La transición energética y la guerra por los recursos del Sur Global

La transición energética en el Norte se hace, hasta ahora, a expensas de los indígenas y la naturaleza en el Sur global. La población local no se beneficia de las ganancias materiales generadas por la explotación de materias primas y está mayormente desprotegida ante sus negativas consecuencias sociales, económicas y ecológicas.

Mediante el uso de energías renovables y la electromovilidad, Alemania quiere hacer una contribución sustancial para lograr la neutralidad climática. La mayoría de los demás países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, también están siguiendo estrategias similares. En medio de toda la urgencia y el entusiasmo, rápidamente pasa a un segundo plano el hecho de que la transición energética requiere de grandes cantidades de metales y minerales como el litio, el cobre o las tierras raras.

Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para 2021, el consumo de minerales y menas se multiplicará si se pretende alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París: un automóvil eléctrico promedio necesita seis veces más minerales que un automóvil con motor de combustión; una planta de energía eólica necesita, en comparación con una planta de energía a gas de rendimiento similar, nueve veces más minerales. Debido a la electromovilidad se calcula que la demanda de litio aumentará 40 veces para el año 2040; el uso de cobre, especialmente para cables eléctricos, se duplicará. Y la generación de energías renovables a partir de las energías eólica y solar hará que el uso de minerales se triplique. Los recursos actualmente explotados o las minas actualmente planificadas cubren solo 50% del litio y 80% del cobre requeridos. La transición energética a la que se aspira no será posible sin explotar nuevos recursos minerales.

La mayoría de los minerales y metales utilizados en Alemania y el resto de Europa provienen de América Latina. La región atrae en la actualidad las mayores inversiones en minería a escala mundial, ya que posee grandes yacimientos metalíferos, que son de especial importancia para la transición energética y la electromovilidad. En la actualidad se están explotando particularmente los yacimientos en el llamado «triángulo del litio», que comprende parte de Bolivia, Chile y Argentina y donde se estima que se encuentra 55% de las reservas mundiales de este metal. El litio se encuentra allí en lagos salados a una altitud de más de 5.000 metros, en ecosistemas únicos. Los tres países esperan superar la crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus con el aumento de los ingresos provenientes de la extracción de este mineral. Sin embargo, la creciente explotación de los yacimientos de materias primas también conlleva el riesgo de conflictos sociales y daños ambientales considerables.

La extracción en el triángulo del litio supone, según los estudios actuales, impactos ambientales muy negativos. Además de la disminución del nivel de las aguas subterráneas debida a la alta demanda de agua, un particular problema es el arremolinamiento del viento sobre los residuos secos de productos químicos utilizados. Ambos fenómenos ponen en peligro tanto el medio ambiente como el sustento de las poblaciones a menudo indígenas que habitan el triángulo y viven principalmente de la agricultura. Si bien hay legislación ambiental en todos los países, su cumplimiento a menudo fracasa debido a la debilidad de las instituciones estatales y al gran interés de los gobiernos en la explotación de materias primas. Hacen grandes concesiones a las empresas mineras, en su mayoría extranjeras. Además, los mecanismos de participación para las consultas con los grupos indígenas suelen aplicarse de manera deficiente, si bien la mayoría de los países han ratificado acuerdos internacionales relevantes como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En muchos países de América Latina, la falta de participación de los pobladores locales afectados es el punto de partida de enérgicas protestas e incluso violentos desmanes.

En general, la población local no se beneficia de las ganancias materiales generadas por la explotación de materias primas y está mayormente desprotegida ante sus negativas consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Durante la fase de construcción de las minas se contrata a trabajadores locales, pero la explotación posterior queda en manos de trabajadores altamente calificados provenientes de otras regiones. La explotación en regiones por lo general remotas pone en peligro la forma de vida tradicional de los habitantes locales debido a la afluencia de proveedores de servicios de otras partes del país y el aumento de precios que tal afluencia conlleva.

Por lo tanto, existe el riesgo de que la necesaria reforma del sector energético en el Norte global contribuya a la ampliación de las desigualdades neocoloniales en el Sur global y amenace allí la sostenibilidad ecológica y social. Son precisamente los grupos poblacionales que menos contribuyen a la crisis climática los que más podrían sufrir las consecuencias del cambio económico. Por lo tanto, todos los involucrados deben colaborar para limitar todo lo que se pueda los efectos negativos y lograr beneficios para la sociedad en su conjunto.

Para ello, en los países donde se extraen recursos debe cumplirse con las normativas medioambientales vigentes. Con el fin de garantizar una amplia participación de la población local, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental que preceden a cada nuevo proyecto minero deben ser elaborados objetivamente y puestos antes a disposición de la población, si fuera necesario, en los idiomas locales. Las decisiones, por ejemplo, sobre la aprobación de proyectos o las condiciones de producción no deben ser tomadas solo por la administración local o los inversores, sino que también deben ser discutidas con los afectados. El cumplimiento de las regulaciones ambientales, las eventuales indemnizaciones para la población local o los pagos compensatorios deben ser tenidos en cuenta en los costos totales de tales proyectos desde el principio.

En el comercio internacional de materias primas, los certificados que garantizan una extracción de materias primas respetuosa del medio ambiente y socialmente equilibrada tienen que desempeñar un papel más importante. Deben tenerse en cuenta las normas laborales internacionales, como las referidas a la salud y la seguridad en el trabajo, y la prohibición del trabajo infantil. Otros acuerdos y convenciones internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que, por ejemplo, establecen el derecho a un medio ambiente limpio, o el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación política y acceso a la justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe, deberían ser parte de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Además, la Ley de Cadenas de Suministro que ya se ha aprobado en Alemania –y que todavía se está debatiendo en la Unión Europea– puede dar un nuevo impulso.

Los consumidores también juegan un papel importante: a través de sus decisiones de compra, por ejemplo, de automóviles nuevos y dispositivos tecnológicos, o mediante el consumo individual de energía. Sin embargo, son los países donde se refinan las materias primas los que deben estar en la primera línea de obligaciones a cumplir. El reciclaje y los ciclos cerrados de materias primas deberán cobrar importancia en las próximas décadas ante la escasez de ellas y los impactos climáticos asociados a su extracción. Solo de esta forma podrá evitarse que la protección del clima en los países industrializados occidentales se lleve a cabo a costa de grupos y ecosistemas desfavorecidos en América Latina y otras partes del mundo.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Fuente: IPG

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Naciones Unidas

Un avance frente a la impunidad de las multinacionales

 

Por Santiago Gómez Vallejo | 30/10/2021

Se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda.

El profesor estadounidense John Ruggie, desgraciadamente fallecido este mes de septiembre, fue autor, junto a un grupo de expertos, de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados en 2011. 

Estos Principios, nadie lo duda, fueron un avance relevante para establecer unos baremos de comportamiento para las empresas y, sobre todo, para las transnacionales, allá donde mantienen actividades. Pero, eso sí, al derivar a los estados su cumplimentación normativa, así como los instrumentos de vigilancia y sanción, los llevan al marco de la Responsabilidad Social Corporativa y la voluntariedad. 

Fue el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el que encargó la elaboración de estos Principios al profesor de Harvard en el año 2005, tras varios fracasos anteriores, y fue en abril de 2008 cuando el profesor Ruggie hizo pública su propuesta para fijar unos elementos de respeto de los derechos humanos internacionalmente que se viesen reconocidos por parte de las empresas. Las discusiones y aproximaciones, la búsqueda de consensos por parte de gobiernos y actores económicos le llevaron otros 3 años. El logro de estos Principios no sólo se debe al establecimiento de responsabilidades y de comportamientos empresariales correctos, sino también a la inclusión en el mismo texto de la pretensión de ‘mitigar’ y ‘reparar’ el daño potencialmente causado. Para ello, aluden a una necesaria y previa diligencia debida que ayude a las decisiones de inversión y funcionamiento empresarial. 

De este mismo árbol propositivo provienen, sin lugar a dudas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, asumidas por 42 países (más que sus actuales socios) y la revisión en 2017 de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo que, en principio, goza de un carácter más universal. 

Tanto en las Líneas de la OCDE, como en la Declaración actualizada de la OIT, hay un elemento que amplía la capacidad operativa de los Principios al crear mecanismos de acuerdo con los cuales una parte interesada puede solicitar mediación o denuncia de un supuesto mal comportamiento de una empresa –fijado en las Líneas o Declaración- ante un organismo administrativo, sito en el país en el que se encuentre la sede social de la empresa. 

Esto supone un avance claro frente a la impunidad de aquellas empresas que actúan en países con gobiernos de limitada capacidad para el control y sanción de esos supuestos malos comportamientos o en los que no cabe esperar un funcionamiento adecuado del régimen de derechos humanos. Pero, no lo olvidemos, los únicos mecanismos actualmente operativos, los de la OCDE, a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) – en España dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, siguen siendo voluntarios. Por lo tanto, la empresa demandada, en el mejor de los casos, por supuestas malas prácticas, y en función de su capacidad de presión ante un organismo no independiente, puede verse afectada, si acaso, en que haya unas líneas escritas en un informe que estará en algún rincón de la nube digital y en que los afectados intenten señalar esas malas prácticas corporativas sin recibir mitigación o reparación alguna por el daño sufrido. 

Pensemos en los indígenas guatemaltecos depauperados entre cinco presas construidas por Cobra (ACS) que no fueron consultados, o los palestinos inermes ante el poder israelí que ha contratado a CAF, GMV y TYCSA para facilitar la transferencia y movilidad de colonos en los Territorios Ocupados palestinos. Por cierto, Israel es socio de una OCDE que dice defender el derecho internacional.   

En cierta ocasión, y en la misma OCDE, tuvimos oportunidad de preguntar al profesor Ruggie, en el marco de una reunión del TUAC (Comité Asesor Sindical de la OCDE) por qué no figuraba en sus Principios (y en el texto, entonces no aprobado, de las Líneas) ninguna referencia contraria a las prácticas empresariales de elusión fiscal en las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos. Él nos confesó que, para que viesen la luz los Principios (y las próximas Líneas de la OCDE), había que hacer concesiones a los gobiernos, aunque éstos manifestasen en público que desean el mejor de los mundos. Muchos de ellos están cooptados por esas grandes empresas.   

Por todo ello, constatando que la voluntariedad de acceder a una mediación y seguir unas recomendaciones no obligatorias tiene un limitado recorrido frente a empresas que quieren conscientemente lucrarse con sus malas prácticas, diversos Estados, inicialmente Ecuador y Sudáfrica, promovieron, escuchando las reclamaciones de múltiples organizaciones, un tratado vinculante que, esta vez sí, tuviera un mecanismo de denuncia que pudiera obligar, en su caso, a mitigar y reparar a las víctimas por el mal comportamiento empresarial. Un tratado que tuviera esas características supondría la culminación de la obra del profesor Ruggie. 

Ahora, en octubre, se va a discutir el tercer borrador de un Tratado vinculante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde el comienzo de los debates sobre dicho documento, los gobiernos occidentales se han opuesto al mismo, han intentado diluirlo o poner en duda incluso el mandato para su elaboración o el que disponga de mecanismos de control y aplicación efectiva respecto a las empresas presuntamente infractoras. 

España, remisa a intervenir cuando ha sido miembro del Consejo, tiene la oportunidad de construir junto a los otros miembros de la Unión Europea una norma coherente y que fortalezca una gobernanza acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tanto se reclaman como fundamento de su actuación. 

Santiago González Vallejo. Economista, USO. Plataforma de la Justicia Fiscal 

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Cuadro de castas s. XVIII - Mediateca INAH (México)

-Una característica de la colonización fue el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días

-Hoy las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, obligaciones marcadas por la banca multilateral y restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas

Este 12 de octubre nos acercamos a la celebración nacionalista, con fuerte olor franquista, que año tras año conmemora y enaltece, como un hecho heroico del Imperio Español, uno de los peores genocidios de la humanidad: el que se cometió contra la población aborigen de Abya Yala, hoy llamado América, y contra las personas Africanas forzadas a trabajar en las colonias europeas en el Nuevo Mundo. La población aborigen del continente fue arrasada en un 90% (más de 50 millones de muertes), y más de 11 millones de personas africanas fueron secuestradas y esclavizadas para trabajar en las plantaciones y los dominios de los colonizadores.

Cuando las comunidades indígenas y afro reivindican su derecho a que se reconozca lo que padecieron sus antepasados a manos de los invasores europeos en el siglo XV, y las consecuencias que ellas mismas sufren a causa de dicha invasión, las voces reaccionarias de la derecha y la extrema derecha españolas se erigen como auténticas negacionistas de las  atrocidades cometidas. Se niegan a reconocerlas, se niegan a pedir perdón, se niegan a reparar y su lucha se señala como el nuevo enemigo: el "indigenismo", acusándolas de "hispanofobia" y hasta de "racismo inverso".

A la vez, dichas voces afirman que la colonización es un hecho que ha quedado en el pasado e insisten en blanquearla descaradamente con términos como "descubrimiento", "encuentro", "intercambio", "hermanamiento" o,  tal como la llamó recientemente con "orgullo" el director de la Oficina del Español, Toni Cantó: una "liberación" de un "poder salvaje y caníbal".

Por qué la colonización no es cosa del pasado

La colonización no es un hecho del pasado, no es un suceso delimitado por el tiempo y no terminó con las independencias de las colonias en el siglo XIX, porque la invasión y la posterior colonización del continente que llamaron "América" produjo cambios tan profundos y estructurales a nivel cultural y social que hasta el día de hoy vivimos sus consecuencias.

La aniquilación de las culturas de los pueblos originarios en nombre de la evangelización, así como el expolio cultural cometido por los conquistadores, que supuso la pérdida del 60% del patrimonio tangible e intangible de la región (según cuenta Fernando Báez en El saqueo cultural de América Latina) es la primera gran consecuencia de la invasión europea que tendría repercusiones hasta nuestros días. Seis lenguas europeas reemplazaron más de mil idiomas indígenas y se intentaron anular los valores de identidad de las culturas locales para inducir la sumisión a la Iglesia católica y a los monarcas europeos.

Las consecuencias de esto podemos verlas de forma palpable: en todo el continente la población indígena no sólo es minoritaria frente a una mayoría mestiza cuya cultura es la occidental, sino que en muchos países esta población está condenada a vivir en resguardos, soportar que sus creencias y su pensamiento sean considerados "supercherías" y sufrir el racismo estructural impuesto.

La otra gran característica de este proceso de colonización, y que lo hace distinto a muchos anteriores y posteriores, es, en palabras del filósofo Enrique Dussel en su libro 1492, el "descubrimiento" del "otro distinto", de una alteridad que significó para el europeo reforzar su ideario de cultura superior, impuesta a los indígenas y negros a través del llamado Derecho natural europeo, y construir una clasificación racial que opera hasta nuestros días y que, por supuesto, coloca a los blancos europeos en lo alto de la pirámide social.

Así, a partir de la clasificación racial que surge en el siglo XVII, en plena colonización de América, el mundo occidental moderno determinó que hay humanos (los blancos europeos) y no-humanos (los indígenas, los negros, los gitanos, etc.) y que esta diferencia aprueba el uso de los segundos como mercancías o cosas por parte de los primeros.

Esta línea divisoria entre lo humano y lo no-humano, explicada por el pensador negro Franz Fannon, construyó un relato en occidente que pervive hasta nuestros días: el que afirma que por "derecho natural" los blancos tienen privilegios y los no blancos son seres inferiores, como los animales, que no merecen más consideración que estos. Esta separación, apoyada por la ciencia eugenésica que hablaba de razas superiores e inferiores, posibilitó durante los procesos colonizadores naturalizar el hecho de someter, esclavizar y asesinar a todos aquellos que no fueran blancos y europeos.

El extractivismo de la colonización moderna

La estratificación racial se mantiene, aunque el término "raza humana" haya desaparecido del vocabulario científico de occidente, y esto permite justificar que el Norte global saquee de forma permanente el Sur global por medio del extractivismo y el expolio de los recursos que se ejecuta a través de empresas multinacionales globalizadas, bajo la aprobación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Greenpeace, en su informe Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina. Impactos económicos, sociales y medioambientales, de 2009 , señala que las relaciones de dependencia del Sur con respecto al Norte y el endeudamiento de los países de América latina con el FMI posibilitaron la entrada masiva de las multinacionales en los años 70s y su posterior expansión.

En la actualidad las multinacionales controlan la friolera del 85% de la inversión extranjera directa mundial, y más del 60% del comercio, con lo cual son las que ponen, con el beneplácito de los gobiernos que las representan, las condiciones de compra y venta de materias primas y manufacturadas, condiciones que favorecen la explotación humana y el expolio de los recursos naturales del planeta en detrimento de la vida, la salud, el acceso a derechos básicos para la mayor parte de la población mundial.

El abandono estatal, la corrupción y los conflictos internos de los países del sur, sumados al expolio sistemático de los recursos por parte de las multinacionales del norte (que opera con el aval de sus gobiernos y se garantiza con intervenciones militares), dibujan en el Sur un escenario de neocolonización en el que las imposiciones coloniales se ejercen a través de tratados de libre comercio, de obligaciones marcadas por la banca multilateral y de restricciones en la movilidad de las personas a través de leyes de extranjería racistas.

LA COLONIZACIÓN Y EL ORIGEN DE LAS MIGRACIONES

Frente a este panorama de miseria, de expolio de recursos, de desigualdad social "naturalizada", la única opción, ya no para vivir de manera digna sino para sobrevivir, es migrar hacia el norte global con todo lo que ello implica: inexistencia de rutas migratorias seguras para personas procedentes del sur, fronteras físicas infranqueables que ponen en riesgo la vida de los migrantes, leyes de extranjería que promueven la explotación de los cuerpos migrantes, asedio y persecución de las personas migrantes en condición irregular, etc.

Estas condiciones de desigualdad del Sur con respecto al Norte global, que nacieron en el siglo XV y perviven hasta hoy, demuestran que la colonización no es una cuestión del pasado y que lo que ha ocurrido es que los mecanismos de dominación colonial simplemente se han adaptado a las lógicas globales del capitalismo actual.

Así que, por mucho que la exalten y la blanqueen, la colonización no se celebra: se pide perdón y se repara.

Sandra Yáñez es comunicadora social, Investigadora, activista migrante, feminista y antirracista. Miembro de Poder Migrante, una red de activistas y colectivos que trabaja por los derechos de las personas migrantes y crea conciencia contra el racismo estructural, discursos xenófobos y políticas que criminalizan.

12 octubre, 2021  

Sandra Yáñez / Poder Migrante

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Extractivism

Aunque desde Moncloa y la Unión Europea el coche eléctrico se presenta como la gran alternativa de movilidad en la llamada ‘Transición verde y energética’, perpetúa la geopolítica colonialista, supone una gran huella ecológica y acentuará las desigualdades sociales

 

Los automóviles de combustión tienen los días contados. El año 2035 es la fecha que ha marcado en rojo la Unión Europea (UE) para conseguir la “sostenibilidad” en el transporte. A partir de entonces, los coches nuevos deberán tener cero emisiones de dióxido de carbono. Dicho de otra manera, sólo podrán ser eléctricos o de pila de combustible de hidrógeno.

La Comisión Europea (CE) detalla que sus planes responden a la necesidad de una “transición hacia una movilidad más verde”. De hecho, la transición energética ya ocupa una posición determinante en la agenda política europea. Se estima que para el año 2030 la reducción de emisiones incrementará en un 50%. Una agenda que, lejos de querer cumplir únicamente objetivos para paliar la emergencia climática, responde a varias causas e intereses.

“El cambio climático nunca ha importado, no nos engañemos; la verdadera razón por la cual hablamos de transición energética es la escasez de petróleo”, afirma Antonio Turiel al otro lado del teléfono. Es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), habla claro y contundente y no deja títere con cabeza a la hora de apuntar las causas y falacias de las políticas verdes. Lleva años alertando de ello en su blog The Oil Crash. Según explica, el peak oil o el ritmo máximo de producción de petróleo mundial se alcanzó en 2018, momento a partir del cual la oferta comenzará a caer por debajo de la demanda aumentando el precio. Prueba de ello, dice, es que las inversiones de las compañías petroleras en búsqueda de yacimientos se han reducido en un 60% en los últimos años, en el caso de Repsol hasta en un 90%. “Cada vez queda menos petróleo barato en el mundo, en los próximos años podemos tener una reducción de la producción drástica, que ya se está notando en la falta de abastecimiento y encarecimiento del plástico”, explica Turiel.

En este contexto, la transición energética impregna las decisiones políticas de las próximas décadas pretendiendo un proceso de sustitución de la energía fósil por alternativas renovables y “limpias”. Un momento histórico y clave en el ámbito económico, donde las oportunidades de inversión se multiplican. La llamada transición energética y ecológica es un caramelo para el capital en un momento de recesión y crisis sanitaria. “El Pacto Verde Europeo es la esperanza de Europa de tener un liderazgo global, siendo la primera en llevar a cabo unas reformas verdes que sirvan para reforzar su modelo económico”, explica Alfons Pérez, ingeniero técnico, investigador y activista del Observatori del Deute de la Globalització (ODG) en su estudio Pactos verdes en tiempos de pandemias. Es el objetivo de los fondos Next Generation; implantar tecnologías verdes y digitales mediante una gran inyección de dinero público. Fondos públicos recaudados a base de deuda y que deberán devolverse mediante reformas dictadas desde Bruselas durante los próximos años.

Dinero público para salvar la automoción

Entre otros proyectos que están por venir, el Gobierno español acaba de aprobar el llamado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), con el fin de impulsar el coche eléctrico y conectado y cumplir así los requerimientos de Bruselas sobre las emisiones de carbono que también contempla la Ley de Cambio Climático. Se financiará con 4.300 millones de dinero público de los fondos europeos Next Generation durante los próximos dos años acompañado de una inversión privada de 19.700 millones de euros.

 “El PERTE no es un plan de movilidad sostenible, es un documento en clave económica” señala Pérez, “más que una transición es una transacción”. Luis González Reyes es doctor en ciencias químicas y miembro de Ecologistas en Acción. También lo ve claro: “Moncloa está simulando una especie de transición ecológica sin tocar en absoluto las empresas responsables de la situación ambiental”. Paradójicamente, automovilísticas como BMW, Volkswagen, Audi y Porsche han sido sancionadas por Bruselas por oponerse al desarrollo de tecnología para reducir emisiones. Todas apuestan ahora por el coche eléctrico.

El eterno paradigma del crecimiento

No es de extrañar que el Gobierno de Sánchez esté ansioso por avivar el sector automovilístico: el Estado español es el segundo país productor de coches de la UE y el noveno del mundo; el 80% de los vehículos producidos se exportan y aporta entorno al 11% del PIB. Un vector importante donde están implicados más de 300.000 trabajadores directos y otros dos millones en la industria auxiliar. La automoción está en crisis y se espera que reflote protagonizando el llamado ‘Plan de Recuperación’.

El objetivo del PERTE es conseguir que en 2023 haya 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 11.000 puntos de recarga en todo el Estado. Además, se quieren impulsar la fabricación de sistemas de recarga o de microchips para reducir la dependencia en el suministro de estas piezas esenciales para la electrónica y cuya escasez ha producido ya paradas notables en las fábricas. Según Pedro Sánchez, mediante este plan se podría disparar la aportación de la automoción al PIB hasta un 15% en 2030. En plena pandemia, el baremo de desarrollo se sigue fijando en el PIB.

Una cuestión estructural que va más allá de la economía en términos generales y que afecta individualmente a miles de personas. “Tenemos un sistema que necesita crecer de manera enloquecida para mantener unos puestos de trabajo que nos permitan satisfacer las necesidades básicas, necesitamos crear empleos a costa de lo que sea para tener una vida medianamente digna porque hemos perdido la capacidad de autonomía”, es la lectura que hace González.

 “Nuevamente vemos un desvío cuantioso de fondos públicos para manos privadas”, critica y añade que el sector del automóvil no se podrá rescatar por una razón obvia pero que pocos se atreven a señalar: “la movilidad masiva se ha acabado y no va a poder volver”. La sustitución del coche de combustión por uno eléctrico, además de ser insostenible en el contexto de la crisis climática, choca con los límites biofísicos del planeta; “no va a haber coches eléctricos para todo el mundo porque es físicamente imposible producirlos”-afirma Turiel con rotundidad- “y quienes lo proponen saben perfectamente que no es un modelo generalizable”. González pone la guinda a la previsión del futuro próximo en consecuencia: “el coche eléctrico estará al alcance de muy pocas manos y redundará aún más la diferencia de clase”.

Extractivismo “verde”, el oxímoron

“Estamos hablando de transformar un sector que quiere seguir creciendo sin tener en cuenta los límites biofísicos del planeta ni el impacto que supondrá en los territorios” critica Alfons Pérez. Aquí es donde entran en juego las llamadas tierras raras, materiales como el litio, el cobalto o el níquel se constituyen como referentes indispensables para la transición energética. Unos materiales finitos y críticos; la demanda para la estrategia europea de transición verde y digital para el año 2050 multiplica por niveles imposibles las reservas existentes conocidas. ”Este es el único modelo por el que se ha apostado y es inviable, pero la naturaleza no negocia”, alerta Turiel. “En un momento dado, comenzarán a interrumpirse suministros, habrá problemas asociados a la falta de abastecimiento de materiales, etc”, añade.

No es el único problema. El interés por el litio y otros minerales para la fabricación de las baterías de los coches eléctricos y para la transición digital aumenta de la misma manera que las políticas extractivistas. Pedro Sánchez presumía en su plan para la España 2050 de que el Estado tiene “uno de los depósitos de litio más grandes del continente”, refiriéndose a mina de Cañaveral en Extremadura. Su futura explotación ya ha sido objeto de debate y polémica, ha suscitado protestas multitudinarias y se ha comprobado que no será suficiente para cubrir la demanda necesaria.

Esto se traduce en nuevas políticas neocoloniales de extracción masiva de minerales en el Sur global con unos costes irreversibles: gasto de energía para su extracción, altos niveles de emisiones de carbono, deterioro del territorio, aumento de los conflictos, desplazamientos forzados, trabajo infantil y otras violaciones de derechos humanos; en definitiva, seguirán agravando las diferencias entre el Norte y el Sur global: “¿Quién se va a responsabilizar de todos los impactos socioambientales? Tenemos que abrir el debate sobre el grado de responsabilidad que tenemos, no podemos ignorarlo“ apunta Pérez.

Además de los límites materiales y las consecuencias del extractivismo, la huella ecológica que supondría modificar el parque automovilístico, no se ajusta al objetivo de conseguir una movilidad verde y sostenible. González lo aclara: “tendríamos que cambiar toda la red de gasolineras y convertirla en una red de electrolineras, habría que aumentar la producción de electricidad”. No sólo eso, recuperar mediante el reciclaje los cementerios de baterías que supondrá la transición digital tiene un coste energético tan elevado que directamente no llega a plantearse; “falta planificación estratégica” dice Pérez.

Nuevo tablero geopolítico

Las denominadas tierras raras han entrado en juego en el tablero geopolítico, suponiendo cambios de poder y liderazgo y nuevas relaciones internacionales, pero manteniendo la matriz colonial. Al mapa de los recursos donde Oriente Medio es el núcleo de la extracción de hidrocarburos se suman nuevas localizaciones de extracción de materias escasas: el triángulo del litio que se encuentra en América Latina entre Bolivia, Argentina y Chile; la extracción de níquel es mayoritaria en Indonesia y Filipinas; y las mayores reservas de cobalto del mundo están en la República Democrática del Congo, explica Pérez con datos de una investigación de ODG y MedicusMundi Mediterrània..

China se impone como la vanguardia industrial con la mayor concentración de tierras raras; el 62% de la producción mundial actual se extrae de una sola mina, Bayan Obo, que es utilizada como arma geoestratégica. Pero no solo posee tierras raras sino que tiene la capacidad de procesamiento. En cuanto a las tierras raras se concentran sobre todo en China, donde el 62% de la producción mundial actual se extrae de una sola mina, Bayan Obo, que es utilizada como arma geoestratégica. China lidera la vanguardia industrial; no solo posee tierras raras sino que tiene la capacidad de procesamiento. Alfons Pérez analiza así este cambio geoestratégico: “Las regiones clave son el triángulo de extracción en el Sur global, China emerge como potencia para la manufactura y el procesamiento y la economía Europea pasa a ser mera consumidora. El motor alemán deja de ser la base de la exportación y de la construcción Europea y se impone la importación de baterías de China”.

Hacia el decrecimiento inevitable

“Es increíble que lo primero que se proponga desde Moncloa al hablar de una transición en la movilidad sea el coche eléctrico”, denuncia Pérez. Según el investigador de ODG, la jerarquización de las políticas es necesaria. En lugar de destinar esfuerzos y recursos a fortalecer los medios colectivos y planificar la reducción del parque automovilístico, la propuesta de Sánchez responde a intereses privados del sector. “Hablamos de electrificación del transporte pero no impulsamos el tren, se están planteando cosas tan estúpidas como trenes de hidrógeno”, comenta. Un proyecto impulsado por Talgo y Repsol que también se beneficiarán de los fondos Next Generation.

Desde los movimientos ecologistas llevan tiempo avisando de la única salida posible a la crisis socioambiental y económica: el decrecimiento. “Nunca es tarde para evitar el colapso”, dice Turiel, “pero el primer paso es asumir que tienes un problema”. Plantea que la situación es “crítica y urgente”, y que la energía renovable debería canalizarse “para fines más urgentes que no sea producir electricidad”. Porque puntualiza: “la energía renovable no es ilimitada”.

Siguiendo el mismo hilo, González ve necesario “construir economías y vidas más locales y repensar los modelos de movilidad”. Subraya un concepto: la justicia social. “La transición ecológica es una transición del conjunto del orden político, económico y cultural”, explica, “y tiene que venir directamente ligado a procesos de redistribución de la riqueza”. Reducir la movilidad sin una redistribución de la riqueza ahondaría aún más en los patrones desiguales; “podríamos tildarla de transición ecofascista o autoritaria”, matiza.

Ante un contexto de crisis donde se destinarán fondos públicos a la colaboración público-privada aumentando el endeudamiento de la población, Pérez reivindica la necesidad de crear colaboraciones público-comunitarias para construir alternativas reales ante los problemas de las próximas décadas: “Es necesario democratizar estos procesos, hay que disputar esta cuestión en el camino de la transición energética”.

Por,

Álvaro Minguito / Leire Regadas

@leireregadas

8 ago 2021 06:00

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Fuentes: PxP [Foto: Instalaciones de fracking en Vaca Muerta, Argentina. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.]

El fracking (o fractura hidráulica) avanza en América latina. O, al menos, eso es a lo que aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan darle y a los millonarios subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en los Estados Unidos.

Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.

Vídeo

Argentina y México son los países que más han apelado a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur. Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas. 

 

Qué no, que sí

 

El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100 compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013 había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido. 

Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.

La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en su Plan de Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020 asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de fracking.

A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso. Hasta ahora, ninguna avanzó. 

 

Explotación frenada

 

Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante, desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.

La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones —incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.

“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

 

Caballo de Troya

 

Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en todo el territorio.

El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del gobierno. 

En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no convencionales. Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente. 

Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición ligada al extractivismo.

Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país. Andrés Gómez, CENSAT Agua Viva.

Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.

 

Crédito: Pablo Iglesias para PxP.

 

El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia, juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”, advierte Gómez.

 

¿La nueva Vaca Muerta?

 

Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el potencial en la materia de las llanuras del Chaco.

Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la argentina YPF para trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.

A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa, se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las organizaciones que promovió en 2014 la Alianza Latinoamericana contra el Fracking.

En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy —de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado. 

No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

 

De área protegida a…

 

En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte, entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”, un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.

El área fue declarada como reserva por la alcaldía de Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.

No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos no convencionales. 

Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema publicado en Mongabay y Página Siete.

 

Más y más dicen “no”

 

Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012, respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York, en los Estados Unidos, además de tres condados de California.

Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia, Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia. Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países, como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil, donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques para exploración. 

Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de una ley que se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo vence a fin de año.

 

Paredes rajadas

 

“Hasta los 35 años, nunca había sentido un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León. En la zona se han explotado hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la sismicidad”, recuerda el biólogo.

Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.

Paredes rajadas, producto de los sismos que genera el fracking. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve a las plantas”, describe.

La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó un escrito que alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así, finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el caso. 

 

Más de 130 en un año

 

A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito, sobre el yacimiento Vaca Muerta, en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos no tardaron en percibir que los sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos sólo en 2019.

En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) publicaron un artículo en su sitio Shale en Argentina en el que se preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o extremadamente poco probable”.

Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona. 

¿Sin vecinos?

Vaca Muerta comenzó a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. 

Su explotación le demandó al Estado grandes erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y cinco años, mucho menos que los convencionales.

Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área de influencia, hay casi 40.000 habitantes. 

Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.

Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como benceno, metano y propano. 

Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una inspección de su cartera.

Otro informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868 en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.

 

Basureros en la mira

 

Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta. La primera la presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio Macri. Uno de ellos, Edgardo Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires.

El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la policía tras ser demorado mientras retrataba la zona. 

Sumado a ello, un informe publicado recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que, por primera vez, la información oficial confirma esta actuación ante la justicia

Crédito: Eduardo Carrera para PxP.

 

Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur, Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta. 

Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo puede provocar silicosis.

 

La cultura del gas

 

Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más austral, donde hay toda una identidad vinculada a los hidrocarburos”.  

Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En 2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en la zona. 

“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el abogado. Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”.

Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones. Maximiliano Proaño, grupo de trabajo Energía y Equidad.

El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.

Fuente: https://www.periodistasporelplaneta.com/blog/fracking-en-america-latina-entre-las-promesas-de-expansion-y-las-denuncias/

 
Publicado enInternacional
Viernes, 16 Julio 2021 06:17

Minería en el más allá

Minería en el más allá

Fase superior de los extractivismos

 

“Lo problemático del imperialismo extraterrestre es que aumentará las desigualdades económicas entre las naciones de la Tierra al dar un acceso desigual a lo que eventualmente puede ser  una cantidad importante de recursos”

Alan Marshall [3]

La búsqueda de recursos naturales no se detiene. Al contrario en medio de la pandemia las presiones extractivistas han crecido. Y en la medida que los límites físicos aparecen con creciente claridad y las resistencias sociales se multiplican, impulsando la construcción de indispensables barreras ambientales, el capitalismo levanta su mirada fuera de la atmósfera. En su mira están los recursos minerales existentes en el espacio. Con el afán de alentar la discusión sobre esta cuestión, que ameritará análisis más profundos y debates más amplios, nos preguntamos ¿para qué queremos más minerales en la Tierra?, ¿quiénes se van a beneficiar realmente de esta oferta? Como resultado de este extractivismo sideral, ¿vamos a crear un mundo más justo y sustentable?, ¿la posibilidad de conseguir recursos en el espacio abrirá la puerta para un manejo más responsable de los recursos en la Tierra?

Conquista, colonización e imperialismo, en la matriz de los extractivismos

Rosa Luxemburg, renombrada economista alemana de origen polaco, todavía en plena época de expansión imperialista, afirmaba que el capitalismo no podía sobrevivir sin economías “no capitalistas”; es decir, sin colonias, a ser conquistadas para la explotación. En su libro La acumulación del capital (1913)[4], encontraba que el sistema capitalista estaba encorsetado geográficamente dentro del planeta, lo que alentaba y alienta conflictos de todo tipo, con el fin de asegurar el control de los territorios y sus riquezas naturales. Del imperialismo clásico se avanzó, décadas después, enarbolando la búsqueda del “desarrollo” a otra fase de expansión neoimperialista, en la que el control de los territorios y sus recursos, incluyendo la mano de obra, se obtiene con medios más sutiles; por ejemplo, a través de las inversiones extranjeras o más adelante de los tratados de libre comercio.

Cuando Luxemburg publicó ese libro la humanidad estaba lejos de anticipar una serie de avances tecnológicos y otras acciones especialmente en el ámbito financiero que han ido ampliando las fronteras de explotación del capital.

El sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman (2012), al describir lo que está sucediendo en la actualidad, ensanchó el horizonte de Rosa. Pues, como podemos constatar hoy, el capitalismo tiene cada vez más dificultades para encontrar territorios supuestamente vírgenes o baldíos donde el mismo no esté presente, y por lo tanto ha buscado ampliar su órbita de influencia hacia otras áreas. Así Bauman anota que:

las tierras premodernas de continentes exóticos no eran los únicos posibles ‘anfitriones’ de los que el capitalismo podía alimentarse para prolongar su vida e iniciar sucesivos ciclos de prosperidad. El capitalismo reveló desde entonces su asombroso ingenio para buscar y encontrar nuevas especies de anfitriones cada vez que la especie explotada con anterioridad se debilitaba. Una vez que anexó todas las tierras vírgenes ‘precapitalistas’, el capitalismo inventó la “virginidad secundaria”.[5]

Aquí Bauman se refiere a aquellos nuevos rincones creados para que el capitalismo financiero pueda seguir acumulando, como son los fondos de pensiones y las tarjetas de crédito. Bauman nos recuerda que en estos últimos años hemos visto cómo millones de personas que “se dedicaban a ahorrar en lugar de vivir del crédito fueron transformados con astucia en uno de esos territorios vírgenes aún no explotados”.

Y si eso sucede en las finanzas, constatamos también como el capitalismo amplía cada vez más la mercantilización de muchos ámbitos de la Naturaleza, incorporando en su lógica de acumulación los mercados de carbono[6] y los servicios ambientales, que constituyen en este momento una de las más recientes fronteras de expansión para sostener la acumulación del capital. En otras palabras se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, el agua y la Tierra misma.

En concreto, a más de la explotación del trabajo, la Naturaleza, los recursos naturales y últimamente los servicios ambientales, convertidos en mercancías permiten acelerar el paso en la vía del progreso -padre del desarrollo-, caracterizado por su versión materialista y acumuladora sin fin. De suerte que, como anota José Manuel Naredo, “la metáfora de la producción (y la meta indiscutida del crecimiento) apuntalan la visión lineal de la historia gobernada por el progreso”.[7] Y, en este escenario ideológico, al extractivismo se lo asume como producción -que no lo es- y como fuente fundamental de financiamiento para conseguir esas metas. Negarlo cerraría las puertas del progreso y del “desarrollo”, según esta visión todavía bastante extendida.

La erosión del espacio como bien común

Cuando Rosa Luxemburg escribió su libro no se aceptaba como posible que los seres humanos pudieran llegar más allá de los límites del planeta, salvo, por cierto, en algunas mentes brillantes, como la de Julio Verne, quien publicó su célebre obra en 1865: De la Tierra a la Luna.[8] Ahora, al cabo de más de 100 años, los avances científicos, tanto como la creciente codicia en el capitalismo, son evidentes. Veamos los esfuerzos de unas pocas potencias para acceder al espacio, empeño que empezó en los años cincuenta cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, arrancaron en una carrera espacial.

Ahora, el capitalismo, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos espacios de explotación, en un renovado esfuerzo expansionista, se dispone a obtener recursos minerales fuera de los límites de nuestro planeta e inclusive a crear nuevas colonias extraterrestres. Podríamos afirmar que la lógica mercantiizadora del capitalismo ha colocado su mira en el Universo, en un intento por neoliberalizarlo.

La mira extractivista comienza a apuntar al espacio, en la medida que declinan las posibilidades de explotación en la Tierra de los yacimientos de minerales o que su acceso es cada vez más complejo, sea por las limitaciones tecnológicas o inclusive ambientales, a las que habría que sumar las crecientes resistencias sociales. El espacio representa una suerte de terra nullius[9] donde quien llega primero se asume como soberano de esos territorios y se lleva lo que puede. De esta manera, lo que se aseguraría -igual que en otras épocas- son nuevas posibilidades de acumulación de capital fuera de la Tierra misma y, por ende, un mecanismo para evitar el estancamiento del mismo sistema capitalista debido a las crisis de sobreacumulación.[10]

Una herramienta útil para entender esta evolución de los modos y estrategias de acumulación es el arreglo espacial (en inglés spatial fix), concepto desarrollado por el geógrafo David Harvey. Para este autor, el término arreglo espacial se refiere al proceso en el que “la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades y que, en los momentos de crisis sistémica, el capital desplaza, nunca resuelve, sus contradicciones mediante este proceso de construcción del espacio”.[11] Esta es una estrategia para aliviar la amenaza de la sobreacumulación y el estancamiento trasladando el capital o la mano de obra a un territorio diferente. En este caso literalmente al espacio… sideral.

Aprovechando la enorme inversión, sobre todo estatal, en el desarrollo de las nuevas tecnologías espaciales, que también sirven para absorber el capital excedente, han aparecido con fuerza muchas posibilidades de acumulación a través de innumerables innovaciones tecnológicas y servicios de comunicación en el espacio, a los que se sumaría la explotación de yacimientos mineros y la colonización de planetas.[12]

La exploración espacial -conocida como la carrera o conquista del espacio– desde sus orígenes con el satélite soviético Sputnik en 1957 a la fecha, con excepciones, se ha dado en términos relativamente pacíficos, hasta colaborativos entre los mismos EEUU y la Unión Soviética. Desde sus inicios, este trajinar espacial se caracterizó por una especie de pacifismo acordado entre las grandes potencias a pesar del contexto de la mencionada Guerra Fría. Este esfuerzo fue ratificado en el Tratado del espacio exterior de 1967 que prohíbe colocar armamento masivo y la apropiación nacional o privada de objetos, territorios o recursos celestes, ya que se los considera patrimonio común de la humanidad.[13]

Pero en la actualidad, todo indica que:

el comunismo en el espacio era una posibilidad sólo mientras el espacio fuera materialmente inaccesible para la humanidad capitalista: a medida que el espacio se convierte en un lugar probable de negocios rentables, el protocomunismo del Tratado del Espacio Exterior debe vacilar y desaparecer.” [14]

La  militarizacion del espacio

En las últimas décadas, a medida que ha evolucionado nuestra capacidad de explorar más allá de nuestro planeta, los intereses de seguridad nacional y los comerciales convergen inclusive en el espacio sideral hasta el punto de que hoy son casi indistinguibles.

En los Estados Unidos, por ejemplo, las empresas privadas de lanzamiento espacial, como SpaceX y United Launch Alliance, son beneficiarias de enromes contratos gubernamentales y ahora proporcionan la mayor parte de la capacidad de lanzamiento de cohetes estadounidenses, tanto para misiones científicas como militares. Aunque los estrechos vínculos entre las industrias de defensa y aeroespacial no son nada nuevo, nos encontramos en una fase decididamente nueva de esta relación debido a los avances tecnológicos, las nuevas prioridades políticas y el auge de los actores privados.

Hay muchas pruebas de eso, tanto en los hechos, como en los pronunciamientos políticos. Por ejemplo, en 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva llamada Fomentar el apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales[15]. En esta orden proclamaba que los Estados Unidos “no ven el espacio exterior como propiedad común” y calificaba al Tratado de la Luna de 1979 (nunca ratificado por EE. UU.) como “un fallido intento de restringir la libre empresa”.  Durante la Administración de Trump los EE. UU. dieron un paso más en la verdadera conquista del espacio al crear un nuevo mando militar: la Fuerza Espacial.

Es necesario comprender mejor los profundos vínculos de las nuevas empresas espaciales con los designios hegemónicos de los Estados más poderosos sobre el espacio. Recientemente, a cambio de 28 millones de dólares, Starlink de SpaceX proporcionó los servicios de sus satélites para demostraciones de fuego real (live-fire demo) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para probar su Sistema de Gestión de Batalla Avanzado y sentar las bases de un Internet destinado a las actividades militares.[16] Las conexiones de SpaceX con el complejo militar-industrial quedaron claras en los comentarios de la presidenta de dicha compañía, Gwynne Shotwell, quien declaró en 2018 que su compañía estaría dispuesta a lanzar un arma espacial para proteger a los Estados Unidos, contraviniendo los tratados espaciales existentes.[17] Y en 2020, SpaceX firmó un contrato con el Pentágono para desarrollar conjuntamente un cohete capaz de transportar hasta 80 toneladas de carga y armamento a cualquier parte del mundo en tan solo una hora.[18]

El espacio ha tenido y tiene una importancia geoestratégica militar. Los cientos de satélites militares en órbita sirven para controlar la Tierra, teniendo en el espacio un lugar privilegiado de observación. Sin embargo, en la actualidad se está dando un paso más, se avanza en la militarización del mismo espacio sideral para controlarlo.

Estado y capital, con los minerales espaciales en la mira

La erosión del espacio como bien común, y el debilitamiento de su condición mayormente pacífica, está directamente relacionado con una nueva carrera espacial basada en un reconocimiento del enorme valor de los recursos minerales espaciales y la creciente capacidad tecnológica para extraerlos.[19] Aunque hoy, por ejemplo, no sería rentable extraer recursos minerales extraterrestres ni establecer asentamientos humanos en la Luna para desde allí llegar a Marte, esa posibilidad no es algo lejana.

En la actualidad, las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y recientemente China están compitiendo para ver quién gana la verdadera conquista del espacio, que vendrá acompañada de su imparable colonización… hasta que la humanidad se tope con otras civilizaciones en el espacio.

En el contexto actual, de acuerdo con la información que circula frecuentemente, la posibilidad de abrir actividades mineras en el espacio ya no aparece como un ejercicio de ciencia ficción.[20] Los argumentos para este empeño los sintetizó Elizabeth Steyn en un artículo de The Conversation[21]:

La necesidad de una economía con cero emisiones de carbono exige un aumento del suministro de recursos naturales no renovables, como los metales de las baterías. Esto constituye el telón de fondo de una nueva carrera espacial en la que participan las naciones y el sector privado.”

Y en este momento, según la misma Steyn, habría que “considerar cuatro aspectos: la seguridad de la tenencia, el régimen fiscal, la posibilidad de financiar el proyecto y la viabilidad del mismo.” En otras palabras, se mantendrá inamovible el afán de lucro como motor de estos esfuerzos que demandarán nuevos avances tecnológicos y grandes cantidades de inversión.

En relación al primer aspecto, la tenencia, es decir, la propiedad, se está aclarando el panorama. Es extremadamente importante para los mineros espaciales contar con suficiente claridad y seguridad en cuanto a la propiedad de las cosas que extraen. Existen recientes esfuerzos multilaterales y nacionales para enmarcar los recursos espaciales dentro de un nuevo régimen de propiedad. Dentro de estos esfuerzos aparecen los Acuerdos Artemis de la NASA que ya cuenta con el apoyo de otras doce naciones y que plantea que “la capacidad de extraer y utilizar recursos en la Luna, Marte y de los asteroides será fundamental para apoyar la exploración y el desarrollo espacial de manera segura y sostenible. Los Acuerdos de Artemis refuerzan que la extracción y utilización de los recursos espaciales pueda realizarse y se realizará bajo los auspicios del Tratado del Espacio Exterior”.[22] De la misma manera que los EEUU, Luxemburgo y Emiratos Árabes Unidos y ahora el parlamento de Japón acaba de ratificar una nueva ley que concede a las empresas japonesas permiso para la prospección, extracción y utilización de diversos recursos espaciales, siempre y cuando obtengan primero el permiso del gobierno japonés.[23]

Otra tarea que ya comienza a cobrar fuerza es la “minería de los asteroides”, en donde, además de la potencial extracción de titanio, níquel, cobalto y otros minerales, se espera obtener oxígeno y nitrógeno. Esto se trata de la explotación de agua congelada que estaría disponible en grandes cantidades en el espacio. La existencia de agua permitiría crear depósitos de combustible de hidrógeno en satélites construidos y/o en otros cuerpos celestes colonizados por los humanos, indispensables para poder ampliar la zona de influencia galáctica.

Otro elemento que es evidente es el tema del transporte, que resulta crucial en estas aventuras extractivistas, ya que la conquista de los recursos espaciales engendra nuevas posibilidades de dominio en el espacio, algo similar a la conquista del globo por los poderes marítimos en siglos pasados.

De todas maneras, los enormes costos de estos proyectos se verían de alguna manera compensados por los recursos que se podrían obtener sin restricción alguna, como de alguna manera sucedió cuando se abrieron territorios en América y África para su colonización. Eventualmente podemos imaginar que si se lograra traer minerales del espacio podría darse una mayor oferta que podría presionar los precios a la baja, favoreciendo un mayor consumo en la Tierra.

Más allá de la capacidad de imaginación que se pueda desplegar con miras a avizorar cómo funcionaria este extractivismo espacial, todo indica que se volverá a reafirmar la actual visión dominante al ver el espacio extraorbital -la Naturaleza en definitiva- como mero proveedor de insumos, sin mayor preocupación por su metabolismo y sus procesos vitales, con miras a dominarlo y transformarlo en función de las demandas del capital en la Tierra. Lo anterior aparentemente podría resolver (mediante la distancia a la que se encuentran los territorios a ser explotados) algunos de los problemas derivados de la destrucción que provocan los extractivismos terrestres.[24] Y por cierto podría ser otro argumento para alentar la economía “verde”, es decir, esta versión modernizada de la economía capitalista: mercantilizadora en esencia, con la  que se pretende -de forma ilusoria- enfrentar los graves problemas ecológicos y sociales, sin abordar la causa profunda de los mismos: la civilización capitalista.

Demos un paso más y veamos algunas de las complicaciones que inclusive podrían agravarse. Todo esto de ninguna manera ahondaría la “civilización del desperdicio”[25], pues la Tierra seguiría siendo un lugar de depósito de los desechos.[26] No solo eso, el mismo espacio orbital seguirá almacenando basura enviada por los humanos, creando un potencial efecto domino conocido como el Efecto Kessler: mientras la cantidad de objetos en órbita crece y se acumulan, el riesgo de colisiones en cascada de se hace mayor, lo cual multiplicaría los accidentes. Como ejemplo de ello, podemos recordar lo sucedido en 2019, cuando la India lanzó un misil hacia un satélite suyo en órbita terrestre y lo destruyó, creando miles de piezas de desechos, grandes y pequeños, que permanecen en órbita.[27]

Los terrestres galácticos, una nueva clase empoderada por la tecnología

La ilusión que genera la minería espacial extraorbital se explicaría mejor si aceptamos que en amplios segmentos de la población del planeta, empezando por los gobernantes, se ha desarrollado una suerte de ADN-extractivista que no sólo limita plantear un debate amplio y serio sobre estas cuestiones, sino que se prepara hasta con entusiasmo la obtención de beneficios de la conquista y colonización del espacio. Y esta minería espacial, controlada por poderes transnacionales -grandes empresas y gobiernos de los países más ricos- reeditará las lógicas de acumulación y exclusión; es decir, las fuerzas centrípetas y centrífugas de la globalización capitalista que mantienen concentrada la riqueza y los avances tecnológicos en pocos segmentos de la población mundial, mientras que enormes masas de seres humanos quedan estructuralmente marginadas. Así aparecería algo como un nuevo grupo privilegiado alrededor del control de estas actividades extractivas en el espacio, una suerte de terrestres galácticos, con la consiguiente marginación de la mayoría de habitantes del planeta.

Esta visión se sostiene aupada por la voracidad de la acumulación capitalista, y que se intenta legitimar en la firme y dogmática creencia en las poderosas ciencia y tecnología, y su uso de manera estratégica por parte de los élites. En la cotidianidad muchos “avances” tecnológicos sustituyen a la fuerza de trabajo -ya sea en términos físicos o en ciertas funciones cerebrales- volviendo caducos a varios trabajadores, así como excluyendo o desplazando a quienes no pueden acceder a la tecnología; todo esto redefine al trabajo mismo, normalmente contribuyendo a su flexibilización. Los seres humanos terminamos siendo simples herramientas para las máquinas, cuando la relación debería ser la inversa. Desde esa perspectiva, para que exista otra tecnología, que incluya a las personas al trabajo y sobre todo para asegurar una vida digna, en vez de excluirlas, es necesario transformar las condiciones y relaciones sociales de producción.

Recordemos que en toda tecnología hay inscrita una “forma social”, que implica una manera de relacionarnos unos con otros y de construirnos a nosotros mismos. Igualmente, recordemos que no toda la humanidad se beneficia de los avances tecnológicos, pues varios de éstos generan renovadas formas de desigualdad y explotación, así como de enajenación, tema que merece una reflexión mucho más profunda.

Reflexionando desde los escenarios de resistencia

Actualmente todo indica que el crecimiento material sin límites podría culminar en un suicidio colectivo. Basta ver los efectos del mayor recalentamiento de la atmósfera, de la pérdida de fuentes de agua dulce, de la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, de la degradación de suelos o de la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades locales, y los cada vez mayores y más destructivos huracanes. Introducir una mayor cantidad de minerales provenientes del espacio no alteraría este proceso de acumulación/destrucción permanente. Se mantendría -en un nivel superior- la civilización del capital que impulsa la acumulación material mecanicista e interminable de bienes, sustentada en el aprovechamiento indiscriminado y creciente de la Naturaleza.

Adicionalmente, esta minería espacial no evitaría varios de los nocivos efectos del extractivismo minero en la Tierra. Sus consecuencias -o “derrames”, como los conoce Eduardo Gudynas[28]– se mantendrían y en algunos casos aumentarían. Estos “derrames”, que van mucho más allá de lo ambiental, se dan en diversos campos: judiciales, políticos, económicos y culturales. De hecho, ya vemos cómo en el terreno de las leyes y los tratados las lógicas colonizadoras a ultranza comienzan a reaparecer con fuerza. Las tendencias rentísticas y las prácticas clientelares podrían reeditarse de diversas formas. Y, sobre todo, las lógicas autoritarias indispensables para consolidar los poderes económico-políticos necesarios para la expansión de la minería sideral serían otra limitante para impulsar sociedades democráticas y equitativas.

Entonces, no se trata solo de analizar el suministro de materiales escasos en la Tierra empujando los extractivismos más allá de sus propios límites biofísicos, ni sólo comprender lo que significarían nuevos mercados en las bases coloniales que se establezcan, que demandarán, sin duda alguna, una gran cantidad de vituallas indispensables para la vida, y cada vez más nuevas tecnologías, que, por lo pronto, sirven más para la dominación que para la emancipación de los seres humanos. Lo que debemos tener en cuenta es que el control geopolítico del espacio exigirá más poder estatal, corporativo y militar, que se sustentará en mayor control y dominación dentro de la misma Tierra, reeditando los vínculos de poder entre estas tendencias imperialistas y los militarismos de amplio espectro, que tan útiles son para sostener los extractivismos en la actualidad.[29]

Para cerrar estas breves líneas, que constituyen un ensayo para provocar el debate sobre estas cuestiones, es indispensable superar la trampa en que han caído muchos críticos del sistema, quienes apenas centran su atención en el control de la explotación de estos recursos por parte del Estado, y no en la explotación misma. El punto no es si el extractivismo beneficia más al capital nacional, transnacional o a las arcas gubernamentales -que muchas veces terminan formando una sola amalgama- el punto es que la acumulación del capital per se es inadmisible en la medida que desnaturaliza la Naturaleza -sea en la Tierra o en la Luna- y deshumaniza más y más la humanidad misma.

Por lo tanto, la gran tarea es seguir ampliando las luchas de resistencia desde donde construir más y más todas las alternativas que sean indispensables en clave de Pluriverso[30]

 

Por Peter Bloom, Alberto Acosta | 16/07/2021

 

Notas:

[3] Consultar en Alan Marshall (1995); Development and imperialism in space. Space Policy 1995 11(1) 41-52. Elsevier Scicne Limited. UK.

[4] Versión en español disponible en https://www.marxists.org/espanol/luxem/1913/1913-lal-acumulacion-del-capital.pdf

[5] Consultar en el artículo Zygmunt Bauman (2012); El capitalismo como sistema parásito. Disponible en https://ssociologos.com/2012/09/14/zygmunt-bauman-del-capitalismo-como-sistema-parasito/

[6] Consultar en Larry Lohman (2012); Mercados de carbono – La neoliberalización del clima, editores Alberto Acosta y Esperanza Martínez, serie Debate Constituyente, Abya–Yala, Quito. Disponible en https://www.accionecologica.org/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima/

[7]  Consultar en José Manuel Naredo (2018); “La ideología económica en la historia y el medio ambiente – Claves para un cambio de paradigma”. Disponible en http://elrincondenaredo.org/wp-content/uploads/2018/09/LA-IDEOLOG%C3%8DA-ECON%C3%93MICA-EN-LA-HISTORIA-Y-EL-MEDIO-AMBIENTEcor.pdf.

[8] Libro disponible en https://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=6116

[9] Expresión latina que fue tan utilizada en épocas del imperialismo clásico y que servía para denominar los territorios que iban siendo conquistados, desconociendo incluso de manera brutal la existencia de los pueblos originarios. Una realidad que todavía está vigente al expandir las fronteras de los extractivismos.

[10] En ocasiones el caos de la competencia presiona a que los capitalistas acumulen capital e incrementen la producción por encima de las capacidades de consumo de los mercados (sobre todo si los salarios son bajos). Cuando esa tendencia se generaliza, la sobreacumulación provoca crisis por desequilibrios en los sectores productivos y una contracción de sus tasas de ganancia. Y si las tasas de ganancia caen por debajo de un nivel “adecuado” para los capitalistas, éstos desinvierten su capital en la producción (pudiendo moverlo hacia la especulación), lo que puede generar nuevas crisis y acentuar las ya existentes. Por tanto, aquí puede encontrarse una de las causas de las crisis cíclicas del capitalismo.

[11] Consultar el artículo de Isidro López (2014), David Harvey: la conquista del espacio. Disponible en https://www.diagonalperiodico.net/global/24951-david-harvey-la-conquista-del-espacio.html

[12] Ver en Victor L. ShammasTomas B. Holen (2018);  One giant leap for capitalistkind: private enterprise in outer space

Disponible en https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9

[13] Aquí cabe mencionar los “Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre” (2002). Disponible en https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf

[14] Ver en Victor L. ShammasTomas B. Holen (2018);  One giant leap for capitalistkind: private enterprise in outer space

Disponible en https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9

[15] Consultar en https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/

[16] https://www.investors.com/news/spacex-starlink-impressed-air-force-in-big-live-fire-exercise/

[17] https://spacenews.com/spacex-president-gwynne-shotwell-we-would-launch-a-weapon-to-defend-the-u-s/

[18] https://observer.com/2020/10/elon-musk-spacex-military-rocket-contract-deliver-weapons/

[19] Cabe tener presente la creciente vinculación que existe entre extractivismos y tecnologías: Pablo Gámez-Cersosimo, La hermandad de la industria tecnológica y la minería a cielo abierto, 30 de junio 2020. Disponible en https://www.ocmal.org/la-hermandad-de-la-industria-tecnologica-y-la-mineria-a-cielo-abierto/ Una relación presente desde hace más de 500 años, como reseña en un magnífico libro Horacio Machado Araoz (2019); Potosí, el origen – Genealogía de la minería contemporánea. Serie Debate Constituyente, editores Alberto Acosta y Esperanza Maartínez, Abya-Yala, Quito. Disponible en https://rosalux.org.ec/pdfs/Potosi-el-origen.pdf.

[20] La lista de artículos de prensa sobre el tema crece aceleradamente. Mencionemos a modo de ejemplo: La minería espacial ya no es ciencia ficción, disponible en https://www.rcinet.ca/es/2021/04/09/mineria-espacial-ciencia-ficcion-outer-space-mining-treaty-canada-international/ o Minería Espacial: La ambición de Trump por nuevos recursos, disponible en https://www.reporteminero.cl/noticia/reportajes/2020/04/mineria-espacial-la-ambicion-de-trump-por-nuevos-recursos

[21] Space mining is not science fiction, and Canada could figure prominently, 4 de abril 2021. Disponible en  https://theconversation.com/space-mining-is-not-science-fiction-and-canada-could-figure-prominently-155855

[22] Aunque los acuerdos Artemis van m+as allá del tema de la extracción de recursos, el discurso de la NASA al respeto es claro. Consultar https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords

[23]https://spacenews.com/japan-passes-space-resources-law/ 

[24] Resulta fundamental tener conciencia de lo que representan estas actividades extractivas. Entre los muchos textos que podríamos recomendar mencionamos uno muy claro, el de Eduador Gudynas (2015); Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. CEDIB y CLAES, Cochabamba (Bolivia). Disponible en http://gudynas.com/wp-content/uploads/GudynasExtractivismosEcologiaPoliticaBo15Anuncio.pdf

[25] Consultar el libro de Jürgen Schuldt (2013); Civilización del Desperdidico Psicoeconomía del consumidor, Universidad del Pacífico, Lima. Disponible en https://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/956/SchuldtJ%C3%BCrgen2013.pdf?sequence=5&isAllowed=y

[26] Consultar en Teresa Pultarova (2021) Air pollution from reentering megaconstellation satellites could cause ozone hole 2.0 Disponible en https://www.space.com/starlink-satellite-reentry-ozone-depletion-atmosphere 

[27] Consultar el artículo de Aaron C. Boley, Michael Byers (2021); Satellite mega-constellations create risks in Low Earth Orbit, the atmosphere and on Earth. Disponible en https://www.nature.com/articles/s41598-021-89909-7#Sec7  

[28] Estos derrames tienen efectos muchos más profundos y extendidos que los impactos locales de los emprendimientos específicos, nos recuerda este autor, uno de los que más ha estudiado el tema. (Idid.)

[29] Ver Raúl Zibechi (2021); La militarización, fase superior del extractivismo. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2021/03/26/opinion/020a2pol

[30] Kothari, Ashish; Salleh, Ariel; Escobar, Arturo; Demaria, Federico; Acosta, Alberto: editores (2019); Pluriverse – A Post-Development Dictionary, Tulika Books, India. Disponible en  https://www.radicalecologicaldemocracy.org/pluriverse/

Existen también ediciones en castellano en Ecuador (Abya-Yala/ICARIA), España (ICARIA), Perú – Bolivia (CooperAcción, CEDIB), Italia y próximamente en Brasil.

Peter Bloom: Activista estadounidense residente en México. Es fundador y coordinador general de Rhizomatica, un grupo dedicado a reimaginar las nuevas tecnologías en contextos comunitarios. Investigador del Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios (CITSAC).

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Compañero de luchas de los movimientos sociales. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros.

Publicado enMedio Ambiente
El Acuerdo de Escazú se hundió sin votación en el congreso de Colombia

Al acabar la legislatura, los congresistas no llegaron a votación para decidir la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Pese a que el Acuerdo de Escazú tenía mensaje de urgencia del Gobierno nacional para la ratificación en el Congreso, después de un año de haber sido radicado por el mismo presidente Iván Duque, el proyecto de ley que daba el aval para incluir el pacto en la normativa nacional nunca llegó a votación.

En medio de la ráfaga de proyectos que buscan su aprobación en el Congreso para el final del periodo legislativo el 20 de junio de cada año, el Acuerdo de Escazú llegó sin mayor apoyo. Luego de que los defensores de la iniciativa que protege los derechos ambientales y que fue firmada por Colombia, pidieron programar la votación, se citó una sesión conjunta para el pasado miércoles en la que se proponía finalmente decidir sobre su ratificación.

Sin embargo, ese día las discusiones se extendieron más de lo debido y no fue posible que los congresistas votaran el proyecto. Tanto Paola Holguín como Juan David Vélez, congresistas del Centro Democrático, extendieron su intervención más del tiempo asignado, lo que llevó a que la sesión se cancelara por inicio de Plenaria en el Senado, sin llegar a votación.

El proyecto de Escazú tuvo dos foros en el Congreso para resolver las dudas que se habían presentado, con intervención de ambientalistas y juristas, con el fin de disuadir argumentos como la pérdida de soberanía. Uno de ellos se cumplió en noviembre y otro en el mes de mayo.

Para ese momento, los tiempos ya estaban ajustados para que el proyecto de ratificación cumpliera los cuatro debates necesarios. Ni siquiera se logró cumplir con una primera votación para darle vida al proyecto y se hundió en esas mismas discusiones.

Este domingo 20 de junio se culminó la legislatura por lo que el proceso quedará archivado en los anales del Congreso y será necesario que el Gobierno nacional, único competente, lo vuelva a radicar si tiene intención de que sea ratificado.

Para el senador Antonio Sanguino, uno de los principales impulsores del pacto regional ambiental y ponente en la cámara alta del Congreso, se trató de una maniobra política por parte del partido Centro Democrático para evitar que se votara el proyecto de ratificación.

“Hoy quedó en evidencia la estrategia del Centro Democrático de hundir el Acuerdo de Escazú; un instrumento internacional que no les gustaba porque protegía el ambiente, el territorio y la vida y labor de los defensores ambientales”, aseguró Sanguino el pasado 19 de junio.

Según él, el senador Vélez permitió que se dilatara la sesión del pasado miércoles hasta impedir la votación y las comisiones no citaron sesión para anunciar el proyecto y poder realizar una sesión conjunta de las Comisiones Segundas para este domingo 20 de junio y darle vida a la iniciativa.

“Todas estas maniobras dilatorias y este saboteo han sido permitidos por el presidente Iván Duque que se lavó las manos radicando el proyecto de ratificación con mensaje de urgencia y ha dejado que se hunda por el saboteo de su propia coalición en el Congreso, eso debe quedar claro, el presidente debe dejar de engañar a la comunidad internacional y la ciudadanía diciendo que apoya Escazú y permite estas maniobras,” señaló Sanguino.

Por su parte, el senador Feliciano Valencia también firmante de la ponencia positiva, rechazó los intentos de los Presidente de las Comisiones Segundas de dilatar la discusión y votación del proyecto de ratificación de Escazú y pidió a todos los sectores políticos avanzar en lograr Escazú. “Es momento de abandonar las pretensiones de hundir Escazú sin darle la oportunidad que sea votado y que se demuestre quiénes están a favor y en contra de este Acuerdo”.

El Acuerdo de Escazú, que es el mecanismo regional para el cumplimiento del punto 10 de Río+20 fue firmado por 24 países, entre ellos Colombia, pero hasta el momento solo la mitad lo han ratificado: Argentina y México, los últimos, como ya lo habían hecho Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente, Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Publicado enColombia
La militarización, fase superior del extractivismo

La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la población.

Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.

Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.

La Ley Reservada del Cobre fue aprobada en la década de 1950, cuando arreciaban las movilizaciones de trabajadores y pobres de la ciudad y del campo. Durante la dictadura militar, esa ley secreta, como su nombre lo indica, fue modificada en siete oportunidades. Recién en 2016, gracias a una filtración del diario digital El Mostrador, se supo que 10 por ciento de las utilidades de la empresa estatal de cobre se traspasan directamente a las fuerzas armadas (https://bit.ly/3tNDa0S).

Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.

El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.

No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.

En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.

En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.

La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.

El militarismo se subordina a esta lógica de acumulación mediante la violencia, por la sencilla razón de que no se le pueden robar los bienes a los pueblos sin apuntarles con armas.

Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.

Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).

Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.

La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.

La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.

La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.

Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.

No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables”y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.

Por Raúl Zibechi

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Mayoría de asesinatos de ambientalistas en 2019 se registraron en América Latina: Global Witness

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios, señala Rachel Cox, de Gobal Witness. «Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice, refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. «Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

  1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos, víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras.

  1. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People’s Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la «recuperación económica tras la crisis del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas, catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

  1. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está «alentando activamente la violencia» contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

  1. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año. Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón y gas.

  1. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una represa en su región.

«Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y «grupos criminales que quieren quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó 1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018. 

 

Aencias

29 julio 2020

Publicado enMedio Ambiente
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