un escenario muy duro”, añade el letrado en referencia a los casi siete años que pasó “recluido en el minúsculo piso, sin acceso a la luz solar y aire fresco”, de la legación diplomática ecuatoriana. Avanza ya el cuarto año de prisión preventiva, en régimen casi permanente de aislamiento debido a sus trastornos mentales y las restricciones de la pandemia de coronavirus.

Assange padece depresión recurrente, síndrome de Asperger y altibajos suicidas, de acuerdo con diagnósticos del neurosiquiatra y profesor emérito del King’s College, Michael Kopelman, y del doctor Quinton Deeley, especialista en trastornos del espectro autista. Llamados a declarar por la defensa en las audiencias de primera instancia, ambos coincidieron en la determinación del recluso, de 50 años, para poner fin a su vida si pierde el pulso de extradición. 

El relator en Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, comunicó a Londres, Camberra, Estocolmo y Quito su inquietud por la exposición de Assange a un “severo dolor y sufrimiento, infligido mediante varias formas y grados de tratamiento o castigo cruel inhumano y degradante, que claramente constituye tortura psicológica”. El experto suizo y catedrático de la Universidad de Glasgow sacó su crítica conclusión después de examinar al patrón de WikiLeaks durante una acordada visita a Belmarsh, en mayo de 2019, en compañía de dos veteranos en la materia, el siquiatra Pau Pérez-Sales y el profesor en medicina forense Duarte Nuno Vieira. Los tres aguantaron “estoicamente” el “fino hostigamiento” de las autoridades británicas, aunque la experiencia resultó “más dura para el temperamento de mis colegas ibéricos”, según Melzer recuerda en su libro ‘The Trial of Julian Assange: A Story of Persecution’.

El académico desvela “errores sistémicos” en los procedimientos –tanto en Suecia a raíz de alegaciones de abuso sexual como en Reino Unido desde su arresto en diciembre de 2010– y denuncia la campaña “sin precedentes de difamación, intimidación, humillación y, últimamente, deshumanización” del activista electrónico. “No tratan de forzar una confesión ni de coaccionarle a cooperar, sino de intimidar y disuadir a otros editores, periodistas y filtradores que puedan verse tentados a seguir su ejemplo”, sostiene en su investigación. Y concluye: “Le castigan arbitrariamente por haber publicitado los secretos sucios de los poderosos. WikiLeaks desafía la impunidad del poderoso. Esa es su única amenaza real”.

El periodismo en peligro

Para el abogado español del activista, la situación supone un “gravísimo atentado al derecho a la libertad de prensa en el mundo”. “Assange y WikiLeaks recibieron información de fuentes anónimas relativa a la comisión de graves crímenes de guerra y simplemente procedieron a su publicación, en asociación con los grandes medios del mundo, que no han sido perseguidos. Por lo tanto, se está criminalizando la propia labor del periodismo”, arguye por correo electrónico.

Una decisión favorable a EE.UU. de la ministra Patel no activaría la deportación inmediata de Assange. Su equipo legal se reserva cartuchos en Reino Unido y, si fuera necesario, en la Corte Europea de Derechos Humanos. Los tribunales han escuchado hasta ahora el recurso de Washington a la sentencia de la corte de Westminster. Y los representantes de Assange planean lanzar una “contra apelación” a los argumentos desestimados por Baraitser. La magistrada bloqueó la extradición por motivos de salud y pasó por alto cuestiones de fondo, como el carácter político del procedimiento, la libertad de prensa y el derecho de todo periodista a publicar información veraz. Martínez también menciona el principio de “doble incriminación” respecto a la ley estadounidense de Espionaje de 1917 y su aplicación en Reino Unido a un periodista, además de la proporcionalidad de la posible condena. Otra cuestión de envergadura es la extraterritorialidad de la jurisdicción norteamericana para perseguir penalmente a un periodista extranjero, sin residencia ni lugar de trabajo en EE.UU.

Nadie del entorno de Assange cree que tendría un juicio justo en EE.UU. La Constitución estadounidense ampara el derecho y libertad de prensa, pero la familia y el personal de WikiLeaks temen que se le niegue el reconocimiento como periodista o le consideren fuera del amparo constitucional dada su residencia en Europa. “Si la Primera Enmienda es aplicable, que la apliquen y cierren la causa penal por la que reclaman la extradición”, razona el letrado de ILocad. Otro factor en contra es la probable ubicación del juicio en el estado de Virginia, sede de los servicios de Inteligencia cómplices en la trama de espionaje en la embajada de Ecuador, según indicios destapados en la investigación de la Audiencia Nacional.

La pelea continuará hasta la extenuación, aseguran fuentes legales. El más reciente episodio fue tan íntimo y personal como público y doloroso. Assange se casó con su prometida y madre de sus dos hijos pequeños, Stella Moris, en una ceremonia civil en Belmarsh. “Estoy muy contenta y estoy muy triste”, exclamó la abogada de herencia hispana antes de cortar la tarta nupcial frente a un grupo de simpatizantes que marcaron el extraordinario evento en la entrada del presidio. La novia vistió un elegante conjunto de dos piezas y velo diseñado por Vivienne Westwood, retando con su singular osadía a los gobiernos y autoridades de Reino Unido, EE.UU. y Australia. “Temen que la gente vea a Julian como un ser humano”, escribió el día de la boda en el diario ‘The Guardian’, “quieren que Julian permanezca invisible al público… que desaparezca de la conciencia pública”. 

Lourdes Gómez Londres , 18/04/2022

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Julian Assange hace un gesto a los medios de comunicación desde un vehículo policial a su llegada al tribunal de magistrados de Westminster el 11 de abril de 2019 en Londres, Inglaterra. (Jack Taylor / Getty Images)

La Corte Suprema del Reino Unido ha denegado a Julian Assange el permiso para recurrir la extradición a Estados Unidos, sentando un terrorífico precedente que pone en peligro a todos los periodistas cuyo trabajo amenaza los intereses del imperio.

Si Julian Assange hubiera sido condenado por homicidio involuntario, muy probablemente ya estaría fuera de la cárcel. Las condenas por homicidio involuntario pueden suponer tan solo dos años de cárcel. El máximo es de diez. Esas condenas no suelen cumplirse en una prisión de alta seguridad.

Pero Julian Assange, que no ha sido condenado por ningún delito, lleva más de una década sin salir en libertad y actualmente está a punto de entrar en su cuarto año de prisión en la cárcel más draconiana del Reino Unido, la prisión de alta seguridad de Belmarsh. La decisión de la Corte Suprema de rechazar la última apelación de Assange prácticamente garantiza que pasará al menos el próximo año en la cárcel. Durante ese tiempo sus abogados lanzarán otro intento de liberarlo.

La decisión de la Corte Suprema de hace algunas semanas impidió que Assange impugnara la última sentencia en el Tribunal Superior, en la que los abogados que actúan en nombre de Estados Unidos anularon con éxito una decisión anterior contra la extradición dictada al final de la única vista completa que ha tenido el caso en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

En esa decisión, dictada a principios de 2021, el juez dictaminó que, aunque todos los motivos políticos por los que Assange había alegado que no debía ser extraditado eran inválidos, no debía ofrecerse para la extradición porque la naturaleza opresiva del sistema penitenciario estadounidense lo pondría en riesgo de suicidio.

Esta fue la decisión que Estados Unidos recurrió ante el Alto Tribunal. La Corte Suprema estimó el recurso de Estados Unidos y dictaminó que la extradición debía seguir adelante, basándose en que Estados Unidos había garantizado que Assange sería bien tratado en el sistema penitenciario estadounidense.

Los abogados de Assange lo impugnaron argumentando que las garantías no se habían dado en la vista principal y, por tanto, no se habían puesto a prueba con argumentos en el tribunal. La Corte Suprema acaba de dejar de lado este argumento y ha dictaminado que dichas garantías deben tomarse al pie de la letra siempre que se den, y que no es necesario argumentarlas ante un juez.

Esta decisión crea un peligroso precedente que puede ser utilizado por cualquier régimen, desde Arabia Saudí hasta China, para perseguir a los disidentes políticos en el Reino Unido. De un plumazo, hace que los opositores políticos de los regímenes autoritarios no estén seguros en Gran Bretaña.

Sin embargo, la causa de Assange todavía tiene una oportunidad de luchar en los tribunales. El ministro del Interior, Priti Patel, tiene que considerar las objeciones a la extradición por motivos limitados. E incluso si las desestima, como parece probable, los abogados de Julian Assange pueden lanzar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior para anular las partes de la decisión original en las que perdieron.

Estas son en realidad las partes más políticas y sustantivas del caso. Tratan de si había o no una defensa del interés público para publicar el material que Assange puso en circulación pública. También tratan de si este es un caso político. Se supone que estos casos son inadmisibles según el tratado de extradición. Si no lo fueran, todas las dictaduras del planeta estarían persiguiendo a sus opositores utilizando el tratado para ponerles las manos encima. Se trata de las cuestiones más fundamentales de la libertad de prensa.

Los partidarios de Assange están bien acostumbrados a los procesos bizantinos del sistema legal. Reconocen que el lawfare se está utilizando para desgastar tanto a Assange personalmente como a la campaña para defenderlo. Esto no debe ocurrir. 

Durante el curso de esta apelación, el tribunal de la opinión pública se ha inclinado a favor de Assange. El testigo principal de la acusación ha admitido que mintió al tribunal, y los planes de la CIA para secuestrar o matar a Assange han sido expuestos públicamente. Mientras tanto, una extraordinaria subasta virtual recaudó enormes fondos de miles de partidarios para pagar los costes legales del caso. Ahora se ha lanzado un nuevo llamamiento de crowdfunding para sufragar los costes de la futura campaña política.

En un entorno político en el que se suprimen las voces disidentes y alternativas, es más importante que nunca que este caso emblemático no se pierda. La libertad de expresión y la prensa libre están amenazadas. Hay que defenderlas.

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El logotipo de la empresa NSO Group en la fachada de una de sus sucursales en el valle de Aravá, en el sur de Israel, a 8 de febrero de 2022. — Menahem Kahana / AFP

En un intento de bloquear una demanda de Facebook, la compañía israelí ha solicitado a la Corte Suprema de EEUU que se le reconozca como "agente de un gobierno extranjero". NSO busca desesperadamente de esta manera no tener que pagar una indemnización millonaria y no verse obligada a revelar el nombre de sus clientes ni sus capacidades tecnológicas.

 

La compañía israelí NSO Group, propietaria de programas de espionaje telefónico como Pegasus, ha solicitado a la Corte Suprema de EEUU que la reconozca como "agente de un gobierno extranjero" con el fin de eludir los procesos que la han llevado ante los tribunales americanos y blindar sus responsabilidades en todo el mundo.

En su petición argumenta que la Corte Suprema debería reconocerla como "agente de un gobierno extranjero" y reconocerle inmunidad en base a la ley estadounidense que limita los pleitos contra otros países. Recientemente dos tribunales federales han rechazado esa argumentación por lo que los expertos consideran que es muy difícil que la Corte Suprema atienda la petición.

Los expertos señalan que se trata de una decisión desesperada de NSO mediante la que trata de contrarrestar un pleito presentado por el servicio de mensajería de WhatsApp, perteneciente a Facebook, que ahora lleva el nombre de Meta Platforms Inc. La Corte Suprema solo da trámite al uno por ciento de las solicitudes que recibe.

En 2019 Facebook presentó una demanda acusando a NSO Group de aplicar sofisticados medios de espionaje contra 1.400 usuarios de su servicio de mensajería encriptado. Meta Platforms Inc. solicita a los tribunales que se le permita bloquear a NSO de las plataformas de Facebook y de sus servidores, así como una indemnización suculenta que no se ha especificado.

Si NSO Group consigue que la Corte Suprema le dé la razón y le concede la inmunidad, lo que parece improbable, la compañía israelí lograría frenar la demanda de Facebook. Además evitaría tener que revelar la identidad de sus clientes y sus secretos tecnológicos (que tienen su origen en el ejército israelí) en otros pleitos potenciales que otras partes podrían presentar más adelante.

En su rebuscada petición, NSO dice que en el pasado, y durante años, otros tribunales inferiores han dado opiniones diferentes sobre la inmunidad soberana, por lo que es importante que la Corte Suprema se pronuncie con claridad ante un asunto que tiene grandes implicaciones para la seguridad nacional y para gobiernos de todo el mundo.

"Muchos países, incluidos los Estados Unidos, confían en contratistas privados para conducir o apoyar actividades gubernamentales centrales", dice NSO en su petición de este mes de abril. "Si esos contratistas nunca pueden buscar inmunidad, (...) los Estados Unidos y otros países podrían ver cómo se entorpecen sus operaciones militares y de inteligencia mediante pleitos contra sus agentes".

Otro argumento en el que se escuda NSO es que Pegasus y otros programas de espionaje únicamente se venden a agencias gubernamentales con el fin de combatir la delincuencia y el terrorismo, y que todos los contratos son aprobados por el ministerio de Defensa de Israel. Pero esos programas se han usado con frecuencia contra disidentes en países totalitarios o semidemocráticos.

De hecho, Facebook señala que más de un centenar de sus clientes espiados por los programas israelíes son periodistas, activistas de derechos humanos o miembros de la sociedad civil. La compañía israelí responde que no puede controlar el uso que sus clientes hacen de sus programas en el extranjero.
Facebook sostiene que es necesario detener completamente las actividades ilegales que se cometen con esos programas. "El espionaje de NSO invade los derechos de ciudadanos, periodistas y activistas de derechos humanos de todo el mundo y esos ataques deben terminar", ha dicho WhatsApp en un comunicado.

Muchos grupos de derechos humanos y compañías tecnológicas sostienen que sería "peligroso para el mundo" que la Corte Suprema dé inmunidad a NSO. El año pasado Apple calificó de "inmorales" las actividades de la compañía de Tel Aviv y funcionarios de EEUU han dicho que esas actividades representan una "represión transnacional".

Paralelamente, investigadores citados por varios medios, han confirmado que NSO está infectando y espiando teléfonos iPhone de altos funcionarios de la Unión Europea. La denuncia se apoya en el testimonio de funcionarios de la UE así como en documentos, si bien Bruselas oficialmente mantiene un perfil plano tal y como suele suceder con todo lo relacionado con Israel.

Hay al menos cuatro personalidades espiadas, entre ellas el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders. Se da la circunstancia, que podría no ser fortuita, de que Reynders lleva asuntos de violaciones de derechos humanos, una cuestión que preocupa e inquieta a Israel. Bruselas ha comunicado a título privado a algunos funcionarios que sus aparatos están o pueden estar en el objetivo de los espías "de un estado", pero se ha cuidado de señalar a Israel.

Como suele ocurrir en estos casos, cada vez más frecuentes, NSO ha publicado una declaración en la que dice que no es responsable de los intentos de espionaje denunciados, y que está a favor de que se investiguen. La semana pasada el parlamento europeo creó una "comisión de investigación" para examinar el uso que hacen de los programas de espionaje Pegasus países como Hungría y Polonia, dos estrechos aliados de Israel.

Israel obtiene beneficios políticos en Europa y en otros lugares del mundo vendiendo programas de espionaje que se usan con "objetivos políticos contra, por ejemplo, periodistas, políticos y abogados", según el parlamento europeo. Pegasus es capaz de convertir los teléfonos inteligentes en herramientas de espionaje capaces de leer los mensajes, identificar la localización o incluso activar la cámara y el micrófono de los aparatos sin que se entere su dueño.

13/04/2022 23:23

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Cómo son los polémicos drones armados que Estados Unidos le dará a Ucrania

Un negocio multimillonario que mata civiles "por error"

Los aviones no tripulados que EEUU prevé enviar a Ucrania ya han sido empleados por Washington y otros países en diferentes escenarios bélicos. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el grave riesgo que entrañan estas armas robotizadas. 

 

Alta velocidad, gran altura e inmensa capacidad mortífera. Si un dron de combate pasa por el cielo, quienes tengan la desgracia de encontrarse en ese momento en tierra verán la muerte de cerca. Una muerte dirigida y ordenada por alguien situado a gran distancia. Solo hay que apretar un botón y ese avión no tripulado descargará su furia. Así también se mata en el siglo XXI.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado que enviará aviones no tripulados a territorio ucraniano, lo que significa introducir en ese escenario bélico a unos protagonistas tan costosos en precio como en vidas: un dron MQ-9 Reaper con bandera estadounidense vale más de 100 millones de dólares y puede lanzar cuatro misiles donde y cuando quiera.

"En 2019, un misil Hellfire estadounidense lanzado desde un dron Reaper mató a 10 personas en Kabul, Afganistán, entre ellas siete niños. Estados Unidos no investigó adecuadamente este ataque, ni se puso en contacto con la familias de las víctimas, ni ofreció ningún tipo de reparación", destaca un informe de Amnistía Internacional (AI).

Durante los últimos 12 años, esta organización de derechos humanos ha documentado varios ataques con drones en los que ha habido "errores" fatídicos: en esos bombardeos, registrados en lugares como Pakistán, Afganistán o Gaza se han registrado muertes de civiles.

"Errores de cálculo"

"Decimos errores de cálculo porque han atentado contra población civil, e imaginamos que quizás no eran los ataques previstos. En cualquier caso, tenemos la sospecha de que se cometen errores", afirma Miguel Ángel Calderón, portavoz de AI.

Washington no está solo en el desarrollo de este tipo de armamento. ​Según datos publicados en un informe especial del Centro Delàs de Estudios por la Paz, las grandes empresas exportadoras de este tipo de armamento "se encuentran en Estados Unidos, Israel, Rusia y China".

"El mercado está dominado por ahora por Estados Unidos e Israel, que disponen de la tecnología punta en este tipo de armas, pero países como Turquía, Rusia, Irán o China, entre otros, también disponen de la tecnología para fabricarlas y compiten por venderlas en un mercado global cada vez más eufórico", señala el documento de AI. En el caso de Turquía, su dron Bayraktar TB2 fue empleado en ataques contra las fuerzas armenias durante la escalada bélica registrada en 2020 en Nagorno Karabaj. Asimismo, Marruecos las utiliza en la guerra del Sáhara Occidental. Según datos aportados por AI, más de 20 países disponen de drones de combate operativos.

Desde las oficinas de AI en España, Calderón habla de la "absoluta falta de transparencia" que rodea la utilización de estas armas por parte de aquellos países que las han empleado en contextos bélicos. "Los estados tienen que ser transparentes en el uso de la fuera aérea letal, ya sea tripulada o no tripulada. No solo tiene que quedar clara la base legal sobre la que están operando, también tienen que ser transparentes para que pueda haber rendición de cuentas cuando sea necesario", sostiene.

Una cuestión de ética

Pere Brunet, doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Catalunya, ha participado en distintos estudios sobre los riesgos que acarrean los drones usados en la guerra. "Aquí se plantea otro problema ético: el denominado 'sesgo de automatización', una tendencia que tenemos las personas a dar por buenas las recomendaciones que nos hacen las máquinas y por la que es probable que el operador a cargo de un dron acabe realizando acciones sesgadas", explica.

En un trabajo realizado junto a la investigadora y profesora Tica Font y el también docente Joaquín Rodríguez para la campaña internacional Stop Killing Robots, los expertos subrayan que "al día de hoy, ningún país ha regulado sobre el diseño, la investigación, la producción o la tenencia de estas armas autónomas".

El texto aborda precisamente las divergencias éticas que se abren. "Las decisiones sobre la vida y la muerte de los humanos en un conflicto armado pueden requerir de visión de conjunto, de comprensión de intenciones, de compasión, de intuición o de sentido común –describen Brunet y Font–. En definitiva, estamos cuestionando la capacidad de generar algoritmos que puedan reproducir emociones tan singulares como la empatía el amor, la piedad o la culpa".

Armas lícitas

En 2018, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE, dependiente del Ministerio de Defensa), encargó un estudio sobre la supuesta licitud de los drones armados. Dicho informe, realizado por Eugenia López-Jacoiste Díaz (profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra) se elaboró aproximadamente un año antes de que el Ejército del Aire español recibiera los Predator de fabricación estadounidense.

En ese documento, la autora destaca que los drones "no están expresamente prohibidos en las normas que integran el Derecho internacional humanitario, ni se considera que su uso sea inherentemente discriminatorio o pérfido", aunque a continuación aclara que "el hecho de que los drones no sean en sí mismo ilícitos no significa que su uso esté libre de restricciones, según el orden internacional".

Sobre ese punto, López-Jacoiste remarca que "el empleo de drones como medio de combate en los conflictos armados internacionales o no internacionales estaría plenamente admitido siempre que se respeten los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad militar y humanidad".

Cita en concreto la "prohibición de atacar a personas cuando se reconozca que están fuera de combate. Además, las personas civiles están protegidas contra los ataques salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación".

Silencio de Estados Unidos

Sin embargo, AI ha documentado acciones de EEUU en las que tales principios han estado lejos de cumplirse. Solo en 2010, esta organización documentó más de 1.000 civiles asesinados por drones en Pakistán.

"Llevamos más de una década pidiendo información al gobierno de EEUU y reclamando que desvele no solo la base legal sobre la que operan los drones, sino también que aporte información sobre aquellos ataques que se sabe que han sido ejecutados con drones estadounidenses y han tenido víctimas civiles", relata Calderón. De momento no ha habido suerte.

* Del diario español Público, especial para Página/12.

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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, abandona el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde compareció para una audiencia administrativa sobre su extradición a los Estados Unidos. — Dominic Lipinski / PA Wire / Europa Press

La decisión de extradición deberá ser ratificada ahora por la ministra del Interior británica, Priti Patel, aunque al fundador Wikileaks aún puede recurrir otras partes del proceso, lo que alargará los plazos.

 

El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó este lunes un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, lo que da luz verde asu extradición a Estados Unidos.

El caso pasa ahora a la ministra británica del Interior, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se espera que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo.

Las autoridades estadounidenses quieren que Assange, de 50 años, se enfrente a un juicio por 18 cargos relacionados con la publicación por parte de WikiLeaks de grandes cantidades de registros militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos que, según sostienen, han puesto vidas en peligro.

En diciembre, el Tribunal Superior de Londres anuló la decisión de un tribunal inferior de que no debía ser extraditado debido a sus problemas de salud mental, que presentaban un riesgo de suicidio.

Los jueces del Tribunal Superior londinense le denegaron a Assange entonces el permiso para recurrir directamente al Tribunal Supremo sobre su decisión, dejando en manos del propio Supremo la decisión sobre si debía atender su recurso.

"La solicitud ha sido rechazada por el Tribunal Supremo y la razón dada es que la solicitud no plantea un punto de derecho discutible", explicó un portavoz del Tribunal Supremo.

14/03/2022 18:48

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Viernes, 04 Marzo 2022 05:35

Los misiles se imponen a la ciberguerra

Los misiles se imponen a la ciberguerra

La capacidad cibernética de Rusia no ha mostrado su peor cara en esta guerra.- Pixabay

Se ha superado la semana de guerra en Ucrania y sorprende la baja actividad cibernética llevada hasta el momento. A pesar de que en los días previos sí se registraron algunos ataques a páginas webs del gobierno ucraniano, no se han hecho públicas nuevas ofensivas contra, por ejemplo, infraestructuras críticas. Esta circunstancia choca de pleno con la realidad de que Rusia es una superpotencia en materia de seguridad informática y que desde Moscú se ha potenciado siempre su propio ejército oficioso de hackers. Sin embargo, Putin ha optado hasta el momento por priorizar en sus ataques la brutalidad convencional.

La primera y única oleada de ciberataques en los albores del conflicto parece ahora más propaganda que otra cosa, una suerte de acoso intimidatorio que se fue desvaneciendo a medida que caían las bombas. A todas luces Moscú está infrautilizando sus capacidades cibernéticas con las que, de un modo relativamente sencillo dado su potencial, podría provocar cortes de suministros y detener empresas enteras sin lanzar un solo misil. Hace más de una década (2010) que EEUU e Israel desarrollaron el virus gusano Stuxnet para tumbar las centrifugadoras de uranio de Irán y los apagones de red eléctrica en Kiev en 2015 y 2016 se atribuyeron directamente a Moscú y los malware BlackEnergy y KillDisk.

Tanto es así que el virus NotPetya, que en 2017 provocó pérdidas de 10.000 millones de dólares, se atribuyó a un ataque ruso contra Ucrania que terminó propagándose por todo el mundo. Además, según informes de Chainalysis, el 74% de los pagos realizados por ataques de ransomware tuvieron como destino a piratas informáticos vinculados con Rusia. Los expertos han llegado a calificar a Ucrania como el patio de recreo de los hackers rusos, a los que durante años se han atribuido ataques a los más diversos objetivos, incluida la Comisión Electoral Central en 2014.

Diversos analistas indican que una vez que ha estallado el conflicto, la ciberguerra pasa a un plano secundario, una actividad de apoyo, quizás, para determinados objetivos tácticos. El momento en el que las operaciones cibernéticas cobran más sentido sería, según estas teorías, esa zona gris que existe entre la paz y la guerra. Un planteamiento muy distinto a lo que se venía sosteniendo hasta la fecha, con sofisticados ejercicios de ciberseguridad por parte de la OTAN.

En este sentido, quizás es más rápido acabar con determinados objetivos mediante artillería convencional, pero el derramamiento de sangre pasa una factura aún mayor al bando ruso, que podría mitigar esa situación a golpe de código. Así, asumida desde la óptica de Putin la mayor conveniencia de atacar con misiles, aparecen objetivos secundarios: los aliados.

La zona gris anteriormente mencionada es la que se encuentra ahora en Occidente (EEUU y Europa), implicados con la guerra pero sin que ésta haya llegado a su terreno. De esta manera, la amenaza cibernética contra infraestructuras críticas estadounidenses o de la Unión Europea (UE) parecen más factibles que contra la propia Ucrania –aunque éstas no debieran descartarse tan pronto-. De enquistarse la guerra, Putin podría ser impredecible alentando este tipo de ataques.

Esta impredecibilidad se acrecienta por el plazo que ha tenido Putin para diseñar su estrategia, aunque es cierto que sobre el terreno no está teniendo los efectos que él hubiera deseado. Atacar infraestructuras críticas requiere de tiempo, entre otras cosas, porque por lo general se hace a través de complejos procesos de ingeniería social y precisan mantenerse ocultos en la red durante largos plazos de tiempo. El mencionado ataque a Irán en 2010 con Stuxnet se inició en 2007. Sea en Ucrania o en el resto de Occidente, ¿ha tenido Moscú esta paciencia meses atrás? ¿Ha desplegado ese nivel de planificación? Este podría ser también el motivo por el que tampoco se producen ataques en la otra dirección, es decir, hacia Rusia, interrumpiendo por ejemplo sus comunicaciones o sus redes de abastecimiento.

En todo caso, cuando en junio de 2021 se reunieron en Ginebra Joe Biden y Putin, el presidente estadounidense detalló al ruso una lista de 16 sectores de infraestructura crítica que no deberían ser jamás objetivos de actividad cibernética maliciosa. Sectores como la energía, servicios financieros, sanidad, centrales nucleares, transporte, agua y saneamiento, agroalimentario, comunicaciones, químico… son sólo algunos de ellos. Llegado a un punto crítico de la guerra, ¿se respetarían estos puntos?

Cada vez son más las voces que reclaman una reforma del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte fundacional de la OTAN (1949), ese que establece el uno para todos y todos para uno, es decir, que si un miembro de la Alianza es atacado, lo son son todos y la respuesta se produce en consecuencia. Los reformistas exigen que entre los ataques se incluyan los ciberataques.

Por otro lado, cabe otra posibilidad para justificar el perfil bajo de la guerra cibernética por parte de Rusia: dado que el ejército de hackers ruso se compone, en gran medida, de puros mercenarios –no es un ejército como tal-, quizás no comparten las motivaciones de Putin para esta guerra como para crear un Pearl Harbor cibernético aunque, obviamente, tampoco facilitarán las cosas a la OTAN.

4 marzo, 2022

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Jueves, 17 Febrero 2022 07:22

Operación Peter Pan

Operación Peter Pan

Más de 14 mil niños, 14 mil 48 para ser exactos, salieron de Cuba sin sus padres entre 1960 y 1962. La Operación Peter Pan, como se conoce al mayor éxodo masivo de niños no acompañados en el siglo XX, no fue un esfuerzo de una organización caritativa, sino una acción encubierta de los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en particular de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Es, también, una prodigiosa parábola sobre la maldad.

La agencia se encargó de distribuir clandestinamente miles de impresos de una supuesta ley que eliminaba la patria potestad –el derecho de los padres a decidir por sus hijos menores– para enviar a los niños a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), donde trabajarían en campos de concentración o serían ofrecidos en adopción a otras familias. Hubo rumores de que los convertirían en carne en lata.

Cuando se habla de guerra fría, se trata de esto. De engaño cerril, de politización del odio.

La embajada de Estados Unidos expidió visas precarias para menores de 16 años, pero no para sus padres. Miles de familias aterradas mandaron a sus niños a Miami, presuntamente para salvarlos del monstruo comunista. Todos pensaban entonces en un rápido rencuentro, incluso dentro de Cuba, porque se confiaba en la inmediata caída del gobierno revolucionario. Para buen número de esos niños, la realidad fue muy dura: solos, sin su familia y, a veces, violentados por curas pederastas, explotados como sirvientes domésticos y sin conseguir integrarse en los hogares de adopción.

En el documental de la realizadora Estela Bravo, Operación Peter Pan (2013), esos niños cuentan, medio siglo después, el horror del campamento de refugiados de Miami, creado especialmente para ellos. Uno de esos pequeños escribía cartas a su madre en Cuba con sólo dos palabras repetidas hasta el infinito: “Mami, ven”.

La diócesis de Miami fundó el refugio de Boys Town, rebautizado como Children’s Village, que aún recibe menores no acompañados y que se ha convertido por estos días en tema de las noticias, cuando el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anunció que los vuelos federales que transportan menores desde la frontera sur no serían recibidos allí.

“Los migrantes económicos actuales no son refugiados y son diferentes de los niños cubanos que huyeron del régimen de Castro”, manifestó en conferencia de prensa DeSantis, quien está considerando postularse para presidente en 2024, según el diario Político. El gobernador de Florida ha amenazado con dejar de otorgar licencias a los refugios que atienden a niños no acompañados. Su controvertida alusión a los Peter Pan ha escandalizado hasta al diario conservador The Miami Herald. Una columnista de ese periódico lo ha acusado de tener “impulsos fascistas y racistas”, mientras Thomas Wenski, arzobispo de Miami, ha dicho irritado: “Los niños son niños, y ningún niño debe considerarse repugnante”.

Pero este giro hipócrita de la Operación Peter Pan nos recuerda que, como advirtió Carlos Marx en su 18 Brumario, la Historia siempre se repite, primero como drama y luego como farsa, sin que agote la insoportable carga de sufrimiento a las víctimas y sus allegados. Tomando la palabra farsa en su significado académico menos hiriente, como “enredo para aparentar”, es razonable que DeSantis no ha invocado la perversa maniobra de la CIA en Cuba por casualidad. Escenifica un enredo para aparentar que los cubanos de Florida le importan y, sobre todo, para enlodar todo lo que haga o deshaga el gobierno de La Habana. Y de la política de Miami se puede decir que funciona como una especie de congelador que permite conservar intacto el anticomunismo de la guerra fría y sus exorbitantes mentiras.

En Cuba por estos días se discute en asambleas populares el proyecto de Código de las Familias, que reconoce la variedad creciente de estructuras de hogares y diluye el predominio del modelo clásico patriarcal. Se actualiza también el concepto de responsabilidad parental. ¿Adivinen qué ha trascendido de todo esto en la jungla tóxica de las redes y sitios digitales de Miami que apuestan por “DeSantis presidente”? Que el gobierno cubano se prepara para arrebatarles a los padres la patria potestad de sus hijos.

Daría risa si no fuera por la seriedad de las víctimas, de las familias divididas, por el sufrimiento de un pueblo inocente cansado de tanto político maniobrero.

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Niños cubanos sin sus padres arriban al aeropuerto de Miami en 1961, como parte de la "Operación Peter Pan".

La CIA contra Cuba

Veciana, en sus memorias reconoció que, según el agente de la CIA que lo había reclutado en La Habana, “las guerras modernas son, sobre todo, guerras psicológicas; el objetivo es torcer la opinión pública”. Las estrategias, claro, son más específicas: “nunca se debe dejar huellas de nuestras acciones…».

El lunes 7 de febrero, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la vicegobernadora Jeanette Nuñez y la fiscal general asistieron a una mesa redonda en el Museo Americano de la Diáspora Cubana de Miami. En su discurso, el gobernador afirmó que comparar el sufrimiento de los niños cubanos exiliados en la Operación Pedro Pan en los 60 con los niños inmigrantes de América Central es “repugnante”, porque los primeros huían del comunismo. 

Los otros huyen del capitalismo desde el siglo XIX.

Señor gobernador y aspirante a la Casa Blanca: lamento informarle que, más allá de los aplausos endogámicos, otra vez ha repetido usted una vieja mentira que se cayó a pedazos mucho tiempo atrás, aunque los fanáticos la continúen venerando como una revelación del Espíritu Santo. Los mismos agentes de la CIA lo reconocieron. Sé que se pasará esto por el traste, pero la verdad, por algún lado, tiene que entrar.

El 26 de diciembre de 1960el nuevo gobierno de Cuba había iniciado un programa de reformas en la educación. Tal vez para evitar repetir la historia del golpe en Guatemala seis años atrás (inoculado por la CIA gracias a la apertura democrática del presidente finalmente depuesto), se quiso enseñar a los jóvenes a usar armas. En Estados Unidos, los conservadores hacen lo mismo con sus niños, pero no es un “adoctrinamiento” sino “para luchar por la libertad”. 

Como hacen los conservadores en Estados Unidos cuando le enseñan a sus niños a llamar comunista a cualquiera que en los países pobres luchen por sus derechos o contra las intervenciones de Washington, también el gobierno revolucionario de entonces pretendió enseñarle a sus niños canciones contra el imperialismo, el que, solo en la isla y también en nombre de la libertad, había comenzado antes de 1898. Para peor, muchos padres cubanos se preocuparon por el extremismo del programa de alfabetización indiscriminada del nuevo gobierno. 

Por décadas, los libros y los diarios del «Mundo Libre» reportaron que los niños en las escuelas primarias de la revolución cubana “eran obligados a aprender los valores de la Revolución”. Se asume que en el resto de los países los niños en las escuelas y en las iglesias son libres de pensar por cuenta propia (excepto cuando se hacen jóvenes adultos y llegan a las universidades; entonces son “adoctrinados” por los profesores).

En 1960, en las Islas del Cisne, reclamadas por Honduras y ocupadas por la CIA, se instaló una radio sin licencia para transmitir propaganda hacia Cuba, con locutores cubanos llegados de Miami. Radio Américas (más tarde presentada como “La primera voz democrática de América Latina”) comenzó a difundir el rumor de que los comunistas iban a enviar a los hijos de los cubanos a Rusia, por la fuerza. 

Como en el episodio de radio de Orson Welles sobre una invasión extraterrestre (puesto en práctica en el exitoso golpe de Estado de Guatemala), inmediatamente cundió el pánico. 47 años más tarde, en sus memorias Trained to Kill (Entrenado para matar), el agente cubano de la CIA, Antonio Veciana, reconocerá, con orgullo: “Maurice Bishop [David Atlee Phillips] sabía que yo había sido el responsable del incendio en una de las tiendas más famosas de La Habana, el que le costó la vida a una joven inocente, madre de dos niños. Él también sabía que yo había sido el responsable de esparcir el rumor que llevó al éxodo de miles de niños cubanos en la Operación Pedro Pan, con la ayuda de la Iglesia Católica, mintiendo que eran huérfanos. Él sabía que había sido yo quien casi había hecho colapsar la economía de Cuba con esa campaña de rumores que pretendía sembrar el pánico en la población”.

Pero Veciana había aprendido de Phillips. En sus memorias de 2017, reconoció que, según el agente de la CIA que lo había reclutado en La Habana, “las guerras modernas son, sobre todo, guerras psicológicas; el objetivo es torcer la opinión pública”. Las estrategias, claro, son más específicas: “nunca se debe dejar huellas de nuestras acciones; si esto no es posible, siempre y bajo cualquier circunstancia se debe negar cualquier participación en los hechos. Siempre. Incluso cuando lo contrario es lo más obvio…. Si los intereses de los otros se alinean con los nuestros, entonces son aliados; si no tienen ningún interés, son instrumentos; si se oponen a nuestros intereses, son enemigos”. 

Antonio Veciana, como empleado bancario del hombre más rico de Cuba, el Rey del azúcar Julio Lobo, se había reunido dos veces con el nuevo presidente del Banco Nacional de Cuba, Ernesto Guevara y, luego de alguna duda, había desestimado su pedido de reclutar contadores y administrativos para el nuevo sistema financiero de Cuba que seguiría a la nacionalización. Desde su retiro de Miami, Veciana definió a El Che como un fanático de decir la verdad a cualquier precio.

Pero Veciana se sintió orgulloso toda su vida por haber puesto en marcha el plan histórico, aún sin la aprobación inicial de la CIA. Incluso logró imprimir miles de panfletos en el cual informó de una ley que nunca existió. El efecto fue similar al descubierto por el propagandista y manipulador social Edward Bernays (hacer que una autoridad en la materia diga lo que uno quiere que todos piensen): en Miami, el sacerdote Bryan Walsh anunció que el gobierno cubano planeaba separar a todos los niños de entre tres y diez años de sus padres para enviarlos a Rusia. La CIA tomó nota y, desde su radio clandestina en las Islas del Cisne de Honduras, comenzó a repetir la historia falsa. Hasta que se convirtió en dogma.

El sacerdote Walsh, a través de su Oficina Católica de Bienestar, inició oficialmente la Operación Pedro Pan con la cual los padres cubanos, desesperados por el rumor, enviaron a sus hijos a Estados Unidos. Desde el 26 de diciembre de 1960 hasta la invasión de Bahía Cochinos en abril de 1961, cada día cientos de niños volaron, sin obstáculos y sin ser acompañados por un adulto, por Pan Am hacia Miami para ser salvados. 

Cuando el programa fue interrumpido, debido a la derrota de la Superpotencia en Bahía Cochinos, 14.048 niños ya habían arribado a Estados Unidos. Algunos, nueve o diez, fueron casos exitosos para los medios y para el sueño colectivo, según el concepto de éxito del momento. Uno será padrastro del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Otro será Mel Martínez, senador de Estados Unidos (héroe de la propuesta “sólo inglés para los niños” y “ningún perdón para los inmigrantes ilegales”), prueba irrefutable del sueño americano y de la libertad del ganador.

En 2007, Robert Rodríguez, uno de estos niños “no exitosos”, denunciará ante la arquidiócesis de Miami al monseñor Bryan Walsh por repetidos abusos sexuales contra él y otros menores refugiados en Opa-locka, Florida. El sacerdote Mary Ross Agosta acusará al denunciante de “difamar a un respetado religioso que salvó la vida de catorce mil niños”. La denuncia de Rodríguez y otros contra la misma arquidiócesis será desestimada por tecnicismos legales que no se aplican en otros Estados. En Florida, diversos monumentos todavía hoy recuerdan con flores a monseñor Walsh.

Muchos niños salvados por la Operación Pedro Pan de ser separados de sus padres por el comunismo tardaron años, décadas en reencontrarse con sus padres. Algunos nunca los volvieron a ver. Por culpa del comunismo, claro.

Por Jorge Majfud | 17/02/2022

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Sábado, 05 Febrero 2022 07:24

El stalker

El stalker

BUKELE Y SU ESPIONAJE DE LA PRENSA INDEPENDIENTE

 

Durante tres meses, de setiembre a diciembre de 2021, los teléfonos Iphone de todos los miembros de El Faro fueron examinados en diferentes etapas, en un proceso liderado por Citizen Lab, laboratorio de la Universidad de Toronto especializado en ciberseguridad, en el que participó Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales. La conclusión técnica, validada por Amnistía Internacional, fue contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group. El equipo –los jefes editoriales, los periodistas, los miembros de la junta directiva y el personal administrativo– permaneció bajo constante vigilancia entre, por lo menos, el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. En total, se hicieron 226 intervenciones, y hay evidencia de que un operador ejecutó Pegasus desde el territorio salvadoreño.

Las intervenciones duraron desde un día hasta un año, en un ataque constante. En otras palabras: se trata de 17 meses de espionaje continuo y con total acceso a los aparatos telefónicos de más de la mitad del personal que trabaja para este periódico, en fechas específicas, que coinciden con diferentes procesos de investigación de El Faro, acontecimientos relevantes de la vida política salvadoreña y ataques gubernamentales contra el periódico. En 11 de los casos de empleados de este medio, el peritaje concluyó que hubo hackeo, es decir, intromisión en el aparato. En otros 11 casos, el peritaje concluyó que, además, se extrajo información. La pericia no logró determinar qué tipo de información fue secuestrada, pero Pegasus permite extraer lo que sea que haya en el teléfono: fotos, conversaciones, audios, contactos. El peritaje no descarta que se haya robado información en los demás teléfonos, pero concluyó, sin matices, que en 11 casos sí.

En diciembre de 2020Citizen Lab publicó uninforme sobre 25 países. En él concluía que el Estado salvadoreño había adquirido un sistema de vigilancia de la compañía Circles, afiliada a NSO Group. También concluía que ese sistema había sido utilizado en el país desde 2017 (cuando gobernaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) hasta la fecha de la publicación del informe. Según John Scott-Railton, investigador sénior de Citizen Lab, los hallazgos en los teléfonos de El Faro son diferentes a los de aquel informe. Lo que se detectó en los teléfonos de este medio fue Pegasus y no otros softwares de espionaje. Pegasus, según Citizen Lab, supera al programa de Circles. «Pegasus instala un programa en el teléfono; Circles no lo hace. Con Circles, hay solo monitoreo e intercepción; con Pegasus, los teléfonos se ven hackeados», aseguró Scott-Railton.

«Lo que nos ha sorprendido no es sabernos intervenidos, sino la cantidad, la frecuencia y la duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de los periodistas. Es completamente inaceptable. Después de las revelaciones del Pegasus Project, esperábamos que los dueños del software cumplieran su palabra y verificaran que no estaba siendo utilizado para perseguir periodistas. Evidentemente no lo hicieron», dijo el fundador y director de El Faro, Carlos Dada. Citizen Lab, la misma organización que analizó los teléfonos del periódico salvadoreño, ya había descubierto una masiva intervención de Pegasus en dispositivos de periodistas y activistas de derechos humanos en México, Marruecos, Arabia Saudita, Hungría, India y Azerbaiyán. La revelación fue publicada en medios internacionales como The Washington PostThe Guardian Le Monde (véase «El espía», Brecha, 23-VII-21).

NSO Group ha declarado que solo vende el Software de espionaje Pegasus a gobiernos, con la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. En el peritaje de los teléfonos de El Faro, hecho por las organizaciones internacionales que han liderado procesos similares con periodistas, activistas y la oposición política de varios países, todo apuntó a que fue el gobierno el que estuvo detrás de las intervenciones. Scott-Railton dijo: «Si encuentras Pegasus, sabes que esa persona ha sido intervenida por un gobierno».

DOSCIENTAS VEINTISÉIS INTERVENCIONES

El 23 de noviembre de 2021, la empresa estadounidense Apple envió correos a algunos periodistas, políticos y activistas salvadoreños, incluyendo a 14 miembros de El Faro. En el correo, Apple advertía de un posible espionaje «bajo el patrocinio del Estado». La alerta coincidió con el inicio de una demanda presentada ese mismo día por Apple en contra de NSO Group en una corte federal de California, Estados Unidos, por infectar dispositivos de actores específicos a través de Pegasus. Cuando los periodistas de El Faro recibieron el correo de Apple, el proceso independiente de análisis de los teléfonos con las organizaciones Access Now y Citizen Lab ya llevaba dos meses. Los miembros de este medio ya habían sido notificados de que sus dispositivos estaban siendo vigilados con Pegasus.

Producto de esas pericias, se determinó que desde el 29 de junio de 2020 se hicieron al menos 226 intervenciones a las 22 personas de El Faro que fueron víctimas de espionaje, de acuerdo con el informe técnico brindado por Citizen Lab y Access Now. Las organizaciones no descartan que haya más víctimas de espionaje cibernético dentro del periódico. Sin embargo, el peritaje no pudo hacerse en teléfonos con el sistema operativo Android ni en dispositivos en que se hayan hecho ciertas actualizaciones recientes.

«Este es uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado», expresó Scott-Railton.

UNA «INVERSIÓN PÚBLICA» MILLONARIA

Debido a las políticas de privacidad de NSO Group, no es posible determinar a cabalidad cuánto se invirtió en una operación de espionaje como la que ha sufrido El Faro. «Pegasus cuesta millones de dólares», respondió el investigador de Citizen Lab al consultársele si podía calcular una cifra. «Cuando un gobierno adquiere Pegasus, adquiere un número concreto de licencias por infección. Si la licencia A te infecta un lunes, no pueden usar esa misma licencia para infectar a otras tres personas», agregó.

Según Citizen Lab, basándose en contratos que la empresa israelí ha hecho públicos, es posible hacerse una idea. «Se gastaron millones de dólares en esta herramienta de espionaje. Pero, en lugar de ser usadas para combatir el crimen, las licencias fueron usadas cientos de veces para vigilar periodistas», aseguró Scott-Railton. Para hacer las cuentas, agregó el investigador, es necesario cuantificar la tarifa por instalarlo, el equipo tecnológico necesario y la capacitación para el personal que debe correr Pegasus.

¿Qué posibilidades da una intervención de este tipo? Todas: la extracción de mensajes, imágenes y cualquier archivo; la activación de la cámara y el micrófono; el acceso a los adjuntos de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería y de correo electrónico, y la posibilidad de acceder a las bitácoras de geolocalización, los registros de llamadas y la actividad de navegación en sitios de Internet. Según Citizen Lab, además, se ha detectado una novedad entre las posibilidades de Pegasus: el robo de credenciales, o tokens, que se guardan en el dispositivo, lo que permite al atacante acceder a las cuentas aun cuando el dispositivo ya no está infectado, gracias a la información que extrajo.

Durante el tiempo del espionaje, los periodistas de El Faro investigaban las negociaciones secretas entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras, el robo de alimentos destinados a cubrir el déficit causado por la pandemia por parte del director de los centros penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para implementar el bitcoin, el patrimonio de los funcionarios del actual gobierno, el manejo de la pandemia y un perfil del presidente.

3 febrero, 2022


(Publicado originalmente en El FaroBrecha reproduce fragmentos. Titulación propia.)

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