Ecuador: el Congreso rechazó la destitución de Guillermo Lasso luego de 18 horas de debate

Con 11 abstenciones, 42 votos en contra y 84 a favor, la votación quedó muy cerca de los 92 votos requeridos para que la moción fuera aprobada. Más temprano, el gobierno había suspendido el diálogo con los movimientos indígenas por la muerte de un militar durante las protestas.

Luego de tres sesiones y 18 horas de debate, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, promovido por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. La moción fue votada por una importante mayoría de los congresistas--81 votos a favor, 42 en contra-- y estuvo a apenas ocho votos de ser aprobad. Había sido presentada bajo la causal contemplada en la Constitución ecuatoriana de "grave crisis política y conmoción interna", en el marco de las protestas indígenas contra el gobierno por el aumento del costo de vida y los combustibles. Lasso había sido noticia más temprano al rechazar cualquier posibilidad de diálogo con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, al responsabilizar al movimiento que lidera de estar detrás del ataque en la provincia de norteña de Sucumbíos a un convoy que custodiaba camiones cisterna en el que murió un militar.

Molesto por la acusación, Iza le respondió a Lasso que "está muy alejado de la realidad", aunque reconoció que ambas partes "necesitan bajar de tono". Un segundo día de conversaciones entre la Conaie y una delegación del Ejecutivo liderada por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fracasó este martes ante la ausencia de la representación oficial. Entre los diez puntos de la agenda propuesta por el movimiento indígena se destaca la reducción de los precios de los combustibles, ya que la dispuesta por el gobierno fue valorada como insuficiente.

La votación en la Asamblea

La del martes fue la tercera sesión del pleno de la Asamblea de Ecuador para debatir la continuidad del derechista Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia hace poco más de un año luego de superar en segunda vuelta al candidato correísta, Andrés Arauz. Para destituir al jefe de Estado y convocar inmediatamente a elecciones se requería el voto favorable de dos tercios de la Cámara.

Las principales fuerzas políticas a favor de la salida de Lasso eran las bancadas de Unión por la Esperanza (Unes), cercanas al expresidente Rafael Correa; y un sector del movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la Conaie. 109 asambleístas intervinieron a lo largo de las sesiones aunque varios de los argumentos, e incluso los videos que algunos legisladores utilizaron para realizar sus exposiciones, parecían calcados.

En uno de los últimos discursos previos a la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, le pidió a Lasso que reconsidere su postura y vuelva a la mesa de diálogo. "Estamos a un pequeño paso de resolver el conflicto social que vive el país", aseguró el jefe del Legislativo al recordar la serie de avances que se produjeron durante la jornada del lunes, en la que participaron representantes de todos los poderes del Estado.

En su cadena nacional previa al debate y posterior votación en la Asamblea, Lasso había acusado al correísmo de intentar "asaltar la democracia" en Ecuador con la moción para destituirlo. El gobernante rechazó "las amenazas, chantajes, persecuciones e intimidaciones a quienes con su voto en la Asamblea Nacional están dispuestos a defender la institucionalidad y la paz".

Las palabras de Lasso fueron rápidamente respondidas por el expresidente Correa desde su cuenta de Twitter, donde le pidió al actual jefe de Estado que "ya no sea ridículo". "Por su engreimiento, cobardía e incapacidad tiene al borde de guerra civil. (...) Gradúese de demócrata, vamos a elecciones, y no siga llenándose las manos de sangre", señaló el expresidente ecuatoriano, actualmente asilado en Bélgica.

"No volveremos a sentarnos a dialogar"

En el fragmento más agresivo de su discurso al país, Lasso disparó: "El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. Además hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas, pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases". El mandatario de derecha agregó que solo "cuando se cuente con legítimos representantes" de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador se sumará a la mesa de diálogo.

Horas antes de la difusión de este mensaje por cadena nacional, el gobierno había informado que un militar falleció y 12 resultaron heridos por el ataque a un convoy que custodiaba camiones cisterna en una ruta de la Amazonía del país. "Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas", apuntó Lasso al recordar también que, en la sureña provincia andina de Azuay, fue impedido el paso de un camión que transportaba oxígeno para enfermos hospitalizados.

"Lasso rompe con el pueblo"

Luego del mensaje de Lasso, miles de indígenas volvieron a manifestarse en Quito. A su paso los comercios, que habían abierto luego de un lunes calmo, volvían a cerrar sus puertas. "Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo", dijo la Conaie en su cuenta de Twitter. La confederación indígena aseguró que la ruptura del diálogo confirma el "autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad" del gobierno para resolver los problemas del país. 

El gobierno se ausentó de la mesa de diálogo con los indígenas que tiene lugar en la Basílica del Voto Nacional de Quito desde el lunes. "Fue un ataque brutal. Pero, ¿cómo podemos saber que si realmente salió o no salió de los manifestantes?, se preguntó Iza en la mañana durante la frustrada reunión. En ese sentido, pidió formar una comisión independiente para que investigue los hechos.

El presidente de la Conaie dejó en claro que el movimiento indígena y los otros colectivos sociales que llevan adelante las protestas jamás han querido "desestabilizar" al gobierno, como afirmó más temprano Lasso. Iza también rechazó la afirmación de que el movimiento indígena haya "sitiado" Quito. "Lo que ha sitiado a los ecuatorianos es la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico. De tanta pobreza nuestras comunidades no tenemos más que luchar", advirtió el líder indígena, al tiempo que dijo que el diálogo "no es una imposición de un lado ni del otro".

La ONU en alerta por los niños

Al margen del ataque del martes a un convoy, las protestas dejan hasta el momento cinco manifestantes muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes. El Comité de Derechos del Niño de la ONU exhortó a las autoridades de Ecuador a cesar la violencia contra niños y adolescentes de parte de las fuerzas de seguridad en medio de las movilizaciones contra el gobierno. La entidad internacional también instó a una investigación de los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los niños.

El comité de la ONU además denunció que muchos niños en Quito se encuentran sin protección alguna ni contacto con sus parientes adultos como consecuencia de las acciones represivas del Estado, y realizó un llamado a todas las partes a que "escuchen, cuiden y protejan a todos los niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones".

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Un cartel de Bitcoin anuncia la aceptación de la criptodivisa en San Salvador, el 22 de junio de 2022. (Kellys Portillo / APHOTOGRAFIA vía Getty Images)

Una entrevista con Mario Gómez

El reciente colapso del mercado del bictoin afectó de manera muy intensa a El Salvador, donde el «cripto» es moneda oficial. Conversamos con un destacado crítico del criptocapitalismo sobre las derivas autoritarias que el reciente crack económico puede generar.

 

El 1 de septiembre de 2021, en vísperas de la implementación de una ley que impondría al bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, la policía detuvo a Mario Gómez, tecnólogo de 36 años y desarrollador de software y sistemas embebidos y uno de los principales críticos de la legislación. Hoy, mientras el bitcoin ha perdido más del 50% de su valor, El Salvador vive bajo un Estado de excepción prolongado, y Gómez está tramitando su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Desde el exilio, Gómez sigue siendo una de las voces más informadas y críticas contra el autoritarismo del presidente Nayib Bukele y sus políticas económicas experimentales. En esta entrevista con Hilary Goodfriend, colaboradora editorial de Jacobin, habla de su experiencia de persecución política, las contradicciones de la «bitcoinización» de la economía en El Salvador, y las implicaciones del reciente colapso del mercado de cripto.

HG 

Para iniciar, cuéntanos un poco sobre tu detención y cómo fue que terminaste en Estados Unidos.

MG

Desde que se anunció la ley el cinco de junio de 2021 hasta el 31 de agosto del año pasado, me dediqué a apuntar todas las contradicciones respecto a la Ley Bitcoin. Al parecer, esto no fue del agrado del gobierno y utilizaron este arresto arbitrario como una forma de intimidación.

No había una orden. Llegaron a mi casa temprano en la mañana. Yo estaba llevando mi mamá a su trabajo y se presentaron estos agentes armados con los rifles de asalto con que suelen andar y sus uniformes camuflajeados. Bajo la excusa de que había un problema con mi vehículo, me detienen y me llevan a la delegación. Afortunadamente, logré comunicarme con varios grupos y asociaciones con que yo había tenido contacto por mi trabajo en el área de tecnología y ellos lograron alzar la voz.

Me tuvieron toda la mañana sin explicarme los motivos de mi detención, sin explicarme de qué estaba acusado. No me dejan hablar con mis abogados. Al final, me quitan los teléfonos sin una orden, me dicen que los necesitan porque están investigando algo. Ahí es donde digo «pues si están investigando algo, esto implica que hay un caso o algo en mi contra». Pero no me responden: solo me dicen que me van a quitar los teléfonos y que me van a dejar ir.

La gente quizás diga «bueno, te dejaron ir», pero no termina ahí. Me llevaron a escondidas, porque se enteró toda la prensa y se congregó afuera de la delegación adonde estaba (primero en una delegación de policía, después en la Dirección Central de Investigaciones, que es donde están todas las unidades especializadas de investigación de la Policía). «Lo vamos a llevar en un carro particular para que no lo vea la prensa», dijeron. Eso no es normal. 

Yo creo que mucha gente no entiende la gravedad de ese detalle, porque normalmente cuando te captura la policía y simplemente están haciendo alguna investigación, terminan su procedimiento y te dejan ir a ojos de todos. A nadie lo llevan de taxi. Y, peor, cuando en lugar de llevarte en la patrulla, te dicen que te van a llevar en un carro particular con el objetivo específico de que la prensa no te vea. ¿Qué es lo que te imaginas ahí? Te imaginas que te pueden hacer cualquier cosa: que te van a desaparecer, que te van a meter a una cárcel clandestina, que incluso te podrían matar. No es una situación normal y creo que es lo más relevante y lo más grave que ocurre en ese caso. 

Al final, creo que por la misma presión de la gente —algo que no se había visto en mucho tiempo—me dejaron ir, me dejaron en la casa. Tomaron fotos a todos los vehículos, a los vecinos que llegaron y se fueron. Después de eso, hablé con los abogados. Evaluamos la situación, vimos lo que estaba pasando en el país y caímos en cuenta de que, si eso llegara a pasar otra vez, no me iban a dejar ir.

Lo estamos viendo con el régimen de excepción: están capturando gente sin el debido proceso. Cuando me capturaron a mí, no tenían todavía todos los jueces, no habían reemplazado los fiscales, todavía había algo de institucionalidad. Pero eso ya no existe. Por tal tazón fue que llegamos a la conclusión que si yo quisiera seguir hablando respecto a lo que estaba pasando en el país —no solo respecto al bitcoin, sino también de toda la degradación en el tema de derechos humanos— lo más seguro era hacerlo desde el exterior.

Me vine a Estados Unidos por dos razones. Primero, porque mi idea era seguir hablando de lo que pasaba con el bitcoin, y obviamente uno de los países que más está impulsando el tema es Estados Unidos. Aquí tienen sede muchas de las empresas de los influencers. La segunda razón es que aquí es donde reside la mayor cantidad de salvadoreños en el exterior.

Ahorita estamos en el proceso de la solicitud de asilo. Yo tenía el privilegio de tener familia y gente que pudiera echarme la mano; también los medios legales para migrar al país, una cosa que no tiene la mayoría de gente que es atacada por el gobierno o por las estructuras delincuenciales, que lastimosamente es la historia de la mayoría de gente que emigra a estos países.

HG

En ese momento, antes de que se implementara la ley, ¿cuáles eran las contradicciones principales que estabas viendo?

MG

Yo siempre hablo de tres contradicciones respecto a bitcoin en El Salvador. Primero, la contradicción de la que objeto en tanto moneda. Siempre aclaro: yo no soy un promotor de las criptomonedas, porque mi propia ideología no me permite creer —al menos no como lo dicen sus promotores— de que por sí solo un sistema monetario va a resolver un montón de problemas derivados del mismo funcionamiento del sistema capitalista. No creo eso. Pero lo que argumentan los bitcoiners, los promotores de esta criptomoneda, es que esta moneda nace después de la crisis de la subprime en 2008 como un sistema monetario alternativo que, en teoría, es resistente a la intervención de los Estados (que según sus proponentes es la razón fundamental por la cual las economías fallan).

Esa es una primera contradicción, pues si tu idea es tener una moneda que no tiene una interferencia de los Estados, ¿por qué te parece bien que sea un Estado el que promueve el uso de esta criptomoneda y, peor, incluye estas cláusulas de obligatoriedad en la ley que son completamente contrarias a esta filosofía y estilo de vida libertaria que los bitcoiners apuntan?

La segunda contradicción es un poco en la línea de la autonomía que promueven los fanáticos de bitcoin: es que tú eres «soberano» —entre comillas— respecto a este dinero. Es decir, que no hay intermediarios que te permiten interactuar con él o con otros actores del sistema. El problema es que el gobierno, en lugar de impulsar otras tecnologías u otros proveedores de billeteras electrónicas, decide implementar su propia billetera electrónica y su propio sistema de intercambio de criptomoneda. 

Si la idea es que la gente sea soberana, no debería de pedirse que utilicen una billetera en particular. El gobierno se impone a sí mismo la obligación de ofrecer un medio de intercambio entre bitcoin y dólares y también de educar a la población. Hace solo a la mitad, que es la creación de ese mecanismo de intercambio, pero en lugar de educar a la gente sobre el uso de la tecnología, invierte un montón de publicidad y recursos en vender la idea de que bitcoin es la Chivo Wallet.

La tercera contradicción tiene que ver con el tema de la adopción. Mucha gente habla de que debería ser impulsada y adoptada por todo el mundo, que no debería tener ningún tipo de interferencia. Estamos viendo, en este caso, un Estado que esencialmente está impulsando un monopolio privado con fondos estatales. Si esta billetera tiene sus supuestos cuatro millones de usuarios (según reportaba el mismo presidente), significa que se está estableciendo un monopolio que no permite una adopción orgánica, no permite que haya otros competidores, no permite que realmente pueda existir un caso de uso.

Yo creo que el problema fundamental aquí es que hace mucho que la gente descartó la idea de utilizar criptomonedas como monedas. En el caso particular de bitcoin, desde aproximadamente 2013 (cuando fue su primera gran burbuja especulativa), la gente se dio cuenta de que como moneda de intercambio no servía muy bien por su fluctuación en precio. Entonces comenzaron a utilizarlo más como un vehículo de especulación. Las personas compraban criptomonedas, bitcoin, con la esperanza de que algún día el precio aumentara, para así poder venderla y obtener ganancias de la pura especulación. El uso de las criptomonedas en general ha sido pura especulación en la última década.

HG

Has cuestionado la veracidad de las compras de bitcoin que ha hecho el gobierno salvadoreño. Tal vez nos puedas explicar un poco cómo es que agencias como Bloomberg están calculando la cantidad de bitcoin que supuestamente ha comprado el presidente y por qué se podría dudar de esas cifras.

MG

Esta es una pregunta interesante. Uno de los supuestos de bitcoin y de las criptomonedas en general es que son más transparentes que otros mecanismos financieros. Es más, uno de los puntos con que se promociona es que todas las transacciones son públicas. Todas quedan registradas en la blockchain, todas pueden ser auditadas por el público y ser verificadas. Lo que está sucediendo con las compras de bitcoin en El Salvador es que no hay ninguna prueba de que se hayan realizado, más allá de los tuits del presidente y un screenshot de muy baja resolución de una compra que se realizó a finales del año pasado.

Es un poco contradictorio, porque todas las plataformas de compra y venta de criptomonedas, desde las más sencillas hasta las más complejas, te permiten ver el estado de tus compras —si compraste, cuánto has perdido o ganado, el detalle de la valoración de los precios, etc.—. Tú podrías fácilmente, estando en cualquier plataforma, sacar un balance así como extraes balances de los bancos y decir, «bueno, ¿no me creen que he comprado? Ésta es la plataforma, éstas son las compras, aquí están los balances, este es el desempeño de la inversión». Pero para el caso de las compras de bitcoin que dice haber hecho el presidente no hay ninguna evidencia confiable. Un tuit no vale como evidencia de compra.

Pero esto se pone peor cuando comenzamos a contrastar con otros números. Se supone que hay $150 millones en el fideicomiso que son —y aquí viene la parte que no cuadra— exclusivamente para convertir de bitcoin a dólares en la plataforma de Chivo Wallet. Esto no cuadra cuando comenzamos a meter números de cuánto bitcoin se tuvo que haber dado a la población inicialmente, cuánto se tuvo que haber gastado en presupuesto, cuánto se ha gastado de las supuestas compras de bitcoin y, sobre todo, las supuestas ganancias que dice tener el gobierno con que está impulsando cosas como el hospital de mascotas de Chivo Pets, iniciativa subsidiada. 

Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Cómo, en un mercado a la baja, el gobierno puede estar reportando ganancias sobre el bitcoin comprado? ¿Cómo, al mismo tiempo, el presidente dice que no ha vendido ningún bitcoin? ¿Y cómo, simultáneamente a las dos cosas anteriores, dicen que están utilizando el fideicomiso? Cuando uno trata de hacer números, alguna de las tres cosas tiene que ser falsa, y lo único que no podemos medir de alguna manera es de las supuestas compras que dice hacer el presidente.

Yo pienso que no son ciertas. Si tuviéramos que evaluar el desempeño del presidente como inversor, sería un terrible desempeño. Cada vez que anuncia que ha comprado bitcoin, el precio se va a la baja. Eso ha sido casi una regla. Más pareciera que es un favor que está haciendo a quien sea que le esté patrocinando para decir que ha comprado para generar lo que le llaman en ingles el FOMO (fear of missing out), que la gente piensa que está perdiendo esta oportunidad de invertir y de salir de alguna situación de pobreza o de falta de suficientes ingresos.

Yo sostengo que las compras son mentira. Refutar el argumento de que son mentiras es tan fácil como sacar estos estados de cuenta. No tenemos absolutamente nada de eso. Ya hemos visto cómo es el presidente. Si alguien le dice algo que es mentira, rápidamente sale y refuta. Hemos visto hasta que periodistas han perdido su empleo porque de pronto le dieron retuit o hicieron un comentario a una foto que era una fake news y él inmediatamente ha salido a desmentir. ¿Por qué, en el caso del bitcoin, no se ha mostrado ninguna evidencia para refutar? Yo realmente siento que no son ciertas y nos vamos a dar cuenta un día cuando podemos ver los estados de cuenta. ¿Cuándo va a ser esto? No sé, pero espero que algún día lo podamos averiguar.

HG

En noviembre del año pasado, el presidente Bukele hizo un anuncio espectacular: el país iba a emitir los «bonos volcán» o «bonos bitcoin». Ya van dos veces que se ha postergado su lanzamiento. ¿Qué pasó ahí?

MG

Creo que los bonos eran más bien una iniciativa para conseguir liquidez adicional para el gobierno. Parece que no ha salido como ellos esperaban. Al final del día, si sos un inversor grande —lo que llamamos las «ballenas», que tienen mucho capital ya sea en criptomonedas o en dinero— tu interés si vas a hacer un préstamo a quien sea es recuperar esa inversión. Creo que lo que ha estado pasando con el gobierno en los últimos meses ha deteriorado esta confianza, incluso en las plataformas de criptomonedas.

La idea de los bonos era que fueran de más fácil acceso que los bonos tradicionales. Incluso el precio es bastante bajo, solo eran $100 por bono emitido y sin compra mínima, diferente a otros bonos que te piden al menos $10 mil o algo así. Me imagino que el plan original era comercializarlos a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas. Pero eso significaría que la plataforma tiene que arriesgar su capital en comprar estos bonos para poder luego venderlos a los minoristas, a los retailers.

Las plataformas de cripto tienen mucho mejor conocimiento de cómo va a ir el mercado, porque pueden ver internamente cómo van las transacciones y hacer sus analíticas, tienen información privilegiada que no tiene cualquier externo. Imaginaría que con eso, sumado a todo lo que está pasando alrededor del mundo —el tema de la inflación, los mercados, que mucha gente dice que posiblemente vamos a entrar en recesión— se dieron cuenta de que no era una buena inversión, y eso está provocando que los bonos volcán sean difíciles de posicionar. Me imagino que sus patrocinadores ya no lo vieron como el buen negocio que se veía a finales del año pasado, cuando el precio todavía no estaba tan mal.

Este lunes [13 de junio] ha sido bastante duro para el mercado en general, pero para cripto en particular. Hemos visto cómo el bitcoin ha caído a límites que ponen en aprietos a varias compañías grandes que han invertido mucho ahí. Ya estamos viendo algunos signos de que algunas plataformas grandes —como Celsius, que se especializa en préstamos de criptomonedas— no van a aguantar mucho tiempo antes de caer en insolvencia. Todos estos factores hacen que cada vez sea más difícil impulsar algo como los bonos volcán. A pesar de que no estoy de acuerdo con los bonos ni con lo que se pensaba hacer con ellos, creo que hubieran tenido más éxito incluso si se hubieran impulsado el año pasado, porque hubiera habido alguna chance de venderlos. En este momento, parece algo cada vez más difícil, y si el mercado sigue hacia abajo creo que nunca vamos a ver los bonos volcán.

Ahora bien, observando el panorama más general, lo importante es ver quiénes están detrás de esto. Está, especialmente, la compañía Tether, que es la proveedora de liquidez de prácticamente todo el ecosistema cripto. Por lo menos por volumen del mercado, es la proveedora de liquidez más grande, con esos certificados digitales que valen un dólar: los famosos Tether.

Hay todo un conjunto de compañías —Bitfinex, Blockstream, iFinex— que están intentando generar esta clase de productos, no solo en El Salvador sino en otras partes del mundo. Podría ser que el tema de El Salvador y los bonos volcán más bien sea una estrategia más grande a nivel mundial de estas compañías, de afianzarse a Estados pequeños que pueden adoptar estos mecanismos financieros experimentales, que son altamente especulativos, para generar presión en países ya más desarrollados y más grandes.

Es más fácil convencer a un pequeño país que no tiene mucho que ofrecer a nivel de industria de adoptar cripto, porque lo hace ver como un país innovador, un país que está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Eso genera presión en países desarrollados, porque les permite a estas empresas decir (a mí no me gustan esas palabras, pero ellos lo venden así): «¿cómo es posible que un país de tercer mundo está innovando en temas financieros y nosotros aquí en los países desarrollados no estamos adoptando estas herramientas?» «Estamos dejando a la gente más pobre fuera de este nuevo sistema financiero que es más justo».

Les sirve como una herramienta de lobby político. Ya vimos hace unos días que alguien ha sacado un análisis que al menos en Estados Unidos, la industria cripto estaba metiendo más dinero en el lobby que las compañías tradicionales de defensa. No me extrañaría que El Salvador haya sido la cajita de Petri donde, con la apertura del gobierno —no me gusta decirle gobierno, sería más bien con la apertura de los hermanos Bukele— se esté experimentando con la criptomoneda para empujar legislaciones favorables a esta industria. El pequeño detalle es que la industria ahorita está colapsando. Vamos a ver si todo este dinero de los lobbys tiene algún efecto. Posiblemente sí, pero por mucha legislación que se apruebe, si el esquema no es sostenible, igual van a fallar como vimos con la implementación de bitcoin en El Salvador.

HG

En ese sentido, como para ir cerrando, ¿cuáles son los escenarios posibles para El Salvador? Con el colapso del mercado, parece que el Estado queda en una posición bastante desesperada con respecto a su financiamiento. ¿Qué implicancias podría tener todo esto?

MG

Yo no creo que bitcoin por sí mismo haya sido el objetivo principal de todas estas legislaciones. Más bien, el objetivo detrás de todo esto era la implementación de dólares sintéticos, que son estas monedas digitales que tienen un valor equivalente al dólar que el gobierno podría utilizar como forma de emitir su propia moneda. Y en esto sí fueron exitosos. Porque si tomamos al estudio del Bureau Nacional de Investigaciones Económicas de Estados Unidos, veían que los dólares dentro de la Chivo Wallet eran los que tenían transacciones de mayor valor. Es decir, quienes utilizan la Chivo Wallet la utilizan para transferir dólares entre sí. Lo interesante es que la empresa que estuvo detrás del desarrollo, en los documentos que tuvo que llenar para poder cotizar en la bolsa, explica que la forma en que funciona la Chivo Wallet es que dentro de sí no circulan dólares, sino certificados digitales.

Esto va en línea con lo que otras investigaciones han revelado. Por ejemplo, [el periódico digital salvadoreño]El Faro logró tener acceso a algunas teleconferencias con proveedores de cripto, donde los hermanos Bukele sostenían que querían emitir su propia moneda digital. Lo que ha sucedido dentro de la Chivo Wallet es que circulan estos dólares sintéticos. En algún momento, el gobierno podría intentar desplegar un mecanismo similar de dólares sintéticos basados en deuda o quien sabe qué, para tratar de cubrir un poco sus finanzas internas.

A mí no me gusta hacer análisis muy económicos, porque no es mi área (mi área más bien es la parte técnica). Pero la mayoría de los economistas sostienen que el gobierno va a hacer hasta lo imposible para no entrar en impago, por el costo político que esto puede tener de cara a las elecciones de 2024. ¿Por qué? Porque pase lo que pase con esas elecciones, necesita tener el apoyo de la población para legitimarlas. Caer en impago para el gobierno sería un golpe durísimo a cualquier aceptación por muy alta que tenga ahorita.

La mayoría de los economistas sugieren que van a tratar de hacer lo imposible para pagar, y esto podría implicar acceder a la poca liquidez que queda en los fondos de pensiones o a la liquidez que queda en los bancos. Yo estaría muy de acuerdo con esta lectura, y me imagino que cuando ya llega al punto de que las cuentas no cuadren, podrían intentar utilizar todos estos esquemas: emitir más dólares sintéticos, posiblemente a través de la Chivo Wallet, hacer uso de la liquidez que tengan en bancos y pensiones para pagar.

Respecto al bitcoin en particular, yo pienso que la mayoría de gente está desencantada. Independientemente de si estás a favor o en contra, creo que todo mundo está de acuerdo de que la forma en que se implementó, lo único que logró fue que la gente no quiera saber nada de bitcoin. Ahora que el mercado está a la baja, creo que la gente todavía está más arrepentida de ello. Así que ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno. Ahí ponía un poco en broma, en mi Twitter, hace un rato, que hay que ver si el presidente no sale otra vez con que ha comprado bitcoin. Al final del día, la industria se mantiene al convencer a los pequeños de comprar, cuando al final son los intermediarios, como los exchanges, y los que tienen una gran cantidad de capital los que realmente hacen dinero con las criptomonedas.

El bitcoin fue el primer error político grande del presidente. La mayoría de población no estuvo de acuerdo respecto a cómo se implementó, porque les trajo muchos malos recuerdos. Todo el mundo pensó en bitcoin y pensó en la dolarización (la forma en que se aprobó, a través de un madrugón, se supone que eran cosas que ya no pasaban). Mi arresto arbitrario fue solo la antesala de todo lo que está pasando ahora en el régimen de excepción. Lo que me hicieron es lo que están haciendo ahora a miles de personas, solo que ahora la gente tiene aún menos herramientas para defenderse y pocos recursos para poder evitar terminar en la cárcel por una acusación infundada.

El bitcoin ha sido solo la primera expresión clara de la forma autoritaria del gobierno del Clan Bukele, porque al final del día la dictadura esta del clan Bukele es literalmente la que decide qué pasa y qué no pasa en el país. La situación solo está empeorando.

Sobre la entrevistadora

Estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaboradora de Jacobin y Jacobin América Latina.

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Representantes del gobierno de Guillermo Lasso, e integrantes de organizaciones indígenas, durante la reunión de ayer en la Basílica del Voto Nacional, en Quito, la cual buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.Foto Ap

Quito. Las organizaciones indígenas y el gobierno de Ecuador no lograron ayer un acuerdo sobre mayores recortes en los precios de la gasolina y límites al desarrollo petrolero y minero, en una reunión que buscaba terminar con dos semanas de protestas que amenazan la producción de crudo.

El presidente Guillermo Lasso anunció la noche del domingo una baja de 10 centavos de dólar en el precio de la gasolina Extra y el diésel, que la Confederación de Nacionalides Indígenas de Ecuador (Conaie) calificó de insuficiente.

Al menos siete personas han muerto en relación con las protestas, mientras la producción de petróleo del país se ha reducido a la mitad y el Ministerio de Energía dijo que es posible tener que suspender el bombeo debido a la falta de suministros para la operación de los campos.

Lasso, cuya relación con la Asamblea Nacional ha empeorado durante las protestas, también anunció fertilizantes subsidiados, condonación de deudas y créditos baratos.

Grupos indígenas liderados por la organización Conaie dijeron ayer que las rebajas de Lasso, que ponían la gasolina Extra en 2.45 dólares por galón y a 1.80 dólares el de diésel no eran suficientes, pero acordaron reunirse con representantes del gobierno, en un encuentro que duró seis horas, (un primer acercamiento se tuvo el sábado) y se tiene prevista una segunda reunión para hoy martes a las 10 de mañana.

La Conaie buscaba en su propuesta inicial que la gasolina Extra se congele en 2.10 dólares el galón y el diésel en 1.50 dólares y además se limite la expansión petrolera y minera. Lasso informó que la reducción del precio del combustible y otras concesiones costarán alrededor de 600 millones de dólares.

Consideran cambios en las políticas petrolera y minera

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo durante el encuentro que no podían bajar más el precio de los combustibles, pero se mostró dispuesto a considerar subsidios para grupos específicos. También sostuvo la apertura oficial a discutir cambios en las políticas petrolera y minera.

"Vemos que hay poca voluntad sobre los temas sustanciales", dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. En su intervención, Iza rechazó que se responsabilice a los sectores indígenas como promotores de la violencia desatada durante las movilizaciones o como desestabilizadores de la democracia.

Sobre las 10 demandas planteadas al gobierno, Iza empezó por desmentir que la Conaie busque favorecer a los contrabandistas de combustibles, cuando se solicita que baje el precio de las gasolinas y el diésel.

Dijo que retirar los subsidios afecta a los productores del campo, pues encarece el transporte y, por ende, a la producción. Refirió que en una reunión sostenida con Carondelet en noviembre de 2021 se propuso emprender una política de focalización de subsidios a los combustibles para los "sectores que sí lo merecen". No obstante, aquello no tuvo respuesta y desembocó en la actual confrontación social en las calles, aseguró Iza.

“La reducción de 10 centavos realmente no permitiría bajar los precios que han incrementado, en algunos productos, hasta cinco veces, cuatro veces, tres veces (...)

Esta medida debe ir conjugada con el control de precios, porque si no esto se atribuye únicamente al incremento del precio de los combustibles y a los factores externos como la guerra entre Rusia y Ucrania”, señaló Iza.

La Conaie tuiteó que policías infiltrados con bombas lacrimógenas fueron identificados en los alrededores de la Basílica del Voto Nacional donde se realizaba el diálogo entre la organización y autoridades del país. El gerente de la petrolera estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño, señaló ante un canal local que "era un crimen" recortar la producción de crudo en medio de precios globalmente altos.

Los quiteños se han quejado de la escasez de gas doméstico y mayores precios en los alimentos. Otras ciudades también han informado de escasez de combustible y suministros médicos.

El sector petrolero, los productores privados de flores y lácteos, las empresas turísticas y otros han perdido más de 500 millones de dólares a causa de las protestas, dijo el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.

La Conaie contabiliza cinco manifestantes muertos, mientras que el gobierno dice que tres civiles murieron durante las marchas, dos más murieron de manera accidental y otros dos murieron en ambulancias retrasadas por bloqueos.

La Asamblea Nacional retomará hoy el debate sobre el pedido de un grupo de legisladores de la oposición para destituir a Lasso de su cargo, aunque parece que no contarían con el apoyo necesario para la medida.

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La policía texana acordonó la zona e informó de la detención de tres personas. Foto Ap

San Antonio., Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer dentro de un tráiler en una carretera en Texas, informó el Departamento de Bomberos de San Antonio en uno de los episodios más mortíferos de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó de "tragedia" la muerte por asfixia de los migrantes y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias. Informó que el cónsul se dirigía al lugar.

"Aún no conocemos nacionalidades", tuiteó Ebrard, aunque después detalló que al menos dos son guatemaltecos.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la tragedia. "Estas muertes son responsabilidad de Biden, son el resultado de su mortal política de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley", tuiteó.

El acalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo a periodistas: "La difícil situación de los migrantes que buscan refugio es siempre una crisis humanitaria. Pero esta noche nos enfrentamos a una horrible tragedia humana".

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, declaró a periodistas: "en este momento hemos procesado 46 cuerpos".

Indicó que 16 personas –12 adultos y cuatro niños– fueron trasladadas al hospital vivas y conscientes.

"Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento por el calor y sin señales de agua en el vehículo. Era un camión refrigerado, pero no había evidencias de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando", añadió.

Los oficiales dijeron que tres personas fueron detenidas. Un funcionario del departamento de bomberos detalló que no había niños entre los muertos.

Más temprano, la policía comenzó a buscar al conductor del tráiler que aparentemente abandonó a las afueras de San Antonio.

Las altas temperaturas en el área de San Antonio, a 250 kilómetros de la frontera con México, llegaron ayer hasta los 39 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El vehículo fue encontrado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE, en un área remota al suroeste de la ciudad texana, en una carretera cercana a la autopista I-35, que llega directo a la frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional se hará cargo de la pesquisa, que se investiga como un intento de contrabando de migrantes, indicó el jefe de policía de San Antonio, William McManus.

En los últimos meses se ha registrado un número récord de cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Diez migrantes fallecieron en 2017 después de quedar atrapados en un camión que estaba estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003 fueron hallados 19 migrantes dentro de un camión bajo intensas temperaturas al sureste de la misma ciudad.

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De una política de muerte a una utopía por la vida

Luego de la euforia colectiva y algunas lágrimas de alegría experimentadas el 19 de junio del 2022, me he detenido a recolectar algunos gestos sustraídos de los medios de comunicación, las redes sociales , las calles atestadas de éxtasis y celebraciones de gentes diversas. Esos registros visuales y frases desbordantes de emoción dieron la sorpresa de contribuir a una democracia posible e incluyente, que haciendo sonar pitos y cantos bajo el imperativo de una “vida sabrosa”, parecen romper mágicamente una prolongada fatalidad vivida por una   “izquierda” colombiana resignada a conmemorar más muertos que logros.

La utopía de una “vida sabrosa”, como posibilidad de acceder a un bien estar de la existencia que incluya a pieles negras, cabellos crespos, pueblos indígenas, diversidad de géneros, mujeres y hombres provenientes de una nación diversa y polícroma, que reclaman la posibilidad de re-existir y re-inventar una esperanza que incluya un mayor número de seres vivientes. Justamente el nuevo presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez han transmitido desde sus primeros mensajes, el reconocimiento a una multitud que creyó en ellos; evocaron la memoria de aquellos masacrados por defender idearios de justicia social y así mismo hicieron alusiones a las “manos callosas” de los antepasados oprimidos;   poco tiene que ver esto con otros mensajes de triunfo electoral enunciado por presidentes recién elegidos, donde los colores son casi ausentes y la evocación a un país de grandes desigualdades resulta inexistente.

Una imagen que llamó poderosamente mi atención fue el momento del empalme entre la vice-presidenta Martha Ramírez y la entrante Francia Márquez quien de manera espontánea rompió el protocolo de la bienvenida, dirigiéndose prioritariamente a estrechar las manos de las mujeres que realizan las labores domésticas en aquel lugar, dando mayor relevancia a las cuidadoras. Entiendo esta acción como un auténtico reconocimiento de igualdad, un pequeño símbolo que contiene el germen de una revolución de las pequeñas acciones, una gratitud orientada a esa clase trabajadora invisible que durante años ha tenido que aceptar jornadas extensas de trabajo físico, pagos irrisorios y contratos deleznables “…que encarnan otro tipo de violencia al servicio de un deseo-amo que se impone bajo un horizonte de amenazas”( (Lordon, 2015, pág. 121)

En el caso del electo presidente Gustavo Petro, fue su primera alocución la que me generó admiración, al proponer una historia que parte de la liberación de los jóvenes detenidos en la protesta social, dándole al país un mensaje que dista de los dirigentes colombianos que hemos tenido, caracterizados por apoltronarse encima de los ciudadanos, generando una enorme distancia con el pueblo, recurriendo al ethos de la “blanquitud”. La utopía por su parte tiene que ver con superar la idea de que el progreso en Colombia esté supeditado a un proceder de sospecha hacia el   pueblo; una potestad gubermental, usada durante dos décadas, por una máquina necro-política que no ha parado de masacrar, desaparecer, torturar, exiliar o simplemente condenar a vivir en las márgenes, bajo una especie de “castigo social” a quienes disienten. El Leviatán se manifiesta como capacidad ofensiva y defensiva de quienes usan el Estado para estigmatizar, eliminar la vida, produciendo seres   destinados a la muerte.

En conclusión, este tiempo que inicia, podría acoger expectativas de quienes hacen parte de una nación rota y buscan reconocerla diversa, ancestral, moderna y eficiente.   Si queremos dar un salto de la “seguridad democrática” a la utopía de una “vida sabrosa” habrá que seducir a esa otra mitad temerosa del “espectro rojo”, de la inminente “expropiación” y del declive de la “propiedad privada”. El reto de los llamados intelectuales y artistas hoy, podría ser aportar sin renunciar a su conciencia crítica, creativa, irónica, a través de relatos y obras que no estén “performadas” por quienes tienen miedo a perder privilegios; contribuyendo en la construcción de una memoria de la justicia y la imaginación capaces de interpelar a quienes actúan desde el prejuicio, la visceralidad, el desprecio. Vuelve a resonar, en el imaginario de un continente poblado de iniciativas populares anchurosas como ríos, la utopía que busca pasar   de una política tanática a una erótica, recuperando el principio utópico de la esperanza, la idea de mandar obedeciendo enquistada en las comunidades ancestrales. Es la hora del salto del puma al pasado, para abrir la ventana que por siglos los guardianes han mantenido clausurada.

Por Alberto Antonio Berón Ospina

Escritor.

Profesor Titular Universidad Tecnológica de Pereira

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Lasso baja precios de combustibles en un monto menor al que exige la Conaie

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció anoche una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que piden miles de indígenas que protestan desde hace 14 días, y advirtió que la policía y las fuerzas armadas seguirán actuando "mediante el uso progresivo de la fuerza" para "restablecer el orden".

Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó que el paro nacional continuará hasta obtener todas las respuestas a las 10 demandas que planteó, entre ellas la reducción de los precios de los combustibles en momentos en que el Congreso reanudó el debate sobre la posible destitución de Lasso.

Antes del anuncio del mandatario, el ministerio de Energía advirtió que Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas de continuar las protestas indígenas que han incluido la toma de pozos. El ministerio de Producción añadió que las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares.

En un mensaje transmitido por radio y televisión al filo de las 10 de la noche, Lasso expuso: "todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la pieza angular que mantiene el conflicto, y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana".

E informó: “he decidido reducir el precio del galón de gasolina Extra y Ecopaís en 10 centavos (de dólar) y el diésel también en 10 centavos.

La Conaie exige que los precios se congelen y se fije la tarifa de la gasolina Extra y Ecopaís en 2.10 dólares y el diésel quede en 1.50 dólares. El precio actual del galón de gasolina Extra y Ecopaís es de 2.55 dólares, y el del diésel 1.90.

Lasso destacó que el fin de semana adoptó medidas, entre ellas derogar el estado de emergencia en seis provincias, "pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo", y amenazó: "nuestra policía nacional y nuestras fuerzas armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y trabajar y prosperar".

Antes, en declaraciones a CNN el mandatario acusó que la violencia a raíz de las recientes protestas en su contra fueron acordadas por el ex presidente Rafael Correa y el líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Al cierre de esta edición no se conocía la reacción de la Conaie al anuncio y amenazas de Lasso.

Desde la Universidad Central del Ecuador, zona de paz y asistencia humanitaria para el movimiento indígena y campesino de otras provincias, Iza agradeció a quienes continúan en el paro en los territorios y en Quito, donde habitantes de muchos barrios apoyan el levantamiento popular con alimentos y otros insumos.

Iza reconoció el desabasto generado en la capital por los días de protestas y anunció la resolución tomada de trasladar productos del campo a la ciudad, para compartir solidariamente, como hacen los quiteños con los movilizados. En Twitter, Iza solicitó a la Cruz Roja facilitar un "corredor logístico y humanitario para el paso de insumos médicos, ambulancias, gas de uso doméstico y todo lo que signifique emergencia". El líder indígena recorrió puntos de reunión, donde afirmó: "estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestros compañeros".

En cuanto al paro, Iza anunció que las movilizaciones continuarán hoy, y advirtió que sólo regresarán a sus comunidades cuando se cumpla lo planteado en la agenda de la Conaie: bajar el precio del combustible y el costo de la canasta básica, mayor valor a los productos de los campesinos, prohibición de minería en zonas de protección hídrica y territorios de pueblos autóctonos, entre otros temas.

"Les pido mucha solidaridad entre todos. Nos hemos jugado la vida y la libertad, pero vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda", enfatizó."Que no se confunda, si regresamos será con una ganancia para el pueblo. Si no hay eso, no nos vamos de Quito", insistió.

Reconoció los pasos dados por el gobierno como la firma de decretos para controlar la especulación, declarar en emergencia la Salud Pública, condonar deudas hasta los tres mil dólares, bajar costo de la urea al 50 por ciento y de presupuesto para la Educación Intercultural. No obstante, recalcó que falta lo más importante, relacionado con el combustible, los créditos, la minería y el alto costo de la vida.

Interés en el debate sobre la destitución del presidente

En medio de la crisis, la atención se centra además en la decisión que adoptará la Asamblea Nacional, al retomar el debate sobre la destitución de Lasso. El legislativo da trámite a un pedido del bloque opositor Unión por la Esperanza (Unes), que requiere el respaldo de 92 de los 137 asambleístas para aprobar la medida contemplada en el artículo 130 de la Constitución.

Otros bloques parlamentarios como la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, y el bloque oficialista Creo han rechazado públicamente la medida. El Unes solamente tiene 42 votos y respaldo de seis de los 24 del partido Pachakutik que en contra de lo que piden sus bases se opone mayoritariamente a la destitución del mandatario.

El pleno de la Asamblea Nacional en la que se debatía un pedido de destitución del presidente, Guillermo Lasso, retomó la sesión en la que ayer se apuntaron 40 diputados para hablar en tribuna, cada uno con diez minutos. Al cerrar esta edición continuaban los debates.

El presidente derogó antier el estado de excepción que regía en seis provincias, como muestra de apertura al diálogo y para generar espacio de paz, señaló un comunicado oficial.

En el contexto de la paralización, las cifras oficiales dan cuenta de cinco muertos y centenares de heridos entre manifestantes, policías y militares. En ese tono, el ministerio de Energía informó que de continuar las protestas, Ecuador podría dejar de producir petróleo en las próximas 48 horas. “Por los actos vandálicos, toma de pozos y cierre de vías no se ha podido transportar los insumos y el diésel necesario para mantener la operación”, dijo en un comunicado.

Mientras, las pérdidas para el sector productivo –público y privado– alcanzan 500 millones de dólares, el nivel del riesgo país se ha elevado desde el inicio de las protestas, dijeron ayer las autoridades.

Cada día de paro representa entre 40 y 50 millones de dólares de pérdidas en el sector productivo, afirmó el ministro de Producción, Julio Prado. Sobre el riesgo país, indicó que tras aumentar en 295 unidades se ubica "por encima de los mil 55 puntos", lo cual encarece el crédito al que se accede a nivel internacional y "podría afectar el crédito a nivel local".

Ante las movilizaciones impulsadas por la Conaie, que incluyen cierre de vías, toma de instalaciones e incidentes violentos, la empresa estatal Petroecuador registró el cierre de mil 94 pozos y 31 torres, según Prado. Las pérdidas para el sector ascienden a 96 millones de dólares.

En el sector comercial, los perjuicios económicos alcanzan 90 millones de dólares. Quito registra pérdidas por 25 millones de dólares diarios debido a una caída de las ventas de 60 por ciento, mientras en las industrias textil y del calzado la comercialización se desplomó 75 por ciento, afirmó el ministro.

La industria láctea registra pérdidas por 13 millones de dólares debido a una caída de ventas del 85 por ciento, el sector florícola de 30 millones y el agrícola y ganadero de 90 millones de dólares, agregó el titular de la cartera de Producción.

Las reservaciones de turistas se desplomaron 80 por ciento debido a cancelaciones y redundaron en pérdidas por 50 millones de dólares para el sector, señaló Prado.

Intelectuales y artistas de Ecuador expresaron preocupación ante las violaciones a los derechos humanos registradas en el contexto del paro nacional contra el gobierno.

Entre ellos figuran los escritores Alejandro Moreano, Raúl Pérez, Kintto Lucas, Iván Égüez, Abdón Ubidia, Sandra Araya, Luis Zúñiga, Edgar Allan García, la coreógrafa María Luisa González, el director teatral Iván Morales y los docentes de la Universidad Central del Ecuador Xavier León Borja, Cristhian Viteri, Carlos Pesantes y Mónica Ayala.

El papa Francisco llamó a la calma a todas las partes ante las sangrientas protestas indígenas. "Sigo con preocupación lo que pasa en Ecuador, estoy cercano a ese pueblo y animo a todas las partes a abandonar la violencia y las posiciones extremas", luego de la oración del Ángelus desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano.

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Manifestantes rodean el edificio de la Asamblea mientras esperan el juicio político a Lasso. . Imagen: EFE

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, derogó ayer el estado de excepción en las seis provincias donde se han registrado protestas indígenas contra su gobierno desde hace ya 13 días, horas después de que funcionarios de su gobierno hablaron en un primer acercamiento con el líder indígena Leonidas Iza, en momentos en que la Asamblea Nacional avanzó en una sesión maratónica en la que se debate la posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 461, firmado por Lasso y difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se dispuso la terminación del estado de excepción que ordenó días después del inicio de las protestas ante la "grave conmoción interna" en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde se han acentuado las movilizaciones de los grupos indígenas.

"El gobierno nacional ratifica la disposición de garantizar la generación de espacios de paz, en los cuales los ecuatorianos puedan retomar paulatinamente sus actividades", se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una sesión extraordinaria para tratar, a pedido de la bancada de Unión por la Esperanza (Unes), afín al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), la destitución de Lasso, quien antier denunció un intento de golpe de Estado en su contra supuestamente impulsado por Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual entre los legisladores, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, informó al pleno sobre la eventual conformación de una comisión que viabilice el diálogo entre el gobierno y la mayor organización indígena del país y ponga fin a un paro nacional que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la iglesia Basílica del Voto Nacional, ubicada en el casco colonial de Quito, a la que acudió Iza acompañado por otros dirigentes indígenas, así como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el canciller, Juan Carlos Holguín, y otros funcionarios del régimen, informó Saquicela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso alguno, sino simplemente la decisión de la Conaie… de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo”, aseguró Saquicela, y ratificó que "de parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente".

El titular del Legislativo indicó que se trata de "un avance", pues "hemos pedido que se bajen las tensiones, que se bajen los enfrentamientos mientras se da este diálogo y se encuentra una solución".

Amanda Yépez, del colectivo Geografía Crítica, alertó que hay "agresiones graves del Estado" contra los manifestantes, registradas el pasado día 14, mientras Viviana Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos, informó que "existen 68 incidentes de violación de derechos humanos: 123 detenciones, 166 personas heridas y cinco fallecidas, en el contexto de la represión".

El mandatario no compareció

Lasso fue convocado para presentar su defensa, pero no asistió. En su lugar acudió Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia, quien leyó una carta a nombre del mandatario en la que afirmó: "no hay pruebas del incumplimiento del programa ofrecido en campaña y su nexo con la crisis política y conmoción interna", como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció "que el país actualmente enfrenta problemas que deben ser solventados".

Al iniciarse el debate entre legisladores, Patricia Núñez, de la Unes, firmó la carta para iniciar el proceso de "muerte cruzada", mecanismo en el que se destituye a la presidencia y se disuelve la Asamblea Nacional. Al recordar a las víctimas del paro nacional, aseguró que hay un uso excesivo de la fuerza en las protestas.

Marlon Cadena, jefe de la bancada de Izquierda Democrática, rechazó el vandalismo y la represión que han marcado el paro, negó compromisos con el gobierno, pero enfatizó que no respaldarán la destitución del presidente.

Por parte del Partido Social Cristiano, el congresista Esteban Torres se congratuló del diálogo iniciado entre el gobierno y la Conaie e indicó que su partido no votará la destitución del mandatario porque eso no resuelve los problemas estructurales del país.

Hasta el cierre de esta edición sólo habían intervenido 15 asambleístas de 135.

Luego del debate, la Asamblea Nacional tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 legisladores.

De ser aprobada, asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero el mando del gobierno, y el Consejo Nacional Electoral, en un plazo de siete días, convocaría a elecciones presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Universidad Central que abrirán vías como "corredores humanitarios" para permitir el ingreso de alimentos a Quito y reiteró que el paro continúa.

"No venimos a dejar regando la sangre de los hermanos aquí, venimos con una propuesta", agregó Iza en la concentración de manifestantes, a quienes señaló que sólo cuando haya sido contestada, concluirá el paro.

Entre los 10 puntos que reclama la organización constan la reducción de los precios de los combustibles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron a la capital a cometer "vandalismo" y pidió pacificar el país para no enfrentarse entre hermanos; sin embargo, calificó como un "ataque brutal de violencia" el operativo con el que fueron desalojados el viernes de la Casa de la Cultura donde celebraban una asamblea popular y a la cual dijo retornarían para efectuar una minga y limpiarla, al igual que en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque El Arbolito, la tarde de ayer manifestantes se expresaron en medio de danzas, bailes y silbidos. Un importante contingente militar y policial permanece en el lugar, sin que hasta el momento haya habido enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres organizaron un ritual en el norte de la capital y luego marcharon contra el gobierno. Algunas indígenas iban con los ojos pintados con franjas rojas y portaban plantas medicinales.

"Toda la canasta básica está muy cara y nuestros productos del campo (...) no valen nada", declaró Miguel Taday, un productor de papa de la sureña Chimborazo, a unos 200 kilómetros de Quito.

La Conaie participó en revueltas sociales que derrocaron a los presidentes Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 2019 encabezó más de una semana de protestas contra el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), que dejaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada economía empezaba a recuperarse de los efectos de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares diarios por las crisis política. El gobierno asegura que reducir los precios del combustible costaría al Estado más de mil millones de dólares al año en subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha sido escenario de cruentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes con bombas molotov, cohetes pirotécnicos, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis civiles muertos y un centenar de heridos en 13 días, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Las autoridades registraron más de 180 lesionados entre militares y policías y prometieron reprimir más enérgicamente las manifestaciones.

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Luis Arce: "La izquierda está regresando porque la derecha no pudo dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”

Habló sobre el triunfo de Petro, la sentencia a Jeanine Áñez y recordó los momentos más duros del golpe de Estado a Evo Morales.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que el avance de los gobiernos progresistas en la región es consecuencia de la falta de respuestas de la derecha y saludó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. El mandatario también habló sobre la sentencia Jeanine Áñez, rechazó las críticas suscitadas desde la oposición por el juicio y afirmó que se respetó el debido proceso. 

Construyendo la Patria Grande

“Es innegable el avance de los gobiernos de izquierda en la región. La izquierda está regresando porque la derecha no pudo dar respuesta satisfactoria a las demandas de la sociedad”, afirmó el presidente boliviano en diálogo con la radio AM750. En este sentido, reconoció los desafíos que tendrá mandatario electo de Colombia, el primer líder de izquierda electo en el país. “Siempre es difícil el momento en el que un país sale de una estructura como la derecha a establecer un gobierno progresista que trata de resolver problemas que la derecha no pudo resolver”, observó.

A su vez, Arce contó que se comunicó con el líder del Pacto Histórico con quien tuvo un breve intercambio en el que no dejó de subrayar la importancia de “seguir construyendo la Patria Grande”. “En eso estamos empeñados todos”, afirmó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.Para el economista, los actuales gobiernos latinoamericanos "tienen asfaltado el camino para agilizar la construcción de la Patria Grande". 

Juicio a Jeanine Áñez

Sobre la reciente sentencia de 10 años de prisión a Jeanine Áñez en uno de los juicios sobre el golpe de Estado de 2019, Arce seguro que fueron respetados todos los procesos y que además durante la prisión preventiva la expresidenta de facto gozaba de privilegios. “Nosotros hemos seguido todos los procesos en el país para que se respete el debido proceso para la señora Áñez. Le hemos dado todas las condiciones, incluso tenía privilegios. Los parientes de la señora Áñez se quedaban a dormir con ella”, recordó el mandatario.

Hace dos semanas Áñez fue sentenciada por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución de Bolivia. Sin embargo, tras el fallo comenzaron las críticas sobre el cumplimiento del debido proceso en el juicio. “Hemos escuchado varias afirmaciones de la oposición sobre el juicio a Áñez. Aprovecho este canal para decir claramente que los fiscales, jueces que a nosotros nos han perseguido políticamente fueron los mismos jueces y fiscales que hicieron el juicio contra Áñez. Ese elemento la derecha no lo quiere reconocer”, recordó el mandatario que aseguró que la derecha se esforzó en demostrar que hubo errores en el juicio.

“El juicio a Áñez ha durado lo que tenía que durar. Nosotros no nos metimos ni entorpecimos el juicio. Hemos respetado el debido proceso y todos los procedimientos legales. Estamos convencidos de que lo que se ha hecho en el juicio está en el marco de la justicia”, precisó Arce.

"La derecha tenía un plan contra el gobierno"

La sentencia a Jeanine Áñez en el caso del golpe a Evo sienta un precedente importante en una región que inauguró el siglo XXI con golpes de Estado en Centroamérica y el Caribe.

El presidente de Bolivia se refirió al derrocamiento de Evo Morales.

En ese entonces Arce era el ministro de Economía y aseguró que varias semanas antes del golpe hubo una suerte de golpe suave que incluía acciones intimidatorias contra los integrantes del gabinete de gobierno.

“Ellos hicieron una estrategia en la que hacían bloqueos y también iban a las casas de los ministros de Evo Morales a acosarnos, a gritarnos, a publicar en redes sociales nuestra fotografía con nuestra dirección y convocar para que se apersonen a cierta hora a mi domicilio. Todo eso generó, en la familia, un temor de qué podía ocurrir con cada uno de nuestros integrantes. Lo primero que hicimos fue intentar poner a salvo a nuestra familia”, aseguró el mandatario.

“Sabíamos que la derecha tenía un plan contra el gobierno y eso se consolidó en la noche del sábado que recibimos la noticia de la OEA y el famoso informe que es prácticamente el detonante para que estalle en el país el golpe de Estado”, añadió.

Pandemia y sustitución de importaciones

Arce también habló sobre el momento en el que aceptó la candidatura y los retos que debía asumir con la pandemia de coronavirus como telón de fondo. “Cuando entramos al gobierno, yo tenía claro que si no resolvíamos el problema de la salud, por la pandemia de COVID-19, no podíamos enfrentar el tema económico. La pandemia generó un trauma psicológico que acrecentó la oposición”, observó Arce, que para suplir la falta de vacunas diálogo con los presidentes de China y Rusia.

 “El mayor éxito que hemos tenido fue combatir la pandemia, que en nuestro país se relaciona mucho con la economía”, indicó el mandatario de Bolivia que también se refirió a las políticas económicas que su país llevó adelante para hacer frente a la inflación.  “Lo primero que hay que hacer es tratar de ser autosuficientes en los productos que la gente cotidianamente consume. Por eso nuestro programa es de industrialización con sustitución de importaciones”

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Un vehículo policial dispara gas lacrimógeno a los manifestantes durante una protesta contra el Gobierno de Ecuador en Quito. — Adriano Machado / Reuters

Guillermo Lasso asegura que esto es un golpe de Estado en el que se busca "el derrocamiento del Gobierno".

 

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó para este sábado una sesión para debatir como único punto del día una petición de destitución del presidente del país, Guillermo Lasso, quien lo ha calificado de un intento de golpe de Estado contra él.

La convocatoria, confirmada por la Agencia Efe, fue realizada este viernes a petición de al menos un tercio de los asambleístas al alegar una grave conmoción interna debido a la ola de protestas contra el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno.

La activación del procedimiento de destitución presidencial ya había sido anticipada este viernes por un grupo de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa y por un sector del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotora de las protestas.

La sesión del Legislativo ecuatoriano se desarrollará en la sede de la Asamblea, a escasa distancia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del aledaño parque de El Arbolito, que durante los dos últimos días ha sido escenario de un enfrentamiento casi constante entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud, y a ella también está convocado el mismo presidente para exponer sus alegaciones.

El Parlamento tiene 72 horas para votar

Tras el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

En caso de conseguirlo, el vicepresidente asumiría la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días tras publicada la resolución, y convocaría para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.

En un mensaje a la nación difundido en televisión y redes sociales, Lasso denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas e hizo una llamada "a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador".

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal promotor de las movilizaciones, de buscar "el derrocamiento del Gobierno".

El gobernante agradeció el apoyo ya anticipado de grupos parlamentarios de la oposición como Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik, lo que permitiría ganar la moción y mantener el poder.

Doce días de protestas

Las protestas comenzaron el 13 de junio convocadas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aunque luego también se adhirieron otras organizaciones de campesinos, así como sindicatos y federaciones de estudiantes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía.

Hasta el momento la movilización deja un saldo de cinco fallecidos y no menos de 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, así como más de 100 detenciones, según organizaciones de derechos humanos.

25/06/2022 09:48

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Viernes, 24 Junio 2022 06:09

El poder del relato

Pablo Iglesias en la sede del Frente Amplio. JUAN MANUEL RAMOS

El exsecretario general de Podemos, reconvertido a los medios, visitó Montevideo. Habló de relatos, de construcción de hegemonía, de batallas culturales. De marcar la agenda.

 

A Pablo Iglesias lo acompaña el olor a azufre. Lo acompaña también la reputación de marcar la cancha, para propios y extraños, allí donde decida actuar: sea en los primeros planos de la escena política, sea en los medios de comunicación. En España, decir «cosas de izquierda», cumpliendo con aquella exigencia que Michele Apicella, el alter ego de Nanni Moretti, le gritara a un amnésico exdirigente comunista italiano en la película Aprile, le ha valido ser acosado como pocos por sus adversarios. Se ganó esa animosidad cuando se puso al frente del intento de constituir una alternativa de izquierda a partir de Podemos, un partido surgido de una de las vertientes del movimiento de las plazas del 15-M, que se metió como una cuña en la escena política de la península.1 Y se la sigue ganando ahora, desde la trinchera mediática a la que ha regresado desde que, hace algo más de un año, se retirara de la política partidaria. Para la derecha española, este profesor de ciencias políticas egresado de la Universidad Complutense de Madrid es poco menos que la encarnación del diablo.

No solo para la española, a decir verdad. «Cuidado: Gramsci desembarca próximamente en Uruguay.» Así anunció, el 10 de junio, el semanario colorado Correo de los Viernes la llegada a Montevideo del «confeso marxista», «radical» y «defensor del chavismo» Iglesias. En esa nota, el periódico fundado por Julio María Sanguinetti exhortaba al Frente Amplio (FA), que invitó al español a Uruguay vía la Fundación Liber Seregni, a «explicar el alcance de su vínculo» con el exsecretario general de Podemos y deducía, en todo caso, que la existencia de tales relaciones evidenciaba la radicalización de la coalición uruguaya desde que perdió el gobierno, en 2019. «Ahora traen de visita al representante más rancio y ortodoxo de la izquierda que encontraron en Europa.» Para ayudarlos a recuperar la «hegemonía cultural». Un poema.

***

Que comparen a Iglesias con Antonio Gramsci tiene cierta gracia («Cómo quisiera estar a su altura», dijo a Brecha). Pero hay una cosa cierta: el cuco italiano del Correo de los Viernes es uno de los referentes ideológicos centrales de Podemos desde sus inicios y en particular de su exlíder. En una intervención bien reciente en su pódcast La base, Iglesias dijo que un día se tatuará en la frente una frase del pensador muerto en 1937 en una cárcel de la Italia fascista: «La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. […] Si no controlas el relato, tu olor a cadáver político será cada vez más insoportable. En casi todas partes, los dueños de las grandes empresas, de los bancos y de los fondos buitre ponen mucho dinero en una industria en general no muy rentable: la de los medios de comunicación». Y remataba su presentación con esta frase: «Este es un programa patrocinado por el club de lectura de Antonio Gramsci».

A fines de enero, ocho meses después de que dejara sus cargos políticos y diez meses después de que abandonara el gobierno de coalición español, del que era vicepresidente, Iglesias volvió a uno de sus primeros amores: los medios, en los que se iniciara con bastante resonancia apenas comenzada la década pasada, en las muy inteligentes tertulias de Fort Apachey La tuerka, y en sus largas entrevistas de Otra vuelta de tuerka. Lo hizo con el mencionado pódcast, cuyo primer programa consagró a desmenuzar el poder mediático: sus actores, sus tramas, su influencia. Allí ha abordado también temas sobre los que no podía hablar con libertad cuando estaba en el gobierno y sobre los que Podemos tiene posturas bien distintas a las que defiende el Partido Socialista, dominante en el Ejecutivo español: la pertenencia a la OTAN, la guerra en Ucrania, las alianzas internacionales, en general, y con Estados Unidos, en particular, el papel del Estado, la regulación de los alquileres, los límites de las reformas. «No es solo que me sienta más libre regresando a los medios. Eso es así. Pero pienso fundamentalmente que los medios son un lugar central de la creación de conciencia. Lo han sido siempre y ahora más que nunca. Están entre los principales actores políticos de nuestra época. Lo que puedes hacer desde el gobierno es realmente muy pero muy poquito. A partir de los medios trabajas a mucho más largo plazo. Analizarlos es básico, usarlos más aún», dijo a Brecha.

A Montevideo Iglesias vino precisamente a hablar de medios de comunicación, de relatos, de construcción de hegemonías, de batalla cultural. De eso charló mano a mano con sus interlocutores del FA, en distintos talleres y en una charla pública que dio en el teatro El Galpón el jueves 16. De eso también conversó con Brecha.

—El de los medios no es un terreno en el que las izquierdas hayan trabajado particularmente. Más bien lo han desdeñado y se mueven como a reculones, con cola de paja.

—Absolutamente. Hay una convicción, incluso en sectores de la progresía, de que cuando uno se mete con la prensa está atacando la libertad de expresión. ¿Qué garantía de libertad de expresión hay cuando los medios son propiedad de bancos, grandes empresas o multimillonarios? Es insostenible que un periodista pueda escribir algo que cuestione a la empresa propietaria de un medio. Eso es lo que, en realidad, ataca la libertad de expresión, la libertad de los periodistas: que puedan tener dueños. Es muy importante decirlo, porque lo que se afirma en general –insisto: hay gente que se define como progresista que también lo piensa– es que la mejor regulación de los medios es la que no se hace, lo que equivale a aceptar que se produzcan situaciones oligopólicas o monopólicas en la propiedad de los medios. Para desgracia nuestra, perfectamente se puede decir que la derecha es más gramsciana que la izquierda. En España la Iglesia católica nunca ha dejado de buscar la hegemonía; por ejemplo, a partir del sistema educativo, de toda una red de escuelas privadas y escuelas concertadas financiadas por dinero público. Tiene también una televisión y una radio de las más escuchadas, la COPE. En la Iglesia son gramscianos: trabajan sobre los aparatos culturales. Los sindicatos podrían haberse planteado tener un canal, una radio. Pero no lo hacen.

Escribía en una nota reciente [en CTXT, 14-VI-22] que hacer política es reforzarse uno y debilitar a su enemigo, y que en las democracias mediatizadas eso tiene que ver con los instrumentos ideológicos de que dispongas para determinar la agenda. Tanto si gobiernas como si no lo haces, esos instrumentos deben llenar de contenido tu relato. Pero muy raramente la izquierda determina la agenda. Le cuesta hacerlo porque juega en los marcos del adversario.

—En esa nota de CTXT que evocabas y aquí, en Montevideo, hablaste de una entrevista que le hicieron a la portavoz del nuevo gobierno chileno, la comunista Camila Vallejo. Decías que en sus respuestas se veía la autolimitación de la izquierda en eso de marcar la agenda.

—Primero que nada: entre Chile y España hay paralelismos que tienen que ver con procesos de transición de la dictadura a la democracia enormemente limitados. Un politólogo polaco poco sospechoso de ser izquierdista comentó que lo más sorprendente de la transición española es que las elites económicas han permanecido intocables e intocadas. Es un elemento que también se produce en Chile. Gonzalo Winter, coordinador de la bancada del Frente Amplio chileno, nos decía en La base que el pacto de la transición en su país consistió básicamente en que la izquierda renunciaba al socialismo y la derecha renunciaba a asesinar a los militantes de izquierda. Es un análisis muy lúcido y, a la vez, tremendo. El espíritu con el que la Concertación gobernó Chile tiene que ver con esto, con una actitud de resignación, con un «no se puede» y con considerar imposible implementar cambios que no estén pactados con la derecha. Esa es la dinámica que ha existido igualmente en España hasta la llegada de Unidas Podemos al gobierno. Que hoy en España haya, por primera vez, un Ejecutivo con una agenda abiertamente posneoliberal, por lo menos en parte de uno de sus componentes, es algo muy interesante. Lo mismo en Chile.

Respecto a la entrevista a Vallejo, lo que me sorprendió fue su enorme habilidad para abordar los marcos malos y su ambigüedad al responder a la pregunta fácil sobre la agenda propia. Me explico: cuando le preguntaron sobre los problemas que debe enfrentar ahora el gobierno (la situación en la Araucanía, la inseguridad, el asesinato por la Policía de la periodista Francisca Sandoval), se la notó muy sólida, pero cuando el periódico –que, además, es un medio amigo: El Siglo, el semanario del Partido Comunista, su propio partido– le preguntó si el gobierno mantenía una agenda de superación del neoliberalismo, respondió muy vagamente que se van a desmercantilizar los derechos sociales en el marco de un proceso gradualista. Me sorprendió mucho. ¡Era el momento para definir los temas de agenda, para declinar todo eso!: qué significa desmercantilizar, qué implicaciones tiene esa desmercantilización para el sistema sanitario, para los servicios públicos.

—¿Cómo explicás esa ambigüedad?

—Porque el problema es que el adversario ha impuesto la agenda y los temas de conversación, y tú estás a la defensiva. Por eso esa falta de precisión en los objetivos propios. No porque no se tenga conciencia de cuáles son, sino porque el que tiene la iniciativa es el otro. A los pocos días de haber escrito el artículo, me llamó Giorgio Jackson [secretario general de la presidencia de Chile] para decirme que podía ser que yo tuviera razón en este punto. «Ahora vamos a ir por la reforma fiscal», me dijo. Y está muy bueno. Es un enorme tema ese. Una reforma fiscal es también un campo de batalla semántico y cultural, en el que se juegan ideas, valores. La izquierda tiene que imponer también ahí su propio marco. No puede aceptar el concepto de presión fiscal y sí hablar de justicia fiscal, insistir en que reformar el sistema fiscal en el sentido progresista es la base de la democracia, la base para que el Estado tenga dinero suficiente para financiar los servicios públicos. Es una materia sumamente importante. Y ya me puedo imaginar lo que va a ser la derecha mediática chilena atacando al gobierno de Gabriel Boric cuando anuncie su reforma. Esto tiene que ver con las condiciones en que se da el combate político. El terreno del combate político es siempre el terreno mediático. En ese artículo en CTXT ironizaba sobre qué tiene que hacer un inversor extranjero si llega a Chile y quiere conversar con alguien de la oposición: no tiene que ir a ver al dirigente del partido tal o cual, sino a los Edwards, los dueños del diario El Mercurio.

Y esto está relacionado igualmente con otro asunto no menos importante. Muchos sectores están convencidos de que hay una traslación inmediata en términos electorales de los avances sociales que se hayan podido lograr desde el gobierno. No es así, no funciona así. Si la conversación política está dominada por la derecha mediática, estas cosas se olvidan. Jackson me decía que una de las primeras medidas del gobierno de Boric fue aumentar el salario mínimo, y no poco. Sin embargo, a los dos días la noticia había desaparecido de los medios y, como por arte de magia, habían aparecido otras, desfavorables para el gobierno, que los medios jerarquizaron en la conversación y lograron imponer. No basta decir: los medios mienten, los medios manipulan. Es cierto que mienten y manipulan, pero, más que quejarse, hay que contraatacar, y eso no se puede hacer desde la agenda del otro. Tampoco, creo yo, se puede marcar la agenda desde la búsqueda desesperada del consenso. Quien dice que la política es el arte del consenso no ha entendido la historia. La política está definida por el conflicto. Todas las reformas sociales han sido arrancadas, todas, y hasta la propia democracia liberal es producto de choques sociales. Ni que decir de las leyes laborales, que son consecuencia de la lucha de clases en un momento dado.

—Hablabas de salir de los marcos de lo que el adversario afirma. Respecto a la guerra en Ucrania, La base comenzó teniendo posiciones bien diferenciadas respecto del discurso dominante en los gobiernos y los medios occidentales. Pero, pasado el tiempo, ese ángulo se fue moderando y ya no hubo tanta diferenciación; por ejemplo, en relación con las afirmaciones sobre la masacre de Bucha, sobre la cual las versiones de unos y otros difieren por completo, y sobre la cual los rusos han expuesto datos que, por lo menos, deberían ser verificados.

—Puede ser. Hemos sido muy críticos con la postura occidental, pero para ser críticos teníamos que demostrar que no íbamos a aceptar la propaganda, viniera de donde viniera. En el caso de Bucha, tenemos la obligación de creerles a los profesionales de la prensa que están en el terreno dando su versión.

—¿No se les puede vender gato por liebre también a ellos, aunque sean puramente sinceros? Hay muchos ejemplos de periodistas honestos que compraron versiones estadounidenses, como aquella sobre la existencia de gigantescos cementerios clandestinos en Rumania después de la caída de Nicolae Ceaușescu, y decían que habían visto esas tumbas.

—Por supuesto que esas cosas sucedieron y pueden suceder. Pero en el tema de la guerra de Ucrania nosotros partimos de la base de que el agresor es Rusia. Lo cual no quiere decir que esto disculpe a la OTAN, a Estados Unidos ni a la Unión Europea. Quisimos hacer algo que nos diera autoridad. En Ucrania hay en el terreno periodistas españoles a quienes conocemos personalmente y en quienes tenemos confianza. Tenemos la obligación de preguntarles y transmitir su versión. Si no lo hacemos, estamos perdiendo legitimidad para reivindicar nuestra independencia. Del mismo modo que hemos criticado lo que no ha sido periodismo sino propaganda occidental, afirmamos que lo de RT y los medios rusos es propaganda prorrusa. Amigos nuestros que colaboraban con esos medios terminaron diciendo: «Yo no puedo estar en esto» y se fueron. Incluso, hicimos un programa especial desde Rusia, sobre cómo se veía la guerra desde allí.

—Sí, pero lo que se decía en ese programa también podría haber aparecido en un medio occidental mainstream.

—Es verdad. Pero también lo es que nadie en España ha llegado tan lejos a la hora de marcar distancia con las posiciones dominantes. Lo ha reconocido gente que no comparte lo que pensamos. Creo que hemos ganado prestigio diciendo que contamos las cosas con la información disponible. Al mismo tiempo, nos hemos pronunciado –en La base, en Podemos– contra el envío de armas a Ucrania en medio de un debate en la izquierda, en el que Podemos ha quedado prácticamente solo en relación con sus socios en el espacio de la confluencia. En Comú Podem [los aliados en Cataluña], Yolanda Díaz [ministra de Trabajo, comunista, que sustituyó a Iglesias en la vicepresidencia y encabeza un intento de coaligar a todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español en una plataforma llamada Sumar] se ha manifestado a favor del envío de armas, e Izquierda Unida se ha mantenido en una posición ambigua. Muchos intelectuales amigos también. Nosotros quedamos en la misma posición que el papa, de defensa de la paz y la diplomacia. Creo que fue una posición muy valiente, de poner pie en pared en un contexto enormemente difícil, en el que se ha criminalizado a Podemos y a los poquitos medios que han dicho que comparar la guerra de Ucrania con la guerra civil española es una tomadura de pelo inaceptable. No es fácil respirar en medio del fuego amigo, cuando las posiciones del adversario son multiplicadas por sectores teóricamente afines.

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