Domingo, 22 Diciembre 2013 07:07

"Montevideo no será Ámsterdam"

"Montevideo no será Ámsterdam"

Julio Calzada es sociólogo, padre de tres hijos adolescentes, y desde la Junta Nacional de Drogas ha sido el responsable de analizar e informar al presidente de Uruguay, José Mujica, y sus ministros sobre las políticas públicas en materia de drogas en el mundo. Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley que regula la producción y el comercio de la marihuana, ahora se enfrenta al reto de atar los cabos sueltos que quedaron en su tramitación, ponerla en marcha y demostrar que no fue sólo un "experimento".


La ley impulsada por Mujica y aprobada el 10 de diciembre permite la producción, distribución y venta del cannabis, el autocultivo (con un máximo de 6 plantas por hogar), los clubes de consumidores (con un máximo de 45 miembros y de 99 plantas) y la compra de hasta 40 gramos al mes en farmacias autorizadas, tras inscribirse en un registro previo obligatorio, para mayores de 18 años y residentes en Uruguay, que no termina de convencer a los consumidores.


Extranjeros, turistas y reventa de la marihuana 'legal'


El reglamento de la ley, que el Ejecutivo tiene que tener finalizado en 120 días, que se cumplen el 20 de abril, especificará algunos aspectos de la ley como que para inscribirse el registro se solicita la residencia. "Es necesario tener la cédula de identidad uruguaya", explica Calzada.
Este es uno de los temas polémicos con la oposición, que mantiene que el reglamento no puede ser más restrictivo que la ley y debería de haberse prohibido expresamente en la ley el acceso a los no residentes.


"Esto no es una liberalización del mercado, es una regulación", dice Calzada, quien asegura que en estos 18 meses de trabajo "no estuvo encima de la mesa que Montevideo sea Ámsterdam". La semana pasada fue a Argentina para dejar claro a los turistas que "no van a ir a Uruguay y se van a encontrar que les van a ofertar en el peaje camino a Rocha para consumir marihuana". Las penas por tráfico y venta ilícita continúan en vigor.


En cuanto a la posibilidad de que los propios uruguayos vayan a vender sus 40 gramos mensuales, Calzada se pregunta "¿por cuánto dinero asumes ese riesgo? Para ganar 400 dólares, 600 dólares, porque si vendes los 400 gamos a 800 dólares ganarías 400 y te expones de 2 a 5 años de prisión, no parece una hipótesis razonable". "Las personas que se dedican al narco se exponen a ese riesgo por lo manos para conseguir eso mes a mes, no anual".


Contexto de la ley


En Uruguay el mercado ilegal de la marihuana mueve entre 30 y 40 millones de dólares y se calcula que la marihuana representa el 90% del conjunto de drogas que se consumen.


En Uruguay, con 3,3 millones de habitantes, ente 120.000 y 150.000 consumen marihuana al menos una vez al año, "un numero nada despreciable", dice Calzada. Esta situación "no tiene que ser igual para otros países en Latinoamérica" pero asegura que en Uruguay "el mercado y la venta de otras drogas se articula sobre la base del mercado de la marihuana".
El proceso

Quedan otros asuntos pendientes como la creación del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que se encargará de dar las concesiones para el cultivo; el modelo de producción y el tipo de semillas se cultivarán.


Las licencias se darán a "profesionales que sepan, que den confianza al Gobierno de que va a ser una producción en las condiciones que vamos a plantear", dijo Calzada. Entre los requisitos: "no pueden tener antecedentes delictivos". Adelantó que varias empresas -uruguayas y extranjeras- ya han manifestado interés. Sin decir nombres apunta a que algunas se dedican a la semilla, otras a los productos medicinales en Europa. "Vamos a hacer un estudio claro de todas las empresas para evitar que eventualmente organizaciones que están en el tráfico ilícito de cannabis se puedan constituir como empresas".


La producción


Se estudian varias propuestas para la producción pero "todavía hoy no tenemos una definición", dijo Calzada, que espera esté "más claro" para mediados de febrero. Las opciones serían: cosechar permanentemente, con un sistema de invernaderos; establecer una cifra de 4 ó 5 cosechas al año; o una producción estacional, un cultivo que se inicia en noviembre y se recoge en abril.


Están evaluando además la extensión de los cultivos, para garantizar su seguridad. Según los cálculos de la Junta, se necesitarían unas 20 hectáreas para satisfacer la demanda en el país.


El precio sin subvención y con impuestos


El precio –todavía por definir- se ha estimado en un dólar el gramo "basándonos en información de la más diversa", desde la policía a centros de tratamiento, señala el sociólogo, quien manifiesta la disposición a hacer un seguimiento del mercado ilegal y bajar los precios si fuera necesario "para evitar la fuga del mercado legal al negro".


Calzada adelantó que "se le va a poner impuestos", con los que se financiarán las campañas de salud y educación, sin que afecte al precio. No se sabe a ciencia cierta el costo de producción, pero Calzada se muestra confiado en "que tenemos un amplio margen desde el estado sin necesidad de subvención".


¿Será más difícil viajar con pasaporte uruguayo?


Calzada no cree que esta ley afecte a los viajeros uruguayos que lleguen a aeropuertos internacionales, ni que vayan a ser escrutados particularmente. Señala que "algunos problemas ya los tenemos, cuando van a Argentina" puesto que el consumo en Uruguay ya es legal.
Está por ver también si tendrá algún impacto en el transporte de mercancías en las fronteras internacionales.
Una ley de la que todos hablan

La ley ha causado polémica dentro y fuera del país.

Según la encuesta más reciente realizada sobre el tema en septiembre el 61% de los uruguayos estaban en contra de la ley. Si bien el Gobierno defiende que su objetivo es tener el control para evitar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis, quitándole el mercado al narcotráfico con una marihuana de calidad controlada y campañas de información contra las drogas. La oposición cree que es una ley que se ha hecho con premura, sin consenso y que puede minimizar la sensación de riesgo a los jóvenes. La ONU ha criticado la decisión de Uruguay y advertido de que viola los tratados internacionales suscritos por Uruguay; el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha aplaudido la novedosa ley que "no es una legalización ni una liberalización" y ha deseado "suerte" a Uruguay con la iniciativa. Mientras tanto, Uruguay ha sido el centro de atención mundial por esta y otras leyes aprobadas este año como el matrimonio homosexual, que le ha valido ser nombrado "país del año" por la revista The Economist, entre voces críticas que consideran que la prensa extranjera se fija sólo en lo superficial y no en otros problemas que tiene Uruguay, como una alta tasa de fracaso escolar.

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Martes, 05 Marzo 2013 07:10

La ONU dispara contra la legalización

La ONU dispara contra la legalización

El informe 2013 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas refleja y rechaza los planteos de legalización de la marihuana para uso recreativo, ocurridos simultáneamente a lo largo del 2012. Raymod Yans, titular de la Junta, afirma que las convenciones internacionales, que critican países americanos y europeos, son los “mejores instrumentos” disponibles para proteger a la humanidad “del consumo de drogas y de las consecuencias del narcotráfico”. Los gobiernos más criticados son los de Uruguay y Estados Unidos; también Bolivia, por la legalización del cultivo de coca. Sobre Argentina, el informe reconoce que el Gobierno “ha adoptado amplias medidas para hacer extensivos los programas de prevención y los servicios de tratamiento y rehabilitación”. La supuesta ausencia de estos programas fue el principal argumento de los opositores a la despenalización de la tenencia para uso personal el año pasado, cuando se debatió en el Congreso.

 

En el prefacio del informe, Yans “observa con preocupación” que en el debate respecto de la efectividad de la guerra contra las drogas haya iniciativas de legalizar el cannabis para “fines que no son ni médicos ni científicos, es decir, con fines ‘recreativos’, lo que admitiría el cultivo de la planta de cannabis y el consumo de cannabis con fines extraterapéuticos”. Toda iniciativa de esa índole que se ponga en práctica, afirma, “infringiría los tratados de fiscalización internacional de drogas”. En Estados Unidos, la población de los estados de Washington y Colorado ya aprobó esta regulación mediante plebiscitos, Uruguay la trataría en su Parlamento.

 

“Hay quien ha sostenido que esas propuestas eliminarían los mercados ilícitos y la delincuencia organizada relacionada con las drogas objeto de abuso. No obstante, aun cuando esas iniciativas se llevaran a la práctica, los grupos delictivos organizados se involucrarían aún más, por ejemplo, estableciendo un mercado clandestino para el abastecimiento ilícito a los jóvenes de las nuevas sustancias legalizadas”, asegura Yans, sin poner ejemplos. No obstante, Holanda logró reducir el uso de heroína inyectable en su población al permitir la venta de cannabis para fines recreativos, mientras que en Uruguay se proponen hacerlo para alejar a los usuarios del mercado de pasta base.

 

La primera parte del documento resalta la noción de responsabilidad compartida. Es el marco, señala la JIFE, para una alianza “entre una multiplicidad de interesados sobre la base de una percepción común de un problema compartido, un objetivo común y la necesidad de alcanzar ese objetivo”. Se pone el caso del plan Mérida, por el cual Estados Unidos reforzó “la capacidad de las fuerzas del orden mexicanas para descubrir y desmantelar laboratorios ilegales de drogas”. Las consecuencias de esa guerra no son ignoradas por la JIFE: “Más de 60 mil personas han perdido la vida de resultas de la violencia relacionada con las drogas desde 2006”.

 

Esta responsabilidad compartida, subraya el informe, debe tener en cuenta “los intereses de los demás” y solo será efectiva “cuando los Estados cumplan plenamente sus obligaciones a nivel nacional”. Tener una política propia o regional es posible, si se sigue el principio de no injerencia en los asuntos internos, mencionado como parte de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Sin embargo, el fantasma de las intervenciones militares merodea el documento. Se menciona que desde 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU “ha dedicado varias sesiones a la lucha contra las drogas y a cuestiones relacionadas con la delincuencia organizada”.

 

A modo de conclusión de este capítulo, se destaca que “la experiencia adquirida en la lucha contra las drogas podría servir de ejemplo para combatir otras amenazas mundiales actuales”, que no se mencionan. El siguiente apartado es un monitoreo hecho por las delegaciones de la JIFE en varios países. Allí se muestra preocupación por las enmiendas al programa de marihuana medicinal en Canadá, que se privatizaría este año, y se critica la existencia de Insite, una sala de inyección segura para usuarios de heroína en Vancouver, parte de una política para reducción de daños asociados al consumo, por violar los tratados.

 

Según un estudio de la revista médica The Lancet, gracias a esa sala se redujeron las muertes por sobredosis en un 35 por ciento en el barrio donde está ubicada, Eastside, en el centro de esa ciudad.

 

En el caso de Estados Unidos, la JIFE denuncia que “la oferta de ‘cannabis medicinal’ en California y otros estados constituye un grave obstáculo para que el gobierno pueda cumplir las disposiciones de los tratados”. Sin mencionar fuentes, el documento afirma que en California el dispendio para fines médicos es una legalización encubierta y contribuyó “al aumento del abuso de esa droga” por falta de regulaciones. “Se ha observado”, agrega, que más del 90 por ciento de “los ‘pacientes’ inscriptos en dispensarios de ‘cannabis medicinal’ no tienen una historia clínica conexa y que el 70 por ciento de los usuarios de esos dispensarios tienen menos de 40 años.”

 

Pero lo que más preocupa, según surge del documento, es la legalización del cannabis para uso recreativo en Washington y Colorado y los intentos en otros estados. En este sentido, la JIFE insta al gobierno federal “a dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención de 1961 en sus respectivos territorios”. El presidente Barack Obama ya adelantó en una entrevista a la revista Time que no es su prioridad perseguir a usuarios ni está dentro de sus planes imponer la ley federal de drogas en esos estados.

 

Las delegaciones de la Junta también visitaron la Argentina y destacaron la labor en materia preventiva, de tratamiento e inclusión social. “Mediante registros de instituciones y organismos de servicio, el Gobierno proporciona acceso público a servicios de bienestar social y tratamiento”, señala el informe. También se destacan los cursos de capacitación en la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos para “fortalecer la aplicación de la ley” y los avances en la fiscalización de precursores químicos legales, desviados para fabricar sustancias ilícitas.

 

Los nuevos desafíos en materia de drogas, dice el informe, están referidos a la venta ilegal de psicofármacos. En este punto, la JIFE ha pedido a varios países que determinen “si existen problemas de exceso de oferta y posible abuso y que promuevan el uso racional de esas sustancias”. Se señala a Estados Unidos, Alemania y Rusia como los principales países de este consumo que “puede ser tan peligroso como el uso ilícito de otras drogas, como la heroína y la cocaína”. Sin embargo, no se mencionan las probables responsabilidades de las laboratorios farmacológicos y solo se denuncia el creciente microtráfico de medicamentos vía Internet.


 

Se fue y volvió con reservas

 

A mediados de 2011, el presidente Evo Morales cumplió una de sus promesas de campaña: retiró a Bolivia de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, que prohíbe cultivar el arbusto de coca, y comenzó una campaña internacional para lograr posicionar su reclamo. El mecanismo de esa convención permite el reingreso con “reservas”, si un tercio de los países firmantes no se oponen. En el informe 2013 de la JIFE se sostiene que la iniciativa boliviana “es contraria al objeto y al espíritu fundamentales de la convención de 1961” y que el mecanismo de retiro y nueva adhesión con reservas respecto de la hoja de coca “podría crear un precedente peligroso con consecuencias incalculables”, al punto de poner en riesgo “el propio fundamento del régimen de fiscalización internacional de drogas”. Bolivia finalmente consiguió apoyo internacional, reingresó a la convención y legalizó la hoja de coca en su territorio a principios de año.

 

Como el informe de la JIFE no tuvo en cuenta los datos posteriores a noviembre de 2012, no se habla del reingreso, al que se opusieron 15 países de los 61 necesarios para vetar la reserva sobre la coca, planta de uso ancestral y religioso en Bolivia y Perú y el norte argentino. La Junta “lamenta” y se “siente decepcionada”, dice el documento, por este intento de reingreso con reservas.

 

El documento aclara que la hoja de coca “sigue siendo un estupefaciente”, según la convención, por lo que “todos los aspectos de la fiscalización nacional e internacional de su cultivo, producción, importación, exportación y uso mantendrán su vigencia”.

 

Finalmente, el informe advierte: “Si la comunidad internacional fuera a aceptar un criterio según el cual los Estados parte utilizaran el mecanismo de denuncia y nueva adhesión con reservas para superar problemas en la aplicación de determinadas disposiciones de los tratados, quedaría desvirtuada la integridad del sistema de fiscalización internacional de drogas”.


En Uruguay aún esperan a la misión de la JIFE

 

El proyecto de ley para regular la producción, distribución y comercialización de cannabis para uso recreativo, que se trataría este año en Uruguay por impulso del Ejecutivo, es para la JIFE motivo de “honda preocupación”. En el informe, esta propuesta, la primera a nivel de un Estado nacional, figura en un apartado llamado “temas especiales”, cuyo subtítulo enmarca la iniciativa dentro del “debate mundial sobre la política relativa a las drogas”. La Junta señala que la legalización del cannabis “si se pusiera en práctica, sería incompatible con las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas”. A fines de junio pasado, el titular ese organismo, Raymond Yans, dijo que enviaría a Uruguay “una misión urgente para debatir la situación con las autoridades”. En el país vecino aún los están esperando.

En realidad, Uruguay planteó un cambio de estrategias, regulando el mercado del cannabis para separarlo de la pasta base o paco. “No alcanza con la represión. Primero se necesita disputar en el mercado; segundo, brindar medicina para curar gente y tercero, represión”, explicó el presidente José Mujica al respecto. La Junta “acoge con beneplácito” y apoya toda iniciativa encaminada a seguir “fortaleciendo la lucha contra las drogas a nivel internacional”, solo si se siguen los tratados.

La JIFE recuerda que estas convenciones restringen “el uso de los estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente a fines médicos y científicos” y señala que incumplirlos “podría tener consecuencias adversas de largo alcance” para el funcionamiento del sistema de fiscalización internacional. Mujica ya advirtió que existe “una verdadera burocracia planetaria” generada por la guerra a las drogas. “Y es natural que esta gente muy valiosa cuide su trabajo. No puede dejar de pensar en el perfeccionamiento de su trabajo, aunque los resultados prácticos resulten poco alentadores”, agregó.

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Lunes, 25 Abril 2011 15:22

Las tendencias del narcotráfico

Los países de América Latina se encuentran cada vez más comprometidos en la geopolítica del narcotráfico, sea por la violencia descontrolada, la corrupción institucional o la simple ineficiencia de las agencias encargadas de reprimirlo.

Cada vez más, el delito asociado a actividades comerciales ilícitas crece en cantidad y calidad, precisamente cuando se cumple el 50 aniversario de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, y el próximo año se cumplen los 100 años de la Convención del Opio de 1912. Aparentemente, ha mutado de forma de poder evadir los controles diseñados en esa oportunidad histórica. Es por ello muy importante volver a dibujar los marcos teóricos y fácticos que determinan la actual composición del fenómeno, de manera que puedan alimentar adecuadamente las políticas públicas del futuro.

Para efectos de este artículo, incluiremos bajo este concepto, todos los componentes que comprenden este circuito económico ilegal, así como la comunidad de actores que participan en él, o en su represión. Los cultivos, rutas, escenarios de tráfico y acopio, entre los más importantes. La segunda década del siglo XXI, tiene algunos patrones que van delineando los nuevos elementos que configuran este fenómeno global, en el contexto de México, América Central y el Caribe, la región andina y el Cono Sur. Ellos son:

1) Las sociedades rurales del Tercer Mundo han encontrado la manera de adecuarse a los nuevos tiempos de la globalización en el siglo XXI, integrándose al circuito del libre mercado participando a través de su incorporación a economías agrarias ilegales: tal es el caso de no menos de 300,000 campesinos en los Andes sudamericanos que participan como proveedores de materia prima: coca (200,000 has), amapola (1,500 has) y marihuana (no menos de 1,000 has), que proveen para los mercados regionales internacionales. Cada vez más, la hoya amazónica se verá confrontada con una progresiva y desordenada colonización incentivada por las economías ilícitas lo que va a ocasionar no solamente su rápida destrucción sino el involucramiento progresivo de sus sociedades rurales ancestrales en esta vorágine asociada a la criminalidad.

Las relaciones entre pobreza, marginación, conflicto y narcotráfico, después de 25 años de discusión y debate son más que evidentes . A guisa de ejemplo, a pesar del “Plan Colombia” (2000-2005) y los severos golpes propinados a las FARC por sucesivos gobiernos colombianos, al no haber abordado los problemas de concentración de la tierra y la existencia de mafias locales, ha impedido resolver los problemas estructurales que permiten y facilitan la existencia de las FARC como una alternativa distinta, entre el campesinado.

Algo similar, podemos decir, ocurre en el Perú. En 1980, surgió el grupo terrorista Sendero Luminoso y tras 20 años de una cruenta guerra interna, su líder, Abimael Guzmán cayó prisionero. 18 años más tarde, el Perú pasa por un período de crecimiento económico sostenido, de estabilidad financiera que se deja sentir particularmente en la angosta franja de la costa peruana (Lima, Trujillo, Arequipa y Piura), mientras que las comunidades indígenas y nativas de Sierra andina y la Selva Alta, respectivamente, conservan niveles muy inferiores en términos de desarrollo humano.

Curiosamente, en los dos principales valles de producción de coca asociada al narcotráfico, sobreviven las dos vertientes de Sendero Luminoso que mantienen su enfrentamiento con el Estado neoliberal representados por las administraciones de Alejandro Toledo (2001/2006) y Alan García (2006/2011). Esta guerra persiste encapsulada, mientras que las condiciones sociales y económicas que la originaron se mantienen intactas. Asimismo, las políticas basadas en la erradicación compulsiva de los cultivos ilícitos, mientras no aborden los problemas estructurales de pobreza rural, son inútiles y nefastas. He allí un enorme reto para el próximo gobierno.

2) La permanente fragmentación/segmentación de cada uno de sus fases, es una variable que caracterizará al narcotráfico de los próximos años. Desde el cultivo de plantas prohibidas hasta la exportación de sus productos finales, no solo distrae los esfuerzos estatales de interdicción, sino que permite una creciente participación en el circuito ilícito, de grupos socialmente vulnerables o que resultan excluidos del modelo económico global (jóvenes, migrantes, mujeres, provincianos).

Es el caso de los miles de migrantes sudamericanos que en su periplo hacia el norte desarrollado son objeto de chantaje o amenaza, por parte de grupos de traficantes, para exigirles el trasiego de pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos. Para los próximos años, el tránsito pequeño de drogas resultará siendo el mecanismo más eficiente y menos costoso para el crimen organizado, empleando ingentes cantidades de mano de obra y distrayendo los escasos recursos de control estatal.

La incapacidad penal de los Estados en focalizar su atención en el crimen complejo organizado, hace que se incremente el hacinamiento carcelario con los actores más vulnerables, como lo demuestra el crecimiento de la población carcelaria por delitos de drogas (especialmente mujeres) . Así, mediante el funcionamiento de la represión indiscriminada de las policías, la industria de las cárceles se va a ver beneficiada del mayor gasto en la construcción de infraestructura penitenciaria.

Este nuevo escenario sociológico de la economía de las drogas, incluye mayores áreas geográficas que se excluyen de la presencia de los Estados y la modernidad, tanto a nivel urbano (barrios marginales en todas las capitales y ciudades principales), como en espacios rurales distantes (especialmente en las áreas de frontera como es el Trapecio Amazónico). Así, los grandes centros de desarrollo y modernidad urbanos del continente, estarán rodeados de grandes llanuras de pobreza, ilegalidad y violencia.

Es el caso de las comunas en Medellín, la “favela” de Rocinha en Río de Janeiro, las villas de Buenos Aires, la ciudad satélite de El Alto en Bolivia, o los barrios jóvenes del puerto del Callao en el Perú, donde se enfrentan intereses delincuenciales concretos, ante la escasa capacidad de policías y fuerzas armadas. No tan lejos como para llegar a la idea de los Estados fallidos, los “espacios liberados” de la autoridad estatal crecerán en América Latina con la presencia de cientos de firmas, pequeños carteles, pandillas y otro tipo de organizaciones criminales de tamaño reducido, asociadas al tráfico de drogas ilícitas.

3) La disminución de la cooperación económica internacional de Europa, Estados Unidos y los organismos internacionales, es cada vez más notoria –salvo iniciativas puntuales como la de Mérida o Colombia-, originando la muerte por inanición de organizaciones formales como la CICAD o la UNODC . Esto deja sin posibilidades reales a los esfuerzos del desarrollo alternativo en el piedemonte amazónico.

En definitiva, esta situación representa la fractura definitiva del denominado Consenso de Viena que funcionó en el marco de los tratados internacionales anti narcóticos desde 1912, 1961, 1971 y 1988. Ello obliga a los Estados nacionales a comprometer recursos financieros más escasos o, dejando las estrategias locales supeditadas a acciones más simbólicas y menos eficientes.

Bajo este contexto, es claro que los países de América Latina debemos revisar nuestro modelo, paradigmas estrategias, políticas y leyes sobre drogas, sobre la base de lo que es posible, verificable y medible. Debemos poner fin a una “guerra sin sentido” propagada desde el Norte, para volver a nuestras raíces, a nuestros problemas de pobreza y exclusión asociados al uso y producción de sustancias ilícitas. Esto pasa también para redefinir los términos de intercambio y de negociación internacional con Europa, Asia y Estados Unidos.

4) Los patrones de consumo de drogas son imprevisibles ante las nuevas generaciones de jóvenes, mientras que las políticas oficiales son inocuas en su capacidad preventiva y/o disuasiva. Por otro lado, las nuevas generaciones de latinoamericanos están en medio de un modelo que alienta el consumo exacerbado a la luz del amplio abanico de sustancias con capacidades psicoactivas disponibles en los mercados: el precio seguirá bajando y la calidad seguirá subiendo, parece ser una tendencia indiscutible.

La incoherencia institucional de los Estados, frente al uso descontrolado del alcohol y el tabaco, surte efectos en el nicho de las sustancias ilícitas, tanto de origen natural como las de procedencia sintética. Crecientemente, el abuso de drogas ilícitas muestra cifras alarmantes en el Cono Sur y en determinadas mega ciudades de América del Sur.

5) Con respecto al lavado de dinero, estamos en una situación en la que la expansión económica de algunas economías en desarrollo, como los propios períodos de crisis, hacen posible y menos identificable la existencia de múltiples mecanismos que permiten el flujo de capitales sucios o sospechosos. Las modalidades de lavado han crecido de cuando se preveía en el GAFI. Así, tenemos la presencia de compañías de paraísos fiscales secretas, no registradas, que proveen servicios considerados secretos, en denominados espacios de secretismo en los paraísos fiscales . Hoy, actividades lícitas como construcción, turismo, sector exportador, son penetrados por el narcotráfico.

Así pues, estas cinco principales características son las que perfilan las nuevas formas que adquiere el narcotráfico en los territorios de América Latina. Ello obliga a que las nuevas instancias, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), las tomen en cuenta al momento de discutir las nuevas estrategias y políticas para abordar estos complejos problemas.

- Ricardo Soberón es analista internacional, especialista en políticas de drogas, seguridad y fronteras. Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (www.ciddh.com).

Tendencias del Narcotráfico en América LatinaWORLD DRUG REPORT 2010 (estimados mundiales).INFORMES UNODC
(COL, PER, BOL)
Informe antidrogas del Departamento de Defensa USA
INCSR 2011
Observatorio CICADColombiaPerú-DEVIDABolivia
Área de cultivo
 
Coca: 158.800 has. (2009).Perú
Coca: 59.900 has. (2009)
Bolivia
Coca: 30.900 has. (2009)
Colombia Coca: 68.000 has. (2009)
Mundial total[1]
278.100 has. (2009)
Coca 2009
Perú: 40.000 has.
Colombia: 116.000 has.
Bolivia: 35.000 has.
Bolivia: 15,500 hás (2006) de coca.
Colombia: 77,870 hás (2006) de coca (2006).
Perú: 51,400 hás de coca (2006)

 Hoja de coca: 59.900 has. (2009)[2].
 
Cocaína Producida
 
850TM[3] (2008)
Perú
302TM[4]
Perú
302TM[4] (2008)
Bolivia
113TM (2008)[5]
Colombia
410TM
(2009)
Cocaína de calidad para exportación potencial:
Perú: 245TM (2009)
Colombia: 365TM (2009)
Bolivia: 240TM (2009)
 
Cocaína pura potencial:
Bolivia: 195TM (2009)
Perú: 225TM (2009)
Colombia: 280TM (2009)
  302TM (2008)[6] 
Cannabis13.300 – 66.100TM (estimado)Colombia Área cultivada:
5.000 has. (2006).
Bolivia
Producción:
1.831[7] TM
México
Área cultivada: 17.500 has. (2009)
Producción total: 21.500TM (2008)
  Destrucción de plantaciones de marihuana: 8.800TM (2010). 
Amapola/heroínaOpio Adormidera (área de cultivo): 181.400 has. (2009).
Colombia
Heroína (producción): 1.1TM (2009).
Adormidera:
Colombia: 1.100 has. (2009)
Afganistán: 131.000 has. (2009)
México: 19.500 (2009)
Total adormidera mundial [8]: 169600 has. (2009)
 
Opio (producción total): 6002.6TM
Colombia (2006) 1,023 hás de amapola Destrucción de cultivo de amapola: 21.5 has. al 2010 
IncautaciónCoca: 711TM (2008).
Opio: 646TM (2008)
Heroína: 73.7TM (2008)
Cannabis (hierba): 6.587TM (2008)
Perú
Clorhidrato de cocaína: 16.203kg (2008); 10.744kg (2009).
PBC: 11.754kg (2008); 9.914kg (2009).
Bolivia
Clorhidrato de cocaína:
7.246kg (2008);
4.922kg (2009).
PBC: 21.641kg (2008); 21.970 (2009).
Cannabis: 1.112.588kg (2008); 1.937.412kg (2009).
Colombia
Cocaína:
203TM (2009).
Bolivia
Clorhidrato de cocaína:
3.4TM (2010)
Cocaína base: 25.7TM (2010)
Hoja de coca: 1.16TM (2010)
Perú
Hoja de coca: 11.5TM (2010)
Pasta de coca: 11.9TM (2010)
Clorhidrato de cocaína: 15.4TM
Colombia
PBC: 57.84TM (2010)
Clorhidrato de cocaína: 161.1TM (2010)
Heroína: 0.367TM (2010)
Bolivia (2006): 125,356 kgs de marihuana y 14,088 kgs de cocaína y sus derivados.
Perú (2006): 1,298 kgs de marihuana y 199,793 kgs de cocaína y sus derivados.
Colombia (2006): 109,629 kgs de marihuana y 183,105 kgs de cocaína
149,911 kgs de cocaína 262,476 kgs de marihuana, 350 kgs de heroína.PBC: 13.491TM (2010)
Clorhidrato de Cocaína: 17.658TM
(2010)
Marihuana:
3.871TM
(2010)[9]
 
Dinero de Narcotráfico  Perú no está en la lista de los países de “preocupación primaria”. Colombia, México, Bolivia y Brasil sí. 771 informes Unidad de Información y Análisis Financiero 2010.
 
1,165 operaciones sospechosas en el 2008, UIF Perú 
Arrestos y detenciones  Bolivia
3.735 (2010)
Perú
10.591 (2010)
Colombia
61.021 (2009)
Bolivia (2006)[10]: 2,363 acusados,
359 presos.
Perú (2006): 5,683 acusados, 2,703 presos
Colombia (2006)[11]: 13,323 acusados, 5,585 presos
.
 Sentenciados:
4.640 (entre hombres y mujeres). Procesados:
7.259 (entre hombres y mujeres). Ambos datos para el 2010[12].
 
Consumo    Marihuana: (2008) 520,000 personas, Cocaína: 180,000 personas, Basuco: 0.8% de la población.[13]
Incidencia consumo 2006: Marihuana 0.4, cocina 0.1, pasta base 0.2[14]
Prevalenciade vida (2008[15]): 10.4% en marihuana, 3.2% en cocaína y 0.7 % en pasta base.

[1] Incluye: adormidera, coca y cannabis.
[2] Fuente: Sistema nacional de monitoreo apoyado por ONUDD. Elaboración OPD – DEVIDA.
[3] Toneladas métricas.
[4] Producción potencial de clorhidrato de cocaína.
[5] Ibíd.
[6] Fuente: ONUDD.
[7] Fuente: World Drug Report – Bolivia Fact Sheet. Dato tomado del INCSR (del Departamento de Estado – USA). 2010.
[8] Incluyendo los países: Afganistán, Burma, Colombia, Guatemala, Laos, México, Pakistán.
[9] Fuente de DEVIDA: DIRANDRO (Perú).
[10]Por posesión de drogas
[11] Por Trafico de Drogas
[12] Fuente de DEVIDA: INPE, Oficina de Estadística.
[13] ORLANDO SCOPETTA DG. Consumo de Drogas en Colombia: Características y Tendencias, 2010
[14]Tercera encuesta Prevención y Consumo DEVIDA 2006
[15]CONALTID, Estudio de la Prevalencia del Consumo de Drogas en Bolivia 2007.

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Viena. Entre 155 y 250 millones de personas en el mundo consumen drogas ilícitas, de las que un 15 por ciento (38 millones) son consideradas adictos, informó hoy la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Washington, cuyo responsable sostuvo que la lucha entre cárteles en México es una “bendición para Estados Unidos”.

“Esta lucha es una bendición para Estados Unidos, debido a que la sequía de cocaína está provocando niveles bajos de adicción, altos precios y dosis menos puras”, señaló el director ejecutivo de UNODC, Antonio María Costa, al presentar el informe anual sobre drogas y adicción en el mundo.

Aseguró también que el índice de asesinatos relacionados con el narcotráfico es más alto en el conjunto formado por Guatemala, Honduras y El Salvador que en México.

Drogas sintéticas ganan terreno

La mariguana sigue siendo la droga más consumida en el mundo, con un total de entre 129 y 190 millones de personas, pero las sustancias sintéticas están ganando terreno, en particular en Asia, indica el informe anual de Naciones Unidas.

El número de consumidores de drogas sintéticas, entre 40 y 50 millones de personas en el mundo, según la UNODC, podría superar en breve plazo al de consumidores de cocaína y heroína sumados, indica el documento.

Producidas cerca de las zonas de consumo con materias primas generalmente legales y disponibles, las drogas sintéticas se desarrollan en muchos casos con mayor rapidez que las leyes que procuran limitar su expansión, según un comunicado de la UNODC.

Han surgido nuevos laboratorios clandestinos (20 por ciento en 2008), particularmente en países en los que anteriormente no se conocía ninguno.

La producción de éxtasis creció en América del Norte, en particular en Canadá, y en Asia. El probable éxito de esta sustancia en el continente asiático parece compensar la disminución del consumo en Europa desde 2006.

Según las estimaciones más recientes de la UNODC, Afganistán, primer productor mundial de opio, también ocupa el primer lugar en materia de resina de cannabis.

Por otro lado, el informe registra una disminución de la producción y de la superficie dedicada al cultivo de cocaína y heroína.

La UNODC, cuya sede está en Viena, estima que 430 toneladas de heroína se comercializaron en el mercado mundial en 2009, o sea menos que anteriormente, dada la reducción de actividad en Afganistán y Birmania. Esta tendencia podría mantenerse en 2010, ya que un cuarto de las plantas de adormidera sufren una enfermedad.

A nivel mundial, el cultivo de adormidera disminuyó en 23 por ciento en estos dos últimos años, pero las existencias siguen siendo considerables en Afganistán (12 mil toneladas).

En lo que respecta a la cocaína, se estima que la producción disminuyó entre 12 por ciento y 18 por ciento de 2007 a 2009. Los consumidores en Europa pasaron de dos millones a 4.1 millones de 1998 a 2008, lo que conllevó cambios en los itinerarios del tráfico, los cuales suelen incluir a Africa.

"Quienes esnifan cocaína en Europa están destruyendo selvas en los países andinos y corrompiendo a los gobiernos de Africa occidental", afirma el director ejecutivo de la UNODC, Antonio Maria Costa.

La UNODC también afirma que más de la mitad de los cargamentos de cocaína con destino a Europa interceptados entre 2006 y 2008 provenían de Venezuela.

Por último, la agencia subraya el aumento del consumo de drogas ilegales en países de tránsito, pobres en su mayoría, de Africa, América del Sur, Medio Oriente y el Sudeste asiático. Al carecer estos países de recursos suficientes para atender los casos de adicción, "millones de personas" corren el riesgo de volverse dependientes, estima Costa.

Agencias
Publicado: 23/06/2010 12:44

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Lunes, 31 Mayo 2010 07:26

El imperio y la droga

Cuando fui detenido en México por la Policía Federal de Seguridad, a la que por puro azar se le hicieron sospechosos algunos movimientos nuestros, a pesar de que los hacíamos con el máximo de cuidado para evitar el zarpazo de la mano asesina de Batista ?-como hizo Machado en México cuando el 10 de enero de 1929 sus agentes asesinaron a Julio Antonio Mella en la capital de ese país-, aquella pensó que se trataba de una de las organizaciones de contrabandistas que actuaban ilegalmente en la frontera de ese país pobre en sus intercambios comerciales con la poderosa potencia vecina, industrializada y rica.

No existía prácticamente en México el problema de la droga que se desató más tarde de forma abrumadora con su enorme carga de daños no sólo en ese país, sino también en el resto del continente.

Los países de Centro y Suramérica invierten incontables energías en la lucha contra la invasión del cultivo de la hoja de coca, dedicada a la producción de cocaína, una sustancia que se obtiene a través de componentes químicos muy agresivos y resulta tan dañina a la salud y a la mente humana.

Los gobiernos revolucionarios como los de la República Bolivariana de Venezuela y Bolivia se esfuerzan especialmente para frenar su avance, como lo hizo oportunamente Cuba.

Evo Morales hacía ya rato había proclamado el derecho de su pueblo a consumir té de coca, una excelente infusión tradicional de la milenaria cultura aymara-quechua. Prohibírsela es como decirles a los ingleses que no consuman el té, una sana costumbre importada por el Reino Unido desde el Asia, conquistada y colonizada por éste durante cientos de años.

Coca no es cocaína, fue la consigna de Evo.

Es curioso que el opio, sustancia que se extrae de la amapola lo mismo que la morfina, fruto de la conquista y el coloniaje extranjero en países como Afganistán, y que es sumamente dañino consumido directamente, fuera utilizado por los colonialistas ingleses como moneda que otro país de milenaria cultura, como China, debía aceptar a la fuerza en forma de pago por los sofisticados productos que Europa recibía de China y hasta entonces pagaba con monedas de plata. Suele citarse como ejemplo de aquella injusticia en las primeras décadas del siglo XIX que un obrero chino que se volvía adicto gastaba dos tercios de su sueldo en opio y dejaba a su familia en la miseria.

En el año 1839 el opio ya estaba al alcance de los obreros y campesinos chinos. La Reina Victoria I, del Reino Unido, impuso ese mismo año la Primera Guerra del Opio.

Comerciantes ingleses y norteamericanos con fuerte apoyo de la Corona inglesa, vieron la posibilidad de importantes intercambios y ganancias. Para esa fecha muchas de las grandes fortunas de Estados Unidos fueron basadas en aquel narcotráfico.

Hay que pedirle a la gran potencia apoyada en casi mil bases militares y siete flotas acompañadas de portaaviones nucleares y miles de aviones de combate con las cuales tiraniza al mundo, que nos explique cómo va a resolver el problema de las drogas.

Fidel Castro Ruz

Mayo 30 de 2010
3 y 36 p.m.
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Domingo, 16 Mayo 2010 07:02

El otro método

La abstinencia como método hegemónico en el tratamiento de las adicciones fue y es constantemente criticada por quienes promueven una política de drogas más humana. Su implementación, al igual que las campañas con ese mensaje simplista y cerrado que se embandera tras el “no a las drogas”, aleja toda posibilidad de diálogo con los que consumen. “Básicamente, porque no corresponde a su realidad y el consumidor no va a mostrar interés ni en la propuesta ni en el mensaje”, asegura Nelson Feldman, un prestigioso psiquiatra argentino especializado en tratamientos de usuarios problemáticos, que atiende en el Hospital Universitario de Ginebra, Suiza. Feldman fue invitado a fines de abril al último Congreso Argentino de Psiquiatría realizado en Mar del Plata, su exposición se tituló: “Del paradigma de la abstinencia a la diversificación de tratamientos”.

Feldman es coordinador del Servicio de Abuso de Sustancias del Departamento de Psiquiatría, un programa donde se les brinda heroína a ciertos pacientes, con un grado comproblable de adicción en el tiempo, hasta tres veces por día. Los pacientes pueden pincharse en el hospital y volver seis horas después cuando se acaba el efecto. No pueden llevarse la heroína a casa, sólo pueden llevarse metadona, un sustituto derivado de opiáceos que se usa como estrategia de desintoxicación para heroinómanos. También prescribe aceite con extracto de THC, el principio psicoativo de la marihuana, como paliativo para pacientes con cáncer o VIH positivo pero también adictos a otras sustancias ilegales.

En Suiza, además, hay lugares cerrados, conocidos en otros países como “narcosalas”, donde los usuarios pueden consumir heroína, cocaína o crack sin ser molestados por la policía y con médicos, psicólogos y asistentes sociales presentes en caso de que deseen hablar, informarse o pedir ayuda. Por las calles se ven casas rodantes donde, con absoluta privacidad, el usuario puede pedir jeringas descartables a una enfermera y a un “educador”. Allí se les da información y consejos en caso de que los pida o los necesite. En unas máquinas llamadas Automats, ubicadas en la calle, también se pueden conseguir jeringas las 24 horas.

A partir del deseo del usuario de dejar o de controlar un consumo y de las necesidades urgentes para reducir el daño que provoca el uso de una droga, cientos de personas acuden al consultorio de Feldman en Ginebra. Es que allí se invierten los términos con lo que se trabaja en cientos de países: no se pasiviza ni se hace un objeto del paciente, no se lo declara “insano” para avanzar sobre su voluntad y libertad. Se lo acompaña y escucha. Se le muestra una salida acorde con lo que puede lograr.

Este psiquiatra partió de Buenos Aires a París hace casi 25 años becado para especializarse en tratamientos. Luego de ocho años en Francia decidió cruzar la frontera e instalarse en Suiza, que ya entonces tenía la política de drogas más abierta y avanzada de Europa. Sabe que en la Argentina la realidad es otra, pero no se cansa de preguntar una y otra vez sobre los avances en la legislación, quiere saber por qué la Ley de Salud Mental está frenada en el Senado y cuándo se despenalizará la tenencia de drogas para uso personal. Que los pacientes judicializados sean la norma y no la excepción le resulta “perverso”.

–¿Cómo llega el usuario al sistema médico suizo?

–Más allá de las emergencias, los usuarios llegan al servicio ambulatorio voluntariamente. En los casos de adicción, el paciente consulta por las consecuencias negativas de la adicción, como problemas personales, laborales o de salud. No llega judicializado, llega por las consecuencias negativas de su adicción, o sea, porque pierde el control, no va a trabajar o lo echaron, o porque tuvo problemas con su familia o su pareja.

–¿Cuánto tiene que ver con esto la política de territorializar el sistema sanitario y ponerlo al alcance de los usuarios?

–En la calle tenemos las garitas, los “automats”, donde no hay contacto humano, es para cambiar un jeringa vieja por una nueva. Y después está el bus. Ahí hay personal, generalmente una enfermera y un educador, y si el paciente dice “estoy mal, no sé qué hacer”, el enfermero o el educador le va a decir: “Mirá, por qué no consultás al servicio de adicciones”. Se le da un flyer con la dirección y el teléfono. Son actores de reducción de daños pero que pueden ser también vectores del servicio de atención.

–¿Sabe cuántas personas llegan a su consultorio de esta forma?

–No pasa todo a través de ellos, quizá sí, porque le hablaron de nosotros y guardó el papelito. O nos buscó en Internet. Pero no es algo tan directo. Lo que sí es cierto es que los servicios de reducción del daño son complementarios de los servicios de atención, no es algo que está contrapuesto. Digo, porque a veces se dice: ahí le promocionan la toxicomanía y después los otros tienen que curarlo. El que consume activamente en un momento va a necesitar atención y va a venir, el hecho de ir al bus de reducción de daños no le impide venir a nuestro servicio. Es una complementariedad dentro de los cuatro pilares de la política de drogas en Suiza: prevención, reducción del daño, tratamiento y represión, porque la policía tiene que hacer su trabajo, pero los pilares no son antagónicos.

–La prevención funciona en varias facetas, ¿está orientada a los que no consumen o los consumidores ocasionales y recreativos?

–A los no usuarios o a los que son usuarios recreativos, para que no vayan más allá.

–¿De qué se les habla?

–Se focaliza en el consumo problemático de alcohol, mucha prevención sobre conducta: el automóvil y consumo de sustancias, y alcohol en particular. Se hacen campañas de prevención a un público joven, sobre todo lo que llamamos “lugares festivos”: clubes, fiestas, festivales, recitales de rock, donde también aparecen asociaciones de reducción de daños y se dan mensajes y ponen stands adentro. Ahí reparten folletos sobre el efecto de cada droga y su costado negativo; son libritos con ilustraciones, están muy bien hechos. Y después está toda la información sobre la deshidratación para los que bailan en un lugar caluroso.

–¿Cobran muy cara el agua en los boliches y cierran el agua en el baño, como pasa en algunos lugares acá?

–Sí, o dejan sólo el agua caliente... justamente a través de estas campañas los clubes pueden obtener un logo que se llama safer clubbin, y que da una especie de afectación de calidad del club, por el cual se verifica que hay espacios de pausa, de chill out, que hay acceso, y el agua tiene un precio correcto y hay agua en el baño, además las organizaciones llevan botellones para recordar que hay que tomar agua.

–¿Antes cuál era el discurso oficial en Suiza?

–Era el que se daba en la escuela. Había información sobre sustancias pero hay que reconocer que no era algo exhaustivo.

–¿Que pasó al difundir más información?

–Se sabe que hay un porcentaje de jóvenes que consume, y no sólo por las estadísticas. Está la realidad, sólo hace falta abrir los ojos. Tenemos consumo de alcohol y de cannabis regular y problemático también. O sea, el discurso de prevención se dirige a ellos también, indicándoles los problemas derivados del uso de cada sustancia.

–¿Y cuáles son esas preocupaciones del usuario?

–¿Qué hay en un comprimido comprado una noche en una discoteca? El que consume no sabe nada de lo que hay adentro, quizá hay éxtasis, pero el efecto no es el mismo si hay 15 miligramos o si hay 90. Hay un riesgo de efectos secundarios, de toxicidad, más elevado si hay 90. Segundo: ¿realmente hay éxtasis en el comprimido o hay otras anfetaminas más fáciles de fabricar en forma clandestina y que son más tóxicas? Porque eso sucede. Alguien se toma una de estas pastillas, no le hace mucho efecto, se toma dos más, el problema es que estas anfetaminas que no tienen un efecto inmediato sobre el sistema nervioso central, sí tienen un efecto rápido a nivel cardíaco. Entonces, ese tercer comprimido, que le hace un poquito a nivel estimulación, le hace mucho a nivel cardíaco. Y el joven en realidad no tomó éxtasis, tomó una anfetamina más tóxica y peligrosa.

–En los boliches suizos se hacen testeos de sustancias.

–El hecho de que haya posibilidad de testear al menos le da la opción a la persona de saber que si lo toma se está exponiendo a un riesgo. O por lo menos sabe lo que hay dentro y lo que no, es una información básica.

Feldman asegura que “sin información no hay libre elección”. Este es el primer paso para solventar el llamado “uso responsable” de las sustancias. Saber distinguir entre estos usuarios y los que abusan de sustancias o dependen de ellas permite adecuar el tratamiento a realidades distintas. ¿Cuánto de estas estrategias se puede implementar en Argentina? “Sólo algunas”, dice. “La sustitución de sustancias no funcionaría con el paco porque es una droga difícil de controlar por los efectos y por el daño que produce”, informa el especialista.

Sin embargo, las salas de consumo (ver aparte) pueden ser una estrategia para acercar el sistema de salud y de contención social a los paqueros. Claro que antes habría que vencer ciertos prejuicios, las tentaciones autoritarias de quienes reclaman la internación compulsiva de los consumidores de paco, por ejemplo. Aceptar el hecho de que para tratarse puedan seguir consumiendo semejante veneno cuesta. Feldman lo sabe, con la heroína pasó lo mismo. Sin embargo, el especialista sigue apostando al gradualismo en el tratamiento: “Creo que resulta más creíble y posible que imponerle la abstención, si el paciente no quiere ni puede dejar de consumir una sustancia”.

Por Emilio Ruchansky
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