Miércoles, 21 Septiembre 2022 05:54

Haití: ¿en la puerta de una nueva ocupación?

Haití: ¿en la puerta de una nueva ocupación?

Desde Puerto Príncipe.

El último comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Haití será sin duda un caso de estudio en los tiempos por venir, por la contundencia con que el organismo hemisférico plantea una valoración demoledora sobre los últimos 20 años de “intervencionismo humanitario”, al considerarlo “uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de la comunidad internacional”. Aún más: según la OEA, fue en estos últimos “20 años de estrategia política errada”, y bajo el paraguas de la mismísima “comunidad internacional”, que “germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país”, fenómeno en el que nos detendremos a continuación.

Resultados funestos

Pero lo curioso del asunto es que, partiendo de un diagnóstico en esencia acertado, Luis Almagro haya defendido, en una entrevista concedida al periódico Miami Herald, la necesidad de volver a ocupar el país, territorio por el que han pasado una decena misiones civiles, policiales, militares y políticas a lo largo de los últimos 30 años, con resultados funestos, si consideramos los escándalos de violencia sexual sistemática cometidos por las tropas de ocupación; las reiteradas masacres cometidas en barriadas populares; y la introducción de la epidemia de cólera que causó la muerte de 9 mil personas e infectó a cerca de 800 mil, según lo reconoció el propio ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El renovado recetario intervencionista se justifica hoy en el completo descalabro securitario que atraviesa la nación haitiana. Distintos analistas mencionan el magnicidio de Jovenel Moïse, sucedido en julio del año pasado, como inicio de esta espiral de violencia. Sin embargo, sin importar que variable tomemos (la circulación de armas, la cantidad de pandillas, su capacidad operacional y su control territorial, los secuestros, la comisión de masacres, los asesinatos y violaciones, la cantidad de desplazados, etcétera) veremos que se trata de una tendencia de más largo plazo que comenzó a consolidarse con la llegada al poder del PHTK en el año 2010, partido aún gobernante que ya ha colocado a tres sucesivos jefes de Estado y/o gobierno: Michel Martelly, el propio Moïse, y ahora Ariel Henry. No fue con la retirada de las tropas de la MINUSTAH que estas peligrosas tendencias securitarias comenzaron a manifestarse, sino varios años antes, siendo profundizadas por la propia ocupación.

Paramilitarismo

Como se desprende del estudio del paramilitarismo y del crimen organizado, estos fenómenos sociales encuentran su caldo de cultivo más propicio en el vacío generado por diferentes factores: por la debilidad o quiebra de las capacidades estatales, por crisis económicas agudas, por fenómenos de guerra civil, por ocupaciones o conflictos bélicos internacionales, por la ocurrencia de catástrofes humanitarias, etc. Es decir, por todo aquello que rompe, debilita o retrae el tejido social, estatal y/o comunitario. Un tejido que, en Haití, por su extensa historia anticolonial y por las características absolutamente sui generis de su sociedad, tuvo históricamente una particular unidad y resiliencia.

Pero fue la “pacificación violenta” del país intentada por la MINUSTAH, la que coadyuvó al actual escenario. Esto, debido a varios factores: al proceso de sustitución de las capacidades estatales operada por la “ocupación interminable”; al debilitamiento de la sociedad civil haitiana merced al accionar indiscriminado de más de 12 mil organizaciones no gubernamentales que compiten, desmovilizan y captan recursos humanos locales, sobre todo desde el post-terremoto del año 2010; por las políticas económicas neoliberales que desde la década del 80 destruyeron los últimos trazos de capacidad industrial, agroindustrial y agrícola del país, generando fenómenos como el éxodo rural y el hacinamiento urbano, disparando la miseria y el desempleo; y sobre todo por el proceso de represión selectiva en algunas de las barriadas populares de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, las que generaron el aterrador vacío que grupos delincuenciales y paramilitares vienen ahora a llenar.

Armas de Florida

Sobre el origen de este fenómeno hay que puntualizar algunas cosas. 1) Ni Haití, ni su vecino insular, la República Dominicana, producen armamento de ningún tipo, por lo que su origen es necesariamente foráneo. 2) Estados Unidos es el principal productor y exportador de armas y municiones -además del más cercano- con el 36 del mercado global, cifra que ha ido en aumento en la última década. 3) En todos los casos conocidos a la fecha, el contrabando de armas se dio o bien por vía aeroportuaria o a través de las terminales portuarias, provenientes del sur de la Florida. Esto, aún cuando pesa sobre el país un embargo a la venta de armas desde el año 1991, parcialmente flexibilizado en el año 2006.

La Comisión Nacional para el Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, estimaba en 2019 que eran unas 500 mil las armas ilegales en circulación en el país, estimación que, desafortunadamente, ha sido largamente superada en los últimos años. La forma primera y obvia de cortar el espiral de violencia desde sus mismas raíces, sería fiscalizar y e impedir este flujo, que coloca cada día armamento de gran calibre en las manos de jóvenes de las poblaciones más pauperizadas de la zona metropolitana, hoy un territorio prácticamente sitiado por bandas criminales.

Considerando la cruzada intervencionista de la OEA, el próximo fin del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y los debates abiertos en Estados Unidos en torno a qué hacer con su incómodo aliado en la Cuenca del Caribe, comenzaran a resonar cada vez más conceptos como la “responsabilidad de proteger”, el “principio de no indiferencia” y otras categorías de las narrativas intervencionistas acuñadas en la post Guerra Fría. Las cuales, básicamente, niegan o buscar poner en suspenso los pilares jurídicos del orden internacional desde la constitución de las Naciones Unidas: los derechos de soberanía y autodeterminación de las naciones.

Elecciones

El problema de seguridad de Haití tiene dimensiones específicamente policiales y operacionales. Pero en su dimensión política más amplia, el control territorial del país nunca podrá ser retomado sin un proceso electoral que habilite una recomposición del poder político en una autoridad legítima, considerando que hace seis años que en el país no se celebran elecciones, y que los poderes judicial y legislativo están virtualmente desarticulados, así como suspendidos o gravemente debilitados los servicios educativos y sanitarios. La postergación permanente de las elecciones sólo debilitarán aún más al Estado y a su clase política, mermando aún más sus capacidades de maniobra.

Por añadidura, las políticas de shock económico como el recientemente decretado aumento de los precios de los combustibles hasta un 100 por ciento no sólo será un golpe de gracia para las amplias mayorías populares que se debaten en el filo de la supervivencia, sino que darán más y más oxígeno a la expansión y control territorial de las bandas armas, profundizando, quizás de forma irreversible, la paramilitarización del país. 

Por Lautaro Rivara*

*Sociólogo, doctorando en Historia por la UNLP y becario e investigador en IdIHCS/CONICET.

Publicado enInternacional
Anibal Torres presentó su renuncia por "motivos personales".. Imagen: EFE

La renuncia del premier Anibal Torres arrastra a todo el elenco ministerial

La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. 

 

Desde Lima

El presidente Pedro Castillo inicia su segundo año de gobierno con una crisis ministerial. El jefe del gabinete de ministros, el abogado Anibal Torres, presentó este miércoles su renuncia al cargo, con lo que cae todo el equipo ministerial. De esta forma, se suma una nueva crisis a la convulsionada gestión de Castillo, que en su primer año de gobierno ha enfrentado situaciones muy complicadas, que han incluido acusaciones de corrupción y de ineficiencia, y una guerra sin tregua de la derecha para desestabilizar su gobierno, que ha incluido dos intentos frustrados en el Congreso para destituirlo del cargo. Ahora Castillo deberá formar un nuevo gabinete de ministros, el quinto en apenas un año y días de gobierno.

Renuncia

En su carta de renuncia, que hizo pública en sus redes sociales, Torres señala que abandona el cargo por “razones personales”, sin dar más explicaciones. Remarca su apoyo a Castillo y le desea “suerte” en lo que resta de su presidencia. La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. Con poco menos de seis meses en el cargo, Torres, que asumió la jefatura del gabinete el 8 de febrero pasado, ha sido el jefe de gabinete más longevo en un gobierno acostumbrado a cambiar ministros y gabinetes con una frecuencia sin precedentes. Antes de ocupar la jefatura del gabinete ministerial fue ministro de Justicia.

Abogado de 79 años, Torres es un jurista y maestro universitario que se vinculó con Castillo en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 que le dieron el triunfo al maestro rural. Nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, y con reconocimiento como abogado, Torres fue convocado para dirigir la defensa legal del entonces presidente electo frente a las demandas de la ultraderecha para desconocer el resultado electoral alegando un inexistente fraude en las elecciones. Se enfrentó a los estudios de abogados más poderosos del país -contratados por la derecha para defender la cadidatura de la derrotada Keiko Fujimori y armar una demanda de fraude electoral sin pruebas para desconocer el triunfo de Castillo- y salió airoso.

Protagonismo

Luego de su exitoso papel para desvirtuar con contundencia las demandas legales que buscaban robarle la presidencia a Castillo, Torres adquirió un importante protagonismo más allá de los círculos jurídicos y académicos en los que hasta entonces era conocido como un respetado abogado. Ese protagonismo, y el peso político que había ganado al interior del círculo cercano de Castillo, le valieron para ser nombrado ministro de Justicia en el primer gabinete de Castillo, a pesar de no tener una buena relación con el secretario general del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que había acusado de corrupto. Sobrevivió en el cargo cuando cayó ese primer gabinete, y en febrero de este año, cuando el tercer gabinete de Castillo se desmoronó antes de cumplir una semana, Torres fue llamado para asumir en medio de esa crisis la jefatura del cuarto gabinete ministerial del gobierno. Duró en el cargo más que sus tres predecesores.

Su gestión ha estado marcada por sus constantes enfrentamientos con la oposición, a la que ha acusado de golpista por sus reiterados intentos para destituir a Castillo. Asumió con locuacidad y temperamento para la confrontación el rol de principal defensor del gobierno. Con un presidente que suele optar por el silencio en momentos críticos, fue, en muchos episodios críticos, la voz del gobierno para enfrentrar a la oposición. Pero sus exabruptos verbales para pasar de la confrontación política al ataque personal le jugaron en contra. Protagonizó un escándalo mayúsculo cuando en un evento público, en el contexto de un paro agrario y de transportistas, sorprendió a todos poniendo a Hitler como ejemplo de un gobierno que había logrado el desarrollo de su país sacándalo de una grave crisis con trabajo y elogió la construcción de carreteras en el régimen nazi como un ejemplo a seguir. Las indignadas reacciones de rechazo desde todos los sectores no tardaron. Quiso arreglar las cosas diciendo que Hitler “fue un gran asesino”, pero el daño causado por sus inexplicables elogios a la Alemania nazi ya estaba hecho. Hubo una justificada condena generalizada. Se espearba su salida del cargo después de tan condenable afirmación, pero sobrevivió en el puesto varios meses más. Ese fue el peor momento de su gestión.

Al momento del envío de esta nota no se había nombrado al nuevo jefe del gabinete ministerial. La oposición ha recibido bien la renuncia de Torres, pero independientemente de esta salida y de quien sea su sucesor, la derecha parlamentaria sigue empeñada en su juego desestabilizador para buscar tumbarse al gobierno. En medio de la crisis política avanzan las investigaciones fiscales por la denuncias de corrupción contra el entorno de Castillo que salpican al mandatario. La permanencia en el cargo del presidente puede depender de cómo evolucionen esas investigaciones en los próximos meses. 

Publicado enInternacional
Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

Este artículo indaga sobre la fuerza hegemónica del Pacto Histórico, los escenarios de gobernabilidad y la viabilidad de su propuesta de Acuerdo Nacional para realizar las reformas urgentes que requiere el país, los ajustes institucionales, acoplar el Presupuesto General de la Nación 2023 y aprobar el Plan de Desarrollo que materialice su programa de gobierno 2022-2026.


Al igual que los individuos, las sociedades no cambian porque existan mejores opciones; mutan cuando llegan a la conclusión que no les queda otra opción. La sociedad colombiana no es la excepción: tres de cada cuatro electores estuvo a favor del cambio en la primera vuelta de la elección presidencial y lo ratificaron en la segunda. Con el triunfo del Pacto Histórico (PH), su fórmula presidencial Gustavo Petro-Francia Márquez y el lema “Cambio por la vida”, le corresponde a esta coalición sociopolítica liderar y orientar el giro político, económico y social que se abre para el país.


Gobernabilidad y Acuerdo Nacional


La historia de la humanidad muestra que las revoluciones están basadas en contratos sociales cuyo rasgo dominante es que la autoridad procede desde abajo y que la gente se siente con capacidad de contribuir al cambio y mejorar su bienestar. La democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes que determinan sus condiciones de vida.


En esta senda, Colombia necesita construir consensos con el Estado, el sector empresarial privado, cooperativo y popular, la sociedad civil, las diversas regiones y las entidades internacionales, en trabajo unido para establecer metas a mediano plazo y responsabilizar a los gobiernos por ellas. Aunque debe basarse en condiciones financieras y técnicas, esta es una tarea política de negociaciones, alianzas y consensos. Con este propósito, la nueva fuerza de gobierno viene sumando apoyos, en el marco del acuerdo nacional que buscan construir y que han denominado “Frente amplio”.


También muestra la historia que las sociedades modernas exitosas han forjado un amplio consenso político a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, el incremento de la competitividad en el mercado global, la inserción, cooperación y solidaridad en un mundo multipolar, la transformación del Estado hacia una entidad de derecho inclusiva, eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, la protección de la propiedad y la promoción del emprendimiento individual y colectivo, la inclusión social y pluriétnica (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar universalmente los derechos humanos y la justicia), la construcción de la paz estable y duradera, la reducción significativa de las fuerzas armadas y de policía reorientándolas para desempeñar un rol democrático, la articulación de la participación ciudadana deliberativa con la institucionalidad democrática (sobre todo en el nivel territorial) y la implementación de un modelo de desarrollo democrático libertario, ambientalmente sostenible, animando, a la vez, un cambio cultural consciente y crítico, un nuevo sentido de la vida y la política y que encuentra en su búsqueda y construcción colectiva a la dignidad y la convivencia solidaria como referencias de la existencia humana cotidiana. Estas directrices son el fundamento del proyecto promovido por el PH. (Ver recuadro: Apartes del histórico giro que pretende el PH).


De ello emana la gobernabilidad, que debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Los grados y niveles de gobernabilidad involucran una serie de “acuerdos” básicos entre las élites dirigentes y la diversidad de “agentes estratégicos”. Tras ese propósito, el PH cuenta con un amplio margen de gobernabilidad para gerenciar y consensuar el cambio demandado por la sociedad colombiana, tanto en el Congreso como con el sector empresarial y la sociedad civil.


Gobernabilidad que debe construirse: “Realizaremos diálogos regionales creando un Gran Acuerdo Nacional que nos oriente hacia los cambios que Colombia necesita para lograr la paz y el progreso. Nuestra propuesta de cambio nos convoca a todos y todas a unir fuerzas para empezar a crecer con transparencia, con respeto a los derechos, con igualdad, con democracia, paz y solidaridad”, expresó la triunfante fórmula presidencial. Un deseo también desprendido de la realidad, en tanto el PH quedó bastante sub-representado en el Congreso de la República: 20,2 por ciento de las curules del Senado y 13 por ciento de la Cámara de Representantes (gráficos 1a y 1b). Un gobierno de consensos, como el primero de sus objetivos, que de hacerse realidad y marcar sus cuatro años de gestión permitirá afirmar que se destacó por ser un presidencialismo de coalición.


Y en efecto, sus primeros pasos van en esa senda. Los representantes del Pacto expresan que “Somos conscientes de que la segunda vuelta quedó 50 y 50 y en este caso no se trata de tener las mayorías, sino de llegar a un consenso para tratar de acabar con la polarización que hay en Colombia”.


Entretejido de voluntades que comienza por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias inician el 20 de julio, órgano del poder político en el que, según el Estatuto de la Oposición, las colectividades deberán declararse de gobierno, independientes o de oposición. Hasta ahora y según los acuerdos logrados, con distribución de ministerios y otras cuotas burocráticas, el nuevo gobierno cuenta con el respaldo de la coalición que lo llevó al triunfo, el partido Comunes, representantes a la Cámara de las curules de paz, las circunscripciones indígenas y una amplia bancada de congresistas de los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde, una suma de apoyos que le garantiza una solvente gobernabilidad, con dos terceras partes de las curules del Congreso para sacar avante su proyecto de cambio. Estratégicamente, el PH da inició al nuevo Congreso contando y disponiendo del poder que otorga la Presidencia del Senado, en cabeza del senador Roy Barreras, para impulsar jurídicamente los tres ejes fundamentales de su programa de gobierno: i) consolidación de la paz total e integral; ii) cierre de las brechas sociales y garantía universal de los derechos humanos; iii) lucha contra el cambio climático y reorientación del modelo de desarrollo hacia su sostenibilidad; además, aprobar la Reforma Tributaria que requiere el nuevo gobierno para hacer viable financieramente su proyecto político y social.


En oposición se declararon los sectores que representan la extrema derecha y la lumpenoligarquía colombiana, agrupados bajo las etiquetas del Centro democrático, el Partido Conservador (varios senadores conservadores que harán parte del nuevo Congreso han expresado su apoyo a la agenda del PH, generando una crisis al interior de su partido) y los movimientos políticos de las iglesias cristianas, que sumados alcanzan una tercera parte del Congreso.


Desafíos


Varios retos de gobernabilidad le esperan al nuevo Presidente. Uno de los primeros proyectos en los que se verá su relación con el Congreso será el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, iniciativa que debe ser radicada por la actual administración, pero aprobarse hacia septiembre a manos del gobierno entrante. Seguramente la estructura del PGN no será muy diferente al hoy vigente, diseñado y gestionado por la presidencia de Duque (gráfico 2).

 


El PGN está predeterminado por un alto volumen de inflexibilidades; el nuevo gobierno, en alianza con las bancadas del Congreso que le garantizan su gobernabilidad, deberá ajustarlo y armonizarlo de acuerdo con el proyecto histórico demandado por las tres cuartas partes de los connacionales, consecuentes con una de sus características principales: ser síntesis y reflejo de la lucha de clases.

Un presupuesto con amarres y deberes: de los $350,4 billones del valor aforado del PGN de 2022, el 59,7 por ciento se destina a costear el funcionamiento del Estado, el 21,4 al pago de la deuda pública y el 18,9 a inversión. Para crecer alrededor del 5 por ciento anual y reducir el desempleo a un dígito, por lo menos el 26 por ciento del PIB colombiano debe ir a inversión, el principal motor del crecimiento. Al tiempo que así actúa, el nuevo gobierno tiene que ayudar a incrementar la tasa de ahorro e inversión del país.

Ahorro, para nuevos énfasis en la inversión, que puede lograrse a partir de promover una restructuración del gasto mediante la renegociación de la deuda pública, haciendo más eficiente al Estado y reduciendo los gastos de funcionamiento, bajando drásticamente los gastos militares y de policía en la medida en que se reduzca el conflicto armado interno y se consolide una paz integral y total; ésta reducción debe apoyar el aumento del gasto social y la garantía de los derechos humanos, financiar las políticas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo e incrementar la inversión, la innovación, la diversificación y el cambio en la matriz energética hacia tecnologías limpias y amigables con el ambiente.

Los principales gremios económicos (Andi, el Consejo Gremial Nacional –CGN– Fenalco y otros) reconocieron el triunfo del PH y felicitaron a los dos líderes de la presidencia, al tiempo que manifestaron su voluntad para trabajar de la mano con el próximo Gobierno y llamaron la atención sobre la importancia de cumplir y respetar la ley. En este sentido, el CGN destacó que como representante de los empresarios y del sector productivo está listo para trabajar por una “Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones”, e invitó al nuevo gobierno a reunirse e integrar una agenda conjunta.

A la par de ellos, el cambio demandado por la ciudadanía debe ser el producto del trabajo mancomunado de todos, mucho más cuando el triunfo del PH es el resultado de la participación consciente de la juventud (23% del Censo electoral), las mujeres (51% de la población), los pueblos originarios negros, indígenas y Room (14% de la población), los sectores populares y las clases medias democráticas (80% de los habitantes), del pueblo trabajador y sus organizaciones sindicales y, en general, de las organizaciones sociales, tradicionales y nuevas, de los movimientos culturales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. El giro que se inicia requiere de la organización y participación activa de estos colectivos, poder político esencial del nuevo gobierno, para demostrar su fuerza, apoyo, creatividad y espíritu constructivo, solidario, cooperativo y democrático.

Uno de los retos más fuertes es la transformación de la naturaleza del Estado Colombiano. En la indagación al “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James Robinson distinguen entre instituciones económicas y políticas “inclusivas”, las cuales protegen los derechos de propiedad, la equidad, los derechos humanos y fomentan la innovación y el cambio tecnológico, y las instituciones económicas y políticas “extractivas” que están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de la mayoría de la sociedad trabajadora para beneficiar a un pequeño subconjunto de rentistas y explotadores. En Colombia, las instituciones políticas y económicas extractivas impuestas por los invasores europeos al finalizar el siglo XV, han perdurado condenando a gran parte de la población a la pobreza, la ignorancia y la exclusión.


Un primer cambio institucional anunciado por el nuevo gobierno es la creación del Ministerio de Igualdad y Mujer, el cual estará dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva cartera tendrá cuatro objetivos: i) Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; ii) Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión; iii) Ingreso vital: medio salario mínimo a la madre cabeza de familia; iv) Con la reforma agraria y la economía popular hacer a la mujer titular de propiedad y sujeto de crédito de fomento para emprender.


Viabilidad del proyecto de cambio histórico


El modelo de desarrollo sostenible e inclusivo impulsado por el nuevo gobierno clasifica en los denominados progresistas o neodesarrollistas por contraste con el neoliberalismo. En el neodesarrollismo es el Estado el motor del crecimiento económico y de distribución del ingreso y la riqueza, interviniendo activamente en los procesos de producción, innovación, mercado y consumo, como también en la construcción de infraestructura, aunque sin estatizar ni centralizar el sistema económico.


Tras esta senda, una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual es la cifra que se establece empírica y convencionalmente como condición necesaria y mínima para un funcionamiento satisfactorio del capitalismo moderno; sin embargo, con las amenazas actuales de una estanflación global, este crecimiento mínimo del PIB parece cada vez menos sostenible. Después de la caída abrupta de la economía mundial y colombiana en 2020 producto de las medidas drásticas que se tomaron para enfrentar la pandemia, las economías registraron un efecto rebote con altos crecimientos durante 2021-2022 pero sin vigor para sostenerse, como se proyecta para los años 2023-2024 (gráfico 3).

 

 


Además, al nuevo gobierno le tocará enfrentar los graves desequilibrios macroeconómicos heredados de la administración Duque (2018-2022) (Ver recuadro: La herencia).


Reforma tributaria estructural


Con al menos esa tasa de crecimiento económico en la mira, y en procura de oxígeno para concretar sus propósitos sociales, el nuevo gobierno enfrenta el reto de realizar un ajuste fiscal que incluya tanto el gasto como los ingresos (ver gráficos 4 y 5).

 

 

 
El reto principal que mantendrá ocupado a Gustavo Petro y a su equipo de gobierno es el análisis realista en materia financiera y jurídica del costeo fiscal de sus propuestas. Un estimativo preliminar de los recursos financieros requeridos para implementar el programa propuesto es de $55 billones, esto es, 15,7 por ciento adicional al PGN de 2022 que tiene un valor de $350,4 billones. En términos del PIB se requieren entre 3 y 5 puntos porcentuales adicionales para financiar de manera sostenible el gasto público anual para el período 2022-2026.


Para lograr reunir esos recursos, dos son las alternativas: mayor endeudamiento público o implementar una reforma tributaria. El nuevo gobierno se decanta por la segunda opción, y las características de la misma implican:

 

  • • Objetivo: recaudar $55 billones adicionales
  • • Criterios generales:


Desmonte gradual de los beneficios tributarios no justificados. Habría una sola tabla de impuesto de renta con tarifas iguales para rentas laborales, dividendos o ganancias ocasionales. De $80 billones anuales son las pérdidas para el Estado colombiano fruto de los descuentos, los beneficios tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas. Desmontar de forma gradual beneficios tributarios que incentivan la extracción minero-energética y privilegian a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio.
La reforma tendrá su énfasis en el impuesto de renta. Aumentar el recaudo sobre las personas de más ingresos (se estima que este grupo privilegiado está integrado por unas 40.000 personas). Actualmente, la tasa efectiva del impuesto de renta a la que tributan el 1 por mil de las personas más ricas del país es del 1 o 2 por ciento; en cambio los trabajadores promedio tributan a una tasa cercana al 20.
En contravía de los países de la Ocde, en Colombia prevalece una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos a las empresas y muy poco de los impuestos a las personas naturales (20% lo aportan las personas naturales y 80% las corporaciones), lo cual desincentiva la inversión, al tiempo que impide gravar de manera justa a las personas de más altos ingresos. Revertir este fenómeno es uno de los ejes, reduciendo las tasas de impuestos corporativos principalmente en los sectores claves para el proceso de industrialización, agrarización y de la transición energética, a la par que se elevan las tasas para las personas naturales.
Para que esta reestructuración cumpla con los objetivos de recaudo, se pretende clarificar la delimitación entre empresas y personas naturales. Los activos de una empresa que estén vinculados al cumplimiento de su objetivo social deben ser gravados a las tasas corporativas. Los demás activos, aquellos que simplemente están para ofrecer servicios a personas naturales sin ninguna conexión con la actividad principal de la empresa deben ser desvinculados de la misma y los flujos de ingreso que generen deben ser gravados como rentas de personas naturales. Así se corregirá una anomalía de vieja data que ha sido una cuantiosa fuente de elusión fiscal.
No recurrir a los impuestos regresivos. No sobrecargar a las empresas pequeñas y medianas con cargas impositivas superiores. Controlar la evasión de la propiedad rural (controlar las grandes extensiones de tierra con más impuestos o mayor productividad).

Personas Naturales:

  • • No disminuirá umbral para declaración de renta
  • • No cambios en el IVA. No se extenderá el IVA a la canasta familiar. Nuevos “impuestos saludables” sobre los alimentos “chatarra”.
  • • Impuesto de Renta aumenta para salarios altos (más de $200 millones al año).
  • • Pago de impuesto al patrimonio a partir de $1.000 millones.
  • • Gravar las pensiones más altas, de más de $10 millones (en Colombia hay aproximadamente 25.000 personas que tienen pensiones de más de diez salarios mínimos, estas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos; ingresos pensionales inferiores a este umbral no pagan impuesto).
  • • Aumento del impuesto a los dividendos
  • • La actualización del catastro multipropósito es una prioridad.

Personas Jurídicas:

  • • Disminuirá la carga tributaria, especialmente para las Pyme. Menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias.
  • • Eliminación de exenciones.
  • • Revisión de contratos de estabilidad jurídica
  • • No pagan impuesto al patrimonio
  • • Gravar activos improductivos, en particular los latifundios.

En resumen:

  • • Las propuestas fiscales proyectadas pueden agruparse en siete ítems: i) Gasto del Estado: aumentar a estándares internacionales; ii) Tamaño del recaudo: aumentarlo entre 3 y 5 por ciento del PIB; iii) IVA: No se toca en general, pero se aumenta para alimentos no nutritivos y se baja para los nutritivos; iv) Impuesto de renta, a) personas: aumentarlo y separarlas de las empresas; b) empresas: bajarles la tarifa; v) Impuesto al patrimonio: sí, base de patrimonio líquido de $1.000 millones; vi) Impuesto a las altas pensiones; vii) Aumento impuesto a los dividendos.

Incertidumbres:

  • • Colombia, aunque no es potencia petrolera, vive principalmente de la renta de los hidrocarburos (en particular, la Hacienda Pública). En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto el petróleo representa el 40 por ciento del valor exportado por Colombia al resto del mundo; en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) los ingresos petroleros contribuyen con el 10,2 por ciento del total en 2022. Pese a lo anunciado por el gobierno del PH, no será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo. En 2022 se espera una meta de producción diaria de 825.000 barriles de crudo (gráfico 6). Está activa una amplia campaña de perforación, con más de 70 pozos exploratorios; en términos de firmas de contratos, que es donde todo comienza, el gobierno Duque ha firmado 69. Si los precios continúan altos y el ambiente de inversión sigue siendo atractivo, la producción puede superar 900.000 barriles en los próximos cuatro años; hasta 2025 o 2026 seguirán aumentando hasta los niveles prepandemia, y de ahí en adelante, por más que haya inversión, empezará a declinar.
  • • Las regalías constituyen la principal fuente de financiación de los proyectos de inversión de las regiones a través del Sistema General de Regalías. En 2021 se obtuvieron $7 billones en regalías y fueron las más altas desde el año 2014. De seguir esa tendencia es posible llegar a lo recaudado en el 2012, que fue el año más alto en materia de regalías de la historia del país ($17,7 billones en el bienio 2013–2014). Hay factores a tener en cuenta, como la devaluación del peso, pero se debe evaluar también que los precios están altos y la producción se está recuperando. En esas condiciones, las regalías en el 2022 pueden rondar los $9 billones.
  • • El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (Fepc) fue creado para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade, vía precios, a los consumidores. Colombia tiene el tercer precio por galón de gasolina más barato de América Latina, alrededor de US$2,3. La razón de ello es el papel que cumple el Fepc, que absorbe la diferencia entre el costo establecido y el precio de paridad internacional. Según el MinHacienda, los precios se ubican para Gasolina Motor Corriente (GMC) y Acpm en 44 y 39 por ciento por debajo de la media de los países latinoamericanos, respectivamente.
    El plan gubernamental para subsidiar los precios, si bien ha sido beneficioso para el consumidor, ha prendido las alertas en el Gobierno y se anunció que desde este mes de junio se llevarán a cabo aumentos para la gasolina y el Acpm: el incremento será gradual y seguirá hasta 2023 para cerrar paulatinamente la brecha en relación con el precio internacional.


Esta alza es una medida adecuada para reducir el faltante, pero podría ser insuficiente por cuenta de los precios internacionales. Al cierre de 2022 se espera un déficit del Fepc entre $31 y $34 billones, cifra que representa 2,7 por ciento del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). De esta manera, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al Fepc para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. El aumento del precio cada mes afectará los costos de transporte; los incrementos irían entre $200 y $400 mensuales en el caso de la gasolina y hasta $250 en el caso del diésel. El nuevo gobierno deberá evaluar si adopta la medida o toma otras decisiones para paliar el déficit. Un aumento desbordado en el precio de los combustibles puede desprestigiar al gobierno por no cumplir sus promesas y encarecer el costo de vida, además de animar un clima de protesta y desborde social.

  • • Las remesas son el nuevo ‘dorado’ de la economía. Un negocio de US$8.600 millones es igual a las exportaciones de café y carbón juntas, que en millones suman US$3.091 y US$5.652, respectivamente. Es un caudal de dinero silencioso que creció a un ritmo de 24 por ciento en 2021 y que se convertirá en la próxima década en uno de los pilares de ingresos externos más importantes para la economía colombiana. Vivir de los compatriotas que giran desde el exterior es una tendencia en crecimiento en regiones como el Suroccidente, el Eje Cafetero y Antioquia, remesas que representan más para sus economías que las exportaciones tradicionales. Este es un tema sobre el cual aún no existen regulaciones legales o política pública; el nuevo gobierno deberá tomar cartas en este asunto de vital importancia económica y social.
  • • La deuda pública es un elemento estructural del funcionamiento del sistema económico y fiscal; con el paso del tiempo se va acumulando y se convierte en una renta perpetua que cobra el capital financiero al conjunto de la sociedad. El aumento de la deuda recorta el gasto social. Si se mantiene la renta petrolera con los precios elevados actuales, la deuda neta del Gobierno Nacional Central podrá estabilizarse en una cifra cercana al 54 por ciento del PIB durante los próximos 11 años (gráfico 7). La administración Petro-Márquez tendrá que intervenir el tema de la deuda pública buscando la renegociación de una parte, y limitando drásticamente su crecimiento, al tiempo que requiere abrir campo al financiamiento del Plan de Desarrollo 2022-2026.

 

 

 

 

Es recurrente decir que una cosa es estar en campaña electoral y otra en la administración de la cosa pública, y la realidad nacional confirma esta constante. Si bien es cierto, como lo sustenta lo sucedido y las negociaciones en marcha, que la coalición sociopolítica Pacto Histórico cuenta con la suficiente fuerza hegemónica y con escenarios de gobernabilidad favorables, ello no es suficiente para cumplir con sus promesas, así limitado por la insuficiencia de recursos necesarios para financiar el conjunto de programas en que se fundamenta su propuesta de giro reformista para modernizar el capitalismo –de rostro humano, le dicen los socialdemócratas–, lo cual lo acerca a un amplio espectro de incertidumbres. Una propuesta y una acción para llevar este programa reformista más allá de la modernización del modelo económico, social y político vigente, tras autonomía, autogestión y fortalecimiento de la economía popular fundada en criterios colectivos, y que confronte al capital internacional interesado en un retoque de la economía nacional, queda en manos de la sociedad, llamada a la deliberación, movilización, propuesta, acción y construcción en todas las regiones del país.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Hegemonía del Pacto Histórico


El PH obtuvo el triunfo con la votación más alta de la historia, 11.277.407 sufragios, equivalentes al 50,5 por ciento de las 22.637.351 personas que ejercieron su derecho democrático. El Censo electoral registró una cifra de 39.002.239 connacionales; en consecuencia el 58,1 por ciento de los votantes autorizados acudieron a las urnas el pasado 19 de junio. Con base en los resultados, la segunda vuelta se convierte en la jornada electoral para elegir presidente con la abstención más baja en los últimos 20 años: 41,9 por ciento del total potencial de votantes. En Colombia se registra una correlación entre el aumento de la participación y el voto por los candidatos de izquierda democrática: a menor abstención, mayor votación por la opción alternativa (gráfico 8).

 

 


La noción de hegemonía alude a la supremacía de una organización política sobre otras; en contraste con el autoritarismo, la supremacía cultural es hegemónica sólo si los afectados por ella también consienten y luchan por su sentido común. La geopolítica (gráfico 9) y los resultados de las votaciones por presidente en segunda vuelta muestran aparentemente un país dividido por mitades, esto no es tan cierto. El análisis estadístico y la medición del grado de hegemonía dejan ver, con evidencia empírica, el alto grado de hegemonía de la coalición sociopolítica PH

 

Cuadro 1. Colombia: Estadísticas descriptivas de la elección presidencial, Pacto Históricoa 1ª y 2ª vuelta

  % Votación G. Petro 1ª vuelta % Votación G. Petro 2ª vuelta
Media 42,651,5
Desviación estándar16,016,8
Rango 56,6 61,1
Mínimo15,820,9
Máximo72,481,9
Coeficiente de variación % (Des Est/Media)37,632,6


En efecto, el mapa que arma las votaciones según el criterio de grado de hegemonía permite concluir que esta alianza es altamente hegemónica en 17 de las 33 unidades territoriales (incluido Bogotá, D.C.) que integran al país (51,5%) al obtener el triunfo con más de la mitad de los votos válidos; en doce departamentos (36,4%) la hegemonía es media (la votación se encuentra en un rango entre más de 33% y 50%) y sólo en 4 (12,1%) la hegemonía es baja, esto es, un voto favorable al PH inferior a la tercera parte del total de sufragios válidos del departamento.

 

 


Entre la primera y la segunda vuelta, el grado de hegemonía de esta coalición sociopolítica creció (cuadro 1). La votación media que le favoreció se elevó 8,9 puntos porcentuales, de 42,6 aumentó a 51,5 por ciento. El rango de votación por el PH añadió 4,5 puntos porcentuales en sentido positivo: el mínimo de la segunda vuelta fue de 20,9 por ciento en contraste con el de la primera de 15,8; el máximo aumento de 72,4 por ciento a 81,9. La votación por Gustavo Petro y Francia Márquez fue más alta, compacta y homogénea: el coeficiente de variación disminuyó 5 puntos porcentuales, de 37,6 bajó a 32,6 por ciento. γ

 

 


 

La herencia


En la balanza comercial de 2022, el total de las exportaciones apenas representan comparativamente el 79,3 por ciento del valor de las importaciones; en 2015 alcanzaban al 69,8 de las importaciones, mejoramiento explicado por las rentas petroleras producto del acelerado aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional: en noviembre de 2021 el barril se cotizaba en US$73 dólares y al finalizar junio de 2022 se vendió a US$115 (gráficos 6 y 10). El déficit en las cuentas con el exterior equivale a 7 por ciento del PIB;
El exceso de gasto del gobierno ha implicado un salto en el déficit fiscal de 2,3 por ciento durante 2012-2013 a 7,1 del PIB en 2021. Los ajustes previstos en las finanzas públicas permiten prever una reducción del déficit fiscal al 2,0 por ciento en 2024 para luego aumentar a 3,3 en 2026 ante la previsible caída en el precio internacional del barril de petróleo debido a la estanflación global que se avecina;


El gobierno saliente financió parte de su gasto a través de créditos; en 2012 la deuda Bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB era de 34,2 y durante 2020-2021 llegó a 61 por ciento; en 2025-2026 se espera una reducción y estabilización alrededor del 54 por ciento (gráfico 11), lo que exige un fuerte ajuste económico y fiscal (en ingresos y gastos) por parte del nuevo gobierno;


La pérdida de valor del peso refleja, entre otras causas, los déficit que causó el exceso de gasto de la administración y el acelerado endeudamiento público por parte del gobierno Duque. Una severa tendencia hacia la devaluación del peso, en el marco de una inestabilidad en la tasa de cambio: al inicio de la administración Duque era de $2.956 por cada dólar, en junio de 2021 la tasa de cambio aumentó a $3.780 por dólar, en mayo de 2022 alcanzó el máximo de $4.110 por dólar. Al finalizar el mes de junio la tasa representativa del mercado (TRM) se cotizó en un promedio de $4.129.9 por cada dólar estadounidense, ante temores de una recesión global.
La inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos pasan su costosa y elevada factura a la población de clase media y baja, empobreciéndola aún más a través del incremento acelerado y sostenido en el índice de precios al consumidor (IPC), en particular debido a la inflación registrada en el rubro de los alimentos: durante los años 2018 a 2022 los precios aumentaron a una tasa anual de 3,2 por ciento hasta 9,1; en los alimentos el incremento fue mayor, de 2,4 a 21,6 por ciento; no controlar la inflación implicará una destrucción de los avances en productividad, al igual que una caída en la demanda de los hogares (gráfico 12);
El nuevo gobierno se verá abocado a realizar un fuerte ajuste, con un recorte drástico del gasto público y un aumento de los ingresos fiscales –reforma tributaria–. Además, tendrá que equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la intención de reducir la desigualdad social y mitigar entre los ciudadanos más pobres los efectos de las múltiples crisis que vive el capitalismo.


Los principales indicadores que reflejan el sufrimiento social de la sociedad colombiana registran un deterioro o agravamiento durante el período 2016-2022: i) la concentración del ingreso, una constante histórica (la labor del Estado colombiano en temas pro-equidad es realmente lamentable), aumenta significativamente; actualmente Colombia tiene un elevado Gini de 0,53, ii) la tasa de desempleo aumentó de 8,9 por ciento en 2015 y actualmente se encuentra en 11,2; iii) la pobreza por ingresos aumentó de 34,7 por ciento en 2018 a 42,5 en 2020 y actualmente se ubica alrededor del 40,0; iv) la violencia homicida viene aumentado a un ritmo anual del 14 por ciento (gráfico 13).
No es casual, por tanto, que la mayoría social anhele un cambio, y así lo interpretó Gustavo Petro en su discurso al ganar la elección presidencial, al asegurar que lo que viene para el país es “un cambio de verdad”. Agregó: “mi deseo es disminuir la pobreza, construir una Colombia más igualitaria, cerrar las brechas económicas entre las mujeres y los hombres, consolidar la paz y priorizar la transición energética responsable de cara al futuro”.

 

 

 

 



Apartes del histórico giro que pretende el PH

  • • Propone desarrollar el capitalismo en Colombia con una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza por medio de una reforma agraria; asimismo, propone incentivar la producción agroecológica, el desarrollo de la industria nacional de fertilizantes e insumos y planes de cinturones agroalimentarios. Igualmente referencia una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción.
  • • Transitar hacia una industria con mayor productividad, innovación y neutral emisión de carbono. La defensa a la industria nacional se realizará a través de la protección arancelaria. Articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado, así como el desarrollo de cadenas de valor agregado.
  • • Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
  • • Creación del Ministerio de la Industria.
  • • Construcción de una red ferroviaria eléctrica “sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial”. Recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos. Aumentar la capacidad aeroportuaria. Construir nuevas vías terciarias.
  • • Transición energética: pasar de un sistema que depende del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables, girando hacia uno centrado en la productividad agraria. Cese de la contratación de exploración de petróleo. Modelo de Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Creación de un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas. Ecopetrol continuaría, por lo menos durante los próximos 15 años, para “garantizar los combustibles que el país requiere, y hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado”. Creación del Instituto Nacional de Energías Limpias. No construcción de más hidroeléctricas de embalse. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detención de los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Reforma al código de minas.
  • • Reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales deben hacer parte del nuevo modelo de “economía productiva” e implementar programas que “garanticen ingresos seguros”.
  • • El Pacto Histórico propone un cambio por el campo. Dejaremos, dicen, de importar millones de toneladas de alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. El propósito es bajar los precios de los alimentos. Dentro del modelo de país económico con que sueña Gustavo Petro, la “soberanía alimentaria” es otro de sus fundamentales.
  • • La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basará en el agua. Ajuste normativo de las leyes de Ordenamiento Territorial. Revisar la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
  • • Garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.
  • • El turismo será el protagonista en la transición económica. Apoyarán proyectos turísticos comunitarios, culturales, de salud y de naturaleza.
  • • El cambio por el trabajo promueve su dignidad y decencia. Petro promete defender que el Salario Mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores. Reconocerá el trabajo comunitario de 1 millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Otro gran pilar de la Colombia que promete es su programa de empleo garantizado. La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia.
  • • Pensiones. Transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, fortaleciendo a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia actual. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: i) El solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; ii) El contributivo, en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; iii) El ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen. Además, asegura, que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
  • • Garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población, sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional.
  • • Educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.
  • • Cultura. Se construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y se revitalizarán 46 centros históricos del país.
  • • Reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia y desmonte del Esmad. El servicio militar dejará de ser obligatorio. Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz.
  • • Reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del gobierno nacional; reforma de la Procuraduría y de la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
  • • Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y abrir espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia. Construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.
  • • Respeto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc con implementación efectiva y financiación. Reducción de los índices de violencia y garantía real de los derechos humanos. El propósito es lograr una paz total y definitiva, parte de lo cual es la negociación con el ELN; en esta intención coincide, de una parte, la exigencia del grupo insurgente con relación al establecimiento de los mecanismos y condiciones de participación de la sociedad civil en la definición e implementación del acuerdo para un proceso de paz y, de otra, la afirmación del líder del Pacto Histórico que durante su gobierno propiciará “diálogos regionales vinculantes”, en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se “vuelva norma”.
  • • Relaciones internacionales. Establecer y fortalecer los diálogos con países vecinos. Promoción de la integración política, económica, comercial, social y cultural de Colombia con la Patria Grande: Latinoamericana y el Caribe.

 

Como puede deducirse, un programa para 20 o más años: ¿logrará el PH tal control de lo público, valiéndose para ello incluso del llamado a la sociedad, en el denominado “Frente amplio”, para construir un nuevo marco constitucional? ¿O su gestión en sus primeros cuatro años solo servirá para sanear y modernizar el capitalismo, arrinconando a la oligarquía terrateniente y abriéndole espacio a la industrial-financiera vinculada al capital global?

 


De la primera a la segunda vuelta, diez cambios claves

  1. 1.La proporción de quienes ejercieron su voto en la segunda vuelta es la mayor en las dos últimas décadas; en consecuencia, la abstención cayó de 45,1 por ciento (primera vuelta) a 41,9 (segunda vuelta), esto es, bajó 3,2 puntos porcentuales. Entre las dos vueltas el número de sufragios creció en 1.217.125 (5,8%). De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta cifra se explica, de una parte, por la participación de quienes votaban por primera vez (jóvenes entre 18 y 21 años de edad), de otra, por el entusiasmo que generó la coalición sociopolítica Pacto Histórico y sus candidatos Petro-Márquez, pero también por el rechazo a la institucionalidad representada por los personajes Uribe-Duque. El triunfo de los líderes del Pacto Histórico sobre sus contendores Hernández-Castillo fue por la diferencia de 2.574.559 votos en la primera vuelta y de 700.601 en la segunda vuelta de la elección presidencial; esto es, la disparidad se redujo de 30,2 a 6,2 por ciento (cuadro 1).
  2. 2. El crecimiento en el número de votos entre ambas vueltas fue mayor en la campaña del ingeniero Hernández (77,7%) en relación al aumento que benefició a Petro-Márquez (32,3%). Hernández-Castillo recibieron 4.627.203 votos adicionales a los obtenidos en la primera vuelta, en su mayoría provenientes de los partidos políticos de extrema derecha que perdieron en la primera vuelta. Petro-Márquez añadieron 2.753.245 sufragios en la segunda vuelta, provenientes de los votos del Centro político que viraron hacia la izquierda y al ingreso de la fuerza juvenil al proceso electoral (cuadro 1).
  3. 3. Si bien el voto en blanco no tenía validez legal para los resultados de la segunda vuelta, sí reflejaba el rechazo de la ciudadanía que tomó esta opción por cualquiera de los dos oponentes, opción que aumento en 135.364 papeletas entre la primera y la segunda vuelta, con un incremento de 36,9 por ciento.
  4. 4. En las 33 entidades territoriales (incluida Bogotá D.C.) que conforman la nación, las dos campañas aumentaron la participación relativa de la votación obtenida en segunda vuelta respecto a la primera. En el promedio simple, Hernández registró el doble de incremento (19,1 puntos porcentuales) respecto a los resultados del Pacto Histórico (10.1). El mayor crecimiento lo obtuvo Hernández en el departamento de Antioquia al incrementar en 45,6 puntos porcentuales los votos relativos entre las dos vueltas. Petro-Márquez tuvieron una agregación superior en todo el Sur del país, en particular en Nariño al registrarse un crecimiento de 10,8 puntos porcentuales (gráfico 1)
  5. 5. Los promedios simples de los votos relativos obtenidos por los dos contendientes a nivel territorial aumentaron en 15,9 puntos porcentuales para Hernández y 8,9 para Petro. La dispersión de los resultados se redujo en las dos campañas; el coeficiente de variación (% desviación estándar/media) bajó en 4,9 puntos porcentuales en los resultados obtenidos por Petro-Márquez y 21,4 en el caso de Hernández-Castillo. El rango (distancia entre mínimos y máximos) en los votos recibidos por Hernández-Castillo creció en menor medida respecto a los resultados de Petro-Márquez: 1,7 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente. Los cambios relativos en los mínimos y máximos registran aumentos alrededor de 10 puntos porcentuales hacia arriba en los resultados obtenidos por las dos campañas (cuadro 2).
  6. 6. En el campo de las confrontaciones políticas se enfrentan diversas fuerzas de naturaleza económica, clase social, ideológica, etaria, género, cultural, étnica y territorial que operan en un espacio vectorial. El resultado, el vector ganador tiene tres elementos: módulo (magnitud), dirección y sentido. Por zonas urbano-rural, los dos candidatos a la presidencia perdieron intención de voto en las zona rural entre la primera y la segunda vuelta; Petro perdió 9 puntos porcentuales de preferencia en lo urbano (aunque mantuvo el respaldo en las grandes capitales de alta votación numérica, como Bogotá D.C.) y Hernández aumentó en 5,1 el favoritismo (cuadro 3)
  7. 7. En todos los estratos socioeconómicos la tendencia favorable al Pacto Histórico cayó entre la primera y la segunda vuelta, principalmente en los estratos 4, 5 y 6 donde bajó la inclinación al voto en 7,9 puntos porcentuales. Hernández-Castillo perdieron favorabilidad relativa en los estratos uno y dos; sin embargo, aumentaron en una proporción significativa la intención del voto en el estrato tres y principalmente en los estratos socioeconómicos 4 a 6 (cuadro 3).
  8. 8. El cambio en la intención de voto de las mujeres, entre ambas vueltas, fue desfavorable para las dos campañas. Respecto al voto masculino, el cambio relativo fue favorable a Hernández y desfavorable a Petro.
  9. 9. La decisión de votar por Petro-Márquez fue muy importante en los rangos de edad más jóvenes, esto es, de 18 a 34 años de edad, en cuanto le agregaron un 17,1 de favorabilidad; en contraste, Hernández-Castillo perdieron este caudal de voto etario joven en la misma proporción. En los más adultos y viejos, mayores de 35 años, el Pacto Histórico perdió intención de voto relativo; espacio que fue ganado por Hernández-Castillo, particularmente en el rango etario de 55 o más años de edad. En la elección presidencial de 2022 se registró un antagonismo generacional, entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y el cambio (cuadro 3). El antagonismo también fue entre clases sociales y estratos socio-económicos; además, hubo un rechazo al racismo y una insurgencia de los pueblos originarios en defensa de las identidades y la pluralidad.
  10. 10. El poder del Estado, la fuerza del capital, el control de la opinión pública por parte de muchos de los grandes medios de comunicación, la presión de las mafias de la lumpenoligarquía, las iglesias cristianas y el dominio de los partidos del establecimiento, en conjunto se movieron, feroz y estratégicamente, en contra de la coalición finalmente triunfante (por poco margen) y a favor de la campaña del empresario constructor-prestamista Rodolfo Hernández.

 

 


Pese a esa conjunción de factores por el statu quo, finalmente pudieron más la fuerzas sociopolíticas de la juventud, la ‘Colombia profunda’ del Sur, la población ilustrada y democrática de las ciudades capitales, la red nacional de medios de comunicación alternativos, los partidos de izquierda, los sindicatos, los sectores populares y los movimientos sociales, culturales, ambientalistas y defensores de derechos humanos para otorgarle el triunfo a Petro-Márquez y su propuesta de Cambio por la vida.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

Publicado enColombia
Walter Tello, sin título (Cortesía del autor)

Este artículo indaga sobre la fuerza hegemónica del Pacto Histórico, los escenarios de gobernabilidad y la viabilidad de su propuesta de Acuerdo Nacional para realizar las reformas urgentes que requiere el país, los ajustes institucionales, acoplar el Presupuesto General de la Nación 2023 y aprobar el Plan de Desarrollo que materialice su programa de gobierno 2022-2026.


Al igual que los individuos, las sociedades no cambian porque existan mejores opciones; mutan cuando llegan a la conclusión que no les queda otra opción. La sociedad colombiana no es la excepción: tres de cada cuatro electores estuvo a favor del cambio en la primera vuelta de la elección presidencial y lo ratificaron en la segunda. Con el triunfo del Pacto Histórico (PH), su fórmula presidencial Gustavo Petro-Francia Márquez y el lema “Cambio por la vida”, le corresponde a esta coalición sociopolítica liderar y orientar el giro político, económico y social que se abre para el país.


Gobernabilidad y Acuerdo Nacional


La historia de la humanidad muestra que las revoluciones están basadas en contratos sociales cuyo rasgo dominante es que la autoridad procede desde abajo y que la gente se siente con capacidad de contribuir al cambio y mejorar su bienestar. La democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes que determinan sus condiciones de vida.


En esta senda, Colombia necesita construir consensos con el Estado, el sector empresarial privado, cooperativo y popular, la sociedad civil, las diversas regiones y las entidades internacionales, en trabajo unido para establecer metas a mediano plazo y responsabilizar a los gobiernos por ellas. Aunque debe basarse en condiciones financieras y técnicas, esta es una tarea política de negociaciones, alianzas y consensos. Con este propósito, la nueva fuerza de gobierno viene sumando apoyos, en el marco del acuerdo nacional que buscan construir y que han denominado “Frente amplio”.


También muestra la historia que las sociedades modernas exitosas han forjado un amplio consenso político a favor de la democracia participativa, la estabilidad macroeconómica, el incremento de la competitividad en el mercado global, la inserción, cooperación y solidaridad en un mundo multipolar, la transformación del Estado hacia una entidad de derecho inclusiva, eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, la protección de la propiedad y la promoción del emprendimiento individual y colectivo, la inclusión social y pluriétnica (la importancia de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y garantizar universalmente los derechos humanos y la justicia), la construcción de la paz estable y duradera, la reducción significativa de las fuerzas armadas y de policía reorientándolas para desempeñar un rol democrático, la articulación de la participación ciudadana deliberativa con la institucionalidad democrática (sobre todo en el nivel territorial) y la implementación de un modelo de desarrollo democrático libertario, ambientalmente sostenible, animando, a la vez, un cambio cultural consciente y crítico, un nuevo sentido de la vida y la política y que encuentra en su búsqueda y construcción colectiva a la dignidad y la convivencia solidaria como referencias de la existencia humana cotidiana. Estas directrices son el fundamento del proyecto promovido por el PH. (Ver recuadro: Apartes del histórico giro que pretende el PH).


De ello emana la gobernabilidad, que debe ser entendida como un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Los grados y niveles de gobernabilidad involucran una serie de “acuerdos” básicos entre las élites dirigentes y la diversidad de “agentes estratégicos”. Tras ese propósito, el PH cuenta con un amplio margen de gobernabilidad para gerenciar y consensuar el cambio demandado por la sociedad colombiana, tanto en el Congreso como con el sector empresarial y la sociedad civil.


Gobernabilidad que debe construirse: “Realizaremos diálogos regionales creando un Gran Acuerdo Nacional que nos oriente hacia los cambios que Colombia necesita para lograr la paz y el progreso. Nuestra propuesta de cambio nos convoca a todos y todas a unir fuerzas para empezar a crecer con transparencia, con respeto a los derechos, con igualdad, con democracia, paz y solidaridad”, expresó la triunfante fórmula presidencial. Un deseo también desprendido de la realidad, en tanto el PH quedó bastante sub-representado en el Congreso de la República: 20,2 por ciento de las curules del Senado y 13 por ciento de la Cámara de Representantes (gráficos 1a y 1b). Un gobierno de consensos, como el primero de sus objetivos, que de hacerse realidad y marcar sus cuatro años de gestión permitirá afirmar que se destacó por ser un presidencialismo de coalición.


Y en efecto, sus primeros pasos van en esa senda. Los representantes del Pacto expresan que “Somos conscientes de que la segunda vuelta quedó 50 y 50 y en este caso no se trata de tener las mayorías, sino de llegar a un consenso para tratar de acabar con la polarización que hay en Colombia”.


Entretejido de voluntades que comienza por el Congreso, cuyas sesiones ordinarias inician el 20 de julio, órgano del poder político en el que, según el Estatuto de la Oposición, las colectividades deberán declararse de gobierno, independientes o de oposición. Hasta ahora y según los acuerdos logrados, con distribución de ministerios y otras cuotas burocráticas, el nuevo gobierno cuenta con el respaldo de la coalición que lo llevó al triunfo, el partido Comunes, representantes a la Cámara de las curules de paz, las circunscripciones indígenas y una amplia bancada de congresistas de los partidos Liberal, de la U, Cambio Radical y la Alianza Verde, una suma de apoyos que le garantiza una solvente gobernabilidad, con dos terceras partes de las curules del Congreso para sacar avante su proyecto de cambio. Estratégicamente, el PH da inició al nuevo Congreso contando y disponiendo del poder que otorga la Presidencia del Senado, en cabeza del senador Roy Barreras, para impulsar jurídicamente los tres ejes fundamentales de su programa de gobierno: i) consolidación de la paz total e integral; ii) cierre de las brechas sociales y garantía universal de los derechos humanos; iii) lucha contra el cambio climático y reorientación del modelo de desarrollo hacia su sostenibilidad; además, aprobar la Reforma Tributaria que requiere el nuevo gobierno para hacer viable financieramente su proyecto político y social.


En oposición se declararon los sectores que representan la extrema derecha y la lumpenoligarquía colombiana, agrupados bajo las etiquetas del Centro democrático, el Partido Conservador (varios senadores conservadores que harán parte del nuevo Congreso han expresado su apoyo a la agenda del PH, generando una crisis al interior de su partido) y los movimientos políticos de las iglesias cristianas, que sumados alcanzan una tercera parte del Congreso.


Desafíos


Varios retos de gobernabilidad le esperan al nuevo Presidente. Uno de los primeros proyectos en los que se verá su relación con el Congreso será el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, iniciativa que debe ser radicada por la actual administración, pero aprobarse hacia septiembre a manos del gobierno entrante. Seguramente la estructura del PGN no será muy diferente al hoy vigente, diseñado y gestionado por la presidencia de Duque (gráfico 2).

 


El PGN está predeterminado por un alto volumen de inflexibilidades; el nuevo gobierno, en alianza con las bancadas del Congreso que le garantizan su gobernabilidad, deberá ajustarlo y armonizarlo de acuerdo con el proyecto histórico demandado por las tres cuartas partes de los connacionales, consecuentes con una de sus características principales: ser síntesis y reflejo de la lucha de clases.

Un presupuesto con amarres y deberes: de los $350,4 billones del valor aforado del PGN de 2022, el 59,7 por ciento se destina a costear el funcionamiento del Estado, el 21,4 al pago de la deuda pública y el 18,9 a inversión. Para crecer alrededor del 5 por ciento anual y reducir el desempleo a un dígito, por lo menos el 26 por ciento del PIB colombiano debe ir a inversión, el principal motor del crecimiento. Al tiempo que así actúa, el nuevo gobierno tiene que ayudar a incrementar la tasa de ahorro e inversión del país.

Ahorro, para nuevos énfasis en la inversión, que puede lograrse a partir de promover una restructuración del gasto mediante la renegociación de la deuda pública, haciendo más eficiente al Estado y reduciendo los gastos de funcionamiento, bajando drásticamente los gastos militares y de policía en la medida en que se reduzca el conflicto armado interno y se consolide una paz integral y total; ésta reducción debe apoyar el aumento del gasto social y la garantía de los derechos humanos, financiar las políticas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo e incrementar la inversión, la innovación, la diversificación y el cambio en la matriz energética hacia tecnologías limpias y amigables con el ambiente.

Los principales gremios económicos (Andi, el Consejo Gremial Nacional –CGN– Fenalco y otros) reconocieron el triunfo del PH y felicitaron a los dos líderes de la presidencia, al tiempo que manifestaron su voluntad para trabajar de la mano con el próximo Gobierno y llamaron la atención sobre la importancia de cumplir y respetar la ley. En este sentido, el CGN destacó que como representante de los empresarios y del sector productivo está listo para trabajar por una “Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones”, e invitó al nuevo gobierno a reunirse e integrar una agenda conjunta.

A la par de ellos, el cambio demandado por la ciudadanía debe ser el producto del trabajo mancomunado de todos, mucho más cuando el triunfo del PH es el resultado de la participación consciente de la juventud (23% del Censo electoral), las mujeres (51% de la población), los pueblos originarios negros, indígenas y Room (14% de la población), los sectores populares y las clases medias democráticas (80% de los habitantes), del pueblo trabajador y sus organizaciones sindicales y, en general, de las organizaciones sociales, tradicionales y nuevas, de los movimientos culturales, ambientalistas y defensores de los derechos humanos. El giro que se inicia requiere de la organización y participación activa de estos colectivos, poder político esencial del nuevo gobierno, para demostrar su fuerza, apoyo, creatividad y espíritu constructivo, solidario, cooperativo y democrático.

Uno de los retos más fuertes es la transformación de la naturaleza del Estado Colombiano. En la indagación al “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James Robinson distinguen entre instituciones económicas y políticas “inclusivas”, las cuales protegen los derechos de propiedad, la equidad, los derechos humanos y fomentan la innovación y el cambio tecnológico, y las instituciones económicas y políticas “extractivas” que están diseñadas para sacar ingresos y riqueza de la mayoría de la sociedad trabajadora para beneficiar a un pequeño subconjunto de rentistas y explotadores. En Colombia, las instituciones políticas y económicas extractivas impuestas por los invasores europeos al finalizar el siglo XV, han perdurado condenando a gran parte de la población a la pobreza, la ignorancia y la exclusión.


Un primer cambio institucional anunciado por el nuevo gobierno es la creación del Ministerio de Igualdad y Mujer, el cual estará dirigido por la vicepresidenta Francia Márquez. La nueva cartera tendrá cuatro objetivos: i) Lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; ii) Reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión; iii) Ingreso vital: medio salario mínimo a la madre cabeza de familia; iv) Con la reforma agraria y la economía popular hacer a la mujer titular de propiedad y sujeto de crédito de fomento para emprender.


Viabilidad del proyecto de cambio histórico


El modelo de desarrollo sostenible e inclusivo impulsado por el nuevo gobierno clasifica en los denominados progresistas o neodesarrollistas por contraste con el neoliberalismo. En el neodesarrollismo es el Estado el motor del crecimiento económico y de distribución del ingreso y la riqueza, interviniendo activamente en los procesos de producción, innovación, mercado y consumo, como también en la construcción de infraestructura, aunque sin estatizar ni centralizar el sistema económico.


Tras esta senda, una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento anual es la cifra que se establece empírica y convencionalmente como condición necesaria y mínima para un funcionamiento satisfactorio del capitalismo moderno; sin embargo, con las amenazas actuales de una estanflación global, este crecimiento mínimo del PIB parece cada vez menos sostenible. Después de la caída abrupta de la economía mundial y colombiana en 2020 producto de las medidas drásticas que se tomaron para enfrentar la pandemia, las economías registraron un efecto rebote con altos crecimientos durante 2021-2022 pero sin vigor para sostenerse, como se proyecta para los años 2023-2024 (gráfico 3).

 

 


Además, al nuevo gobierno le tocará enfrentar los graves desequilibrios macroeconómicos heredados de la administración Duque (2018-2022) (Ver recuadro: La herencia).


Reforma tributaria estructural


Con al menos esa tasa de crecimiento económico en la mira, y en procura de oxígeno para concretar sus propósitos sociales, el nuevo gobierno enfrenta el reto de realizar un ajuste fiscal que incluya tanto el gasto como los ingresos (ver gráficos 4 y 5).

 

 

 
El reto principal que mantendrá ocupado a Gustavo Petro y a su equipo de gobierno es el análisis realista en materia financiera y jurídica del costeo fiscal de sus propuestas. Un estimativo preliminar de los recursos financieros requeridos para implementar el programa propuesto es de $55 billones, esto es, 15,7 por ciento adicional al PGN de 2022 que tiene un valor de $350,4 billones. En términos del PIB se requieren entre 3 y 5 puntos porcentuales adicionales para financiar de manera sostenible el gasto público anual para el período 2022-2026.


Para lograr reunir esos recursos, dos son las alternativas: mayor endeudamiento público o implementar una reforma tributaria. El nuevo gobierno se decanta por la segunda opción, y las características de la misma implican:

 

  • • Objetivo: recaudar $55 billones adicionales
  • • Criterios generales:


Desmonte gradual de los beneficios tributarios no justificados. Habría una sola tabla de impuesto de renta con tarifas iguales para rentas laborales, dividendos o ganancias ocasionales. De $80 billones anuales son las pérdidas para el Estado colombiano fruto de los descuentos, los beneficios tributarios, las exenciones y las tarifas diferenciales otorgadas. Desmontar de forma gradual beneficios tributarios que incentivan la extracción minero-energética y privilegian a personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio.
La reforma tendrá su énfasis en el impuesto de renta. Aumentar el recaudo sobre las personas de más ingresos (se estima que este grupo privilegiado está integrado por unas 40.000 personas). Actualmente, la tasa efectiva del impuesto de renta a la que tributan el 1 por mil de las personas más ricas del país es del 1 o 2 por ciento; en cambio los trabajadores promedio tributan a una tasa cercana al 20.
En contravía de los países de la Ocde, en Colombia prevalece una estructura tributaria que depende mucho de los impuestos a las empresas y muy poco de los impuestos a las personas naturales (20% lo aportan las personas naturales y 80% las corporaciones), lo cual desincentiva la inversión, al tiempo que impide gravar de manera justa a las personas de más altos ingresos. Revertir este fenómeno es uno de los ejes, reduciendo las tasas de impuestos corporativos principalmente en los sectores claves para el proceso de industrialización, agrarización y de la transición energética, a la par que se elevan las tasas para las personas naturales.
Para que esta reestructuración cumpla con los objetivos de recaudo, se pretende clarificar la delimitación entre empresas y personas naturales. Los activos de una empresa que estén vinculados al cumplimiento de su objetivo social deben ser gravados a las tasas corporativas. Los demás activos, aquellos que simplemente están para ofrecer servicios a personas naturales sin ninguna conexión con la actividad principal de la empresa deben ser desvinculados de la misma y los flujos de ingreso que generen deben ser gravados como rentas de personas naturales. Así se corregirá una anomalía de vieja data que ha sido una cuantiosa fuente de elusión fiscal.
No recurrir a los impuestos regresivos. No sobrecargar a las empresas pequeñas y medianas con cargas impositivas superiores. Controlar la evasión de la propiedad rural (controlar las grandes extensiones de tierra con más impuestos o mayor productividad).

Personas Naturales:

  • • No disminuirá umbral para declaración de renta
  • • No cambios en el IVA. No se extenderá el IVA a la canasta familiar. Nuevos “impuestos saludables” sobre los alimentos “chatarra”.
  • • Impuesto de Renta aumenta para salarios altos (más de $200 millones al año).
  • • Pago de impuesto al patrimonio a partir de $1.000 millones.
  • • Gravar las pensiones más altas, de más de $10 millones (en Colombia hay aproximadamente 25.000 personas que tienen pensiones de más de diez salarios mínimos, estas son las que entrarían dentro de la línea de un pago de impuestos; ingresos pensionales inferiores a este umbral no pagan impuesto).
  • • Aumento del impuesto a los dividendos
  • • La actualización del catastro multipropósito es una prioridad.

Personas Jurídicas:

  • • Disminuirá la carga tributaria, especialmente para las Pyme. Menos impuestos para las empresas productivas pequeñas y medianas que trabajen el agro con energías limpias.
  • • Eliminación de exenciones.
  • • Revisión de contratos de estabilidad jurídica
  • • No pagan impuesto al patrimonio
  • • Gravar activos improductivos, en particular los latifundios.

En resumen:

  • • Las propuestas fiscales proyectadas pueden agruparse en siete ítems: i) Gasto del Estado: aumentar a estándares internacionales; ii) Tamaño del recaudo: aumentarlo entre 3 y 5 por ciento del PIB; iii) IVA: No se toca en general, pero se aumenta para alimentos no nutritivos y se baja para los nutritivos; iv) Impuesto de renta, a) personas: aumentarlo y separarlas de las empresas; b) empresas: bajarles la tarifa; v) Impuesto al patrimonio: sí, base de patrimonio líquido de $1.000 millones; vi) Impuesto a las altas pensiones; vii) Aumento impuesto a los dividendos.

Incertidumbres:

  • • Colombia, aunque no es potencia petrolera, vive principalmente de la renta de los hidrocarburos (en particular, la Hacienda Pública). En Colombia, los hidrocarburos aportan el 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en tanto el petróleo representa el 40 por ciento del valor exportado por Colombia al resto del mundo; en los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) los ingresos petroleros contribuyen con el 10,2 por ciento del total en 2022. Pese a lo anunciado por el gobierno del PH, no será fácil la transición energética y sustituir estos recursos en el mediano plazo. En 2022 se espera una meta de producción diaria de 825.000 barriles de crudo (gráfico 6). Está activa una amplia campaña de perforación, con más de 70 pozos exploratorios; en términos de firmas de contratos, que es donde todo comienza, el gobierno Duque ha firmado 69. Si los precios continúan altos y el ambiente de inversión sigue siendo atractivo, la producción puede superar 900.000 barriles en los próximos cuatro años; hasta 2025 o 2026 seguirán aumentando hasta los niveles prepandemia, y de ahí en adelante, por más que haya inversión, empezará a declinar.
  • • Las regalías constituyen la principal fuente de financiación de los proyectos de inversión de las regiones a través del Sistema General de Regalías. En 2021 se obtuvieron $7 billones en regalías y fueron las más altas desde el año 2014. De seguir esa tendencia es posible llegar a lo recaudado en el 2012, que fue el año más alto en materia de regalías de la historia del país ($17,7 billones en el bienio 2013–2014). Hay factores a tener en cuenta, como la devaluación del peso, pero se debe evaluar también que los precios están altos y la producción se está recuperando. En esas condiciones, las regalías en el 2022 pueden rondar los $9 billones.
  • • El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (Fepc) fue creado para evitar que la elevada volatilidad de los precios internacionales del petróleo se traslade, vía precios, a los consumidores. Colombia tiene el tercer precio por galón de gasolina más barato de América Latina, alrededor de US$2,3. La razón de ello es el papel que cumple el Fepc, que absorbe la diferencia entre el costo establecido y el precio de paridad internacional. Según el MinHacienda, los precios se ubican para Gasolina Motor Corriente (GMC) y Acpm en 44 y 39 por ciento por debajo de la media de los países latinoamericanos, respectivamente.
    El plan gubernamental para subsidiar los precios, si bien ha sido beneficioso para el consumidor, ha prendido las alertas en el Gobierno y se anunció que desde este mes de junio se llevarán a cabo aumentos para la gasolina y el Acpm: el incremento será gradual y seguirá hasta 2023 para cerrar paulatinamente la brecha en relación con el precio internacional.


Esta alza es una medida adecuada para reducir el faltante, pero podría ser insuficiente por cuenta de los precios internacionales. Al cierre de 2022 se espera un déficit del Fepc entre $31 y $34 billones, cifra que representa 2,7 por ciento del PIB, según datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). De esta manera, el nuevo Gobierno tendría que girar $28,5 billones al Fepc para pagar sus deudas y cubrir el déficit entre los años 2023 y 2025. El aumento del precio cada mes afectará los costos de transporte; los incrementos irían entre $200 y $400 mensuales en el caso de la gasolina y hasta $250 en el caso del diésel. El nuevo gobierno deberá evaluar si adopta la medida o toma otras decisiones para paliar el déficit. Un aumento desbordado en el precio de los combustibles puede desprestigiar al gobierno por no cumplir sus promesas y encarecer el costo de vida, además de animar un clima de protesta y desborde social.

  • • Las remesas son el nuevo ‘dorado’ de la economía. Un negocio de US$8.600 millones es igual a las exportaciones de café y carbón juntas, que en millones suman US$3.091 y US$5.652, respectivamente. Es un caudal de dinero silencioso que creció a un ritmo de 24 por ciento en 2021 y que se convertirá en la próxima década en uno de los pilares de ingresos externos más importantes para la economía colombiana. Vivir de los compatriotas que giran desde el exterior es una tendencia en crecimiento en regiones como el Suroccidente, el Eje Cafetero y Antioquia, remesas que representan más para sus economías que las exportaciones tradicionales. Este es un tema sobre el cual aún no existen regulaciones legales o política pública; el nuevo gobierno deberá tomar cartas en este asunto de vital importancia económica y social.
  • • La deuda pública es un elemento estructural del funcionamiento del sistema económico y fiscal; con el paso del tiempo se va acumulando y se convierte en una renta perpetua que cobra el capital financiero al conjunto de la sociedad. El aumento de la deuda recorta el gasto social. Si se mantiene la renta petrolera con los precios elevados actuales, la deuda neta del Gobierno Nacional Central podrá estabilizarse en una cifra cercana al 54 por ciento del PIB durante los próximos 11 años (gráfico 7). La administración Petro-Márquez tendrá que intervenir el tema de la deuda pública buscando la renegociación de una parte, y limitando drásticamente su crecimiento, al tiempo que requiere abrir campo al financiamiento del Plan de Desarrollo 2022-2026.

 

 

 

 

Es recurrente decir que una cosa es estar en campaña electoral y otra en la administración de la cosa pública, y la realidad nacional confirma esta constante. Si bien es cierto, como lo sustenta lo sucedido y las negociaciones en marcha, que la coalición sociopolítica Pacto Histórico cuenta con la suficiente fuerza hegemónica y con escenarios de gobernabilidad favorables, ello no es suficiente para cumplir con sus promesas, así limitado por la insuficiencia de recursos necesarios para financiar el conjunto de programas en que se fundamenta su propuesta de giro reformista para modernizar el capitalismo –de rostro humano, le dicen los socialdemócratas–, lo cual lo acerca a un amplio espectro de incertidumbres. Una propuesta y una acción para llevar este programa reformista más allá de la modernización del modelo económico, social y político vigente, tras autonomía, autogestión y fortalecimiento de la economía popular fundada en criterios colectivos, y que confronte al capital internacional interesado en un retoque de la economía nacional, queda en manos de la sociedad, llamada a la deliberación, movilización, propuesta, acción y construcción en todas las regiones del país.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Hegemonía del Pacto Histórico


El PH obtuvo el triunfo con la votación más alta de la historia, 11.277.407 sufragios, equivalentes al 50,5 por ciento de las 22.637.351 personas que ejercieron su derecho democrático. El Censo electoral registró una cifra de 39.002.239 connacionales; en consecuencia el 58,1 por ciento de los votantes autorizados acudieron a las urnas el pasado 19 de junio. Con base en los resultados, la segunda vuelta se convierte en la jornada electoral para elegir presidente con la abstención más baja en los últimos 20 años: 41,9 por ciento del total potencial de votantes. En Colombia se registra una correlación entre el aumento de la participación y el voto por los candidatos de izquierda democrática: a menor abstención, mayor votación por la opción alternativa (gráfico 8).

 

 


La noción de hegemonía alude a la supremacía de una organización política sobre otras; en contraste con el autoritarismo, la supremacía cultural es hegemónica sólo si los afectados por ella también consienten y luchan por su sentido común. La geopolítica (gráfico 9) y los resultados de las votaciones por presidente en segunda vuelta muestran aparentemente un país dividido por mitades, esto no es tan cierto. El análisis estadístico y la medición del grado de hegemonía dejan ver, con evidencia empírica, el alto grado de hegemonía de la coalición sociopolítica PH

 

Cuadro 1. Colombia: Estadísticas descriptivas de la elección presidencial, Pacto Históricoa 1ª y 2ª vuelta

  % Votación G. Petro 1ª vuelta % Votación G. Petro 2ª vuelta
Media 42,651,5
Desviación estándar16,016,8
Rango 56,6 61,1
Mínimo15,820,9
Máximo72,481,9
Coeficiente de variación % (Des Est/Media)37,632,6


En efecto, el mapa que arma las votaciones según el criterio de grado de hegemonía permite concluir que esta alianza es altamente hegemónica en 17 de las 33 unidades territoriales (incluido Bogotá, D.C.) que integran al país (51,5%) al obtener el triunfo con más de la mitad de los votos válidos; en doce departamentos (36,4%) la hegemonía es media (la votación se encuentra en un rango entre más de 33% y 50%) y sólo en 4 (12,1%) la hegemonía es baja, esto es, un voto favorable al PH inferior a la tercera parte del total de sufragios válidos del departamento.

 

 


Entre la primera y la segunda vuelta, el grado de hegemonía de esta coalición sociopolítica creció (cuadro 1). La votación media que le favoreció se elevó 8,9 puntos porcentuales, de 42,6 aumentó a 51,5 por ciento. El rango de votación por el PH añadió 4,5 puntos porcentuales en sentido positivo: el mínimo de la segunda vuelta fue de 20,9 por ciento en contraste con el de la primera de 15,8; el máximo aumento de 72,4 por ciento a 81,9. La votación por Gustavo Petro y Francia Márquez fue más alta, compacta y homogénea: el coeficiente de variación disminuyó 5 puntos porcentuales, de 37,6 bajó a 32,6 por ciento. γ

 

 


 

La herencia


En la balanza comercial de 2022, el total de las exportaciones apenas representan comparativamente el 79,3 por ciento del valor de las importaciones; en 2015 alcanzaban al 69,8 de las importaciones, mejoramiento explicado por las rentas petroleras producto del acelerado aumento de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional: en noviembre de 2021 el barril se cotizaba en US$73 dólares y al finalizar junio de 2022 se vendió a US$115 (gráficos 6 y 10). El déficit en las cuentas con el exterior equivale a 7 por ciento del PIB;
El exceso de gasto del gobierno ha implicado un salto en el déficit fiscal de 2,3 por ciento durante 2012-2013 a 7,1 del PIB en 2021. Los ajustes previstos en las finanzas públicas permiten prever una reducción del déficit fiscal al 2,0 por ciento en 2024 para luego aumentar a 3,3 en 2026 ante la previsible caída en el precio internacional del barril de petróleo debido a la estanflación global que se avecina;


El gobierno saliente financió parte de su gasto a través de créditos; en 2012 la deuda Bruta del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB era de 34,2 y durante 2020-2021 llegó a 61 por ciento; en 2025-2026 se espera una reducción y estabilización alrededor del 54 por ciento (gráfico 11), lo que exige un fuerte ajuste económico y fiscal (en ingresos y gastos) por parte del nuevo gobierno;


La pérdida de valor del peso refleja, entre otras causas, los déficit que causó el exceso de gasto de la administración y el acelerado endeudamiento público por parte del gobierno Duque. Una severa tendencia hacia la devaluación del peso, en el marco de una inestabilidad en la tasa de cambio: al inicio de la administración Duque era de $2.956 por cada dólar, en junio de 2021 la tasa de cambio aumentó a $3.780 por dólar, en mayo de 2022 alcanzó el máximo de $4.110 por dólar. Al finalizar el mes de junio la tasa representativa del mercado (TRM) se cotizó en un promedio de $4.129.9 por cada dólar estadounidense, ante temores de una recesión global.
La inestabilidad y los desequilibrios macroeconómicos pasan su costosa y elevada factura a la población de clase media y baja, empobreciéndola aún más a través del incremento acelerado y sostenido en el índice de precios al consumidor (IPC), en particular debido a la inflación registrada en el rubro de los alimentos: durante los años 2018 a 2022 los precios aumentaron a una tasa anual de 3,2 por ciento hasta 9,1; en los alimentos el incremento fue mayor, de 2,4 a 21,6 por ciento; no controlar la inflación implicará una destrucción de los avances en productividad, al igual que una caída en la demanda de los hogares (gráfico 12);
El nuevo gobierno se verá abocado a realizar un fuerte ajuste, con un recorte drástico del gasto público y un aumento de los ingresos fiscales –reforma tributaria–. Además, tendrá que equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la intención de reducir la desigualdad social y mitigar entre los ciudadanos más pobres los efectos de las múltiples crisis que vive el capitalismo.


Los principales indicadores que reflejan el sufrimiento social de la sociedad colombiana registran un deterioro o agravamiento durante el período 2016-2022: i) la concentración del ingreso, una constante histórica (la labor del Estado colombiano en temas pro-equidad es realmente lamentable), aumenta significativamente; actualmente Colombia tiene un elevado Gini de 0,53, ii) la tasa de desempleo aumentó de 8,9 por ciento en 2015 y actualmente se encuentra en 11,2; iii) la pobreza por ingresos aumentó de 34,7 por ciento en 2018 a 42,5 en 2020 y actualmente se ubica alrededor del 40,0; iv) la violencia homicida viene aumentado a un ritmo anual del 14 por ciento (gráfico 13).
No es casual, por tanto, que la mayoría social anhele un cambio, y así lo interpretó Gustavo Petro en su discurso al ganar la elección presidencial, al asegurar que lo que viene para el país es “un cambio de verdad”. Agregó: “mi deseo es disminuir la pobreza, construir una Colombia más igualitaria, cerrar las brechas económicas entre las mujeres y los hombres, consolidar la paz y priorizar la transición energética responsable de cara al futuro”.

 

 

 

 



Apartes del histórico giro que pretende el PH

  • • Propone desarrollar el capitalismo en Colombia con una vocación de crecimiento económico para distribuir la riqueza por medio de una reforma agraria; asimismo, propone incentivar la producción agroecológica, el desarrollo de la industria nacional de fertilizantes e insumos y planes de cinturones agroalimentarios. Igualmente referencia una política de aranceles a los bienes e insumos del agro para estimular la producción.
  • • Transitar hacia una industria con mayor productividad, innovación y neutral emisión de carbono. La defensa a la industria nacional se realizará a través de la protección arancelaria. Articulación de pactos de productividad entre empresas privadas, sectores de la economía popular, sociedad civil y Estado, así como el desarrollo de cadenas de valor agregado.
  • • Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
  • • Creación del Ministerio de la Industria.
  • • Construcción de una red ferroviaria eléctrica “sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial”. Recuperar la navegabilidad sostenible de los ríos. Aumentar la capacidad aeroportuaria. Construir nuevas vías terciarias.
  • • Transición energética: pasar de un sistema que depende del carbón y del petróleo a uno basado en energías renovables, girando hacia uno centrado en la productividad agraria. Cese de la contratación de exploración de petróleo. Modelo de Desescalamiento gradual del modelo extractivista. Creación de un fondo para esa transición con recursos de las regalías y de los ‘beneficios tributarios’ del sector de hidrocarburos, minería de carbón e hidroeléctricas. Ecopetrol continuaría, por lo menos durante los próximos 15 años, para “garantizar los combustibles que el país requiere, y hacer aportes en insumos y derivados para la petroquímica, investigación y para que contribuya con impuestos, regalías y dividendos al Estado”. Creación del Instituto Nacional de Energías Limpias. No construcción de más hidroeléctricas de embalse. Prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y detención de los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. Reforma al código de minas.
  • • Reforma agraria, en la que se realizaría el catastro multipropósito, se potenciaría el Fondo de Tierras y se harían Planes de Desarrollo con enfoque territorial y otros instrumentos creados por el Acuerdo de Paz. Las poblaciones rurales deben hacer parte del nuevo modelo de “economía productiva” e implementar programas que “garanticen ingresos seguros”.
  • • El Pacto Histórico propone un cambio por el campo. Dejaremos, dicen, de importar millones de toneladas de alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. El propósito es bajar los precios de los alimentos. Dentro del modelo de país económico con que sueña Gustavo Petro, la “soberanía alimentaria” es otro de sus fundamentales.
  • • La política de hábitat, servicios públicos y vivienda ordenada se basará en el agua. Ajuste normativo de las leyes de Ordenamiento Territorial. Revisar la reglamentación de viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y desarrollar un programa masivo de construcción y mejoramiento de viviendas rurales y urbanas.
  • • Garantizar el suministro de agua potable en todo el territorio nacional y el mínimo vital de agua.
  • • El turismo será el protagonista en la transición económica. Apoyarán proyectos turísticos comunitarios, culturales, de salud y de naturaleza.
  • • El cambio por el trabajo promueve su dignidad y decencia. Petro promete defender que el Salario Mínimo aumente de manera justa en proporción al aporte real de los trabajadores. Reconocerá el trabajo comunitario de 1 millón de jóvenes con un salario básico que dependa de su incorporación al sistema formativo. Otro gran pilar de la Colombia que promete es su programa de empleo garantizado. La propuesta central es que el Estado actúe como empleador de última instancia.
  • • Pensiones. Transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario pero no competitivo, que garantice el derecho fuera del negocio, fortaleciendo a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían pero no tendrían la relevancia actual. Para ello, establecería un sistema público universal basado en tres pilares: i) El solidario básico, garante de un bono pensional no contributivo de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión; ii) El contributivo, en el que tendrían que cotizar en Colpensiones todas las personas que ganen entre 1 y 4 salarios mínimos y solo los trabajadores cuyos ingresos sean superiores podrían decidir dónde cotizar el excedente; iii) El ahorro voluntario, complementario para los que lo deseen. Además, asegura, que no se afectarían los derechos adquiridos y que no se incrementará la edad.
  • • Garantía del derecho fundamental a la salud para toda la población, sin ningún tipo de barrera, ni económica, ni geográfica, ni sociocultural. Modelo de salud preventiva impulsado por una red de prestadores y conformada por equipos médicos que cubrirán todo el territorio nacional.
  • • Educación pública, gratuita y de calidad para niños, niñas y jóvenes. Implementar progresivamente educación pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario en todos los niveles.
  • • Cultura. Se construiría el estatuto laboral para el arte y la cultura, y se revitalizarán 46 centros históricos del país.
  • • Reubicar a la Policía Nacional en el ministerio del Interior o de Justicia y desmonte del Esmad. El servicio militar dejará de ser obligatorio. Reestructuración de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Transformar el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza. Avanzar en la desmilitarización de la vida social, con unas Fuerzas Armadas para la paz.
  • • Reforma de la justicia con pilares como independencia judicial, meritocracia y autonomía administrativa y presupuestal, elección del Fiscal General independiente del gobierno nacional; reforma de la Procuraduría y de la Contraloría, eliminando duplicidad de funciones y reduciendo nóminas nacionales y territoriales y la implementación, en varios campos, de la justicia restaurativa, apostando por el reconocimiento de las víctimas y la responsabilidad de los victimarios.
  • • Reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y abrir espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia. Construir la política pública de paz, reconciliación y convivencia con el Consejo Nacional de Paz, e impulsar la participación de las víctimas en todo el ciclo de gestión de las políticas.
  • • Respeto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc con implementación efectiva y financiación. Reducción de los índices de violencia y garantía real de los derechos humanos. El propósito es lograr una paz total y definitiva, parte de lo cual es la negociación con el ELN; en esta intención coincide, de una parte, la exigencia del grupo insurgente con relación al establecimiento de los mecanismos y condiciones de participación de la sociedad civil en la definición e implementación del acuerdo para un proceso de paz y, de otra, la afirmación del líder del Pacto Histórico que durante su gobierno propiciará “diálogos regionales vinculantes”, en donde lo que se logre convenir para la resolución de problemas se “vuelva norma”.
  • • Relaciones internacionales. Establecer y fortalecer los diálogos con países vecinos. Promoción de la integración política, económica, comercial, social y cultural de Colombia con la Patria Grande: Latinoamericana y el Caribe.

 

Como puede deducirse, un programa para 20 o más años: ¿logrará el PH tal control de lo público, valiéndose para ello incluso del llamado a la sociedad, en el denominado “Frente amplio”, para construir un nuevo marco constitucional? ¿O su gestión en sus primeros cuatro años solo servirá para sanear y modernizar el capitalismo, arrinconando a la oligarquía terrateniente y abriéndole espacio a la industrial-financiera vinculada al capital global?

 


De la primera a la segunda vuelta, diez cambios claves

  1. 1.La proporción de quienes ejercieron su voto en la segunda vuelta es la mayor en las dos últimas décadas; en consecuencia, la abstención cayó de 45,1 por ciento (primera vuelta) a 41,9 (segunda vuelta), esto es, bajó 3,2 puntos porcentuales. Entre las dos vueltas el número de sufragios creció en 1.217.125 (5,8%). De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta cifra se explica, de una parte, por la participación de quienes votaban por primera vez (jóvenes entre 18 y 21 años de edad), de otra, por el entusiasmo que generó la coalición sociopolítica Pacto Histórico y sus candidatos Petro-Márquez, pero también por el rechazo a la institucionalidad representada por los personajes Uribe-Duque. El triunfo de los líderes del Pacto Histórico sobre sus contendores Hernández-Castillo fue por la diferencia de 2.574.559 votos en la primera vuelta y de 700.601 en la segunda vuelta de la elección presidencial; esto es, la disparidad se redujo de 30,2 a 6,2 por ciento (cuadro 1).
  2. 2. El crecimiento en el número de votos entre ambas vueltas fue mayor en la campaña del ingeniero Hernández (77,7%) en relación al aumento que benefició a Petro-Márquez (32,3%). Hernández-Castillo recibieron 4.627.203 votos adicionales a los obtenidos en la primera vuelta, en su mayoría provenientes de los partidos políticos de extrema derecha que perdieron en la primera vuelta. Petro-Márquez añadieron 2.753.245 sufragios en la segunda vuelta, provenientes de los votos del Centro político que viraron hacia la izquierda y al ingreso de la fuerza juvenil al proceso electoral (cuadro 1).
  3. 3. Si bien el voto en blanco no tenía validez legal para los resultados de la segunda vuelta, sí reflejaba el rechazo de la ciudadanía que tomó esta opción por cualquiera de los dos oponentes, opción que aumento en 135.364 papeletas entre la primera y la segunda vuelta, con un incremento de 36,9 por ciento.
  4. 4. En las 33 entidades territoriales (incluida Bogotá D.C.) que conforman la nación, las dos campañas aumentaron la participación relativa de la votación obtenida en segunda vuelta respecto a la primera. En el promedio simple, Hernández registró el doble de incremento (19,1 puntos porcentuales) respecto a los resultados del Pacto Histórico (10.1). El mayor crecimiento lo obtuvo Hernández en el departamento de Antioquia al incrementar en 45,6 puntos porcentuales los votos relativos entre las dos vueltas. Petro-Márquez tuvieron una agregación superior en todo el Sur del país, en particular en Nariño al registrarse un crecimiento de 10,8 puntos porcentuales (gráfico 1)
  5. 5. Los promedios simples de los votos relativos obtenidos por los dos contendientes a nivel territorial aumentaron en 15,9 puntos porcentuales para Hernández y 8,9 para Petro. La dispersión de los resultados se redujo en las dos campañas; el coeficiente de variación (% desviación estándar/media) bajó en 4,9 puntos porcentuales en los resultados obtenidos por Petro-Márquez y 21,4 en el caso de Hernández-Castillo. El rango (distancia entre mínimos y máximos) en los votos recibidos por Hernández-Castillo creció en menor medida respecto a los resultados de Petro-Márquez: 1,7 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente. Los cambios relativos en los mínimos y máximos registran aumentos alrededor de 10 puntos porcentuales hacia arriba en los resultados obtenidos por las dos campañas (cuadro 2).
  6. 6. En el campo de las confrontaciones políticas se enfrentan diversas fuerzas de naturaleza económica, clase social, ideológica, etaria, género, cultural, étnica y territorial que operan en un espacio vectorial. El resultado, el vector ganador tiene tres elementos: módulo (magnitud), dirección y sentido. Por zonas urbano-rural, los dos candidatos a la presidencia perdieron intención de voto en las zona rural entre la primera y la segunda vuelta; Petro perdió 9 puntos porcentuales de preferencia en lo urbano (aunque mantuvo el respaldo en las grandes capitales de alta votación numérica, como Bogotá D.C.) y Hernández aumentó en 5,1 el favoritismo (cuadro 3)
  7. 7. En todos los estratos socioeconómicos la tendencia favorable al Pacto Histórico cayó entre la primera y la segunda vuelta, principalmente en los estratos 4, 5 y 6 donde bajó la inclinación al voto en 7,9 puntos porcentuales. Hernández-Castillo perdieron favorabilidad relativa en los estratos uno y dos; sin embargo, aumentaron en una proporción significativa la intención del voto en el estrato tres y principalmente en los estratos socioeconómicos 4 a 6 (cuadro 3).
  8. 8. El cambio en la intención de voto de las mujeres, entre ambas vueltas, fue desfavorable para las dos campañas. Respecto al voto masculino, el cambio relativo fue favorable a Hernández y desfavorable a Petro.
  9. 9. La decisión de votar por Petro-Márquez fue muy importante en los rangos de edad más jóvenes, esto es, de 18 a 34 años de edad, en cuanto le agregaron un 17,1 de favorabilidad; en contraste, Hernández-Castillo perdieron este caudal de voto etario joven en la misma proporción. En los más adultos y viejos, mayores de 35 años, el Pacto Histórico perdió intención de voto relativo; espacio que fue ganado por Hernández-Castillo, particularmente en el rango etario de 55 o más años de edad. En la elección presidencial de 2022 se registró un antagonismo generacional, entre lo nuevo y lo viejo, entre la tradición y el cambio (cuadro 3). El antagonismo también fue entre clases sociales y estratos socio-económicos; además, hubo un rechazo al racismo y una insurgencia de los pueblos originarios en defensa de las identidades y la pluralidad.
  10. 10. El poder del Estado, la fuerza del capital, el control de la opinión pública por parte de muchos de los grandes medios de comunicación, la presión de las mafias de la lumpenoligarquía, las iglesias cristianas y el dominio de los partidos del establecimiento, en conjunto se movieron, feroz y estratégicamente, en contra de la coalición finalmente triunfante (por poco margen) y a favor de la campaña del empresario constructor-prestamista Rodolfo Hernández.

 

 


Pese a esa conjunción de factores por el statu quo, finalmente pudieron más la fuerzas sociopolíticas de la juventud, la ‘Colombia profunda’ del Sur, la población ilustrada y democrática de las ciudades capitales, la red nacional de medios de comunicación alternativos, los partidos de izquierda, los sindicatos, los sectores populares y los movimientos sociales, culturales, ambientalistas y defensores de derechos humanos para otorgarle el triunfo a Petro-Márquez y su propuesta de Cambio por la vida.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

 

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=255

Tercera embestida del Congreso contra Pedro Castillo en Perú

Le abrieron una demanda de juicio político por "traición a la patria" 

En menos de un año la derecha ya había intentado dos veces destituirlo alegando “incapacidad moral”. Ahora va por otra vía.

 

 El gobierno de Pedro Castillo se acerca a cumplir su primer año -asumió el 28 de julio de 2021- agobiado por la inestabilidad, las acciones sin pausa que promueve la derecha para destituirlo del cargo y por sus errores. Su permanencia en la presidencia está constantemente amenazada. La derecha parlamentaria acelera en su afán golpista y avanza procesos de acusaciones constitucionales contra Castillo y su vicepresidente Dina Boluarte, buscando destituirlos. El plan es tumbarse a los dos para que la presidencia pase a manos del Congreso controlado por la oposición. En ese caso, asumiría la presidencia del país quien en ese momento esté al frente del Parlamento -ahora la presidenta del Congreso es la derechista María del Carmen Alva-, con lo que la derecha que perdió las elecciones presidenciales, con el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcándole la pauta, tomaría el control del Ejecutivo, además del Legislativo que ya lo tiene. Con todo el poder en sus manos, la derecha tendría la mesa servida para capturar los organismos electorales y otras instituciones estratégicas, una tarea que ya ha iniciado, y en ese escenario convocar y organizar unas elecciones para asegurarse la victoria.

No resiste análisis

En menos de un año, la derecha ha intentado dos veces sin éxito destituir al profesor rural y sindicalista que le ganó las elecciones alegando una supuesta “incapacidad moral”. Con problemas para conseguir los 87 votos necesarios para alcanzar los dos tercios del Parlamento unicameral para activar la “incapacidad moral”, ahora la oposición apuesta por una acusación constitucional contra el presidente para sacarlo del cargo, para lo que no necesita 87 votos, sino solo una mayoría simple de 66 votos. La acusación es por traición a la patria. El cargo no resiste un análisis serio, pero el caso igual sigue avanzando en el Congreso. A Castillo lo acusan por haber declarado en una entrevista dada a CNN que no descartaba la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia y que podría darse un referéndum en ese sentido. El Ejecutivo aclaró rápidamente que la propuesta no contemplaba una cesión territorial ni renuncia a soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos pactados por gobiernos anteriores para facilitar un acceso de Bolivia al mar por la costa sur del Perú. Pero esa aclaración, ni el hecho que el asunto quedó solo en una declaración periodística y nunca hubo una acción de gobierno sobre este asunto, han impedido que la derecha arme esta acusación sin sustento por traición a la patria buscando con eso derrocar al mandatario.

A diferencia del delirante cargo por traición a la patria, hay acusaciones por corrupción contra el gobierno que tocan a Castillo y lo pueden complicar seriamente. Las acusaciones han sido hechas por dos lobistas que estuvieron en el entorno del presidente y ahora están procesados por operar para ganar irregularmente licitaciones de obras públicas. Esas acusaciones son investigadas por la fiscalía, pero la derecha desesperada por tomar el poder no quiere esperar el resultado de esas investigaciones. En paralelo al juicio político por traición, la ultraderecha maniobra para activar un tercer proceso por “incapacidad moral” argumentando corrupción sin esperar las conclusiones de las investigaciones. El objetivo no es aclarar las denuncias ni enfrentar la corrupción, para la derecha solo se trata de encontrar un motivo para justificar el derrocamiento del presidente. Otro caso que le mueve el piso a Castillo es una denuncia de haber plagiado su tesis de maestría en piscología de la educación.

Disparan sobre Boluarte

La derecha enfrenta el problema que si saca a Castillo asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte, a la que tampoco quiere. Por eso, en el Congreso se ha iniciado el proceso para una acusación constitucional contra Boluarte para destituirla. La acusan de que siendo ministra -la vice también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social- ha ejercido funciones en la directiva del Club Departamental Apurímac, lo que se señala es una infracción constitucional porque la Constitución establece que un ministro no puede ejercer ninguna otra actividad excepto la docencia. El Club Apurímac es una asociación sin fines de lucro y sin relación con el Ejecutivo, que agrupa a los pobladores de ese departamento andino que han migrado a la capital, como es el caso de Boluarte. La vicepresidenta y ministra ha señalado que pidió licencia y se alejó de sus funciones directivas en el Club Apurímac cuando fue nombrada ministra, pero un informe de la Contraloría dice que luego que asumió el ministerio firmó documentos de este club. La defensa de Boluarte alega que se trata de documentos que tienen que ver con regularizaciones registrales, sin relación con la gestión de esa institución, que es lo que Constitución prohíbe.

Aunque sea suicida, no se descarta que un sector del oficialismo se sume a la extrema derecha para destituir a Boluarte, quien hace unos meses fue expulsada del partido de gobierno Perú Libre (PL) por sus diferencias con el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien ya ha dado muestras de que en su afán de copar el poder desplazando a todos los que no sean sus incondicionales está dispuesto a aliarse con el golpismo. El secretario general de PL se despacha con un discurso de izquierda radical, pero más de una vez ha sumado sus votos en el Congreso a la ultraderecha. Recientemente los legisladores cerronistas se aliaron a la derecha para censurar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, también separada de PL por sus diferencias con Cerrón. Chávez venía impulsando un nuevo código laboral que defienda derechos de los trabajadores. Días antes de esa censura, Castillo había cambiado cuatro ministros, entre ellos el titular de Energía y Minas, un incondicional de Cerrón, lo que desató las iras y amenazas del secretario general de PL contra el mandatario.

Alianza con el fujimorismo

Legisladores cerronistas se aliaron con el fujimorismo y otros grupos para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entregándole a la derecha el control de este estratégico organismo, la máxima instancia judicial del país. Con el TC en el bolsillo, ahora la derecha busca capturar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), promoviendo en el Congreso acusaciones contra sus titulares para reemplazarlos por personajes cercanos a sus intereses, con la mira puesta en elecciones adelantadas si Castillo cae. En las últimas elecciones, el JNE y la ONPE impidieron que prospere la intención golpista de la derecha que intentó anular el triunfo electoral de Castillo denunciando un falso fraude electoral, descartado por las investigaciones de la fiscalía y los observadores internacionales.

En medio de este agitado panorama en el que la ultraderecha avanza, el oficialismo pone una cuota importante para favorecer el juego del golpismo: una administración que se debate entre la falta de rumbo y alarmante ineficiencia, el distanciamiento de sus propuestas de cambio, escándalos de corrupción que tocan al mandatario, divisiones internas y un sector del oficialismo que prefiere aliarse con la ultraderecha antes que compartir el poder con otros sectores de izquierda, debilitan al gobierno y juegan a favor de la derecha golpista. 

Publicado enInternacional
Martes, 29 Marzo 2022 05:06

Castillo se defendió con argumentos

Castillo se defendió con argumentos

Fracasó el nuevo intento de la ultraderecha de destituirlo

El presidente habló ante los parlamentarios y defenestró una causa armada con recortes periodísticos y testigos cuestionables. 

 

El Congreso peruano rechazó el pedido para destituir al presidente Pedro Castillo por supuesta “incapacidad moral”. La iniciativa contó con 55 votos a favor y 54 en contra, en una votación en la que hubo 19 abstenciones. Así, no consiguió los 87 respaldos necesarios para ser aprobada ni tampoco los 76 con los que contó para ser admitida a trámite en el Congreso.

La acusación fue promovida por la ultraderecha, que ya en diciembre pasado fracasó en un primer intento por sacar de la presidencia al profesor rural y sindicalista de izquierda que los derrotó en las elecciones de 2021. Los cálculos previos ya revelaban que este segundo intento de la derecha de dar un golpe parlamentario tampoco pasaría. El bloque de la ultraderecha golpista tiene 43 votos, mientras al frente, en la defensa del mandatario, el oficialismo cuenta con 44 votos, el número exacto para bloquear un pedido de destitución, que para ser aprobado requiere el respaldo de 87 de los 130 legisladores del Congreso unicameral. 

Los discursos de los miembros de los distintos grupos de centroderecha, un tercer bloque heterogéneo que aglutina a los 43 parlamentarios restantes, revelaban que en este sector no habría un voto uniforme, lo que anunciaba una derrota del intento golpista. Incluso la ultraderecha vio reducido el apoyo de 76 votos que hace dos semanas respaldaron iniciar el proceso de destitución contra Castillo. En las afueras del Congreso hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno.

Las acusaciones contra Castillo

El pliego acusatorio con el que se pretendía destituir al presidente incluye acusaciones por supuesta corrupción en licitaciones que están en investigación en la fiscalía y en los que no hay conclusiones de responsabilidades, cuestionamientos al desempeño de algunos ministros, lo que insólitamente se hace pasar como “incapacidad moral” del presidente por haberlos nombrado, la existencia de un supuesto “gabinete en las sombras” que estaría integrado por un grupo de asesores, reuniones fuera de Palacio de Gobierno en lo que la prensa llama “un despacho paralelo”, críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado -como decir que no estaba preparado para ser presidente u ofrecer una posible salida al mar a Bolivia, y hasta acusaciones contra terceros que se cargan contra el mandatario.

El juicio político exprés de un solo día a Castillo, realizado el día que el gobierno cumple ocho meses, se inició con la presentación del presidente ante el Congreso. Fue breve, habló solo doce minutos. “Todos saben que la moción de vacancia (destitución) no contiene un solo elemento que la sostenga válidamente”, argumentó en su defensa. “El escrito de vacancia ha sido elaborado considerando principalmente reportajes periodísticos tendenciosos, contradictorios y sin corroboraciones. No cuenta con pruebas ni argumentos válidos. Solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios. No se sustenta en los hechos, en el derecho y carece de pruebas”.

Los argumentos del Presidente

Castillo cuestionó que se le vuelva a acusar por hechos que ya fueron vistos en un anterior pedido de destitución rechazado en diciembre pasado, como supuestas presiones para los ascensos militares, tema en investigación. Las primeras pesquisas han determinado que el mandatario preguntó por algunos oficiales, pero no impuso ningún ascenso. “Esto vulnera el derecho a no ser procesado y juzgado dos veces por un mismo hecho”, señaló el Presidente.

“Se relatan (en la acusación) hechos que tienen que ver con la actuación de otras personas. ¿Cómo es posible que se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Todos los casos (incluidos en la acusación) están en fase de investigación preliminar, los fiscales ni siquiera han formulado acusación. ¿Cómo se puede sancionar utilizando hechos no corroborados?”, cuestionó.

Aseguró que no se opone a que los hechos por los que se le acusa sean investigados, pero insistió en cuestionar que se le pretenda condenar antes de las investigaciones. “Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección, ello no puede continuar. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados, todo lo contrario, estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes”.

“Les pido votar por la democracia, por el Perú, en contra de la inestabilidad”, fue el pedido con el que cerró su presentación, en la que hizo un llamado a la unidad.

Debate con escandalete

Después de su alegato, Castillo le dejó la posta a su abogado, José Palomino, y se retiró del hemiciclo sin quedarse a escucharlo. Cuando el abogado comenzaba a exponer, la legisladora fujimorista Vivian Olivos colocó en su curul, en acto provocador, un cartel en el que se leía “Vacancia Ya”. La provocación tuvo efecto. El oficialismo protestó, se desató un griterío y la sesión se tuvo que suspender por cerca de una hora. Castillo se había retirado antes del incidente. Cuando el abogado retomó la defensa del presidente, su exposición, que duró cerca de una hora, continuó en la línea de lo dicho por el presidente de que la acusación se basaba en hechos sin pruebas, casos en investigación, acusaciones contra terceros, por lo que no tenía sustento. El abogado ahondó en detalles y citas jurídicas.

El vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, abrió el debate. Calificó como “antidemocrático” el comportamiento de la oposición que pide la destitución del presidente. Recordó que esos mismos sectores desconocieron el legítimo triunfo electoral de Castillo alegando un inexistente fraude electoral. “Nunca aceptarán a Castillo como presidente”, señaló. Calificó las acusaciones en su contra como “calumnias” y “difamaciones”.

Ruth Luque, vocera de la coalición progresista Juntos por el Perú, criticó a la derecha golpista y ratificó su apoyo al presidente, pero dijo que el mandatario “debe rectificar”. A Castillo se le cuestionan nombramientos de personajes criticados que han complicado al gobierno y un repliegue en buena parte de las políticas de cambio ofrecidas.

Resignado a la derrota, el vocero del fujimorismo Hernando Guerra García admitió que “posiblemente no se consigan los votos (para la vacancia)”. Sobre la falta de pruebas en las acusaciones contra el presidente, respondió diciendo que no se necesitan pruebas para acusarlo y destituirlo “porque este es un foro político, no judicial”. Es decir, para el fujimorismo en el “foro político” vale todo, hasta destituir a un presidente legítimo con acusaciones sin pruebas. 

Otros representantes de la derecha golpista siguieron esa misma línea, un reconocimiento que sus acusaciones carecen de pruebas sólidas. La extrema derecha aprovechó la jornada y las cámaras que transmitían en directo la sesión para disparar contra el presidente con todo tipo de ataques.

Castillo ha llegado a este proceso de destitución debilitado: según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) su aceptación ha caído a 24 por ciento, mientras el rechazo a su gestión es de 68 por ciento. Pero el Congreso controlado por la derecha que lo quiere destituir tiene alto descrédito, con un rechazo de 79 por ciento y solo 17 por ciento de respaldo. 

Publicado enInternacional
Lunes, 14 Marzo 2022 20:10

No es por dañar la fiesta, pero …

Foto El Paìs. España

En la noche del 13 de marzo, día de las elecciones, la euforia embargaba a los electores del Pacto Histórico, tanto en la sede nacional como en muchas regiones porque, según los datos del preconteo entregado por la página web de la Registraduría y utilizado por los analistas, el Pacto ocupaba el primer lugar en Senado y Cámara. Y especialmente había una alegría inmensa por el volumen de votación que alcanzó la consulta presidencial. Se festejaba una victoria sobre el establecimiento, lo cual daba una luz de esperanza en la transformación de este país tan destrozado en los aspectos social, económico y ambiental.

 

Pero la realidad es otra, y con mucho respeto y preocupación, me atrevo a decir que se está pecando de triunfalismo. Hoy, el día después de las elecciones, basado en los datos de la página que referencio (https://resultados.registraduria.gov.co/ ), creo que si bien el resultado obtenido es un fenómeno histórico no ocurrido antes, tampoco representa un triunfo, y lo peor, las cuentas no cuadran.

 

Vamos a confrontar los resultados que entrega la Registraduría entre tres posiciones en disputa: Primero, la alternativa[i] para transformar representada por el Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y Estamos Listas Colombia. Segundo, lo políticamente neutro o el autollamado Centro, representado por el partido Verde y el Nuevo Liberalismo. Y tercero, el establecimiento hegemónico, que cuenta con nada menos que seis partidos: Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Mira. Estos seis partidos han gobernado con Duque, lo han sostenido, han aprobado cuanta Ley ha propuesto, han impedido la discusión de las propuestas de otros sectores, se han repartido el botín burocrático y han entrado a saco en el presupuesto nacional, manteniendo un índice de corrupción exorbitante. Esto debe tenerse siempre presente.

 

Entonces, vamos a las cifras redondas. De las consultas interpartidistas, escrutado el 99,8%, en la alternativa hubo 5’567.000 votos, en el Centro hubo 2’158.500 votos y en el establecimiento hubo 3’987.100 votos, para un total de 11’712.600 votos. Pero al contrastar con la votación al Senado, la cual se hace en la misma forma física que la Consulta, con un solo tarjetón para todo el país[ii], hay un enorme desfase en lo que corresponde a la alternativa. Y este desfase es una alerta para prender las alarmas y exigir una respuesta clara y verdadera.

 

Resulta que para el Senado la alternativa aparece con 2’851.100 votos, lo cual representa un faltante de 2’715.900 votos para el Senado, y que podría representar unas 10 curules. ¿Cómo se explica que dos millones setecientas mil personas, las cuales votaron mayoritariamente por Gustavo Petro, el “coco” del establecimiento, no hayan votado por la lista alternativa y sí por las listas del establecimiento?

 

Las cifras del Centro son bastante dicientes y sirven como base de discusión. En la Consulta aparecen 2’158.500 votos y al senado aparecen 2’286.800 votos, lo que da una relación [consulta/senado] de 94,4%, lo cual es normal. Igualmente ocurre calculando el índice para el total nacional: 77,8%. Pero el mismo índice para la alternativa es ¡195,3%! Esto es completamente anormal[iii]. Además, se debe tener en cuenta que, en el aspecto formal, la consulta alternativa fue la que tuvo una mayor correspondencia con la lista presentada al senado.

 

Si se formalizan las cifras mostradas, las cosas no irán a cambiar y las transformaciones que pide la gente y requiere el país no llegarán nunca, pues en el Senado la alternativa tendría 15 curules contra 70 curules del establecimiento. Y aunque gane la presidencia Gustavo Petro, el candidato de la alternativa, con el próximo senado no podrá efectuar su programa de gobierno[iv].

 

Hace muchos años, un día de elecciones nos acostamos con un presidente, y amanecimos por arte de birlibirloque con otro, el candidato del gobierno. Ese fue el hecho coyuntural para que se organizara el Movimiento político-militar 19 de Abril - M19[v]. Tras 50 años de trastadas electorales de todo tipo, siguen los mismos con las mismas, y lo que muestra el desfase de datos anotado, unido a las múltiples denuncias por actos irregulares y a la clara postura impositiva del gobierno en cabeza de Iván Duque con el coro de su Registrador, es que el fraude electoral sigue a la orden del día, de múltiples formas, con múltiples actores, y en múltiples momentos.

 

No debe perderse de vista que las del 13 de marzo fueron elecciones legislativas, y tal parece que la consulta interpartidista no fue sino un aderezo, funcional al establecimiento, pues a este no le importa en sí el candidato que lo represente, ya que además de no diferenciarse mayormente unos de otros, maneja la turbia maraña del poder legislativo plasmada hoy en 9’925.400 votos. Esto es muy delicado porque los especialistas de Washington idearon hace algunos años la estrategia del “golpe blando”, mecanismo que recientemente se ha aplicado en varias ocasiones (Paraguay, Brasil), empleando precisamente al Congreso de cada país.

 

 

 

[i] Básicamente es una alternativa político-administrativa, pues aún no es una rotunda alternativa al capitalismo, ni un movimiento antisistémico. Donde mejor encaja es dentro del progresismo.

[ii] Distinto a la Cámara de Representantes, en la cual cada circunscripción electoral tiene sus particularidades.

[iii] Parece existir un formato que se repite. Por ejemplo, en el Valle del Cauca la relación Consulta/Cámara (%) es aproximadamente 180 %; en Bogotá la relación Consulta/Cámara (%) es aproximadamente 150 % y la relación Consulta/Senado (%) es aproximadamente 171%. Habría que hacer el cálculo para todas las circunscripciones electorales.

[iv] Tal parece que en la Cámara de Representantes la situación es similar. El análisis requiere más información, pues los resultados que aparecen en la página referenciada son algo confusos.

[v] En la noche del 19 de abril de 1970, día de elecciones presidenciales, aparecía como claro ganador Gustavo Rojas P., por sobre el representante del Frente Nacional (Liberal-Conservador) en el gobierno, Misael Pastrana B. El gobierno ordenó suspender la entrega continua de datos, y al día siguiente simplemente comunicó un resultado final que mostraba como ganador a Pastrana.

Publicado enColombia
Miércoles, 02 Marzo 2022 05:51

Las crisis asedian a Pedro Castillo

Las crisis asedian a Pedro Castillo

Una nueva dimisión de un ministro y denuncias de corrupción mantienen al Gobierno de Perú en una tensión constante

 

Los continuos ataques y amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso de Perú son como un par de contrincantes de boxeo que forcejean uno agarrado del cuerpo del otro desde 2018. En consecuencia, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones, el Parlamento tiene un 82% de desaprobación y el presidente un 63%, según el Instituto de Estudios Peruanos. En los siete meses que lleva Castillo en el Gobierno la crisis es constante. En un nuevo episodio de esta dinámica, la noche del lunes dimitió el ministro de Transportes, Juan Silva, mientras el Congreso debatía una moción de censura en su contra por nuevas investigaciones fiscales de concesiones amañadas. Con Silva, son ya 30 los ministros que han pasado por los gabinetes del maestro rural.

Silva era uno de los cuatro sobrevivientes del primer Gobierno que formó el presidente Pedro Castillo a fines de julio cuando asumió el mandato. Permaneció en el cargo pese a que desde noviembre la prensa había denunciado que una gestora de intereses traficó influencias a favor de una empresa para el contrato de construcción de un puente, por 61 millones de dólares. La concesión infringió las normas de contratación estatal y fue anulada en enero. Sin embargo, como en el Congreso están representados los transportistas informales y Silva promovía normas a su favor, no prosperaron las mociones de censura contra él.

Su tiempo en el Gobierno terminó este lunes, después de que el domingo la prensa de Lima publicara partes de la declaración a la Fiscalía de la lobista Karelim López. La empresaria aseguró que el ministro Silva formaba parte de una red que amañaba licitaciones, junto con cinco congresistas del partido Acción Popular, el ex secretario general de la presidencia, sobrinos de Castillo y el propio jefe de Estado, entre otros.

Castillo negó el domingo ser parte de una red de crimen organizado y arremetió contra el Ministerio Público mientras congresistas de la oposición y medios de comunicación pedían la vacancia presidencial, su renuncia o su destitución. “La Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, cuestionó el profesor rural y sindicalista. Además, pidió a esa entidad continuar con la investigación y dar “las explicaciones objetivas en el plazo más breve”. Sin embargo, por ley, la fiscal general no puede investigar al mandatario mientras está en el cargo.

La magistrada Zoraida Ávalos abrió una investigación contra Castillo en enero, y las diligencias avanzan con los otros involucrados, pues el presidente solo puede ser investigado al terminar su mandato -o si el Congreso le hace un antejuicio para retirarle el fuero-. “Estamos investigando al presidente Castillo por el tema de los ascensos (militares) irregulares, el Puente Tarata y PetroPerú. En mi resolución firmada el 4 de enero hay un común denominador y es la señora Karelim López”, comentó la fiscal Ávalos en una entrevista por televisión la noche del domingo.

Los partidos que presentaron en diciembre una moción de “vacancia por incapacidad moral permanente” contra Castillo no lograron los votos suficientes para que la cuestión fuera admitida a debate en el pleno del Congreso, y están buscando firmas para plantear la cuestión otra vez. Si la admitieran, no cuentan con los 87 votos necesarios para echar al presidente. Sin embargo, Hernando Guerra García, parlamentario del fujimorista Fuerza Popular, planteó el lunes que la cuestión sea debatida para que el presidente dé su versión al Parlamento sobre las investigaciones en su contra.

En otro de los frentes que asedian al presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de “traición a la patria”, uno de los cinco motivos por los que un presidente puede ser destituido, de acuerdo a la Constitución. Además, la derecha opositora sostiene todavía que hubo fraude en los comicios, pese a que la Fiscalía y los observadores internacionales demostraron que se realizaron conforme a ley. En el Congreso, una comisión sigue investigando ese supuesto fraude entre voces que piden su destitución o vacancia presidencial.

Las amenazas llevaron a Castillo a dar en febrero otro giro a su Gobierno para restituir las relaciones con Cerrón y asegurarse algunos votos y escaños en caso de que prospere alguna moción en su contra. Así, descartó a cuatro ministros competentes y con trayectoria política limpia, para incorporar a cuadros afines al líder de Perú Libre. Dos de ellos ya le están generando problemas con el Congreso, que pide su renuncia. Se trata del ministro de Salud, un promotor de pseudociencia, y el de Justicia, que tiene 70 denuncias por negligencia como procurador de un gobierno regional, reveló el diario El Comercio.

El 8 de marzo el primer ministro Aníbal Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso. La necesidad de supervivencia política de los líderes del Ejecutivo y el Congreso podría llevar a una negociación bajo la mesa, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, con el argumento de favorecer la “gobernabilidad”. Pase o no, la inestabilidad política de Perú no tiene visos de parar.

Lima - 01 mar 2022


El presidente electo del partido Perú Libre, Pedro Castillo, se dirige a sus seguidores durante un mitin en Lima, Perú. (Raúl Sifuentes / Getty Images)

Crisis de gobierno en el Perú de hoy

Anahí Durand

El gobierno prioriza su propia sobrevivencia con medidas que buscan evitar la destitución resignando el programa por el que fue votado. Por el contrario, sería necesario que retome el curso original de transformaciones estructurales.

El régimen neoliberal, impuesto en Perú con el autogolpe fujimorista de 1992, arrastra una larga crisis que hoy sigue abierta. La elección de Pedro Castillo como presidente de la República por un electorado golpeado por la pandemia, la crisis económica y hastiado de la clase política fue una respuesta a esa crisis, pero no su solución. Castillo asumió el gobierno cubriendo una fuerte demanda de identificación y representación política de las mayorías excluidas, enarbolando además una agenda de cambios urgentes en salud, educación, nacionalización de los recursos estratégicos, impulso al agro, diversificación productiva. Desde el primer día, la derecha peruana en todas sus variantes declaró la guerra al gobierno, inventando un fraude y luego conspirando para una «vacancia por incapacidad moral» amparados en una forzada interpretación constitucional. Hoy, a siete meses de instalado el gobierno, analizamos la situación política peruana abordando, en primer lugar, las características de una gestión precaria asediada por el golpismo y, en segundo, las posibles salidas a la crisis de régimen que incluyan cambios democratizadores en el marco de un proceso constituyente.

Un gobierno asediado: golpismo y precariedad

En el devastado Perú pospandemia, que un maestro rural, campesino y sindicalista, de la mano de un partido de ideario marxista leninista como Perú Libre, llegara al Palacio de Gobierno desató una feroz campaña nacional e internacional por parte de las élites y grupos de poder. Pese a la histeria, que proclamaba el inminente arribo del comunismo, Castillo logró imponerse en la segunda vuelta por aproximadamente 45 000 votos. Ante tal resultado, la derecha optó por el camino trumpista de inventar una narrativa de fraude que impidió un proceso de transferencia ordenado y desprestigió las instituciones democráticas. Además, el accionar de grupos de choque reaccionarios, hostigando políticos y autoridades, demostró una violencia poco vista que lamentablemente ha llegado para quedarse.

Desde el primer día de mandato, el gobierno de Castillo enfrentó el asedio permanente. La derecha nacional, reacia a perder el poder, encontró en una relativa mayoría parlamentaria el espacio para conspirar por la destitución del presidente y desestabilizar al gobierno, con apoyo de los medios de comunicación y sectores empresariales. Para ello, han abusado de la figura de interpelación y censura a los ministros[1] y han optado por forzar el mecanismo de «vacancia por incapacidad moral», tal como ocurrió en diciembre cuando el grupo derechista Avanza País presentó la primera moción de vacancia sin conseguir los votos necesarios. Este fracaso, sin embargo, no detuvo el asedio derechista al gobierno. Por el contrario, siguieron conspirando con apoyo internacional, evidenciado en la reunión de la presidenta del Congreso María del Carmen Alva con parlamentarios de VOX en España y más recientemente, en los talleres y almuerzos financiados por la fundación Neuman[2]. En medio de esto, el centro político se diferencia apenas de la ultraderecha en que piden la renuncia del presidente y no su destitución. Vale remarcar que todos estos esfuerzos no encuentran un correlato activo en la ciudadanía que rechaza tanto o más al Congreso que al Ejecutivo y no quiere ver a la señora Alva como Presidenta de la Nación. Por ahora, ante la imposibilidad de acelerar un escenario de vacancia presidencial, la derecha pareciera bajar la intensidad a la búsqueda de la destitución vía el Parlamento, aunque trabaja en otros frentes como el mediático con los grandes medios alineados a su favor, o el judicial con sendas acusaciones fiscales contra Castillo y su entorno cercano.

Pero el gobierno debe también lidiar con sus propia precariedad y errores. De un lado destaca la debilidad de lacoalición de izquierdas con la que Castillo llegó al gobierno y que no ha podido fortalecer. La confluencia compuesta, en un primer momento, por Perú Libre, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Frente Amplio y otros grupos de izquierda que integraron el primer gabinete se fue debilitando, más aún ante el sectarismo y pragmatismo de Perú Libre que, lejos de liderar la confluencia, prefirió deshacerse de los aliados y abrazar una débil tregua con las derechas. De otro lado, el presidente ha tenido ostentosas dificultades para consolidar un círculo de confianza político, delegando las funciones de asesoría a paisanos y allegados que, como en el caso de su Secretario General, terminaron involucrándolo en situaciones de poca transparencia, que la fiscalía está investigando con inusitada rapidez y que, en un país particularmente golpeado por la corrupción, urge esclarecer. Destaca también la ausencia de una estrategia política de relacionamiento con las organizaciones sociales, pues si bien Perú no tiene una gran densidad organizativa, sí existen gremios sindicales, rondas campesinas, organizaciones de mujeres, que podrían articularse para impulsar los cambios y ampliar respaldos. Todo esto impide variar una correlación de fuerzas adversa, imponiéndose una progresiva lógica de sobrevivencia, orientada a conseguir la aprobación que se necesita en el Congreso mientras se postergan las transformaciones prometidas.

Más allá de la sobrevivencia; agenda de cambios y salida constituyente

Hoy, los sectores populares mayoritarios que llevaron al maestro de escuela a la presidencia siguen demandando cambios: todavía esperan un sistema de Salud pública de calidad, descentralización efectiva, mayor equidad de género o que las ganancias mineras retribuyan más a la nación. Incluso aún esperan cambios a la Constitución. Pero el gobierno y los actores políticos antes que atender estas demandas se mantienen entrampados en el cortoplacismo. Quizá quien pueda sobreponerse a este juego corto y empinarse para mirar el bosque más allá de cada árbol, tenga mejores condiciones para variar la correlación de fuerzas y abrir un nuevo momento histórico.

La derecha muestra una determinación cortoplacista inamovible de destituir a Castillo y enterrar toda posibilidad de triunfo para las izquierdas en las próximas décadas. Es la primera vez que pierden la administración del Ejecutivo en manos de un grupo plebeyo con el cual prácticamente no tienen conexiones, así que optaron primero por el negacionismo y luego por el golpismo con buenas dosis de clasismo y racismo. La ruta de la «humalización» para que Castillo gobierne con agenda y técnicos neoliberales no parece ser una opción y todo indica que persistirán en su empeño de destitución presidencial, alentando la vía judicial y esperando que el nuevo presidente del Congreso, a elegir en julio, sea alguien menos controversial que Maria del Carmen Alva. Entran a escena también las elecciones locales y regionales de octubre, pues de obtener buenos resultados, la derecha mejoraría su correlación de fuerzas para debilitar al gobierno y sacar del camino al Presidente.

De otro lado, el gobierno se muestra asediado y cada vez más resignado al cálculo cortoplacista; el nombramiento de un funcionario neoliberal en el Ministerio de Economía o de un ministro de Cultura de altisonantes tuits racistas que asegura cinco votos en el Congreso son ejemplo de ello ¿Es posible que Castillo abandone esa vía y retorne al Plan Bicentenario asumiendo con renovado ímpetu el programa de cambios que lo llevó a Palacio? Debería hacerlo para no perder la oportunidad histórica que le dio el pueblo peruano; podría respaldarse en el pueblo organizado e impulsar esa agenda programática transformadora con un equipo de gobierno coherente, que demuestre con su trayectoria que puede ejecutarlo porque comparte esa visión e ideario. Pero no existe certeza de ello y es difícil para los grupos de izquierda construir un posicionamiento sensato. Salvo Perú Libre, partido de gobierno que ha retomado la conducción con amplias dosis de pragmatismo y sectarismo, las demás agrupaciones se debaten entre gritar traición sumándose al campo opositor o mantener el respaldo apuntalando las críticas. Si las izquierdas quieren cobrar protagonismo deben afirmar un proyecto estratégico conjunto, sin complacencias con las claudicaciones del gobierno, pero desplegando iniciativas de movilización que apuntalen los cambios, conscientes de que en un escenario de destitución presidencial sólo gana la derecha. Urge trabajar con menos inmediatismo, construyendo el nuevo instrumento político -con la debida institucionalidad- que un sector importante de la izquierda necesita y no tiene (el Nuevo Perú no pudo inscribirse) indispensable para articular la diversidad de luchas (feministas, indígenas, ambientales, etc.), acumular territorialmente y sumar al proceso constituyente.

Hace falta impulsar una salida de fondo que dirima la crisis de régimen de manera democrática. La crisis sigue abierta, y se ha ido abordando con medidas parciales que peligrosamente incluyen cambios sustantivos al orden constitucional. La Comisión de Constitución del Congreso en manos de los fujimoristas ha realizado reformas importantes de espaldas a la población, por ejemplo, anular la facultad presidencial de la cuestión de confianza, cerrar la posibilidad de referéndum y otros que consolidan un régimen parlamentarista. El proceso de cambio constitucional, hoy secuestrado por el Congreso y los sectores conservadores para conservar sus privilegios, puede ser una salida de fondo a la crisis si es que se asume de forma democratizadora y participativa, con el protagonismo de las diversas organizaciones del campo popular. Si bien es poco probable que en Perú tengamos un estallido social que presione para una Asamblea Constituyente, sí se puede trabajar por convencer y organizar para que este cambio se realice impulsando un gran debate nacional sobre temas claves para la vida de la gente, como la precarización laboral, el tipo de Estado que queremos, el rol de la inversión privada, la nacionalización de los recursos, la equidad de género o la diversidad cultural. La disputa por cambiar la correlación de fuerzas, construyendo una nueva hegemonía para un nuevo pacto social, todavía está abierta, y no podemos darla por pérdida.

Fuente: Jacobin

Publicado enInternacional
Congreso peruano declara procedente la denuncia contra Castillo por traición

El presidente no va a renunciar, afirma su oficina

El mandatario es citado para explicar su presunto liderazgo de un clan de corrupción

 

Lima. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú declaró ayer procedente la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo "por presunta infracción constitucional y por la probable comisión del delito de traición a la patria", horas después de que la oficina del mandatario desmintió que éste vaya a renunciar.

Con nueve votos a favor y ocho en contra, la subcomisión aprobó la procedencia, informó el Congreso peruano en su cuenta en Twitter.

La denuncia fue presentada por legisladores de oposición que acusan al presidente de violar la Constitución al haber cometido el delito de traición a la patria.

El documento se basa en las declaraciones que hizo en enero el jefe de Estado a la cadena CNN en Español, donde aseguró que buscaría dar una salida soberana al mar a Bolivia.

La procedencia de la denuncia permite que sea investigada en la subcomisión, con descargos de la parte acusatoria y el acusado.

Si avanza en esta instancia pasaría a la Comisión Permanente, que debe declararla procedente para que llegue al pleno para su debate y votación.

De ser declarado culpable, Castillo sería destituido y asumiría el cargo la vicepresidenta Dina Boluarte.

En otro orden, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar a Castillo el 7 de marzo para que dé explicaciones sobre su presunto liderazgo en una mafia dedicada a otorgar concesiones de obras públicas a cambio de sobornos.

El mandatario fue acusado por la empresaria y cabildera Karelim López de integrar un clan criminal que obtiene dinero de obras públicas que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La organización delictiva estaría integrada por empresarios, familiares de Castillo y cinco congresistas que se habrían coludido para otorgar concesiones de obras públicas viales a empresas a cambio del pago de sobornos.

El escándalo tomó especial relevancia luego de que López se acogió a la colaboración eficaz ante la fiscalía y denunció que el presidente es el líder de dicha organización.

La colaboración eficaz es una herramienta que emplea la fiscalía para que los investigados acepten sus delitos, brinden información sobre los mismos para, a cambio, recibir beneficios judiciales.

La presidencia desmintió la dimisión de Castillo y sostuvo que la intención del mandatario es concluir su mandato, que expira en julio de 2026.

La oficina de presidencia calificó de "falsas" las especulaciones que circulan en redes sociales sobre una posible dimisión del gobernante, quien seguirá con su agenda de trabajo en cumplimiento de su política general de gobierno.

Castillo comenzó su mandato a finales de julio de 2021 tras resolverse un ajustado recuento electoral en el que su rival, Keiko Fujimori, denunció actos de corrupción en las mesas electorales.

En más de seis meses, el mandatario ha cambiado cuatro gabinetes.

Publicado enInternacional
Pedro Castillo ve dividida su base de apoyo en solo tres meses.

Perú Libre se pasó a la oposición 

Sus dirigentes dicen sentirse desplazados luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”. Sin embargo los nombramientos no condicen necesariamente con esa definición. La nueva primera ministra tiene una larga trayectoria en la izquierda y en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

 

Ruptura en el gobierno de Pedro Castillo. Menos de tres meses después que el profesor rural y dirigente sindical de izquierda asumiera la presidencia, el partido que lo llevó al poder, Perú Libre (PL), le ha quitado su respaldo. Sus principales dirigentes dicen sentirse desplazados del gobierno luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”, afirmación que no refleja la composición progresista del nuevo gabinete ministerial. Esto ocurre cuando Castillo es acosado por una derecha golpista que desde el Congreso opositor busca destituirlo. Esta ruptura ha sido promovida por el secretario general de PL, partido que se define como marxista-leninista, Vladimir Cerrón, que con los cambios ministeriales ha perdido la importante influencia que tenía en el Ejecutivo. La derecha celebra la división en el oficialismo.

En Cerrón

El quiebre entre Castillo y PL se ha dado luego que el presidente decidió cambiar el gabinete ministerial que encabezaba el congresista y dirigente de PL Guido Bellido, muy cercano a Cerrón. Bellido intentó imponer una línea partidaria definida por Cerrón que en no pocas ocasiones colisionó públicamente con el presidente, quitándole autoridad, y con otros ministros, y desarrolló una permanente confrontación, con la oposición que controla el Congreso pero también con otros miembros del gobierno. La extrema derecha encabezada por el fujimorismo supo explotar eso para atacar la presidencia de Castillo y armar una coalición golpista. En ese escenario, Castillo decidió reemplazar a Bellido por una exlegisladora de izquierda que no milita en PL, Mirtha Vásquez, quien ha sido presidenta del Congreso y tiene un estilo dialogante que la diferencia notoriamente de Bellido. El cambio ha sido aplaudido por sectores de la izquierda y la derecha, pero gatilló la furia de Cerrón y su dirigencia partidaria.

El nuevo gabinete deberá pedir el voto de confianza al Congreso, donde el gobierno es minoría y ahora se debilita más con esta ruptura. Sin embargo, no toda la bancada oficialista -37 legisladores sobre un total de 130 en el Parlamento unicameral- apoya la decisión de la dirigencia partidaria de romper con el gobierno y negarle el voto de confianza al gabinete. Todavía no se tiene claro la magnitud de la ruptura encabezada por Cerrón. La extrema derecha -que suma 43 votos- sigue en sus posturas golpistas, pero la derecha más moderada ha abierto la puerta para darle el voto de confianza al nuevo gabinete, aunque todavía no anuncia una decisión.

Un giro ¿al centroderechismo?

En un comunicado, PL ha anunciado que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete por representar “un giro político hacia el centroderechismo”. Sin embargo, la primera ministra Mirtha Vásquez está lejos de expresar esa supuesta derechización. Vásquez tiene una larga trayectoria en la izquierda, activista en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, feminista y ambientalista, ha sido abogada de campesinos enfrentados al abuso de poderosas transnacionales mineras. La dirigencia de PL ha amenazado con expulsar del partido a la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y a la legisladora Betsy Chávez, titular de Trabajo, las dos militantes de PL en el gabinete, por integrar el equipo ministerial al que Cerrón ha decidido declararle la guerra. Boluarte y Chávez expresan una línea partidaria crítica con Cerrón.

El nuevo gabinete que Cerrón llama de derecha ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el gobierno de la derecha empresarial de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), activo promotor del fracasado Grupo de Lima. Esta decisión ha molestado a la derecha y a los grandes medios, que promueven un estado de guerra permanente contra el régimen de Nicolás Maduro y presionan al gobierno en esa dirección. El nuevo gabinete ha marcado posición en el tema, lejos de la derecha

Los resultados de la ruptura 

“La ruptura de Cerrón con el gobierno es un error, exagera cuando habla de derechización del gobierno. Esta decisión no se explica solamente por la ambición de Cerrón por tener poder, como dice la derecha. Hay una serie de factores. Cerrón es una persona con un pensamiento radical, un marxista-leninista ortodoxo y dogmático, detrás de esta ruptura hay una ideología radical que tiende al sectarismo. La postura de Cerrón y PL también expresa la bronca de las provincias contra Lima. Una posibilidad es que con esta ruptura Cerrón quede aislado, pero la otra es que se fortalezca en provincias”, le señaló a Página/12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

Sobre las consecuencias de esta ruptura en el gobierno, Adrianzén señala: “De un lado Castillo se debilita perdiendo votos de PL en el Congreso, pero al mismo tiempo el cambio de gabinete es positivo para el gobierno y abre un espacio para la posibilidad de bajar tensiones y aminorar la polarización, y para modificar la relación con un sector de la oposición, el de la derecha más moderada y buscar nuevos aires. Es difícil decir ahora si con esto Castillo gana o pierde más”. 

 

16 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Página 1 de 4