Jueves, 17 Septiembre 2015 07:06

Maduro y Santos acuerdan verse en Quito

Maduro y Santos acuerdan verse en Quito

La reunión será el lunes próximo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa y el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, estarán presentes como mediadores. Mientras tanto, Caracas sumó al estado de Apure a la emergencia fronteriza.

 

La mayor parte de la frontera entre Venezuela y Colombia quedó bajo régimen militar después de que el presidente Nicolás Maduro extendiera el estado de excepción a la zona sureña de Apure. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que no es con el cierre de los pasos que se resolverán los problemas en la frontera. En medio de la controversia limítrofe, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunirán el lunes en Quito para dialogar sobre el conflicto fronterizo que mantienen ambos países desde mediados de agosto. Fue Maduro quien confirmó el encuentro con su par colombiano. El gobernante dijo que la cita tendrá lugar gracias a la mediación de Correa y del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.


En este sentido, el presidente bolivariano agradeció las intervenciones para que las partes se acercaran. "Saludo el logro de la reunión que se ha obtenido entre el presidente de Colombia y este servidor", dijo Maduro, quien felicitó tanto a Correa como a su colega de Uruguay, Tabaré Vázquez, por el esfuerzo para concretar la cita. "Voy con mi espíritu bolivariano, voy a tierras bolivarianas, voy a la Quito de Manuelita Sáenz, a la tierra de Eloy Alfaro", señaló.


"Allí estaré, dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar a fondo todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz y que podamos avanzar y firmar un nuevo pacto histórico de convivencia y construcción de una relación de hermandad y beneficio mutuo entre nuestras repúblicas", sostuvo. En una intervención en la televisión oficial, desde la casa de gobierno, Maduro destacó que espera sostener con Santos un diálogo cara a cara y con respeto. "No va a ser una reunión fácil, será una reunión compleja, pero estoy seguro de que vamos a conseguir la sabiduría y estoy seguro de que vamos a tener muy buenas noticias", agregó.


La frontera colombo-venezolana, que abarca más de 2500 kilómetros, avanza hacia una paralización total debido a que casi 20 municipios de las regiones de Táchira, Zulia y Apure están bajo el estado de excepción y su virtual militarización. Maduro anunció en la noche del martes que extendía la medida a siete municipios de Zulia y la estableció en tres de Apure, que se suman a los otros 10 de Táchira, donde el 19 de agosto se inició la tensión con Colombia. "He dado instrucciones precisas al general en jefe Vladimir Padrino (ministro de Defensa) de reforzar toda la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Aviación Militar Bolivariana, tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado (por Colombia)", señaló el mandatario venezolano en su programa En contacto con Maduro.


Los estados de excepción se suman al cierre de los pasos de personas y transporte de San Antonio, en Táchira, y de Paraguachón, en Zulia, que son las vías más transitadas de la frontera. Los municipios tienen un militar encargado de aplicar las restricciones previstas a las garantías constitucionales en estado de excepción, que incluyen la inviolabilidad del hogar, el derecho de reunión pública y la privacidad de las comunicaciones, entre otras iniciativas. La aplicación del estado de excepción en la zona está acompañada por el desplazamiento de miles de soldados a los municipios fronterizos. Las operaciones en Táchira derivaron en la deportación de más de 1000 colombianos.


La combinación del cierre de la frontera y la aplicación del estado de excepción fue descripta por Maduro como un torniquete para contener la salida hacia Colombia de alimentos, medicinas, y, principalmente, gasolina. El gobernante fijó como oficial el lema de una "nueva frontera, una frontera de paz", con la que se busca erradicar los grupos armados irregulares, los contrabandistas y las bandas de narcotráfico. "En la frontera tiene que haber una estructura para la economía productiva, adaptada a cada una de las zonas especiales", dijo, y señaló que las regiones que integran la frontera colombo-venezolana deben convertirse en zonas productivas para que la población venezolana adquiera productos a precio justo y se exporten rubros bajo las condiciones de exportación nacional.


Sin embargo, las poblaciones de la frontera viven un cambio radical de sus vidas por el cierre de los pasos, desde que el 19 de agosto un ataque a tiros, atribuido a grupos paramilitares, dejó tres soldados venezolanos heridos. El gobierno sostiene que con la medida evitó la salida del país de 29,9 millones de litros de gasolina, que, según Maduro, es un negocio más rentable que la droga. Santos reaccionó a la ampliación del cierre fronterizo anunciada por Maduro y aseguró que de esa manera no se supera la crisis binacional que completa casi un mes y que deja cerca de 20.000 afectados. Asimismo, el mandatario reiteró, desde la Casa de Nariño, que está dispuesto a encontrarse con su homólogo, para dar solución a la crisis fronteriza, bajo el cumplimiento de condiciones mínimas humanitarias que beneficien a los afectados. Y advirtió que no caerá en provocaciones. Santos reveló que en la mañana de ayer le había pedido telefónicamente a su par ecuatoriano, Rafael Correa, que continuara con los esfuerzos para concretar un encuentro con Maduro para dar por cerrado el conflicto o antes posible.

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Jueves, 03 Septiembre 2015 06:12

Maduro amplía la emergencia fronteriza

Maduro amplía la emergencia fronteriza

El mandatario venezolano, que ayer incorporó a cuatro municipios fronterizos al estado de excepción, dio luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas. Santos dijo que llevará el caso a La Haya.

 

En el marco de la crisis fronteriza con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la ampliación del estado de excepción a toda la zona fronteriza del estado de Táchira. El mandatario hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa transmitido desde el país asiático. Por su parte, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que llevará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las deportaciones masivas de compatriotas suyos desde el país vecino.


El presidente venezolano explicó que el decreto de expansión permite ampliar a otros cuatro municipios de Táchira el estado de excepción, y que también da luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona. De esta forma, la norma ahora también rige en los municipios de García de Heiva, Ayacucho, Lobatera y Panamericano. El decreto establece que las autoridades podrán ejecutar registros sin la necesidad de una orden judicial previa, aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará la dignidad de las personas. Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida, que abarca unos 160 kilómetros de frontera, completando así todo el territorio limítrofe de Táchira.


Maduro señaló que Colombia debe intervenir para prohibir el contrabando a Venezuela. "Colombia tiene que tomar medidas de autoridad, de gobierno para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace en las ciudades fronterizas y en Bogotá", dijo. "El gobierno de Colombia se comprometió a corregir esto y eso lo quiero conversar personalmente con Santos". Insistió en que tomando medidas, el gobierno colombiano puede evitar el ingreso de grupos paramilitares hacia Venezuela y recordó que la crisis comenzó con un ataque el 19 de agosto que dejó tres soldados venezolanos heridos. "Llamé a Santos para que hagamos una reunión cara a cara pronto, en los próximos días voy a estar en Caracas, y busquemos en base a la verdad y al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, una solución", indicó.


Por otro lado, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anunció ayer la llegada del último contingente para completar los 3.000 soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira. También expresó que el gobierno evalúa extender el estado de excepción a algunas zonas de los estados de Zulia y Apure. "Anunciamos que donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer", dijo. El mandatario de la Asamblea sugirió, además, que se inicie un proceso de revisión de propiedades que han sido adquiridas en la frontera con Colombia, y aseguró que muchas de ellas pertenecían a venezolanos que fueron obligados a vender por parte de grupos irregulares. "Tenemos que verificar quienes adquirieron fincas, comercios e industrias, porque allí está metido el dinero del narcotráfico, contrabando, paramilitares y sicarios", afirmó. "Durante todos estos años fuimos víctimas de la violencia colombiana. Pero esta situación llegó al límite con el ataque a nuestros soldados", opinó Cabello.


En tanto, Santos dijo que su prioridad es defender los derechos humanos de los colombianos que viven en el país vecino. "Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o expulsar personas por razones de seguridad, pero no de ninguna manera puede violar el derecho internacional". Por este motivo, agregó que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, está considerando la posibilidad de presentar una denuncia ante la CPI. "Será contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma", dijo el mandatario. "La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se configuró un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana", añadió.


Santos criticó que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido rechazada el martes la solicitud de su país de convocar una reunión de cancilleres de organismo para tratar la crisis. También se quejó sobre el hecho de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) haya postergado sin fecha el encuentro de jefes de diplomacia, inicialmente planeada para hoy. Agotadas esas dos instancias, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la CPI, Santos explicó que Colombia acudirá por medio de su canciller, María Angela Holguín, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. "Colombia es una nación decente, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia y lo seguirá siendo".

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Venezuela pugna en el Consejo de Seguridad por el respeto a la soberanía: Rafael Ramírez

El embajador Rafael Ramírez, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ha encabezado este último año la presencia de la revolución bolivariana en el Consejo de Seguridad por primera vez en un cuarto de siglo, con la intención de cumplir con el objetivo del fallecido presidente Hugo Chávez de hacer valer la voz de los países en desarrollo, los países del sur en el organismo más poderoso de esta institución mundial.


En entrevista con La Jornada en sus oficinas de la misión de Venezuela ante la ONU, Ramírez recuerda que su país intentó ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad en 2006, "pero fuimos boicoteados por manipulaciones de Estados Unidos sobre todo... pero ingresamos el año pasado con una votación histórica en la que obtuvimos unos 184 votos, lo que nos dio gran legitimidad en la Asamblea General y nos permite hablar de manera clara y transparente".


Siempre apegado a la defensa de la soberanía como posición fundamental de su país, Ramírez enumeró una serie de principios que guían su presencia en el Consejo de Seguridad; destaca la exigencia de que todas las decisiones del Consejo cumplan con la Carta de la ONU, ya que se han tomado decisiones intervencionistas que violan el derecho internacional. Da como ejemplo reciente el caso de Libia, donde el resultado de la intervención internacional es un país sacudido por la ingobernabilidad, que crea un terreno propicio para el terrorismo, como ha ocurrido en otros países del norte de África y Medio Oriente.


Ramírez enfatizó la necesidad de que el Consejo de Seguridad se ajuste al respeto de la soberanía de los países, ante decisiones de intervención que se pretenden tomar, como en el caso de Siria "donde algunos miembros del Consejo de Seguridad se arrogan el derecho de decidir si un gobierno establecido en un país es legítimo o no... decisión que le corresponde al pueblo sirio".


Venezuela también se opone a que el Consejo de Seguridad pretenda tutelar a ciertos países, como es el caso de muchos en África. Más de 50 por ciento de las decisiones del Consejo se refieren a África, informa, y nosotros hemos dicho que la causa raíz de esta situación tiene que ver con el pasado colonial y los lazos que mantienen las antiguas potencias coloniales sobre esos países que pretenden tutelar.


A la vez, Venezuela aboga por una reforma tanto del Consejo de Seguridad como de otras entidades dentro del sistema de la ONU, para superar lo que se considera una estructura ya caduca que se estableció hace 70 años –con cinco países miembros permanentes con derecho de veto y otros 10 rotatorios– y que ya no refleja la realidad geopolítica actual en el mundo.


Por otro lado, junto con Chile en el Consejo se promueve el ejemplo de América Latina en muchos rubros, por ejemplo, que es una zona de paz, sin armas de destrucción masiva y que siempre privilegia la resolución pacífica de conflictos. Agregó que por los cambios políticos de los últimos años, el sur latinoamericano es una zona progresista en muchos sentidos, consolidada en mecanismos multilaterales –Unasur, el Alba, PetroCaribe, un Mercosur ampliado–, que sirve de ejemplo de una región que con cooperación y respeto a la soberanía resuelve sus conflictos, sin injerencias, comparada con otras regiones del mundo.


Hablando de conflictos regionales, se le pregunta sobre el contexto en que estalla la actual disputa venezolana con Colombia (donde, después de que contrabandistas colombianos mataron a tres militares venezolanos, Caracas cerró parte de la frontera y expulsó a unas comunidades colombianas de esa zona), y Ramírez respondió que es importante recordar que después de la muerte de Chávez, el país experimentó una agudización del asedio a nuestro proceso de cambio bolivariano bajo la concepción de que, desaparecido nuestro líder fundamental, nuestra revolución tenía sus días contados.
En ese contexto se realizaron las elecciones nacionales donde triunfó Nicolás Maduro, pero sectores de oposición rehúsan reconocer los resultados e intensifican sus ataques. El asedio, agrega Ramírez, también se da por el lado económico; nuestro país ha sido sometido a lo que calificamos como una verdadera guerra económica. Señaló que la economía enfrenta serios retos, pero no sólo por la caída del precio del petróleo, o por cuestiones estructurales, sino por un ataque económico, incluida una deliberada manipulación sobre su moneda, ataques a sus reservas, entre otras cosas, con el objetivo de "desestabilizar a nuestro país.


En este ataque a nuestro país han participado elementos de la extrema derecha colombiana, sobre todo los vinculados al ex presidente Álvaro Uribe, que han tratado de incidir en nuestra política interna con el objetivo de ampliar y extender su influencia dentro de nuestro territorio, acusó.


Cuenta que aunque se mantienen relaciones cordiales y muy respetuosas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dentro de Colombia hay fuertes sectores económicos enemigos de la revolución bolivariana, y fuertes actores vinculados al paramilitarismo que han buscado establecer zonas de influencia dentro de Venezuela.


Ante esto, argumentó Ramírez, en defensa de nuestra soberanía y de nuestra economía, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un conjunto de medidas para impedir que estos elementos al margen de la ley pasen de Colombia a Venezuela y atenten contra nuestra economía y estabilidad.


Agregó: está demostrado que esos elementos participan de manera directa en un masivo contrabando de nuestros productos con cálculos de que hasta 35 por ciento de la producción nacional de Venezuela se va hacia Colombia. Y es que existen dos modelos: nosotros tenemos uno que favorece a los sectores sociales más necesitados, y ahí en Colombia hay una economía de libre mercado, otro modelo completamente distinto. De manera tal que muchos sectores colombianos lucran e intentan aprovecharse de un conjunto de medidas diseñadas para el pueblo venezolano, al usar todo eso para un mercado negro.


Recuerda: nosotros abrigamos en nuestro territorio a cerca de 5 millones de colombianos y siempre los hemos acogido como hermanos. Somos un país profundamente bolivariano y para nosotros es una sola gran patria Colombia y Venezuela en el espíritu bolivariano. De hecho, cuando Chávez llegó al poder, regularizó a todos los inmigrantes colombianos y les otorgó todos los derechos venezolanos, porque sabíamos que muchos huían y huyen de la situación de violencia extendida de cinco décadas".

 

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Gobiernos de Colombia y Venezuela llaman a consultas a sus embajadores respectivos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y pidió se convoque a un encuentro de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para contarle al mundo lo que está pasando, al cumplirse una semana del cierre de la frontera con Venezuela. Horas después, la cancillería venezolana hizo lo propio con su embajador en Bogotá, Iván Rincón.


Revisaremos integralmente las relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y la guerra económica, sostuvo la funcionaria venezolana, Delcy Rodríguez.


Previamente, la canciller colombiana, María Ángel Holguín, informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se negó a responder a Santos para conversar sobre el cierre de la frontera que el gobernante bolivariano dispuso hace una semana en el estado de Táchira tras ataques atribuidos a paramilitares colombianos. Holguín dijo que las deportaciones masivas violan el derecho internacional humanitario.


En un mensaje a la nación, Santos dijo que dará prioridad al diálogo, pero advirtió: no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y al gobierno de esta forma.


Ante del anuncio de Santos, Maduro aseveró que la línea divisoria se reabrirá cuando Santos realice acciones para evitar agresiones a Venezuela, y le pidió prohibir la venta en Colombia de productos extraídos ilegalmente de su país y los ataques a la moneda venezolana.


Afirmó que su homólogo es víctima del engaño de medios de comunicación enemigos de la revolución bolivariana, y sostuvo que tiene pruebas de las tergiversaciones sobre el trato dado a los colombianos en la frontera y en el país, así como a los deportados.


Subrayó que su país recibió generosamente a 5 millones 600 mil colombianos, 800 mil en los últimos nueve años.
En Caracas, unos 13 mil enfermos de cáncer de mama, hemofilia y a quienes les han trasplantado órganos protestaron este jueves aquí para exigir medicamentos indispensables en un país afectado por una severa escasez.


El control de cambios, la caída en la producción nacional y el contrabando han reducido los suministros de medicinas. Se estima que siete de cada 10 fármacos no están disponibles.


La palabra espera no existe para los trasplantados. El medicamento es día a día. Si no se tienen, en cuestión de días el paciente colapsa, explicó a Reuters Alfredo Quintero, de 52 años, quien recibió un trasplante de riñón y tiene disponibilidad del medicamento hasta el 6 de septiembre.


Maduro ha atribuido la escasez a una guerra económica, que, afirma, es liderada por empresarios a quienes acusa de acaparamiento y contrabando.


El fallecido Hugo Chávez, antecesor de Maduro, construyó clínicas y consultorios gratuitos en las barriadas, lo que generó una disminución en problemas como la mortalidad materna.


El gobierno ha dejado de publicar indicadores de salud. Los hospitales están rebasados, los médicos abandonan el sector público y escasean insumos básicos.

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Una política de fronteras no puede ser construida sobre el chovinismo.

En la disputa fronteriza entre Colombia-Venezuela el blanco no puede ser el pueblo, el blanco es la estructura mafiosa fronteriza.

 

Es dolorosa la imagen repetida de colombianos expulsados de Venezuela, con miradas angustiadas y desesperanzadas, con sus corotos a cuestas. Los grandes medios colombianos dicen que parecen a los judíos bajo el régimen nazi, el gobierno venezolano dice que son base social del paramilitarismo. El chovinismo (nacionalismo cargado de odio) se expande en los dos países. Sin embargo una solución estable y duradera en este espacio social binacional, requiere poner fin a unas condiciones históricas y políticas impuestas por actores sociales que han generado la crisis social, económica y política fronteriza. Una mirada histórica puede ayudar a entender lo que está en juego.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Esta frontera empezó a delimitarse a partir de la tercera década del siglo XIX para establecer acuerdos diplomáticos sobre el territorio de los dos Estados nacientes que estaban por entonces inventando una nación y un territorio, para lo cual requerían ejercer control sobre una región y una población con lazos históricos y culturales existentes con anterioridad a la existencia de la convención fronteriza. Particularmente la zona fronteriza Táchira-Norte de Santander ha sido históricamente un espacio de intercambios sociales, culturales y políticos, anhelado por la población como zona de flujos y oportunidades, pero usado por poderes políticos y económicos, legales e ilegales como espacio de usufructo y enriquecimiento particular. La frontera es un bien común, o por lo menos a eso aspira el pueblo que habita en el territorio binacional.

La frontera y sus cierres

Sin embargo las fronteras has sido vistas históricamente con recelo y sospecha por parte de todos los Estados, y Colombia y Venezuela no han sido la excepción. A lo largo del siglo XIX el espacio fronterizo se convirtió en un mundo de intercambios económicos, y en zona de refugio de los perseguidos políticos de ambos países. La élite tachirense siempre vio a Colombia como una oportunidad para formar a sus hijos en los colegios y universidades de Pamplona, Bucaramanga y Tunja. Y los comerciantes colombianos de cacao y el café cultivado en el departamento de Santander, encontraron por décadas en el puerto de Maracaibo en Venezuela, la principal salida para sus exportaciones. Así desde finales de siglo XIX y hasta mediados del siglo XX Cúcuta y Maracaibo fueron polos de un pujante entramado económico y social que dinamizo la vida binacional. Este auge tuvo un primer declive con la gran depresión de 1929 y los efectos de la segunda guerra mundial, tiempo en que disminuyó la exportación del café del oriente colombiano.

Para regularizar los intercambios económicos y controlar la inquieta población binacional, que no quería ser enmarcada como exclusivamente de un estado-nación, los gobiernos de los países establecieron en 1942 el Estatuto del Régimen Fronterizo, un primer intento de regulación comercial y de control laboral de la población que a ambos lados de la frontera mantenía intercambios sociales, culturales, comerciales y laborales.

Empero, a la decadencia del café del oriente, se le sumó la ola migratoria de refugiados colombianos que huían de la represión estatal de los años 40 y 50. Además en 1953 se cerró el Puerto de Maracaibo para la exportación cafetera colombiana, quedado miles de braceros colombianos en el desempleo. Población flotante, desempleo e inseguridad llevaron a los dos Estados a buscar soluciones comunes, para esto firmaron en 1959 el Tratado de Tonchalá, en el marco del primer gobierno del Punto Fijo (pacto oligárquico venezolano) y del primer gobierno del Frente nacional (pacto oligárquico colombiano). El bloque oligárquico binacional aspiraba con este tratado a regular el libre tránsito de la población entre las ciudades de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Urueña, para lo cual se propusieron censar a la población de cada país residente en el país vecino, legalizar su situación, y sobre todo regularizar la situación de los trabajadores agrícolas e industriales principalmente colombianos, que recibían mal tratos laborales y sociales por los empresarios venezolanos. En los años posteriores para conmemorar el tratado, los gobiernos de ambos países promovieron festivales de la integración nacional en Cúcuta y San Antonio, con reinados, corridas de toros, bailes populares y fiestas en los salones exclusivos de las dos ciudades.

Pero las efusivas expectativas de integración se fueron deteriorando poco a poco. En 1960 seguidores del dictador Pérez Jiménez fracasaron en un intento de golpe de Estado y buscaron refugio en la frontera con Cúcuta. Para combatirlos el gobierno venezolano Rómulo Betancur ordenó un primer cierre de la frontera en abril de 1960, lo que le permitió capturar a los militares golpistas. Este cierre afectó a la población de ambos países, cuya cotidianidad era hasta entonces transfronteriza.

A lo largo de la década de 1960 y al amparo del Tratado de Tonchalá, aparecieron bandas de contrabandistas de ganado colombiano hacia el Estado de Zulia, por lo que el 9 de julio de 1972, el presidente venezolano Rafael Caldera ordenó un nuevo cierre de la frontera de Táchira para combatir a la mafia contrabandista.

En la década de 1970 y 1980 se juntaron dos dinámicas sociales, de una parte el boom petrolero venezolano que atrajo a miles de colombianos pobres en busca de una imaginada tierra de promisión. Simultáneamente se inició el ciclo de la siembra y exportación de marihuana en el espacio fronterizo. Para combatir la oleada migratoria y el naciente narcotráfico, que ya había penetrado a sectores políticos y policiales de Norte de Santander y Táchira, desde caracas se ordenó el presidente Herrera Campins ordenó la persecución y deportación de miles de colombianos indocumentados. La más mencionada fue el diciembre negro de 1980, sobre la que incluso se han escrito narrativas y se han hecho telenovelas colombianas. Luego en diciembre de 1982 ese mismo gobierno cerró nuevamente la frontera, pero esta vez en la zona limítrofe con la Guajira, en los municipios de La Playa y Paraguachón, argumentando que más de 30 mil colombianos habían ingresado como turistas, pero en realidad habían ido en busca de trabajando, dejando en la pobreza a los "nativos" venezolanos.

La frontera y el conflicto armado colombiano

A este espacio binacional ya de por sí conflictivo se le agrega el conflicto armado colombiano reciente. Desde la década de 1980 se empezó a registra presencia de las guerrillas colombianas en la zona de frontera, y en la década de 1990 apareció la respuesta paramilitar, apoyada por empresarios, políticos y militares, con intereses en la zona de frontera y que buscaban beneficiarse de las medidas de Apertura Económica decreta en Colombia por el gobernó neoliberal de César Gaviria Trujillo en 1991. Este proyecto neoliberal fronterizo acudió a la creación del Bloque Fronteras y del Bloque Catatumbo de los paramilitares colombianos, cuya presencia generó en la región una de las versiones más salvajes del capitalismo: libre comercio, desempleo, contrabando, prostitución, mafia de la gasolina, segregación espacial en la ciudad de Cúcuta: barrios de desplazados y barrios de los estratos más altos de la región, que sin ningún reparo ostentan su modo de vida ante la miseria de la mayoría. Defender este orden económico exigió la vía paramilitar y sus manifestaciones sociales, culturales, urbanas y políticas.

Al comenzar el siglo XXI la frontera va a ser objeto de nuevos conflictos. En Colombia se instaló un gobierno de ultraderecha y en Venezuela un gobierno de izquierda. Ambos proyectos políticos miraron con sospecha lo que sucede en ese espacio binacional. La desmovilización del bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras en 2005, dio paso al surgimiento de nuevos grupos paramilitares, que operan en ambos países: urabeños, águilas negras, rastrojos. El gobierno venezolano tanto de Chávez como de Nicolás Maduro insistió en que estos grupos aprovechaban el marco del Tratado de Tonchalá, para asentarse en la región y establecer relaciones económicas y políticas con la oposición venezolana, que ha tenido uno de sus fortines políticos en el Táchira. Igualmente el gobierno de Uribe Vélez reclamó permanentemente a Venezuela que protegía campamentos de la guerrilla colombiana. Esta situación estuvo a punto de estallar como un conflicto mayor a lo largo de la primera década del siglo XXI.

El inició de las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, distencionó inicialmente el conflicto fronterizo. No obstante el crecimiento mafioso del contrabando, la gasolina y el narcotráfico en manos de los Rastrojos y los Urabeños, sus continuos enfrentamientos, la perpetración de masacres asociadas al control de población de los municipios del se ha convertido en un nuevo elemento de tensión entre los dos países. Lo cierto es que ni las autoridades nacionales colombianas y de Norte de Santander han querido atender las reclamaciones venezolanas, tampoco el gobierno del Tachira, opuesto a Maduro ha buscado medidas para controlar la delincuencia. No gratuitamente Chávez en su tiempo denunciaba a la policía de Táchira, como bastión del paramilitarismo colombiano.

Un nuevo tratado binacional es urgente

La reciente crisis se genera en un contexto altamente complejo. Crisis económica en Venezuela, inestabilidad política del proyecto bolivariano, incremento de la mafia paramilitar, nexos entre mafias y políticos de oposición y próximas elecciones territoriales en Diciembre de 2015 en Venezuela. La decisión de Maduro de imponer un estado de excepción en la zona de frontera y las medidas contra los colombianos, la destrucción de sus propiedades, la deportación violente es desesperada y arbitraria, no es para nada justificable, pero se entiende en ese entramado de un conflicto fronterizo de larga data, desatendida por los Estados de los dos países y enmarcada en un tratado binacional a todas luces obsoleto. Las apelaciones al chovinismo en ambos países no contribuye a comprender lo que está en juego, el blanco no puede ser la población colombiana, el responsable de esta situación es la presencia mafiosa del paramilitarismo y sus vínculos con las autoridades políticas y líderes empresariales de Cúcuta y San Cristóbal. No sirve de nada el chovinismo al que apela el uribismo, la gran prensa y los políticos. Es urgente un nuevo tratado que se entronque en una apuesta de respeto a los derechos transfronterizos del pueblo, a la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos y a la solidaridad e integración entre países hermanos

 

Por Frank Molano Camargo
Historiador y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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Martes, 25 Agosto 2015 08:13

Nos faltan 72 migrantes

Nos faltan 72 migrantes

La noche anterior lo habíamos escuchado en las noticias, nos cayó como un balde de agua fría, en México habían asesinado a 72 migrantes centroamericanos. Hay que ser indocumentado y atravesar territorios en las migraciones forzadas y en absoluta clandestinidad para entender la ansiedad, la ira, la paranoia y el inmenso dolor que deja en un ser humano una experiencia de esta magnitud. Jamás se vuelve a ser igual.

Recuerdo que al día siguiente yendo hacia el gimnasio me encontré en la entrada a un conocido mexicano, que cuando me vio se me lanzó encima totalmente acongojado y me abrazó fuerte y me pidió perdón en nombre de su pueblo, él era oriundo de Tamaulipas. Se sentía avergonzado, lloró desconsolado en mis brazos, la muerte de los 72 nos pegaba fuerte a los dos y a los miles que hemos cruzado las fronteras de la muerte y por desgracia haberlas sobrevivido porque nos queda la memoria y el dolor de estar vivos. El preguntarnos todos los días, ¿por qué nosotros estamos vivos y ellos no?

La noticia se regó como pólvora y el mundo supo de un lugar llamado Tamaulipas y por unos segundos el peregrinar de los migrantes indocumentados que atraviesan territorio mexicano en busca de Estados Unidos. Lo cierto es que quienes llevamos las huellas de la frontera en nuestra piel sabemos que el número es lo de menos, que todos los días desaparecen y mueren indocumentados en territorio mexicano y en la frontera. Que violan, golpean, torturan migrantes tanto policías mexicanos como los estadounidenses de la Patrulla Fronteriza. Que todos estamos expuestos. Que las mujeres somos las más vulnerables. Que antes de los 72 hubieron miles más, por docenas, por montones que se denunció y las autoridades le dieron carpetazo. Que lo de los 72 fue la tragedia escalofriante, como las que hubieron antes y que están ocultas ahí en las fosas clandestinas por el mismo gobierno mexicano. En el desierto de Sonora-Arizona por el mismo gobierno estadounidense.

Si las aguas del río Bravo hablaran, si pudiera hablar la oscurana del desierto, si pudieran hablar los cactus, los caminos empolvados, aquellos cerros, las vías de tren. Ay, si yo pudiera olvidar, si pudiéramos olvidar todos los que somos post frontera. Se nos secó el alma en la travesía. Nos mataron a 72 hermanos, de ellos lo sabemos por las noticias. Pero nos han matado miles, han violado a miles de niños, niñas y mujeres. Les han quitado los órganos y desmembrado a miles y lanzado su carne a las llamas en un tonel lleno de gasolina para que no quede rastro alguno. Sus nombres han sido borrados de los registros de denuncias, las paredes de los centros de detención han sido testigos de la barbarie. Sus cuerpos cercenados quedan expuestos en las vías del tren. Se ahogan los gritos y el llanto de las niñas que son violadas en los vagones. Y los asaltan y los maltratan los mismos policías que forman parte de las bandas delictivas que se hacen millonarias a costillas del tráfico, tortura, violación, desaparición y asesinatos de migrantes indocumentados.

Por desgracia después de los 72 han sido más. Cinco años después de aquella tragedia se sigue criminalizando a los migrantes. Se ha triplicado en número de migrantes que emigran a fuerza de la denigración del sistema en sus propios países de origen. Se habla de país de origen, tránsito, llegada y retorno. Todos al final criminalizan al ser humano estigmatizado por su condición de indocumentado y extranjero. Lo re victimizan.

Nos faltan 72 migrantes indocumentados. Nos hacen falta miles alrededor del mundo. ¿Quién los nombra? ¿Quién los busca? ¿Quién los trata con humanidad? ¿Quién los visibiliza? ¿Quién los honra? Ningún ser humano es ilegal. ¿Quién será capaz de detener estas masivas migraciones forzadas? ¿Qué sistema? ¿Qué gobierno? ¿Qué humanidad?

Del ser humano indocumentado se aprovechan miles, directores de cine que con documentales se hacen un nombre y caminan en alfombras rojas y reciben distinciones presidenciales. También llenan sus cuentas bancarias con las regalías. Con el apoyo que reciben de organizaciones humanitarias que les creen lo de buena fe y honestos.

Del indocumentado se aprovechan los gobiernos, las redes de trata de personas, los mismos presentadores de noticias que brillan cuando masacres como la de la 72 los coloca en tarimas por la cobertura amarillista que jamás denunciará a os que debe, y los premia con distinciones en diplomas, trofeos y cheques.

Del indocumentado se aprovecha el chucho y el coche. Pero quién, ¿quién lo dignifica?

¿Y la sociedad? ¿Los intelectuales? ¿Los que pertenecen al gremio de los titulados y organizaciones sociales? ¿Los que oran día y noche? ¿Quién en potestad ocupa su espacio de difusión para nombrar a los migrantes indocumentados? ¿Para exigir sus Derechos Humanos? ¿Para exigir que se juzgue a los culpables de este genocidio mundial?

¿Y usted que lee estas letras, qué está haciendo para visibilizar esta barbarie? ¿Qué está haciendo para detenerla? ¿Usted se atrevería a nombrarlos?

Por los 72. Por los miles alrededor del mundo. Por los que ya no están, por los que están y por los que vienen. Por los que somos post frontera, qué el dolor de estar vivos nos sea breve.

#NosFaltan72

#NingunSerHumanoEsIlegal

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado.

Agosto 25 de 2015.

Estados Unidos.

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Lunes, 24 Agosto 2015 06:31

Ese mal que es el estado–nación

Ese mal que es el estado–nación

El estado–nación es un mal, y sin espacio a la teología, no es un mal necesario. Ha implicado ontológicamente guerra y destrucción, chauvinismo y sentido de "patria".



En la antigüedad, ciertamente a partir de los antecedentes de la Grecia antigua, una de las madres de Occidente —conjuntamente con Roma y Jerusalén, para decirlo de forma abreviada—, existían las ciudades—estados. Después vinieron los feudos y los shogunatos, antecedidos y sucedidos siempre por la emergencia de imperios diversos: el español y el portugués, el holandés y el británico, hasta la fecha, por ejemplo.


Desde el punto de vista evolutivo, la bondad de un órgano se funda exactamente en su función. En otras palabras, la racionalidad y justificación de un órgano estriban en lo que hacen; esto es, exactamente, en su función evolutiva.
Al estado–nación, ese engendro que nace en el siglo XIX —grosso modo—, no hay que comprenderlo por lo que dice de sí mismo, sino por lo que hace. Los mitos fundacionales siempre tienen algo de mágico y narrativo. En contraste, la bondad o maldad, la necesidad o no de un organismo estriba en lo que hace, y cómo lo hace. Ello le brinda ventajas selectivas, o bien revela adaptaciones indeseables, patológicas al cabo. Tal es el caso de las enfermedades, por ejemplo.


El estado–nación tan pronto nace revela sus patologías: la guerras de unificación, en Alemania, Italia o esa forma particular que fueron las guerras de independencia, por ejemplo, en América Latina. Y los hubo de todos los tipos: estados artificiales, como el Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Holanda), o centrados en un imaginario centenario, como fue el caso de Alemania o Francia. Hubo numerosos estados en los que la lengua nacional no se habló propiamente hasta bien entrado el siglo XIX, pues, en ocasiones, la lengua oficial era extranjera: el francés en las cortes españolas, los numerosos dialectos, en el caso francés, y así sucesivamente.


Decir que el estado nacional es concomitante con las burguesías nacionales resulta ya, a estas horas de la vida, un truismo. El triunfo social y político, cultural y militar de las burguesías nacionales fue la constitución de su estado. A semejanza del medioevo, el estado–nación es la continuación de los territorios feudales por otros medios. Para ello, las distintas burguesías crearon o adecuaron modelos foráneos del derecho. Así, dicho de forma genérica, el derecho se convirtió en la gramática de la política. Y la política, sencillamente en la legitimación de la economía, esto es, de un sistema de propiedad. Nacía y se consolidaba así, filosóficamente, el liberalismo: derecho a la propiedad y la dignidad de la persona. Sobre las bases del estado–nación.


Como bien lo vio en su momento U. Beck, el estado–nación no es otra cosa que el estado como un contenedor (exactamente a la manera de los contenedores de los puertos marítimos alrededor del mundo, por ejemplo): todo es posible al interior del estado, y nada es posible por fuera del mismo.


Pero tan pronto nace, el estado–nación revela su verdadera esencia: la violencia en todas sus formas: las guerras justas e injustas (horribile dictum).


En perspectiva histórica —esto es, notablemente a largo plazo (longue durée)—, tan pronto nace el estado–nación divide y guerrea. Los mejores productos de la historia del estado–nación son, entre otros, sin lugar a dudas:


• La primera guerra mundial (1914–1918)
• La segunda guerra mundial (1939–1945)
• La guerra de Corea (1950–1953)
• La guerra de Vietnam (Vietnam, Laos y Cambodia) (1955–1975)
• Todos los sistemas de neocolonialismo (en África y regiones de Asia) (años 1960)
• Las dictaduras de América Latina (años 1970)
• Las diferentes guerras de los Balcanes (Eslovenia [1991], Croacia [1991–1995], Bosnia [1992–1995] Kosovo [1998–1999])
• Las guerras de Irak (2003 hasta la fecha)
• La guerra de las Malvinas (o islas Falkland)
• Las guerras de Afganistán (2001 hasta la fecha)
• La guerra en Ucrania (2013 a la fecha)


Y ello para no mencionar el conflicto árabe–judío y palestino–judío, la guerra de y entorno al Estado Islámico, las guerras religiosas entre católicos y protestantes en Irlanda, y muchas más.


No sin ironía, la Unión Europea se vanagloria del período de paz más extenso en la historia en territorio europeo. Cuando la verdad es que han exportado guerras y han mantenido los conflictos tan lejos como han podido. Sin mencionar esa guerra inhumana que es la tragedia de los africanos por entrar a Europa buscando condiciones para sobrevivir, una situación producto de la propia Unión Europea, y Estados Unidos.


Digámoslo directamente y sin ambages: el estado–nación es un mal, y sin espacio a la teología, no es un mal necesario. Ha implicado ontológicamente guerra y destrucción, chauvinismo y sentido de "patria" (sic). Desde luego que existen los albaceas y testaferros del estado–nación: su mito fundacional y su historia, sus signos y símbolos. La geografía nacional y el derecho administrativo, y siempre la tensión entre centro y periferia (la capital y la provincia). Con todo y los consabidos gastos y presupuestos militares y de seguridad onerosos, que tan sólo benefician a los grande fabricantes mundiales de armamento.


Cuando se escriba la historia de la infamia mundial, un capítulo central será ese engendro que es el estado–nación. Ese pequeño ego nacional y patriótico, esa identidad nacional y cultural, al cabo.


En contraste, la naturaleza no conoce de aduanas ni fronteras, de sistemas de seguridad y administración nacionales y regionales. Existe un concepto preciso que, desde la ecología, cabe perfectamente para la geopolítica mundial —con todos y sus flambeantes organismos multilaterales (sic)—. Se trata de la pathocenosis. La pathocenosis (un concepto que debemos originariamente a M. D. Grmek) designa la idea de que también los biomas y los nichos, los ecosistemas y los paisajes naturales enferman, como es efectivamente el caso. Pues bien, el estado–nación expresa, en el plano de la política, la geografía y los pequeños sentimientos nacionales, la sensación de pathocenosis. Enfermedad ecológica a gran escala. Y entonces, sí: el estado–nación se revela como una auténtica patología —en este caso, cultural y jurídica, administrativa y policial.


Digámoslo en categorías históricas: el estado–nación es una enfermedad producida por las burguesías nacionales, que es, en buena medicina, el lugar donde se incuba la pathocenosis.

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Antes de las 9 de ayer los ex presidentes de Chile Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Sebastián Piñera (2010-2014) ya estaban acomodados en el interior del palacio presidencial de La Moneda. Habían sido invitados por la actual jefa de Estado, Michelle Bachelet, quien los recibió junto al canciller Heraldo Muñoz y Felipe Bulnes, el agente chileno designado para el juicio que el país mantiene con Bolivia en La Haya. La idea era analizar con los ex mandatarios la demanda impulsada por el gobierno de Evo Morales y cuya memoria fue presentada hace unas semanas.

 

La cita se extendió por casi dos horas. La primera en hablar fue la propia Bachelet, quien señaló el aporte de sus antecesores para enfrentar un nuevo litigio que planea sobre el gobierno chileno. "Hemos recogido sus opiniones que nos van a ayudar en los pasos a seguir. La experiencia de los ex presidentes es realmente una experiencia que nos parece muy valiosa a considerar... Quiero transmitir la total confianza que Chile tiene en nuestra posición y asegurar que vamos a ejercer vigorosamente todos los derechos que tenemos para asegurar los derechos de nuestro país", sostuvo la doctora socialista.


"Sin duda hoy ha quedado clara la intangibilidad del Tratado de 1904", agregó la presidenta, haciendo alusión al Tratado de Paz y Amistad firmado ese año por ambos países y donde quedó reconocido el "dominio absoluto y perpetuo de Chile" de los territorios ocupados en la Guerra del Pacífico y que, entre otras cosas, dejó sin mar a Bolivia. Más categórico fue Lagos, quien sostuvo que "lo más probable es que haya una decisión de impugnar la competencia de la Corte" de La Haya. "La razón, el derecho está de nuestra parte y también los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de nuestra historia para que Bolivia pueda tener un resultado favorable. Pero esa buena voluntad no puede dar origen a un derecho como están pretendiendo los amigos bolivianos", sostuvo.


El ex presidente incluso apeló a la historia para reafirmar sus dichos: "Hay que entender que el tratado de 1904 se hizo a petición de Bolivia. Ese tratado no fue impuesto y eso hay que hacerlo ver en la comunidad internacional. Cuando Bolivia nació a la vida independiente eran más de dos millones de kilómetros cuadrados de territorio, hoy tiene la mitad. Sólo el 10 por ciento de lo que ha perdido Bolivia está en poder de Chile. El otro 90 por ciento es parte de Brasil, Perú, Paraguay y Argentina hoy. En consecuencia, colocar el enfoque exclusivamente en Chile no me parece", sentenció el abogado y economista socialista.


Por su parte, el democratacristiano Frei puso el acento en la unidad y la colaboración que es fundamental para llevar adelante este proceso. Acto seguido resaltó la unanimidad por parte de los ex mandatarios frente a la idea de invocar la incompetencia de la Corte de La Haya. "Creo que la presidenta ha sido muy clara. El concepto de unidad y colaboración es fundamental, es así como tenemos que actuar. Todos estamos conscientes de que éste es un tema central para Chile. El momento, la fórmula y el espacio en el cual el gobierno va a tomar la decisión es una responsabilidad que le corresponde a la presidenta", dijo.


Junto a ello, Frei consideró improcedentes las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en su reciente visita a Chile respaldó la aspiración marítima boliviana. "La postura del presidente de Ecuador me parece que no corresponde frente a un tema que es una disputa que ha presentado Bolivia en La Haya y, por lo tanto, tampoco es un tema regional", puntualizó. El último en hablar fue el derechista Piñera. "En materias internacionales la unidad y la colaboración entre todos los chilenos es fundamental y en esta reunión todos le hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar con el gobierno", dijo. Agregó que "estoy convencido de que la demanda boliviana no tiene fundamentos ni jurídicos ni de hechos, y por eso pienso que la Corte no tiene competencia jurídica para este caso". Según el análisis del diario La Tercera, entre las distintas alternativas que tiene Bachelet para enfrentar este litigio, está la de impugnar la competencia del Tribunal Internacional, argumentando que éste no tendría las facultades para revisar tratados anteriores al Pacto de Bogotá de 1948 (pacto que le da jurisdicción a la Corte). En este escenario, el Tratado de Paz de 1904 podría no ser considerado por la entidad. Esta opción se podría concretar antes del 15 de julio. De igual manera, la impugnación a la Corte se puede realizar también a través de la contramemoria chilena, la que debe ser presentada antes de mediados de febrero del 2014.


Finalmente, el canciller Heraldo Muñoz reafirmó que Chile defenderá el Tratado de 1904 y queda aún por escuchar a los jefes de partido y al Congreso. "Una vez que eso esté concluido, le daremos recomendaciones a la presidenta y ella decidirá el camino... Lo que está muy claro para nosotros es que Bolivia tiene hoy por tratados de salida no soberana al mar, tienen el más amplio y libre tránsito por nuestros puertos, tiene facilidades y beneficios que no tiene ningún país mediterráneo del mundo y, por lo tanto, no tenemos nada que explicar al respecto, y acá lo que corresponde es respetar los tratados válidos y vigentes."

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Miércoles, 23 Abril 2014 08:21

Hacia un Mundo sin Estados-Nación

Hacia un Mundo sin Estados-Nación

En el mundo contemporáneo ya se pueden ver indicios de que nos encaminamos hacia un escenario global que carecerá de Estados y fronteras territoriales. Crecientemente las interacciones que suceden a nivel local entre individuos, ciudades, empresas, vendedores, compradores, instituciones, organizaciones, entre otros, y, puntualmente, sus intercambios de información, energía, comercio y personas se hacen de manera directa o sin que medien necesariamente Estados. En vez de éstos, otros tipos de organizaciones en distintos niveles más globalizados y más locales –menos intermedios– van emergiendo. De hecho, las decisiones políticas más importantes que se toman hoy día tienen lugar en niveles de actuación y por actores diferentes a los Estados, pues éstos pierden relevancia a medida que el mundo se organiza primariamente a partir de intercambios en redes de información.

 

Cabe aclarar que, gracias a la proliferación de internet y de tecnologías de comunicación basadas en microelectrónica, local ya no necesariamente implica una noción espacial de geografía, sino que está relacionado con cuan directa es una interacción. Por ejemplo, un vendedor y un comprador en internet comerciando en dos lugares antípodas del mundo intercambian información de manera local si interactúan de manera directa. Internet es, de hecho, uno de esos factores que más puede potenciar exponencialmente el debilitamiento a futuro de los Estados-Nación, dada su influencia en los procesos contemporáneos de construcción de identidad. En otras palabras, internet abre la puerta para que la identidad hoy ya no se defina o dependa exclusivamente de factores geográficos –o históricos– como la adscripción a un territorio. De igual manera, tampoco depende pertenecer a una población específica, pues, para gran parte de los individuos que cuentan con acceso libre a internet, la identidad se construye a partir de lo que se quiere ser –gustos y motivaciones personales– y no de la identidad que se tiene al nacer.

 

Esta idea se contrapone a la manera como los Estados desde su nivel intermedio en el sistema global (por debajo de las regiones y por encima de las ciudades) buscan regular los procesos y dinámicas, idiomas, políticas y regulaciones locales y globales partiendo siempre de una noción geográfica de identidad, muy al estilo de nuestras democracias representativas contemporáneas.

 

En el largo plazo, lo anteriormente dicho puede llevar a que a los estados-nación progresivamente les sea más difícil contener a su población e intentar unificarla por medio de símbolos que parten de la historia y de una definición geográfica, ego limitada, de identidad. En el mediano y largo plazo, esto puede llevar a una búsqueda de independencia o autonomía como agentes en un escenario global por parte de un número creciente de comunidades, regiones, ciudades o pueblos desde el interior de lo que hoy son los Estados. En la práctica, estaríamos hablando de situaciones que van desde la independencia total política, jurídica, administrativa y militar, hasta potestad y autonomía sobre decisiones tales como la elección de los principales socios económicos, las lenguas oficiales o determinada prohibición. Ejemplos contemporáneos de este creciente fenómeno de desestatización son País Vasco en España, Irlanda en Gran Bretaña, los Kurdos al norte de Siria y, más recientemente, Crimea en Ucrania. Aunque la lista podría continuarse de manera extensiva.

 

La creación de comunidades supra que engloban varios países también es un indicador del debilitamiento paulatino de su capacidad de movilización, representación y maniobra. Los bloques y regiones como entidades coordinadoras de la toma de decisiones en el globo casi ya se posicionan por delante de los Estados. De ahí la flexibilización incremental de las políticas de visa a nivel mundial. Es por ello que proyectos como el que exime de la visa Shengen a los colombianos no debería causar ningún tipo de sorpresa, pues la necesidad de dejar de imponer artificialmente límites a los grados de libertad de la interdependencia económica, social, educativa, cultural, etc., es cada vez es más notoria. El camino hacia un mundo que se globaliza desde los intercambios locales y el flujo de información directo globalizado ya no tiene vuelta atrás. Ello no quiere decir, claro está, que podremos hablar de una unificación u homogenización de ideologías, causas, orientaciones políticas, tendencias morales, entre otros. La complejidad de los sistemas sociales humanos les implica –y les implicará– una creciente diversidad.

 

Aparte de organizaciones supranacionales, las empresas multinacionales también imponen regulaciones sobre los Estados, sometiendo las decisiones de políticas internas y las arancelarias a su conveniencia, lo cual dice mucho del debilitamiento paulatino de los Estados como articuladores principales de las dinámicas globales.
A medida que el mundo se hace más complejo e interconectado, las dinámicas sociopolíticas, culturales, afectivas, económicas, etc., ya no pueden estar mediadas por niveles intermedios de toma de decisión. Su complejidad es tal que a los Estados les queda dramáticamente difícil, por no decir imposible, controlar. En suma, a medida que se las interacciones locales se independizan de niveles intermedios y se abren nuevos espacios que superan la capacidad de decisión y actuación de los Estados, tiene lugar un debilitamiento progresivo de éstos. Como ya se dijo, lo anterior se ve alimentado por sistemas como internet o las redes sociales cuando operan como espacios de actuación política, ya que aumentan la red local de intercambios e interacciones en el mundo, lo cual conlleva a un detrimento progresivo de la capacidad de los Estados para procesar y aprovechar la complejidad de los sistemas sociales sobre los que se impone.


En el mundo contemporáneo, el triunfo de un individuo, de una ciudad, de una universidad o de una empresa depende de las interacciones locales que tenga en la red global, más no de su origen y adscripción geográfica –en caso de que la tenga. Ello quiere decir que a futuro ya no primará la idea de que las dinámicas locales tienen que darse en el marco de y con fines estatales. Es muy probable que se sigan formando comunidades multiniveles de toma de decisión, posiblemente heterárquicas y sin estar adscritas a una noción espacial geográfica de territorio.


* Profesora e investigadora de la Universidad del Rosario.

 

Publicado enEdición Nº201
Domingo, 15 Septiembre 2013 06:39

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia indemniza por el glifosato

Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares para compensar a los campesinos ecuatorianos afectados por esparcir glifosato sobre plantaciones de coca cercanas a la frontera común entre los años 2000 y 2007. Ecuador desistió de su demanda, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, luego de llegar a un acuerdo diplomático en el que Colombia asumió compromisos que no habrían sido conseguidos en un fallo de la Corte, según señaló el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño. Quito pretendía que la CIJ reconociera que Bogotá violó su soberanía e integridad territorial por su práctica de fumigaciones aéreas, que habría causado daños al país, a su población y a su medio ambiente. También pidió una orden para que Colombia restrinja las fumigaciones a una distancia de 10 kilómetros de la frontera binacional y el pago de reparaciones económicas para los afectados.

 

Una comisión científica, conformada en Ecuador, estableció que las fumigaciones se realizaron con un componente herbicida tóxico que causó daño en la salud de las personas, afectaciones psicológicas, contaminación de la cadena alimentaria y afectó la biodiversidad y el ecosistema. Además generó un enorme número de desplazados y refugiados. “Con este gobierno (de Juan Manuel Santos), ha habido mucho más respeto, mucha más coordinación y, por mantener las mejores relaciones con Colombia, nos propusieron un diálogo, llegar a un acuerdo para superar este doloroso episodio”, señaló el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

 

Desde Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, saludó el entendimiento. “Esta solución es una buena noticia para la diplomacia, una buena noticia para Colombia, una buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador y para nuestras relaciones regionales, entre menos pleitos tengamos mejores serán las relaciones”, había expresado el jueves. “Quiero agradecerle nuevamente al presidente (Rafael) Correa, lo hice vía telefónica, su buena disposición y su buena voluntad para que lográramos lo que hoy estamos protocolizando.”

 

El procurador general de Ecuador, Diego García, comunicó al tribunal de La Haya la decisión, tras ratificar un acuerdo alcanzado por los gobiernos para poner fin al litigio, según un mensaje oficial. “Quito y Bogotá dieron por terminada la disputa existente entre las dos naciones relacionada con la erradicación aérea de los cultivos ilícitos en la zona común”, señaló la Procuraduría, que actúa como abogado del Estado.

 

“Nosotros (el gobierno ecuatoriano) no hemos cedido; me parece que el acuerdo al que hemos llegado supera las expectativas que teníamos en la Corte Internacional de Justicia, donde los jueces pueden fallar como ellos quieren”, dijo el vicecanciller de Ecuador, Marco Albuja. El funcionario agregó que con el desistimiento, el gobierno de Correa no ha cedido en sus reclamos ya que se consiguieron cosas interesantes en el acuerdo firmado con Bogotá. “Si Colombia falla o no cumple con los compromisos, nosotros tenemos la posibilidad de ir nuevamente a la Corte Internacional de Justicia porque ahí sí estaría violando una obligación internacional”, apuntó. Destacó que el acuerdo protege los asentamientos humanos de la zona de frontera.

 

Colombia podrá reanudar sus aspersiones a no más de 40 metros de altura y respetando una franja de diez kilómetros de frontera. Esta zona de exclusión podrá reducirse a cinco kilómetros en el segundo año y hasta dos kilómetros en adelante, siempre y cuando la comisión científica binacional compruebe y certifique que el herbicida no llegue al territorio ecuatoriano. Además, no podrá cambiar los componentes de la mezcla utilizada en las aspersiones y deberá informar a Ecuador con 10 días de antelación sobre las actividades áreas de fumigación, entre otros puntos.

 

“Mantener una diferencia entre los dos países lo que hace es distorsionar todo el potencial que tenemos para sacar adelante una importante y amplia agenda binacional. De este acuerdo hay un gran ganador, que es el proceso de integración binacional”, consideró el embajador de Colombia en Quito, Ricardo Lozano. Por su parte, Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (Forccofes), cuestionó que el acuerdo no haya incluido a los habitantes del lugar cuando hay alrededor de 10 mil personas afectadas por las aspersiones colombianas. Esta organización, junto a otros activistas, publicó una carta abierta al presidente Correa, en la que cuestiona que el acuerdo “no sólo podría verse como que se están minimizando los gravísimos impactos sufridos por ciudadanos ecuatorianos, sino que esto podría tener repercusiones en la demanda que más de 3000 campesinos de frontera tienen en la Corte de Washington”.

 

Por medio de un comunicado, la Cancillería colombiana expresó “su satisfacción” por el convenio que permite poner fin al proceso que se adelantaba ante la Corte Internacional de Justicia, por la fumigación aérea de cultivos ilícitos en la zona de frontera con Ecuador. “La solución pacífica alcanzada es una muestra más de la excelente relación que atraviesan los dos países, fruto de un trabajo continuo y articulado por sacar adelante los más de 160 proyectos que nutren la agenda binacional y que benefician a ambas comunidades”, resalta el comunicado. “El acuerdo establece mecanismos claros para verificar con la participación de una comisión científica binacional”, precisa la comunicación oficial.

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