Rusia today Foto: kremlin.ru

Entre otros aspectos, la estrategia indica que Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros.

 

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó este sábado la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia. El decreto correspondiente, publicado este sábado en el Portal Oficial de Información Legal ruso, reemplazará el anterior, adoptado en 2015. 

"La implementación de esta estrategia contribuirá a proteger el pueblo de Rusia, desarrollar el potencial humano, mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, fortalecer la capacidad de defensa del país, la unidad y cohesión de la sociedad rusa y lograr los objetivos de desarrollo nacional, aumentando la competitividad y el prestigio internacional de Rusia", reza el documento.

Entre otras prioridades de Rusia el archivo menciona la protección de los fundamentos tradicionales de la sociedad rusa, así como la seguridad ambiental y el uso racional de los recursos naturales.

Injerencia desde el exterior

Frente a la implementación de la política deliberada de contener a Rusia desde el exterior, el documento señala "la importancia vital" de fortalecer "la soberanía del país, su independencia, su integridad estatal y territorial", así como de proteger "los fundamentos espirituales y morales tradicionales de la sociedad rusa", garantizar la defensa y la seguridad y "prevenir la injerencia en los asuntos internos del país".

El curso hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa, la unidad interna y la estabilidad política, la modernización económica y el desarrollo industrial "aseguró el fortalecimiento de la condición de Estado soberano de Rusia como un país capaz de llevar a cabo una política exterior e interna independiente y de resistir eficazmente los intentos de presión externa", señala el documento.

"Solo una combinación armoniosa de un Estado fuerte y el bienestar humano garantizará la formación de una sociedad justa y la prosperidad de Rusia", continúa. En este sentido, la estrategia se basa en la interrelación e interdependencia de la seguridad nacional del país y su desarrollo socioeconómico.

Amenazas militares

El texto destaca que la situación militar y política en el mundo se caracteriza por la formación de nuevos centros de poder globales y regionales, así como por el agravamiento de la lucha entre ellos por las esferas de influencia. Se indica también que crece la importancia de la fuerza militar como instrumento para el logro de los fines geopolíticos a nivel internacional.

"El fortalecimiento de los peligros militares y las amenazas militares para la Federación de Rusia se ve facilitado por los intentos de ejercer presión sobre Rusia, sus aliados y socios, la acumulación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, la intensificación de las actividades de inteligencia y los ejercicios de uso contra Rusia de grandes formaciones militares y armas nucleares", dice el documento.

La estrategia establece que para proteger los intereses nacionales de Rusia de las amenazas externas e internas, "incluso de las acciones hostiles de Estados extranjeros", es necesario "aumentar la eficiencia del uso de los logros existentes y las ventajas competitivas de Rusia, teniendo en cuenta las tendencias a largo plazo del desarrollo global".

El proyecto también afirmó que el despliegue planificado de misiles estadounidenses de mediano y corto alcance en Europa y la región de Asia y el Pacífico representa una amenaza para la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. En la estrategia también se enfatiza que, "en el contexto del desarrollo del potencial del sistema global de defensa antimisiles, EE.UU. está siguiendo un curso constante de renuncia a las obligaciones internacionales en el campo del control de armas".

Respuesta a las acciones hostiles

Rusia tiene derecho a tomar medidas simétricas y asimétricas en respuesta a acciones hostiles por parte de Estados extranjeros, asegura el documento.

"En el caso de que Estados extranjeros cometan acciones hostiles que amenacen la soberanía y la integridad territorial de la Federación de Rusia, incluidas las relacionadas con el uso de medidas restrictivas (sanciones) de carácter político o económico o el uso de tecnologías modernas de la información y las comunicaciones, Rusia considera legítimo tomar las medidas simétricas y asimétricas necesarias para reprimir tales acciones hostiles, así como para evitar que se repitan en el futuro", dice el documento.

Seguridad informática

A diferencia del documento anterior, la nueva estrategia contiene más datos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y advierte que el rápido desarrollo de las mismas "va acompañado de un aumento en la probabilidad de amenazas a la seguridad de los ciudadanos, la sociedad y el Estado".

"El uso de tecnologías de la información y la comunicación se está expandiendo para interferir en los asuntos internos de los Estados, socavar su soberanía y violar la integridad territorial, lo que representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", advierte el documento.

La estrategia también apunta a que "la actividad de los servicios especiales de Estados extranjeros se está intensificando para realizar operaciones de inteligencia y de otro tipo en el espacio de información ruso. "Las fuerzas armadas de dichos Estados están practicando acciones para inhabilitar la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia", se asevera en el texto.

Comentando la nueva redacción de la estrategia rusa, el experto en geopolítica Fernando Moragón destaca la relevancia de los nuevos desafíos plasmados en el texto, y opina que EE.UU. libra una guerra híbrida contra Rusia, amenazando a su seguridad.

Publicado: 3 jul 2021 17:03 GMT

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Las prácticas militares y paramilitares contra los jóvenes en Colombia en el Paro Nacional

Sicariato, desaparición forzada, tortura, entre otras prácticas militares y paramilitares para acallar la lucha de los y las jóvenes colombianos y la complicidad de la Fiscalía para ocultar la magnitud de la represión y el terrorismo de Estado del gobierno de Iván Duque.

 

La juventud colombiana ha dado muestras de rebeldía y aguante frente a la represión de la que ha sido víctima al ser declarado objetivo militar. Pero el terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes, pero también que evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.

El sicariato durante los tiempos de Pablo Escobar entreno a personas cuyo encargo era asesinar opositores en el negocio de las drogas o en la política. La elite caleña y el narcotráfico siguen haciendo uso de este modo de operar, por lo que el día 14 de junio sicarios asesinaron a líder social y músico Junior Jein oriundo de Buenaventura, a quien le dispararon en repetidas ocasiones con un fusil y una pistola.

Otro conocido caso fue el del asesinato de Lucas Villa, en el que dos sicarios dispararon contra él y otros dos manifestantes que también resultaron heridos en el viaducto de Pereira el 5 de mayo. Se supo días después del hecho que fue una operación ilegal conjunta entre la banda de microtráfico Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional, más precisamente de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.

Asimismo, son muchos los casos en los que los paramilitares han llegado a las zonas rurales con el objetivo de desplazar a la población campesina e indígena de sus tierras, para forzarlos hacen uso de aberrantes prácticas que se retoman en el marco del Paro Nacional como decapitar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Estos asesinatos atroces tienen el objetivo claro de amedrentar a los manifestantes.

El día 19 de junio fue encontrada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, la cabeza del joven Santiago Ochoa que integraba la primera línea de manifestantes en Tuluá. Se sabe que fue retenido de manera arbitraria por el ESMAD la mañana del 19 de junio cuando iba en bicicleta y luego encontrado su cuerpo por partes.

La desaparición forzada durante el conflicto armado se convirtió en una cifra cotidiana y en constante aumento. Se calcula que hay en el país alrededor de 80.000 personas desaparecidas, más los mal llamados falsos positivos que son 6.402 jóvenes que fueron engañados por el Ejército con aparentes promesas de empleo y asesinados, luego fueron disfrazados como guerrilleros y mostrados como bajas del ejército en combate.

En este cuadro tenemos ahora los desaparecidos del Paro Nacional, las cifras siguen siendo distantes entre la Fiscalía y las ONGs que están recaudando los datos desde el principio del PN. El informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Temblores ONG, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS reportaron 346 personas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Entre tanto la Fiscalía que nombra a las personas desaparecidas como “No ubicadas” afirma que hasta el pasado 10 de junio eran 572 registros de los cuales se encontraron 328 personas, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos. De acuerdo con este conteo según la Fiscalía quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84.

Pero no solo está la desaparición forzada sino el daño hecho a los manifestantes, las tortura y las amenazas a las que son sometidos, estas también son lesión considerable que se da en la retención arbitraria.

La organización Liga Contra el Silencio afirma que de acuerdo con la fiscalía en “documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos”, sin embargo, este procedimiento que debe ser informado se está ocultando a los abogados y familiares de los retenidos de manera arbitraria dando lugar a la desaparición forzada que no necesariamente es desaparición definitiva pero que entre medio puede exponer la integridad física y mental ante la brutalidad policial que actúa de manera impune y cuyo fin es amedrentar a los jóvenes para que abandones las calles y dejen de reclamar sus derechos.

Uno de los relatos de la organización Liga Contra el Silencio demuestra la brutalidad con la que son tratados los jóvenes cuando son retenidos y la complicidad entre el actuar de la Policía y los paramilitares: “El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”.

Los policías que reprimen y retienen a los manifestantes van uniformados algunas veces acompañados de paramilitares de civil o con un uniforme como lo afirma el relato anterior, pero sin número de identificación, con armas de fuego y armas blancas reprimiendo a los manifestantes con total impunidad; otro ejemplo es el del pasado 28 de mayo en el que civiles en compañía de la policía dispararon en contra de la Minga indígena en el barrio ciudad jardín de Cali. Esto en concordancia con la Fiscalía y la Defensoría que muestra cifras disminuidas de asesinatos, detenciones, desapariciones y que permite la impunidad de los agentes de Policía, ESMAD y Ejercito, pero también de paramilitares que actúan en su presencia.o que el pueblo colombiano grita en las calles es que “esto no es un gobierno son los paracos en el poder”, tal cual lo dice la consigna, cuando se escribe en las calles Colombia antiuribista, quiere decir Colombia antiparamilitar.

El terrorismo de Estado está encarnado en el actuar entre los paramilitares y los militares, que cuenta a la Policía y el ESMAD, que son los encargados de proteger y mantener a este gobierno narco paramilitar. Por eso no basta la negociación, ni los comités de paro, se debe buscar la salida del gobierno de Duque, que además de declarar objetivo militar a los manifestantes y mantener el terrorismo de Estado de la mano con los paramilitares, propondrá el próximo 20 de julio en la sesión ordinaria del Congreso la supuesta reforma a la Policía que dará continuidad a la impunidad y otra reforma tributaria consensuada con los partidos de derecha que son mayoría y con los empresarios.

Solo una huelga general y la organización de los y las trabajadoras, junto con los y las docentes, indígenas, campesinos, y la fuerza de la juventud moverán del poder a Duque y permitirá hacer justicia por los asesinatos, torturas, desapariciones y abusos y demás actos del terrorismo de Estado.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Miércoles 23 de junio

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Lunes, 07 Junio 2021 06:07

SOS

 Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, llegó ayer a Guatemala. La visita estará centrada en atender la migración indocumentada y la corrupción. Foto Ap

“La democracia está enfrentando una crisis existencial. La desigualdad e injusticia nos están destrozando. Los hechos fundamentales están bajo ataque. Y las fuerzas del fascismo se están reorganizando. Si no actuamos ahora para proteger la democracia, temo que podremos perderla para siempre durante la próxima década”, advierte Robert Reich, profesor en Berkeley, ex integrante del gabinete de Bill Clinton y una de las voces liberales más prominentes del país.

Esto, después de que más de cien expertos en democracia emitieron una declaración expresando alarma sobre los "cambios radicales" en los procesos electorales promovidos a nivel estatal por republicanos, como también el esfuerzo por frenar una reforma nacional para facilitar el acceso universal al voto (https://www.jornada.com.mx/2021/06/ 02/mundo/022n1mun). "Nuestra democracia está en peligro", concluyeron.

Una de esas expertas, Pippa Norris, de Harvard, escribe que si no se promueven reformas para garantizar el proceso electoral, incluyendo la protección de derechos de los votantes que ya están ante el Congreso antes de las elecciones intermedias a finales de 2022, la democracia estadunidense podría estar perdida. “El 6 de enero (el intento de golpe de Estado con la ocupación del Capitolio para tratar de frenar la certificación del voto presidencial) fue la campana de alarma… Otros países han visto la desintegración democrática. Esto no es alarmismo. Desafortunadamente es real”, escribió en The Guardian.

Sectores derechistas siguen hablando abiertamente de promover un cambio de régimen para expulsar al gobierno de Biden y reinstalar a Trump (el magnate ha alentado eso en privado con varias personas, reportó el New York Times esta semana), mientras se multiplican los esfuerzos por cambiar las reglas básicas del juego con el fin de limitar el derecho sagrado al voto a sectores minoritarios y pobres, y con ello lograr un sufragio inefectivo necesario para consolidar un gobierno para la derecha representando a los blancos y sus aliados reaccionarios.

Lo que más asombra a todo los analistas críticos de estos esfuerzos coordinados para suprimir el derecho democrático al voto es qué tan abierta y explícitamente se está haciendo todo esto. Algunos expertos advierten que si se continúa logrando cambiar las reglas de algunos de los procesos electorales en diversos estados, los conservadores republicanos aliados de Trump podrían recuperar sus mayorías en ambas cámaras del Congreso en 2022 y con ello podrán controlar el proceso electoral presidencial de 2024, sobre todo la certificación del resultado, o sea, lograr lo que intentaron hacer en la elección de 2020 a través de poner en duda los resultados con la "gran mentira" de un fraude y, cuando eso no funcionó, intentar un golpe de Estado.

Esta pesadilla puede suceder muy rápido, advierten expertos sobre cómo las democracias son destruidas. El especialista en autoritarismo y fascismo Timothy Snyder, de Yale, advierte: "si tu plataforma es que las elecciones no funcionan, estás diciendo que tienes la intención de llegar al poder de otra manera", al explicar la estrategia de promover constantemente la mentira del fraude. “La gran mentira está diseñada no para ganar una elección, sino para desacreditarla… es justo lo que intentó Trump en 2020 y eso llegó a un intento de golpe en enero de 2021. Será peor en enero de 2025”. Agrega: “puede ser frenado, pero sólo si se entiende. Todo sucede rápidamente… Tenemos que actuar ahora”.

O sea, el experimento neofascista no fue neutralizado con la derrota de Trump, y por ello continúan así casi todos los días las alarmas y alertas sobre cómo la democracia estadunidense se encuentra en grave riesgo.

La vicepresidenta Kamala Harris está visitando Guatemala y México, y el miércoles el presidente Biden iniciará su primera gira internacional al viajar a Europa. Ambos afirman que están promoviendo los principios democráticos fundamentales y enfrentando las "amenazas". Pero esta vez, la mayor amenaza a la democracia estadunidense proviene de adentro.

Jimi Hendrix. All Along the Watchtower. https://www.youtube.com/watch?v=TLV4_xaYynY

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Una pancarta con la frase "Aceptamos el bitcóin, libre, rápido y sin contagios" en una cafetería en una playa, La Libertad, El Salvador, el 25 de abril de 2021Jose Cabezas / Reuters

El presidente salvadoreño anunció este sábado que planea convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enumeró este domingo las ventajas de la vida en El Salvador, un día después de anunciar sus planes para convertir a su país en el primer Estado en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal en su territorio.

Como primer punto en la lista, el mandatario mencionó "buen tiempo, playas para hacer surf de clase mundial, propiedades frente a la playa en venta". Además, destacó a través de su cuenta en Twitter que El Salvador es "uno de los pocos países en el mundo sin impuestos a la propiedad".

Otros dos puntos en la lista están relacionados con la intención de las autoridades de usar al bitcóin como moneda de curso legal. De esta manera, Bukele reiteró que no habrá "impuestos sobre la ganancia de capital para el bitcóin", ya que será una moneda legal en el país, mientras los criptoemprendedores podrán contar con "la residencia permanente inmediata".

El presidente señaló este sábado que la próxima semana enviará al Congreso un proyecto de ley para darle al bitcóin un nuevo estatus. "A corto plazo, esto generará empleos y ayudará a proporcionar la inclusión financiera de miles [de personas] fuera de la economía formal", indicó.

Publicado: 7 jun 2021 01:32 GMT

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Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina

Los jóvenes de Colombia, con poco o nada que perder, protagonizan uno de los estallidos con mayor represión policial de los últimos años en América Latina.

 

Ropa cómoda, documento de identidad, tarjeta bancaria, botella de bicarbonato con agua, pañoleta, mascarilla, algo de comer, agua, cuaderno, cámara, chaleco, máscara antigás, casco y carné de prensa. Esto es lo que guarda en su mochila Julieth Rojas, de 20 años, cada vez que va a cubrir las manifestaciones que empezaron el 28 de abril. Miles de personas, en gran parte jóvenes, salieron a las calles en contra de una reforma tributaria que pretendía ajustar el cinturón fiscal a los hogares más pobres, que suman más de la mitad de la población y que ya tenían serios problemas económicos antes de la pandemia. La represión policial no tardó en llegar, pero Rojas es firme: “La gente tiene más miedo a quedarse callada que a que la maten”. 

La presión de las protestas obligó al Estado a retirar la reforma tributaria tras cuatro días de movilizaciones y 21 homicidios de manifestantes, según publicó la ONG Temblores. El ministro de Hacienda y la titular de Exteriores dimitieron y el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una mesa de negociación con el comité nacional del paro nacional, donde se agrupan las organizaciones convocantes, y también con el resto de sectores que participaban en la protesta. Sin embargo, muchos jóvenes han seguido en las calles al no sentirse representados y algunos exigieron reformas más profundas, como la de la policía.

Las oportunidades de futuro para la juventud colombiana se han ido reduciendo si se observa el deterioro de sus condiciones sociales y su percepción sobre lo que pasa en el país. Según datos oficiales de 2019, el 43% de los jóvenes menores de 24 años son pobres, ocho puntos más que la tasa nacional. La falta de oportunidades también es evidente con un desempleo juvenil que rozó el 30 por ciento durante los primeros meses de confinamiento. Esto se suma al clima de inseguridad en el que viven. Durante 2019, el homicidio fue la primera causa externa de muerte entre la población de 15 a 24 años, con casi 4.000 casos. 

Primera línea

Julieth Rojas es voluntaria en Primera Línea, un medio alternativo que nació durante las protestas de noviembre de 2019 para contar los abusos del Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD), unidad especial de la policía que se despliega para contener manifestaciones y que hace uso excesivo de la fuerza de forma sistemática. Según un informe del observatorio de violencia policial de Temblores, la policía cometió 289 homicidios entre 2017 y 2019. Uno de los primeros reportajes de Rojas fue sobre una de estas muertes. 

Julieth Rojas es la más joven de las cuatro fotoperiodistas que tiene este medio, que con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram es toda una referencia dentro del movimiento. Esta estudiante precisa que el nombre del medio también hace referencia a los manifestantes que se colocan con escudos artesanales frente al ESMAD cuando hay cargas policiales para dar tiempo al resto de manifestantes a buscar refugio. Esta estrategia también se usó en las protestas de Chile de 2019.

Rojas y su equipo se reúnen cada vez que hay manifestaciones para revisar los lugares de las convocatorias y así repartirse las zonas para hacer una mejor cobertura. En su caso, suele cubrir la Plaza Bolívar. En este punto se encuentra el Congreso, el Palacio de Justicia y también el ayuntamiento de Bogotá. Esto hace que haya una mayor concentración policial. La joven explica que te pueden “encerrar muy fácil” por el tipo de calles que hay alrededor. Cuando se le pregunta por qué elige siempre esta zona, tras una pequeña risa, responde: “Uno se vuelve masoquista”. 

A pesar de tener chaleco y carné de prensa, le han “gaseado terriblemente”, explica refiriéndose a los gases lacrimógenos, y recuerda que al principio no tenían equipo de protección y terminaban “ahogados”. Es justo en ese momento cuando entran en juego las botellas que guarda en su mochila. “Cuando hay tropel (cargas policiales), pongo el bicarbonato con agua en la pañoleta y me lo pongo en la cara, eso ayuda muchísimo”, reconoce. La joven fotógrafa relata cómo, en sus primeras coberturas, se ponía cerca del ESMAD buscando protección pero aún así no se libraba del gas ni de que le apuntaran con sus armas aturdidoras. “Uno piensa que el chaleco y el carné de prensa ayudan, pero a ellos no les importa nada”.

La policía también tiene casos abiertos sobre violencia sexual a manifestantes, por lo que para jóvenes como Rojas documentar este tipo de protestas supone un riesgo mayor. “Da mucho más miedo”, reconoce mientras que recuerda un caso en el que la policía retuvo a una chica en un Comando de Atención Inmediata (pequeñas comisarías que hay en cada barrio). “Le hicieron firmar un documento para que no dijera nada de lo que había pasado”. Por eso, siempre sale en compañía de algún amigo u otra periodista de su equipo.

Esta estudiante de último año de periodismo consigue pagar “con las uñas” los 5.000 euros que vale la matrícula en su universidad privada. Cuando habla con gente de su universidad sobre la protesta, siente que muchos lo viven con cierta distancia: “Son personas que tienen muchos privilegios, la guerra no les atacó directamente ni la falta de oportunidades”. Rojas siente que el gobierno y los medios ocultan lo que pasa en el país: “Feminicidio, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales…”. Cuando llegó la reforma tributaria, según dice, los medios alternativos mostraron lo que podría pasar si se aprobaba y “la gente se puso las pilas, ese fue el detonante”. Aunque cree que los cambios van a llevar mucho tiempo, espera que al final “merezca la pena” haber salido a las calles. Reflexiona un momento cuando se le pregunta con qué imagen se quedaría de lo que ha visto hasta ahora, pero en seguida dice: “El amor de las personas por Colombia”. 

“Nos están matando”

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, documentó 42 fallecidos durante las primeras dos semanas de protestas. Por su parte, la ONG Temblores registró 40 casos de homicidios cometidos presuntamente por la policía. Las redes sociales se llenaron de vídeos donde se denunciaban los abusos policiales con mensajes como “Nos están matando” y “SOS Colombia”.

Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, fue el escenario de algunas de las manifestaciones más importantes del país, en su gran mayoría pacíficas. Pero también fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD que la llevaron a ocupar las portadas de los medios internacionales. “Cali ha sido la punta de lanza de la resistencia”, afirma David Erazo, estudiante de sociología que también trabaja como repartidor de comida a domicilio, con lo que gana unos tres euros a la semana. Erazo se unió a la protesta desde el primer día y fue testigo de algunas de estas situaciones. 

 “Estábamos desayunando y un compañero nos dijo por WhatsApp que venía una tanqueta”, dice con tono calmado, mientras aclara que es algo habitual ver tanquetas en las universidades públicas y que “tiene experiencia previa” sobre lo que hay que hacer. Erazo continúa explicando que en ese momento, algunos de sus compañeros que tenían escudos caseros, algunos hechos de las mismas señales de tráfico, hicieron una primera línea de defensa “para evitar los ataques más directos”. Confiesa que, aunque trató de registrarlo con su cámara, lo principal en estas situaciones es “correr a un lugar lejano” y esperar a que todo se calme.

En esta ocasión tuvo suerte y también se escapó de las balas de goma, algo que no pasa siempre. Recuerda que una vez recibió impactos en los hombros. Estos enfrentamientos duran horas, explica, y aunque se supone que la policía tiene la orden de no apuntar a zonas sensibles del cuerpo, “ellos disparan directamente a la cara”. Los cuerpos policiales en Colombia dependen del Ministerio de Defensa y no del de Interior, por lo que hay una alta impunidad de los abusos policiales. Según Temblores, solo dos de las 127 investigaciones abiertas por homicidio entre 2017 y 2019 acabaron con una condena en firme.  

Erazo destaca cómo la juventud de los barrios más pobres de la ciudad salió de forma espontánea y que, según él, los jóvenes son los que más “han nutrido” a la protesta. Continúa explicando que Cali es una ciudad donde se concentran muchas personas que fueron desplazadas por el conflicto y llegaron a zonas “con acceso casi nulo a servicios básicos como alcantarillado y electricidad”. Según datos de 2018 del ayuntamiento de Cali, 205.000 personas desplazadas residen en la ciudad tras huir de la guerra. Cree que “la exclusión y la falta de oportunidades” que enfrentan estos jóvenes puede explicar que fueran ellos quienes se “abanderaron del paro”. En 2022 hay elecciones presidenciales y este manifestante tiene esperanzas de que sea el momento para “focalizar toda esa rabia en un gobierno popular”.

Dispuestos a llegar hasta el final

Nia prefiere no decir su apellido, tiene 20 años y ni estudia ni trabaja. Forma parte de ese grupo que se conoce como “Nini”, y que representa el 33% de la juventud entre 14 y 28 años. Vive en uno de los barrios más pobres de Cali. Antes trabajaba poniendo etiquetas a botes de pintura en una empresa pero la despidieron cuando llegó la pandemia. Durante la protesta, se unió a Escudos Negros, un grupo urbano que forma parte de la primera línea de resistencia y que realiza bloqueos en algunas calles de la ciudad.

Estos bloqueos son una estrategia de este tipo de grupos para presionar al gobierno ya que provoca desabastecimiento de alimentos, medicinas y gasolina en la propia Cali pero también en otras ciudades principales del país. Por su parte, el presidente de Colombia remarcó que son ilegales y dejó clara la postura del ejecutivo: “Aunque no se hagan con armas o agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos”.

Nia se dedica a apoyar a diferentes bloqueos de la ciudad y tiene unas funciones muy específicas cuando hay un enfrentamiento con el ESMAD. “Ayudo a devolver gases (botes de gases lacrimógenos), con la leche y el agua con bicarbonato”, explica. Cuando se le pregunta qué opina de quienes critican esta forma de protesta, en su contestación se nota rabia: “Les diría que dejen de ser tan tibios, poco empáticos e ignorantes, que no les importa el país ni lo que está pasando”. 

Las demandas de estos grupos son variadas. Para ella, lo que quieren es un “verdadero diálogo de cambio” y si eso no pasa, pide la renuncia de Duque y Uribe. “Que se les baje el sueldo al salario mínimo a los congresistas, senadores y toda la gente del gobierno para que vivan con 800.000 pesos (180 euros) a ver si son capaces [de vivir] como el pueblo”, señala con ánimo encendido. El salario mínimo en Colombia en 2021 está fijado en unos 202 euros, seis euros más que el año anterior. 

Se despide con una declaración breve pero decidida: “Todos nosotros estamos dispuestos a llegar al final, dispuestos a dar la vida”.  

Resistencia desde la tierra

Los pueblos indígenas son un foco de resistencia en cualquier nueva movilización y en esta ocasión también se unieron a la protesta. Juan Sebastián Salazar, de 23 años, forma parte de la guardia indígena del pueblo Kite Kiwe, cuyas tierras están en una de las regiones más golpeadas por la guerra. Salazar es uno de los 20.000 defensores de la tierra que tiene esta guardia en esta zona y su función es velar por los derechos humanos en el país. “Este gobierno nos tiene doblegados por eso nos unimos al resto de los sectores y llegaremos victoriosos como pueblo”, afirma. Colombia es uno de los peores países para defender los derechos humanos pero esto es aún más peligroso para jóvenes como Salazar ya que son los tipos de liderazgo más perseguidos durante los últimos años. Entre la firma de los acuerdos de paz en 2016 y abril de 2021, hubo 317 homicidios de líderes indígenas, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz). 

Para Salazar, participar en política más que un derecho, es una tradición. “Desde los ocho años, empezamos con formación política en la escuela”. Quizás por eso hoy es uno de los líderes de su comunidad y como tal, tiene sus propias reclamaciones para su pueblo: “Un territorio donde no haya violencia por los grupos armados ilegales, con nuevas oportunidades, eso es lo que como jóvenes soñamos”, expone, al tiempo que exige que se respeten sus “usos y costumbres”. Sin embargo, considera que es difícil con un gobierno que “llega a la negociación y luego no cumple” mientras que en cada protesta son ellos los que se ponen “en riesgo”.

Este estallido no fue la excepción. Ante los constantes enfrentamientos que había con la policía en Cali, una caravana de unas 300 personas de la guardia indígena decidió salir de sus tierras y acompañar a los manifestantes en el epicentro de la protesta. Un poco antes de llegar a la ciudad, civiles armados atacaron al grupo, presuntamente bajo la permisividad de la policía que presenció el ataque sin defender a los manifestantes. “Llegamos a un sitio donde no nos dejaron pasar, nos bajamos a dialogar con las personas y ahí fue cuando coches de marca Toyota blindados se tiraron encima de nosotros”, refiere Salazar.

Doce personas resultaron heridas, entre ellas una lideresa que recibió dos impactos de bala en el abdomen y tuvo que ser ingresada en cuidados intensivos. “Fue una experiencia muy dura, porque nosotros como guardia indígena solo tenemos los bastones de autoridad, y tener enfrente personas armadas da mucha rabia”. El líder indígena también es de los que cree que esta protesta ha sido la primera para muchos jóvenes y remarca cómo el ejemplo de lucha de los pueblos indígenas pudo ser importante para esto. “Nosotros somos referentes en hacer la resistencia, entonces los jóvenes se animaron a sumarse a esta gran causa, a esta gran lucha”, reflexiona.

Juvenicidio directo

La generación de jóvenes que tiene poco que perder se sienten cansados de ser los invisibles de este sistema. Esto hace que la confianza hacia el Estado esté muy fracturada. Según señala una encuesta del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, un 72% siente que el Estado es “poco o nada democrático”.

Para Germán Muñoz, profesor e investigador sobre juventud en la Universidad Nacional, hay una intencionalidad directa en provocar esta fractura: “Es una política de Estado contra los jóvenes, de asesinato sistemático y planificado”. Muñoz también es miembro de la Red Iberoamericana de debate y acción colectiva frente al juvenicidio y un estudioso de los estallidos sociales de los últimos años en la región. Explica que en Colombia hay un “levantamiento popular” de la juventud de los barrios más pobres. “Tienen hambre, rabia, están hastiados de la violencia policial, ya no aguantan más”. También critica los métodos del Estado: “Es una guerra de piedras contra armas sofisticadas de última generación de alta letalidad”. Muñoz se refiere a las tanquetas equipadas con municiones aturdidoras y perdigones que son “municiones letales” y que fueron creadas para enfrentamientos entre ejércitos, no contra manifestantes, según argumenta.

Por su parte, Rayén Rovira profesora e investigadora de la Universidad Nacional y también miembro de esta red, dice que hay un “juvenicidio directo”. Lamenta cómo la militarización de las ciudades está provocando que los hijos de las familias desplazadas por la guerra hacia las capitales sean ahora quienes están sufriendo “esa violencia que sus padres vivieron en los pueblos”.

El estallido de Colombia fue el primero de relevancia tras el parón que sufrieron las protestas que se extendían por Ecuador, Chile o Haití antes de la pandemia. Rovira piensa que el ejemplo colombiano puede “dar valor” a otros movimientos de América Latina para salir a las calles de nuevo: “Los jóvenes de Colombia fueron la chispa, quién sabe si de algo más que está por venir”.

Por Víctor Linares

6 jun 2021 06:00

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Miles de manifestantes se congregan en el Monumento a los Héroes para conmemorar un mes de protestas en el país, en Bogotá. EFE/Carlos Ortega

A 170 años de la abolición de la esclavitud en el país suramericano, las comunidades negras e indígenas levantan la voz ante una historia de discriminación racial. Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en América Latina, se convierte en centro y símbolo de la frustración ciudadana

 

En el marginal barrio Marroquín de Cali conocen a la perfección el significado de la palabra resistencia. Mucho antes de que el país entrara en paro que lleva ya más de un mes, este suburbio, compuesto casi en su totalidad por vecinos negros, ya se las ingeniaba para sacudirse de las miserias cotidianas. Por eso las movilizaciones -que por momentos se han transformado en auténticas orgías de violencia- han hecho las veces de catarsis social para una población agobiada desde hace generaciones.

Marroquín está situado en un distrito oriental de la ciudad, donde el simple hecho de entrar resulta una temeridad para muchos. Se trata de Aguablanca, un enclave con unos 800.000 habitantes, el 70% de ellos afrocolombianos, y que año tras años acumula las mayores tasas de homicidio, los mayores índices de falta de empleo y las cifras más altas de contagio por coronavirus en la tercera ciudad del país.

“La mayoría de jóvenes desaparecidos y muertos (se habla de 27) durante este paro en Cali son negros”, asegura Vicenta Moreno, una docente y activista social que dirige La casa cultural del chontaduro (un fruto tropical), un proyecto centrado en las artes como herramienta para arrebatarle chicos perdidos a la violencia. De la misma forma lamenta que hasta ahora no haya habido una “lectura de los hechos” donde se evidencie el “empobrecimiento y el olvido desde una óptica racial”.

Las protestas, que en principio detonaron como respuesta a una reforma tributaria que afectaba con fuerza a las clases medias, han reflotado una realidad tan poco abordada como lo es el racismo. Y es que, a pesar de que alrededor del 13% de la población colombiana está compuesta por ciudadanos negros (10%) e indígenas (3%), la representación social y política de estas comunidades ha sido minúscula. 

El profesor Edward Telles, de la Universidad de California, lo caracterizó en un trabajo académico de 2012 como una “pigmentocracia”. Es decir, una sociedad donde el color de piel determina el lugar en el mundo y las oportunidades en el transcurso de la vida. Otros estudios, de investigadores como la socióloga y doctora en filosofía Aurora Vergara, lo sustentan. “Está demostrado”, explica Vergara, “que los hombres afro en Colombia viven en promedio 66 años, una década menos que en el resto de la nación, que es de 75”.

Y subraya que nada tiene que ver con la “predisposición genética”, sino con los “determinantes sociales de un país que posibilita que la muerte se apresure para algunos de sus habitantes”, acaba. 

Cali, una urbe de 2,2 millones de habitantes, concentra la mayor población afrodescendiente de Latinoamérica, detrás de la brasilera Salvador de Bahía. El grueso de la comunidad negra de Cali se ha asentado en los márgenes orientales de la ciudad. Muchos de ellos han sido desplazados por la violencia de pueblos remotos de la costa Pacífica, a tan solo un centenar de kilómetros de Cali.

A pesar de la promesa de un panorama mejor, el ascensor social no ha funcionado para la gran mayoría. La profesora Vergara cuenta que hay estudios que han establecido vínculos directos entre las personas negras que viven en situación de extrema pobreza hoy en Cali y algunas familias esclavizadas en las haciendas azucareras durante la colonia. Al cruzar la información, es evidente la coincidencia entre la miseria moderna y los peores vejámenes de antaño. 

Silencio racial

A mediados de mayo, en pleno auge de las protestas, un telediario publicó una conversación de una cirujana caleña en WhatsApp donde sugería como solución al caos la intervención de escuadrones de “autodefensa” para que “acaben literalmente con unos 1000 indios, asi (sic) poquitos nada más para que entiendan”, escribió.  

El epidemiólogo Yoseth Ariza confiesa que se sintió conmovido al constatar el desinterés en las discusiones sobre el tema con algunos colegas. Para Ariza, que coordina la línea de estudios étnico raciales en la universidad ICESI de Cali, detrás de ese tipo de discursos violentos, y su consiguiente banalización, se hallan algunas claves para comprender el racismo en Colombia.

El médico encuestó a más de 3.000 alumnos de 72 colegios públicos en Cali para examinar la agresividad en el lenguaje. Entre los hallazgos, elaborados para un encargo oficial, recogió una “nube de apodos” que “sexualizaban” y “animalizaban” a las personas negras. Según Eduardo Bonilla-Silva, doctor en Sociología por la Universidad de Wisconsin, tanto en Colombia como en el resto de América Latina hay un racismo “solapado”.

Sostiene que los países de la región asumieron que la discriminación racial había desaparecido una vez abolida la esclavitud (en 1851, para el caso colombiano). “Nos inventamos una historia”, apunta Bonilla-Silva, “y glorificamos la idea de que como somos mayoría mestiza, la raza cósmica de la que hablaba el mexicano Vasconcelos, entonces no había que profundizar mucho más”. 

Lo cierto es que tanto la mentalidad como las prácticas colectivas variaron muy poco. El académico retrata un desequilibrio evidente en pleno 2021: “Los negros tienen peores salarios, menor representación en la industria, el Gobierno o la banca, hay menos profesionales, el acceso a la salud es más limitado y la presencia en las cárceles es mayor”.

La discriminación hacia los indígenas en Colombia, con algunos matices históricos y políticos, gira sobre las mismas lógicas, a pesar de que la Constitución de 1991 reconoció que el Estado colombiano es “pluriétnico y multicultural”. Pero para la antropóloga dominicana Ochy Curiel, afincada hace 15 años en Colombia, las jerarquías del “racismo estructural siguen intactas”.

Y la crisis sanitaria por el coronavirus, que suma más de 90.000 muertos en el país, se ha encargado de dar el último golpe a un andamiaje ya de por sí vulnerable. Cali pasó de tener 558.360 personas en situación de pobreza, a 934.350, según cifras oficiales. Hoy, una tercera parte de los caleños -de los cuales un 20% son negros- carecen de los recursos para los elementos básicos de la cesta de la compra. 

“El paro está desnudando todo eso”, reconoce la académica dominicana, “lo que el resto de la sociedad no quería ver: el dolor que surge de una segregación racial profunda, de un sistema económico, político, religioso que sigue excluyendo a la gente indígena y a la gente afro de la participación real en la construcción de un Estado que sobre el papel se dice multicultural”.

También es cierto que la discriminación se oculta con frecuencia en comportamientos diarios que se han normalizado. Es un fenómeno algo taimado, más blando que en el caso estadounidense, donde la confrontación y la violencia suelen desembocar en episodios más descarnados como el de George Floyd.

Por eso la investigación de Yoseth Ariza se centró en desgranar las sutilezas en el uso del lenguaje. Entre las frases más repetidas por los estudiantes, por ejemplo, se hallaba un dicho popular: “hay que mejorar la raza’”. El médico explica que se trata de una fórmula que los padres utilizaban para sugerirles a los chicos que “se deben buscar un novio, o novia de piel más clarita, más ojizarco y con el cabello más liso”.

Ariza lo describe como una actitud “decimonónica”, que refleja un viejo anhelo por “blanquear y homogenizar”. Así mismo cuenta que en el curso de su trabajo tuvo diferencias “muy desafortunadas” con rectoras de colegios públicos que discriminaron a las encuestadoras: ¿Usted si es estudiante de maestría?, o ¿usted de verdad trabaja en una universidad?, fueron algunas de las preguntas formuladas por docentes que “no se imaginaban que una negra pudiera trabajar en una universidad como el ICESI”.

La historia de muchas criadas

El caso de las empleadas domésticas, que según una investigación académica en el caso caleño son en un 90% negras, es contundente. La mayoría se emplean desde niñas en las casas de los barrios más pudientes, en un ejercicio que hasta hace muy poco, debido a vacíos legales, se prestaba para todo tipo de abusos laborales.

El politólogo Sergio Sierra, autor del trabajo, explica que “se trata de mujeres que se ven expuestas a un sistema de desigualdad enorme”, con remuneraciones injustas y repercusiones emocionales importantes. También menciona situaciones frecuentes de acoso sexual, invisibles, a todas luces, por la falta de datos. 

Es una forma de “reproducir un sistema de desigualdad enorme”, afirma el politólogo. En su trabajo describe cómo ciertas casas privilegiadas empleaban a jóvenes mujeres negras de una misma familia, a través de varias generaciones, en un acto casi hereditario. Por eso, no era raro escuchar que las trabajadoras se convirtieran en casi “parte de la familia”. Aquel diminuto artículo “de”, asevera Sierra, marcaba toda la diferencia.

La revista Hola de Colombia publicó en 2011 una imagen en la que aparecen unas mujeres distinguidas de la sociedad caleña posando junto a la piscina de su casa, con dos empleadas negras de fondo, vestidas de inmaculado blanco y que sostienen sendas bandejas de plata. La foto despertó una pasajera y vaga indignación, bastante tímida en comparación a los debates que surgieron años más tarde en México por el rol de las criadas indígenas en la película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón.

En cualquier caso el problema, por acuciante y profundo que sea, nunca ha ocupado un lugar importante en el debate público colombiano. Se trata, como afirma el sociólogo Eduardo Bonilla-Silva, de un “silencio racial” absoluto. Así mismo lamenta que aún no haya siquiera voluntad de reconocerlo: “Se suele limitar lo racial a una serie de sucesos inconexos e individuales, aislados, que no son representativos de la realidad de la mayoría de la población. Especialmente desde las élites. Y eso es obviamente falso”.

El profesor puertoriqueño concluye la entrevista telemática con una pregunta retórica, a medio camino entre lo serio y lo mundano: “Acaso ¿cuándo has visto a un negro o a un indígena como galán de televisión? ¡Nunca!”.

Por Camilo Sánchez

Bogotá — 5 de junio de 2021 22:23h

@CamilSanc

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Policías colomianos detienen a un manifestante a la fuerza este viernes en Cali.

El informe  de la delegación constató las violaciones a los derechos humanos

“Es la decisión política que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro”, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegación que viajó a Colombia.

 

Colombia llega al día número 40 del Paro Nacional y la represión a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó un informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Iván Duque semejantes a la de un estado terrorista. En la última jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la policía y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iván Duque reclama a diario. La delegación humanitaria argentina viajó a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez más militares y el diálogo parece estancarse. 

Durante una semana los integrantes de la delegación recorrieron las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá. “La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe”, explican en el documento preliminar. Integraron la delegación miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misión contactó a la Procuraduría y la Defensoría de Colombia para expresarle su preocupación, pero no fue recibida.

La consigna Parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez más personas se unían al grito de disconformidad. “Los jóvenes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir”, expresa Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, integrante de la delegación humanitaria que viajó a Colombia.

El informe preliminar hace hincapié en el criterio “abusivo y arbitrario” para realizar las detenciones. "El trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana”, detalla el texto.

 En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participación de mujeres en las protestas, y de las jóvenes en la primera línea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. “Me manosearon hasta el alma”, fue el último mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), una dependencia policial. 

El informe de la delegación argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica  el documento preliminar

Los territorios recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Iván Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos, nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparición forzada y posterior homicidio del líder campesino Cristian Torres. En Bogotá: 96 heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali: 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego.  En esta ciudad, la delegación reveló la connivencia empresarial con la estructura represiva. “Llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura”. El informe también constata casos de violencia de género y violencia sexual los departamentos visitados.

La llegada de la delegación de derechos humanos abrió un espacio para que la ciudadanía pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. “Son denuncias que no pueden hacer en la Fiscalía o en la Procuraduría. La gente tiene miedo”, explica Ferrari, que recuerda el caso de la líder indígena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. “Daniela cuando llega al hospital, cae la policía y la fiscalía al hospital, si no era por sus compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qué hubiese pasado”, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: “Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada”.

De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. “Hay un descredito total de toda la institucionalidad, en Popayán hay 25 quejas de causas que abrió la gente en relación a las fuerzas públicas, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las giró a la fiscalía y a la procuraduría y todavía no hay respuesta. Es un círculo de descrédito", agrega.

El abogado Pablo Garciarena también apuntó a la criminalización que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. “Son prácticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las víctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedición. En Bolivia pasó lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas víctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una práctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos”, resume Garciarena.

En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. “Un elemento clave es que la defensoría del pueblo y el Ministerio Público no reciben denuncias de víctimas de violencia estatal, los números oficiales de la procuraduría y la defensoría son números muy por debajo de los constatados por las plataformas de derechos humanos”, explica Garciarena.

Por Dominique Galeano

05 de junio de 2021

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Un agente antidisturbios, durante la protesta en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo Hasél. — Reuters

El ensayo 'El final del control policial' demuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado a intensificar los mismos problemas que se supone ha de resolver. Una historia de abusos e impunidad con la connivencia de las autoridades políticas.

Dos de las funciones principales de la Policía son el "mantenimiento del orden" y la "aplicación de la ley". Solemos darlas por sentado como si de un mantra se tratara. El problema viene cuando nos paramos a pensar qué hay detrás. Cuando nos planteamos qué significa "mantenimiento" y con qué medios se "consigue". Quién aprueba las leyes, cómo y quién las aplica y a quién protegen; si respetan los derechos y las libertades; si se aplican por igual en función del lugar de nacimiento, el color de la piel, la clase social, el género o el sexo.

El sociólogo norteamericano Alex S. Vitale analiza en El final del control policial (Capitán Swing) las zonas de sombra de la función policial, lo hace atendiendo a sus desmanes, bajo una tesis que no por intuitiva es menos certera: "Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase [...] Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea injusto, la función policial no dejará de transpirar abuso y desigualdad". 

El diagnóstico de Vitale pertenece a un paciente en situación crítica. El académico centra su análisis en Estados Unidos, país que cuenta con un grado de militarización del orden público que roza la distopía. Un país en el que la infiltración de la Policía en movimientos sociales, la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia causa estragos desde hace décadas. Una suerte de avanzadilla de cuyos ecos no se libra nuestro país.

No en vano, y tal y como apunta Anaïs Franquesa, abogada catalana especializada en Derechos Humanos, "la maquinaria represiva" se parece y mucho. "El uso de legislación especialmente restrictiva, como la ley de seguridad ciudadana –ley mordaza– o las sucesivas reformas del Código Penal; la interpretación que realizan los tribunales y la gestión del orden público con un uso desproporcionado de la fuerza" son algunas de las dolencias que nos emparentan con el enfermo americano, según detalla Franquesa a Público.

Falta de transparencia e impunidad

Las organizaciones de Derechos Humanos de nuestro país llevan años pidiendo que se publiquen anualmente los datos desagregados relativos a las situaciones de violencia institucional por las cuales se hayan abierto investigaciones internas, así como el número de quejas, denuncias, condenas y sanciones relacionadas con agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

El caso es que ni rastro de los datos. La opacidad es máxima. "Ha habido una práctica de negar de forma sistemática que existan torturas y malos tratos en el Estado español, de hecho es algo que han negado siempre nuestros representantes públicos, a pesar de que hay doce condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar, y en uno de los casos por considerar que hubo tortura", denuncia Franquesa.

Una alianza férrea entre las autoridades políticas y la Policía que la abogada explica sin ambages: "Se percibe la fiscalización de la actuación de los cuerpos policiales como un ataque a la institución, es por ello que la institución responde de forma corporativista en vez de concebir que esas conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos son el verdadero y único ataque a la institución".

Soldados en una batalla

En El final del control policial, Vitale hace referencia a la "mentalidad del guerrero" como parte del problema. "Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública", lamenta el sociólogo. Y lo cierto es que, en cierto modo, esa misma mentalidad impregna también en nuestro país la relación de los agentes del orden con gran parte de la ciudadanía.

Lean ahora, para ilustrar lo anterior, el siguiente extracto del manual de gestión de manifestaciones de las Unidades de Intervención de Orden Público del Cuerpo Nacional de Policía describiendo una concentración o manifestación: «Un ente vivo [en el que], y como es sabido sociológicamente, la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral». El documento llega incluso a referirse a las protestas y a las personas que participan en ellas como «masa hostil».

"El problema es que se planifican los dispositivos policiales desde esa óptica, ese manual responde a la concepción que se tiene desde el cuerpo a los colectivos que se manifiestan, y es una concepción muy anticuada, que corresponde a los años 80 y 90", se queja Franquesa. 

Militarización de la frontera

Mención aparte merecen nuestras fronteras. Con los rescoldos de la crisis migratoria vivida hace apenas unas semanas en Ceuta, cabe preguntarse qué ocurre en esa tierra de nadie donde reina la opacidad, de qué modo alumbrar esas zonas de sombra en las que las vulneraciones de los Derechos Humanos resultan extrañamente cotidianas.

Según la abogada, la solución pasa por una triple alianza: "Primero visibilizando estas cuestiones, poniendo el foco allá donde pretenden instaurar la opacidad, después hay que actuar, y la actuación tiene que venir desde la denuncia pública, pero también desde los tribunales, ahí el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa. Por último, la movilización social. De la unión de estos tres pilares, vendrán los cambios".

Madrid

03/06/2021 22:41

Juan Losa@jotalosa

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Las autoridades italianas localizan un cargamento de Captagon. Ciro Fusco/EFE

Siria se ha convertido en epicentro mundial de producción de fenetilina de una marca llamada Captagon y su comercio empieza a tener peso en el PIB de una economía dañada por la guerra

 

En el verano de 2015, un poderoso cargo de seguridad abordó a un empresario de la provincia siria de Latakia para pedirle un favor. Quería que el comerciante, un importador de suministros médicos, obtuviera grandes cantidades del extranjero de un medicamento llamado fenetilina. El régimen, dijo, estaría dispuesto a comprar el lote.

Tras una búsqueda en Internet, el comerciante tomó una decisión. Sacó a su mujer y a sus hijos del país y esa misma semana abandonó su casa y obtuvo lo que pudo de sus empresas para empezar desde cero en otro país. "Sé lo que me pedían", afirma desde su nuevo hogar en París. "Querían el ingrediente principal del Captagon. Y esa droga es un negocio turbio".

Otros empresarios del norte de Siria no han tenido tantas reservas morales. La fabricación de Captagon en el corazón del régimen se ha convertido en uno de los únicos éxitos empresariales recientes de Siria; una industria en crecimiento tan grande y sofisticada que está empezando a rivalizar con el Producto Interior Bruto (PIB) de la maltrecha economía nacional.

Desde un país en ruinas y el también desastroso colapso al otro lado de la frontera, en Líbano –donde a finales de abril oficiales saudíes encontraron un cargamento de Captagon escondido en granadas y exportado desde Beirut–, se está imponiendo una realidad: ambos países se están convirtiendo rápidamente en narco-Estados, si es que no encajan ya en esa definición.

La cocaína de los pobres

Antes de la incautación en abril de millones de pastillas de Captagon, lo que llevó a Arabia Saudí a prohibir todas las importaciones agrícolas procedentes del Líbano, en los últimos dos años se habían interceptado al menos otros 15 envíos de esta droga en Oriente Medio y Europa.

Seis agentes de policía y de los servicios de inteligencia de Oriente Próximo y Europa han declarado a The Guardian que todos fueron enviados desde el epicentro del Captagon en Siria o a través de la frontera del Líbano, donde una red de intocables –familias del crimen, líderes de milicias y dirigentes políticos– han formado cárteles transfronterizos que fabrican y distribuyen cantidades de droga a escala industrial.

Captagon es uno de los varios nombres de marca del compuesto farmacológico clorhidrato de fenetilina. Se trata de un estimulante con propiedades adictivas que se utiliza con fines recreativos en todo Oriente Medio y que a veces se denomina "la cocaína de los pobres". También es utilizada por grupos armados y fuerzas regulares en situaciones de combate, ya que se considera que tiene propiedades que aumentan el coraje y adormecen los miedos.

A todos los efectos, la frontera entre ambos países se difumina; una zona sin ley donde los traficantes operan con la complicidad de los funcionarios de ambos lados. Los traficantes mueven materia prima y productos acabados, tanto hachís como Captagon, a lo largo de una ruta que pasa por el valle libanés de la Bekaa, la ciudad fronteriza siria de Qusayr y las carreteras hacia el norte a través del corazón alauita del Gobierno de Asad, hacia los puertos de Latakia y Tartus.

El simil con el cártel de Sinaloa

Latakia ha estado bajo el intenso escrutinio de las agencias de policía e inteligencia europeas y estadounidenses. Samer al-Asad, primo del líder sirio Bashar al-Asad, es una figura influyente en el puerto. Según el comerciante exiliado y otros tres empresarios de Latakia, todo aquel que quiera operar debe pagar una importante tajada de los ingresos a cambio del acceso a las redes y la protección.

A pesar del escrutinio sobre el puerto, se han realizado pocas incautaciones en origen. En cambio, la lista de incautaciones desde 2019 compite con el apogeo del cártel de Sinaloa de México por su escala y eficiencia.

Entre estas incautaciones están cinco toneladas de pastillas de Captagon encontradas en Grecia en julio de 2019, dos alijos similares en Dubái en los meses siguientes y cuatro toneladas de hachís descubiertas en la ciudad egipcia de Port Said en abril de 2020, envueltas en el embalaje de la empresa Milkman. En ese momento la empresa era propiedad del magnate del régimen Rami Makhlouf.

También hubo un envío de Captagon a Arabia Saudí oculto en hojas de té, así como incautaciones en Rumanía, Jordania, Bahréin y Turquía. En julio del año pasado se interceptó en el puerto italiano de Salerno el mayor alijo de la historia de esta droga, con un valor en el mercado de más de 1.000 millones de euros, que se cree que estaba destinado a ser un punto de paso en la ruta hacia Dubai.

El cargamento estaba oculto en rollos de papel y maquinaria enviados desde una imprenta de Alepo y los funcionarios italianos atribuyeron inicialmente la importación al grupo terrorista Estado Islámico. En diciembre pasado, la autoría se atribuyó a la poderosa milicia libanesa Hezbolá. Ellos niegan su implicación y afirman que no tienen nada que ver con el comercio regional y mundial de Captagon, que se está asociando rápidamente con los dos países fallidos.

Siria, "epicentro mundial de la producción de Captagon"

La organización Centre for Operational Analysis and Research, que se centra en Siria, publicó recientemente un informe en el que destaca el papel del Captagon y el hachís en el país, cuya economía se ha visto paralizada por una década de guerra, las sanciones de Occidente, la corrupción arraigada y el colapso del Líbano, donde miles de millones de dólares han desaparecido en el pozo del sistema bancario del país.

"Siria es un narco-Estado con la presencia de dos drogas mayoritarias: el hachís y el estimulante de tipo anfetamínico Captagon", dice el informe. "Siria es el epicentro mundial de la producción de Captagon, que ahora está más industrializado, adaptado y técnicamente sofisticado que nunca.

"En 2020 las exportaciones de Captagon desde Siria alcanzaron un valor de mercado de al menos 3.460 millones de dólares. Aunque se trata de una conjetura, es posible que el techo del mercado sea mucho más alto. Aunque el tráfico de Captagon fue en su día una de las vías de financiación utilizadas por los grupos armados de la oposición, la consolidación del control territorial ha permitido al Gobierno de Asad y a sus principales aliados regionales consolidar su papel como principales beneficiarios del comercio de estupefacientes en Siria".

Un exinfiltrado del régimen en el exilio y que mantiene conexiones con algunos funcionarios dentro del país, afirma que "la guerra en Siria no solo ha causado la muerte de cientos de miles de personas, más de seis millones de refugiados, ocho millones de desplazados internos, alrededor de un millón de heridos y la destrucción total de pueblos y ciudades, sino que también ha provocado un colapso total de la economía tras la crisis bancaria libanesa, la pandemia y una ley de Estados Unidos que fija sanciones. Todo ello ha convertido al país oficialmente en un narco-Estado, con unos pocos empresarios próximos al régimen y señores de la guerra convertidos en señores de la droga".

"Al principio del conflicto, un dólar equivalía a 50 libras sirias. El tipo de cambio bajó, pero logró mantenerse en 500-600 libras sirias a lo largo de ocho años de guerra, hasta que comenzó la crisis libanesa en 2019. Entonces empezamos a ver el colapso total de ambas divisas simultáneamente, lo que demuestra lo interconectadas que están. El Líbano había estado actuando como el respirador de Siria. Y de repente perdió su suministro de oxígeno", dice.

Varios meses después de que el comerciante de Latakia huyera de Siria, un visitante llegó al Líbano en un jet privado procedente de Arabia Saudí. Era el príncipe Abdulmohsen bin Abdulaziz al-Saud, un miembro de la familia real, que entonces tenía unos 20 años. Cuando el príncipe se preparaba para volar a casa, el 26 de octubre de 2015, fue detenido, supuestamente con dos toneladas de pastillas de Captagon en su equipaje.

Durante los siguientes cuatro años estuvo recluido en una habitación situada encima de una comisaría de policía en el barrio de Hamra, en Beirut, donde recibió más prebendas que otros presos, mientras continuaban las negociaciones para su liberación.

Según un miembro de los servicios de inteligencia libaneses, "Hezbolá le tendió una trampa". "Cayó en una trampa y a Riad le llevó mucho tiempo liberarlo porque la gente de aquí quería una compensación. El Estado no estaba involucrado. Todo se hizo para que desapareciera. Se pagó a la gente adecuada y se fue a casa en 2019. El captagon tiene un gran poder para conseguir cosas".

Por Martin Chulov

30 de mayo de 2021 21:47h

Traducido por Emma Reverter

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