"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

 

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean más de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

27 sep 2021 08:29

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A sus 81 años, Nancy Pelosi se ha vuelto más combativa que de costumbre. Foto Afp

Nancy Pelosi (NP), polémica lideresa de la Cámara de Representantes, hoy de mayoría demócrata, a sus 81 años –tres años mayor que el presidente Biden– se ha vuelto más combativa que de costumbre y ha adoptado posturas que incendian las galerías.

En fechas recientes, el hijo del muy polémico especulador George Soros, Alexander, de 35 años, publicó un tuit que hizo volar la imaginación centrífuga en Estados Unidos al compartir una foto con su padre y NP: "¡Confiamos en Pelosi!" (https://bit.ly/3i5ElVY).

Ocho días después del hierático tuit, la aguerrida NP apareció en Chatham House (https://bit.ly/3o80UNF), meca de la anglosfera, donde abordó tres temas incandescentes: la disfuncionalidad del capitalismo en Estados Unidos, la toma del capitolio el 6 de enero y su advertencia de no romper los acuerdos de Gran Bretaña con Irlanda del Norte –donde los católicos ya son mayoría (https://bit.ly/3CL9mX9).

El viaje de NP a Gran Bretaña se debió a una reunión de los líderes de los parlamentos del G-7, donde aprovechó encontrarse con estudiantes de la Universidad de Cambridge y funcionarios británicos, además de su polémica conferencia en Chatham House.

En forma asombrosa, NP sentenció que el capitalismo no había servido a la economía de Estados Unidos como debería, por lo que necesitaba ser mejorado, pese a que el "capitalismo es nuestro sistema económico" (https://wapo.st/3kGyYOX).

Quizá NP, como los Soros padre e hijo, estén muy preocupados del gran avance del "socialismo", con sus propias características del Partido Comunista Chino, que en la economía como en varios rubros del high tech llevan un avance descomunal desde el 6G, pasando por sus hazañas en el espacio, hasta su liderazgo en la inteligencia artificial.

La católica NP comentó que "no se puede tener un sistema donde el éxito de algunos brinca (sic) de la explotación de los trabajadores y brinca de la explotación ambiental y el resto, y tenemos que corregirlo".

Como tampoco se puede pelear con sus donadores que han financiado su exitosa carrera política, tipo los Soros, NP diluyó su vino al referir que las cosas estaban cambiando: "Existe una creciente consciencia, aún en el sector privado (sic), de que tenemos que mejorar".

Otra de sus esperanzas radica en la "economía verde" con "justicia ambiental" que puede estimular la creación de empleo.

Adela Suliman, del Washington Post, comenta que NP no llegó tan lejos para usar la palabra "socialismo", que es enarbolado por el ala izquierda del Partido Demócrata como el senador Bernie Sanders y sus aliadas legisladoras del grupo SQUAD que exigen "cobrar impuestos a los ricos" (https://bit.ly/3lYljlz). Por cierto, uno de los más conspicuos evasores fiscales es George Soros (https://bit.ly/39BXkTk).

Sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero, NP lo comparó a un "11 de septiembre doméstico" que juzgó como un fracaso del ex presidente Trump y no de la democracia como tal, y que fue incitado por las redes sociales: “Fue un día horrible, horrible, horrible para nuestra democracia (…) La fuerza de nuestra democracia es cómo lidiar con ello”.

En forma sarcástica, agradeció a Estados Unidos por "vender dos millones de miembros de QAnon, acusado de sostener teorías conspirativas" (https://nyti.ms/3zFqoEk).

NP juzgó que las redes sociales son un "arma de doble filo" y sobre una próxima candidatura de Trump, refirió, sin citar su nombre, que "sería el primer presidente en haber sido juzgado dos veces y derrotado dos veces".

En su visita al primer ministro Boris Johnson, comentó que la ruptura de las charlas sobre Irlanda del Norte sería "problemático" para un acuerdo comercial de Estados Unidos con Gran Bretaña que se está negociando en el post-Brexit: "No es una amenaza, sino una predicción" (https://politi.co/39CRrW9).

El Good Friday Agreement, que garantiza la paz a la isla de Irlanda se ha estancado debido al Protocolo de Irlanda del Norte que propulsa el comercio entre Gran Bretaña y esta nación.

Se le habrá escapado a NP que el pacto militar trilateral multidimensional del "Aukus" (https://bit.ly/3CQXfbf) deglute de facto un virtual tratado comercial de Estados Unidos con Gran Bretaña que, incluso, desea incorporarse al T-MEC.

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Con carteles de Álex Saab delegación del gobierno de Venezuela llegó a México

25-09-21. La delegación del Gobierno de Nicolás Maduro llegó este sábado a México para reanudar el diálogo con la oposición venezolana después de haber aplazado el encuentro acusando a Estados Unidos de interferir en las negociaciones.


“La delegación del diálogo venezolano presidida por el plenipotenciario Jorge Rodríguez arribó a la Ciudad de México para continuar la ronda de negociaciones con la plataforma unitaria de la oposición”, anunció en redes sociales la Asamblea Nacional, presidida por el mismo Rodríguez.

Los representantes de la administración de Maduro llegaron exhibiendo carteles con la imagen del empresario colombiano Alex Saab a quien Jorge Rodríguez, había solicitado al Reino de Noruega su incorporación a la delegación oficial; pero se encuentra detenido en una cárcel de Cabo Verde a la espera de que se oficialice su extradición a los Estados Unidos, país que lo acusa de narcotráfico y corrupción.

La tercera ronda de las conversaciones, que se llevan a cabo en México con el arbitraje de Noruega, debía haber arrancado el viernes, pero los representantes de Maduro plantaron a la oposición al no acudir al encuentro.

Ausencia y excusas

Aunque el Gobierno no justificó su ausencia, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, arremetió el viernes en redes contra el embajador de EE.UU. en el país, James Story, a quien acusó de dar órdenes a la oposición “sobre qué hacer en la mesa de diálogo”.

Un mensaje que fue respaldado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano y líder del equipo negociador del Gobierno, quien escribió que el Ejecutivo venezolano “jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje”, en referencia al embajador.

Fue el representante de la delegación opositora, Gerardo Blyde, quien informó el viernes por la noche a través de un comunicado que los delegados del gobierno no habían acudido a la reunión.

Por Aporrea-Agencias

*Con información de Efe

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Sábado, 25 Septiembre 2021 06:50

Misión cumplida

Misión cumplida

La Oficina de la Presidencia, donde se diseñan y operan las políticas del Krem-lin, hizo posible que el oficialista Rusia Unida, que no supera 30 por ciento de popularidad incluso en las encuestas encargadas por las autoridades, cuente de nuevo con mayoría calificada de dos tercios de los diputados –24 escaños más de los 300 requeridos– en la renovada composición de la Duma.

De este modo, la cámara baja del Parlamento federal volverá a ser, según la definió Boris Gryzlov cuando era su presidente, "un sitio donde no se debate" o, si se prefiere, "una desbocada máquina para aprobar leyes", elaboradas por y para el Ejecutivo, como la denominan los opositores.

Para lograrlo, se prohibió la participación de los críticos del Kremlin, tildados de "extremistas", "militantes de organizaciones indeseables", "agentes extranjeros" y otras etiquetas que cierran las puertas a cualquier cargo de elección popular; se dispersó el voto de castigo al incluir en las boletas a otros 13 partidos que son parte del sistema y desempeñan un papel subordinado, y se facilitó el ajuste de resultados, sobre todo en el interior del país y mediante la votación por Internet en Moscú y otras cuatro regiones, al dividir los escaños por listas de partido y distritos de votación directa, dando estos últimos al oficialismo el doble de diputados.

Tras retener casi un día los resultados de la votación electrónica, en Moscú no ganó ningún candidato, ya no de oposición sino de un partido diferente al oficialista, cuando de acuerdo con las boletas depositadas en las urnas iban arrasando en 13 de sus 15 distritos.

La votación por Internet confirmó que se puede obligar a los trabajadores de los sectores público y paraestatal a inscribirse sin votar o a revelar cómo lo hicieron y cambiar su sufragio (hubo 300 mil casos) y hasta añadir los apoyos de quienes en realidad no votaron.

Los operadores políticos del Kremlin cumplieron la misión de garantizar a la élite gobernante cinco años más de tranquilidad, reprimida la más mínima expresión de inconformidad. Y lo más importante de cara al futuro, de nuevo tienen mayoría calificada en la Duma por si otra vez hay que modificar la Constitución, en caso de que el presidente Vladimir Putin, en 2024, no quiera ser relegido y tampoco soltar las riendas del poder.

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La democracia en la era de la inteligencia artificial

En vista de la creciente expansión de la inteligencia artificial en las sociedades modernas, resulta necesario discutir cómo puede servir para mantener y fortalecer el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, en lugar de contribuir a su debilitamiento. Eso dependerá en gran medida de las formas de regulación elegidas.

 

Así como debe hacerse una clara diferenciación entre internet como tal, una estructura tecnológica que conecta personas e información, y lo que sucede en internet, también debe hacerse una diferenciación entre el potencial teóricamente positivo de la inteligencia artificial y los usos para los cuales se la desarrolla actualmente. Por lo tanto, un análisis diferenciado debe ir más allá de una mera enumeración de las ventajas de la internet gratuita o los beneficios teóricos de la inteligencia artificial y tener en cuenta los efectos reales de las nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio en el área de internet e inteligencia artificial.

Por tanto, la influencia de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial no solo se limita a la tecnología subyacente, sino que también atraviesa el ámbito social. Es por ello que la concentración de poder tecnológico, económico y político en manos de los «cinco temibles» (Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft), que ocupan el centro de la escena del desarrollo y uso comercial de la inteligencia artificial, tiene una especial importancia en este contexto.

Ambición de poder

Las megacorporaciones digitales no solo son capaces de ejercer una influencia política y social masiva, tienen también los recursos financieros para comprar nuevos desarrollos y startups en el campo de la inteligencia artificial y en todas las demás áreas relevantes para su modelo de negocio, y eso es exactamente lo que hacen. Su pretensión de concentrar poderío y controlar pone en desventaja al cuarto poder: el periodismo clásico, que es tan importante para la democracia. Su selectivo negocio de publicidad priva al periodismo de su sustento. Es cierto que no son la única razón de la muerte de los periódicos y del retroceso del periodismo clásico tanto en Europa como en Estados Unidos, pero son uno de los principales factores. Si bien es posible que algunas de sus investigaciones fundamentales sobre inteligencia artificial sean de acceso público, el trabajo mucho más elaborado sobre aplicaciones comerciales de inteligencia artificial se realiza en secreto. Los presupuestos en esta área superan con creces la inversión pública de muchos países. Esta acumulación de poder en manos de unos pocos debe ser observada de modo abarcativo: incluye el poder del dinero, el poder sobre la infraestructura democrática y el discurso público, el poder sobre los individuos a través de la elaboración de perfiles precisos y la supremacía en el campo de la inteligencia artificial. Los gigantes de internet han tenido logros sin precedentes como empresas: buena parte de su producción no está regulada, son dominantes en su mercado y son las empresas más rentables en la bolsa de valores. Tienen una inmensa influencia en la formación de opinión y en la política, al tiempo que han conservado su popularidad entre el público.

La cultura predominante de Silicon Valley sigue la «ideología californiana». Sus raíces se remontan al movimiento juvenil de la década de 1960. Parte de las metas de este movimiento era liberarse del dominio político de Washington y del dominio tecnológico de ibm, la empresa de tecnología líder en ese entonces. En esencia, había un gran anhelo de libertad personal y de capacidad individual para actuar como efecto de la descentralización. El desarrollo de la primera computadora personal (pc) y el multipremiado spot publicitario de la Apple Macintosh realizado por el reconocido director Ridley Scott, en el que una joven se libera del «Gran Hermano» («Y verás por qué 1984 no será como 1984»), son una expresión de esta búsqueda de libertad individual y autorrealización, lejos de los imperativos sociales y de la dependencia del Estado. En su famosa «Declaración de independencia del ciberespacio», John Perry Barlow, activista estadounidense por los derechos civiles y compositor de la banda de rock Grateful Dead, rechazó cualquier regulación legal de internet. Alegaba que las formas tradicionales de gobierno, que –diríamos– pueden existir únicamente sobre la base de la ley y el orden, «no tienen soberanía donde nosotros (los actores del ciberespacio) nos reunimos». No fue casualidad que esta declaración se hiciera pública en 1996 en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La lucha contra las leyes

Esta idea también fue retomada en el discurso jurídico. David R. Johnson y David G. Post, jurisconsultos especializados en espacio digital, afirmaron que si los usuarios quieren establecer reglas en internet y estas no dañan a los no usuarios, entonces «la ley del mundo físico debería ser revocada en favor de esta forma de autorregulación». Pero no fue solo la «ideología californiana» lo que alentó el desacato de la ley. La enseñanza de innovaciones disruptivas, muy difundida en las escuelas de negocios, condujo en algún momento a una comprensión de la ley como algo disruptivo. Esta lucha de las empresas tecnológicas y los activistas contra las nuevas leyes, que siguen poniendo la tecnología por encima de la democracia, continúa hasta el día de hoy.

Por ejemplo, Google insistió en que solo se le aplique la ley de California, ya que las búsquedas hechas desde Europa son respondidas desde los servidores californianos. Es más, se argumentó que los resultados de las búsquedas no deberían clasificarse como «tratamiento de datos». La fundamentación: Google no es responsable de los resultados, ya que son producto del algoritmo automatizado y no pueden ser controlados por la empresa. Aquí es donde se hacen evidentes la cosmovisión de la empresa y la manera de concebir el Estado de derecho: en primer lugar, la automatización en forma de algoritmo como servicio protege a la empresa mediadora de cualquier responsabilidad legal. Visto así, el sueño de John Perry Barlow se haría realidad: en la era digital, la tecnología tendría prioridad sobre la jurisprudencia. En segundo lugar, si existiera cualquier forma de vínculo legal, este solo podría existir en relación con un orden global, presumiblemente dominado por la ley estadounidense y administrado por jueces estadounidenses. Este escenario sería ideal para Google. Los costos se reducirían considerablemente, incluso si la empresa operara en diferentes jurisdicciones. Esto estaría totalmente en línea con la idea de construir una única estructura global de internet que no esté dividida en diferentes jurisdicciones o fragmentada por normas nacionales y que sea muy difícil de atacar legalmente para ciudadanos no estadounidenses.

En este contexto, la reacción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tjue), generalmente entendida como el «retorno de la ley», fue positiva: el Tribunal respondió al argumento de Google manteniéndose en los límites de la cuestión jurídica planteada, pero sin perder de vista las implicaciones más amplias de esta cuestión. Al final, los reclamos de Google fueron rechazados y así se protegieron los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sobre la base de la larga tradición europea de protección de la privacidad y protección de datos.

Se puede especular sobre si el argumento de Google de no querer asumir la responsabilidad de los resultados del algoritmo de búsqueda fue usado previendo negar toda responsabilidad por los productos de la futura inteligencia artificial autónoma. En cualquier caso, la respuesta del tjue en este caso fue clara. El presidente ejecutivo de Google se pronuncia actualmente en contra de una regulación general de la inteligencia artificial. Alega que tal regulación obstaculizaría la innovación y que solo puede concebirse una regulación específica de la inteligencia artificial por sectores. Lo que olvida es que se presentó el mismo patrón argumentativo contra el Reglamento General de Protección de Datos de la ue. Pero en vano, y con razón. Porque una normativa puramente sectorial deja sin regular demasiadas aplicaciones de la inteligencia artificial de uso general y, en su complejidad, abruma tanto a quien legisla como a la ciudadanía. Primero necesitamos fundamentos horizontales y generales. Luego se podrán agregar especificaciones por sector.

Cuestiones éticas

Cuando se pone todo esto en contexto, hay un denominador común claro: el intento de evitar responsabilidades, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Y todo surge de un pequeño grupo de empresas que tienen en sus manos un poder sin precedentes. El debate sobre las cuestiones éticas de la inteligencia artificial ya ha expuesto los innumerables desafíos en el ámbito de los derechos fundamentales y el Estado de derecho en este contexto. Es evidente que la inteligencia artificial no puede servir al bien público sin reglas claras. El potencial de la inteligencia artificial obliga a no correr los mismos riesgos que cuando se introdujo internet, que en su momento provocó un vacío legal. Las posibilidades de esta nueva tecnología son tan inmensas que pueden causar estragos y daños irreversibles a la sociedad. Pero mientras que hoy la inteligencia artificial es desarrollada por empresas gigantescas con presupuestos de miles de millones, están regresando los ingenuos argumentos con los que se causó mucho daño en las fases tempranas de internet.

También está claro que los numerosos conflictos de intereses entre empresas y público en relación con la inteligencia artificial no pueden resolverse mediante códigos de ética laxos ni autorregulación. Pero eso no significa que las empresas no deban contribuir a la discusión sobre los desafíos éticos y legales. Muchas de las personas que trabajan para estas empresas tienen las mejores intenciones y pueden hacer importantes aportes al debate. También se puede observar una cierta diferenciación en las actitudes hacia la legislación, según sea el modelo de negocio. Microsoft, que gana mucho dinero por servicios al gobierno y la administración pública, se posiciona de manera más constructiva frente al Estado de derecho y la democracia que otras empresas.

En vista de los enormes presupuestos con los que las megacorporaciones están presentes en muchos ámbitos de la ciencia, la sociedad civil y la opinión pública, es importante que todos quienes participan de la gran discusión sobre la regulación de internet y las nuevas tecnologías ofrezcan información clara sobre relaciones laborales, financiamiento u otras transferencias de servicios y expongan de manera abierta los conflictos de intereses.

Resulta sorprendente hasta qué punto los defensores de una legislación sobre inteligencia artificial estuvieron inicialmente a la defensiva, a pesar de que existe una larga historia de regulaciones legales en el ámbito de la tecnología. Todo arquitecto debe, en el curso de sus estudios universitarios, familiarizarse con las normas de construcción para salvaguardar el interés público, por ejemplo, en la construcción de edificios a prueba de derrumbes. Cada automóvil debe superar varias pruebas para garantizar la seguridad vial. La introducción de los cinturones de seguridad obligatorios, muy resistidos por la industria automotriz y los clubes automovilísticos, finalmente redujo a la mitad la cantidad de muertes en carreteras. Una y otra vez, la sociedad ha visto que, ante la aparición de nuevas tecnologías, es la regulación legal y no la desregulación lo que beneficia al interés público.

Los estímulos para reflexionar sobre la inteligencia artificial no solo han demostrado la multitud de exigencias que las nuevas tecnologías imponen a la legislación, la democracia y los derechos individuales. También han dado lugar a algunos catálogos de reglas éticas en esta área. Por ejemplo, Alan Winfield, profesor de Ética Robótica en la Universidad de Bristol, enumera diez códigos de conducta relacionados con la inteligencia artificial. Las últimas contribuciones a esta lista son la declaración del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Inteligencia Artificial Fiable del 18 de abril de 2019 y el informe de la Comisión Alemana de Ética de Datos, presentado el 23 de octubre de 2019. Por tanto, no faltan propuestas sobre principios éticos en el tratamiento de la inteligencia artificial.

Un interrogante es si, después de la experiencia con una internet libre de todo marco legal, nuestra democracia debe volver a exponerse al riesgo de una tecnología omnipresente y decisiva, que puede tener efectos negativos sustanciales si no se la regula. A diferencia de internet, la inteligencia artificial no es producto de unos pocos académicos e idealistas, sino de las poderosísimas empresas de internet que la controlan. Mientras tanto, algunos representantes de estas empresas han llegado recientemente a la misma conclusión y han pedido una legislación sobre inteligencia artificial. También la canciller alemana Angela Merkel ha pedido, durante la conferencia del g-7 en Japón, una regulación legal de la inteligencia artificial, tal como lo es el Reglamento General de Protección de Datos (rgpd). La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo, a modo de orientación, que la Comisión Europea presentaría una propuesta para regular la inteligencia artificial dentro de los 100 días posteriores a su asunción, ocurrida el 1o de noviembre de 20191.Todos los argumentos que ahora se utilizan en contra de una ley de inteligencia artificial fueron expuestos antes de 1995, cuando se introdujo la primera directiva de protección de datos personales en la ue. Luego se lo volvió a hacer durante las negociaciones sobre el rgpd en los años 2012 a 2016. Ninguno de los argumentos pudo convencer a los legisladores, y con razón. La afirmación de que la ley no puede seguir el veloz ritmo de desarrollo de la tecnología o los modelos comerciales ha sido refutada por la legislación europea tecnológicamente neutra2. El rgpd es un ejemplo de legislación moderna y tecnológicamente neutra, cuyo significado y relevancia evolucionan a la par del progreso tecnológico, incluida la inteligencia artificial.

Falacia y afirmaciones

La afirmación de que el derecho no es lo suficientemente preciso para regular tecnologías complejas y que una ley que no se adentre absolutamente en los detalles de un código preciso y fácil de usar no puede ser una buena ley constituye otra falacia por parte de los programadores. Por definición, el proceso democrático de elaboración de leyes es un acuerdo. El rgpd se negoció, durante el procedimiento parlamentario, sobre la base de casi 4.000 sugerencias individuales de mejora.

Las leyes (generalmente) las hacen personas razonables y, en caso de un conflicto legal, las interpretan jueces razonables. Este proceso abierto de elaboración de leyes y su posterior interpretación le confiere a la ley flexibilidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Las leyes no tienen que reescribirse una y otra vez como los códigos de programación, que deben ser revisados constantemente desde la versión 1.0 en adelante.

Para decirlo claramente: exigir que una ley sea tan precisa o tan rápidamente actualizable como un código de programación es antidemocrático. Esta exigencia ignora tanto el principio de deliberación y acuerdo en una democracia como el tiempo requerido para el debido proceso.

Por cierto, los grupos de presión no tuvieron ningún problema en evaluar los diversos anteproyectos del rgpd de manera completamente contradictoria: por un lado, como demasiado imprecisos para crear seguridad jurídica y, por el otro, como demasiado detallistas y no suficientemente abiertos y flexibles. Estas críticas encontradas prueban que se deber evitar la ley a toda costa recurriendo al descrédito. La afirmación de que la ley es demasiado inflexible para seguir el ritmo de los desarrollos tecnológicos es básicamente una forma más elegante de parafrasear lo que los neoliberales siempre han dicho: no queremos ninguna obligación legal, porque entonces se nos podrían atribuir responsabilidades legales.

Por lo demás, quienes abogan por una ética de la inteligencia artificial afirman lo mismo. El mundo de los negocios no tiene problemas con los códigos éticos, ya que estos carecen de legitimación democrática y no pueden ser impuestos por fuerza de ley. Pero esta es precisamente la principal ventaja del derecho sobre la ética: con la verosímil amenaza de sanciones anima a los desarrolladores a trabajar en pos del interés público.

Toda tecnología tiene que convivir con la realidad de que la ley le marque límites. Es hora de que Silicon Valley y la industria digital de internet acepten esta necesidad democrática. En un momento en que internet y la inteligencia artificial lo atraviesan todo, la falta de regulación de estas tecnologías claves podría significar el fin de la democracia. Las reglas éticas pueden ser una etapa preliminar y una ayuda orientadora en el camino hacia la legislación y pueden proporcionar contenido para leyes posteriores. Pero no pueden reemplazar la ley, carecen de la legitimidad democrática y la naturaleza vinculante con que los gobiernos y los tribunales pueden hacer cumplir las leyes.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y Brad Smith, presidente de Microsoft, han pedido recientemente en textos programáticos una legislación. Pero cuando esto se concreta, las empresas vuelven a lanzar la máquina de lobby contra una legislación eficaz para salvaguardar los datos y la privacidad. Esto se pudo observar hace muy poco en eeuu, tanto en California como en el estado de Washington, donde Microsoft tiene su sede. Además del derecho, también habrá espacio para una ética que vaya más allá de lo que exige la ley: las normas éticas internas de las empresas son buenas si son coherentes con la legislación del país en cuestión y si van más allá, por ejemplo, en lo que respecta al interés público.

Muchas de las cosas buenas que quieren hacer las empresas de Silicon Valley son bienvenidas. Pero esto no puede eximirlas de actuar dentro de la ley y el orden y respetando el proceso democrático. También está completamente claro que el rgpd debe aplicarse siempre que la inteligencia artificial trabaje con datos personales. El rgpd contiene derechos importantes para los consumidores sobre cómo se pueden usar sus datos, y estas reglas también influirán en el diseño de una inteligencia artificial. Los principios de protección de datos del rgpd son una guía importante para la inteligencia artificial, al igual que los límites al tratamiento automatizado de datos y los derechos a la información de los afectados. También está cobrando importancia, en lo que respecta a la inteligencia artificial, la evaluación de las consecuencias del tratamiento de datos personales para las personas afectadas, necesaria en determinadas condiciones. En este aspecto, no se necesita ninguna legislación nueva. Sin embargo, los principios del rgpd con respecto a la inteligencia artificial también deben aplicarse al tratamiento mediante inteligencia artificial de datos que no son personales.

En el discurso democrático, no obstante, es igualmente importante saber si el interlocutor es una persona o una máquina. Si las máquinas participan en el discurso político sin ser identificadas como tales, o si se hacen pasar por personas impunemente, puede producirse una grave distorsión del discurso, lo cual sería insostenible para una democracia. Hasta ahora, ninguna ley nos garantiza que seremos informados si quien entabla un diálogo con nosotros en un contexto político es una máquina.

Sin embargo, un discurso político transparente entre personas es la clave de la democracia. El «principio de materialidad» estipula que se debe, por ley, dejar claro si quien está hablando es una máquina o una persona. Las máquinas no identificadas y, más aún, las máquinas disfrazadas de personas deben ser sancionadas. Quienes controlan la infraestructura del discurso político deben asumir la responsabilidad de establecer una transparencia total. Se necesitan nuevas leyes para ello.

Pero podemos ser optimistas en cuanto a que las regulaciones detalladas de la ue para la lucha contra la discriminación y la protección del consumidor también se aplicarán en el campo de la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta esto, es necesario considerar algunos principios básicos de la legislación sobre la inteligencia artificial.

Si bien en Europa la ponderación parlamentaria de la tecnología basada en el principio de responsabilidad de Hans Jonas es ya una rutina y considera que la evaluación del impacto es un elemento clave del principio de precaución, esto no es así en eeuu. Allí, la Oficina de Evaluación de Tecnología (ota, por sus siglas en inglés) se cerró durante el gobierno de Ronald Reagan, una victoria temprana para el movimiento anticiencia. Hillary Clinton anunció en su campaña electoral de 2016 que quería reabrir este órgano o uno similar.

Evaluación de impacto en tres niveles

En Europa, sin embargo, siguen vigentes el principio y el método de evaluación de los efectos a corto y largo plazo de las nuevas tecnologías y el consiguiente asesoramiento político. La Red de Evaluación de Tecnología Parlamentaria Europea (epta, por sus siglas en inglés) reúne los métodos y las evaluaciones de impacto para los parlamentos europeos en una base de datos común. Para fortalecer la confianza en la tecnología en la era de la inteligencia artificial, en tiempos en que la tecnología gana cada vez más terreno en todas las áreas de nuestras vidas, es necesaria una evaluación de impacto en tres niveles.

Primero, como se ha descripto, una evaluación parlamentaria de impacto en el nivel político y legislativo. El objetivo en este caso es averiguar qué áreas afectará una nueva tecnología y qué debe hacer el Poder Legislativo para que sea preservado el interés público. Idealmente, esta evaluación de impacto debería tener lugar antes de que se utilicen tecnologías de alto riesgo. El poder de decisión con respecto a las consecuencias que han sido examinadas en una evaluación de impacto hecha por expertos debe estar en manos del gobierno o del Poder Legislativo, lo que en el nivel de la ue sería área de responsabilidad de la Comisión y el Consejo, así como del Parlamento a modo de colegislativo.

El segundo nivel se refiere a los desarrolladores y usuarios de nuevas tecnologías. Sería importante que se introdujera en relación con la inteligencia artificial una obligación legal para las empresas de realizar una evaluación de impacto de sus productos. Tal obligación legal ya existe para datos personales que se utilizan en procesos automatizados de toma de decisiones. Esto debería extenderse a todos los ámbitos de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Al menos si la inteligencia artificial tiene potencial para ser utilizada en el ámbito del ejercicio público del poder, es decir, en el ámbito democrático y político o en el ámbito de los servicios de interés general, independientemente de si se tratan datos personales o no.

Las evaluaciones de impacto en el nivel de desarrollador y usuario favorecerían la comprensión pública de la inteligencia artificial allí donde actualmente sigue faltando transparencia y conocimiento sobre los efectos. Las evaluaciones también ayudarían a que los directores ejecutivos y desarrolladores admitan el poder que realmente ejercen mediante sus productos. Así podría desarrollarse en la industria tecnológica una nueva cultura de responsabilidad por la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.

Los estándares para ese tipo de evaluaciones de impacto antes de la difusión de la inteligencia artificial deberían establecerse en una ley redactada en términos generales, de manera similar a la obligación de realizar una evaluación de impacto en el rgpd. El Estado debe controlar el cumplimiento y debe haber sanciones severas en caso de incumplimiento. Si la inteligencia artificial va a ser utilizada por el Estado o se va a difundir ampliamente en la sociedad, la evaluación de impacto debería ser publicada. Si la tecnología es de alto riesgo, el gobierno debe realizar sus propios análisis y elaborar un plan para minimizar riesgos. Sin diferenciar entre sector público y privado, la resolución del Parlamento Europeo del 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil sobre robótica (2015/2103/inl) representa el plan mejor desarrollado hasta la fecha para manejar la inteligencia artificial. Contiene certificaciones ex ante y el marco legal para la investigación, el desarrollo y el uso.

En el tercer nivel, a las personas debería asistirlas el derecho legal de estar informadas sobre la funcionalidad exacta de la inteligencia artificial que están utilizando. ¿Qué lógicas sigue? ¿Cómo afecta su uso los propios intereses o los intereses de terceros? Esta obligación de proporcionar información también debería existir aunque no se estén procesando datos personales. En este caso, ya existe la obligación legal en el rgpd.

En este contexto, debe rechazarse la exigencia de los gigantes tecnológicos de mantener en secreto los modos de funcionamiento y los procesos de toma de decisiones de la inteligencia artificial. Ya existen numerosos proyectos de investigación sobre la explicabilidad de la inteligencia artificial. Y aunque existe al menos la obligación legal de proporcionar información cuando están involucrados actores estatales, la realidad es que las empresas mantienen mayormente en secreto los modos en que funciona su inteligencia artificial y las autoridades públicas no pueden cumplir con su obligación de proporcionar información si quieren utilizar esta tecnología.

Por todas estas razones, necesitamos una profunda evaluación de impacto de la inteligencia artificial en los tres niveles mencionados para seguir adelante con el diálogo entre tecnología y democracia. Esto es crucial en un momento en que la inteligencia artificial se está volviendo omnipresente e influye cada vez más en nuestras vidas. Si del debate público resulta una nueva conciencia de la responsabilidad por la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho, entonces la inteligencia artificial se habrá ganado una buena cuota de confianza y aceptación en la sociedad.

  • 1.

En 2021 se presentó un proyecto para avanzar en la regulación. Ver Marimar Jiménez: «La ue establece líneas rojas a la inteligencia artificial. ¿Por qué, cuáles son, a quién afectan?», suplemento «Cinco días» en El País, 22/4/2021 [N. del E.].

  • 2.

El principio de neutralidad tecnológica sostiene que el Estado no ha de imponer preferencias a favor o en contra de una determinada tecnología [N. del E.].


Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 294, Julio - Agosto 2021, ISSN: 0251-3552

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El Salvador: en un año Nayib Bukele copó los tres poderes

En lo que va del año, Nayib Bukele tomó una serie de medidas que alarmaron a las organizaciones sociales salvadoreñas y provocaron un protesta masiva la semana pasada. Desde la reforma de la carrera judicial que implicaría la expulsión automática de un tercio de los casi 700 jueces de todo el país y la destitución de jueces para imponer magistrados afines al mandatario, hasta la decisión de no avanzar en proyectos de ley que podían significar la ampliación de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en el país centroamericano, el avance sobre las instituciones del mandatario salvadoreño no parece tener límites.

Bicentenario salvadoreño

El año del bicentenario de la independencia centroamericana tuvo entre sus primeras marcas el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, que consiguió una mayoría en la Asamblea Legislativa. La primera moción del congreso de mayoría oficialista resolvió la destitución de cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron sustituidos por magistrados cercanos al mandatario.

Para Saúl Baños, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el avance contra el modelo democrático comenzó en 2020 cuando Bukele buscaba la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. “Lo que ocurrió el nueve de febrero de 2020 cuando el presidente de la república y miembros del ejército y la policía irrumpieron en el palacio legislativo. Un intento de golpe prácticamente y no hubo sanción”, afirmó Baños a Página/12.

En 2021, con el triunfo electoral del partido Nuevas Ideas, el mandatario volvió a avanzar. “En la primera sesión plenario, un sábado, inusual, nos sorprendió a toda la población ya que con dispensa de trámite la primera moción fue la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. Los depusieron del cargo de manera inconstitucional y nombraron a los sustitutos”, explicó el experto. El paso siguiente fue la destitución del fiscal general y el nombramiento inmediato de un sustituto. “Con esa acción se hizo de buena parte del poder y con eso trastocó el régimen republicano”, subrayó.

Concentración de poderes

“Tienen el ejecutivo y la asamblea legislativa, que fue resultado de una elección pero que terminó cooptando la sala constitucional”, puntualizó Baños, quien también se refirió a las decisiones que tomó el congreso. “Van en retroceso de lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo,aprobaron la ley Alabi, que da amparo de impunidad para que no se investiguen las compras estatales de 2020. Son decisiones que impiden que la ciudadanía solicite y conozca cómo se manejan los fondos públicos. La ley de bitcoin, (primer país delmundo que oficializa una criptomoneda) fue aprobada de manera inconsulta, sin discusión legislativa, en un madrugón”, recordó. Mientras que los nuevos magistrados le dieron luz verde a Bukele para que pueda aspirar a un nuevo mandato en 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohibe expresamente las reelecciones presidenciales sucesivas.

“Tenían que transcurrir dos mandatos (10 años), pero con esa resolución de la sala impuesta permite la relección del presidente. Faltan dos años para que termine esta administración, pero la sala ya autorizó al presidente para que se pueda reelegir ignorando la jurisprudencia constitucional”, señaló Baños.

Reforma a la carrera judicial

Otra de las decisiones que preocupa a las organizaciones sociales fue la reforma de la ley de la carrera judicial, que según Baños también se introdujo con dispensa de trámite y sin deliberación. La semana pasada Bukele, de 40 años,  promulgó la ley que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una normativa similar para los fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso -de mayoría oficialista- el pasado 31 de agosto.

“Se establece que por esa reforma todos los jueces y juezas que tengan 60 años o más o que cumplieron 30 años de servicio deberán ser reemplazados”, explicó. Entre los jueces que deberán dejar su cargo a partir del 25 de septiembre, cuando entra en vigencia la reforma, está el juez Jorge Guzmán que investiga la matanza de El Mozote en 1981. En 2020 Guzmán pidió a la Fiscalía investigar y determinar si Bukele cometió algún delito en el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En los documentos el juez buscaba información sobre el operativo militar que derivó en la famosa masacre.

 “Hacer una reforma a la ley de la carrera judicial de esa manera no persigue hacer un proceso de depuración. Porqué únicamente a los jueces que tienen 60 años de edad, ahí se están yendo jueces con una experiencia enorme. Los propósitos son otros”, afirmó Baños. Los diputados de Nuevas Ideas habían promovido la reforma asegurando que la medida busca depurar el sistema judicial y combatir la corrupción. Pero en el texto no están mencionadas las presuntas prácticas de corrupción.

 “La corrupción es un argumento que les sirve. Pero hay un mecanismo para hacerlo, un debido proceso. Acá no se respetó lo que establece la Constitución. Distintas organizaciones como la que represento venimos planteando la necesaria depuración del sistema judicial, tanto altas cortes como jueces de primera instancia, pero se debe seguir respetando las normas para facultar el proceso”, indicó Baños.

Retroceso en derechos

Por otro lado, el presidente salvadoreño decidió eliminar la inclusión de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia del proyecto de reforma constitucional de su gobierno. "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió el mandatario en sus redes sociales.

El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al prohibir totalmente la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. En este sentido, Morena Herrara, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, rechazó la decisión del mandatario salvadoreño. “Nosotras lamentamos la posición que ha expresado el presidente porque está negando los derechos de las mujeres y no advierte las consecuencias de una legislación draconiano y de unas políticas públicas que están condenando a niñas y a mujeres”, dijo en diálogo con Página/12. “Nosotras tenemos una visión de que las cosas no están cerradas, que este gobierno actúa por conveniencia política, por imagen en medios de comunicación y en redes sociales. Seguimos reivindicando la responsabilidad que tienen de garantizar la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos de las personas que se identifican desde las disidencias sexo genéricas”, agregó.

Para Herrera es fundamental por un lado mantener vivas las demandas y aumentar la presión social y por otro lado la necesidad de que escuchen a la comunidad internacional. En este sentido explicó que en este momento hay dos demandas en el sistema interamericano de derechos humanos, una es la de una campesina llamada Manuela, condenada a 30añosdeprisión por abortar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso se conocerá en los próximos meses. La otra causa se conoce como Beatriz vs El Salvador.

En el caso de Manuela está enfocada en la violación de derechos por la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y que fueron acusadas de aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Es un proceso que tiene relación con el contexto de penalización absoluta del aborto, pero no es específico sobre aborto. En el caso de Beatriz sí es una demanda específica sobre aborto y ahí pensamos que el carácter de obligado cumplimiento de las sentencias de la corte jugará un papel en las políticas y legislación de El Salvador”, afirmó Herrera, quien también reivindicó la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de la separación de poderes.

“Vemos un panorama difícil en El Salvador, pero esta es la realidad en la que vivimos y en la que necesitamos construir alternativas. No es la primera vez que se cierran espacios y consideramos que no nos queda otro camino que continuar luchando, incidiendo y transformando la realidad, convenciendo a la población de la importancia de estos derechos”.

Protesta

El pasado 15 de septiembre entre 5000 y 8000 manifestantes salieron a las calles de San Salvador para intentar poner un freno a los abusos de poder en la primera protesta masiva del mandato de Bukele. "Más allá de la cantidad de gente," escribió el corrresponsal de El País de España.  "Bukele fue derrotado en dos escenarios en los que hasta ahora no tenía rival: la calle y las redes. La convocatoria se convirtió en tendencia desde el día anterior y terminó con el silencio después de varios meses de polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera del país; desde Estados Unidos, que lo comparó con Hugo Chávez, a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial."

La respuesta Bukele no se hizo esperar. Primero cambió la descripción de su cuenta de Twitter, autodefiniéndose como "dictador de El Salvador" y horas más tarde subió la apuesta: pasó a llamarse “el dictador más cool del mundo mundial”.

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La jefa del Tesoro de EEUU advierte sobre una "catástrofe económica" por la deuda del país

Si el Congreso no eleva el techo de la deuda, EEUU se "hundirá" en una crisis financiera, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a los legisladores. El Departamento del Tesoro ya invocó medidas de ahorro de emergencia y así evitar que la economía más endeudada del mundo incumpla sus compromisos que ascienden a billones de dólares.

"EEUU siempre ha pagado sus facturas a tiempo, pero el consenso abrumador entre los economistas y los funcionarios del Tesoro de ambos partidos es que no aumentar el límite de la deuda produciría una catástrofe económica generalizada", escribió Janet Yellen en un artículo de opinión para el diario Wall Street Journal.

La jefa del Tesoro enfatizó que "en cuestión de días" millones de estadounidenses podrían tener problemas de efectivo. "Podríamos ver retrasos indefinidos en pagos críticos y casi 50 millones de personas mayores podrían dejar de recibir cheques del seguro social por un tiempo. Las tropas podrían quedarse sin paga. Millones de familias que dependen de los créditos fiscales mensuales por hijos podrían sufrir retrasos. EEUU, en definitiva, incumpliría con sus obligaciones", advirtió la responsable de las arcas públicas del país.

El artículo de Yellen llega justo cuando aumenta la presión sobre los demócratas para que voten por elevar el techo de la deuda antes de que en octubre se agoten las reservas para pagar las deudas existentes del Gobierno federal. El Congreso no extendió la suspensión del techo de la deuda antes de partir para unas vacaciones de seis semanas y los republicanos, encabezados por el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, han prometido no apoyar el aumento del límite, supuestamente por un sentido de conservadurismo fiscal.

El techo existente se restableció el 1 de agosto, cuando la deuda estadounidense se situó en unos 28,4 billones de dólares. Esa cifra supone más del 150% del PIB de la economía estadounidense, la más grande y también la más endeudada del mundo. En agosto, el Departamento del Tesoro invocó medidas de emergencia para ahorrar efectivo y así evitar que EEUU incumpla sus decenas de billones de dólares de deuda federal.

Para evitar un cierre de Gobierno, los legisladores deberán aprobar un proyecto de ley de financiación temporal de emergencia, conocida como resolución continua. EEUU ya ha experimentado este escenario unas 10 veces desde 1980, incluido un cierre de 35 días entre finales de 2018 y principios de 2019 durante la Administración Trump.

El Congreso ha elevado el techo de la deuda de EEUU aproximadamente 80 veces desde los años sesenta. Estimaciones apuntan a que, para el 2029, el total de la deuda federal más otras obligaciones públicas y privadas ascenderá a unos 89 billones de dólares o más de cuatro veces la economía estadounidense actual.

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Un grupo de gente se aglomera para protestar frente a la sede de Evergrande en Shenzhen, en el sureste de China, el pasado 16 de septiembre.NOEL CELIS / AFP

Los mercados temen que el gigante del ‘ladrillo’, el más endeudado del mundo, pueda quebrar ante los vencimientos millonarios de esta semana

 

Pekín - 20 sept 2021 - 17:01 CEST

La crisis de liquidez de Evergrande, una de las principales inmobiliarias de China y la promotora más endeudada del mundo, se deteriora a marchas forzadas. Las Bolsas asiáticas se desplomaron este lunes ante el temor a una quiebra de la compañía que pueda arrastrar al sector en China e incluso en toda Asia. El gigante con sede en Shenzhen afronta pagos millonarios de intereses esta semana y los analistas temen que no pueda satisfacerlos. Los mercados temen que, si Pekín no interviene, las dificultades de Evergrande puedan desatar una ola de quiebras y contaminar al sector financiero, que bombeó créditos a compañías y compradores.

Evergrande, que acumula deudas oficialmente por valor de más de 300.000 millones de dólares (unos 255.000 millones de euros) ―el 2% del PIB chino, o el tamaño de toda la economía de Sudáfrica―, debe pagar este jueves intereses por valor de 84 millones de dólares (71,6 millones de euros) de sus bonos offshore, y otros 47,5 millones (unos 40 millones de euros) el próximo miércoles 29. En una jornada festiva en las bolsas de la China continental, la cotización de la compañía retrocedió este lunes un 10% en los mercados de Hong Kong, para quedar en su nivel más bajo en los últimos 11 años. El índice Hang Seng Inmobiliario cayó cerca de un 7%, hasta un su valor más bajo desde 2016, mientras que el índice general de la bolsa hongkonesa cerró en mínimos anuales. Las pérdidas se replicaron horas más tarde en los mercados europeos y norteamericanos, que se tiñeron de rojo.

La firma, fundada en 1996 y convertida en símbolo de los excesos de la burbuja inmobiliaria china, creció de modo desmesurado en los años de bonanza de las dos primeras décadas de este siglo. Su modelo de negocio aprovechó el crédito fácil para construir con dinero prestado ―por los bancos, por sus proveedores, de sus clientes e incluso por sus empleados― edificaciones que vendía antes de estar terminadas. Con ese dinero ejecutaba nuevos proyectos.

El modelo le permitió expandirse en numerosos sectores, desde el financiero, a través de una unidad de gestión de la riqueza, a los vehículos eléctricos, pasando por el fútbol. Pero el año pasado comenzó a verse en dificultades, a raíz de una serie de medidas adoptadas por los organismos reguladores para evitar unos niveles de deuda alarmantes en la economía china, y en el sector inmobiliario en concreto: esta industria acumula cinco billones de dólares de endeudamiento (4,26 billones de euros). Entre otras medidas, las compañías ya no puede recurrir a la venta por adelantado de sus promociones, lo cual ha supuesto graves problemas de liquidez para Evergrande.

Según la revista Caixin, el grupo tiene en construcción cerca de 800 proyectos, de los que la mitad se han paralizado debido a la escasez de efectivo. Ha puesto en marcha un plan de desinversiones y de venta de sus promociones a precios rebajados para hacerse con liquidez, mientras intenta renegociar los plazos para la devolución de deuda a sus acreedores. Pero las protestas de suministradores o pequeños inversores de vivienda que reclaman su dinero se han convertido casi en un acontecimiento diario en su sede de Shenzhen. Un banquero cuya entidad es una importante acreedora de Evergrande ha declarado a Caixin que hay un “99,99%” de posibilidades de que la promotora no pueda hacer frente a los intereses de su deuda en el tercer trimestre. En lo que va de año, las acciones de la compañía han perdido en torno a un 90% de su valor, y las agencias de calificación de riesgo han relegado su crédito a la categoría de bonos basura.

Una plantilla de 200.000 trabajadores

Ahora, los compradores de vivienda que adelantaron depósitos para hacerse con alguno de los apartamentos que construía Evergrande encaran la posibilidad de que sus pisos no lleguen a terminarse. Los contratistas y suministradores se arriesgan a no poder recibir pagos por los servicios prestados, lo cual a su vez puede provocarles una crisis de liquidez que ponga en peligro su propia subsistencia. Al mismo tiempo, los bancos y otras entidades que facilitaron créditos a la compañía pueden no recibir el dinero que esta les debe, lo cual podría acarrear graves consecuencias para todo el sistema financiero: cerca de 300 firmas son acreedoras de préstamos desembolsados a Evergrande. Una quiebra de la inmobiliaria podría provocar un encarecimiento del crédito, entre otras cuestiones.

Una de las grandes incógnitas, por el momento, es si el Gobierno chino considerará acudirá al rescate del gigante, que emplea a 200.000 personas directamente y de la que dependen otros 3,8 millones de trabajos indirectamente. O si dejará a su suerte a Evergrande, como una especie de aviso a navegantes en una economía china donde la deuda acumulada es uno de los grandes problemas. El director del periódico de ideología nacionalista Global Times, Hu Xijin, ha escrito en su blog personal que Evergrande no debería apostar por un rescate del gobierno, sino recurrir a los mecanismos de mercado para evitar su desplome. Pero otros no opinan lo mismo.

“Sospechamos que las autoridades intervendrán, pero optarán por una reestructuración organizada más que un rescate. Lo más probable es que algo así ayudase a los compradores de vivienda afectados, mientras que los acreedores privados tendrían que asumir algunos costes”, considera la consultora Capital Economics en una nota. “Dado lo hinchado que está el sector de la promoción inmobiliaria, podría haber toda una ola de quiebras a la vuelta de la esquina, lo que tendría el potencial de precipitar un aterrizaje duro. Pero llegados a ese punto probablemente se pueda contar con medidas estatales para impedir un estrangulamiento del crédito en China; con todos sus defectos, esta es una de las ventajas de contar con un sistema financiero muy controlado, en lugar de un sistema de mercado más libre”, agrega la consultora.


 Las claves del 'crash' de la inmobiliaria china Evergrande, que invoca el fantasma de una crisis como la de Lehman Brothers

La empresa mantiene con bancos, inversores y fondos una deuda de más de 250.000 millones de euros a la que no parece poder hacer frente, lo que entraña riesgos de contagio en la segunda economía del mundo, y la posibilidad de que salte sus fronteras, y augura conflictos sociales por la volatilización de ahorros de familias que no han recibido sus casas.

 

20/09/2021 23:09

Eduardo Bayona@e_bayona

Diario Público

La inmobiliaria china Evergrande, uno de los gigantes empresariales de la segunda economía del mundo, se dirige a la quiebra en un proceso que tiene en vilo al mundo de las finanzas por los evidentes riesgos de contagio que esa situación genera en una economía globalizada e interconectada, en un episodio que pone sobre la mesa la existencia de una crisis de deuda en el país asiático al mismo tiempo que augura conflictos sociales en él ante la volatilización de los ahorros de miles de familias que no van a recibir las casas en las que los habían invertido.

Las bolsas asiáticas y occidentales registraron este lunes notables caídas (la española cayó de los 8.700 puntos) al aparecer como inminente la situación de insolvencia de la empresa, que hace ya semanas que perdió el apoyo de bancos occidentales que operan en Asia en sus intentos por refinanciarse y soltar lastre, mientras los analistas debaten sobre si va a tratarse de un caso aislado o en realidad es, como ocurrió con el banco estadounidense Lehman Brothers, un síntoma de algo más inquietante y de alcance global.

"El grupo tiene riesgos de impago de préstamos y litigios fuera de su curso normal de negocios", admitió la compañía en un comunicado difundido hace tres semanas.

¿Qué es Evergrande?

Con sede en Shenzhen, en el sur del país, se trata de una de las principales empresas del sector inmobiliario chino, en el que maneja una cartera de 1.300 proyectos en 280 ciudades. Según el portal de datos financieros Tradingview, al cierre de 2020 sus activos sumaban un valor de 351.878 millones de dólares, tras crecer casi un 30% en tres años, y su pasivo 297.888.

¿Cuál es hoy la situación de su negocio?

Sin embargo, pese a esa aparente solvencia, a fecha de hoy arrastra deudas por valor de 254.000 millones de euros, el equivalente a un 2% del PIB de China (y a casi un 23% del español), y no dispone de recursos para pagar los 70 que le exige una emisión de bonos que vence esta semana y otra de algo más de 40 que lo hace a fin de mes.
Sus compromisos de pago alcanzan los 570 millones de euros hasta final de año mientras sus ventas se encuentran en caída libre, y sus acciones valían ayer 8,75 dólares, la quinta parte que a principios de año, tras derrumbarse su valor en la bolsa de Shangai. Esa caída arrastró a la baja a los mercados bursátiles de varios países asiáticos y occidentales, en la enésima manifestación de la hipersensibilidad de los parquets.

¿En qué consisten sus problemas financieros?

Tienen dos vertientes: por un lado, tiene problemas más que serios para hacer frente a esas deudas, en las que figuran como acreedores principalmente bancos, inversores y fondos chinos, y, por otro, lleva camino de dejar colgadas a miles de familias que habían entregado sus ahorros como entradas para adquirir unas casas que tienen bastantes probabilidades de acabar por no recibir. A eso se le suma el futuro de sus 200.000 empleados, en un cuadro que evoca, aunque con magnitudes mucho mayores, lo ocurrido en el sector del ladrillo en España durante la primera década de este siglo.

¿Eso puede tener repercusiones internacionales?

Está por ver, aunque el modelo económico de la globalización apunta más en esa dirección que en la opuesta: Evergrande tiene un problema de solvencia y sus acreedores se enfrentan a otro de liquidez por valor de 255.000 millones de euros que no van a recuperar, o al menos no en su totalidad, algo que, obviamente, les hará replantearse sus políticas de negocio y de inversión tanto en el interior de China como en sus operaciones en el exterior. Eso, si el crash de la inmobiliaria, que amenaza con provocar parones productivos y en los planes de inversión de los afectados, no se los lleva por delante claro.

¿Cómo lo ven los analistas?

"No afectará directamente a bancos europeos por no tener pasivos directos, pero en una economía interconectada puede haber efectos en pocos pasos", explica Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada en la universidad Complutense, quien alerta del riesgo de que puedan producirse "quiebras en cadena" y "cierres de mercados" a partir de la insolvencia de Evergrande.

Fuentes del sector de la inversión, por su parte, descartan que pueda haber afecciones en los mercados internacionales, informa Europa Press. "Para que el contagio llegue a los mercados financieros mundiales sería necesario que los efectos de la situación de Evergrande de segundo y tercer orden desencadenasen una crisis interna mucho mayor en China, algo que consideramos improbable", indicó Paul Lukaszewski, responsable de deuda corporativa en la región de Asia-Pacífico de Aberdeen Standard Investments, que tampoco cree que haya un riesgo de contagio en los mercados mundiales.

No obstante, empresas como Amundi, uno de los principales gestores de activos financieros de Europa y que tiene intereses en empresas españolas como Repsol, se encontraban hace unos meses entre los principales tenedores de bonos de Evergrande.

¿Qué hace el Gobierno chino?

En principio, nada, ni siquiera pronunciarse, lo que en algunos ámbitos se interpreta como una decisión de dejarla caer mientras en otros, más oficialistas, se apunta a que la empresa puede superar esta crisis por sus propios medios y que, en todo caso, no seria el momento para un eventual rescate.

¿Hay similitudes entre la situación actual de Evergrande y la de Lehman Brothers en 2008?

Ninguna de ellas tenía, más allá de las aportaciones de dinero de los compradores de las viviendas en el caso de Evergrande, depósitos de sus clientes. Ambas funcionaban a base de endeudamiento. Y en los dos casos sus instrumentos de deuda perdieron valor, lo que activa la cadena de insolvencia en sus titulares, que ven cómo el dinero prestado o invertido en esas firmas se esfuma.

La quiebra de Lehman fue un síntoma de la crisis financiera que estalló a finales de la pasada década, con el trasiego de las hipotecas ‘subprime’ y otros activos tóxicos como espoleta, mientras que la situación de la inmobiliaria sería la primera afloración de las consecuencias de un endeudamiento desmesurado en el país asiático.

"Esto no le afecta solo a esta compañía ni se trata de algo que comience ahora. La crisis de deuda en China es para echarse a temblar", explica Sánchez Mato, que plantea una de las paradojas que revela la crisis de la inmobiliaria: "¿Cómo se pueden tener 250.000 millones de pasivo en un país socialista? Una burbuja así solo se puede generar en un país capitalista. Empresas como esta y el sector bancario chino utilizan las mismas fórmulas que Wall Street".

"¿Hubiera sido sostenible ese modelo sin una situación de crédito barato?", plantea el economista, que advierte de que esas tendencias burbujeantes de la economía "solo funcionan mientras se mantiene el dopaje del crédito bajo. El problema de la deuda china no es de ahora, viene de atrás. Lo que ocurre ahora es que ha explotado".

¿Hay alguna derivada inmediata para Europa?

Parece lógico que en este escenario se enfríen las intenciones de comenzar a retirar las medidas monetarias de estímulo y de inyección de recursos en el sistema bancario que llevan semanas valorando tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco Central Europeo (BCE). Una retirada de esas medidas implementadas al comienzo de la crisis asociada a la pandemia entrañaría el riesgo de agravar las consecuencias de una eventual crisis global por contagio a partir del crash de Evergrande.

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Lunes, 20 Septiembre 2021 05:34

Violencias

anderas blancas en el National Mall, cerca del Monumento a Washington. El proyecto de la artista Suzanne Brennan Firstenberg requirió más de 600 mil banderas blancas en miniatura para simbolizar las vidas perdidas por el Covid- 19 en Estados Unidos, donde las vacunas están disponibles para todos de manera gratuita.Foto Afp

Hay más de 670 mil banderitas blancas plantadas alrededor del Monumento de Washington marcando el número de muertes por Covid en Estados Unidos, un total que se incrementa por un promedio de otros mil 900 diarios. El total es ya el equivalente a todos los estadunidenses que murieron en las guerras mayores entre 1900 hasta hoy día.

Una de cada 500 personas en Estados Unidos ya han fallecido por la pandemia, la gran mayoría de manera innecesaria. Se reporta ahora que hospitales en varias regiones del país –en particular donde gobiernan políticos de derecha con poblaciones que favorecen a Trump– ya no tienen cupo con sus unidades de terapia intensiva al cien por ciento por la ola de nuevos contagios severos por gente que ha rehusado ser vacunada. Con ello están rechazando a otros casos severos, desde cáncer a operaciones urgentes y más, causando aún más muertes. Todo esto en un país donde está disponible, gratis y para quien la quiera, la vacuna. O sea, la emergencia de salud pública es por decisión política y desinformación activa, y no por el virus.

Asombra que la derecha –desde senadores y diputados federales a gobernadores y legisladores estatales– ha determinado que la muerte de aquellos que representan es un precio aceptable para ganar sus batallas de poder político. Han promovido la idea de que rechazar las vacunas y otras medidas para mitigar la pandemia incluyendo el uso obligado de cubrebocas y la distancia sana en lugares públicos, son intentos de los demócratas para imponer "controles" sobre la población y declaran que esta disputa es nada menos que la gran y gloriosa defensa de "la libertad". No falta los que afirman que estas medidas sanitarias, junto con intentos de ofrecer apoyos para los afectados por las consecuencias económicas de la pandemia, son parte de un complot "socialista".

Esta violencia política derechista que tiene un saldo de 2 mil vidas cada 24 horas ha sido nutrida e intensificada estos últimos años por Trump y sus cómplices republicanos dentro y ahora fuera de la Casa Blanca a nivel federal, como en diversos estados, con el propósito explícito de intentar frenar y hacer fracasar las principales iniciativas de demócratas y fuerzas progresistas es, en torno al Covid, una misión suicida (o por lo menos homicida).

Esa violencia se manifiesta de manera explícita con políticos armados y declarando guerra contra otros estadunidenses. La diputada federal ultraderechista Marge Green dice en un video publicitario que se dedicara hacer estallar la "agenda socialista" demócrata y se graba apuntado un rifle calibre .50 para disparar contra un coche que tiene pintado la palabra "socialismo", el cual explota (https://twitter.com/i/status/1439225130811539457). El gobernador de Georgia, Brian Kemp, en un video para su relección, se muestra armado, hace estallar un explosivo representando la agenda demócrata detrás de él, y amenaza que él personalmente acorralará con su camioneta y armas a “ ilegales criminales”.

Este tipo de políticos han intercalado los temas del rechazo de regulaciones gubernamentales en base de ciencia, el antiaborto, el derecho incondicional a las armas, la supresión del voto de las minorías y criminalizar a los inmigrantes y no pocos han agregado el veneno del supremacismo blanco, en una amenaza real a la democracia estadunidense; sus aliados más extremistas ya son calificados como la principal "amenaza terrorista" al país.

Y están logrando su objetivo. Una encuesta reciente de CNN revela que casi 80 por ciento de las filas republicanas siguen creyendo en la absoluta mentira de Trump de que perdió la eleccion sólo por fraude. Según ellos, los "enemigos" están invadiendo –tanto estadunidenses como inmigrantes– al país y ante ello llaman a montar una "defensa", incluso armada, de su patria.

La cada vez más extrema derecha en Estados Unidos como en tantos otros países está dispuesta a destruir no sólo el país (para rescatarlo) sino el planeta entero, y por lo tanto, la lucha en su contra ya no es un asunto local o nacional, sino trasnacional.

Childish Gambino. This is America. https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY

Rage Against the Machine. Take the Power Back.https://www.youtube.com/watch?v=rMjjsjNBS_4

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Lunes, 20 Septiembre 2021 04:57

La letra escarlata del senderismo

La letra escarlata del senderismo

No hay un solo periódico peruano –independientemente de la tendencia política– que no haya festejado la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder máximo de Sendero Luminoso, subrayando que murió derrotado después de tres décadas de encierro.

La postura de los medios, que coincide en esto con la opinión pública mayoritaria, no contiene ni un atisbo de compasión por un anciano de 86 años aquejado por múltiples enfermedades. Una conocida conductora televisiva ha llegado a indignarse con la BBC por haber definido a Guzmán "líder guerrillero" en vez de "cabecilla terrorista", como parece obligatorio.

No ha de sorprender un rechazo tan profundo y unánime hacia Sendero Luminoso y su fundador: la cadena de atrocidades cometidas en sus 12 años de actividad (1980-92) pertenecen a la categoría de lo deshumano y no podrán jamás ser olvidadas. Un eficaz botón de muestra es la matanza de Lucanamarca (1983), en la provincia de Ayacucho, donde 69 comuneros fueron masacrados con hachas, palos, piedras y armas de fuego porque en la zona se había matado a un mando senderista. Esta cruel matanza, donde perdieron la vida 18 niños, les valió una sentencia de cadena perpetua a Guzmán y a su compañera, Elena Iparraguirre, todavía detenida.

El hecho de que Abimael Guzmán –el Presidente Gonzalo en la nomenclatura senderista–, un profesor de filosofía muy politizado, se reclamara partidario de una ideología tan respetable como el maoísmo, no lo exime de los crímenes cometidos. Su concepción política es una trágica caricatura del maoísmo, su pensamiento "Gonzalo" es una burda imitación de El libro rojo de Mao, una estrategia más genocida que comunista.

De hecho, el senderismo –y en esto colinda con el polpotismo de los khmer rojos– es al comunismo como el Ku Klux Klan es al cristianismo. Más que desviaciones, parecen ser gusanos de la manzana, desafortunadamente aprovechados por las derechas para embarrar todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En estos días, se ven con más claridad que nunca los efectos de la demonización excesiva –y en parte instrumental– de que ha sido objeto el senderismo: el debate central parece ocuparlo la cuestión de qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán: ni que fuera un vampiro a quien plantar una estaca. Una gran parte de la opinión pública piensa que sus restos deberían ser incinerados y lanzados al mar para evitar que se le rinda culto, pero el presidente Pedro Castillo ha delegado la decisión a la Fiscalía de la nación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que trató de reconstruir el cuadro más verosímil de la guerra entre Sendero y el Estado, afirma en su informe final de 2003 que 46 por ciento de los 69 mil 280 muertos y desaparecidos, víctimas del conflicto armado, han sido producidos por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; 30 por ciento provocados por agentes del Estado y 24 por ciento por otros agentes o circunstancias.

Ya así, el número de personas muertas por el Estado supera las 20 mil. Y hay que preguntarse cuántos de ellos habrán sido efectivamente senderistas, porque la represión, especialmente en la sierra, ha sido ciega y feroz.

Hay aquí una evidente disparidad en la apreciación de los dos bandos por parte de la sociedad peruana: a los senderistas –pero también a los simplemente sospechosos o acusados de simpatizar– se le sigue execrando y discriminando aún a 30 años de distancia, sin considerar mínimamente si se han arrepentido, han cambiado de opinión o quieran reconciliarse con la sociedad. A diferencia de Italia y Alemania, donde a los brigadistas rojos y a los ex RAF se les ha dado una oportunidad de retomar una vida social y laboral, en Perú se les sigue discriminando y acosando a vida, como a las adúlteras en la famosa novela de Hawthorne.

Al MOVADEF –Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales–, que aboga por la libertad de los presos políticos y es considerado por la derecha el brazo político de Sendero, se le niega obstinadamente el ingreso en política y se le acusa de injerencia y participación en el gobierno de Pedro Castillo.

Por el contrario, para quien hay perdón y olvido es para el Estado y sus fuerzas armadas, que han cometido crímenes y atrocidades de la misma gravedad e inhumanidad. Un ejemplo iluminante es ofrecido por la reciente sustitución, a pocos días de su nombramiento, del secretario de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un escritor, sociólogo y catedrático que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60. La "culpa" de Béjar, sagaz intelectual y hombre intachable, ganador de un premio Casa de las Américas, consiste en haber declarado meses atrás que la CIA estadunidense y la Marina peruana tenían que ver con la aparición del terrorismo en Perú.

¡Ábrete cielo! La Marina de Guerra de Perú –como orgullosamente se autodenomina– se ha rasgado las vestimentas y denunciado a gritos el insulto, olvidando que, si no ha participado en la génesis del terrorismo, ciertamente lo ha practicado, junto al genocidio, y hay constancia histórica de ello. Un sólo episodio basta para demostrarlo, se llama la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y es uno de los episodios de cobardía y crueldad más relevantes de la década de los 80.

A un motín en las tres cárceles, el 18 de junio de 1986, que aprovechaba la apertura de la Internacional Socialista en Lima para atraer la atención hacia los presos senderistas, la respuesta del Estado fue el bombardeo y exterminio de cerca de 300 presos bajo su custodia. Una vez rendidos, los revoltosos sobrevivientes fueron exterminados con armas de fuego y bayonetas. Quien ordenó esta atrocidad fue el entonces presidente Alan García, quien nunca pagó por este crimen, y el ejecutor, la Marina de Guerra de Perú.

Por Gianni Proietti, periodista italiano

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