“La supremacía en el siglo XXI se dirimirá en los mares de China”

Entrevista a Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China y uno de los principales conocedores de la realidad del gigante asiático y de sus conflictos


El mar de la China Meridional es el último campo de batalla que tiene lugar sobre el papel, con escuadra y cartabón, y que llega a los discursos, titulares, tribunales y, en menor medida, a una confrontación militar más simbólica que letal.
“A nadie le interesa el conflicto”, indicaba a este redactor días atrás Pedro Nueno, presidente de una de las principales escuelas de negocios asiáticas, CEIBS, y profesor emérito del IESE. “Nunca ha habido violencia. Toca negociar, negociar y negociar”, seguía, entre la República Popular de China y “gobiernos menos estables y sólidos”.


Nueno hablaba de geopolítica. Y de la potencia de una nación que ansía recuperar el protagonismo que tuvo en el pasado y que perdió de forma inesperada en el siglo XIX de mano de las potencias coloniales europeas.


El área, sin embargo, no sólo es disputada por China, Taiwán, Filipinas, Brunei, Malasia o Vietnam –seis países, y cada uno de ellos con sus intereses marítimos propios. Por la zona también transitan la mayoría de los productos que desde Asia oriental se dirigen a Occidente –a Europa. Es el mar por el que discurren la mitad de todas las mercancías del comercio internacional por mar, lo que en la práctica significa la mitad de todas.


Xulio Ríos (Moaña, 1958), director del Observatorio de la Política China y del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) desde su fundación en 1991, residente durante años en el Imperio del Centro, confía en la paz. Pero con matices.


Hasta seis países reclaman su soberanía de partes del mar de China Meridional. Entre tantos pretendientes, ¿realmente existe la oportunidad de lograr un acuerdo de solución?


No es fácil, y probablemente el mejor –o único– camino para un acuerdo es dejar a un lado la cuestión de la soberanía para centrarse en la explotación conjunta de los recursos y en el desarrollo de códigos de conducta que prevengan y encaucen las tensiones. En esencia, esa fue la política de China en esta materia. Xi Jinping parece haber invertido las prioridades.


China reclama para sí un territorio que se adentra hasta 2000 kilómetros en el mar desde sus costas, y para ello utiliza mapas del siglo XIV al XVII –de cuando reinaba la dinastía Ming y dominaban territorios de Mongolia, Vietnam, etc. El resto hace igual, pero con otras épocas y/o justificándolo en la tradición pesquera local. Por eso, ¿el conflicto se debe a un interés económico real, o a un rearme del sentimiento nacionalista en la región?


Hay obviamente intereses económicos –pesqueros, gas, petróleo–, pero pesan mucho las razones estratégicas y políticas. China ha definido sus ambiciones en la zona como de “interés vital” y, por lo tanto, equiparable al asunto de Taiwán o de Tíbet, por ejemplo. El dominio de la región equivale a la confirmación de su posición hegemónica regional, y por eso despierta tantos recelos no sólo en los países pequeños sino, también, en otros que no lo son tanto, como India o Japón. Es una ruta vital. Y podría llegar a propiciar un golpe de mano que evidenciara esa nueva posición a nivel regional y global. Ello va a depender también de la propia evolución interna en China, del éxito o fracaso de la actual fase de su proceso de modernización.


Se edifica en islotes en disputa, se construyen instalaciones militares, y cada año pasan por la zona cinco billones de euros en mercancías –el 50% de todo el tráfico comercial del mundo por vía marítima. La zona, además, es rica en recursos naturales y puede albergar vastos yacimientos de gas y petróleo. Su importancia económica es evidente. ¿El auge como superpotencia de China ha afectado al equilibrio de juegos y su dominio se ha tornado en una conquista más simbólica que de importancia tangible real?


La China de hoy, a diferencia de la del pasado, tiene una alta dependencia del exterior. Uno de sus proyectos emblema es la Ruta Marítima de la Seda. Necesita asegurar las rutas de aprovisionamiento y de comercialización de sus productos. Pero, igualmente, si uno compara los mapas de la China republicana del Kuomintang y la China del Partido Comunista, por ejemplo, puede advertir pérdidas territoriales significativas. Históricamente, además, la inseguridad en su frente marítimo se asocia con la decadencia. Las invasiones extranjeras que le empujaron a la periferia del sistema internacional llegaron por mar. Los chinos han aprendido la lección y de igual modo que la defensa es un pilar clave de la modernización, la gestión-ocupación del espacio marítimo es parte sustancial de su nueva proyección regional y global. Cerrar ese periodo histórico no sólo exige exhibir la supremacía económica global sino también defender mejor lo que en otro tiempo no pudo defender por razón de su debilidad, facilitando que otros se aprovecharan.


No son pocos quienes resumen que “a nadie le interesa el conflicto”. Pero tampoco parece hallarse la solución: China ni siquiera reconoce la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. ¿Qué vía queda?


Ni China ni Taiwán, que a veces lo olvidamos y tiene el control de la isla más grande de las Spratly/Nansha, reconocen el arbitraje. Desde luego, no es el camino a la solución si el arbitraje no es buscado por todas las partes en conflicto. La mayor parte de los países del sudeste asiático, incluso probablemente ahora la propia Filipinas, apuestan por el diálogo. China va a confiar en su potencial económico y financiero para desarmar las tensiones. Pero debe también aportar garantías y avanzar en un diseño regional de seguridad que hoy es muy débil o inexistente. La Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA) podría ayudar con una propuesta desde la propia región. Dadas las asimetrías existentes, una apuesta exclusivamente bilateral no interesa a buena parte de los países.


Naciones Unidos, en la UNCLOS (por sus siglas en inglés), fija las soberanías marítimas según los islotes, rocas, etc. Sin embargo, ¿es casualidad que el revisionismo en las fronteras llegue según se incrementa la posición como potencia de China?


En las últimas décadas, China ha cerrado acuerdos fronterizos terrestres con la mayor parte de sus numerosos vecinos. Queda pendiente India como el más significativo, aunque es socio en el grupo de los BRICS [Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ndr], un acrónimo clave para abrir paso a la multipolaridad. Ambos procesos coexisten y la diplomacia de vecindad es una de las notas más sobresalientes del actual período. El aumento de las tensiones probablemente guarde relación con el hecho de tener un mayor poder, que le conmina a buscar reparaciones históricas, pero también con el interés de EE.UU. de explotar el contencioso en beneficio propio y así contener la emergencia china. El problema es que pocos países de la zona confían en que llegada la hora de la verdad EE.UU. se implique en serio en un enfrentamiento con China. EE.UU. espolea las tensiones en beneficio propio en nombre de la defensa de la “libertad de navegación”, pero ni siquiera firmó la UNCLOS. Su respeto de la legalidad internacional es, como sabemos, bien precario. La historia reciente es generosa en ejemplos.


¿Qué importancia geoestratégica tiene el conflicto más allá de para los países de la región que ha hecho que EE.UU. centre aquí su atención política internacional en las próximas décadas?


El conflicto puede tener valedores si eso ayuda a alcanzar otros objetivos como distraer a China de su proceso interno o, en razón de sus tensiones internas, para desviar la atención. Esos son dos grandes peligros. Y tanto puede saltar la chispa con Japón, inmerso en un ambicioso proceso de modernización militar y cambio constitucional del que se habla poco, como con Vietnam o incluso con Taiwán. E, indirectamente, con EE.UU. Probablemente, será aquí donde se dirima la supremacía en el siglo XXI. Los mares de China pueden ser las arenas del Golfo del siglo XXI. EE.UU. sabe que su rival estratégico a futuro es China, y en la medida en que le sea posible intentará distraerla y obligarla a gastar más en defensa tratando de reproducir los viejos esquemas que ya funcionaron con la URSS en la guerra fría. Ahora sería el turno no de una Europa dividida en bloques sino de una Asia dividida en bloques y ya está en curso la conformación de bloques económicos y alianzas militares.


Con la importancia comercial que tiene esta zona, ¿su inestabilidad puede acabar afectando a los principales consumidores de las mercancías que por allí transitan, es decir, a Occidente?


En caso de un conflicto grave, sin duda. Los países asiáticos deben dotarse de mecanismos de gestión preventiva y autóctona de las crisis y acompasar y complementar el dinamismo comercial con un salto cualitativo en el orden de la integración y en el de la seguridad. Eso interesa más al resto del mundo que ver envuelta la región en una pugna hegemónica global que hipoteque su desarrollo y la paz de la zona.

 

20/09/2016 00:05 | Actualizado a 20/09/2016 07:06

 

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Relaciones China América Latina, Foro geopolítica

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"La debilidad de Israel está en la imposibilidad de afrontar una guerra dentro de su propio territorio"

Sheikh Sadek Al Nabolsi, politólogo e influyente clérigo chií cercano a Hezbolá, analiza la situación de la milicia, considerada como terrorista por EEUU o la UE, cuando se cumplen diez años de la guerra en Líbano entre la guerrilla y el Ejército israelí.

 


BEIRUT.- La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puso fin a la “guerra del Líbano” de 2006, un conflicto que duró 33 días y que enfrentó a Israel con Hezbolá. La milicia chií libanesa, considerada como terrorista por Estados Unidos o la Unión Europea, combate actualmente en Siria contra el Estado Islámico en el bando del Gobierno de Bashar Al Asad. En el décimo aniversario del fin de las hostilidades con el Ejército israelí, Público entrevista al profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Sheikh Sadek Al Nabolsi. El influyente clérigo chii aborda los ecos de la guerra de 2006 y analiza la situación actual de la guerrilla.


¿Qué supuso esta guerra y la posterior victoria para el pueblo libanés?


La victoria en esta guerra supuso un paso cualitativo para Hezbolá y para el Gobierno del Líbano. Un cambio porque demostró que el Estado israelí no tiene la capacidad militar suficiente para atacar al Líbano y esta victoria sirvió además para enviar un mensaje claro al enemigo: cualquier ataque serárespondido y causará grandes pérdidas. Esta victoria demostró que Israel no tiene capacidad para atacar al Líbano.


¿De verdad cree usted que Israel no tiene capacidad militar real para atacar al Líbano?


Israel es un Ejército poderoso y es posible que pretendan volver a atacar al Líbano, pero la fortaleza y determinación de Hezbolá ha logrado equilibrar la balanza en esta guerra. Si Israel ataca al Libano, Hezbolá será capaz de responder al ataque, y si Israel ataca a Hezbolá estaremos ante la desaparición del Estado de Israel. Este hecho no se basa en un deseo, se basa en datos objetivos.


¿Por qué sostiene que Hezbolá tiene capacidad para derrotar a Israel?


La resistencia islámica es tremendamente poderosa y los israelíes son conscientes de esa amenaza. La debilidad de Israel consiste en la imposibilidad de afrontar una guerra dentro de su propio territorio.


A día de hoy, ¿cuál es la capacidad militar real de la milicia?


Desde 2006 Hezbolá trabaja en la llamada “fórmula de la victoria”, que consiste en tener miles de militantes preparados para actuar en cualquier momento si fuese necesario. A día de hoy, Hezbolá dispone de armamento moderno y un gran poderío en misiles. Posee incluso armamento para el combate en terreno marítimo y “nuevas sorpresas”; sorpresas que utilizaremos en guerras venideras.

Hezbolá tiene además la firme decisión de atacar cualquier objetivo dentro del Estado de Israel, incluyendo los tan temidos objetivos industriales. Pero el éxito de la milicia consiste en tener fe y en prepararse para enfrentarse al enemigo. En palabras del secretario general de la organización, Hassan Nasralá: la clave del poderío es la creencia en dios. Sólo así se puede triunfar.


La participación de Hezbolá en el conflicto sirio ha aumentado notablemente la capacidad militar de la milicia, según algunos expertos militares. Incluso algunas fuentes israelís señalan que Hezbolá habría pasado de ser guerrilla a ser ejército...
Según algunos expertos israelís, Hezbolá ha adquirido una importante experiencia militar sobre el terreno en el conflicto sirio. El conflicto sirio se debe en gran parte a interferencia israelí: querían castigar a Siria para castigar a Hezbolá, pero el propio conflicto ha fortalecido a la milicia. De 3.000 combatientes hemos pasado a tener cientos de miles.

El miedo israelí a Hezbolá responde no a la capacidad de la milicia a defenderse, sino a su capacidad para atacar. En 2009 Hassan Nasralá hizo un llamamiento a todos los combatientes a estar preparados para ocupar Galilea y llevar así la guerra al corazón de Israel. Israel no se toma a broma las amenazas.


¿Por qué, a pesar de su poderío militar, Israel no fue capaz de derrotar a Hezbolá?


Los países árabes, exceptuando el Egipto de Nasser y la Siria de Hafez Al Assad, jamás han tenido la más mínima intención de hacer la guerra a Israel. Los países árabes no quieren ayudar a la causa palestina, ni defender los derechos sagrados del pueblo palestino. Estos Estados son fieles siervos del imperialismo y están dirigidos por EEUU. Estos países no tienen independencia en su capacidad de decisión para enfrentarse con el Estado israelí.

Hezbolá, en cambio, tiene la capacidad de tomar decisiones independientemente y trabaja en su formación ideológica al respecto. Creemos firmemente en la necesidad de eliminar al enemigo. El secreto de nuestra victoria se sustenta en nuestra ideología religiosa, en nuestra determinación política, en la preparación y en la voluntad de nuestro militantes para dar la vida por la causa.


Líbano se divide tras el asesinato del primer ministro Rafiq Hariri y la “revolución de los cedros”. La guerra de 2006, en cambio, consigue unir a diferentes confesiones. ¿Cuál fue la aportación de esta guerra a la “reconciliación nacional”?
Unir a la gente en torno a la defensa de la resistencia fue uno de los grandes logros de Hezbolá. Hezbolá pudo convencer a la gente de la necesidad de la resistencia frente a Israel y demostró que la lucha contra la ocupación israelí era en beneficio del propio país, de la seguridad nacional del país. Hezbolá se posicionó con la multiculturalidad y el multiconfesionalismo del Líbano y jamás exigió a otras confesiones que se involucraran en la guerra.


Una reconciliación nacional que ha llevado a Hezbolá a tener en el general cristiano Michel Aoun a su principal aliado...
Hezbolá tiene entre sus objetivos manterner la variedad de culturas existente en el Líbano. Nuestro papel fundamental es defender el Líbano y contribuimos en mantener el Gobierno y desarrollarlo. La unidad libanesa, la convivencia y el reto de mantener un gobierno estable y que sea justo en este esquema de variedad cultural.

La decisión de Hezbolá de apoyar a Michel Aoun fue algo meditado. En el Líbano existe una democracia de consenso, por lo cual cualquier decisión tiene que ser tomada por unanimidad y sin que esa decisión pueda dañar a ninguna minoría. El presidente del Líbano, por ley, debe ser un cristiano maronita, y Hezbolá cree que ese presidente debería ser elegido por el principal partido maronita, el partido de Aoun.

El Líbano está sufriendo muchos problemas y eso no ayuda a que Aoun pueda ser presidente. Aoun es un aliado de la resistencia y en 2006 tomó la firme decisión de apoyar a la resistencia. Además, Michel Aoun tiene un programa de desarrollo para el país que incluye la lucha contra la corrupción y prevé cambios en el Gobierno. Aoun lucha por cambiar la estructura de un Gobierno que hoy causa muchos problemas.


En la actualidad, Líbano se enfrenta al problema del yihadismo y Hezbolá está centrando sus esfuerzos en la lucha contra grupos yihadistas sirios que operan en la zona fronteriza del valle de la Bekaa. ¿Cuál es la aportación de Hezbolá en el ámbito de la seguridad nacional?


La intención de Hezbolá nunca ha sido interferir en el papel del Ejército libanés en cuestiones de seguridad nacional, pero la milicia se vio en la obligación de tomar una determinación al respecto, debido a que el Gobierno libanés no cumplió con su obligación en pro de la defensa de la nación. Si Hezbolá acudió a la frontera sirio-libanesa fue precisamente para suplir las carencias del Ejército."La debilidad de Israel está en la imposibilidad de afrontar una guerra dentro de su propio territorio"
Sheikh Sadek Al Nabolsi, politólogo e influyente clérigo chií cercano a Hezbolá, analiza la situación de la milicia, considerada como terrorista por EEUU o la UE, cuando se cumplen diez años de la guerra en Líbano entre la guerrilla y el Ejército israelí.

 

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Miércoles, 24 Agosto 2016 06:15

La larga marcha

La larga marcha

La larga y azarosa travesía marítima comienza otra vez para miles de africanos en el golfo de Benín, de allí mismo de donde partían hace siglos los barcos cargados de esclavos hacia América. Desembarcan en Brasil y atraviesan el continente hacia el norte, recorriendo distancias inauditas a través de páramos, selvas, ríos y cordilleras. Es un viaje que parece imposible aun para la imaginación, pero sus protagonistas son de carne y hueso.


Pueden ser 50 mil por el momento los que están en marcha, sumando a los haitianos, que parten también de Brasil. Buscan alcanzar el Darién, la primera puerta cerrada que tienen que burlar para avanzar por el territorio de Panamá, y luego el de Costa Rica hasta la siguiente estación prohibida, Nicaragua.


Por su posición geográfica, que conecta las dos masas continentales, desde tiempos milenarios Centroamérica ha sido un puente de migrantes que bajaban desde el norte o subían desde el sur, un territorio de fusión de razas, culturas y lenguas. Los de hoy día no quieren quedarse, sólo quieren pasar. Su meta es Estados Unidos, el sueño americano que se representan en sus cabezas como un mundo en tecnicolor, el fin feliz de todas sus penurias.


Los africanos vienen huyendo del hambre y la desesperanza, de la miseria y el abandono, de guerras tribales, de persecuciones, del fanatismo religioso, del desierto que avanza implacable con sus arenas ardientes, de la muerte de los cultivos. Los haitianos huyen de la pobreza crónica, de las calamidades provocadas por las catástrofes naturales, huracanes, terremotos, sequías y del fracaso político de un estado en descomposición.


No pocos quedan en el camino, ahogados en los ríos, picados por culebras; hay mujeres que mueren al dar a luz a media montaña, junto con el niño que paren. Otros son víctimas de los coyotes, a quienes pagan para que los hagan avanzar y más bien los abandonan arteramente. Son asaltados y robados; las mujeres, violadas.


En Nicaragua, la política de contención decretada por el gobierno les cierra el paso y son capturados y devueltos al territorio fronterizo de Costa Rica, donde se hacinan en campamentos de emergencia en Peñas Blancas. Pero vuelven siempre a intentarlo, andando de noche por trochas clandestinas para no ser descubiertos y escondiéndose de día, en busca de alcanzar la estación siguiente, que es Honduras, y de allí seguir adelante, hacia México.


Ya hay 2 mil 500 que han conseguido llegar a Tijuana, lo que quiere decir que el implacable muro nicaragüense, pese a todo, tiene grietas, aunque muchos se quedan en el camino. El mes pasado 10 de ellos, arriesgándose a meterse en las aguas del río Sapoá, que desde Costa Rica desemboca en el Gran Lago de Nicaragua, murieron ahogados. Al menos cinco habían salido dos meses atrás de Liancourt, en el departamento de Artibonito, en Haití.


Sus cuerpos fueron apareciendo arrojados por el oleaje del Gran Lago y recibieron sepultura en los cementerios de los poblados vecinos, en tumbas sin nombre, o en la misma costa por su avanzado estado de descomposición. En el expediente policial sólo figuran unos cuantos rasgos suyos. Pelo ensortijado, piel oscura. Aspecto atlético, gran estatura. Complexión media, sexo femenino. Camiseta negra, zapatos deportivos.


Fragmentos de las vidas de estos caminantes quedan en las noticias de los periódicos que no tardarán en envejecer. Me fijo en una de esas historias. David, de 21 años, y Yandeli, de 25, una pareja de haitianos que han logrado atravesar la frontera y viven escondidos en un paraje del sur de Nicaragua. Detuvieron su marcha porque ella va a ser madre pronto y buscará parir en la soledad de su refugio. Han escogido llamar Davison a su hijo.


El cansancio, la tristeza y el llanto se mezclan con la esperanza que todavía conservan, dice el cronista, que ha podido llegar hasta ellos, burlando la vigilancia de los caminos. Sin empleo, vendieron todo lo que tenían y decidieron emigrar. Por el momento su sueño americano es este, un refugio en el monte y el riesgo diario de que el ejército o la policía los saquen de allí para hacerlos regresar al campamento en Costa Rica.


Los pobladores de las aldeas de pescadores en la costa nicaragüense del Pacífico los ven aparecer cuando cae la noche en los patios de sus casas, sombras sigilosas que se acercan con temor. Por señas se dan a entender: tienen sed, tienen hambre. Y desafiando el temor, los vecinos les dan el amparo que piden: agua, comida, zapatos, ropa, pañales para los niños. Sólo saben que deben ayudarles, no importa el riesgo a ser reprimidos.


En el puerto de San Juan del Sur, donde se vive del turismo, la gente pobre hace colectas, recoge vituallas, y los dueños de las pulperías y los propios vecinos ayudan con gusto. Cargan vehículos enteros y van a los centros de detención o detienen a las caravanas militares en los caminos para buscar cómo hacer entrega de los auxilios.


Y en San Juan del Sur hay manifestaciones populares en las calles, que protestan porque se reprime a los emigrantes; 200, 300 personas que marchan de manera espontánea y muestran pancartas improvisadas en las que se demanda que los dejen pasar, que los dejen seguir avanzando. Copio lo que dice una manifestante del barrio La Cuesta delante del micrófono de la camioneta con parlantes que cierra la manifestación: No queremos que sigan muriendo en nuestra patria, no queremos verlos sufrir, pedimos que los dejen pasar. ¿Por qué no los dejan pasar?


Mientras tanto, al caer la noche, ellos salen de sus refugios y remprenden el camino, adentrándose más en el territorio, buscando la frontera con Honduras. Avanzan en largas filas y otros pobladores costeros los detienen para darles de beber y de comer, para reponerles los zapatos desbaratados, para entregarles mudas con que cambiarse la ropa en girones.
Aún les queda por delante una larga marcha.


Panamá, agosto de 2016
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Putin visita Crimea y crece la tensión con Ucrania

La visita se da después de que Moscú denunciara que un grupo de saboteadores de la inteligencia militar ucraniana trataron de entrar hasta tres veces en la península para “perpetrar atentados contra infraestructuras vitales”.

 

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó ayer la anexionada península de Crimea en medio de la nueva escalada de la tensión con Ucrania, pero descartó una ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino.


“No tenemos intención de romper las relaciones”, dijo Putin durante la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia en el puerto de Sebastópol, base de la Flota rusa del mar Negro.


Los dos países incrementaron la presencia de sus tropas en el istmo que separa Crimea de Ucrania después de que Moscú denunciara que un grupo de saboteadores de la inteligencia militar ucraniana trataron de entrar hasta tres veces en la península para “perpetrar atentados contra infraestructuras vitales”.


Además, en las últimas semanas recrudecieron los combates entre el Ejército ucraniano y separatistas ruso parlantes en el este de Ucrania, donde dos soldados murieron y otros ocho resultaron heridos en las últimas 24 horas en nuevos enfrentamientos, según informó ayer la Presidencia ucraniana.


Putin abordó con la plana mayor política y militar las medidas de seguridad en la península tras acusar hace una semana a Ucrania de preparar una campaña de atentados en el territorio anexionado por el Kremlin en marzo de 2014.


Y es que, mientras Rusia reforzó el dispositivo de seguridad en Crimea, Ucrania incrementó su presencia militar en la zona y puso en “máxima alerta de combate” a sus tropas, tanto en la frontera con la península como en el este del país. “Nos hemos reunido después de abortar el intento de penetrar en nuestro territorio por parte de unidades de sabotaje del Ejército ucraniano”, señaló Putin.


El mandatario ruso acusó a Kiev de intentar provocar una escalada de la tensión en Crimea y el este de Ucrania, donde en las últimas semanas varios soldados ucranianos murieron en combates con las milicias prorrusas pese al alto el fuego en vigor desde febrero de 2015.


“Pese a la negativa de las autoridades de Kiev de mantener relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores, crearemos las condiciones para el desarrollo de los contactos bilaterales”, apuntó.


Se refería a que Ucrania se negó a aceptar las cartas credenciales del nuevo embajador ruso, aunque el presidente ucraniano Petro Poroshenko también descartó una ruptura de lazos con Moscú con el argumento de que unos tres millones de ucranianos trabajan en territorio ruso.


Como primera reacción al presunto sabotaje organizado por Kiev, Putin rechazó mantener nuevas reuniones con su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, en el llamado formato de Normandía, en el que ambos líderes dialogan directamente con mediación de Alemania y Francia.


Mientras, el presidente ucraniano, que siempre acusó a Rusia de apoyar a los separatistas de las provincias orientales de Lugansk y Donetsk, alertó el jueves de que la probabilidad de que Rusia inicie una guerra en toda regla contra Ucrania “es notable”. “La probabilidad de una escalada del conflicto sigue siendo notable. No descartamos una invasión rusa en toda regla. Nuestras Fuerzas Armadas están listas para hacer frente al enemigo en el este (del país) y en la frontera administrativa con Crimea”, dijo Poroshenko. Agregó que en caso de que se cumplan los peores pronósticos, ya fuera en el este o en Crimea, Kiev declarará el “estado de guerra y la movilización” de la población.


Además, acusó a Putin de provocar artificialmente la escalada de tensión con el objetivo de incumplir los compromisos adquiridos en los acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania.


“El enemigo no cesa en sus intentos de torpedear el proceso de Minsk al hacer declaraciones absolutamente irresponsables sobre su salida del formato de Normandía”, afirmó Poroshenko.


Un año y medio después de la firma de acuerdos de paz en Minsk, Bielorrusia, y la adopción del alto el fuego, Kiev y los separatistas pro rusos y el Ejército ucraniano han sido incapaces de avanzar en el proceso de paz y en mantener el alto el fuego.


Mientras Moscú y los rebeldes acusan al gobierno ucraniano de negarse a aplicar la parte política de los acuerdos, incluida la concesión de un amplio autogobierno al este pro ruso, Kiev exige recuperar el control de la frontera entre las regiones de Donetsk y Lugansk y territorio ruso.


La visita del presidente ruso coincidió, además, con el 25 aniversario del golpe de Estado del ala conservadora del Partido Comunista soviético que precipitó la caída de la URSS, calificada por Putin de “catástrofe geopolítica” por la pérdida de territorios como Crimea, habitados por mayorías étnicas rusas.


La crisis en Ucrania y su conflicto con Rusia empezaron a fines de 2013 con una ola de protestas que derrocó al entonces presidente pro ruso Viktor Yanukovich en febrero de 2014. Residentes de ciudades y regiones del este de Ucrania, donde predominan los ruso parlantes, rechazaron la revolución e iniciaron protestas en favor de lazos con Rusia.


En las primeras semanas de la crisis, Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea, y luego separatistas pro rusos tomaron el control de dos provincias del este de Ucrania y comenzaron un conflicto armado con el Ejército ucraniano que ya dejó 6.200 muertos y casi 2 millones de refugiados o desplazados.

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Jueves, 05 Mayo 2016 06:49

"Oriente Medio se está despedazando"

El periodista británico y experto en Oriente Medio David Gardner en La Casa Encendida
El experto y periodista británico David Gardner analiza la situación en la región, marcada por la guerra en Siria, así como las posibles soluciones a los conflictos basado en una "recomposición federal o confederal" que deje atrás el modelo de Estado autoritario.

 


MADRID.- La guerra en Siria, el conflicto palestino-israelí, la situación en Líbano, la aparición y expansión de Daesh (el autoproclamado Estado islámico)... Sin duda Oriente Medio es una de las regiones más inestables del planeta. David Gardner va más allá y no duda en afirmar que "Oriente Medio se está despedazando". El periodista británico, experto en temas sobre la región, imparte este miércoles una conferencia en La Casa Encendida de Madrid, coordinada por Le monde diplomatique en español y la Fundación Mondiploen la que tratará los desafíos de esta parte del mundo tan volátil y sus posibles soluciones.

 

Gardner atiende a Público un par de horas antes de su cita en el centro cultural y social. En el breve encuentro con este diario, el periodista, editor asociado y encargado de los asuntos internacionales del diario Financial Times, desgrana parte de lo que podría una solución para la inestabilidad de Oriente Medio.

 

El experto, con casi 40 años de experiencia profesional a sus espaldas, propone una "recomposición de la región mediante algún tipo de modelo federal o confederal". De esa forma, opina, aunque sean "palabras muy tóxicas en el contexto árabe", se podrá acabar con las matanzas diarias y se podrán crear nuevas reglas de convivencia.

 

Gardner concede que es una tarea "sumamente difícil", pero recuerda que ya existen "poderes locales" dentro de, por ejemplo, Irak y Siria. No se trata necesariamente, enfatiza, de redibujar las fronteras, sino de "reemplazar la tribu" donde cada distinto clan se ha refugiado dentro de los actuales Estados "por unas instituciones y un poder local real que se encargue de representar y defender su identidad".

 

Podría ser el caso de los kurdos, el mayor pueblo sin Estado del mundo, que ahora se encuentran ante la oportunidad histórica de poder conseguir una autonomía dentro de los cuatro países en los que están divididos, Turquía, Irán, Irak y Siria. Su lucha y sus victorias contra Daesh han abierto los ojos de la comunidad internacional, que ahora ve de otra manera las reivindicaciones de los kurdos. Las organizaciones kurdas más importantes tampoco pretenden redibujar las fronteras de la región. Su objetivo es conseguir una autonomía dentro de los Estados en los que viven, crear un modelo político de carácter federal que respete la diversidad política, social y, sobre todo, cultural y religiosa.

 

Conseguir implantar un proyecto de este tipo implica, explica Gardner, romper con los corsés que han acompañado a Oriente Medio y con el modelo surgido tras la I Guerra Mundial bajo el imperialismo francés y británico: "Estados de seguridad basados en el Ejército y los servicios de seguridad que en los casos de Irak y Siria han sido dictaduras construidas alrededor de minorías y que representaban, más o menos, una versión árabe del fascismo".

 

Para Gardner, estos "Estados autoritarios" son "la maquinaria perfecta para fabricar islamistas y yihadistas". Como explicaba en su libro Last Chance: The Middle East in the Balance “a menos que los países árabes y todo Oriente Medio encuentren un camino para salir de esta trampa de autocracia, su gente será condenada a vivir desprotegida, humillada y en conflicto durante generaciones, echando leña a este fuego furioso en la que es ya la región más inflamable del mundo". Por culpa de estos regímenes, defiende el experto, no existe otro lugar en el mundo que haya fracasado en su camino hacia la democratización. Es lo que Gardner llama "la excepción árabe".

 


El futuro de Siria y de Al Asad

 

La conversación gira en este punto hacia Siria, un país destruido por cinco años de violencia y donde, a pesar de las treguas, la población civil sigue muriendo. Una guerra que ha provocado millones de desplazados y uno de los mayores dramas humanitarios de la historia. En medio de ese polvorín la familia Al Asad se mantiene en el poder. ¿Cómo? Muy simple. Por el apoyo que recibe desde el exterior.

 

No se trata de sólo de un simple apoyo. El régimen sirio tiene una "dependencia casi total" de, sobre todo, iraníes y rusos, destaca Gardner. Dentro del país, el Gobierno de Bashar al Asad "tiene un problema de números, les falta gente". Siria es un país donde aproximadamente el 70% es suní. Los alauíes, rama del islam chií a la que pertenece la familia Al Asad, son claramente una minoría, pero a la que se le dio el control de las fuerzas de seguridad y del Ejército.

 

Por ello es tan importante la ayuda de Irán, Rusia, de Hezbolá, de las milicias chiíes de Irak... "Al Asad no tiene ningún problema en mantener la lucha hasta que caiga el último ruso, iraní, libanés, iraquí o afgano que combate en su bando", apunta Gardner, que, por otro lado, advierte de que ese apoyo "no será infinito". Ya no es sólo el coste financiero, ya de por sí elevado, de ese apoyo, es también el coste que Rusia e Irán están sufriendo por posicionarse como enemigos de todo el mundo árabe suní y que, como señala el periodista británico, "puede tener secuelas durante décadas".

 

Gardner resalta que la "estabilidad" de la que goza hasta ahora Al Asad "no es real a largo plazo". El experto da por hecho que algún momento el apoyo que están dando tantos rusos como iraníes terminará desapareciendo. ¿Cuándo? Difícil de saber. Aquí entran multitud de especulaciones sobre la conveniencia de apartar a la familia Al Asad o no ante el riesgo de convertir a Siria, si no lo es ya, en un Estado fallido, como Libia. Mientras, la violencia no cesa y el número de refugiados y muertos seguirá aumentado. La solución es realmente compleja, lamenta Gardner, pero será imposible mientras la artillería y los bombardeos se impongan a la necesidad de alcanzar un pacto tanto interno como externo, con EEUU, Rusia y Europa a la cabeza.

 

 

@sergioleonta

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Jueves, 17 Septiembre 2015 07:06

Maduro y Santos acuerdan verse en Quito

Maduro y Santos acuerdan verse en Quito

La reunión será el lunes próximo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa y el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, estarán presentes como mediadores. Mientras tanto, Caracas sumó al estado de Apure a la emergencia fronteriza.

 

La mayor parte de la frontera entre Venezuela y Colombia quedó bajo régimen militar después de que el presidente Nicolás Maduro extendiera el estado de excepción a la zona sureña de Apure. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que no es con el cierre de los pasos que se resolverán los problemas en la frontera. En medio de la controversia limítrofe, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunirán el lunes en Quito para dialogar sobre el conflicto fronterizo que mantienen ambos países desde mediados de agosto. Fue Maduro quien confirmó el encuentro con su par colombiano. El gobernante dijo que la cita tendrá lugar gracias a la mediación de Correa y del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.


En este sentido, el presidente bolivariano agradeció las intervenciones para que las partes se acercaran. "Saludo el logro de la reunión que se ha obtenido entre el presidente de Colombia y este servidor", dijo Maduro, quien felicitó tanto a Correa como a su colega de Uruguay, Tabaré Vázquez, por el esfuerzo para concretar la cita. "Voy con mi espíritu bolivariano, voy a tierras bolivarianas, voy a la Quito de Manuelita Sáenz, a la tierra de Eloy Alfaro", señaló.


"Allí estaré, dándole la mano al presidente Santos y sentándonos a conversar a fondo todos los temas de la agenda para construir una nueva frontera de paz y que podamos avanzar y firmar un nuevo pacto histórico de convivencia y construcción de una relación de hermandad y beneficio mutuo entre nuestras repúblicas", sostuvo. En una intervención en la televisión oficial, desde la casa de gobierno, Maduro destacó que espera sostener con Santos un diálogo cara a cara y con respeto. "No va a ser una reunión fácil, será una reunión compleja, pero estoy seguro de que vamos a conseguir la sabiduría y estoy seguro de que vamos a tener muy buenas noticias", agregó.


La frontera colombo-venezolana, que abarca más de 2500 kilómetros, avanza hacia una paralización total debido a que casi 20 municipios de las regiones de Táchira, Zulia y Apure están bajo el estado de excepción y su virtual militarización. Maduro anunció en la noche del martes que extendía la medida a siete municipios de Zulia y la estableció en tres de Apure, que se suman a los otros 10 de Táchira, donde el 19 de agosto se inició la tensión con Colombia. "He dado instrucciones precisas al general en jefe Vladimir Padrino (ministro de Defensa) de reforzar toda la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Aviación Militar Bolivariana, tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado (por Colombia)", señaló el mandatario venezolano en su programa En contacto con Maduro.


Los estados de excepción se suman al cierre de los pasos de personas y transporte de San Antonio, en Táchira, y de Paraguachón, en Zulia, que son las vías más transitadas de la frontera. Los municipios tienen un militar encargado de aplicar las restricciones previstas a las garantías constitucionales en estado de excepción, que incluyen la inviolabilidad del hogar, el derecho de reunión pública y la privacidad de las comunicaciones, entre otras iniciativas. La aplicación del estado de excepción en la zona está acompañada por el desplazamiento de miles de soldados a los municipios fronterizos. Las operaciones en Táchira derivaron en la deportación de más de 1000 colombianos.


La combinación del cierre de la frontera y la aplicación del estado de excepción fue descripta por Maduro como un torniquete para contener la salida hacia Colombia de alimentos, medicinas, y, principalmente, gasolina. El gobernante fijó como oficial el lema de una "nueva frontera, una frontera de paz", con la que se busca erradicar los grupos armados irregulares, los contrabandistas y las bandas de narcotráfico. "En la frontera tiene que haber una estructura para la economía productiva, adaptada a cada una de las zonas especiales", dijo, y señaló que las regiones que integran la frontera colombo-venezolana deben convertirse en zonas productivas para que la población venezolana adquiera productos a precio justo y se exporten rubros bajo las condiciones de exportación nacional.


Sin embargo, las poblaciones de la frontera viven un cambio radical de sus vidas por el cierre de los pasos, desde que el 19 de agosto un ataque a tiros, atribuido a grupos paramilitares, dejó tres soldados venezolanos heridos. El gobierno sostiene que con la medida evitó la salida del país de 29,9 millones de litros de gasolina, que, según Maduro, es un negocio más rentable que la droga. Santos reaccionó a la ampliación del cierre fronterizo anunciada por Maduro y aseguró que de esa manera no se supera la crisis binacional que completa casi un mes y que deja cerca de 20.000 afectados. Asimismo, el mandatario reiteró, desde la Casa de Nariño, que está dispuesto a encontrarse con su homólogo, para dar solución a la crisis fronteriza, bajo el cumplimiento de condiciones mínimas humanitarias que beneficien a los afectados. Y advirtió que no caerá en provocaciones. Santos reveló que en la mañana de ayer le había pedido telefónicamente a su par ecuatoriano, Rafael Correa, que continuara con los esfuerzos para concretar un encuentro con Maduro para dar por cerrado el conflicto o antes posible.

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Jueves, 03 Septiembre 2015 06:12

Maduro amplía la emergencia fronteriza

Maduro amplía la emergencia fronteriza

El mandatario venezolano, que ayer incorporó a cuatro municipios fronterizos al estado de excepción, dio luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas. Santos dijo que llevará el caso a La Haya.

 

En el marco de la crisis fronteriza con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la ampliación del estado de excepción a toda la zona fronteriza del estado de Táchira. El mandatario hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa transmitido desde el país asiático. Por su parte, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que llevará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las deportaciones masivas de compatriotas suyos desde el país vecino.


El presidente venezolano explicó que el decreto de expansión permite ampliar a otros cuatro municipios de Táchira el estado de excepción, y que también da luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona. De esta forma, la norma ahora también rige en los municipios de García de Heiva, Ayacucho, Lobatera y Panamericano. El decreto establece que las autoridades podrán ejecutar registros sin la necesidad de una orden judicial previa, aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará la dignidad de las personas. Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida, que abarca unos 160 kilómetros de frontera, completando así todo el territorio limítrofe de Táchira.


Maduro señaló que Colombia debe intervenir para prohibir el contrabando a Venezuela. "Colombia tiene que tomar medidas de autoridad, de gobierno para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace en las ciudades fronterizas y en Bogotá", dijo. "El gobierno de Colombia se comprometió a corregir esto y eso lo quiero conversar personalmente con Santos". Insistió en que tomando medidas, el gobierno colombiano puede evitar el ingreso de grupos paramilitares hacia Venezuela y recordó que la crisis comenzó con un ataque el 19 de agosto que dejó tres soldados venezolanos heridos. "Llamé a Santos para que hagamos una reunión cara a cara pronto, en los próximos días voy a estar en Caracas, y busquemos en base a la verdad y al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, una solución", indicó.


Por otro lado, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anunció ayer la llegada del último contingente para completar los 3.000 soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira. También expresó que el gobierno evalúa extender el estado de excepción a algunas zonas de los estados de Zulia y Apure. "Anunciamos que donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer", dijo. El mandatario de la Asamblea sugirió, además, que se inicie un proceso de revisión de propiedades que han sido adquiridas en la frontera con Colombia, y aseguró que muchas de ellas pertenecían a venezolanos que fueron obligados a vender por parte de grupos irregulares. "Tenemos que verificar quienes adquirieron fincas, comercios e industrias, porque allí está metido el dinero del narcotráfico, contrabando, paramilitares y sicarios", afirmó. "Durante todos estos años fuimos víctimas de la violencia colombiana. Pero esta situación llegó al límite con el ataque a nuestros soldados", opinó Cabello.


En tanto, Santos dijo que su prioridad es defender los derechos humanos de los colombianos que viven en el país vecino. "Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o expulsar personas por razones de seguridad, pero no de ninguna manera puede violar el derecho internacional". Por este motivo, agregó que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, está considerando la posibilidad de presentar una denuncia ante la CPI. "Será contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma", dijo el mandatario. "La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se configuró un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana", añadió.


Santos criticó que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido rechazada el martes la solicitud de su país de convocar una reunión de cancilleres de organismo para tratar la crisis. También se quejó sobre el hecho de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) haya postergado sin fecha el encuentro de jefes de diplomacia, inicialmente planeada para hoy. Agotadas esas dos instancias, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la CPI, Santos explicó que Colombia acudirá por medio de su canciller, María Angela Holguín, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. "Colombia es una nación decente, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia y lo seguirá siendo".

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Venezuela pugna en el Consejo de Seguridad por el respeto a la soberanía: Rafael Ramírez

El embajador Rafael Ramírez, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ha encabezado este último año la presencia de la revolución bolivariana en el Consejo de Seguridad por primera vez en un cuarto de siglo, con la intención de cumplir con el objetivo del fallecido presidente Hugo Chávez de hacer valer la voz de los países en desarrollo, los países del sur en el organismo más poderoso de esta institución mundial.


En entrevista con La Jornada en sus oficinas de la misión de Venezuela ante la ONU, Ramírez recuerda que su país intentó ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad en 2006, "pero fuimos boicoteados por manipulaciones de Estados Unidos sobre todo... pero ingresamos el año pasado con una votación histórica en la que obtuvimos unos 184 votos, lo que nos dio gran legitimidad en la Asamblea General y nos permite hablar de manera clara y transparente".


Siempre apegado a la defensa de la soberanía como posición fundamental de su país, Ramírez enumeró una serie de principios que guían su presencia en el Consejo de Seguridad; destaca la exigencia de que todas las decisiones del Consejo cumplan con la Carta de la ONU, ya que se han tomado decisiones intervencionistas que violan el derecho internacional. Da como ejemplo reciente el caso de Libia, donde el resultado de la intervención internacional es un país sacudido por la ingobernabilidad, que crea un terreno propicio para el terrorismo, como ha ocurrido en otros países del norte de África y Medio Oriente.


Ramírez enfatizó la necesidad de que el Consejo de Seguridad se ajuste al respeto de la soberanía de los países, ante decisiones de intervención que se pretenden tomar, como en el caso de Siria "donde algunos miembros del Consejo de Seguridad se arrogan el derecho de decidir si un gobierno establecido en un país es legítimo o no... decisión que le corresponde al pueblo sirio".


Venezuela también se opone a que el Consejo de Seguridad pretenda tutelar a ciertos países, como es el caso de muchos en África. Más de 50 por ciento de las decisiones del Consejo se refieren a África, informa, y nosotros hemos dicho que la causa raíz de esta situación tiene que ver con el pasado colonial y los lazos que mantienen las antiguas potencias coloniales sobre esos países que pretenden tutelar.


A la vez, Venezuela aboga por una reforma tanto del Consejo de Seguridad como de otras entidades dentro del sistema de la ONU, para superar lo que se considera una estructura ya caduca que se estableció hace 70 años –con cinco países miembros permanentes con derecho de veto y otros 10 rotatorios– y que ya no refleja la realidad geopolítica actual en el mundo.


Por otro lado, junto con Chile en el Consejo se promueve el ejemplo de América Latina en muchos rubros, por ejemplo, que es una zona de paz, sin armas de destrucción masiva y que siempre privilegia la resolución pacífica de conflictos. Agregó que por los cambios políticos de los últimos años, el sur latinoamericano es una zona progresista en muchos sentidos, consolidada en mecanismos multilaterales –Unasur, el Alba, PetroCaribe, un Mercosur ampliado–, que sirve de ejemplo de una región que con cooperación y respeto a la soberanía resuelve sus conflictos, sin injerencias, comparada con otras regiones del mundo.


Hablando de conflictos regionales, se le pregunta sobre el contexto en que estalla la actual disputa venezolana con Colombia (donde, después de que contrabandistas colombianos mataron a tres militares venezolanos, Caracas cerró parte de la frontera y expulsó a unas comunidades colombianas de esa zona), y Ramírez respondió que es importante recordar que después de la muerte de Chávez, el país experimentó una agudización del asedio a nuestro proceso de cambio bolivariano bajo la concepción de que, desaparecido nuestro líder fundamental, nuestra revolución tenía sus días contados.
En ese contexto se realizaron las elecciones nacionales donde triunfó Nicolás Maduro, pero sectores de oposición rehúsan reconocer los resultados e intensifican sus ataques. El asedio, agrega Ramírez, también se da por el lado económico; nuestro país ha sido sometido a lo que calificamos como una verdadera guerra económica. Señaló que la economía enfrenta serios retos, pero no sólo por la caída del precio del petróleo, o por cuestiones estructurales, sino por un ataque económico, incluida una deliberada manipulación sobre su moneda, ataques a sus reservas, entre otras cosas, con el objetivo de "desestabilizar a nuestro país.


En este ataque a nuestro país han participado elementos de la extrema derecha colombiana, sobre todo los vinculados al ex presidente Álvaro Uribe, que han tratado de incidir en nuestra política interna con el objetivo de ampliar y extender su influencia dentro de nuestro territorio, acusó.


Cuenta que aunque se mantienen relaciones cordiales y muy respetuosas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dentro de Colombia hay fuertes sectores económicos enemigos de la revolución bolivariana, y fuertes actores vinculados al paramilitarismo que han buscado establecer zonas de influencia dentro de Venezuela.


Ante esto, argumentó Ramírez, en defensa de nuestra soberanía y de nuestra economía, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un conjunto de medidas para impedir que estos elementos al margen de la ley pasen de Colombia a Venezuela y atenten contra nuestra economía y estabilidad.


Agregó: está demostrado que esos elementos participan de manera directa en un masivo contrabando de nuestros productos con cálculos de que hasta 35 por ciento de la producción nacional de Venezuela se va hacia Colombia. Y es que existen dos modelos: nosotros tenemos uno que favorece a los sectores sociales más necesitados, y ahí en Colombia hay una economía de libre mercado, otro modelo completamente distinto. De manera tal que muchos sectores colombianos lucran e intentan aprovecharse de un conjunto de medidas diseñadas para el pueblo venezolano, al usar todo eso para un mercado negro.


Recuerda: nosotros abrigamos en nuestro territorio a cerca de 5 millones de colombianos y siempre los hemos acogido como hermanos. Somos un país profundamente bolivariano y para nosotros es una sola gran patria Colombia y Venezuela en el espíritu bolivariano. De hecho, cuando Chávez llegó al poder, regularizó a todos los inmigrantes colombianos y les otorgó todos los derechos venezolanos, porque sabíamos que muchos huían y huyen de la situación de violencia extendida de cinco décadas".

 

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Gobiernos de Colombia y Venezuela llaman a consultas a sus embajadores respectivos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a consultas a su embajador en Caracas, Ricardo Lozano, y pidió se convoque a un encuentro de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para contarle al mundo lo que está pasando, al cumplirse una semana del cierre de la frontera con Venezuela. Horas después, la cancillería venezolana hizo lo propio con su embajador en Bogotá, Iván Rincón.


Revisaremos integralmente las relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y la guerra económica, sostuvo la funcionaria venezolana, Delcy Rodríguez.


Previamente, la canciller colombiana, María Ángel Holguín, informó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se negó a responder a Santos para conversar sobre el cierre de la frontera que el gobernante bolivariano dispuso hace una semana en el estado de Táchira tras ataques atribuidos a paramilitares colombianos. Holguín dijo que las deportaciones masivas violan el derecho internacional humanitario.


En un mensaje a la nación, Santos dijo que dará prioridad al diálogo, pero advirtió: no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y al gobierno de esta forma.


Ante del anuncio de Santos, Maduro aseveró que la línea divisoria se reabrirá cuando Santos realice acciones para evitar agresiones a Venezuela, y le pidió prohibir la venta en Colombia de productos extraídos ilegalmente de su país y los ataques a la moneda venezolana.


Afirmó que su homólogo es víctima del engaño de medios de comunicación enemigos de la revolución bolivariana, y sostuvo que tiene pruebas de las tergiversaciones sobre el trato dado a los colombianos en la frontera y en el país, así como a los deportados.


Subrayó que su país recibió generosamente a 5 millones 600 mil colombianos, 800 mil en los últimos nueve años.
En Caracas, unos 13 mil enfermos de cáncer de mama, hemofilia y a quienes les han trasplantado órganos protestaron este jueves aquí para exigir medicamentos indispensables en un país afectado por una severa escasez.


El control de cambios, la caída en la producción nacional y el contrabando han reducido los suministros de medicinas. Se estima que siete de cada 10 fármacos no están disponibles.


La palabra espera no existe para los trasplantados. El medicamento es día a día. Si no se tienen, en cuestión de días el paciente colapsa, explicó a Reuters Alfredo Quintero, de 52 años, quien recibió un trasplante de riñón y tiene disponibilidad del medicamento hasta el 6 de septiembre.


Maduro ha atribuido la escasez a una guerra económica, que, afirma, es liderada por empresarios a quienes acusa de acaparamiento y contrabando.


El fallecido Hugo Chávez, antecesor de Maduro, construyó clínicas y consultorios gratuitos en las barriadas, lo que generó una disminución en problemas como la mortalidad materna.


El gobierno ha dejado de publicar indicadores de salud. Los hospitales están rebasados, los médicos abandonan el sector público y escasean insumos básicos.

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Una política de fronteras no puede ser construida sobre el chovinismo.

En la disputa fronteriza entre Colombia-Venezuela el blanco no puede ser el pueblo, el blanco es la estructura mafiosa fronteriza.

 

Es dolorosa la imagen repetida de colombianos expulsados de Venezuela, con miradas angustiadas y desesperanzadas, con sus corotos a cuestas. Los grandes medios colombianos dicen que parecen a los judíos bajo el régimen nazi, el gobierno venezolano dice que son base social del paramilitarismo. El chovinismo (nacionalismo cargado de odio) se expande en los dos países. Sin embargo una solución estable y duradera en este espacio social binacional, requiere poner fin a unas condiciones históricas y políticas impuestas por actores sociales que han generado la crisis social, económica y política fronteriza. Una mirada histórica puede ayudar a entender lo que está en juego.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros. Esta frontera empezó a delimitarse a partir de la tercera década del siglo XIX para establecer acuerdos diplomáticos sobre el territorio de los dos Estados nacientes que estaban por entonces inventando una nación y un territorio, para lo cual requerían ejercer control sobre una región y una población con lazos históricos y culturales existentes con anterioridad a la existencia de la convención fronteriza. Particularmente la zona fronteriza Táchira-Norte de Santander ha sido históricamente un espacio de intercambios sociales, culturales y políticos, anhelado por la población como zona de flujos y oportunidades, pero usado por poderes políticos y económicos, legales e ilegales como espacio de usufructo y enriquecimiento particular. La frontera es un bien común, o por lo menos a eso aspira el pueblo que habita en el territorio binacional.

La frontera y sus cierres

Sin embargo las fronteras has sido vistas históricamente con recelo y sospecha por parte de todos los Estados, y Colombia y Venezuela no han sido la excepción. A lo largo del siglo XIX el espacio fronterizo se convirtió en un mundo de intercambios económicos, y en zona de refugio de los perseguidos políticos de ambos países. La élite tachirense siempre vio a Colombia como una oportunidad para formar a sus hijos en los colegios y universidades de Pamplona, Bucaramanga y Tunja. Y los comerciantes colombianos de cacao y el café cultivado en el departamento de Santander, encontraron por décadas en el puerto de Maracaibo en Venezuela, la principal salida para sus exportaciones. Así desde finales de siglo XIX y hasta mediados del siglo XX Cúcuta y Maracaibo fueron polos de un pujante entramado económico y social que dinamizo la vida binacional. Este auge tuvo un primer declive con la gran depresión de 1929 y los efectos de la segunda guerra mundial, tiempo en que disminuyó la exportación del café del oriente colombiano.

Para regularizar los intercambios económicos y controlar la inquieta población binacional, que no quería ser enmarcada como exclusivamente de un estado-nación, los gobiernos de los países establecieron en 1942 el Estatuto del Régimen Fronterizo, un primer intento de regulación comercial y de control laboral de la población que a ambos lados de la frontera mantenía intercambios sociales, culturales, comerciales y laborales.

Empero, a la decadencia del café del oriente, se le sumó la ola migratoria de refugiados colombianos que huían de la represión estatal de los años 40 y 50. Además en 1953 se cerró el Puerto de Maracaibo para la exportación cafetera colombiana, quedado miles de braceros colombianos en el desempleo. Población flotante, desempleo e inseguridad llevaron a los dos Estados a buscar soluciones comunes, para esto firmaron en 1959 el Tratado de Tonchalá, en el marco del primer gobierno del Punto Fijo (pacto oligárquico venezolano) y del primer gobierno del Frente nacional (pacto oligárquico colombiano). El bloque oligárquico binacional aspiraba con este tratado a regular el libre tránsito de la población entre las ciudades de Cúcuta, San Antonio del Táchira y Urueña, para lo cual se propusieron censar a la población de cada país residente en el país vecino, legalizar su situación, y sobre todo regularizar la situación de los trabajadores agrícolas e industriales principalmente colombianos, que recibían mal tratos laborales y sociales por los empresarios venezolanos. En los años posteriores para conmemorar el tratado, los gobiernos de ambos países promovieron festivales de la integración nacional en Cúcuta y San Antonio, con reinados, corridas de toros, bailes populares y fiestas en los salones exclusivos de las dos ciudades.

Pero las efusivas expectativas de integración se fueron deteriorando poco a poco. En 1960 seguidores del dictador Pérez Jiménez fracasaron en un intento de golpe de Estado y buscaron refugio en la frontera con Cúcuta. Para combatirlos el gobierno venezolano Rómulo Betancur ordenó un primer cierre de la frontera en abril de 1960, lo que le permitió capturar a los militares golpistas. Este cierre afectó a la población de ambos países, cuya cotidianidad era hasta entonces transfronteriza.

A lo largo de la década de 1960 y al amparo del Tratado de Tonchalá, aparecieron bandas de contrabandistas de ganado colombiano hacia el Estado de Zulia, por lo que el 9 de julio de 1972, el presidente venezolano Rafael Caldera ordenó un nuevo cierre de la frontera de Táchira para combatir a la mafia contrabandista.

En la década de 1970 y 1980 se juntaron dos dinámicas sociales, de una parte el boom petrolero venezolano que atrajo a miles de colombianos pobres en busca de una imaginada tierra de promisión. Simultáneamente se inició el ciclo de la siembra y exportación de marihuana en el espacio fronterizo. Para combatir la oleada migratoria y el naciente narcotráfico, que ya había penetrado a sectores políticos y policiales de Norte de Santander y Táchira, desde caracas se ordenó el presidente Herrera Campins ordenó la persecución y deportación de miles de colombianos indocumentados. La más mencionada fue el diciembre negro de 1980, sobre la que incluso se han escrito narrativas y se han hecho telenovelas colombianas. Luego en diciembre de 1982 ese mismo gobierno cerró nuevamente la frontera, pero esta vez en la zona limítrofe con la Guajira, en los municipios de La Playa y Paraguachón, argumentando que más de 30 mil colombianos habían ingresado como turistas, pero en realidad habían ido en busca de trabajando, dejando en la pobreza a los "nativos" venezolanos.

La frontera y el conflicto armado colombiano

A este espacio binacional ya de por sí conflictivo se le agrega el conflicto armado colombiano reciente. Desde la década de 1980 se empezó a registra presencia de las guerrillas colombianas en la zona de frontera, y en la década de 1990 apareció la respuesta paramilitar, apoyada por empresarios, políticos y militares, con intereses en la zona de frontera y que buscaban beneficiarse de las medidas de Apertura Económica decreta en Colombia por el gobernó neoliberal de César Gaviria Trujillo en 1991. Este proyecto neoliberal fronterizo acudió a la creación del Bloque Fronteras y del Bloque Catatumbo de los paramilitares colombianos, cuya presencia generó en la región una de las versiones más salvajes del capitalismo: libre comercio, desempleo, contrabando, prostitución, mafia de la gasolina, segregación espacial en la ciudad de Cúcuta: barrios de desplazados y barrios de los estratos más altos de la región, que sin ningún reparo ostentan su modo de vida ante la miseria de la mayoría. Defender este orden económico exigió la vía paramilitar y sus manifestaciones sociales, culturales, urbanas y políticas.

Al comenzar el siglo XXI la frontera va a ser objeto de nuevos conflictos. En Colombia se instaló un gobierno de ultraderecha y en Venezuela un gobierno de izquierda. Ambos proyectos políticos miraron con sospecha lo que sucede en ese espacio binacional. La desmovilización del bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras en 2005, dio paso al surgimiento de nuevos grupos paramilitares, que operan en ambos países: urabeños, águilas negras, rastrojos. El gobierno venezolano tanto de Chávez como de Nicolás Maduro insistió en que estos grupos aprovechaban el marco del Tratado de Tonchalá, para asentarse en la región y establecer relaciones económicas y políticas con la oposición venezolana, que ha tenido uno de sus fortines políticos en el Táchira. Igualmente el gobierno de Uribe Vélez reclamó permanentemente a Venezuela que protegía campamentos de la guerrilla colombiana. Esta situación estuvo a punto de estallar como un conflicto mayor a lo largo de la primera década del siglo XXI.

El inició de las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, distencionó inicialmente el conflicto fronterizo. No obstante el crecimiento mafioso del contrabando, la gasolina y el narcotráfico en manos de los Rastrojos y los Urabeños, sus continuos enfrentamientos, la perpetración de masacres asociadas al control de población de los municipios del se ha convertido en un nuevo elemento de tensión entre los dos países. Lo cierto es que ni las autoridades nacionales colombianas y de Norte de Santander han querido atender las reclamaciones venezolanas, tampoco el gobierno del Tachira, opuesto a Maduro ha buscado medidas para controlar la delincuencia. No gratuitamente Chávez en su tiempo denunciaba a la policía de Táchira, como bastión del paramilitarismo colombiano.

Un nuevo tratado binacional es urgente

La reciente crisis se genera en un contexto altamente complejo. Crisis económica en Venezuela, inestabilidad política del proyecto bolivariano, incremento de la mafia paramilitar, nexos entre mafias y políticos de oposición y próximas elecciones territoriales en Diciembre de 2015 en Venezuela. La decisión de Maduro de imponer un estado de excepción en la zona de frontera y las medidas contra los colombianos, la destrucción de sus propiedades, la deportación violente es desesperada y arbitraria, no es para nada justificable, pero se entiende en ese entramado de un conflicto fronterizo de larga data, desatendida por los Estados de los dos países y enmarcada en un tratado binacional a todas luces obsoleto. Las apelaciones al chovinismo en ambos países no contribuye a comprender lo que está en juego, el blanco no puede ser la población colombiana, el responsable de esta situación es la presencia mafiosa del paramilitarismo y sus vínculos con las autoridades políticas y líderes empresariales de Cúcuta y San Cristóbal. No sirve de nada el chovinismo al que apela el uribismo, la gran prensa y los políticos. Es urgente un nuevo tratado que se entronque en una apuesta de respeto a los derechos transfronterizos del pueblo, a la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos y a la solidaridad e integración entre países hermanos

 

Por Frank Molano Camargo
Historiador y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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