Rubén Blades: “Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización”

 “Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.

Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.

Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.

Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.

Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhibe la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.

El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas. Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.

Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.

Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.

Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber. El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.

Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.

Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.

En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.

Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.

Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.”

Publicado enColombia
Martes, 04 Mayo 2021 12:05

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https://www.youtube.com/watch?v=nG-7xiBsueA

 

¿Conspiparanóicos o seudociencia y biofascismo?

En el marco de la pandemia de Covid-19 millones de seres humanos asisten de manera pasiva a la instauración de un totalitarismo tecno-sanitario-plutocrático integral de tal magnitud, que hace que las distopías de ciencia ficción de George Orwell (1984) y Aldous Huxley (Un mundo feliz) se queden cortas, y que los totalitarismos clásicos parezcan apenas ejercicios de aprendices primitivos.

Según Naomi Wolf (Ten Steps to Fascism: Authoritarianism in a Pandemic), Estados Unidos transita ya el "décimo" de los 10 pasos hacia el fascismo: el Estado ha fusionado al gobierno con las megacorporaciones financieras, tecnológicas y farmacéuticas de una manera similar a la del fascismo italiano, utilizando la crisis sanitaria como vehículo para justificar la supresión/abolición de los derechos humanos inalienables y civiles; pero no es sólo una guerra contra la libertad sino contra los seres humanos.

Antes Soshana Zuboff había acuñado la noción "capitalismo de vigilancia" y Cédric Durand, con su libro Tecno-feudalismo, colocó la economía política de la "dominación digital" en el contexto de la evolución histórica del capitalismo, demostrando cómo el "Consenso de Was­hington" terminó haciendo metástasis con la "ideología californiana" de los pioneros del Silicon Valley; una ideología parecida a la revolución schumpeteriana de "destrucción creativa", pero con ­esteroides.

Según Durand, las plataformas del big tech se han convertido en "feudos" que se benefician de un vasto "territorio digital" poblado de datos con servicios que hoy se consideran indispensables; con una lógica extractivista aplicada al desarrollo del big data, los señores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio online. Dominan sus haciendas y también al Estado y, a decir de Durand, "el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos".

En el capitalismo de vigilancia, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), constituyen el factor ordenador de la economía y la principal fuente de poder y riqueza. Lo que en la época feudal representaba la tierra, y posteriormente el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos de la vida personal (emociones, hábitos, gustos, movimientos corporales, pensamientos íntimos), que, recopilados y transformados por la IA en productos de predicción, se venden en mercados de futuro del ­comportamiento.

Volviendo a los "10 pasos" que según Naomi Wolf conducen al fascismo (entre ellos, la invocación de una amenaza externa o interna, el desarrollo de una fuerza paramilitar, las restricciones a la prensa, la subversión del Estado de derecho), desde marzo del año pasado, montado y usando como pretexto una crisis sanitaria, Estados Unidos ha llegado a ese estadio.

Autora de best-sellers, entre ellos El fin de América: carta de advertencia a un joven patriota e Indignación: sexo, censura y criminalización del amor, Wolf ha mostrado cómo las epidemias de enfermedades infecciosas (cólera, tifus) fueron explotadas en el siglo XIX por el imperio británico para aplastar libertades e invadir la intimidad de las personas, como ocurre ahora con las medidas de excepción de los "regímenes corona", basadas en el abuso de la prueba PCR y el viciado protocolo Drosten (ver cormandrostenreview.com y https://cutt.ly/MbxbjYQ).

Al respecto, Wolf ha criticado las medidas y leyes de emergencia en muchas entidades estadunidenses, que con el sello de un "estado policial" suspendieron el debido proceso legal; cerraron empresas, escuelas, parques y playas ; impusieron multas a quien no llevara mascarillas al aire libre y restricciones al derecho de reunión; proyectan "pasaportes de vacunas" que se saltan la Cuarta Enmienda de la Constitución, permitiendo al gobierno y a las corporaciones tecnológicas ( big tech) inmiscuirse en la privacidad médica y crear un estado de vigilancia digital integral.

Ha cuestionado también la supresión de la libertad de expresión, la censura, las amenazas, la marginación y el ataque a la reputación de médicos y científicos que disienten con los experimentos masivos en seres humanos con vacunas basadas en genes sin un consentimiento informado (Código de Nuremberg), por las grandes corporaciones tecnológicas y el magnate Bill Gates, así como el "secuestro" de la ciencia en aras del "biofascismo" y para beneficio de grandes intereses farmacéuticos.

Según Wolf, para servir a los intereses de ese biofascismo –representado por la "nueva normalidad" del Foro Económico Mundial de Davos, el "paso 10" médico-fascista−, las plataformas del Proyecto de Seguimiento Covid y la Universidad Johns Hopkins, patrocinadas por Michael Bloomberg y Bill Gates con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, han manipulado la verdad y proporcionado datos no verificados que afectan directamente a los mercados de valores. Y lo más grave, el nuevo biofascismo "es una guerra contra los seres humanos y las cualidades que nos hacen humanos"; las mascarillas –que pueden producir severos daños físicos, síquicos y sociales, ver doi.org/10.3390/ijerph18084344−, rompen la capacidad de relacionarnos cara a cara y disfrutar del contacto humano, e implementar la escuela vía plataformas de aprendizaje a distancia de big tech, viola los derechos de los niños y garantiza que no sepan cómo comportarse en el espacio humano, un espacio no mediado o vigilado por la tecnología.

Hoy, las amenazas a la libertad, que en 2001 se justificaban con el terrorismo y antes con el comunismo, tiene un nuevo vestido: la pandemia sanitaria con mutaciones estacionales ad eternum… De allí que, a juicio de Wolf, recuperar el espacio y la cultura "analógicos" −el contacto humano− sea hoy la gran fuerza revolucionaria de resistencia a esa forma de biofascismo integral y para recuperar la libertad humana.

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Incitación al socialismo autogestionario

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado.

 

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado. El problema no consistía en una supuesta falta de condiciones políticas y económicas objetivas para ello, puesto que el socialismo libertario era posible fuese cual fuese el estadio de desarrollo y compenetración en el que se encontrasen la economía y el Estado, sino a la falta de experiencias autogestionarias de magnitud apreciable, y, por lo tanto, a la carencia de ideas prácticas que mostraran los caminos de su realización. Las enormes trabas internas de funcionamiento coordinado que tuvieron las colectividades de la Revolución Española facilitaron el sabotaje que los partidos defensores del orden burgués, mientras el curso desfavorable de la guerra acababa precipitándolas en la cloaca estatal de la que nunca saldrían. La ocupación de la calle, la huelga y la toma de edificios públicos, armas tradicionales de la lucha de clases, son la negatividad en acción que por si sola no basta. En la actualidad, se hace cada vez más patente la necesidad de un anticapitalismo afirmativo: el frente de la guerra social exige una retaguardia logística hecha de proyectos autogestionarios ejemplares. El libro “Los papeles de Albert Mason. Volumen I. La Acción Económica”, anónimo, una selección de artículos de calidad desigual, aclara este último punto: “la revolución es menos un construir sobre la destrucción que un destruir construyendo”. Con esa rotunda aseveración se cambia radicalmente la estrategia de lucha tradicional contra el capital y el Estado basada únicamente en la resistencia organizada; la confrontación ideológica y política ha de combinarse con la forja de un entramado económico autogestionario, antipatriarcal, fuera del mercado e independiente del Estado. La finalidad no ha cambiado puesto que se persigue la revolución social total, no una reforma cualquiera.

Para un lector ajeno a los guiños de la moda, la lectura se complica por culpa del empleo del femenino como genérico -producto de la influencia del movimiento feminista, hoy en día más fuerte y pujante que el obrero e ideológicamente más creativo-, un mal hábito posmoderno que intenta justificarse con la peregrina idea de la repercusión durante milenios del patriarcado en la gramática. De acuerdo con esta manera de discurrir, un periodo machista prolongado en la historia sería el causante lógico y directo de que el género masculino en las lenguas indoeuropeas fuera no marcado. Creemos que el axioma es cuanto menos dudoso y que existen mejores modos de socavar el dominio social de los varones, visibilizar a las mujeres y deshacer los estereotipos sexuales que machacar infundadamente el lenguaje -al fin y al cabo obra del pueblo hablante-, con falaces especulaciones seudorradicales. Bueno, por más que se contorsione la forma, el contenido no se enriquece ni se hace más claro y más crítico. Habría que proceder al revés, creando conceptos nuevos que iluminen la cuestión como lo han sido los de “patriarcado”, “cuidados”, “sexismo” etc. A mi entender, la neolengua inclusiva es un reflejo identitario de gueto, como en otras partes lo son el nacionalismo, las arrobas o el pañuelo palestino. Y el gueto es un elemento de la zona gris que se acomoda con la novedad sin objeción alguna, sobre todo si se cocinó en la universidad, pues no pretende la nitidez de la verdad, sino el velo que más contribuya a su cercado, o sea, a su conservación.

Esta modesta objeción sin embargo no intenta quitar méritos a la materia del libro, que es original y provechosa, y que consiste en lo que el autor llama acción económica, definida como “la forma específica que adopta la lucha contra el capitalismo -en sus dos vertientes, estatal y empresarial- dentro del ámbito de la economía.” Es un modo de acción directa contra la empresa y el Estado cuyo objetivo consiste en perjudicar económicamente todo lo posible a ambos. Desobediencia civil en el plano económico y administrativo. Su forma orgánica es la Asociación Libre. No se trata de un tipo de organización nuevo, sino de lo que corrientemente se ha llamado sindicato, cooperativa, ateneo o comité, o de lo que hoy llamamos colectivo, proyecto o red. Todas se caracterizan por no ser jerárquicas, regirse por asambleas y “ensayar modelos económicos compatibles con la anarquía.” Las tácticas de la acción económica van del huerto comunitario, el consumo combativo, el intercambio en especie y la compra colectiva hasta el fraude administrativo, la insolvencia programada y la insumisión fiscal. No estamos ante una simple alternativa agroecológica a la alimentación industrial, pues suponemos que la susodicha acción económica abarca otras experiencias autogestionarias en el campo de la sanidad, la educación, la seguridad social, la vivienda, la energía y el derecho, por poner solo algunos ejemplos. Lo cierto es que sin esa especie de rearme de la sociedad civil, la lucha social urbana y la defensa del territorio no podrán evitar la integración.

Desde luego, a fin de no recurrir al dinero, la extensión de una economía paralela no capitalista requiere instrumentos como monedas sociales, equipamientos eficientes, asesorías jurídicas y ayudas financieras, cuyo empleo incurre forzosamente en contradicciones, pues no olvidemos que estamos dentro de un régimen tecnocapitalista, como quien dice, en el vientre de la ballena. Encuentro además discutible la busca de subvenciones o el recurso a las inversiones que defiende el libro, aunque trate de justificarlo con el argumento de usarlas contra el Estado, algo así como si se fuera tras una expropiación suave y ligera de fondos. Y también cosas que el libro no menciona como los socios benefactores, la autogestión a tiempo parcial o los liberados. Son prácticas que recuerdan algo el discurso en torno a Marinaleda, y, exagerando un poco, el irónico relato de Pessoa, “El Banquero Anarquista”. Y sobre todo nos trae a colación la autodenominada “Economía Social”, en otras palabras, la autogestión de la miseria, el modo menos violento de administrar la exclusión en beneficio del mercado que la produce. El autor se ve obligado a marcar la línea roja que separa la Acción Económica de aquella, “la rama del capitalismo cuya actividad lucrativa es la crítica al capitalismo y la mercantilización de supuestas alternativas”, y a denunciar como aberrante la terminología seudosolidaria de “precio justo”, “finanzas éticas” “desarrollo sostenible” o “responsabilidad social de las empresas.” Sin embargo, no logra sustraerse a un círculo vicioso: la “desmercantilización” de cualquier actividad sin abolir integralmente el mercado resulta imposible, así como la autogestión generalizada sin salirse de la economía o la autonomía plena sin suprimir el Estado. A mi modo de ver, y supongo que al modo de ver del autor, la única manera de romper el círculo es dejando claro dos cosas: primera, que la actividad autogestionaria y feminista es un medio y no un fin en sí misma. Segunda, que no es más que la vertiente positiva de la lucha social anti-industrial.

El libro, redactado con el espíritu mitad de un pionero de La Cecilia y mitad de un expropiador tipo Marius Jacob, no tiene final. La lista de ejemplos de sabotaje de la economía es larga y abierta. En lo relativo a los métodos ilegales -por ejemplo, la falsificación de documentos o la clonación de tarjetas- conviene más practicarlos silenciosamente en la clandestinidad que alardear de ellos en manuales. A buen entendedor... No busquemos tampoco una valoración suficientemente crítica de los experimentos autogestionarios reales, quizás porque no sea ese el objetivo del libro, que ante todo quería demostrar que, sin la experiencia previa de la autogestión “a fuego lento”, la subversión negadora rodará incesantemente en la oscuridad y se consumirá en su propio fuego. Hoy en día, plantar una tomatera, según cómo, puede ser un acto tan radical como el ir a la huelga o defenderse de la policía, y un humilde potaje de garbanzos, con los ingredientes sociales adecuados, puede convertirse “en un atentado cotidiano contra toda autoridad.”

Por Miguel Amorós

16 abr 2021 13:55

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Viernes, 09 Abril 2021 06:25

La militarización del Estado

La militarización del Estado

Para alargar su decadencia, el sistema capitalista patriarcal está militarizando el Estado, y de modo especial algunas de sus funciones "sociales", como la salud y la educación. Brasil se ha convertido en un laboratorio de políticas para exportar, del mismo modo que la guerra antidrogas fue exportada desde Colombia a México, entre otros.

El Sindicato Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), de Brasil, acaba de publicar un expediente titulado Militarización del gobierno Bolsonaro e intervención en las instituciones federales de enseñanza (https://www.andes.org.br).

El sindicato pertenece a la coordinación sindical Conlutas y el documento denuncia la militarización del gobierno de Jair Bolsonaro. Destaca que los militares ocupan ocho de los 22 ministerios, además de áreas estratégicas y de empresas estatales, como la petrolera Petrobras, donde controlan el directorio.

En Brasil hay 6 mil 157 militares en activo o en la reserva ocupando cargos civiles en el gobierno de Bolsonaro, lo que representa un aumento de 108 por ciento respecto de 2016, año en que fue ilegítimamente destituida la presidenta Dilma Rousseff.

Esos militares son comisionados a esos cargos o tienen contratos temporales, acumulando funciones en las más diversas áreas de la administración pública. Según el expediente, se trata de "la militarización del servicio público federal, de las estatales y de diversos órganos", entre los que merece especial destaque la "militarización de la salud, especialmente en la coyuntura de la pandemia".

En los principales escalones del sistema de salud han aterrizado cientos de militares que controlan todo, aunque están fracasando estrepitosamente en la atención a la pandemia, con hospitales y centros de tratamiento intensivo desbordados.

Días atrás saltó el escándalo de que 85 por ciento de las unidades de terapia intensiva de los hospitales militares están vacías, pero no permiten que las ocupen civiles, pese a que son mantenidos con dineros públicos (https://bit.ly/3sZSNlN).

Además, hay 99 militares en órganos federales responsables de la gestión del medio ambiente, como la Fundación Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).

Según datos del instituto Transparencia Brasil, casi la mitad de esos militares son originarios del Ejército, seguidos de ex policías militares. Se trata de los dos sectores que se han destacado por el apoyo al presidente ultraderechista.

El sindicato de docentes menciona una escalada autoritaria que conduce a "una nueva fase de contrarreforma del Estado, militarizando el primer escalón de las empresas estatales, de los órganos estratégicos del gobierno en áreas de salud y socioambiental".

Sostiene que la escalada de militarización está centrada en el sistema educativo básico, con la creación de "escuelas cívico-militares", y en la educación superior, por la sistemática intervención en instituciones de enseñanza para vetar y controlar la elección de rectores y demás autoridades.

El gobierno se propone crear 216 escuelas primarias cívico-militares hasta el fin de este año, implementando "el modelo basado en las prácticas pedagógicas y en los patrones de enseñanza de los colegios militares del Comando del Ejército, policías militares y cuerpos de bomberos militares" (p. 34).

Una breve incursión en la página del Ministerio de Educación dedicada las escuelas cívico-militares (http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/) es suficiente para hacerse una idea del alcance de la iniciativa.

La escalada autoritaria en la educación, está llegando al punto en el que el gobierno de Bolsonaro nombra rectores en las universidades impuestos desde arriba, sin consulta con la comunidad académica y en contra de sus propuestas. Se trata de un ataque a la autonomía universitaria y el "silenciamiento de voces disonantes" en instituciones que son "locus de producción del conocimiento crítico y creativo" (p. 30).

Estamos ante un cambio de época. La clase dominante ha blindado el Estado, empezando por sus instituciones armadas, con especial cuidado de los ejércitos que son la fuerza que mayor contacto puede tener con la población. Esto forma parte de una estrategia diseñada muy arriba, por las instituciones del imperio, que no puede admitir experiencias como las vividas por los ejércitos de Perú y Ecuador en los años 60 y en Venezuela ahora.

Proceden a la militarización de los servicios básicos como la salud y la educación, para evitar que esos espacios sean utilizados por fuerzas opositoras. En Brasil las instituciones indígenas, ambientales y de reforma agraria habían jugado un papel relativamente positivo, pero ahora están siendo férreamente controladas por los militares.

Un doble proceso en marcha: blindar el Estado y usarlo como martillo contra los disidentes. Quien de ahora en más aspire a ocupar cargos estatales debe saber para quiénes trabaja.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (primer plano), y su secretario de Defensa, Benny Gantz, ayer en el parlamento, en Jerusalén. Foto Afp

El acuerdo histórico de China e Irán, con bendición rusa, por 25 años y 500 mil millones de dólares –casi equivalentes al PIB nominal de la vapuleada economía persa– constituye un genuino game changer (punto de inflexión) que ha sacudido las placas tectónicas de la geopolítica en Eurasia que epitomiza la irrupción de China al Gran Medio Oriente (https://bit.ly/2Reo6LN).

El cronograma geopolítico es seminal cuando el fallido golpe de Estado en Jordania (https://wapo.st/31Og1zz) se escenificó una semana después al acuerdo histórico de China e Irán –que creó de facto el eje Moscú/Pekín/Teherán– y tres días antes de la reunión "indirecta" entre EU e Irán en Viena para renegociar el levantamiento de las mil 600 (¡megasic!) sanciones de Washington y la detención del enriquecimiento de uranio de Teherán (https://bit.ly/2PyfM9k) –todavía muy lejos del mínimo de 90 por ciento para fabricar una bomba nuclear que el atribulado premier Netanyahu ha inventado posee el país persa, como parte de la brutal "guerra de propaganda" que emprendió la triada Trump/Jared Kushner/Netanyahu.

Más allá de las conocidas intrigas palaciegas, que han recreado la narrativa de la perpleja población jordana, entre dos medio-hermanos –el rey Abdala y el príncipe Hamzeh, hijo de la cuarta esposa estadunidense, de origen libanés, la reina Noor Halabi– destacan las revelaciones estrujantes del rotativo israelí de mayor circulación Yedioth Ahronoth (5/4/21) sobre el presunto rol que hubiera jugado Netanyahu que se había enfurecido por la prohibición de la travesía de su vuelo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este dato no es menor ya que la instalación en el poder de Jordania de un "aliado" de Israel en forma indirecta hubiera expandido su alcance y su profundidad estratégica hasta su frontera con Irak de 179 kilómetros, no muy lejos de Irán cuando la distancia aérea más corta entre Irak e Irán es de 941 ­kilómetros.

El éxito del golpe hubiera tenido profundas reverberaciones en las otras fronteras de Jordania: Arabia Saudita (731 kilómetros), Siria (341) y la Cisjordania palestina ocupada (148).

El popular rotativo israelí señala que fuentes jordanas anónimas sospechan la complicidad de algunas petromonarquías del golfo Pérsico.

El sitio de noticias Ammon de Jordania implica al ex agente del Mossad Roy Shaposhnik, a lo cual el portal iraní Hispan TV le ha dado gran vuelo (https://bit.ly/3sXuF39).

Shaposhnik –quien trabajó para el siniestro ejército paramilitar estadunidense Blackwater/Xe de Erik Prince–, contactó a la esposa del príncipe golpista Hamzeh para proporcionar a su familia un avión privado y organizar su salida con el fin de que desde el exterior dirija el golpe palaciego a unos días del centenario del reino, el 11 de abril.

Llamó poderosamente la atención que cinco (sic) días antes del fallido golpe de Estado en Jordania, el analista militar israelí Amos Harel haya advertido que los 328 kilómetros de frontera de Israel con Jordania podían ser el escenario de una enorme inestabilidad (https://bit.ly/2Q5cgTq).

Harel revela que los "ayudantes de Netanyahu se burlan (sic) de un país en ­declive".

Como dicen los avezados criminalistas, Netanyahu tenía "motivos" suficientes para derrocar al rey Abdala, si es que hacemos caso a las perturbadoras revelaciones de Harel cuando días previos Jordania había solicitado a Israel más agua a lo que se negó Netanyahu, lo cual "refleja otro estadio en el deterioro de las relaciones entre los dos países".

Viene la parte nodal de Harel: "Existe una crisis severa que prevalece entre Amán y Jerusalén, exacerbada a inicios de mes, cuando los jordanos impidieron el paso de Netanyahu a EAU".

Harel abunda sobre la "venganza personal de Netanyahu contra el rey Abdala" al prohibir también el envío de vacunas contra el Covid-19.

Lo más kafkiano radica en que mientras Netanyahu presuntamente instigaba el golpe de Estado en Jordania, el atribulado primer israelí comparecía ante un tribunal por fraude/corrupción (https://bit.ly/3mr2SWI) y se quejaba de ser víctima de un "golpe de Estado" jurídico.

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Jeff Bezos, el jefe de todo esto. Foto: Seattle City Council

El economista Robert Reich propone siete medidas para que las grandes fortunas de Estados Unidos paguen los impuestos necesarios para la economía del país.

 

Los ingresos y la riqueza están ahora más concentrados en la élite que en cualquier otro momento de los últimos 80 años, y nuestro injusto sistema tributario es una de las principales razones. El sistema tributario está diseñado para los ricos, lo que permite que un puñado de personas adineradas ejerzan una influencia indebida sobre nuestra economía y nuestra democracia.

Los conservadores se preocupan por los déficits presupuestarios. En tal caso, para pagar aquello que la nación necesita —poner fin a la pobreza, atención médica universal, infraestructuras, revertir el cambio climático, invertir en las comunidades y mucho más— los súper ricos tienen que pagar la parte justa.

Estas son siete formas necesarias para gravar a los ricos.

Primero: Derogar los recortes de impuestos de Trump. No es ningún secreto que la gigantesca rebaja de impuestos de Trump fue un gran regalo para los ricos. El 65% de sus efectos favoreció al quintil más rico, y de esa parte, el 83% lo hizo al 1% más rico. En 2018, por primera vez desde que hay registros, los 400 estadounidenses más ricos pagaron una tasa impositiva efectiva más baja que la mitad inferior. Revocar los beneficios de la reducción de impuestos de Trump para las corporaciones ricas y grandes, como ha propuesto Joe Biden, recaudará un monto estimado de 500.000 millones de dólares en una década.

Segundo: aumentar el tipo impositivo sobre los que están en la parte superior. En la década de 1950, el tipo impositivo más alto para los estadounidenses más ricos superaba el 90%. Incluso después de las deducciones y las desgravaciones fiscales todavía pagaban más del 40%. Pero, desde entonces, las tasas impositivas se han reducido drásticamente. Hoy, después de la reducción de impuestos de Trump, los estadounidenses más ricos pagan menos del 26%, incluidas deducciones y desgravaciones. Y esta tasa se aplica solo a los dólares ganados por encima de 523.601 dólares. Aumentar la tasa impositiva marginal en solo un 1% sobre los estadounidenses más ricos generaría aproximadamente 123.000 millones en diez años.

Tercero: un impuesto sobre el patrimonio para los súper ricos. La riqueza es una fuente de desigualdad aun mayor que los ingresos. El 0,1% más rico de los estadounidenses tiene casi tanta riqueza como el conjunto del 90% inferior. Durante la pandemia, los multimillonarios de Estados Unidos agregaron 1.300 millones a su riqueza colectiva. El impuesto sobre el patrimonio propuesto por Elizabeth Warren cobraría un 2% sobre el patrimonio de más de 50 millones de dólares y el 3% sobre el patrimonio de más de mil millones. Solo se aplicaría a unos 75.000 hogares estadounidenses, menos del 0,1% de los contribuyentes. De acuerdo con él, Jeff Bezos pagaría 5.700 millones de su fortuna de 185.000 millones, menos de la mitad de lo que ganó en un día el año pasado. El impuesto sobre el patrimonio recaudaría 2.750 billones de dólares en una década, lo suficiente para pagar el cuidado infantil universal y la universidad pública gratuita con mucho sobrante.

Cuarto: Un impuesto a las transacciones financieras. El 1% más rico posee el 50% del mercado de valores. Un pequeño impuesto del 0,1% sobre las transacciones financieras, solo un dólar por cada mil dólares negociados, recaudaría 777.000 millones en una década. Eso es suficiente para proporcionar vales de vivienda —más de 12 veces— a todas las personas sin hogar en Estados Unidos.

Quinto: Poner fin al vacío legal de la “base de costos incrementados” [“stepped-up cost basis”]. Los herederos de los superricos pagan cero impuestos sobre las ganancias de capital respecto a los enormes aumentos en el valor de lo que heredan debido a una laguna jurídica llamada stepped-up cost basis. En el momento de la muerte, el valor de los activos se “incrementa” a su valor actual de mercado, por lo que una acción que se valoró originalmente en, digamos, un dólar cuando se compró, pero que vale mil dólares cuando los herederos la reciben, lleva aparejada un ahorro de 999 dólares en términos de ganancias de capital. Este vacío legal permite que enormes y crecientes concentraciones de riqueza pasen de generación en generación sin tener que pagar impuestos. Eliminar esta laguna legal recaudaría 105.000 millones de dólares en una década.

Seis: Cerrar otros vacíos legales para los superricos. Por ejemplo, una forma en que los administradores de bienes raíces, capital de riesgo, capital privado y hedge funds reducen sus impuestos es el agujero del “interés acumulado”, que les permite tratar sus ingresos como ganancias de capital en lugar de como ingresos salariales ordinarios. Eso significa que pagan impuestos a la tasa más baja de ganancias de capital en lugar de la tasa impositiva más alta sobre los ingresos. Se estima que cerrar este vacío legal recaudará 14.000 millones en una década.

Siete: Incrementar los fondos del Fisco para que pueda auditar a los contribuyentes ricos. Debido a que el IRS [Internal Revenue Service, la Hacienda estadounidense] no ha recibido fondos suficientes, es mucho menos probable que los millonarios sean auditados de lo que solían serlo. Como resultado, el IRS no recauda una gran cantidad de impuestos de los contribuyentes ricos. Recaudar todos los impuestos federales sobre la renta no pagados por el 1% más rico generaría al menos 1.75 billones de dólares durante una década. Así que, definitivamente, hay que financiar el IRS.

Juntas, estas siete formas de gravar a los ricos generarían más de seis billones en diez años, suficiente para abordar las grandes necesidades de la nación. A medida que la desigualdad se ha disparado, nuestro injusto sistema fiscal ha permitido que los estadounidenses más ricos hagan trampa para no pagar lo que en justicia deben pagar. No es radical frenar esta irresponsabilidad. Es radical dejar que continúe.

Por Robert Reich

6 abr 2021 06:06

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Domingo, 04 Abril 2021 10:45

La boca del infierno

La boca del infierno

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del Pen International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua. El Pen, antes llamado Pen Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica sobre todo a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamaba porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del Pen, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas; y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya, una oquedad que espanta a cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales han logrado credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse; pero los votos que se le han dado están bien contados. Y si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los electos.

No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre de este mismo año. Es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para que se pueda pensar en un proceso electoral creíble, que sirva como un mecanismo de transición democrática.

Una resolución de la Asamblea General de la OEA de noviembre del año pasado demanda negociaciones "incluyentes y oportunas" entre el gobierno y la oposición para acordar “reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y restructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes y observación electoral nacional e internacional.

La resolución suma que debe haber un proceso político pluralista "que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos".

Tales compromisos deberían estar concluidos en mayo, que ya llega, sin que el régimen haya movido un dedo. Por ahora, la única certeza es que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, se disponen a ser relectos de nuevo, lo que supone continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policiaco y militar. Nada hace prever, hasta ahora, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes.

El Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra en marzo de este año, expresó "grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes".

Manda "abandonar las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación", y "liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente". Exige, también, la derogación de las leyes que violentan el ejercicio de los derechos humanos. Baste mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para "crímenes de odio".

¿Es posible un clima electoral aceptable cuando hay más de 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril de 2018?

¿Y cómo puede desarrollarse así una campaña electoral? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión con sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias, y otros que viven bajo asedio, como Radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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