El modelo chino puede inspirar para eliminar la pobreza en Chiapas.Foto Víctor Camacho

Global Times exultó que “China declaró en forma solemne la victoria (sic) completa por haber erradicado la pobreza absoluta (https://bit.ly/2PXXTjK)”: la hazaña china representa ¡más de 70 por ciento de la reducción de la pobreza en el mundo!

Mientras Estados Unidos y su modelo fracasado de la globalización empobrecieron a 99 por ciento de su población para beneficiar a uno por ciento de su plutocrática bancocracia, China, en forma inversamente proporcional, alivió su previa miseria que prevaleció durante su legendaria "Larga Marcha" de 9 mil 600 kilómetros.

El mandarín Xi celebró el "salto histórico" de haber sacado de la pobreza a 100 millones de las zonas rurales gracias a su plan de ocho años en los que invirtió 246 mil millones de dólares (https://bit.ly/3rI7IQc) y que ahora podrán acceder a alimentos y vestimenta, mientras el gobierno proporcionará sus tres "garantías": salud,vivienda y educación.

Existen muchas definiciones sobre "pobreza", pero usan los parámetros del Banco Mundial que se ajusta a los intereses de Estados Unidos.

Una de las críticas malignas señala la "definición" de la pobreza rural china en 1.69 dólares por día frente al umbral global de 1.90 dólares del Banco Mundial, como si esos 0.21 dólares fueran la única causal, soslayando su abordaje multifactorial, donde predominan la jerárquica voluntad política y la ontología cultural, con mejora de las condiciones circundantes, médicas y científicas.

Hasta el sesgado Banco Mundial admite que desde 1978 más de 850 millones de chinos (¡equivalentes a 6.5 Méxicos!) han salido de la extrema pobreza.

China, que cuenta con mil 400 millones de habitantes, el mayor número del planeta, realizó su hazaña de erradicar la pobreza –que predomina en su parte occidental– en 832 municipios y 128 mil pueblos y contó con los dos grandes "espíritus" de sus tiempos revolucionarios: el Jinggangshan (municipio de la primera base revolucionaria rural del Partido Comunista) y el Yan’an (fase heroica de la revolución comunista basada en la política de reforma campesina y la guerra de guerrillas).

China lanzará la "revitalización rural" en una transición de cinco años (https://bit.ly/3fBfQzH).

Los medios propagandísticos Voice of America (https://bit.ly/3uxV7kD), BBC (https://bbc.in/2PnPK8F) y Brookings Institution fustigaron las cifras del gobierno chino y ponen en relieve una frase del premier chino Li Keqiang: "Existen más de 600 millones de personas cuyo ingreso mensual es de 140 dólares, que no son suficientes para rentar un cuarto en las ciudades". No es ningún secreto la aguda disparidad entre las prósperas ciudades y su entorno rural.

Los chinos se jactan de que su inconmensurable éxito "puede ser promovido para ayudar a otros países en vías de desarrollo en el mundo" como inigualable soft power.

En la milenaria China de cinco mil años, sus ominosos "tiempos de turbulencias" han derivado de revueltas campesinas. El milagroso despegue chino, que no sólo es vulgarmente economicista, sino también científico y socio-educativo, exacerbó la brecha urbano-rural en un país de más de 9 millones de kilómetros cuadrados.

El alivio de la pobreza en China ha sido bautizado como un "milagro del desarrollo".

La tasa de pobreza de Estados Unidos hace dos años era de 43.5 millones (alrededor de 15.1 por ciento, frente a 3.3 por ciento de los pobres que quedan en China) y que seguramente se incrementó con la pandemia del Covid-19.

La CIA publica el ranking de los países con el porcentaje de su “población debajo de la línea de pobreza (https://bit.ly/2PSpC5J)”, donde viene Siria en primer lugar –gracias a las guerras de "Occidente" para promover "libertad/democracia/derechos humanos"– cuando México resalta en un nada edificante lugar 30, empeorado por su Índice Gini, uno de los peores del mundo.

Ahora que me adentré al tema candente de la migración del Triángulo Norte de Centroamérica (https://bit.ly/2R8s9JH), que ha creado una grave crisis transfronteriza con Estadis Unidos, descubrí que su epicentro era Chiapas, que ostenta su peor PIB per cápita de 2 mil 291 dólares (https://bit.ly/3fDsYnI).

El apoteósico modelo chino puede servir muy bien de inspiración para erradicar la peor pobreza de México centrada en Chiapas.

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Cuba será covid-free: cinco vacunas y suma y sigue

Si los resultados son satisfactorios, a finales de agosto seis millones de cubanos, más de la mitad de la población, estarán protegidos. Cuando acabe el año, Cuba será de los primeros países del mundo en vacunar a todos sus residentes

 

El 23 de marzo de 2021, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo ante un grupo de partidarios del Partido Conservador: “La razón de nuestro éxito con la vacuna es el capitalismo, es la codicia, amigos”. Johnson estaba expresando la creencia de que la búsqueda del beneficio privado a través de mercados libres capitalistas genera buenos resultados. Sin embargo, en realidad, los logros de Gran Bretaña en el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca y en el lanzamiento nacional de la vacunación tienen más que ver con las inversiones estatales que con los mecanismos del mercado. El dinero del gobierno subvencionó el desarrollo de la vacuna en la Universidad de Oxford, y es el Servicio Nacional de Salud, financiado por el Estado, el que ha llevado a cabo el programa de vacunación. Lo que Johnson no reconoció es que el motivo por el que Gran Bretaña tiene actualmente el quinto peor índice de mortalidad por covid-19 en el mundo, con más de 125.000 muertes (casi 1.857 por millón de habitantes), y suma y sigue, es el capitalismo y la codicia.

El Gobierno británico, como la mayoría de los regímenes neoliberales, se negó a tomar las medidas necesarias para ralentizar y detener la transmisión comunitaria; desde el principio fue incapaz de proporcionar a los trabajadores del sector de la salud y de la asistencia social los EPI adecuados y otros recursos que podrían haber salvado la vida de cientos de personas que trabajaron en primera línea y que fallecieron a consecuencia de ello. El Gobierno británico contrató a empresas privadas para que llevaran a cabo actividades esenciales, la mayoría con poca o ninguna experiencia; por ejemplo, en lugar de equipar al sistema comunitario de médicos de cabecera del Servicio Nacional de Salud para que se hicieran cargo del “seguimiento y localización” de casos, el gobierno repartió 37.000 millones de libras a Serco para administrar parte del sistema. Desde el punto de vista de la salud pública ha sido un desastre; sin embargo, según los celebrados principios del capitalismo y la codicia de Boris Johnson, en efecto se ha lucido. Los mayores beneficiarios de la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia han sido las corporaciones privadas que han obtenido enormes beneficios. La tarifa media diaria de los aproximadamente 2.500 consultores de Accenture, Deloitte y McKinsey es de 1.175 euros, y algunos cobran 7.780 euros al día.

Johnson ya ha trazado una hoja de ruta para reabrir la economía. Como consecuencia, incluso el escenario más optimista predice una tercera ola entre septiembre de 2021 y enero de 2022 que comportará al menos 30.000 muertes más en Gran Bretaña. Estas muertes son evitables. Sin embargo, precisamente porque el gobierno británico funciona movido por el capitalismo y la codicia, insiste en que tenemos que aprender a “vivir con el virus” para que el negocio empresarial pueda continuar.

Contrariamente a las afirmaciones de Johnson, esta pandemia ha ratificado que las necesidades de la atención médica pública no pueden satisfacerse adecuadamente con un sistema basado en la búsqueda de beneficios. De hecho, es en la ausencia del afán de lucro capitalista en lo que se basa la extraordinaria respuesta nacional e internacional a la covid-19 por parte de la Cuba socialista, que ahora tiene cinco vacunas en fase de ensayo clínico y está lista para ser una de las primeras naciones en vacunar a toda su población.

Al reaccionar con rapidez y determinación, al movilizar su sistema de salud pública y un sector biotecnológico líder en el mundo, Cuba ha mantenido un número bajo de contagios y muertes. En 2020, Cuba confirmó un total de 12.225 casos de coronavirus y 146 muertes en una población de 11,2 millones, lo cual la sitúa entre los índices más bajos del hemisferio occidental. En noviembre de 2020 se abrieron los aeropuertos, lo que provocó un aumento de contagios: en enero de 2021 se contabilizaron más infecciones que en todo el año anterior. El 24 de marzo de 2021, Cuba había registrado menos de 70.000 casos y 408 muertes. La tasa de mortalidad fue de 35 por millón y la tasa de letalidad fue tan solo del 0,59% (2,2% en todo el mundo; 2,9% en Gran Bretaña). En un año, 57 brigadas de médicos especialistas del Contingente Internacional Henry Reeve cubano habían tratado a 1,26 millones de pacientes con covid-19 en 40 países; se adhirieron 28.000 profesionales de la salud cubanos que ya trabajan en 66 países. Los logros de Cuba son todavía más extraordinarios si se tiene en cuenta que, desde 2017, la administración de Trump lanzó punitivamente 240 nuevas sanciones, acciones y medidas para endurecer el bloqueo de 60 años a Cuba, incluidas casi 50 medidas adicionales durante la pandemia, que solo al sector de la salud le costaron más de 200 millones de dólares. 

Cuba ha pasado a la ofensiva en la lucha contra la covid-19 movilizando el sistema de salud público comunitario, centrado en la prevención, para realizar visitas diarias a domicilio, detectar y tratar casos de forma activa y encauzar al sector de las ciencias médicas con el objeto de adaptar y crear nuevos tratamientos para los pacientes y vacunas específicas contra la covid-19. Estos avances no solo traen esperanza a Cuba, sino al mundo entero.

¿Qué caracteriza a las vacunas cubanas?

En todo el mundo se están desarrollando unas 200 vacunas para la covid; el 25 de marzo de 2021, 23 candidatas habían avanzado a ensayos clínicos de fase III. Dos de ellas eran cubanas (Soberana 2 y Abdala). Ningún otro país latinoamericano ha desarrollado su propia vacuna hasta ese punto. Cuba tiene tres vacunas candidatas más en ensayos en fases anteriores (Soberana 1, Soberana Plus y una vacuna intranasal sin aguja llamada Mambisa). ¿Cómo se explica este logro? El sector biotecnológico de Cuba es único; de propiedad y financiación totalmente estatal, libre de intereses privados, los beneficios no se buscan a escala nacional y la innovación se canaliza para satisfacer las necesidades de salud pública. Decenas de instituciones de investigación y desarrollo colaboran compartiendo recursos y conocimientos en lugar de competir entre ellas, lo que facilita una vía rápida desde la investigación y la innovación hasta los ensayos y la aplicación. Cuba tiene la capacidad de producir entre el 60 y el 70% de los medicamentos que consume el país, un imperativo derivado del bloqueo de Estados Unidos y del coste de los medicamentos en el mercado internacional. También hay fluidez entre las universidades, los centros de investigación y el sistema de salud pública. Estos elementos han demostrado ser vitales en el desarrollo de las vacunas cubanas para la covid-19.

A escala mundial se están desarrollando cinco tipos de vacunas para la covid-19:

– Vacunas de vectores virales que inyectan un virus inofensivo no relacionado modificado para entregar material genético del SARS-CoV-2 (Oxford AstraZeneca, Gamaleya y SputnikV);

– Vacunas genéticas que contienen un segmento de material genético del virus SARS-CoV-2 (Pfizer, Moderna);

– Vacunas inactivadas que contienen virus SARS-CoV-2 desactivado (Sinovac/Butantan, SinoPharm, Bharat Biotec);

– Vacunas atenuadas que contienen virus SARS-CoV-2 debilitado (Codagenix);

– Vacunas proteicas que contienen proteínas del virus que desencadenan una respuesta inmunitaria (Novavax, Sanofi / GSK).

Las cinco vacunas cubanas en fase de ensayo clínico son todas vacunas proteicas; llevan la parte de la proteína de la espiga del virus que se adhiere a las células humanas; genera anticuerpos neutralizantes para bloquear el proceso de unión. La doctora Marlene Ramírez González explica que son “vacunas de subunidades, uno de los métodos más económicos, y el tipo para el cual Cuba tiene el mayor conocimiento e infraestructura”. De la proteína S –el antígeno o parte del virus SARS-CoV2 en el que se centran todas las vacunas para la covid porque induce la respuesta inmune más fuerte en humanos– las candidatas cubanas se basan solo en la parte involucrada en contacto con el receptor de la célula: el dominio receptor-obligatorio (RBD, por sus siglas en inglés), que es también el que induce la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. Esta estrategia no es exclusiva de las vacunas cubanas. Sin embargo, Soberana 02 sí se distingue del resto de candidatas del mundo como la única “vacuna conjugada”. Actualmente está en la fase III de los ensayos clínicos, combina RBD con toxoide tetánico, que potencia la respuesta inmune… Cuba ya había desarrollado otra vacuna con este principio. Se trata de Quimi-Hib, “la primera de su tipo en ser aprobada en América Latina y la segunda en el mundo”, contra el Haemophilus influenzae tipo b, cocobacilo responsable de enfermedades como meningitis, neumonía y epiglotitis”.

Idania Caballero, científica farmacéutica de BioCubaFarma, señala que las vacunas se apoyan en décadas de estudios médicos y trabajo en materia de enfermedades infecciosas: “La tasa de mortalidad en Cuba por enfermedades infecciosas, incluso en tiempos de covid, es inferior al 1%. Cuba vacuna hoy contra 13 enfermedades con 11 vacunas, ocho de las cuales se producen en el país. Gracias a los calendarios de vacunación se han eliminado seis enfermedades. Las vacunas producidas con estas tecnologías se han administrado incluso a niños en los primeros meses de vida”.

Las vacunas Soberana las produce el Instituto Finlay en alianza con el Centro de Inmunología Molecular (CIM) y el Centro de Biopreparados. En su nombre viene implícita su importancia económica y política; sin un producto nacional, Cuba tendría dificultades para acceder a vacunas extranjeras, ya sea por el bloqueo de Estados Unidos o por el coste de las mismas. Las vacunas Soberana insertan información genética en células superiores de mamíferos. Soberana Plus es la primera vacuna del mundo para pacientes convalecientes de covid-19 que llega a los ensayos clínicos.

Las otras vacunas, Abdala y Mambisa, nombres que también rinden homenaje a la lucha de Cuba por la independencia, las produce el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). Estas vacunas insertan información genética en un organismo menos evolucionado, un microorganismo unicelular (la levadura Pichia Pastoris). Se apoyan en el extraordinario historial del CIGB, incluidas sus vacunas contra la hepatitis B, utilizadas en Cuba durante 25 años.

Al desarrollar diferentes plataformas de vacunas, esas instituciones evitan competir por los recursos. Caballero explica que “Cuba tiene la capacidad de producir dos cadenas vacunales independientes, con más de 90 millones de vacunas anuales, manteniendo la producción requerida de otros productos para el mercado interno y para la exportación”. Las vacunas cubanas requieren tres dosis y, al ser estables a temperaturas de entre 2 y 8 grados, no requieren costosos equipos especiales de refrigeración.

Ensayos en fase III y ‘estudios de intervención’

A finales de marzo, los ensayos de fase III estaban en marcha para Soberana 2 y Abdala, cada uno de los cuales incorporaba a más de 44.000 voluntarios mayores de 19 años en regiones con alta incidencia de covid-19. Soberana 2 se administra en La Habana y Abdala en Santiago de Cuba y Guantánamo. El análisis y seguimiento de los pacientes del ensayo de fase III continuarán hasta enero de 2022 para investigar si previenen la transmisión, cuánto dura la inmunidad y otras preguntas que ningún fabricante de vacunas puede responder aún. Sin embargo, otros 150.000 sanitarios en La Habana están recibiendo inyecciones de Soberana 2 como parte de un ‘estudio intervencionista’, una forma de ensayo clínico que puede autorizarse después de que se haya demostrado la seguridad de los medicamentos en la fase II. Los estudios de intervención no incluyen pruebas de doble ciego ni placebos. Otros 120.000 sanitarios del oeste de Cuba recibirán Abdala en las próximas semanas. A finales de mayo de 2021, otros estudios intervencionistas en la capital administrarán la vacuna a 1,7 millones de personas en La Habana, la mayoría de la población adulta, lo que significa que 2 millones de cubanos estarán completamente vacunados.

Si los resultados son satisfactorios, en junio se iniciará la verdadera campaña nacional de vacunación, que priorizará a los grupos según factores de riesgo y comenzará por los mayores de 60 años. Para finales de agosto de 2021, seis millones de cubanos, más de la mitad de la población, estarán protegidos y para finales de año, Cuba se encontrará entre los primeros países del mundo en vacunar completamente a toda su población.

Los científicos médicos cubanos confían en tener la capacidad y la experiencia para adaptar sus formulaciones, tecnologías y protocolos de actuación vacunales para abordar nuevas variantes. Los próximos pasos son que Soberana 1 y Soberana Plus entren en ensayos de fase II y se lanzará un nuevo estudio con jóvenes de 5 a 18 años.

Cuba y China forman equipo con Pan-Corona

El CIGB de Cuba se ha asociado con colegas en China para trabajar en una nueva vacuna llamada Pan-Corona, diseñada para ser efectiva en diferentes cepas del coronavirus. Utilizará partes del virus que se conservan, no expuestos a variaciones, para generar anticuerpos, combinados con partes dirigidas a respuestas celulares. Los cubanos aportan la experiencia y el personal, mientras que los chinos aportan los equipos y recursos. La investigación se llevará a cabo en el Centro Conjunto de Innovación Biotecnológica de Yongzhou, en la provincia china de Hunan, que se instauró el año pasado con equipos y laboratorios diseñados por especialistas cubanos. Gerardo Guillén, director de ciencias biomédicas del CIGB, afirmó que la propuesta “podría proteger contra emergencias epidemiológicas de nuevas cepas de coronavirus que puedan darse en el futuro”. El proyecto se basa en casi dos décadas de colaboración en ciencias médicas entre Cuba y China, incluidas cinco empresas conjuntas en el sector biotecnológico.

Una vacuna para el hemisferio sur 

Los profesionales cubanos han recibido diez medallas de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) durante 26 años; sus productos biotecnológicos se exportaban a 49 países antes de la pandemia, incluidas las vacunas utilizadas en los programas de inmunización infantil en América Latina. Cuba ha manifestado que sus vacunas para la covid-19 se exportarán a otros países. Esto brinda esperanza a las naciones con ingresos bajos y medianos que simplemente no pueden permitirse vacunar a sus poblaciones a los precios elevados (entre 10 y 30 dólares por dosis) exigidos por las grandes farmacéuticas. En febrero de 2021, la Oficina de Periodismo de Investigación informó que la empresa estadounidense Pfizer ha estado “intimidando” a los países latinoamericanos para que pongan activos soberanos, como edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra el coste de cualquier causa judicial futura en relación con sus vacunas para la covid-19.

A través de un acuerdo con el Instituto Pasteur de Irán, 100.000 iraníes participarán en los ensayos clínicos de fase III de Soberana 2 y otras 60.000 personas participarán en Venezuela. Otros países, incluidos México, Jamaica, Vietnam, Pakistán e India, han manifestado su interés en recibir las vacunas cubanas, al igual que la Unión Africana, que representa a las 55 naciones de África. Es probable que Cuba aplique una escala variable a sus exportaciones de vacunas para la covid-19, como lo hace con la exportación de profesionales médicos, por lo que lo que cobra refleja la capacidad de pago de los países.

Lo que ha logrado Cuba es notable, pero como afirma Caballero: “Sin el injusto bloqueo de Estados Unidos, Cuba podría tener más resultados y mejores”. Cuba se ha convertido en un líder mundial en biotecnología porque tiene un estado socialista con una economía de planificación centralizada, que ha invertido en ciencia y tecnología y antepone el bienestar humano a las ganancias; es decir, con la ausencia de capitalismo y codicia que celebra el primer ministro británico Johnson.

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Helen Yafee 2/04/2021

Este artículo se publicó originalmente en inglés en Counterpunch.

Traducción de Paloma Farré.

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Sebastián Piñera acusado de genocidio por las comunidades mapuches en Chile

Comunidades mapuches de la región del BioBío y de la Araucanía en Chile, presentaron una querella contra el presidente Sebastián Piñera por genocidio, responsabilizándolo de todos los actos de violencia y represión en los territorios.

 

El anuncio fue realizado por el lonko Alberto Catalán, quien explicó a radio Cooperativa que “las comunidades mapuche de las comunas de Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt, en conjunto con comunidades de Lautaro, le comunican al Pueblo Nación Mapuche y a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: venimos a interponer una querella en contra de don Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique por su calidad de autor del crimen de genocidio, contemplado en el Artículo 11 de la Ley 20.357, y del artículo sexto del estatuto de Roma”.

La comunidad mapuche además busca responsabilizar no solo a Piñera, sino que también a todos los responsables políticos, materiales y encubridores.

Señalaron en un comunicado que actualmente se "ha recrudecido la represión estatal en contra del pueblo mapuche, especialmente en contra de comunidades que levantan dignos procesos de recuperación territorial".

Añaden que la "militarización" de su territorio "ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en tanto también derechos colectivos". Como consecuencia de esa militarización, afirman, han sufrido "golpes, baleadas, torturas y asesinatos", sobre todo a niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas ancianas.

Por otro lado, hace meses las comunidades mapuches vienen recuperando sus territorios, tomados de forma pacífica, sin hacer ningún tipo de daño, sino que todo lo contrario, quieren cuidar sus tierras, su naturaleza para sus familias.

Las comunidades de Lautaro vienen denunciando los desalojos de terrenos, que son parte de una investigación de la fiscalía de alta complejidad, para hacer un barrido con las fuerzas de Carabineros.

Es por eso que las comunidades están haciendo un llamado a la autoorganización y la autodefensa para proteger los territorios recuperados y brindar una seguridad entre ellos.

El Gobierno de Piñera y sus aliados, son responsable de todos los actos de represión, tanto contra el pueblo mapuche, como el pueblo trabajador. Utilizando instituciones podridas como es Carabineros para reprimir a todos quienes están en contra de sus políticas.

La comunidad mapuche que presentó la querella califica esta situación como una "guerra de baja intensidad", con la cual el Gobierno chileno declara al pueblo mapuche como su "enemigo interno".

"Esta actual y sistemática política de exterminio a nuestro pueblo mapuche se constituye en un genocidio", afirmaron en el pronunciamiento.

Durante el último año se han producido varios incidentes derivados del recrudecimiento de las relaciones entre el Gobierno y los mapuches, fundamentalmente en La Araucanía.

Es por eso que es importante solidarizarse con el reclamo mapuche asediados por un Gobierno represor que los encarcela y expropia sus tierras en favor de las grandes corporaciones mineras y del agronegocio, para beneficiar a empresarios que se roban todos nuestros recursos naturales y territorios desde hace cientos de años.

Viernes 2 de abril | 09:45

Con información de Telesur.

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Cuando los obreros tomaron el cielo por asalto A 150 años de la Comuna de París

El 18 de marzo de 1871, los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad de París; mantuvieron el control durante 71 días. Aunque no respondió a un plan premeditado, la Comuna de París quedó asociada a la Internacional y la raíz común de «comuna» y «comunismo» favoreció el deslizamiento de sentidos. Aunque finalmente fue derrotada a sangre y fuego y muchos de sus participantes fueron fusilados, su difusión global capturó la atención tanto de las clases dominantes como de los sectores populares. Muchos de los símbolos de la izquierda surgieron de ella. Y los communards exiliados alimentarían a las corrientes socialistas en diversos países, incluso en América Latina.

 

El 18 de marzo de 1871, los trabajadores y los sectores populares de la ciudad de París tomaban el cielo por asalto. La metáfora homérica, que alude a los titanes que tuvieron la osadía de irrumpir en el Olimpo reservado a los dioses, quedó estampada en una carta que ese mismo año Karl Marx le enviaba a su amigo, el médico socialista Ludwig Kugelmann.

A partir del día siguiente, la prensa oficial francesa denunció ante el mundo la temeridad del «populacho» que había formado su propio ejército y convocaba a elegir su gobierno comunal. En pocos días, la prensa de todo el globo se hacía eco de las imputaciones de su par francesa: la Comuna de París era obra de la Internacional, la temible Asociación Internacional de los Trabajadores. Y tras la internacional obrera se escondía un sabio maléfico, empeñado en destruir la obra de la civilización: el «prusiano» Karl Marx, aquel Prometeo que había robado el moderno saber burgués –la Economía Política– para volverlo contra la propia burguesía y entregarlo al proletariado.

Aunque la investigación histórica pudo demostrar sobradamente que en modo alguno la Comuna había sido obra de la Internacional, nunca como entonces la historia de esta asociación obrera alcanzaba semejante difusión global. La prensa del mundo, en Occidente y en Oriente, informaba a sus lectores sobre los fines de la Internacional, de sus congresos sucesivos, de sus líderes. Algunos diarios transcribían incluso sus proclamas. «Gracias a la Comuna, la Internacional se ha convertido en una potencia moral en Europa», señalaba Friedrich Engels tres años más tarde en una carta a Friedrich A. Sorge fechada el 12 de septiembre de 1874.

Al mismo tiempo, el nombre de Marx aparecía por primera vez en la primera plana de la gran prensa internacional, acompañado por grabados que revelaban al mundo su melena leonina y su rostro barbado. El mundo burgués comprendía que el comunismo no era una amenaza potencial, el producto febril de oscuros conspiradores o la lucubración racionalista de los constructores de utopías, sino un peligro real que de pronto podía acontecer en la ciudad que era el símbolo mismo de la civilización moderna. La Comuna abrigaba el fantasma del comunismo. Y aunque la Comuna de París lejos estuvo de adoptar un programa comunista, la presencia fantasmática de la Internacional era para sus detractores la prueba evidente de su estrategia final. «Commune» en francés quiere decir comuna, ayuntamiento. La Comuna de París no es más, literalmente hablando, que el ayuntamiento de la Ciudad Luz. Pero la palabra «commune» compartía la misma raíz que «communisme», lo que favoreció el deslizamiento de sentido. El término «comunismo», si bien formaba parte del vocabulario político de las vanguardias desde la década de 1830, no se difundió a escala internacional sino con los hechos de la Comuna. 

El acontecimiento

La Comuna de París no respondió en modo alguno a un plan premeditado. Antes bien, fue hija de un encadenamiento de circunstancias imprevisibles: la Guerra Franco-prusiana, la derrota del ejército imperial francés, el sitio de París, el advenimiento de la Tercera República francesa al mismo tiempo que la unificación alemana bajo el Imperio de Guillermo I. 

La catástrofe de los ejércitos de Luis Bonaparte en Sedán, en septiembre de 1870, había significado el derrumbe del Segundo Imperio francés y la simultánea proclamación de la República. El proletariado así como los sectores más avanzados del pueblo manifestaban una abierta desconfianza hacia la nueva Asamblea Nacional –dominada por monárquicos y republicanos moderados– y hacia el Gabinete que presidía Adolphe Thiers, a cuyos integrantes consideraban no solo dispuestos a aceptar las más humillantes y onerosas condiciones de paz impuestas por Alemania, sino también a traicionar la recién fundada Tercera República en pro de una nueva monarquía borbónica.

París había resistido un sitio de cuatro meses que culminó en enero de 1871 con la victoria del ejército prusiano y la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania, nada menos que en Versalles, en territorio francés. Pero como los ejércitos alemanes solo tuvieron cercada la ciudad capital sin atreverse a tomarla, el combativo y organizado pueblo parisino pudo rechazar la rendición, desafiando así a su propio gobierno. Tanto fue así que el Ejecutivo que presidía Thiers y la Asamblea Nacional decidieron instalarse en Versalles, intentando doblegar desde allí a la ciudad rebelde. El proletariado parisino no solo aquilataba una extensa tradición de luchas sociales y políticas sino que, además, contaba ahora con pertrechos y experiencia militar: las circunstancias históricas lo habían convertido en un proletariado armado, mientras el enemigo alemán o los republicanos burgueses no lograran desarmarlo.

En una inédita situación de doble poder, París se vio obligada a darse una forma de organización y de gestión, no solo para sostener su resistencia al gobierno de Versalles, sino incluso para asegurar su funcionamiento y su abastecimiento. La estructura política aquí creada tomó por base la Guardia Nacional, que había sido movilizada en septiembre de 1870 para asegurar la defensa de la capital y cuya tradición revolucionaria se remontaba a 1789. No era otra cosa que una milicia ciudadana, compuesta por todos los varones mayores de 18 años, con amplia mayoría de proletarios y artesanos. En febrero de 1871, la Guardia parisina creó una estructura electiva y piramidal, la Federación de la Guardia Nacional (de allí que se designase a los comuneros como «federados»), compuesta por los delegados de las compañías y los batallones de la milicia parisina; su cúspide la ocupaba un Comité Central. 

La Comuna nació en París el 18 de marzo de 1871, cuando los artesanos y los obreros tomaron el poder en la ciudad. El pueblo parisino se había levantado al descubrir que el gobierno provisional intentaba arrebatarle por sorpresa las baterías de cañones que habían comprado por suscripción popular para defender la ciudad. Las fuerzas del ejército terminaron confraternizando con la población sublevada. Cuando el general Lecomte ordenó disparar contra la muchedumbre inerme, los soldados lo hicieron bajar de su caballo y lo fusilaron. Otro tanto hicieron con el general Thomas, veterano comandante responsable de la represión durante la rebelión popular de junio de 1848. En ese momento Thiers ordenó a los empleados de la administración nacional evacuar la capital. Ante el vacío de poder, la Guardia Nacional convocó de inmediato a elecciones comunales sobre la base del sufragio universal (masculino). Su Comité Central entregó entonces el poder provisional al consejo municipal elegido democráticamente, con predominio de republicanos radicales y blanquistas.

Sitiada París, primero por los prusianos y luego por los versalleses, los comuneros debieron gobernar una ciudad asediada. Promulgaron una serie de decretos (sobre educación popular, separación de la Iglesia del Estado, indulgencia con los alquileres impagos o abolición de los intereses por deudas) dictados por la urgencia y la necesidad antes que por la definición de un orden social cuyos trazos ni siquiera alcanzaron a definir durante sus dramáticos 71 días de vida. 

Cercada en parte todavía por las tropas prusianas, hostigada por la prensa de Versalles con calumnias que a su vez replicaba la prensa internacional, empobrecida, incomunicada, aislada del resto de las fuerzas progresistas de la nación, la Comuna de París soportó con heroísmo durante más de dos meses el bombardeo y el asedio del gobierno provisional. Finalmente, el 21 de mayo el ejército de Versalles logró franquear la Porte de Saint-Cloud, y a lo largo de una semana conquistó militarmente una ciudad que le ofreció una dramática resistencia. Los encarnizados combates se sucedieron barrio a barrio, calle a calle. Los últimos 147 resistentes se parapetaron detrás de un muro del Cementerio de Père-Lachaise, donde fueron fusilados y enterrados en una fosa común.

El 28 de mayo –una vez concluida la llamada «Semana Sangrienta» y con ella la experiencia comunalista–, el saldo era de unos 30.000 comuneros muertos y 43.000 prisioneros, de los cuales 10.000 fueron condenados, unos a la cárcel y otros al exilio en Nueva Caledonia. París se mantuvo bajo la ley marcial durante cinco años.

Las interpretaciones

La experiencia de la Comuna fue leída de los modos más diversos, incluso durante su mismo decurso. Sus enemigos más encarnizados –aristócratas y clericales, monárquicos legitimistas y orleanistas, republicanos conservadores y moderados– coincidieron en denostarla, pero con argumentos diversos. Para los ultramontanos era abominable por el simple hecho de ser una revolución, y la leyeron como una consecuencia de la secularización de las costumbres que había impulsado la burguesía liberal. Los republicanos, que no podían condenar a la tradición revolucionaria de la que habían surgido, la vieron como el producto de la liberación de los «bajos instintos» de una plebe incontrolada compuesta por turbas frenéticas libradas a su propia suerte.

En la vereda opuesta, todo el arco de la izquierda revolucionaria de su tiempo la reivindicó como un hito inaugural. Las lecturas que hicieron las izquierdas eran de algún modo proyecciones de las múltiples tendencias políticas que convivieron en su seno, desde republicanos radicales a mutualistas, pasando por socialistas de las más diversas escuelas (incluso de la positivista); desde adeptos de la centralización política a ultranza (como los blanquistas, los seguidores del revolucionario Auguste Blanqui) hasta partidarios de las diversas corrientes federalistas, unas más radicales, otras más moderadas. 

Como ya ha sido señalado, la Comuna no fue un producto de la Internacional. De acuerdo con lo que Engels expresaba en una carta a Adolph Sorge, fechada el 12 de septiembre de 1874, la Internacional «no había movido un dedo para darle vida». Y, a pesar de ello, la Comuna era «hija espiritual de la Internacional». Solo un tercio de los delegados y de los integrantes del Comité Central de la Guardia Nacional pertenecía a las secciones francesas de la Internacional. Y apenas 13 sobre los 90 fueron elegidos para la Asamblea comunal del 26 de marzo, en la que había emergido una «elite oscura» de ilustres desconocidos. Pero tampoco estos 13 revolucionarios llevaban adelante una estrategia común. Marx exhortaba desde Consejo General de la Internacional con sede en Londres a la clase obrera europea en general (y a la británica en particular) a la solidaridad con la Comuna, mientras que en la correspondencia que mantenía con algunos de los comuneros de París, como Auguste Serraillier, Léo Fränkel y Eugène Dupont, aconsejaba prudencia, señalando los inconvenientes que acarrearía el ataque abierto al gobierno republicano mientras durase la ocupación alemana así como el creciente aislamiento político de París. Marx consideraba imposible una victoria militar y aconsejaba a los comuneros negociar con Versalles una paz honrosa.

Pero no todos los dirigentes políticos franceses participaban del realismo de Marx; en especial, discrepaban los republicanos radicales y los blanquistas, los exponentes de la tradición jacobina. A esta vertiente insurreccionalista a ultranza se sumarían muy pronto los bakuninistas, con el propio Mijaíl Bakunin que había viajado a Francia apenas comenzada la guerra.

El 30 de mayo de 1871, apenas dos días después de concluida la Semana Sangrienta, Marx leía en el Consejo General londinense su célebre alocución, La guerra civil en Francia, una pieza magistral de equilibrio político. Había concebido un texto que, sin renunciar a sus ideas ni a su estilo, pudiera conformar a las distintas tendencias que convivían, no sin tensiones, en el Consejo. Antes que optar por una estrategia de debate público sobre las diferencias que separaban las diversas escuelas socialistas, Marx ensayó una lírica defensa de la experiencia comunera, en la que solo entre líneas es posible leer, por ejemplo, la crítica a los exponentes del insurreccionalismo neojacobino –«supervivientes y devotos de revoluciones pasadas»–, al exceso de escrúpulos democráticos de los republicanos moderados –que llevaron al Comité Central de los federados a delegar rápidamente el poder–, o a los herederos de Proudhon –que no se atrevieron a tocar la sacrosanta propiedad de la banca–. Estos y otros inevitables errores –como la demora de las milicias en marchar sobre Versalles– no podían oscurecer su mérito histórico, que no consistía en otra cosa que en su propia existencia. Ahora que había sido derrotada, que los hombres y las mujeres que la sostuvieron eran fusilados o detenidos, que la prensa burguesa derramaba por el mundo las calumnias más inicuas, la Comuna debía ser saludada por los trabajadores de todo el mundo como un primer ensayo, fallido pero heroico, de gobierno obrero, como «la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo».

En un primer momento, el Consejo General aceptó sin discusión la alocución de Marx y decidió su publicación en diversos idiomas. El comunero Charles Longuet, futuro yerno de Marx, tradujo al francés el texto original de Marx redactado en inglés, y más tarde Engels editaría la versión alemana. Pero en los días que siguieron, los dirigentes sindicales ingleses George Odger y Benjamin Lucraft retiraron su firma objetando los pasajes más duros sobre el gobierno republicano de Versalles. Marx se dio a conocer entonces como el autor intelectual de la alocución, pero su decisión no pudo evitar, junto con la renuncia de sus dirigentes, la salida de las trade unions británicas, uno de los dos pilares sobre los cuales se había fundado la Internacional en 1864. Esta defección, sumada al hostigamiento que las diversas secciones sufrieron después de la Comuna por parte de los gobiernos europeos y a la lucha de fracciones que comenzaba a desatarse abiertamente entre marxistas y bakuninistas, marcó el declive de la Primera Internacional.

Como señaló el historiador alemán Arthur Rosenberg, «el escrito de Marx sobre la Guerra Civil de 1871 tiene una importancia histórica excepcional». En desacuerdo con muchos de los métodos de la Comuna –en primer término, la insurrección misma–, le habría resultado tanto más sencillo deslindar cualquier responsabilidad sobre el curso que tomaron los acontecimientos. Sin embargo, no le importó mostrarse ante la opinión pública como quien tenía la razón, sino que, al contrario, «hizo suya audazmente la Comuna y desde entonces el marxismo tiene una tradición revolucionaria ante los ojos de la humanidad». Esta apropiación marxiana de la Comuna fue tan resistida por los anarquistas (para Bakunin no fue sino la expresión de un «travestismo verdaderamente grotesco») como canonizada por los comunistas de todo el mundo, desde los rusos que en 1917 hicieron de la forma comuna el precedente del sóviet, hasta los chinos de la Comuna de Cantón primero y de la Comuna de Shanghái después. 

El folleto de Marx circuló en cientos (sino miles) de ediciones; usualmente, con un prólogo escrito por Engels para la edición alemana de 1891 que (en franco contraste con el análisis de Marx) presentaba la experiencia comunera como un ejercicio de «dictadura del proletariado». Muchas ediciones añadían también artículos de Lenin, en los que la Comuna francesa era asimilada al sovietismo ruso.

La difusión internacional

Los días de la Comuna mantuvieron en vilo al mundo entero, tanto al orden burgués como a los sectores populares. Los medios de prensa transcribían en primera plana los bandos de una y otra parte, los modernos magazines ilustrados reproducían escenas de los combates o de la vida comunera bajo la forma de grabados y litografías. Mientras la gran prensa burguesa reproducía las noticias más fantásticas sobre hechos de violencia y destrucción atribuidos a la plebe de París, los medios de prensa minoritarios de los republicanos radicales, de los federalistas españoles y de los socialistas de todo el mundo se empeñaban chequear la información y en publicar fuentes fidedignas. La Comuna impactó fuertemente en la prensa española así como en toda la América Latina.

Los exiliados de la Comuna refugiados en Londres, en Bruselas o en Ginebra comenzaron a publicar sus testimonios y sus balances en el mismo año de 1871. Una intensa folletería popular de celebración de la experiencia comunera y de denuncia a los procesos judiciales nutrió la cultura de izquierdas de las últimas tres décadas del siglo XIX, tanto anarquista como socialista, proyectándose incluso a comienzos del siglo XX. El republicano federalista español Manuel de Cala publicó entre 1871 y 1872 dos volúmenes titulados Los comuneros de París, con prólogo de Pi y Margall, que todavía se reeditaban en Buenos Aires en 1929. La vibrante Historia de la Comuna de 1871 del periodista socialista Lissagaray, publicada en Bruselas en 1876 durante el exilio de su autor, fue un verdadero best-seller de su tiempo. Eleanor, la hija menor de Marx y por aquel tiempo pareja de Lissagaray, la tradujo al inglés. 

Del lado anarquista, la obra más popular fue la de Louise Michel, una educadora que había encabezado la manifestación de mujeres que impidió que los cañones parisinos pasaran a mano de los versalleses. La Commune. Histoire et souvenirs (La Comuna. Historia y recuerdos), publicado en París en 1898 cuando hacía ya varios años que su autora había retornado de su deportación en Nueva Caledonia, se tradujo enseguida al español en Barcelona, conociendo a comienzos del siglo XX sucesivas ediciones populares que se leían en todo el mundo de habla hispana. También alcanzó enorme popularidad La Commune (1904), una historia novelada de los hermanos Paul y Victor Margueritte, que fue traducida al español en Barcelona en 1932, en los albores de la Segunda República.

Los exiliados de la Comuna se esparcieron por Europa y América llevando sus relatos heroicos, sus programas políticos y sus rencillas internas. Allí donde se afincaban, lanzaban periódicos en francés, publicaban folletos y fundaban secciones de la Internacional. Fueron comuneros franceses quienes crearon la primera sección francesa de la Internacional en la Buenos Aires de 1872. Otros ex-communards se instalaron en Chile, Uruguay y Brasil, según las pistas que siguió Marcelo Segall. 

Alicia Moreau, una de las figuras señeras del socialismo argentino, era hija del comunero Armand Moreau, que se había exiliado en Londres con su familia antes de instalarse en Buenos Aires. El movimiento socialista internacional celebró el 18 de marzo como una jornada popular, al menos durante tres décadas. Jóvenes intelectuales socialistas como Leopoldo Lugones y José Ingenieros lanzaron en la Buenos Aires de 1987 el periódico La Montaña, fechándolo el 12 Vendimiario del año XXVI de la Comuna, conforme el calendario revolucionario adoptado en 1871. Todavía a comienzos del siglo XX la portada del semanario socialista argentino La Vanguardia correspondiente al 18 de marzo estaba dedicada a homenajear a la Comuna. En el México de 1874 aparece un periódico bisemanal, La Comuna, que poco después nacionaliza la experiencia parisina y pasa a titularse La Comuna Mexicana. Dos años después, el periódico mexicano El Hijo del Trabajo daba a conocer las biografías de los principales líderes de la experiencia comunera. 

La memoria de la Comuna se mantuvo viva en América Latina más allá del exilio francés. El socialista chileno Luis Emilio Recabarren y el anarquista peruano González Prada, entre muchísimos otros, le consagraron artículos en la prensa obrera de su tiempo. El Centenario de la Comuna fue celebrado en 1971 con reediciones de aquellas obras clásicas, con suplementos especiales que le consagraron periódicos y revistas, y con un Coloquio internacional realizado en París. El Berliner Ensable presentó entonces en París Los días de la Comuna, la pieza teatral de Bertold Brecht. 

Todavía resonaban los ecos de Mayo de 1968, cuando los estudiantes de la nouvelle gauche le disputaron a la tradición comunista la herencia de la Comuna. Tan constantes fueron las referencias de los enragès a los episodios de la Comuna de 1871 que la compilación de Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet sobre Mayo del 68 llevó por título Journal de la Commune étudiante.

Los herederos de la tradición leninista –los comunistas, los trotskistas y los maoístas–, venían celebrando en la experiencia comunera la dimensión insurreccional y los atisbos de una «dictadura del proletariado», remarcando siempre la «gran lección» de 1871: la clase obrera no puede triunfar sin un partido revolucionario. En un camino abierto por el movimiento situacionista, el filósofo francés Henri Lefebvre ofrecía en 1965 a sus alumnos de la Universidad de Nanterre una lectura alternativa, en la que el final trágico de la experiencia comunera no debía opacar su decurso como un acontecimiento lúdico y festivo. 

Para Lefebvre, la Comuna habría sido una fiesta inmensa que el pueblo de París se habría regalado a sí mismo y al mundo, una fiesta «de los desheredados y de los proletarios, fiesta revolucionaria y de la revolución, fiesta total, la más grande de los tiempos modernos». Y a contrapelo de las lecturas hasta entonces dominantes, entendió que las notas que definían la experiencia comunera eran una espontaneidad incontenible, una gran pluralidad, su carácter internacionalista, su genio colectivo (desprovisto de grandes jefes), la ausencia de un partido que por detrás pudiera controlar todo lo que sucedía, así como un antibelicismo y anticolonialismo ejemplificados en el derribo de la Columna Vendôme, símbolo de las victorias napoléonicas. Lefebvre abrió el camino a aquellas lecturas contemporáneas que repusieron la historicidad de la Comuna, al extraerla de la genealogía que la inscribía como un prolegómeno de la Revolución Rusa de 1917. Esto no significa, ni mucho menos, que se trate simplemente de devolverla a Francia, porque la Comuna tampoco encuentra su lugar en la historia del republicanismo nacional francés. 

En el mundo globalizado del siglo XXI, las apelaciones a las formas comunales son cada vez más frecuentes en las más diversas experiencias políticas de resistencia al poder, en las que no faltan siquiera las referencias expresas a la experiencia de 1871. «La referencia a la Comuna –escribe Deluermoz, el último gran historiador de este acontecimiento– parece alimentar las demandas cada vez más presentes de un poder más horizontal así como el principio de un ‘movimiento sin líderes’ que caracterizan a muchas de estas protestas contemporáneas».

Estas demandas sociales alimentan nuevos significados y recuperan otras imágenes, más próximas a la subjetividad política contemporánea. Es el caso de la Comuna de Louise Michel y la de tantas mujeres que a pesar de quedar excluidas del sufragio «universal», jugaron un rol crucial en la defensa de París. O de la Comuna de los artistas y de los poetas, la de Gustave Courbet y Honoré Daumier, la de Rimbaud y Verlaine. También es la Comuna del poeta Eugéne Pottier, autor de aquellos versos de «La Internacional» que, años después, con música del belga Pierre Degeyter, iban a convertirse en el himno de los trabajadores de todo el globo. O la Comuna de los laicistas y de los educadores. Está también la Comuna del general Jarosław Dąbrowski y la de tantos polacos e italianos que se batieron en París por una causa que consideraban universal. Está la Comuna de los clubes políticos, de los periódicos revolucionarios que libraban una lucha desigual con los grandes medios de prensa, la Comuna de los pasquines pegados en la pared, la Comuna que adoptó la bandera roja convirtiéndola, 150 años atrás, en emblema universal del socialismo y estandarte internacional de la liberación de los trabajadores. 

La Comuna fue fecunda forjadora de imágenes y de símbolos que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía le dicen algo a nuestro presente. La historiografía del siglo XXI vuelve a los archivos y elabora nuevos relatos del acontecimiento de 1871. La literatura y el arte de nuestro presente vuelven a ponerla en escena, tal como lo ensayó a comienzos de nuestro siglo el director británico Peter Watkins con su docudrama monumental La Comuna de París, apelando a actores no profesionales. Una actualidad que disgustaba a François Furet. El historiador liberal francés había sostenido que «ningún acontecimiento de nuestra historia moderna, y acaso de toda nuestra historia, ha sido objeto de tal sobreinversión de interés en relación con su brevedad». Eric Hobsbawm coincidía en cierto modo al señalar que la Comuna «no fue tan importante por lo que consiguió como por lo que presagiaba; fue más formidable como símbolo que como hecho». Justamente por eso, señalaba, los historiadores deberían «resistirse a la tentación de despreciarla retrospectivamente».

Referencias bibliográficas

José Álvarez Junco: La Comuna en España, Siglo Veintiuno, Madrid, 1971. 

Mijaíl Bakunin: «Lettre au journal La Liberté de Bruxelles», Zúrich, octubre de 1872, en Œuvres, Stock, París, 1910, t. IV.

Quentin Deluermoz: Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes au XIXe siècle, Seuil, París, 2020.

Diógenes de Giorgi: La Comuna de París en la prensa montevideana de la época, Biblioteca de Marcha, Montevideo, 1971.

François Furet: La Révolution. 1770-1880, Hachette, París, 1988.

Gastón García Cantú: El socialismo en México (siglo XIX), ERA, Ciudad de México, 1969.

Georges Haupt: «La Comuna como símbolo y como ejemplo» en El historiador y el movimiento social, Siglo Veintiuno, Madrid, 1986.

Heinrich Koechlin: Ideologías y tendencias en la Comuna de París, Proyección, Buenos Aires, 1965.

Eric J. Hobsbawm: La era del capitalismo, Guadarrama, Barcelona, 1981.

La Commune de 1871. Colloque de Paris (mai 1971), Éditions Ouvrières, París, 1972.

Henri Lefebvre: La proclamation de la Commune, Gallimard, París, 1965.

Karl Marx: «La guerra civil en Francia», en Karl Marx: Antología, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2015. 

Miklós Molnár: El declive de la Primera Internacional, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974.

Boris Nicolaïevski y Otto Maenchen-Helfen: La vida de Carlos Marx, Ayuso, Madrid, 1973.

  1. Prosper-Olivier Lissagaray: Historia de la Comuna, Estela, Barcelona, 1971 (2 vols.).

Michèle Riot-Sarcey: Le procès de la liberté. Une histoire souterraine du XIXe siècle en France, La Découverte, París, 2016.

Jules Rocher (ed.): Lettres de communards et de militants de la Ie Internationale à Marx, Engels et autres dans les journées de la Commune de Paris en 1871, Bureau d’Éditions, París, 1934.

Arthur Rosenberg: Democracia y socialismo. Historia política de los últimos ciento cincuenta años, Cuadernos de Pasado y Presente, Ciudad de México, 1981.

Alain Schnapp y Pierre Vidal-Naquet: Journal de la Commune étudiante. Textes et documents: novembre 1967-juin 1968, Seuil, París, 1969.

Marcelo Segall: «La Comuna y los excommunards en un siglo de América Latina» en Boletín de la Universidad de Chile Nº 109-110, 4-5/1971. 

Edgar Straehle Porras: «Mayo del 68, la Comuna de parís y la tradición revolucionaria. Una aproximación desde Henri Lefebvre» en Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política Nº 13, 7-12/2018.

Horacio Tarcus: Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2007

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Jineth Bedoya, periodista y activista colombiana contra la violencia de género.CAMILO ROZ

Bedoya fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá

 

El que era esperado en Colombia como un día histórico, el inicio de la audiencia pública virtual por el caso de la periodista Jineth Bedoya ante el más alto tribunal americano de derechos humanos, ha desembocado este lunes en una inédita acción del Estado colombiano. El país andino ha optado por recusar a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se ha retirado del juicio en el que se determina su responsabilidad por las amenazas, agresiones y violencia sexual que ha sufrido Bedoya, en el contexto de sus obligaciones internacionales con las mujeres periodistas.

La búsqueda de justicia de Jineth Bedoya ya cumple 20 años. La periodista, hoy subeditora del periódico El Tiempo, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación en la cárcel La Modelo, en Bogotá. Desde entonces se ha convertido en una de las principales voces contra la violencia sexual en América Latina y lleva una década al frente de la campaña No es hora de callar, con el propósito de que las víctimas alcen la voz y denuncien las agresiones.

El inicio de la audiencia de tres días había sido recibida con expectativa en Colombia. “Por primera vez un tribunal internacional, nada menos que una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escucha y seguramente se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas en nuestro país y en el hemisferio y sobre la violencia sexual en Colombia”, señalaba el editorial de El Tiempo este lunes. “No es hora de callar ni de tolerar. Es hora de justicia plena”, apuntó. En el informe de fondo que envió a la corte en 2018, la CIDH concluyó que el Estado colombiano es responsable de múltiples violaciones a los derechos de Jineth Bedoya. Hace apenas dos años, dos paramilitares fueron condenados a 40 años de cárcel como autores materiales después de que ella se tuvo que convertir en investigadora de su propio crimen. Hasta ahora ninguno de los autores intelectuales del crimen han sido judicializados.

La comunicadora ha seguido recibiendo incesantes amenazas hasta el día de hoy. “Mi vida se destruyó, a mí me mataron la mañana del 25 de mayo”, relató en la audiencia con la voz entrecortada al señalar que el periodismo ha sido el oxígeno que le ha permitido seguir adelante. “He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero lamentablemente mi vida se acabó”, declaró. “¿Cómo se puede recuperar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual”, apuntó en otro momento.

Bedoya relató en su declaración que agentes de la policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel con jefes paramilitares, la trampa que ocasionó su secuestro, así como la revictimización que debió afrontar debido a que las autoridades la llamaron en 12 ocasiones a declarar sobre la agresión sexual. También declaró que la mayor medida de reparación que podría recibir es clausurar La Modelo, donde sistematicamente se han producido todo tipo de violaciones de derechos.

Después de varias horas de audiencia, el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que representa a Colombia, en cabeza de Camilo Gómez, anunció que se proponía presentar a la brevedad posible un escrito para recusar a cinco de los seis jueces, con el argumento de que sus preguntas prejuzgaban. “Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso (…) Se trata de no prejuzgar a un Estado que se presenta con humildad ante la corte y que pone la cara ante la víctima, pero que espera de sus jueces la imparcialidad y la objetividad que son la esencia de la justicia”, dijo Gómez en su inesperado alegato al anunciar que se retiraban. “Esperaremos que el ilustre Estado de Colombia presente sus escritos y haga sus peticiones, las cuales serán resueltas oportunamente, y mientras tanto esta audiencia no se puede interrumpir y vamos a continuar”, zanjó Elizabeth Odio Benitez, presidenta de la Corte.

“Se trata de una conducta sin precedentes e irresponsable”, reaccionó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, en alusión a la decisión de Colombia de recusar a casi todos los jueces porque le molestaron las preguntas a la víctima. “El Gobierno de Iván Duque debería avergonzarse de lo que hizo ante la Corte IDH en el caso de Jineth Bedoya”, escribió en sus redes sociales.

“Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia”, señaló en un comunicado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que acompaña el caso. El retiro del Estado es un acto sin precedentes que genera preocupación sobre su compromiso frente al juicio, así como sobre el sometimiento frente a la decisión que adopte la corte, apuntó la organización. “Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla”, concluyó la FLIP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 16 mar 2021 - 00:46 UTC

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Martes, 16 Marzo 2021 05:15

A diez años de la revolución siria

A diez años de la revolución siria

 

“Es su turno, doctor” escribieron unos niños en la pared de la escuela de Deraa, al sur de Siria, el 6 de marzo de 2011. Con el impulso de la Primavera Árabe, que se había llevado puesto a dos dictadores de la región, Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, ahora el turno era del sirio Bashar al Assad, portador de un diploma de oftalmólogo.

Los niños de Deraa fueron secuestrados y torturados por las fuerzas de seguridad con la brutalidad habitual que los caracteriza, pero esta vez despertó la conciencia de miles de personas que se arrojaron a las calles el 15 de marzo para reivindicar pacíficamente su derecho a una vida digna, tal como había sucedido meses antes en Túnez y Egipto. Así comenzó y continúa la revolución siria: con el anhelo de libertad y dignidad. Luego vino “la guerra siria” y más tarde “la crisis siria”. Pero lo primero fue la revolución, y lo cambió todo. Muy poco se habla ya de las organizaciones de base, las técnicas de resistencia no violentas y desobediencia civil: muy poco se habla del pueblo sirio, su derecho a la libertad, a la dignidad y su más básico derecho a la vida.

La potencia de las manifestaciones, que rápidamente se hicieron masivas, quebraron la distancia entre las personas, esa distancia que crean los regímenes totalitarios, que minan la solidaridad entre las personas, las aísla y las condena a la más absoluta soledad. “Aunque vivíamos juntos, estábamos separados. Tu vecino era tu vecino, pero si decías algo incorrecto, podías terminar en la cárcel”, comentaba el periodista Ramy Jarrah. Esta Siria de “paredes con oídos” fue edificada por Hafez al Assad, el padre de Bashar, tras un golpe de Estado en 1971 que lo mantuvo en el poder hasta su muerte en 2000. Su autocracia se solidificó sobre la base de una amplia red de corrupción en alianza con una extensa red de servicios secretos: los mukhabarat. Éstos no son necesariamente agentes especiales; puede ser un compañero de la universidad, un diariero, un vecino que tiene la misión de reportar comentarios o actividades contrarias al régimen o potencialmente “peligrosos”. Así, se construyó un entramado de desconfianza mutua al punto de que todos sabían que, en cada aula, reunión familiar o lugar de trabajo había mukhabarat prestos a entregar a cualquier persona en cualquier momento. La discrecionalidad propia de la práctica hizo que nadie confíe en nadie y que las cárceles estuvieran llenas de opositores y enemigos personales de los mukhabarat, que además controlaban la mayoría de la actividad comercial del país.

Hafez al Assad preparó durante años a su hijo mayor Basel para que lo sucediera tras su muerte, pero éste murió en un accidente automovilístico en 1994 y así, inesperadamente, el “doctor”, que se encontraba alejado de los asuntos familiares viviendo en Londres, debió prepararse para el cargo, que asumió en 2000. Los primeros años parecieron dar algo de aire a la sociedad siria con la apertura de servicios de telecomunicaciones e internet. Sin embargo, rápidamente se desarrollaron nuevas estrategias de censura, persecución política y corrupción habilitadas por las modernas tecnologías y sectores de la economía relacionados.

Cuando comenzaron las revueltas, Bashar llevaba más de una década en el poder y, en vez de dar un paso al costado como Ben Ali y Mubarak, iniciar una transición democrática y negociar algún tipo de acuerdo, le declaró la guerra a su propio pueblo. “Asad o quemamos el país” ha sido desde entonces la consigna de las fuerzas leales al presidente a lo largo de esta década de masacres, desplazamientos forzados, pérdida del patrimonio histórico del país, surgimiento y fomento de la radicalización de los grupos islamistas y un largo etcétera.

 “La Siria que vos conociste no existe más”, así comienza y termina el libro La tierra empezaba a arder de la escritora argentina de origen sirio Cynthia Edul, y que relata su viaje al país de sus ancestros en octubre de 2010. La tierra ardió, y la Siria de al Assad es un país que no existe más. Millones de sirios y sirias en el exilio, en campamentos de refugiados y en las cárceles del régimen siguen anhelando construir una Siria libre y democrática en aquella tierra arrasada por el fuego.

Por Carolina Bracco, Politóloga y Doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

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La gran política y la revolución digital

 

 

En los Cuadernos de la cárcel Antonio Gramsci diferenciaba entre la gran política y la pequeña política. La primera se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga.

La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios prexistentes. En el mundo actual, la alta política la definen las grandes multinacionales, las fuerzas armadas y sus think tanks estratégicos, y grupos de presión y de poder como el deep State en Estados Unidos.

De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no se proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje y estética políticas, sobre todo utilizando los medios de comunicación de masas.

Lo más común es que propongan como gran política cuestiones que no pasan de ser políticas de lo cotidiano, a menudo rescatadas de fracasos anteriores. La represa Belo Monte que promovió el gobierno de Lula en Brasil fracasó casi medio siglo antes por la oposición de los pueblos amazónicos a la obra faraónica que propuso la dictadura militar. El Tren Maya entra en la misma categoría de la política de intriga, que se quiere hacer pasar como obra estratégica.

El desarrollo digital forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y el crepúsculo.

Sin embargo, la digitalización es considerada como la tercera revolución antropológica, luego de la creación del lenguaje articulado y la invención de la escritura, como estima el sicoanalista y epistemólogo franco-argentino Miguel Benasayag en La tiranía del algoritmo, aún inédito en castellano.

Miguel es un compañero cuyos análisis son agudos y penetrantes. Pertenece a la generación de 1968, estuvo tres años en las cárceles de la dictadura por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo y ahora participa en el colectivo francés Malgré tout (A pesar de todo). Sigue comprometido con causas colectivas y se ha focalizado en estudiar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Su libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), señala que, a diferencia de los inventos anteriores, desde la rueda a los antibióticos, la digitalización no termina de producir un nuevo modo de ser en el mundo para el hombre, sino que aleja al hombre del mundo y su poder de actuar, a pesar de que desencadene un poder muy fuerte en lo tecnológico (p. 116).

Sostiene que la revolución de la digitalización ha llevado a que 95 por ciento del conocimiento que tenemos sobre el mundo sea indirecto. Pero ese conocimiento indirecto no se suma al conocimiento que nace de la experiencia corporal, sino que lo remplaza y lo cancela. Por eso considera la digitalización como violencia, porque niega y suprime la diferencia (y a los diferentes) y las identidades singulares.

La rapidez y la omnipresencia caracterizan la revolución digital, estima Benasayag. En el mundo del algoritmo no existe la alteridad, pero la delegación de las decisiones políticas en los algoritmos suspende el conflicto, lo bloquea y lo inhibe. La negación del conflicto puede producir la barbarie, sostiene en Elogio del conflicto, escrito con su compañera Angélique del Rey (Brueghel, 2018).

La tiranía del algoritmo coloniza la vida, al eliminar la singularidad de los seres y, en consecuencia, suprimir el conflicto. De ese modo nos deja inermes, nos desmaterializa y descorporiza, convertidos apenas en datos binarios inscritos en chips, lo que nos inmoviliza al enrejarnos en lo individual.

Para evadir esta tiranía, sostiene Benasayag, debemos resistir la supresión de la diferencia y del conflicto, algo que parecen estar deseando los gobiernos, en general, y los progresistas en particular. Por eso se engalanan con las prendas de los pueblos originarios y esgrimen sus bastones de mando haciendo creer que todo es lo mismo, que es igual arriba que abajo. Las diferencias y los diferentes son sentidos como amenazas por un sistema incapaz de procesar los conflictos, como hizo la humanidad en su historia.

La pequeña política gubernamental se muestra impotente ante la gran política de las grandes empresas de la información, esas que pueden hasta bloquear y cancelar las cuentas de los presidentes del imperio. Lo peor que podemos hacer es ignorar la potencia de esta tiranía, su capacidad de anular a los seres humanos.

Aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida. Lo que vamos aprendiendo es que nada puede cambiar si nos limitamos a la pequeña política de palacio

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Martes, 09 Marzo 2021 06:00

Trenes, muros y mentiras

Trenes, muros y mentiras

La impunidad es la principal característica del poder.

Le permite decir, hacer, prometer, incumplir y, sobre todo, maquillar sus verdaderas acciones e intenciones.

Decir, por ejemplo, “evangelizar”, cuando la corona española perpetraba genocidio contra los pueblos originarios.

Decir, por ejemplo, “democracia”, en cuyo nombre el imperio de ahora invade, bloquea y descuartiza naciones, para apropiarse del petróleo en Libia y en tantos otros rincones del mundo.

Decir, por ejemplo, “desarrollo”, perpetrando la destrucción de pueblos y plantas, comunidades y fuentes de agua, en nombre de un progreso que beneficia sólo a los de más arriba.

El discurso del poder puede invertir la realidad. Según las autoridades, las víctimas se convierten en victimarias, en particular este 8 de Marzo de instituciones amurallas y de prohibiciones, simulando que las mujeres son el problema porque salen a calles y pueden ser violentas.

Curiosa forma de afrontar los feminicidios: prohibiendo marchas en Madrid y rodeando palacios con muros de hierro en Ciudad de México. Ya hay quienes dicen que el feminismo es una “patología social” y que las verdaderas privilegiadas en el mundo actual son las mujeres (https://bit.ly/3t25r3A).

Es sólo el comienzo. Como ellas son el verdadero problema, dicen arriba, y como no hacen falta muros para contener la violencia paramilitar en Chiapas, Guerrero y en medio continente; como ellas son el problema, después de los muros llegarán las balas. Es sólo cuestión de esperar.

El poder impune puede decir: “sería un rotundo fracaso” no terminar el Tren Maya en dos años. Léase: el fracaso consiste en no doblegar pueblos, comunidades y ejidos que incluso han ganado la paralización en instancias internacionales. Claro, se oponen al desarrollo y, por eso mismo, merecen desaparecer.

Los discursos del poder son auto referenciales, no les importa la realidad, ni están sujetos a debate, discusión ni interpelación.

Jair Bolsonaro se despachó con insultos a quienes lo critican por el mal manejo de la pandemia. Escupió un “basta de mimimi”, algo así como “fifi”, a quienes se quejan de la enorme cantidad de muertos cuando las camas para tratamiento intenso están desbordadas, con ocupaciones de hasta el 107% en Porto Alegre. Una vez más, los culpables son las víctimas.

Estados Unidos exporta democracia dónde y cuando le interesa. Por ejemplo, exige democracia en Venezuela y en Cuba, o sea elecciones, pero ignora que el país menos democrático y más represivo del mundo se llama Arabia Saudí, donde las mujeres son brutalmente humilladas y no pueden siquiera conducir coches. Pero la monarquía saudí es el segundo mayor aliado de la Casa Blanca en el mundo.

Estados Unidos exporta igualdad racial cuando la esclavitud enriqueció durante siglos a las clases dominantes, que abolieron el apartheid a regañadientes para llenar las cárceles de afroamericanos. Ahora empiezan a exportar “medio ambiente”, para aislar a los países que quieren someter acusándolos de ser los responsables de un desastre ambiental que es exclusiva responsabilidad de un sistema al que llamamos capitalismo.

En fin, aquí y allá la impunidad del poder.

Hay quienes dicen que mienten. Depende. Ellos son los que determinan lo que es mentira y lo que es verdad. De modo que no tiene mucho sentido debatir en las redes, en un inexistente espacio público, mercantilizado y destruido tiempo atrás.

Y no hay justicia.

Parafraseando al poeta, la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los chuchos.

Por esto, este 8M debe ser para las de abajo, para seguir construyendo lo nuevo, lo diferente entre nosotras, sin mirar arriba, sin prestar atención al “tablado de la farsa” (León Felipe).

8 marzo 2021

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Las elites también mataron a Berta Cáceres

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas, así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la poderosa familia Atala.

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida por los Atala.

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América– afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas «señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y pueden incidir en los procesos electorales.

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel.

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza. En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información. El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y sus familias. El recurso de la información también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business [Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún tipo de apalancamiento económico.

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]… está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas «puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia y garantizarse impunidad.

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos. Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.

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