Ilustración: @marcoprile

Entrevista a Lisbeth Moya González

Conversamos con Lisbeth Moya González, quien es una joven periodista, escritora y activista política como parte de la izquierda crítica cubana. En esta interesante entrevista, realizada en los últimos días de diciembre, se consideran distintos aspectos de la difícil problemática económica, política y social que recorre la isla, cuyo destino es de gran interés para los trabajadores y pueblos de América Latina y el mundo. Sin compartir algunas de las diversas cuestiones que desarrolla, consideramos de suma importancia dar a conocer su visión sobre lo que acontece en el interior de la propia isla y los caminos que se proponen para una salida de la actual crisis cubana. Esta entrevista es parte de un conjunto que estamos realizando a una parte de la llamada izquierda crítica cubana; próximamente estaremos publicando un artículo sobre la situación y el programa, donde abordamos nuestra visión y posición como parte de los debates en curso.

Las movilizaciones del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y un después en la situación política en Cuba. ¿Cuáles fueron, para ti, las causas de esas movilizaciones?

El 11 de julio fue un día bastante polémico, fue un día que para mí no fue una sorpresa. Sabíamos con anticipación que las cosas estaban mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del descontento de la gente, y que eventualmente iban a explotar. No sabíamos de qué manera, pero sí que algo se iba a armar. Yo vivo en un barrio marginal que se llama Jesús María, en el centro de La Habana vieja, y todo el tiempo sentíamos el descontento popular. Estaba todo muy caldeado. También sabía, pues conozco otras partes de la historia, porque tengo a mis padres, por ejemplo, que viven en el interior del país, que allí la situación económica era mucho más terrible que en La Habana.

Por otro lado, hay que considerar que en Cuba pasamos por un período especial y si bien tuvimos un maleconazo el 5 de agosto de 1994, este fue un pequeño estallido social, comparado con el 11 de julio. La ciudadanía está acostumbrada, por falta de tradición política o porque se les educa en obedecer y ser parte de un sistema, como un engranaje continuo, a no rebelarse. Porque además el derecho de manifestación en Cuba no existía en lo más mínimo, hasta hace muy poco que en la nueva Constitución sí se habla del derecho a manifestación.

Entonces, en Cuba no existe tradición de protesta. No existen sindicatos que ejerzan esa función; aunque existe la Central de Trabajadores de Cuba, que es como un gran sindicato que está controlado por el Gobierno, pero no ejerce la función de sindicato. Cuando tienes problemas en el trabajo con tu jefe o cualquier cosa el sindicato no te va a respaldar de la misma manera. Cuando tienes un problema con los efectos de las medidas económicas que se apliquen a nivel macro en el país no vas a ver a un sindicato en la calle reclamando tus derechos. O ante situaciones como las que se enfrentaron hace un tiempo, cuando ocurrió una especie de despidos masivos, que acá se le llamó en ese momento un “proceso de idoneidad” dentro de los trabajos, que sencillamente te decían que ya no, porque se abría el sector privado, y se buscaba echar a la calle a trabajadores del sector estatal, hacían un proceso de selección y sencillamente echaron a la calle a un montón de gente para que fueran precisamente la mano de obra de ese sector privado. Eso le dolió a mucha gente porque muchas personas estaban adaptadas a su trabajo y sencillamente verte sin trabajo de un día para otro no es nada gracioso y ahí no hubo un sindicato, por ejemplo, que protestara, y no sucedió nada.

Con esto no estoy diciendo que en Cuba no exista una tradición política de protesta. Tenemos una historia que es de antes del ‘59, que era una historia convulsa de protestas, de lucha, pero luego se vino a eliminar toda posibilidad de asociación, de disenso, o sea, básicamente, actualmente, si no estás de acuerdo con lo que se plantea desde arriba, esa verticalidad, si no estás de acuerdo con ellos, no puedes protestar.

Entonces el 11 de julio llega en el punto álgido de un montón de contradicciones, contradicciones de tipo económico que tenían que ver con la situación cubana que estaba mal desde antes. En Cuba nunca hemos estado económicamente bien, desde el período especial hasta los días de hoy, que nadie se engañe. La situación más reciente tiene que ver con la desaparición total de los productos básicos, conseguir un pomo de aceite, carne o lo que sea, acá es muy difícil. Tiene que ver con la gran inflación que existe, descomunal, que se dice era del 6900%, no sé bien la cifra, pero era una brutalidad, pero es que las cifras oficiales nunca están a mano.

Pero yo creo que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Para analizarlo hay que pensar, por ejemplo, que no se puede olvidar un momento que fue clave de lo que sucedió en Cuba en enero, que fue la Tarea Ordenamiento Económico, que fue un momento en la economía que, en medio de la crisis económica y sanitaria que implica el COVID-19, se decidió hacer algo que el gobierno había atrasado durante mucho tiempo, algo que estaba planificado, pero que no se había hecho, y como ya estábamos en una crisis muy grande e insostenible, pues decidieron meter esa medida económica, un paquetazo de una vez para tratar de “cambiar algo” y tratar de “revitalizar la economía”. Estoy utilizando palabras que ellos mismos emplean.

Y que en realidad representó un ataque enorme a las condiciones de vida del pueblo cubano…

Sí. Cuando hablo de esto me acuerdo de Alejandro Gil, ministro de economía, diciendo en la televisión que se iban a abrir las tiendas en moneda libremente convertible, llamadas MLC, donde tendrían acceso las personas que reciben remesas o que reciben dólares, euros u otras monedas extranjeras. Esas personas que tenían esas monedas se harían una tarjeta MLC, donde esta moneda tendría un valor asociado, según la fluctuación del MLC en el mercado, a partir de la cotización de las distintas monedas extranjeras. Con esta tarjeta podrían comprar en tiendas especiales, en las cuales Alejandro Gil dijo que se ofertarían productos de “alta gama”; de esta forma se refieren a productos que no se encuentran normalmente en las tiendas comunes.

Esto fue presentado por el gobierno como una manera de captar los dólares y otras monedas extranjeras que entraban a Cuba, y supuestamente con esos recursos poder invertir y llenar las otras tiendas. Cuando oí eso dije: esto es un apartheid económico, no sé qué voy a hacer yo y todo el mundo porque a estas tiendas no voy a poder acceder nunca. En aquel momento recuerdo que tuve muchos debates y que muchas personas me decían: “no es así, en las tiendas comunes va a haber cosas”, en fin. Esto porque desde el gobierno se afirmó que nunca se dejaría de abastecer a las demás tiendas, y que serían unas pocas tiendas en MLC en cada municipio, en cada localidad.

Pero la realidad es que cada día hay más tiendas en MLC y menos tiendas normales. Hay pueblos donde solo existen una o dos tiendas normales y el resto son tiendas en MLC. Todo esto en un país en donde a los obreros, a los trabajadores no se les paga en MLC, sino en pesos cubanos. Recordemos que estas medidas fueron presentadas para sacar de circulación el CUC, que había sido una moneda emergente que habían implantado durante el periodo especial, para eliminar la circulación del dólar en Cuba. Este proceso de dolarización entra entonces de una manera novedosa y conveniente para ellos.

Y entonces ¿qué sucedió? Que cada día había más tiendas en MLC. Cada día los precios en las tiendas MLC estaban más altos y se decidió comercializar en esas tiendas más productos de los que no se encontraban en ninguna parte: por ejemplo, los cigarros, que solamente se venden en MLC. Y cada día las tiendas normales, donde puedes comprar en pesos cubanos, son menos y están más vacías.

Y cada día, los cubanos tienen que acudir a un mercado negro, con precios descontrolados. Se trata de personas que consiguen el MLC en el mercado negro, donde lo compran a precios elevadísimos, por ejemplo 70 u 80 pesos por un MLC y con eso adquieren los productos. Esto implica que hay un mercado especulativo del MLC, por un lado; de los dólares y euros por otro, y finalmente de los productos de primera necesidad y de todo tipo. Por ejemplo, para comprar un paquete de pollo tienes que dar como 600 pesos cubanos. Eso era inconcebible antes, cuando un paquete de pollo te costaba 8 dólares, que era como 200 pesos, y estoy dando un precio alto. Un pomo de aceite que antes costaba uno o dos dólares ahora cuesta el equivalente a 10 y a veces hasta 15 dólares. Y así todo.

Al mismo tiempo está la crisis sanitaria: no hay medicamentos, prácticamente no hay test para saber si la gente tiene coronavirus. Las cifras de la pandemia son ficticias, porque hay mucha gente contagiada que no puede hacerse test, que tienen los síntomas pero que no se les contabiliza porque no hay test para hacerle. Conozco muchísimos casos que han estado con coronavirus en su casa sin poder testearse. Entonces, si a eso le sumas en el contexto del Covid-19 que la crisis sanitaria había tocado un pico pandémico enorme, que había ciudades que estaban desbordadas y hospitales colapsados, si a eso le sumas los sarcásticos del noticiero de la televisión cubana y de los medios de prensa, diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Y esto es porque en Cuba no hay transparencia periodística, y los medios alternativos son totalmente asediados. Y buena parte de los “medios alternativos”, esa crítica tengo que hacerles, a veces son una locura porque realmente están pagados por Estados Unidos y eso no se puede negar, y son terriblemente malos informando, o sea calumnian todo el tiempo. Hay realidades tristes que contar, pero ellos se pasan o inventan, pero también hay medios alternativos muy respetables, eso sí, no lo olvidemos.

Entonces, llegado el 11 de julio teníamos la crisis, teníamos un pueblo, un pueblo que no puede más económicamente hablando, teníamos a la televisión mintiendo todo el tiempo.

Queríamos preguntarte sobre los antecedentes en ese terreno de lo que vienes desarrollando.

Sí, te puedo decir que en el ámbito de lo político habían sucedido varias cuestiones que eran también bastante fuertes, y es que en Cuba existe una oposición que había hecho acciones desde hace muchísimo tiempo, una oposición que no tiene matiz de izquierda, una oposición en buena medida de derecha, aunque la izquierda y la derecha se ha transfigurado un poco en los sucesos asociados a esa oposición en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde durante meses estuvieron sitiados y en huelga los miembros del movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara y el resto de sus integrantes. Estaban en huelga, protestando precisamente por el encarcelamiento de Denis Solís, un rapero cubano, también opositor, causado por enfrentarse a un policía. Solís había sido condenado a prisión por esto y por otras arbitrariedades del Gobierno. Entonces, estaba San Isidro en huelga, llegaron a las casas de ellos con excusas del Covid-19, de que había alguien que había entrado al país que era Carlos Manuel Álvarez, el periodista, y desalojan a San Isidro. Además de esto a Luis Manuel se lo llevan preso.

Entonces esto fue un punto álgido, digamos, de colapso político, en particular para los artistas y los escritores jóvenes, porque un grupo grande de simpatizantes, inicialmente de simpatizantes de San Isidro, pero después sencillamente de jóvenes, de personas que veían en lo que estaba sucediendo una arbitrariedad más del Gobierno, del tema de la censura y de la no posibilidad de disenso en Cuba.

Yo estuve el 27 de noviembre. Estuve porque quería ver qué sucedía; como periodista debo ver qué sucede políticamente en mi país. Aunque no coincidía con Luis Manuel Otero Alcántara tenía que ver qué estaba pasando y, además de eso, sí estuve allí de convicción por el tema del disenso y la represión en Cuba, que para mí es fundamental ahora mismo y lo era en ese momento. El tema de la represión y del disenso en Cuba es preocupante, acá no hay libertad de manifestación ni de asociación. Mientras en otros países ustedes se manifiestan, aunque los repriman o no, en Cuba no podemos: aquí te manifiestas, te agarran preso y te acusan de delitos contra la seguridad del Estado que implica una cantidad de años encima.

Entonces, volviendo, el caso del 27 de noviembre, que si bien no era de izquierda sí encendió la llama de muchas cosas. Entonces en ese día se congregaron frente al Ministerio de Cultura 500 personas como mínimo. Éramos jóvenes que teníamos miedo, que estábamos allí tratando de dialogar con las instituciones y exigir precisamente en torno a temas como la libertad de Luis Manuel, así como el derecho al disenso, la libertad de expresión y demás. Sin embargo, ese 27 de noviembre no había una conciencia política colectiva de grupo ni mucho menos. Ya después se intentó crear, con los que participaron, un grupo que se llamó 27N, que terminó dispersándose porque precisamente, después de eso, la seguridad del Estado, la policía política, se encargó de desmembrarlo mediante el método de la prisión o el exilio. Esta es la respuesta que se da desde el Estado, a ti te dicen que en tu país no puedes estar y si estás vas a la cárcel. Y tienes que irte de tu país. Porque disientes, porque políticamente no estás de acuerdo con lo que el Gobierno plantea y es el momento en el que tu vida se reduce a estar preso en tu casa o en una prisión sin poder trabajar, sin poder decir ni hacer nada, donde tus libertades civiles y políticas son eliminadas y te obligan a irte pues te dicen o te vas o te hacemos todo esto. En mi caso, que soy de izquierda, he sido hostigada en mi trabajo. Entonces, basado en ese concepto, podemos decir que la seguridad del Estado se ha encargado de desmembrar toda la disidencia y toda oposición.

Después del 27N ocurrieron otras cosas, una serie de momentos de manifestación política. Pero todos los que salieron a la calle después de ese día fueron reprimidos y apresados, están en la cárcel esperando sentencia, como es el caso de Luis Robles, que al parecer se lo hicieron el otro día, pero ahora no sé ni lo que le salió en materia de años. Y antes del 27 de noviembre también... habíamos tenido una marcha que fue el 11 de mayo de 2019. Esa fue una manifestación de la comunidad LGBT, muy masiva, que también fue reprimida, y algunos de sus miembros fueron apresados, y de allí surgió 11M, que es una plataforma que lucha por los derechos de la comunidad LGBT y con la que tengo la suerte de colaborar, porque hacen un trabajo de activismo hermoso.

Entonces tenemos todos estos antecedentes de represión y de un despertar de la sociedad civil cubana en materia de activismo. Sin embargo, es curiosísimo que la marcha del 11 de julio no fue organizada por la sociedad civil cubana. Los artistas, la comunidad LGBT, los intelectuales y demás solo fuimos simples participantes o espectadores ese 11 de julio. Fue el pueblo de centro Habana, de Jesús María, de Marianao, de Los Pocitos, de la Güinera, etc., que son los barrios pobres de La Habana, los marginados, los que más están sufriendo la crisis económica; fue de allí de donde surgió la manifestación, desde donde salieron a las calles, en un fenómeno que fue bastante fuerte y simultáneo en muchos lugares del país.

Se ha criticado que la marcha fue violenta de parte de los manifestantes. Yo realmente no sé qué espera el Gobierno cubano. No quiero minimizar la violencia de los manifestantes – sé que hicieron cosas como intentar tomar cuarteles de policía o virar patrullas de policía– pero sí vi y viví en carne propia la violencia del Estado sobre los manifestantes. Está el caso de Leonardo Romero Negrín, que estaba conmigo ese día y que fue apresado injustamente sin hacer nada, solo porque le pedimos cuentas a un policía que estaba golpeando a un menor de edad. Leonardo fue reprimido, le fracturaron las costillas, le sucedieron muchas cosas dentro de la prisión y estaba desaparecido. No lo encontrábamos. Y una semana después, que pudimos dar con él gracias a la presión social y política, logramos que saliera. Pero no todos los presos tienen la suerte de Leonardo Romero.

¿Cómo vinculas las políticas gubernamentales, y en particular la Tarea Ordenamiento, con el aumento de la desigualdad social y el avance de la restauración capitalista?

Yo diría que la restauración capitalista es algo que ha venido sucediendo, de a poco. Es innegable que en Cuba la economía es una especie de Frankenstein. Yo la llamaría una economía de resistencia: todo el tiempo estamos resistiendo. A mi modo de ver, en Cuba el tema de los medios de producción nunca se ha afrontado como debería hacerse en un país que se plantea construir el socialismo: que es socializar los medios de producción de manera cooperativa, y no centralizarlo todo, porque el Estado cubano siempre ha sido bastante centralizado y ha querido siempre tener el poder económico. Nunca se ha laborado en la construcción de esa economía ideal, ya sea por el bloqueo o ya sea por la mala gestión de la burocracia en Cuba.

Evidentemente vivimos el bloqueo y el asedio norteamericano, porque estamos al lado del imperio que no quiere que el socialismo exista en ningún país porque es su opuesto histórico. Hemos vivido siempre en un estado de alarma, en un estado sitiado, y el desarrollo de la economía ha sido bastante centralizado y muy poco socializado.

Entonces en medio de esto viene el avance de la restauración capitalista, que tiene que ver también con las nuevas generaciones que detentan el poder en Cuba, y tiene su cara más brutal en el paquetazo neoliberal que fue la Tarea Ordenamiento. Estas medidas fueron otro paso más, porque ya se habían tomado medidas para llegar hasta aquí, como lo que comenté respecto a los despidos. Esto no fue algo sorpresivo, en la Constitución que se aprobó años atrás se sentaban las bases para esa restauración capitalista, y efectivamente, entonces, el 11 de julio responde a ese proceso de restauración.

Y obviamente el avance de la restauración capitalista ha traído consigo la desigualdad y la desigualdad se ve cada día más. En La Habana, por ejemplo, se ve en que los barrios están cayendo, se están derrumbando, y los hoteles, la mayoría lujosos, se están levantando. El otro día hubo un derrumbe muy fuerte. Se ve en que la inflación crece, los precios aumentan y la gente no tiene para comer. Se ve cómo los negocios privados aumentan con unos precios escandalosos y no hay tiendas para comprar productos básicos. Hay muchas manifestaciones desde el punto de vista social y económico por el descontento por esa restauración capitalista y sus consecuencias. Se ve cómo en Cuba surgen nuevas clases sociales, surge la pequeña burguesía, y se mezcla allí de una manera muy interesante con, yo diría, la burguesía de sangre azul que ya existía, que son los hijos de quienes dirigen Cuba y sus familias, que tienen otras prebendas, lujos, que la población no tiene.

Es muy interesante lo que mencionas, respecto al proceso que se da en torno a la emergencia de estos sectores privilegiados. ¿Podrías ampliar en torno a esto?

Sí. En Cuba siempre han existido los privilegios de los hijos de los burócratas y sus familiares. Antes, como no había internet, esos privilegios se podían ocultar un poco más. Con el internet se evidencian más muestras de eso. Además, particularmente en la capital, se ven más esos privilegios, porque esos hijos ya no se esconden y tienen negocios propios.

Con la Constitución de 2019 se abrió la propiedad privada, y este fenómeno al que me refiero (el de los negocios propios, N de la R.) se muestra más. Además, estas personas -los familiares de los burócratas- van a tener mayores ventajas en sus negocios, les va a ir bien, mucho mejor que a otros emprendedores privados, porque tienen ventajas tanto económicas, como para resolver los trámites infinitos que hay que hacer en Cuba para lograr cualquier cosa.

Este proceso de emergencia de la pequeña burguesía, y de hijos y familiares de la burocracia dedicados a sus negocios privados, ¿qué tan extenso es respecto al conjunto de la población?

Obviamente son una minoría, pero es una minoría creciente. La Habana es una ciudad turística, basada en los servicios como economía de subsistencia, y aquí se ve cada día más esa serie de negocios, y cómo el modo de vida de mucha gente va cambiando. Esta crisis, que está viviendo muy duramente el pueblo, los obreros, la están aprovechando esos sectores, que son la burocracia y los pequeños burgueses. Hay gente que posee negocios y riquezas, en tanto hay quienes, la gran mayoría, solo tienen sus manos, tienen que trabajar y comprar productos básicos en el mercado negro porque no le queda de otra. Es precisamente esa gente la que salió a la calle el 11 de julio.

¿Cuál es la situación que están atravesando hoy los presos políticos por protestar en Cuba?

La situación de los presos políticos en Cuba es terrible. El 11 de julio se realizaron detenciones masivas, con cientos de presos; se ha documentado que ese día fueron 1271 personas detenidas. Han enfrentado procesos penales, muchos de ellos con prisión preventiva. Esto significa que llevan 6 meses presos esperando una sanción, en tanto otros tienen medidas cautelares en su casa o en el trabajo. Dentro de estos presos hay menores de edad, hay personas de izquierda, y hay de distintos estratos económicos y sociales. Actualmente quedan más de 600 en prisión, enfrentando penas y peticiones fiscales desde 6 meses hasta 20 o 30 años. Es peligroso porque le acusan de delitos contra la seguridad del Estado, cuando son personas que ejercieron una libertad básica en cualquier lugar del mundo, que es la libertad de manifestación, y que están siendo llevados a juicios sumarios, incluso sin poder acceder a un abogado. Mientras algunos, por ser más visibles, por ser activistas o artistas, pudieron salir, quienes están pagando los platos rotos son precisamente los habitantes de barrios marginados que se manifestaron. Muchos de ellos van a enfrentar o están enfrentando ya condenas muy grandes, por sencillamente salir a manifestarse o por cometer algún hecho “vandálico” –como dicen acá–, que puede haber sido tirar una piedra en respuesta a la violencia policial o enfrentarse a la policía, por ejemplo. Entonces la situación de los presos políticos en Cuba es terrible.

Además, hay un miedo generalizado, muchos llamaban a no denunciar en las redes o públicamente la situación de sus familiares, a mantenerse en el anonimato y asumir esa condena. Esto ocurrió porque la seguridad del Estado se ha encargado de asediarlos. Es un proceso ejemplarizante y de demostración de poder por parte del Estado, para decirle a la gente: “miren lo que soy capaz de hacer, miren lo que les va a pasar si vuelven a intentar manifestarse”. Y esto ha sido asumido, de una manera totalmente manipuladora, por los medios de comunicación nacionales. Porque a esas personas se les ha tildado de mercenarios y de ser pagados por el Gobierno estadounidense, una campaña de descrédito. Yo no dudo que haya personas que han sido pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero la cantidad de personas del pueblo que salieron el 11 de julio no recibieron dinero por eso. Los presos políticos están pagando el empeño de un gobierno por mantenerse en el poder y están siendo el ejemplo de lo que el gobierno no quiere que suceda en el futuro para garantizar su gobernabilidad.

¿Cuál es la relación que encuentras entre estas medidas represivas y las medidas económicas que nos relatabas previamente?

Por supuesto que el aumento de la represión tiene que ver con la necesidad de ejecutar el plan neoliberal del que estamos hablando. Para decirles a los gobiernos extranjeros o a inversores extranjeros que inviertan en Cuba se tiene que garantizar la paz. Y la paz pasa por un pueblo que no se manifieste y que no exija derechos. Y deben demostrar la solidez de un sistema político.

La represión pasa por ahí: el Gobierno está tratando de que haya paz. Y está tratando que la gente esté en calma y asuma su destino como ellos dictan que debe ser, para poder ejecutar todos esos planes. He ahí la relación. Lo otro, es que la revolución cubana se ha caracterizado por no asumir cuestionamientos, no permitir que nadie cuestione; por eso la no posibilidad de asociación y la falta de participación política y popular. Entonces, en un momento de crisis económica, donde hay un estallido social, la represión va a ser directamente proporcional. Ellos tienen que controlar eso y han decidido hacerlo sin asumir un diálogo con la gente. No han decidido escuchar a la gente, ver qué piden y tratar de girar las decisiones a favor de los de abajo.

A mí me molesta mucho cuando algunas personas, que son defensoras acérrimas del Gobierno cubano, incluso miembros de partidos de izquierda del mundo entero, esgrimen el argumento de que no se puede comparar la represión en Cuba con la represión de Chile, por ejemplo, dicen: “no, porque miren en Cuba, no es como en Chile, que en una manifestación te golpean o que en una manifestación te sacan un ojo”. En Cuba es más brutal aún porque no hay manifestaciones, porque no tienes el derecho de salir a la calle.

Sin embargo, sí existe la represión física brutal como lo vimos el 11 de julio. Es cierto, en Cuba no matan activistas. Sin embargo, la represión es muy fuerte, con juicios sumarios con condenas de cárcel por muchos años por el simple hecho de participar en una protesta, y a estas personas las ahogan al punto de que tengan que emigrar, o les hacen emigrar, les anulan social y políticamente. Les acosan todo el tiempo. La represión no es solamente desaparecerte físicamente. Es también desaparecer política y socialmente, un acto terrible y represivo porque te están matando en vida. Te están anulando, te están borrando de la historia, que es otro proceso que se da acá. A los activistas, a las personas que disienten, las borran de la historia. Sencillamente deciden no reflejar más su obra, en caso de que seas artista, no te mencionan más en los medios. Y si se les menciona, es para difamarles.

Para finalizar, ¿nos podrías comentar sobre la izquierda crítica en Cuba?

Mira, en Cuba la izquierda crítica es sumamente heterogénea y pequeña, además está muy poco organizada y están tratando de eliminarnos fuertemente –créeme, esto lo estoy viviendo en carne propia–. Yo diría que lo que han surgido son voces emergentes, de izquierda crítica. Entonces, si bien existen diversos colectivos, estas voces emergentes que se han pronunciado a raíz del día 11, yo pienso que la izquierda crítica en Cuba va a tener que esperar o va a tener que madurar mucho más para para lograr hacer una fuerza política constante y coherente.

Tienes a esa izquierda gubernamental, oficial, en la juventud, que te dicen que sí, que ellos tienen inquietudes, pero que la manera de hacerlo no es enfrentarse al Gobierno, sino que se trata de estar dentro de él para cambiar las cosas, y eso es una gran mentira, porque al final lo que sucede es que esa burocracia y esa comodidad en un país tan precario como el nuestro ahora mismo les asimila y básicamente les dan casa, les dan carro, tienen una vida y una posición económica mucho mejor que tienen que mantener y se mantiene acatando órdenes. Y sencillamente se convierten en los burócratas del futuro. Eso está sucediendo, es asimilación.

En cambio, la izquierda crítica está siendo tratada, en cuanto a disenso, igual que cualquier disidente de derecha actualmente. Nos están tratando de aniquilar, no te voy a mentir, no, no les conviene que existamos. La última vez que me citó la persona de la seguridad del Estado me dijo mercenaria, me dijo contrarrevolucionaria, me dijo que yo no era de izquierda. Y además de eso, el ataque de la izquierda gubernamental a la izquierda crítica es increíble, siempre prima el cuestionamiento de si somos izquierda. Si yo me pongo a trabajar con los obreros de una fábrica, por ejemplo, para tratar de cambiar las cosas, yo no voy a entrar por la puerta de la fábrica porque a mí me van a desaparecer políticamente, eso lo sabemos todos. En este marco, entonces, pienso que lo que nos queda es hacer en el campo de las ideas y en el campo de la denuncia social. Y lo intentamos, pero nos falta mucho. Te podría enumerar numerosos colectivos que existen en Cuba, pequeños pero que se mantienen activos, y se me hace difícil enumerártelos acá. Pero te repito, nos falta mucha maduración en la izquierda crítica para lograr ser una fuerza política coherente e importante también.

Transcripción de Manuel Aguilar

Publicado enInternacional
Martes, 25 Enero 2022 05:31

Golpe de Estado en Burkina Faso

El depuesto presidente Roch Kaboré. Foto: AFP

Militares detuvieron al presidente Roch Kaboré

Una serie de motines militares desencadenaron en un golpe militar contre el presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, en medio de un amplio descontento social por la incapacidad del gobierno de responder a los constantes ataques de grupos yihadistas. Según confirmaron las agencias internacionales, Kaboré fue detenido y recluido en un cuartel de Uagadugú, capital del país de África occidental. 

"El presidente Kaboré, el jefe del parlamento (Alassane Bala Sakandé) y los ministros están efectivamente en manos de los soldados" en el cuartel de Sangoule Lamizana en Uagadugú, dijo una fuente de seguridad a la agencia AFP. 

Militares amotinados

La detención ocurrió tras un domingo tenso en el país, en el que se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas, que se enfrentan sin éxito a grupos armados yihadistas, afiliados a Al Qaida y al grupo Estado Islámico. 

Los ataques, dirigidos a civiles y militares son cada vez más frecuentes en la ex colonia francesa y se concentran en el norte y el este del país. La violencia de los grupos yihadistas ha matado a más de 2.000 personas en casi siete años y ha obligado a 1,5 millones a huir de sus hogares. Una situación similar a la que viven los países vecinos de Malí y Níger. 

Los soldados se amotinaron el domingo en varios cuarteles de Burkina Faso para exigir la renuncia de los jefes del ejército así como "medios adecuados" para luchar contra los yihadistas, que actúan en el país desde 2015. El domingo por la noche se oyeron disparos cerca de la residencia del jefe de Estado y un helicóptero sobrevoló la zona con todas las luces apagadas, según los residentes.

Esta mañana, un periodista de la AFP vio a una decena de soldados encapuchados y armados apostados frente a la sede de la Radio Televisión de Burkina (RTB), que emitía programas de entretenimiento. 

La presidencia de Kaboré

El presidente Kaboré llegó al poder en 2015 --tras el largo periodo del gobierno fraudulento de Blaise Compaoré-- y fue reelegido en noviembre de 2020, con el 57,8% de los votos, con la promesa de convertir en prioridad la lucha contra los yihadistas. Sin embargo, el aumento de los ataques lo tenían en el foco de las críticas. 

En los últimos meses hubo varias manifestaciones de protesta en el país para denunciar la incapacidad de las autoridades para contrarrestar el creciente número de atentados yihadistas. 

Además, Kaboré enfrentaba un vacío de poder generado por la oposición, que no aceptó el resultado de los comicios por presunto fraude electoral. 

Burkina Faso: una ex colonia francesa cruzada por el autoritarismo y los golpes de Estado  

La República de Burkina Faso --"Tierra de los hombres incorruptibles", en lengua local-- está situada en el oeste de África y es uno de los países más pobres del mundo. Limita al norte y al oeste con Malí; al sur con Benin, Togo, Ghana y Costa de Marfil; y al este, con Níger.  

Formó parte de la colonia del Alto Volta, creada en 1919 por Francia, que en 1932 lo dividió entre las colonias francesas de Sudán (posteriormente Mali), Níger y Costa de Marfil. En 1947, Francia lo incorporó a los territorios del África Occidental Francesa. Esta región, tras obtener la autonomía en 1958, proclamó la independencia el 5 de agosto de 1960 como República Independiente del Alto Volta. Su historia se caracterizó por la inestabilidad política, con numerosos golpes de Estado.

Después de la primera presidencia de Maurice Yameogo (1960-1966), se sucedieron gobiernos militares encabezados por Sangoulé Lamizana (1966-1980), Saye Zerbo (1980-1982) y Jean Baptiste Ouedraogo (1982-1983). En 1983, Thomas Sankara lideró un golpe de estado e instauró un régimen marxista-leninista que modificó el nombre del país, la bandera y el himno nacional.

Cuatro años después fue derrocado por otro golpe, encabezado por Blaise Compaoré, quien dirigió el país durante 27 años. En 1991, Compaoré promulgó una constitución democrática y estableció un sistema multipartidista, pero desde entonces fue reelegido ininterrumpidamente con denuncias de fraude, su gobierno se enfrentó a numerosas protestas y fue acusado de violaciones de derechos humanos.

Su intento de modificar la Constitución para perpetuarse en el poder fue respondido con un levantamiento popular que culminó en octubre de 2014 con el incendio del Parlamento y su derrocamiento.

Tras huir del país, fue sustituido por el coronel Yacouba Isaac Zida, que consensuó con otros representantes políticos un proceso de transición democrática. Sin embargo, fue abortado por una facción del ejército en septiembre de 2015.

La presión internacional consiguió que el gobierno civil fuera restaurado. En las elecciones de noviembre de 2015 Christian Kabore fue elegido presidente. Este lunes, tras ser reelegido en noviembre, otro golpe militar volvió a marcar la suerte del país africano. 

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Lunes, 24 Enero 2022 06:01

¿Defender qué?

Según encuesta, 76% de estadunidenses considera que la democracia está en peligro. El tema llegó al centro del debate nacional desde el asalto al Capitolio el año pasado (en la imagen) y ante las iniciativas republicanas para suprimir el derecho al voto .Foto Ap

¿Vale la pena defender la democracia estadunidense? Durante meses, desde la Casa Blanca, legisladores demócratas, prominentes intelectuales y comentaristas, ex oficiales militares, editorialistas de los principales medios y más han advertido y gritado que la democracia estadunidense está bajo amenaza existencial y acusan que republicanos están realizando una subversión del proceso electoral e impulsando golpes duros y suaves, ataques violentos por terroristas domésticos y hasta una guerra civil.

Pero no hay, hasta ahora, una movilización masiva, ni un sentido de "emergencia" nacional para rescatar a la supuestamente sagrada democracia estadunidense.

¿Por qué? ¿Estarán exagerando los que por todas partes suenan la alarma? ¿O nadie les cree? ¿O será que a las mayorías no les importa?

Un 76 por ciento de estadunidenses, opina que existe una amenaza a su democracia, según la encuesta más reciente de NBC News; o sea, hay conciencia. Y por supuesto hay expresiones de protesta, algunas marchas, denuncias, acciones no violentas impulsadas por organizaciones como la Campaña de los Pobres y otros para denunciar a los cómplices políticos de estos esfuerzos antidemocráticos. Existen investigaciones criminales y legislativas sobre el asalto al Capitolio. Muchas ONG y organizaciones político-electorales están solicitando contribuciones para defender o rescatar la democracia. Pero por ahora, no hay millones en las barricadas –ni en las virtuales– para defender a esta democracia

Por supuesto que todo ser consciente sabe que la democracia estadunidense está viciada de aspectos antidemocráticos como conformación y quehacer del propio Senado, y ni hablar de que no hay voto directo para presidente. Más aún, desde hace décadas las mayorías no creen que los políticos electos expresan la voluntad del pueblo, sino que trabajan para sus patrocinadores, quienes pagan por esta "democracia".

No ayudan a generar confianza pública en la "democracia" espectáculos políticos como el que los senadores realizaron la semana pasada, cuando pretendieron garantizar el derecho al voto en un proyecto de ley que todos sabían que fracasaría de antemano, pero que usarían para pretender que "hicieron algo".

Pero a la vez, esta ofensiva derechista está logrando, a nivel estatal, suprimir y subvertir el proceso electoral con enormes consecuencias reales para el futuro del país, sobre todo para los sectores minoritarios y los pobres.

“Sigo absolutamente asombrado de que nosotros (gente negra) ahora simplemente tenemos que observar… los esfuerzos de supresión masiva del voto dirigidos contra nosotros, porque los estadunidenses ‘optaron’ por no frenar esto. Ni sé cómo traducir mi ira en palabras. Me enferma, estoy asqueado”, escribe Charles Blow, columnista del New York Times.

Mientras, en esta crisis de la democracia junto con la pandemia lo que sigue funcionando, y muy bien, es el sistema económico para los más ricos. La riqueza de los 745 multimillonarios estadunidenses más ricos se disparó 70 por ciento –o sea, agregaron $2.1 billones a su fortuna colectiva– desde el inicio de la pandemia (https://inequality.org/great-divide/updates-billionaire-pandemic/). El nivel de desigualdad económica se ha acelerado bajo gobiernos demócratas y republicanos en las últimas cuatro décadas llegando a su nivel más alto en casi un siglo.

Noam Chomsky –quien considera que en su país procede un "golpe blando" por fuerzas protofascistas– suele citar a James Madison, uno de los padres fundadores del país, quien argumentó que el objetivo primario del gobierno debería ser "proteger a la opulencia de la minoría contra la mayoría".

Para los ricos el sistema no está descompuesto, y para los demás, pues, no queda muy claro. Y por lo tanto, no queda claro que es lo que se necesita defender.

El debate sobre si es posible tener una democracia política sin democracia económica es antiguo –hasta Aristóteles lo abordó– y tal vez eso tiene que resolverse primero para que el debate sobre "democracia" sea más urgente y real para el demos.

B.B. King & Tracy Chapman. Thrill is gone. https://www.youtube.com/watch?v=xVxCtt3s_1M

Cat Empire. Coming to Meet You. https://open.spotify.com/track/0roxrfpflJg4KPquNIYBfN?si=f4VDV9i3Q8WpEyyzKg75ag

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Partidarios de la mandataria electa de Honduras, Xiomara Castro, ayer en la sede del Legislativo, donde se nombró a Luis Redondo presidente del Congreso. En paralelo, en otra sede fue designado para el mismo cargo Jorge Cálix.Foto Ap

Tegucigalpa. Diputados hondureños eligieron ayer dos juntas directivas paralelas del Congreso en medio de disputas entre la presidenta electa Xiomara Castro y legisladores disidentes de su partido por el control de ese poder en una nueva crisis política en la empobrecida nación centroamericana.

Diecinueve diputados disidentes del partido de Castro, Libertad y Refundación (Libre), con apoyo de formaciones de derecha, eligieron a Jorge Cálix presidente del Congreso en un centro social.

En paralelo, parlamentarios de Libre leales a Castro y el Partido Salvador de Honduras (PSH) nombraron a Luis Redondo, de esta última formación y como parte de un acuerdo entre ambos partidos, en el edificio del Congreso.

Castro pactó con el PSH para votar a Redondo como titular del Congreso.

Simpatizantes de Castro afuera del recinto

Centenares de simpatizantes de Libre se congregaron desde la noche del sábado frente a la sede del Congreso, convocados por Castro, en una vigilia que mantuvieron hasta ayer.

Cálix, acusado de traidor por Castro, prometió trabajar por el programa de la presidenta electa, quien debe asumir el gobierno el jueves. Agregó que su juramentación tuvo lugar en un centro social porque el edificio legislativo estaba rodeado por simpatizantes de Castro y temía por su seguridad.

En todo caso, en su primer discurso, Cálix fue contundente: mientras yo ostente la presidencia del primer poder del Estado no habrá ningún golpe contra la presidenta electa.

La junta directiva que preside Cálix fue electa por 80 diputados propietarios. La presidida en la otra sesión de partidarios de Castro fue electa por 49 diputados propietarios y una cantidad no precisada de suplentes, según fuentes de la agrupación. Es difícil corroborar los apoyos recibidos por el legislador del PSH, pues la votación fue a mano alzada en una caótica sesión desbordada por la presencia de simpatizantes.

En total se requieren 65 votos para lograr la dirección del Congreso, la mitad más uno de los 128 escaños.

La crisis estalló el pasado viernes en una sesión en medio de golpes y gritos, cuando Cálix juró como presidente legislativo provisional, en desobediencia al pacto entre Libre y el PSH.

Los 19 diputados disidentes fueron expulsados de Libre.

Reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo, le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero, tuiteó Castro.

Castro acusa a los disidentes de su partido de aliarse con el PN para impedirle cumplir las transformaciones que prometió durante la campaña presidencial.

Castro ganó las elecciones el 28 de noviembre por abrumadora mayoría, gracias a una alianza con el PSH, a cambio de nominar a su candidato presidencial, Salvador Nasralla, en la vicepresidencia.

El Congreso quedó integrado por 50 diputados de Libre, 44 del PN (del actual presidente Juan Orlando Hernández), 22 del Partido Liberal (PL, derecha), 10 del PSH y dos de otros partidos.

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Perú: el Congreso opositor traba el cambio constitucional

La derecha bloquea la posibilidad de un referéndum

 

El Congreso controlado por la derecha ha promulgando una ley que bloquea la posibilidad de un referéndum para cambiar la Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimorista, cambio que es una de las principales banderas del presidente Pedro Castillo y de los sectores progresistas en su conjunto. La norma, aprobada con 72 votos de los 130 legisladores, establece que para convocar un referéndum para cambiar la Constitución se necesita la aprobación de la mayoría del Congreso, donde la derecha tiene los voto para impedirlo. Esto cierra la puerta para un referéndum convocado con las firmas del diez por ciento del padrón electoral, 2,5 millones de firmas, que era a lo que apostaba el gobierno. 

Una ley que revela el temor de la derecha a una consulta popular que decida si se debe convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de Fujimori. El gobierno ha reaccionado con indignación y ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para pedir la derogatoria de esta ley por ser inconstitucional. En el TC se necesitan cinco votos de seis, lo que por la composición del tribunal se estima poco probable.

“El Congreso con el objetivo de atentar contra la voluntad popular obtuvo una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente. Como gobierno recurriremos al TC en vista de que esta ley es antidemocrática e inconstitucional. No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso. Este atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura, olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar”, ha dicho Castillo.  

24 de enero de 2022

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"Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos"

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en diálogo con la BBC

Habló de la conformación de su gabinete, del leguar de su gobierno en la historia chilena y de su vinculación con los gobiernos progresistas de Latinoamérica.

El anuncio de un gabinete integrado por 14 mujeres y 10 hombres viene a romper con la tradición política en Chile, afirmó el mandatario electo, Gabriel Boric, de 36 años, en diálogo con el portal de noticias de la BBC. “Representamos aire fresco, juventud, novedad, pero con conciencia del encadenamiento histórico de los procesos. Representamos también que el statu quo o el conservadurismo es lo que peor le puede venir a Chile en estos momentos”, señaló.

Boric, habló esta semana con la cadena estatal de Gran Bretaña en su primera entrevista con un medio internacional después de las elecciones en las que derrotó al candidato de la ultraderecha José Antonio Kast. El mandatario electo habló sobre su nuevo gabinete y sobre sus cercanías y distancias con algunos gobiernos progresistas de la región. "Representamos la fuerza de una época", apuntó.

Boric reconoció que durante su primer mandato la expresidenta socialista Michelle Bachelet “hizo un esfuerzo por mantener un gabinete paritario y las fuerzas del conservadurismo se lo aserrucharon rápidamente”.  Por eso agregó: “no quiero presentarnos como pioneros, sino como que estamos recogiendo un legado que va mucho más allá de nosotros”.

El mandatario electo también se refirió a sus expectativas para su gobierno y resaltó la importancia de la descentralización. “Yo soy magallánico, nacido y criado a orillas del Estrecho y desde que tengo uso de razón vengo escuchando la palabra descentralización sin que haya tenido mayores efectos en la vida cotidiana de las personas. Y en donde las decisiones se terminan tomando por una élite santiaguina, de clase alta, por sobre las realidades que se viven en las comunas, en los barrios” sostuvo. “Espero que al final de nuestro mandato tengamos un Chile descentralizado, que en los barrios, en las comunas, en las regiones, puedan decidir su futuro más que desde La Moneda o el barrio alto de Santiago”, añadió.

El presidente electo además fue consultado si se reconoce en alguno de los gobernantes de la izquierda latinoamericana. “Me da mucha esperanza y espero tener un trabajo codo a codo con Lucho Arce en Bolivia, si Lula gana las elecciones en Brasil con Lula, la experiencia de Gustavo Petro si se consolida en Colombia. Creo que ahí se puede armar un eje tremendamente interesante”, afirmó. Aunque se desmarcó de dos gobiernos de izquierda. “Yo entiendo que la pregunta va muy relacionada con Venezuela y Nicaragua. En el caso de Nicaragua no logro encontrarle nada ahí, y en el caso de Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado y la principal demostración de su fracaso son los seis millones de venezolanos en diáspora”, precisó.

Con respecto a su objetivo como gobernante, Boric afirmó: "Toda organización requiere de algún tipo de orden.  Yo diría que el problema de Chile hoy día es que ese orden no existe. El contrato social ha sido roto. Y desde mi punto de vista por las élites. Y, por lo tanto, para poder recuperar el orden, se requieren nuevas formas y no repetir lo mismo del pasado.

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Sábado, 22 Enero 2022 06:04

Amistades peligrosas

Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin, junto a sus respectivas esposas, en una cena organizada por un grupo de abogados en San Pablo, el 19 de diciembre de 2021 AFP, PRENSA OFICIAL LUIZ INACIO DA SILVA, RICARDO STUCKERT

El acercamiento entre Lula y Alckmin

 

Se espera que en los próximos meses el expresidente brasileño confirme su candidatura presidencial y a su compañero de fórmula. El elegido provoca urticaria en la interna de la izquierda y trae algunos recuerdos traumáticos.

Desde que sus derechos políticos fueron restituidos, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva retornó a la condición de favorito para la elección presidencial de octubre. En la primera encuesta de intención de voto llevada adelante este año por el Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, el petista aparece con 44 por ciento de intención de voto y gran posibilidad de ganar en primera vuelta. Jair Bolsonaro, actualmente afiliado al Partido Liberal y con la aprobación de su gobierno en caída, aparece con un 24 por ciento y quedaría en segundo lugar. Las tentativas por parte de partidos de centro y derecha de crear una tercera vía que haga frente a la polarización entre Lula y Bolsonaro no tuvieron éxito hasta el momento.

Dada la gran probabilidad de victoria de Lula, e incluso aunque aún no haya lanzado oficialmente su candidatura, durante el año pasado surgieron varias especulaciones en los medios brasileños respecto de quién estaría en la fórmula como vicepresidente. Geraldo Alckmin, exgobernador paulista e histórico rival del Partido de los Trabajadores (PT), pasó a ser el principal nombre para ocupar el puesto después de que, el 15 de noviembre, el propio Lula no descartara esa posibilidad. Cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa tras su visita a la sede del Parlamento Europeo, el expresidente incluso afirmó que tiene una «extraordinaria relación de respeto con Alckmin» y que «no hay nada que haya ocurrido en el pasado que no pueda ser reconciliado».

El 19 de diciembre de 2021, cuatro días después de que Alckmin dejara oficialmente el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) –del que fue uno de los cuadros políticos más respetados durante 33 años–, ambos dirigentes políticos se encontraron presencialmente en un evento organizado por el Grupo Prerrogativas, conformado por abogados, artistas, profesores y juristas. Las declaraciones de ambos durante el encuentro fueron interpretadas por la clase política y por los medios como el primer paso de las negociaciones para concretar la fórmula.

«No importa si en el pasado fuimos adversarios, si intercambiamos algunas patadas, si en el calor del momento nos dijimos lo que no deberíamos haber dicho. El tamaño del desafío que tenemos enfrente hace de cada uno de nosotros un aliado de primera hora», dijo Lula. Alckmin, a su vez, afirmó que el proceso estaría «solo empezando» y que era momento «de grandeza política y de unión».

La posible coalición encuentra, sin embargo, resistencias dentro de la izquierda brasileña. Un ala relevante del PT cree que el exgobernador de San Pablo no es confiable para el cargo. Según el portal de noticias Poder360, la expresidenta Dilma Rousseff habría dicho la semana pasada al expresidente Lula, en un encuentro privado entre ambos, que «Alckmin sería su Temer», refiriéndose a la traición que Rousseff sufrió en 2016 de su compañero de fórmula, Michel Temer, del entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

El diputado federal Rui Falcão, presidente del PT en el período de 2011 a 2017, declaró, por su parte, en una entrevista a Folha de São Paulo este lunes 17 que «Alckmin es la contradicción de todo lo que el PT ya hizo y quiere hacer» y mencionó el apoyo de Alckmin al golpe parlamentario contra Rousseff y sus «posiciones ultraconservadoras». Cuadros importantes del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una escisión del PT que en los últimos tiempos ha mostrado un acercamiento a las posiciones de ese partido, también presentaron desacuerdos con el nombre de Alckmin. Para Guilherme Boulos, candidato por el PSOL a la presidencia en las elecciones de 2018, la alianza «debilitaría la candidatura de Lula».

QUIÉN ES GERALDO ALCKMIN

Cuatro veces gobernador, Alckmin fue quién más mandatos ejerció en San Pablo después de la redemocratización del país. En 2015 y 2016 fue aliado del ala más extremista de su partido, que participó en las manifestaciones que pedían la caída de Rousseff. En aquel entonces llegó, incluso, a liberar el subte de la capital paulista para que la población pudiera concurrir a tales manifestaciones sin tener que pagar.

Ligado a las tendencias más conservadoras de la Iglesia católica, contrario al aborto y a la legalización de las drogas, sus administraciones se caracterizaron por un duro neoliberalismo. Como gobernador comandó varios programas de privatización, vendiendo empresas estatales, como la distribuidora de energía Eletropaulo. En su momento, la venta de ese monopolio estatal concitó el llamado a una comisión investigadora, en la que los expertos encargados de evaluar el patrimonio de la empresa denunciaron que el precio pagado por la compañía estadounidense AES por quedarse con Eletropaulo era extremadamente bajo. Alckmin también fue denunciado por el movimiento sindical debido a sus intenciones de privatizar la empresa encargada del agua potable y el saneamiento paulista luego de años de desinversión y vaciamiento de la empresa. Como candidato a la presidencia en 2018, afirmó que privatizaría «todo lo que fuera posible» de las estatales brasileñas.

Dado que es uno de los favoritos al gobierno de San Pablo para 2022, muchos se preguntan qué ganaría el exgobernador al candidatearse como vicepresidente. La explicación podría residir en la proyección que el puesto le daría para la disputa presidencial de 2026. Sin necesidad de adelantarse tanto en el tiempo, el puesto de vicepresidente también le devuelve el prestigio que perdió después de las elecciones de 2018, donde logró solamente 4,76 por ciento de los votos y quedó marginado dentro del PSDB. Ganaría, además, lo que nunca logró antes, pese a proponérselo dos veces: llegar, aunque como vice, a la presidencia de la república, pudiendo eventualmente asumir como titular.

¿TRANSAR UNA VEZ MÁS?

En 2006 Lula y Alckmin disputaron las elecciones presidenciales en una campaña marcada por ataques mutuos, en que el petista salió victorioso con 48,61 por ciento de los votos. En uno de los debates en cadena nacional, Alckmin llegó a calificar a Lula de «arrogante, irónico e irrespetuoso». En 2017, en la posición de presidente del PSDB, vinculó al exmandatario con la corrupción con declaraciones del tipo: «Después de romper el país, Lula dice que quiere volver al poder, o sea, volver a la escena del crimen».

Después de 15 años de asperezas y marcadas diferencias en sus programas de gobierno, la unión de estos dos cuadros divide opiniones y genera desconfianza. Juliano Medeiros, presidente del PSOL, declaró en diciembre a Poder360 que, de cara a las elecciones de este año, su partido mantiene conversaciones con otros partidos del campo de izquierda y del centro, incluido el PT. Afirmó, sin embargo, que «no tiene mucho sentido pensar en un frente democrático de izquierda que tenga en su interior partidos o líderes que no comparten nuestros valores» y que «se abstuvieron de impedir que la tragedia del gobierno de Bolsonaro aconteciera en nuestro país».

El PSOL aprobó como prioridad en su congreso nacional en setiembre del año pasado construir una unidad de las fuerzas democráticas progresistas de izquierda contra la reelección de Bolsonaro, y para ello estaría dispuesto a no lanzar una candidatura propia en las elecciones de octubre. Ese movimiento de unidad, que estaría inicialmente conformado por el PSOL, el PT, el Partido Comunista do Brasil, el Partido Socialista Brasileiro, el Partido Democrático Trabalhista y Rede Sustentabilidade, fue conformándose en la Cámara de Diputados y en las calles a través de las protestas contra la política del actual presidente.

«La hipótesis por la que queremos trabajar en este primer semestre es la construcción de la unidad de las izquierdas. Alckmin es un elemento que la dificulta, pero no necesariamente va a inviabilizarla. Lo fundamental es lo que ese frente irá a defender, porque si ese frente tiene un programa y una identidad de izquierda, ahí la contradicción de estar en él es de Geraldo Alckmin y no nuestra», finalizó Medeiros.

Por otro lado, dentro del PT, figuras históricas como el exministro José Dirceu, el senador Humberto Costa y la actual presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, declararon su apoyo al diálogo entre Lula y Alckmin. Para el profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia, Lucio Rennó, en entrevista con la edición brasileña de la Deutsche Welle, la fórmula Lula-Alckmin «consolida un apoyo de centroderecha» y puede acercar los sectores más conservadores que resisten el nombre de Lula. Se trata de una estrategia que ya fue utilizada con éxito por el petista en las elecciones de 2002. Después de dos campañas electorales (1994 y 1998) en las que unió solamente al campo de la izquierda sin lograr la victoria, Lula eligió al empresario José de Alencar para el cargo de vice. La alianza Lula-Alckmin, de paso, sacaría al exmiembro del PSDB del pleito en el principal punto electoral del país, dejando libre el camino para el exalcalde del PT Fernando Haddad, quien es precandidato al gobierno de San Pablo.

EL FUTURO DIRÁ

La estrategia puede dar a Lula una victoria segura en primera vuelta, pero también, dado el historial reciente de las coaliciones en el país, presenta importantes riesgos. El pacto entre los dos todavía depende de a qué partido se afiliará Alckmin (de acuerdo a la ley brasileña, para oficializar su candidatura debe presentarse en representación de un partido político). Las alternativas que se le presentan son el Partido Social Demócratico, de centroderecha, y el Partido Socialista Brasileiro, de centroizquierda. También el centrista Solidariedade ha invitado formalmente al exgobernador paulista a sumarse a sus filas. Aunque queda mucha agua por correr bajo el puente, tanto desde el entorno de Alckmin como desde el de Lula se considera que la fórmula está asegurada y que el exmandatario pretende anunciar oficialmente su candidatura en la primera quincena de marzo.

De acuerdo a los sondeos, aunque decepcionados por la elección de Alckmin, es probable que los electores de izquierda no arriesguen el voto frente a la alternativa de una reelección de Bolsonaro o una victoria del exjuez Sérgio Moro, quien oportunamente se ha tirado a precandidato por el partido Podemos y aparece en tercer lugar en las encuestas. Sin embargo, además de los cuestionamientos sobre un programa de gobierno que posiblemente tendrá algunas, o muchas, concesiones en su elaboración, la pregunta que queda en el aire es: ¿puede el elector brasileño confiar en que Alckmin, habiendo sido uno de los cuadros políticos más influyentes en apoyar el golpe parlamentario de 2016, se comportará de otra forma en un escenario de mayoría conservadora en el Parlamento?


El demoño rojo

El 44 por ciento de los brasileños teme que tras las elecciones de este año su país se vuelva «comunista», según una encuesta publicada a fines de diciembre por Datafolha. Ya en los años noventa, quien es señalado como la corporización de esa satánica amenaza insistía en que su pensamiento «no es el de Marx, sino el de Henry Ford». En 2002, a poco de ser llevado a la presidencia en la cresta de una ola continental de bronca popular contra el neoliberalismo, intentó calmar a los ansiosos con su célebre: «Lulinha não quer briga. Lulinha quer paz e amor». Incluso, durante sus gobiernos, la concentración de la renta acaparada por el 1 por ciento más rico aumentó del 22 al 25 por ciento, de acuerdo al estatal Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, y las tierras en manos de grandes latifundistas crecieron en más de un 50 por ciento, según cifras del Movimiento Sin Tierra.

Todo ello, sin embargo, no convence. El comunismo de Lula atormenta aún a una parte importante del electorado. Probablemente tenga algo que ver la prédica constante del actual mandatario y sus aliados pentecostales, quienes han decidido centrar la campaña por la reelección en la idea de evitar que Brasil «vuelva a estar al borde del socialismo». Cierto es también que para Jair Bolsonaro el comunismo es una fuerza tan poderosa que puede incluir multitudes insospechadas: Fernando Henrique Cardoso, las cuarentenas, José Sarney, la Organización de las Naciones Unidas, Alberto Fernández, el covid…

«Con Lula presidente y el camarada Geraldo como vice, veo improbable la llegada del comunismo», ironizó en diálogo con Folha de São Paulo el secretario de comunicación del PT, Jilmar Tatto, al conocer el sondeo de Datafolha. Pero los seguidores de o mito quizás no estén tan seguros.

Por Manuella Sampaio
20 enero, 2022

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La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, habla durante una ceremonia. 30 de diciembre de 2021Inti Ocon / Gettyimages.ru

 La disidencia de 20 diputados de Libertad y Refundación (Libre) ha sido calificada por la mandataria electa como una deslealtad al proyecto político y a los electores.

A días de asumir las riendas del país, la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta el primer cisma dentro del partido que la llevó al poder en los comicios de noviembre del año pasado: Libertad y Refundación (Libre).

La víspera, Castro convocó a una reunión política para definir quién sería el candidato de la alianza izquierdista para encabezar la junta directiva del Congreso, pero 20 diputados de Libre se ausentaron de ese encuentro. Para la mandataria electa, ese gesto constituye una "traición" al proyecto político que lidera.

La polémica surge porque los 20 diputados de Libre no estaban de acuerdo con que el candidato para presidir el Congreso no saliera de sus filas, sino que fuese Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH).

La razón de la postulación de Redondo obedece a un acuerdo político previo entre los partidos que apoyaron a Castro. Antes de las elecciones, las fórmulas pactaron que independientemente del número de curules que ganaran, la decisión sobre quién sería el titular del Congreso Nacional recaería en Salvador Nasralla, designado presidencial electo.

Nasralla se decantó por Redondo, perteneciente a su partido, pero la fracción "disidente" de Libre apostó por la postulación de Jorge Cálix, parlamentario de ese partido por el departamento de Francisco Morazán y quien ostenta el título del "diputado más votado de la historia".

Este viernes, la diputada disidente Beatriz Valle presentó la propuesta para la junta directiva provisional del Congreso, con Cálix como presidente, que habría contado con el respaldo de 21 parlamentarios de su partido, 44 del conservador Partido Nacional, 18 de Partido Liberal, uno del Partido Anticorrupción y otro de la Democracia Cristiana.

Cálix asumió la jefatura en medio de los gritos de "traidores" por parte de la bancada de Libre que apostaba por Redondo y los golpes entre parlamentarios, luego de la irrupción en el estrado del diputado Rasel Tomé. En tanto, la mandataria electa de Honduras lanzó un contundente tuit: "Se consumó la traición".

El acuerdo en disputa

A primera hora de este viernes, la bancada mayoritaria de Libre emitió un comunicado para denunciar que la ausencia de los 20 diputados en la reunión con Castro –para acordar las postulaciones para la directiva del Congreso– constituía "el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo hondureño".

En el texto, reafirmaron el apoyo de la mandataria electa a Redondo, en consonancia con el acuerdo que fue signado por las fuerzas políticas que se opusieron a la "narcodictadura" del presidente saliente, Juan Orlando Hernández. Con ello, el mensaje es claro: Castro "no admite el incumplimiento y la traición al voto del pueblo que la eligió de forma contundente en alianza".

La reacción de la fracción disidente de Libre fue inmediata. "No somos traidores, tenemos derecho a pensar diferente", declaró el diputado Edgardo Castro, quien aseguró que ese grupo mantiene su apoyo a la gestión de Xiomara Castro.

Por otra parte, la diputada Valle alegó que el pacto solo iba a cumplirse si los diputados de Libre y PSH lograban una mayoría simple, por lo que defendió la postulación de Cálix. Ante la situación, que deja a Redondo eventualmente fuera de la directiva, la postura de Nasralla ha sido la de respaldar a la presidenta electa.

"Apoyamos a Xiomara Castro. Nuestra hermandad está más sólida que nunca. Ella y nosotros lo hacemos por Honduras, no defendemos intereses personales", tuiteó el Delegado Presidencial electo, junto a una foto reunido con los diputados del PSH.

Más tarde, en declaraciones a medios locales, Nasralla consideró que las voces disonantes de Libre no pueden alegar que se mantienen en línea con el plan de Gobierno de la presidenta electa: "Lo que ofreció Xiomara se puede seguir al pie de la letra con una persona que esté de acuerdo con ella, no con 20 disidentes que antes de que ella tome posesión hacen una rebelión por intereses personales", sostuvo.

Redondo, mientras tanto, denunció que el objetivo de los parlamentarios que se sublevaron dentro de Libre, con el apoyo del "lado oscuro" del Partido Liberal, es "quitarle la victoria y el mandato legítimo que le dio el pueblo hondureño" a Castro Zelaya. "Fuimos testigos de la violación", zanjó.

Cambio de último minuto

Aunque es pronto para saber el rumbo que tomará el futuro Gobierno, hay un detalle con mucho peso simbólico que da algunas pistas de la postura que mantendrá la mandataria con las voces disidentes del partido Libre, dirigido por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

En el comunicado emitido por la bancada, Castro anunció que no asumiría el cargo ante "un presidente del Congreso surgido de la traición", por lo que jurará frente a un juez de la República y el pueblo hondureño, en el acto previsto para el mediodía del 27 de enero, en el Estadio Nacional.

"Nuestro pueblo ha votado el 28 de noviembre por un cambio de Gobierno y de paradigma del modelo neoliberal que han implementado para destrozar este país, y hoy, un grupo ensoberbecido por la ambición de poder, ha decidido dar continuidad al régimen de corrupción e impunidad que nos ha golpeado por más de una década", reza el texto oficial de Libre.

Para la mandataria electa, el paso que han dado los 20 diputados disidentes marca un "punto de inflexión" para su futuro Gobierno y una "oportunidad" para que los hondureños juzguen las medidas que se tomarán "para que se respete su voluntad". Zelaya, por su parte, ya anunció que los "traidores" serán expulsados de Libre.

Publicado: 21 ene 2022

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Viernes, 21 Enero 2022 05:42

Guatemala: ¿25 años de paz?

Guatemala: ¿25 años de paz?

El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido. Parte de la ciudadanía prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos de paz». Las esperanzas de derechos, paz e igualdad se disiparon frente a la corrupción, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de involución democrática que hoy se extiende por gran parte de Centroamérica.

El 29 de diciembre de 1996 se firmó en el Palacio Nacional de la Cultura el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Con la suscripción de este documento terminaba una década de negociaciones y se ponía fin a una guerra que tuvo, de acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Aquella tarde de diciembre, miles de guatemaltecos se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para celebrar la finalización del conflicto, festejos que se realizaron también en la mayoría de las ciudades y pueblos que fueron afectados por la violencia, así como en los campamentos insurgentes, donde los combatientes guerrilleros se habían «concentrado» para iniciar su desmovilización.

Un cuarto de siglo después, la fecha pasó casi desapercibida para la mayoría de la ciudadanía guatemalteca. El gobierno realizó un acto desangelado en el Patio de la Paz presidido por el ministro de cultura y al que asistieron mayoritariamente empleados de gobierno; el partido de la antigua insurgencia, ahora denominado Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca-Movimiento Amplio de Izquierda (URNG-MAIZ), publicó un largo comunicado en el que subrayaba la importancia de los acuerdos y las fallas en su cumplimiento, mientras que la plataforma de organizaciones de víctimas realizó una pequeña protesta frente al Palacio Nacional. 

¿Cómo fue la negociación y qué se estableció en los acuerdos de paz?

Los grupos insurgentes aglutinados en la URNG negociaron el fin de la guerra con cuatro gobiernos distintos: Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991), Jorge Serrano Elías (1991-1993), Ramiro de León Carpio (1993-1996) y Alvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). Cuando iniciaron los diálogos, América Central era en uno de los últimos escenarios de la Guerra Fría y el gobierno estadounidense estaba obsesionado con contener la «amenaza comunista» en la región. Para 1996, el Muro de Berlín había sido derribado, la Unión Soviética se había desintegrado, los sandinistas habían entregado el poder tras un proceso electoral democrático y las guerrillas salvadoreñas aglutinadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) eran ya la segunda fuerza política en el vecino país.

Los cambios en el mundo afectaron a los actores en contienda. Las guerrillas pasaron de pensar el diálogo y negociación como una táctica que les permitiera ganar tiempo para recomponer fuerzas a considerarlo un proceso estratégico que posibilitaría, desde su punto de vista, sentar las bases para la solución de los problemas que causaron la guerra. Para el gobierno, implicó también limitar la militarización del Estado y contener la autonomía del Ejército en asuntos de contrainsurgencia. Para un sector de las elites empresariales, la pacificación vendría a mejorar el «clima de negocios» y atraería nuevas inversiones.

Fue entonces cuando se moldeó una compleja agenda de negociación dividida en temas sustantivos y operativos. Lo sustantivo abordaba los problemas que la sociedad guatemalteca venía arrastrando desde tiempos coloniales y poscoloniales: el racismo, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas, pero también la concentración de la riqueza y la propiedad, así como la persistencia de la pobreza y la desigualdad. Además, dentro del eje sustantivo se ponía el foco en la militarización del Estado y el predominio del Ejército en asuntos de seguridad ciudadana. Las cuestiones operativas, que fueron colocadas al final de la agenda de negociación, se vinculaban con la desmovilización e incorporación a la legalidad de las unidades guerrilleras. Además, se trataron problemáticas como el retorno de la población refugiada en México y en zonas montañosas y selváticas del país, y el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

Las negociaciones establecieron mecanismos para vincular a las organizaciones de la sociedad civil. Primero, se las incorporó a través de una ronda de diálogos con la insurgencia, que facilitó a las guerrillas encontrar puntos de coincidencia con las organizaciones sociales. Posteriormente, se dio lugar a Asamblea de la Sociedad Civil, espacio en el que por primera vez organizaciones, grupos, y pueblos pudieron dialogar y elaborar propuestas de solución a los problemas del país. La Asamblea produjo documentos de consenso sobre cada uno de las temáticas de la negociación. Aunque no eran vinculantes, estos documentos permitían constatar los alcances reales de cada uno de los acuerdos.

Antes de negociar los temas sustantivos, se suscribieron varios acuerdos enmarcados en la defensa de los derechos humanos. En marzo de 1994, se suscribió el Acuerdo global sobre derechos humanos que entró en vigencia inmediatamente y dio lugar al despliegue de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), cuya presencia no solo contribuyó a la disminución de las violaciones a los derechos humanos, sino que creó un ambiente propicio para la participación y movilización social. En junio de ese mismo año se firmó el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, bajo el cual se institucionalizó el retorno organizado y en condiciones dignas de las miles de familias que tuvieron que desplazarse por las campañas contrainsurgentes. También en junio de 1994, se firmó el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. La discusión de este tema fue compleja, ya que para el gobierno y el Ejército resultaba inaceptable aceptar que se juzgara a los responsables de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos ocurridos durante la guerra, mientras que, para las bases de la insurgencia y las organizaciones sociales, esta era una demanda central. En el acuerdo se aceptó crear una comisión de la verdad que no individualizaría responsabilidades ni tendría consecuencias judiciales.

El primer acuerdo sustantivo, Identidad y derechos de los pueblos indígenas, fue el más avanzado, tanto en términos conceptuales como políticos. Firmado en marzo de 1995, este documento reconoció el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad guatemalteca y la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna. A partir de ese acuerdo se alcanzaron una serie de medidas y acciones para el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales y políticos de los pueblos indígenas. Pero para su efectivo cumplimiento se acordó la realización de una reforma constitucional.

A diferencia del resto de los documentos, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en mayo de 1996, fue ambiguo e insuficiente. En esto influyeron varios factores, como la vocación de los mandos guerrilleros de lograr un entendimiento rápido durante el primer año de gobierno del presidente Arzú, así como la presión de los grupos empresariales para que este acuerdo no afectara ni la propiedad ni la estructura tributaria. A esto se sumó la disolución del equipo de asesores de la comandancia insurgente, que no estaba de acuerdo en firmar un documento tan laxo. Con esto se perdió la posibilidad de establecer, por lo menos en el papel, una solución de fondo para cambiar el modelo económico excluyente y concentrado que se mantiene en el país hasta la actualidad.

Finalmente, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder civil y papel del Ejército en una sociedad democrática, firmado en septiembre de 1996, estableció la reducción efectiva del Ejército, tanto en términos numéricos como de funciones. A su vez, bajo este acuerdo se robustecía a las entidades civiles de seguridad, incluyendo a la Policía Nacional Civil y a los servicios de inteligencia.  Sin embargo, el cambio de atribuciones para el Ejército en materia de seguridad interna requería también de una reforma constitucional. 

Con la suscripción del acuerdo sobre la desmilitarización quedaban pendientes temas que permitirían la desmovilización e incorporación democrática de la insurgencia y afinar los mecanismos de su cumplimiento: cronograma, reformas constitucionales y régimen electoral. Pero, ya en la recta final de la negociación, se dio a conocer que la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) —uno de los grupos integrantes de la URNG— había secuestrado a la matriarca de uno de los principales grupos empresariales del país (la familia Novela, monopolista del cemento) para cobrar un millonario rescate. Dos insurgentes fueron capturados: uno de ellos fue desaparecido y el otro fue intercambiado por la anciana. La negociación fue suspendida y no se reanudó hasta que Rodrigo Asturias Amado (comandante Gaspar Ilom) se retiró de la mesa de negociaciones.  

El secuestro y sus consecuencias afectaron las negociaciones. La URNG llegó debilitada a la discusión de los últimos acuerdos, se rompió la confianza construida entre las partes y la guerra terminaba con la desaparición forzada y el posible asesinato de un combatiente guerrillero. El 29 de diciembre de 1996, se firmó el documento final, con el que se cerraban tres décadas de guerra y se abría una nueva etapa para el país.

¿Qué pasó con los acuerdos?

La implementación de los Acuerdos de Paz llevaba implícitas tres condiciones necesarias para su cumplimiento. La primera era la aprobación de las reformas constitucionales necesarias para ajustar el orden legal y el diseño estatal a lo acordado. La segunda era la decisión gubernamental de invertir recursos políticos, administrativos y financieros para hacer realidad los cambios establecidos. La tercera era que los grupos guerrilleros, convertidos en partido político, lograran tener suficiente fuerza para impulsar desde el Congreso y el Ejecutivo la agenda de la paz.

Ninguna de estas condiciones se cumplió. En mayo de 1999, después de una compleja negociación en el Congreso, se realizó una consulta popular para aprobar las reformas establecidas en los acuerdos. Una coalición de grupos empresariales, denominaciones protestantes y sectores conservadores se movilizaron contra las reformas, particularmente las referidas al reconocimiento de los pueblos maya, xinca y garífuna. Con una campaña de desinformación y miedo, lograron que una mayoría de electores rechazara las reformas. Con esto, se limitaron las posibilidades de cumplimiento del acuerdo.

Por su parte, el gobierno firmante de la paz optó por impulsar un programa de reformas neoliberales que eran contrarias al espíritu y la letra de los acuerdos.  Aunque se creó una secretaría adscrita a la presidencia, se optó por cumplir varios de los compromisos de manera aislada y no de la forma integral en la que originalmente fueron concebidos. Temas clave como la participación indígena a todo nivel, la reforma tributaria progresiva y la ley de desarrollo rural fueron postergadas. Finalmente, después de lograr una votación de 12% en las elecciones de 1999, el partido político de la guerrilla (URNG-MAIZ) entró en una dinámica de pugnas internas que lo llevó a una votación y una presencia política marginal, de entre 2% y 4% de los votos, que limitó su capacidad de influencia.

Sin embargo, tanto el proceso como los acuerdos de paz produjeron una serie de transformaciones que fueron liderados por las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas. Y, por supuesto, la propia finalización de la guerra terminó con la violencia política como práctica institucional, la proscripción política por razones ideológicas y posibilitó la desmovilización e incorporación de los insurgentes sin que se dieran venganzas ni el rearme de ex-combatientes.

En relación a los derechos de los pueblos indígenas, la irrupción del movimiento maya en la década de1990, la suscripción del acuerdo y la continuidad de las organizaciones y autoridades indígenas han posibilitado un cambio en la forma en la que se concibe el país y la sociedad. Hoy, Guatemala se reconoce como un país plural. Pese a que persiste el racismo, este no solo es rechazado, sino perseguido y sancionado por entidades públicas que se crearon como resultado de los acuerdos. Ahora bien, la población indígena continúa siendo excluida en términos económicos y sociales, y la persistencia del Estado monoétnico y el fracaso de la reforma constitucional han contribuido a que la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional sea asumida hoy no solo por los pueblos y organizaciones indígenas, sino por buena parte de las organizaciones sociales y partidos políticos progresistas. Por su parte, pese a que no existió un acuerdo específico sobre los derechos de las mujeres, las organizaciones de mujeres organizadas en la Asamblea de la Sociedad Civil lograron articular un fuerte movimiento que ha logrado cambios en la estatalidad y las políticas públicas, así como en la construcción de una agenda en favor de la plena igualdad.

En cuanto a la justicia transicional, a pesar de que el propio Acuerdo de paz firme y duradera establecía una nueva amnistía para los involucrados en la guerra, las asociaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de abogados continuaron trabajando para alcanzar justicia. En los últimos 25 años se han impulsado juicios contra miembros del alto mando militar que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. 

Como se señaló, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos fue el más limitado y el que menos resultados tuvo. En el documento suscrito, se planteaba que Guatemala alcanzara una carga tributaria de apenas 12% del PIB. En la última década, el promedio de la carga tributaria ha sido de 10% y cada intento de reforma ha sido bloqueado y limitado por los grupos empresariales que en este tema continúan teniendo poder de veto. Otro de los desafíos, el de la situación agraria, ha tendido a deteriorarse, tanto por el proceso de reconcentración de la tierra asociada a la expansión de monocultivos, como por la profundización del empobrecimiento en las zonas rurales.

En cuanto al papel del Ejército, aunque este efectivamente se redujo, las redes de militares en situación de retiro han seguido articuladas e influyendo en el proceso político. Ya en el acuerdo de derechos humanos, se mencionó la necesidad de identificar y desarticular a los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), estructuras formadas en la contrainsurgencia que anidaron en varias instituciones del Estado (aduanas, finanzas, entidades de seguridad) y que se asociaron con estructuras de crimen organizado y mutaron a lo que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) denominó «redes políticas y económicas ilícitas (RPEI)». 

Estas redes, formadas por militares en activo y situación de retiro, pero también por políticos y funcionarios, así como por empresarios y grupos criminales propiamente dichos, fueron ampliando su influencia y control sobre las instituciones del Estado para beneficiarse económicamente de este y garantizarse impunidad. Con el gobierno del general retirado y firmante de la paz Otto Pérez Molina (2011-2015), estas redes lograron el control del Ejecutivo, la subordinación mediante sobornos de parte del Legislativo y el control parcial del sistema de justicia. La acción de la CICIG y la movilización ciudadana de 2015 contra esas estructuras, provocaron la renuncia y encarcelamiento de los más altos funcionarios del Ejecutivo.

Los gobiernos sucesivos, encabezados por Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei, actualmente en el poder, fueron electos con el apoyo y la participación directa de estas redes. Morales se encargó de limitar el trabajo y terminar con el mandato de la CICIG, mientras que Giammattei facilitó el pleno control del Estado por parte de estas estructuras. Hoy, los tres poderes del Estado son parte de la coalición conocida como «pacto de corruptos». Instituciones que resultaron claves en la lucha contra la impunidad como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público fueron finalmente cooptadas por estas redes.

Esto ha implicado retrocesos tanto para el Estado de derecho como para el respeto de los derechos humanos. Una de las decisiones del actual presidente fue desmantelar las entidades públicas que fueron creadas para acompañar el cumplimiento de los acuerdos de paz: la Secretaría de la Paz, el Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz y el Programa Nacional de Resarcimiento, entre otras. Las amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y voces independientes han aumentado, incluidas acciones de criminalización y el asesinato de defensores del territorio. En el Congreso de la República se discuten abiertamente iniciativas «antiderechos» y los actores conservadores sigan apelando al discurso anticomunista para descalificar al campo progresista.

De este modo, no es extraño que irónicamente se haga referencia a los «recuerdos de paz» y no a los acuerdos. 25 años después de su firma, Guatemala está en un proceso de involución democrática, la deriva autoritaria que enfrentan otros países de la región está presente en el país y el control que las redes criminales tienen sobre el Estado y sus instituciones eleva el peligro. Frente a esto, las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas han asumido un liderazgo nacional que puede contener al autoritarismo e impulsar un proceso de reformas que actualicen y profundicen la agenda esbozada por los acuerdos de paz.

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Juicios en Cuba a los presos por las protestas del 11 de julio

Por el derecho a la protesta.

Seis meses después de las protestas del 11 de julio, activistas y familiares de personas detenidas por manifestarse ese día han venido haciendo público que son sometidos a juicios sumarios y muchos de ellos podrían sufrir condenas de hasta 30 años de prisión. Las acusaciones van desde “actos vandálicos” hasta “sedición” que es una de las más graves. Entre los detenidos hay muchos menores de edad.

 

A comienzos de la semana pasada, el 11 de enero, dieron inicio tres juicios para un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Procesos que empezaron a llevarse a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.

Este lunes 17 de enero se difundió que se iniciaron otros juicios para un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, comenzaban a ser juzgadas en relación con las protestas de julio, según datos recopilados por activistas del colectivo Justicia 11J, que de manera voluntaria recopilar toda la información posible a través de un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Estos juicios de enero se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre y diciembre en los que las condenas variaron desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel. Solo en las últimas dos semanas de diciembre unas 150 personas fueron llevadas a juicio con causas asociadas a las protestas del 11 de julio.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.

De acuerdo a Justicia 11J, los tres juicios anunciados este 17 de enero, se empezaron a celebrar en Mayabeque y La Habana, que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como “desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria” y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión. En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.

En el llamado público a ser firmado “Justicia para los manifestantes del 11J”, Justicia11J declara que “La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

A raíz de esta situación desde La Izquierda Diario conversamos este 18 de enero con la joven periodista Lisbeth Moya González vía telefónica, quien nos comunicaba que “con respecto al tema de los juicios es difícil dar información porque el Gobierno no está siendo transparente. Sabemos que las personas detenidas están siendo juzgadas paulatinamente y que están siendo condenadas desde un año hasta 30 años. Llama mucho la atención que se están utilizando cargos como sedición para acusarlas, un cargo por el cual se pide muchísimos años de prisión que pueden ir desde 15, 25 y hasta 30 años. También están los cargos de desorden público y de atentados. Es de recalcar que hay menores de edad que están siendo juzgados, desde 15 a 17 años que están siendo juzgados con severidad. Y una gran mayoría son personas muy jóvenes de unos veinte y tantos años que están siendo condenadas a altas penas”.

Además enfatiza la joven periodista, que también es escritora, que “Hay muchos casos muy complejos, por ejemplo, hay una madre que tiene a sus tres hijos presos, es un caso de La Güinera que es un barrio donde las protestas fueron fuertes, y las condenas a esas personas están siendo bastante elevadas. Está el caso del muchacho Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, que tiene problemas mentales, y su padre no ha podido presentar esas pruebas porque no se lo permitieron y lo condenaron a 23 años de cárcel. El caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto. “

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas. “El Gobierno no da información y no existe transparencia. Existen muchas denuncias de los familiares que cuando hacen público lo que está sucediendo con sus allegados son acosados por la Seguridad del Estado, además de decirles que no pueden hablar con medios alternativos ni denunciar de ninguna manera porque será peor para ellos. En ciertos casos llegan a meterles miedo al punto de decirles que pueden perder el trabajo y sufren represalias. Además hay que señalar que los abogados no están teniendo acceso a los expedientes de manera regular, hay problemas con los testigos pues según testimonios de algunos familiares son traídos por la Fiscalía, y en el caso de las personas más desconocidas se les ha juzgado sin abogados”, recalca Moya González.

El discurso del gobierno cubano a través de las autoridades judiciales argumenta que “cumplen estrictamente los instrumentos internacionales”, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos “violentos y actos de vandalismo”. Así lo afirma el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, cuando hizo una referencia indirecta el lunes 17 de enero a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”. Afirmaciones que no se sostienen ya que las personas son implicadas por los hechos de las manifestaciones del 11 de julio que fue reprimida por el Gobierno, y son condenadas por ejercer el derecho a manifestación y asociación, pero los tratan como delincuentes comunes en la jerga oficial.

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos "pueden manifestarse libremente", cuando los hechos y la realidad demuestra todo lo contrario, tal como se vio el propio 11 de Julio. Así lo denuncia Lisbeth Moya: “En Cuba el gobierno se empeña en decir que en el país no hay presos políticos, pero todas las personas que participaron el 11 de julio por definición son presos políticos. Se empeñan en negarlo para que no haya una visión hacia afuera del país de que hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero todas las personas que se manifestaron están en desacuerdo con el gobierno, y las personas que están presas ahora mismo están en desacuerdo con el gobierno y están siendo juzgadas por un derecho político que es el derecho a manifestación”.

La escritora y periodista cubana Lisbeth Moya González en un artículo que escribiera de llamamiento a la solidaridad de los presos por protestar del 11 de julio, y publicado en La Izquierda Diario, relata que “Hasta el día de hoy [primeros días de diciembre] el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.”

Para el mes de enero, y con datos más actualizados hasta esa fecha, el Colectivo Justicia11J destacaba que “ininterrumpidamente hemos puesto a disposición pública información sobre los casos, gracias a los reportes de familiares y amigos, y de las mismas personas detenidas. A pesar de la negación de tal escenario por parte del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 1339 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 45 menores de 18 años), así como informaciones y estadísticas, todo ello accesible y transparentado en el siguiente enlace: Listado de personas detenidas y desaparecidas 11J”. Estadísticas que se sabe que son incompletas pues hay muchos más casos que no se conocen, porque no solo fue el 11 de julio cuando apresaron personas también lo hicieron en los días siguientes cuando iban apareciendo en los videos y la seguridad del Estado iba a sus casas a buscarlos.

Por ello el Colectivo Justicia11J en el Llamamiento que hacen para que sea firmado exigen al Gobierno “Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento. Lisbeth Moya enfatiza que “El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.”

En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 19 de enero

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