Urge actuar si en 2050 queremos vivir en armonía con la naturaleza: especialistas

Un millón de especies, amenazadas por la invasión a su hábitat

Inauguran la COP15, cumbre sobre diversidad biológica, en la ciudad de Kunming // China pretende el liderazgo mundial en asuntos ambientales

 

Pekín. La comunidad internacional se enfrenta a la "hora de la verdad" en lo referente a protección de la biodiversidad, advirtió ayer la secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Elizabeth Maruma, en la apertura en China de la COP15, conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la preservación de la naturaleza.

La 15 Conferencia de las Partes del CBD, llamada COP15, comenzó ayer en la ciudad Kunming, en el suroeste de China. La reunión tendrá dos etapas: sesiones virtuales y presenciales del 11 al 15 octubre y dos semanas de reuniones presenciales entre el 25 de abril y el 8 de mayo, con delegaciones de los 196 países miembros del CDB, tras dos aplazamientos debido a la pandemia del Covid-19.

"Aunque ha habido éxitos, no se han registrado los progresos suficientes para detener la pérdida de la diversidad de plantas y animales en el planeta", aseguró Maruma.

"Nos enfrentamos a la hora de la verdad. Si para 2050 queremos vivir en armonía con la naturaleza, debemos actuar en esta década para detener e invertir la pérdida de diversidad", agregó.

China, que preside la COP15 y es uno de los mayores contaminadores del mundo, busca ubicarse como líder mundial en asuntos ambientales, tras la retirada de Estados Unidos de sus compromisos climáticos durante el gobierno de Donald Trump.

Pekín tiene previsto presentar esta semana la Declaración de Kunming, que marcaría las líneas de su liderazgo en este tema.

"China ha trazado una línea roja en lo referente a la protección ecológica y es algo que va a respetar", declaró el viceprimer ministro chino, Han Zheng.

Alrededor de un millón de especies de animales y plantas enfrentan amenaza de extinción ante la invasión humana de sus hábitats, la sobrexplotación, la contaminación, la propagación de especies invasivas y el cambio climático.

Un texto presentado en julio, que sirve de base para los debates, incluye cuatro grandes objetivos para 2050, con 10 hitos hasta 2030 y 21 metas.

Las metas están incluidas en el plan 30/30, que busca otorgar estatus de protección a 30 por ciento de las tierras y océanos para 2030, medida apoyada por una amplia coalición de países, así como el objetivo de limitar la contaminación agrícola y plástica.

En tanto, 24 países se sumaron al Compromiso Global del Metano, iniciativa impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea destinada a reducir las emisiones de gas metano para combatir el efecto invernadero y como estrategia más eficaz para reducir el calentamiento global a corto plazo.

Tras el acuerdo inicial al que se suscribieron México, Argentina, Ghana, Indonesia, Irak, Italia y Reino Unido, otros 24 países anunciaron su adhesión: entre ellos Canadá, Costa Rica, Francia y Alemania.

Por otra parte, un panel de la ONU sostuvo que no puede pronunciarse de inmediato sobre una queja de la activista sueca Greta Thunberg de que la inacción estatal sobre el cambio climático viola los derechos de los niños.

Desinformémonos

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Greta Thunberg pidió acciones reales y acabar con las excusas

Este martes comenzó en Milán, Italia, la conferencia Youth4Climate ("Jóvenes por el clima"). La referente del movimiento Greta Thunberg dijo que los lideres políticos han pronunciado palabras altisonantes que son solo excusas: "Si esto es lo que consideran acción climática, no la queremos".

 

La activista sueca por el clima Greta Thunberg reclamó hoy en la apertura de la conferencia Youth4Climate ("Jóvenes por el clima") de Milán (norte de Italia) acciones reales contra el cambio climático y definió las promesas sobre el medio ambiente de los líderes políticos como un continúo "bla,bla, bla".

"Escuchamos de nuestros líderes palabras altisonantes que no se han convertido en nada. Basta de bla, bla, bla", dijo Thunberg.

La joven activista lamentó que los líderes políticos "no actúan" y les acusó de hacerlo "a propósito", porque mientras dicen implementar medidas "contra el cambio climático, continúan abriendo minas y explotando recursos", pero "no aumentan los fondos para los países vulnerables".

"Si esto es lo que consideran acción climática, no la queremos", denunció Thunberg, que acusó a los líderes de "fingir" que escuchan a los jóvenes que invitan a los actos por el clima, aunque en realidad "no escuchan nunca".

Thunberg recordó que "la ciencia no miente" y que "las emisiones siguen creciendo" ante los cerca de 400 jóvenes de todo el mundo presentes en esta reunión celebrada en Italia, uno de los países organizadores de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) de Glasgow del próximo noviembre junto al anfitrión Reino Unido.

La activista finalizó su intervención preguntando a los jóvenes varias veces: "¿Qué es lo que queremos y cuándo lo queremos?", a lo que el público respondió: "acción climática ahora".

La cumbre Youth4Climate de Milán, con la participación de cerca de 400 jóvenes de 197 países de todo el mundo, dos por país, tiene lugar desde hoy hasta el próximo jueves, para que estos activistas debatan sobre el papel de la juventud en la toma de decisiones por el clima.

Tras esta cumbre se celebrará también en Milán la Pre-COP26, una reunión ministerial oficial que reunirá hasta el sábado 2 de octubre a delegaciones de cerca de 40 países para discutir "potenciales obstáculos al aumento de la ambición climática y establecer estrategias para superarlos durante la próxima COP26" y que tendrá en cuenta las propuestas de Youth4Climate.

La reunión tiene lugar a unos días de la Huelga Global por el Clima que se realizó en numerosas ciudades alrededor del mundo y a un mes y medio del último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que encendió las alarmas sobre la gravedad de la situación.

La denuncia de Thunberg a los Gobiernos que solo hablan pero no actúan, expresa la realidad de una situación en la que los líderes políticos actúan en común, y cubriendo, a las grandes empresas que son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, el extractivismo, la extensión de las fronteras agrícolas. Todas actividades íntimamente relacionadas con la depredación del propio capitalismo sobre el medio ambiente.

Como señala una declaración de jóvenes anticapitalistas de 14 países que se movilizaron el último viernes 24 de septiembre alrededor del mundo: "El calentamiento global como resultado de la producción capitalista representa una amenaza directa para la vida de cientos de millones en las próximas décadas. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación y la desmoralización climáticas, debemos canalizar nuestra frustración hacia la lucha para derrocar el sistema capitalista. No es demasiado tarde para evitar niveles catastróficos de calentamiento. Pero no debemos hacernos ilusiones en los partidos del capital para hacer los cambios que necesitamos. Solo la clase trabajadora y sus aliados tienen el poder de construir un nuevo sistema en interés del conjunto de la humanidad."

Martes 28 de septiembre

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Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

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El negocio de las vacunas: Pfizer ganó 10.440 millones de dólares en seis meses

Pfizer anunció este miércoles una ganancia récord impulsado por las vacunas anticovid. El avance de la variante delta y la posibilidad de inocular una tercera dosis de la vacuna sube aún más las expectativas a futuro. Mientras el mundo atraviesa una grave crisis económica, social y sanitaria, los grandes laboratorios suman ganancias millonarias en base a aportes y contratos anticipados de los Estados, y el lobby para evitar que se liberen las patentes.

 

La farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que ha obtenido un beneficio neto de 10.440 millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 53 % más respecto al mismo tramo del año pasado, impulsada por su vacuna contra la covid-19 que desarrolló junto a la alemana BioNTech, y además mejoró sus previsiones de negocio.

Con la variante delta aumentando los contagios en Asia y Europa, las farmacéuticas especulan con vender millones de dosis extra a medida que algunos países evalúan una tercera inoculación de la vacuna, mientras que gran parte de los países más pobres aún no avanzaron con la primera dosis.

Pfizer reveló que su facturación en los primeros seis meses de 2021 ascendió a 33.559 millones, un 68 % más interanual, por las ventas de la vacuna anticovid en el segundo y más reciente trimestre.

"El segundo trimestre ha sido extraordinario de varias maneras. Más visiblemente, la velocidad y eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech para ayudar a vacunar al mundo contra la covid-19 no tienen precedentes, y se han distribuido más de 1.000 millones de dosis de BNT162b2 globalmente", señaló su máximo ejecutivo, Albert Bourla.

De acuerdo con el desglose de sus cuentas, en el segundo trimestre Pfizer logró 7.800 millones en ventas directas e ingresos conjuntos de la vacuna contra el coronavirus, un buen resultado que ha llevado a la firma a revisar al alza sus estimaciones para el conjunto del año.

La compañía anticipa ingresar este año 33.500 millones de dólares solo gracias a la vacuna, atribuibles a las 2.100 millones de dosis que se ha comprometido a entregar según sus contratos firmados hasta mitad de julio.

"Según las proyecciones actuales, Pfizer y BioNTech esperan fabricar en total hasta 3.000 millones de dosis hasta finales de diciembre de 2021, sujetas a procesos continuados de mejora, a la expansión de sus instalaciones actuales y a la suma de nuevos suministradores y fabricantes contratados", sostiene la nota.

En las previsiones del conjunto de la empresa para 2021, Pfizer ha elevado sus estimaciones de ingreso hasta un rango entre 78.000 y 80.000 millones, notablemente superior a los 72.500 millones que manejaba antes.

El negocio del Covid

A Pfizer y el resto de las farmacéuticas no les importa el efecto devastador de la pandemia sino las ganancias que se pueden asegurar. Para esto cuentas con tres armas infalibles: la financiación estatal, las compras anticipadas y el bloqueo de la liberación de patentes.

El conglomerado Pfizer/BioNTech recibió un 13% de subsidios del Estado Alemán para la investigación y desarrollo de la vacuna. El 50% del total que los subsidios que el estado alemán destinó a los laboratorios fue a parar al desarrollo de la Pfizer. Unos 400 millones de dólares del total de los 3.000 millones invertidos por la empresa.

Si bien este número puede parecer bajo, incluso en relación al financiamiento estatal (es decir pagado con los aportes de los aportes e impuestos de la población de esos países) de otras vacunas, Pfizer logró contratos millonarios por anticipado, empezando por Estados Unidos.

Ese país fue uno de los que más impactó en el negocio y las ganancias de Pfizer. Antes de saber siquiera si la vacuna sería efectiva o no, Estados Unidos había comprometido en compras por anticipado $2.000 millones por las primeras 100 millones de dosis. A este contrato le siguieron las sucesivas aprobaciones de otras regiones, como Reino Unido o la Unión Europea, también vinculadas a programas de compras masivas.

Es decir, su inversión estaba 100% asegurada incluso antes de conocer su efectividad. Además, a estos contratos de compra por anticipado se puede sumar el financiamiento de deuda privada, como sucedió con la UE y BioNTech, por 100 millones de euros.

Por último, los grandes laboratorios y farmacéuticas cuentan con una tercera carta que les garantiza sus ganancias, incluso cuando esto significa retrasar la vacunación para gran parte del mundo. Se trata de la negativa de la Organización Mundial de Comercio a liberar la patentes de las vacunas. Este pedido, solicitado por India y Sudáfrica el año pasado fue desestimado primero y luego enviado a una comisión y nunca prosperó.

La liberación de las patentes permitiría la producción masiva de vacunas en todos los laboratorios del mundo que estén en condiciones de hacerlo y por lo tanto un aceleramiento de la vacunación en todo el planeta. Pero esto no ocurre por la presión ejercida por las empresas del llamado Big Pharma, que han ganado la pulseada aún cuando eso significa no solo un faltante de vacunas a nivel mundial sino la aparición de nuevas variantes más contagiosas como la actual variante delta.

Esto hizo que hasta ahora el 75% de las vacunas producidas se administraran en apenas 10 países, mientras que el 1% de las personas de los países con menores ingresos han recibido solo una dosis (y el 99% nada), lo que ya ha provocado el surgimiento de variantes como la delta.

Mientas que los empresarios farmacéuticos ven en las nuevas variantes del virus la posibilidad de aumentar aún más sus ganancias con una tercera dosis, esto genera un nuevo desabastecimiento al renovarse el circulo vicioso por el que las principales potencias comienzan a acaparar más vacunas. Esto permite que en los países en los que la vacunación es baja o inexistente la alta circulación del virus pueda provocar nuevas mutaciones que terminen por volver obsoletas a algunas de las vacunas actuales.

La irracionalidad capitalista, que pone por delante las ganancias por sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, no solo es responsable por la administración desastrosa de la pandemia, sino por la lentitud en la vacunación al privilegiar el negocio de los laboratorios y no liberar las patentes.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Miércoles 28 de julio | 11:41

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Domingo, 25 Julio 2021 05:30

El cyberabismo

El cyberabismo

En febrero, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, anunció a sus homólogos del G-20 la decisión de cancelar la previsión de "Puerto seguro" que, desde 2019, amparaba a los gigantes digitales (Amazon, Google, Facebook, Apple …) para facturar y hacer transacciones financieras desde paraísos fiscales. En otras palabras: evadir cantidades monumentales de impuestos. Desde finales de la década de los 90, el carácter supraterritorial de la red permitió a las industrias del Big Data situar libremente sus sedes fiscales en países que los exoneraban de obligaciones frente al fisco. Al parecer, la pandemia y la consiguiente hyperdigitalización de la vida cotidiana han llevado la situación al límite. Tan sólo entre 2019 y 2021, su índice de concentración de capital aumentó 14 por ciento, una cantidad inimaginable.

En los últimos dos meses, la posición de Washington se radicalizó aún más: inicialmente se pensaba en un impuesto de 15 por ciento, ahora la cifra subió a 20 por ciento. Y los ministros del G-20 parecen coincidir. Se trata de una medida realmente inesperada, incluso insólita. Para darse una idea de los ingresos que esto representa, en Francia se calculó que podrían ascender a ¡2 por ciento del PIB general! De alguna manera, todo esto recuerda la demanda del Foro de San Paulo y el ATTAC de los movimientos antiglobalizantes de la década de los 90 de imponer impuestos globales para compensar la transferencia sistemática de capitales –¡sólo que ahora como vindicación del Departamento del Tesoro!–

¿Qué ha llevado a los Estados de los países centrales adoptar un súbito giro de 180 grados frente al corazón mismo del proceso de globalización, es decir, las industrias del mundo cyber? ¿Después de este impuesto global, seguirán otros, como, por ejemplo, el olvidado Tobin Tax, concebido para regular las transacciones financieras y dificultar el paso a las inversiones rapiña? Por cierto, una de las propuestas centrales de Thomas Piketty para redistribuir la riqueza a escala mundial.

Acaso habría que recordar la sentencia de Blanqui frente al colapso que desembocó en las rebeliones (y revoluciones) de 1848: "No hay un termómetro más exacto de una crisis de Estado que el momento de la desesperación por hacerse de impuestos a cualquier precio". Las cosas son hoy, por supuesto, muy distintas, aunque algo hay de verdad en ese axioma. Tal vez no nos hemos percatado que bajo la detención de la maquinaria social y económica provocada por la pandemia se ha larvado una severa "crisis de Estado".

  1. Ya sea porque han gastado su superávit o han crecido sus deudas, los Estados nacionales se acercan, como lo advirtió Angela Merkel el mes pasado, a un "punto de inacción". Son ellos quienes han asumido el reto de mantener el gasto social para sostener a sus sociedades a flote. Pero todo tiene límites. El impuesto digital contiene el mensaje de que ahora le toca también al capital poner su parte.
  1. Los gigantes digitales han situado al Estado frente a un abismo: no sólo representan centros de acumulación a una velocidad inaudita, sino que condensan al general intellect de lo privado en todos sus ámbitos, es decir, de la producción de un sin-sentido en el ámbito de lo público, que es el de lo político. Entre la verdad fake y la política fake la distancia es cada vez más estrecha. No es improbable que en un momento el Estado considere a la red y sus agentes como hoy entiende a las carreteras, las escuelas o la salud pública. Simplemente, otra parte de su ámbito. En Uruguay, por ejemplo, todo el mundo agradece a la presidencia de Pepe Mujica la gratuidad de un eficiente wi-fi.
  1. ¿Qué parte de los 60 millones de desempleados (en el mundo central) engendrados durante la crisis de la pandemia no son más bien el resultado de la digitalización salvaje de la vida cotidiana? Lo que no queda claro en la propuesta del G-20 es el destino del "impuesto digital". Podría también ser empleado para pagar las deudas nacionales y sacar a la banca de su estado actual de inanición, lo cual no aliviaría nada. ¿Cuánto tiempo se podrá esgrimir la amenaza de la pandemia para desmovilizar protestas (como Black Lives Matter en Estados Unidos), rebeliones (como en Chile) o insurrecciones (como en Colombia)? Por lo pronto, China, con su acostumbrada verticalidad, ya adoptó previsiones: el impuesto a sus gigantes digitales es de 20 por ciento y les ha prohibido actuar en los ámbitos del pequeño y el mediano comercio, favorecer la privatización de la educación y reducir los salarios de sus empleados ad absurdum.
  1. Alemania ha optado por otro camino. Crear sus propias industrias digitales bajo un "espíritu social". Tienen que entregar una parte de sus ganancias a mejorar la ecología, la salud y la educación. Una extraña conjunción entre capitalismo y anti-concentración del ingreso.

Y, sin embargo, nada de esto logra ahuyentar las malas noticias en Wall Street, que hace una semana prendió los focos rojos por primera vez en los recientes cinco años.

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Las mayores fortunas subieron de 284 mil millones a 483 mil millones de dólares.. Imagen: AFP

Los mega ricos aumentaron su patrimonio en 200 mil millones de dólares

La tragedia de la covid aumentó la desigualdad en América latina. Ahora hay más empresarios con grandes fortunas y éstas crecieron un 70 por ciento.

 

La fortuna de los multimillonarios latinoamericanos creció un 70 por ciento durante 2020. En marzo del año pasado, cuando recién se empezaban a tomar medidas contra la covid en la región, integraban la lista 76 personas con un patrimonio de 284.000 millones de dólares. A un año y cuatro meses, ya hay 106 con fortunas acumuladas de 483.200 millones de dólares. 

Más de la mitad de los multimillonarios (66) tienen nacionalidad brasileña, aunque también hay 14 mexicanos, 9 chilenos, 6 peruanos, 5 argentinos, 5 colombianos y 1 venezolano. Solo 12 son mujeres.

La riqueza latinoamericana está concentrada en cuatro sectores: financiero, telecomunicaciones, medios digitales de pago y salud: “Estos son sectores intensivos en capital, que generan pocos puestos de trabajo”, explica Luis Felipe López-Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas (PNUD) para América latina, que realizó un análisis de los datos que publica la Revista Forbes. 

Incluso entre los multimillonarios existen grandes disparidades. Mientras que el 40 por ciento tiene un patrimonio neto individual de entre 1 y 2 mil millones de dólares, los tres más ricos superan los 20 mil millones de dólares cada uno. El 80 por ciento del patrimonio lo acumulan los millonarios de México y Brasil.

La lista está encabezada por el mexicano Carlos Slim, dueño de América Móvil, que acumula una fortuna de 71.500 millones de dólares. Slim ocupa el número 15 del ranking mundial y es desde hace años quien concentra la mayor riqueza del continente. Le sigue el también mexicano Germán Larrea (Grupo México) que acumula un patrimonio de 26.100 millones de dólares. En tercer lugar se ubica la chilena Iris Fontbona que dirige la minera Antofagasta Plc y cuenta con una riqueza de 20.200 millones de dólares.

Los argentinos que integran el ranking son el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, con una fortuna de 6.200 millones de dólares. Con 3.400 millones de dólares, le sigue el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, fundador de Pan American Energy. En tercer lugar se encuentra la familia Perez Companc, con 2.600 millones de dólares. Después aparece el dueño mayoritario de Laboratorios Roemmers, Alberto Roemmers, y por último Eduardo Eurnekian, con 1.400 millones de dólares.

El análisis lo realizaron técnicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes aseguran que la concentración de recursos en las manos de unos pocos es un problema que impacta en muchos frentes: “Cuando la concentración de recursos se traduce a una concentración del poder político, como muchas veces es el caso, puede provocar un círculo vicioso que perpetúa estos resultados y que distorsiona tanto las políticas como la asignación de recursos”, recuerdan.

Mientras las cuentas bancarias de los ricos suben, los pobres se empobrecen aún más: la Cepal afirmó que en 2020 la tasa de pobreza alcanzó al 33,7 por ciento de la población, y la de pobreza extrema al 12,5 por ciento, niveles que no se observaron en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. En un contexto de encarecimiento de los productos básicos, este empeoramiento provocó, además, que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria se haya triplicado desde el inicio de la crisis sanitaria y económica.

Gravar a los mas ricos

"Gravar a los más ricos podría proporcionar algunos de los recursos necesarios para promover ganancias sociales y económicas generalizadas", recomienda el PNUD. Las recomendaciones de política tributaria para evitar la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres en la segunda región con más desigualdad del mundo suma cada vez más adherentes: el FMI, la Cepal, el Banco Mundial y la Ocde.

Un estudio reciente de investigadores de la Universidad de San Pablo encontró que, en Brasil, una política de protección social de transferencias monetarias mensuales de 23 dólares al 30 por ciento más pobre de la sociedad, financiado con impuestos al 1 por ciento más rico, podría generar un impacto positivo del 2,4 por ciento sobre el PIB a través de efectos multiplicadores del consumo. Otro ejemplo más cercano en el país fue el resultado del aporte de las grandes fortunas.

"A medida que la pandemia continúa en la región, esta ejerce una presión cada vez mayor sobre nuestros sistemas fiscales y expone las grietas existentes en nuestras redes de seguridad social. Ahora debemos reinventar un nuevo camino a seguir, uno que sea más equitativo y sostenible que aquel en el que nos encontrábamos antes" , explican desde el PNUD que aseguran que “necesitamos sistemas de salud y seguridad social universales, evitar que las empresas digitales se lleven todas las rentas y poner impuestos no solo a los flujos sino también a la riqueza acumulada. Pero la pregunta es cómo, porque donde se está intentando se ve que no es tan sencillo”.

20 de julio de 2021

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De Cuba y Estados Unidos, tiranías y dictaduras

En 1997 un amigo cubano me dijo “Fidel es un dictador, mas no un tirano”. Estábamos en una provincia de Mozambique donde él trabajaba como médico y yo como arquitecto. Esa tarde, en un patio de tierra roja africana, no comprendí su idea. Parecía contradictoria. Por alguna razón, nunca la olvidé hasta que, unos años después, revisando documentos desclasificados, pensé que Washington no era una dictadura, pero sí una tiranía.

La trampa de las palabras no estaba en la aparente contradicción de la frase de Javier sino en el habitual engaño que llevan los ideoléxicos, por ejemplo, cuando palabras como “democracia” o “dictadura” se usan como si fuesen la Luna y el Sol: dos cuerpos claramente diferenciados, pero no la única luna ni el único sol del Universo. De esa forma, una potencia hegemónica que dicta su voluntad fuera de fronteras y carece de igual representación para todos sus ciudadanos (sobre todo para quienes no son millonarios) como Estados Unidos, un régimen paramilitar como el colombiano, un neoliberalismo impuesto con sangre como el chileno, o un sistema como el noruego o el islandés se llaman por igual “democracias”. Por razones estratégicas, no se llama “capitalismo” a Haití o a Honduras, aunque sean más capitalistas que Estados Unidos. No quisiera volver a insistir en que no es el capitalismo, sino la hegemonía la que define el poder y la riqueza (material) de un país.

Theodore Roosevelt, entre muchos otros, lo puso de forma clara: “La democracia de este siglo no necesita más justificación que el simple hecho de que ha sido organizada para que la raza blanca se quede con las mejores tierras del Nuevo mundo”. Esa democracia se fue adaptando una y mil veces para servir a una minoría, ya no tan blanca pero sí económica y financieramente dominante. En las democracias formales, las clases dominantes no censuran como en una dictadura tradicional; se reduce a los críticos al silencio de los grandes medios o, cuando estos trascienden de alguna forma, se los demoniza como en tiempos de la Inquisición.

En las democracias formales, al uno por ciento le basta con convencer a la mitad más uno de los votantes para mantenerse en el poder político. Tarea nada difícil cuando, por ejemplo, se mete a Dios en el paquete de sus “valores y principios”. Pero la micro elite de arriba no depende de la mitad de abajo para mantenerse en el poder económico. Sólo cuando ese poder está en cuestionamiento, la democracia formal es reemplazada por dictaduras fascistas, como las apoyadas por Washington y las transnacionales a lo largo de una larga historia. Hasta mediados del siglo XIX, los esclavistas habían logrado convencer a una mayoría (incluyendo esclavos) que la esclavitud era el mejor régimen para expandir la libertad y la civilización. Cuando la democracia se hizo inevitable, la secuestraron con ideas similares: la riqueza de los ricos es la mejor forma de expandir el bienestar y la libertad de los trabajadores.

Aun así, esa idea vaga y contradictoria que llamamos “democracia” sigue siendo la mejor utopía y el mejor recurso de los de abajo. Pero que quede claro: ninguna, por chueca que sea, existe gracias a los poderosos de turno, sino a pesar de ellos. Lo mismo los derechos y las libertades individuales y colectivas; todas son producto de interminables (y demonizadas) luchas de los de abajo.

En Estados Unidos, los principios racistas y clasistas, banderas de la derrotada Confederación, se consolidaron fronteras adentro y se extendieron a América latina, donde impusieron decenas de dictaduras, siempre en complicidad con la eterna oligarquía criolla, generaciones antes de que apareciera la maravillosa excusa del comunismo.

Desde entonces, Washington y las megacorporaciones han sido los principales promotores del comunismo y de otras alternativas de izquierda en el continente. Uno de los primeros casos se remonta a los años 30 con las masacres de indios y campesinos en El Salvador, pero el pie en el acelerador ocurre luego de la Segunda Guerra, cuando el más importante aliado de Estados Unidos, la Unión Soviética, se convierte en el único opositor con poder y en posible inspiración para el Tercer Mundo contra la vieja tiranía anglosajona. Es, en este momento, cuando nace la CIA (1947) y, poco después crean, entre muchos otros y sin advertirlo, al Che Guevara.

Cuando la CIA y la UFCo lograron destruir “el régimen comunista de Jacobo Árbenz” en 1954, uno de los únicos indicios de democracia en la región, el joven médico Ernesto Guevara debió huir a México, donde se encontró con otros exiliados, los hermanos Raúl y Fidel Castro. Cuando la Revolución cubana triunfó en 1959, Guevara advirtió: “Cuba no será otra Guatemala”. Es decir, su independencia del imperio estadounidense no sería boicoteada con bombardeos mediáticos primero, movilizaciones inducidas y ataques militares después, como en Irán, como en Guatemala. Cuando cuatro meses después Fidel Castro visitó la Casa Blanca para confirmar las relaciones comerciales y diplomáticas con Washington, Nixon, Eisenhower y la CIA ya tenían otra invasión en mente. La costumbre de derrocar alternativas independentistas era tan larga y la arrogancia por una abrumadora fuerza militar y mediática tan ciega, que no pudieron prever ni una derrota vergonzosa y ni un trauma insuperable en Bahía Cochinos. El agente de la CIA encargado de las operaciones de Guatemala y Cuba, David Atlee Phillips escribió que el problema del fracaso fue que El Che y Castro habían aprendido de la historia y Washington no.

Pero el Che Guevara es descrito como un asesino por haber ordenado la ejecución sumaria de 200 criminales del régimen de Batista (la CIA informó que ni por lejos se aproximó al número de ejecutados por el régimen anterior) mientras que los terroristas cubanos como Posada Carriles, Orlando Bosch y tantos otros que se dedicaron a poner bombas en aviones, barcos, hoteles, en autos diplomáticos, como el de Orlando Letelier, y colaboraron con mafias genocidas como la Operación Cóndor, fueron protegidos por Washington. Las masacres de cientos de miles de víctimas en unas pocas décadas sólo en América Central por la gracia de Washington y la CIA fueron para llevar la paz, la democracia y la libertad a esas tierras. (Luego de Stalin, los asesinados por razones políticas en América Latina superaron con creces las víctimas de los países comunistas bajo la influencia de la Unión Soviética.)

La misma práctica, los mismos intereses, el mismo discurso de los esclavistas del siglo anterior con nuevos ideoléxicos. Desde la lógica de la historia, Fidel Castro y las decenas de Augusto Pinochet no son la misma cosa, aunque en el lenguaje simplificado se puedan etiquetar a los dos como dictadores. También Cuba y el Che son consecuencia directa del imperialismo de Washington, pero por razones opuestas.

Por esa razón, aunque según todos los estándares occidentales se puede decir que Cuba es una dictadura, es necesario recordar que Estados Unidos es la tiranía que la creó, una tiranía brutal que lleva por lo menos doscientos años. Cuba fue la primera gran derrota de esa arrogancia y, por alguna razón, ha sabido resistir 60 años.

¿Es necesaria una dictadura inversa para lograr vencer a la tiranía de dos siglos? La respuesta de la historia no nos gusta a nadie. Pero es clara. Aunque (o porque) somos demócratas radicales, no vamos a salir a tirar piedras sobre la isla estrangulada en nombre de la libertad. Jamás podríamos estar del lado de los mercenarios.

 Para más detalles, ver el último libro de Jorge Majfud, "La frontera Salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América latina".

19 de julio de 2021

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El G20 interviene tarde y tibiamente pero es mejor que nada

Impuesto a las multinacionales, distribución de dólares del FMI y acceso a las vacunas

En la peor crisis económica y sanitaria global de los últimos cien años no hubo hasta ahora voluntad de coordinación y cooperación de las potencias para atenuar los inmensos costos de la pandemia. El G20 avanza lento en dar respuestas. La mayoría de los países, entre ellos Argentina, padece agobio financiero y trabas para conseguir vacunas.

Aumentó la concentración de la riqueza, la recuperación económica es divergente y el acceso a las vacunas es desigual entre los países. Estas derivaciones de la peor crisis económica y sanitaria de, por lo menos, los últimos cien años no tuvo y, hasta el momento, no tiene una reacción contundente de coordinación y cooperación global.

Recién 18 meses después del estallido del coronavirus, el G20 intenta abordar las consecuencias dramáticas de la pandemia pero, por ahora, con tibias iniciativas que igualmente habrá que esperar si se concretan y cómo.

En este contexto pésimo para la periferia y, más aún, para países muy endeudados en moneda extranjera, la economía argentina arrastra la inmensa mochila de una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional, y suma también el daño de cuatro años de neoliberalismo del gobierno de la alianza macrismo-radicalismo. El entramado productivo y social debilitado recibió además el rigor de la pandemia, que agudizó la distribución regresiva del ingreso.

Como si todo eso fuera poco, la coalición política-mediática de derecha despliega un obsceno lobby a favor de laboratorios estadounidenses, en especial el de Pfizer (es fundamental tener todas las vacunas sin importar el origen y, ante la emergencia, por ahora no es motivo de debate público los tradicionales manejos turbios del negocio de los laboratorios).

Si no fueran por los oportunos acuerdos del gobierno de Alberto Fernández con Rusia (Sputnik V), China (Sinopharm) y con la alianza Oxford-AstraZeneca, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años hoy no estaría protegida con una efectiva primera dosis.

El incumplimiento de los contratos de abastecimiento por parte de los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer en América latina, y las restricciones aplicadas por las potencias a las exportaciones de insumos para la producción de vacunas y de vacunas, con una fuerza política de derecha desatada fomentando los contagios, hubiesen convertido la situación sanitaria local en un drama aún más terrible sin contar con la notable estrategia oficial para conseguir vacunas en cantidad.

El fracaso para mitigar la crisis

En esa debilidad relativa, Argentina participa en el G20, ámbito que empieza a debatir proyectos para salir de la crisis global pero que, por el momento, sólo da respuesta, directa e indirectamente, a los intereses de los países ricos, ya sea la ampliación del capital en DEG del Fondo Monetario Internacional o la definición de un impuesto mínimo a las multinacionales.

Este fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los países miembros del G20, y a fines de octubre habrá una cumbre de los respectivos Jefes de Estado, en Italia.

El objetivo argentino junto a otros es ampliar el alcance de esas iniciativas para aliviar la situación financiera y sanitaria de países pobres y también la de ingresos medio. Guzmán consiguió incluir en el comunicado final de ministros del G20 que el FMI revise los "sobrecargos" a la tasa de interés de sus préstamos, que para el caso argentino suman unos 1000 millones de dólares anuales por el crédito inédito y político entregado al gobierno de Mauricio Macri

El G20, club que está bajo el mando de las potencias y que al interior es conducido por el G2 (Estados Unidos y China), fracasó en estos meses trágicos en atenuar los inmensos costos económicos, sociales y humanos causados por la covid-19.

A diferencia de la debacle financiera de 2008 que colocó las economías desarrolladas de Occidente al borde de la cornisa, esta crisis no convocó a los miembros del G20 a buscar una salida conjunta. Por el contrario, las respuestas fueron individuales y esos comportamientos han sido uno de los principales motivos de la prolongación de la pandemia y la actual incertidumbre que existe para la superación plena en el corto plazo.

A nivel discursivo el G20 y el FMI intentan reparar en parte el actual descontrol ante la crisis económica y sanitaria, pero las propuestas que están deliberando son paliativos con escaso impacto para atender los profundos daños de la pandemia.

El debate se concentra en tres planes:

  1. Aplicar un impuesto mínimo global a multinacionales.
  2. Ampliar el capital en DEG del FMI.
  3. Discutir la forma de distribución de vacunas.

Qué países se beneficiarán con el impuesto a las multinacionales

Como se explicó aquí el domingo pasado, la idea de un impuesto mínimo global a las multinacionales altera el escenario de privilegio de los más poderosos, que además evaden el pago de ganancias transfiriendo gran parte de sus utilidades a guaridas fiscales.

Es un avance considerable para una estructura de poder económico mundial concentrada y para interpelar el consenso construido por la derecha acerca de que los ricos o grandes firmas no tienen que pagar muchos impuestos.

Este cambio se explica en que los Estados de los países ricos, luego de instrumentar multimillonarios paquetes de salvataje, quieren sumar recursos para la recuperación de sus economías, además de neutralizar la competencia fiscal de las guaridas. En esa lógica irrumpe el impuesto a las multinacionales.

En esta instancia, luego de remarcar la relevancia histórica de ese proyecto, aparece la discusión sobre cómo será y quiénes se beneficiarán de lo recaudado. Aquí la iniciativa empieza a flaquear en términos de los intereses de la periferia.

Por un lado, existen diferencias acerca de cuál debe ser la alícuota impositiva: el 15 por ciento plantea la OCDE, el 21 por ciento propone Estados Unidos (Argentina apoya esta moción) y el 25 por ciento reclaman países en desarrollo y organismos internacionales independientes. La diferencia de recaudación de cada uno de esos porcentajes es inmensa, que Marcelo Justo precisó en Página/12. Por ahora predomina la idea de una alícuota de 15 por ciento.

Por otro, no hubo avances en definir quiénes van a recibir los fondos que se recauden. Las potencias quieren que sea en los países de origen, mientras el resto sostiene que debe haber un mayor equilibrio en la distribución de esos recursos adicionales con los países en donde las multinacionales desarrollan sus actividades. De este modo, los países más vulnerables captarían parte de esos fondos fiscales, además de que los necesitan más que los países ricos.

Para qué quieren los DEG los países ricos

El FMI ampliará su capital en DEG por el equivalente de 650.000 millones de dólares. Los Derechos Especiales de Giro son la unidad de cuenta del Fondo, cuya cotización surge de una canasta de monedas integrada por el dólar, euro, yen, yuan y libra esterlina. Esos recursos están destinados para la recuperación pospandemia y para fortalecer la red de emergencia covid-19. Ese monto se repartirá entre 190 países y constituye la emisión de capital más elevado de la historia del Fondo.

El detalle no menor es que gran parte de esos recursos se girará a los países ricos. Si bien es mejor recibir esos dólares del FMI sin ningún costo que nada, por caso Argentina sumará unos 4550 millones a las reservas, la distribución es muy desigual.

El reparto se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en el FMI. Estados Unidos posee el 16,52 por ciento, le siguen China con el 6,15, Japón con el 6,09, Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno, e Italia con el 3,02 por ciento.

Siete países concentran 45,16 por ciento de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 millones de dólares del total de esos 650.000 millones, recursos que, en realidad, no necesitan.

La arquitectura financiera internacional se reafirma así desigual y regresiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, lo reconoce aunque no en toda su magnitud, porque solicita que la reasignación sea en forma voluntaria por unos 100 mil millones de los DEG de los países con solvencia financiera hacia los países vulnerables y de bajo ingreso. De esa forma deja fuera de ese reparto a los países de ingreso medio, como Argentina.

Guzmán llevó a la reunión de ministros de Economía del G20 la propuesta de una redistribución que incluya a economías de ingreso medio. El G20 respaldó la ampliación del capital, a la vez que pidió al FMI una propuesta de reasignación que, en realidad, ya la tiene, como se mencionó arriba. Argentina tendrá que seguir insistiendo para ser incluida en ese reparto adicional.

Sin vacunas para todos no hay salida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo puede enfrentarse a un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de los países pobres

El precio de este fracaso será pagado con vidas en los países más pobres del mundo, además dejando abierto el peligro de mutaciones del virus que eludan la efectividad de las vacunas y, por lo tanto, afecten la recuperación de la economía global.

No se trata sólo de la inmoralidad de los países ricos de acumular dosis por encima de sus necesidades, sino que exhiben una impactante miopía acerca del horizonte económico si no hay un control global de la pandemia.

Antes del encuentro de ministros del G20, Georgieva escribió en el blog del FMI "Urgent action needed to address a worsening ‘two-track’ recovery" ("Se necesitan medidas urgentes para abordar un empeoramiento de la recuperación de 'dos ​​vías'). En el texto advierte que las diferencias en la salida económica de los países "son dramáticas" por la disponibilidad de vacunas y las tasas de infección. Reclamó que "es un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y los responsables políticos de todo el mundo".

El FMI estima que un acceso más rápido a las vacunas para las poblaciones de alto riesgo podría potencialmente salvar más de medio millón de vidas sólo en los próximos seis meses. Pone como ejemplo el África subsahariana (49 países)donde menos de 1 adulto de cada 100 está completamente vacunado, en comparación con un promedio de más del 30 por ciento en las economías desarrolladas.

"Las poblaciones no vacunadas en cualquier lugar aumentan el riesgo de que surjan variantes aún más mortales, lo que socava el progreso en todas partes e inflige más daño a la economía mundial", dice Georgieva.

Plantea que el G20 debe tomar como objetivo la vacunación de al menos el 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021, y el 60 por ciento para la primera mitad de 2022.

Mientras los actuales liderazgos de las potencias no tomen conciencia de que no hay salvación individual en la pandemia parece que ese reclamo sólo es una simple expresión de deseos.

Por Alfredo Zaiat

11 de julio de 2021

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Miércoles, 12 Mayo 2021 06:05

Fiesta de la libertad

Fiesta de la libertad

Henchido de alegría, el presidente del Interamerican Institute for Democracy (IID) Tomás Regalado, abrió el foro por la Defensa de la democracia en las Américas que tuvo lugar la semana pasada, en el hotel Biltmore de Miami:

Dijo: “Este es el evento más serio [sic] a nivel hemisférico que se ha realizado […]. Hoy vamos a escuchar a las voces de la verdad [sic], a presidentes y líderes excepcionales [sic] que nos dirán que la democracia es la única opción para alcanzar la libertad. ¡Bienvenidos a esta fiesta de la libertad!”

Como es imposible nombrar a todos los ponentes del foro, aquí van algunos: Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); María Paula Romo (ministra de Gobierno del presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno); Carlos Alberto Montaner, legendario alcahuete cubano de la CIA y terrorista todoterreno; Carlos Sánchez Berzain, mano derecha del ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada, y ambos prófugos de la justicia; Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de Colombia, narcoterrorista y padrino político del actual, Iván Duque; Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, con docenas de causas abiertas por espionaje, entreguismo y corrupción, y, faltaba más, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

En el panel uno, la ecuatoriana Romo lamentó que en octubre de 2019 (12 días de protestas), "más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes". Y a su lado, el político peruano Luis González Posada advirtió que el candidato de izquierda Pedro Castillo sería “más transparente y honesto de lo que fueron Fidel Castro y Hugo Chávez porque él ha adelantado que en caso de ganar disolverá el Congreso…”. Mientras Montaner, moderador del panel, iba a lo suyo: “…a Cuba hay que darle un ultimátum. O deja de apoyar al narcorrégimen de Maduro en Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”. Cosa que puso a temblar al gobierno de la isla.

El panel dos fue igual de luminoso. El cubano Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida, aseguró que la detención de la ex presidenta golpista Jeannine Áñez, mostraba que "en Bolivia la política se ha judicializado". Y el orador principal del panel tres, Sánchez Berzain (refugiado en Miami tras ser acusado del asesinato de 67 manifestantes en la ciudad de El Alto en octubre de 2003), aseguró que los gobiernos de Argentina y México son "paradictatoriales que le hacen de soporte a las dictaduras" (sic).

Sin embargo, cuando Macri subió al ­estrado del panel cuatro junto con Almagro y los ex presidentes de Colombia Andrés Pastrana, y de Costa Rica Luis Guillermo Solís, el recinto quedó semivacío. Aunque no por disentir con los ponentes. Horas antes de viajar a Miami, corrió la voz de que el argentino había estado en contacto estrecho con un legislador de su partido que había dado positivo de Covid y en esos momentos luchaba por su vida, intubado.

Impasible, Macri se limitó a recordar que "el coronavirus es menos peligroso que el populismo, pero que ahora existe una combinación más peligrosa: el populismo conduciendo una crisis sanitaria" (sic). “Las democracias –aña­dió– no mueren por golpes de Estado. Ahora, el proceso es gente que gana las elecciones (sic), y desde adentro empieza a socavar las instituciones”. Agregando algo que comparten libertarios de izquierda y derecha: "No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades".

El foro de Miami fue ampliamente cubierto por Infobae, el tóxico portal mediático que dirige el oscuro empresario Daniel Hadad (otro de los invitados), quien hizo fortuna apoyando al gobierno de Carlos Menem (1989-99). Según algunos entendidos, Infobae contaría con el respaldo financiero de Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio argentino-israelí, y conocido traficante de equipos de seguridad, armas y pertrechos bélicos, durante el gobierno de Macri.

Finalmente, no hay fiesta sin cereza sobre el pastel. Por ende, Lenín Moreno comunicó al foro que "los servicios de inteligencia de Ecuador" (sic), habrían detectado ("y ya se lo he comunicado al presidente Iván Duque"), la "grosera intromisión del dictador Maduro en Colombia" (sic). Revelación que entre los asistentes al foro desencadenó un quejumbroso y sentido "¡ohhhhh!"

Autor de varios libros de humor, Moreno deleitó a los participantes del encuentro contando que en Quito un joven se le acercó para criticar su gestión: “‘Ojalá tuviéramos un mejor presidente’, dijo el muchacho. Y yo respondí: ‘Ojalá tuviera yo un mejor pueblo, también’”.

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Cientos de personas celebrando los resultados parciales del plebiscito constitucional por una nueva Carta Magna, en Santiago (Chile). Foto: EFE / Alberto Valdes

Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social.

 

Tras la caída del muro, es decir, tras el derrumbe del horizonte socialista y el decreto de la ausencia de alternativas bajo la forma de una provocación (“There is no alternative”), las agendas sociales fueron recuperadas por posiciones clásicamente reformistas que, gracias a su dominio sobre lo posible (1), pasaron a ocupar un cómodo sillón al costado izquierdo de la discusión hegemónica y otro al costado hegemonista de la discusión de las izquierdas. Nos preguntamos: ¿cómo se disponen las energías colectivas, las luchas situadas y deseos de buen vivir en relación a la categoría de lo posible? Todo ejercicio de poder, todo gobierno se para sobre lo posible, pero el progresismo latinoamericano hizo de ese lugar una narrativa militante. En dicho imaginario, la ideología de base o el punto de partida “idealista” sufrirán sacrificios para construir la posición más “realista” de lo posible.

No somos los protestantes que desembarcaron en Nueva Inglaterra, ni los laboriosos seguidores de Mao; el reformismo en tiempos de neoliberalismo no es endógeno. Lo posible no es, como en esos casos, un punto de partida posible o una forma de pragmatismo teórico. En el imaginario populista de izquierda, a lo posible se llega. Se llega, entonces, como sacrificio que acerca al centro, que concede por derecha. No se trata de una izquierda pragmática como podría ser la bolchevique o la vía chilena al socialismo, sino de un pragmatismo que para ser formulado abandona el núcleo “idealista”, asociado a ese punto de partida por izquierda.

De algún modo, la pregunta algo avejentada “¿qué hacer?” no deja de ser reemplazada por una dilucidación algo cobarde y poco honesta en torno a lo posible. Es decir, una vez resignados desde abajo por todo lo que no se puede, el Estado se reinventa como único lugar de decisión sobre lo posible. Sin embargo, ese Estado no deja de presentar grietas y, en particular, durante el último período en que América Latina vio nacer gobiernos de raíz popular, funcionó como un aliado parcial de la pujanza multitudinaria y heterogénea de la región.

Pero nos preguntamos ¿qué puede un gobierno hoy? Las construcciones de poder de raíz popular del último ciclo latinoamericano, presentándose como la opción negociadora y hacedora se presentaron, al mismo tiempo, como parámetro de lectura, funcionaron como el realismo en sí. El populismo es el ángel de lo posible. Es el “realismo político”, decíamos, como conformación de una posición enunciativa que se arroga la decisión sobre lo posible. Y decide, desde esa misma posición quiénes aparecen como enemigos, por derecha e izquierda. Pero el enemigo que el realismo niega, por temor o por falta de lectura –o por exceso de realismo– es la laboriosa tarea de inventarse otra cosa, la imaginación política.

Durante los últimos años, cada vez que pareció dibujarse un nuevo ciclo insurrecto tan heterogéneo como la geografía en que se emplazó (desde las revueltas en plaza Tahrir hasta el 15M, desde Occupy hasta las jornadas de junio 2013 en Brasil), se reabrió en las discusiones locales la posibilidad de un nuevo realismo, o bien, de una nueva distribución entre potencia y poder (2) como tensión interna de todo realismo. Cada experiencia, al construir una nueva posición, al ejemplificar otro modo de pensar-hacer, al forzar nuevas agendas, al impugnar relaciones de dominio concretas desde el territorio, se debe su propio “realismo”, es decir, la construcción y defensa de su lugar existencial y político como punto de vista irreductible ante los aspectos del realismo del poder que desmovilizan.

Brasil: la retórica del golpe 1

En el Brasil posterior a junio de 2013 se consolidó inorgánicamente una suerte de movimiento anticorrupción contra el PT, ya sin la vocación de rebeldía y protesta joven que había estallado a partir de la lucha contra el aumento del transporte. En esos años, mientras se sentían los efectos de la crisis mundial, la disputa no pasaba por izquierda o derecha tradicionales, sino por la orientación de la novedad en juego y el destino del descontento. La política partidaria se dirimía entre la imposibilidad de encontrar una “tercera opción” y la búsqueda de asumir el nuevo mapa tomando registro de lo que podría describirse como un terremoto que cambiaría totalmente el paisaje. Después de una dura campaña en 2014, todavía con junio de 2013 presente, el PT emprendería un camino conservador, de ajustes y política de austeridad, con una ley antiterrorista que criminalizó activistas y con fuertes alianzas con sectores de la derecha y el empresariado financiero, del agronegocio y explotación minera, además de gestos continuos con las fuerzas de seguridad y los pastores evangelistas, que evaluaba indispensables para retener el gobierno. Mientras tanto, se organizaba un Mundial de fútbol y aparecían denuncias por la construcción sobrefacturada de estadios, priorizando aliados políticos, con desalojos y reubicaciones fallidas de población más pobre.

La caída de Dilma, impeachment mediante, no ocurrió en el momento más dinámico; el PT no estaba, precisamente, reformulando la vieja reforma agraria, ni estatizando servicios o bajando el costo de los transportes para la población, ni mucho menos reconstruyendo su base social, sino que el país transitaba un ajuste económico, concomitante con el endeudamiento y fragilización de las economías domésticas. Dilma nombró como ministro de hacienda a Joaquim Levy, formado en Chicago y ex presidente de Bradesco Asset Management, además de autor del programa económico del PSDB para las elecciones de 2014. Según un estudio de Levinas comentado por Raúl Zibechi y Decio Machado, “Entre los más pobres, casi se duplicaron los que accedieron a tarjetas de crédito y cuentas corrientes. De ese modo, mientras el salario creció un 80 por ciento entre 2001 y 2015, el crédito individual aumentó un 140 por ciento” (3) 

La crisis de 2015 dio como resultado un crecimiento muy importante del peso de la deuda de las familias más pobres en relación a sus ingresos (aproximadamente un 48%), mientras que para los sectores medios la deuda financiera fue mayor aún (cerca del 65%). Después de años de aumento del consumo, de “40 millones de brasileños en la nueva clase media”, encontrábamos el mayor endeudamiento registrado entre sectores populares con la banca privada.

La oposición surgida frente a la política estatal en junio de 2013 tuvo semejanzas, en términos de vitalidad y de malestar no orientado de antemano, con el 2001 argentino (“Que se vayan Todos”) o el 15M Español (“No nos representan”). Una protesta iniciada por el Movimiento Pase Libre frente a un nuevo aumento del transporte creaba un espacio de multiplicidad en las calles frente a gobiernos y alcaldías de los partidos del poder, de todo el arco político. Ante la apertura surgida de las calles, el gobierno –a diferencia de lo actuado por Néstor Kirchner bajo el efecto dosmilunero en 2003– había descartado la posibilidad de construir una escucha, de producir nuevas relaciones, entregando el descontento a las capturas más reactivas.

El poder político se presentó en conjunto contra el “desorden”, y la ola de movilizaciones planteó un punto de inflexión en la política brasileña. En 2015, sectores conservadores convocaron protestas multitudinarias que, esta vez, darían lugar a la destitución de la presidenta aprovechando la mayoría conservadora del congreso, incluso con los aliados conservadores con los que el PT co-gobernaba. Ya no era la crítica al “padrão FIFA” que no se aplicaba a las demandas sociales… y el sector político que llegaría al poder no era un nuevo actor, sino el poder empresarial que formaba parte de la vida institucional hacía años. El gobierno de Temer realizaría reformas conservadoras que afectarían derechos laborales. La operación Lava Jato que llevaría a Lula a la prisión, después de un desfile de “arrepentidos” que relatarían por televisión sus negocios con el poder, encumbraría al juez Sergio Moro como actor político que daría base electoral al ignoto Bolsonaro, quien ganaría aprovechando el clima antipetista y las banderas conservadoras de seguridad, orden y prisión para los corruptos.

Si hoy en día buena parte de los cuadros militantes e intelectuales petistas presentan a junio de 2013 como génesis de un “golpe” (4), desde junio podemos más bien percibir un fin de ciclo atado a la incapacidad de conexión del gobierno progresista con las demandas populares, tanto las de su propia historia, por caso la movilización contra el neoliberalismo, como las nuevas pautas para una ficticia clase media (que caería por su peso). Tras la victoria pírrica de Dilma en 2014, el PT fue perdiendo base de sustentación hasta que la propia presidenta fuera descartada por “inhábil” en una maniobra de Palacio de baja estofa.

Como el gobierno en Brasil se compone en buena medida en el Congreso, mucho más que en cualquier otro país latinoamericano, Lula y Dilma no podían soñar con los ministerios homogéneos del kirchnerismo o el evismo; es en ese esquema que encontramos los citados empresarios del agronegocio, pastores, líderes partidarios conservadores, que ayudaban a componer la mayoría y obtenían ministerios a cambio. Fue esa misma base política la que se independizó (nada menos que con el propio vicepresidente de Dilma a la cabeza) y se inclinó por la destitución.

Amén del mecanismo, que para algunos se acercaba al derrocamiento súbito de Manuel Zelaya en Honduras y de Lugo en Paraguay, como “nueva modalidad de golpe”, mientras para otros se asemejaba a la caída de Allende, pero que en Brasil fue un proceso de juicio político que duró meses y contó con la supervisión de los tribunales supremos, lo ocurrido fue más bien “coherente” con el voto de los brasileños que no salieron a las calles a defender un gobierno, que alcanzó el nivel más bajo de popularidad en los sondeos de empresas encuestadoras. Lo posible vuelto posibilismo: como no se puede transformar la realidad, se presenta con mística la política de crédito, el consumo atado a la financiarización o políticas sociales que dejan intacto el armado del capital concentrado.

Sin reacción popular y movilización en defensa de los líderes, el sistema político asimiló la caída de Dilma con un PT que siguió haciendo alianzas de gobierno a nivel local con el PMDB y otros partidos “golpistas”. En 2018 la suerte estaría echada, el PT representado por Fernando Haddad, un candidato con imagen de buen gestor, anunciado un mes antes de las elecciones no podría enfrentar el fenómeno social y virtual de Bolsonaro, y que había sido el alcalde que decretó el aumento del pasaje que derivó en el levantamiento de junio de 2013. En esa misma elección, Dilma perdería en la contienda para senadores en Minas Gerais, su propio distrito y el PT incluso vería en 2020 un progresismo que empezaría a crecer ya con los colores de otros partidos. La retórica del golpe se volvió un asunto central solo para un sector político y militante, ideológicamente de izquierda y de extracción social alta. Pero no caló ni en el día a día de la administración estatal, ni en las calles, ni entre las mayorías que los partidarios presentan como “lulistas” en el nordeste del país, o en municipios de la periferia de São Paulo, considerados bastiones del PT desde su origen.


Más allá de discusiones conceptuales, jurídicas o de ciencia política, que defendieron que un impeachment sin un crimen de responsabilidad es “golpe”, en el proceso de juzgamiento no fueron tratados temas como la construcción sin consulta previa de la represa de Belo Monte –que financió campañas electorales de Dilma y es símbolo de la destrucción de la Amazonia. La lectura política es la del fin de un ciclo, con un gobierno derrotado políticamente, que después se manifestó como deterioro electoral. Si ganar elecciones significa construir gobernabilidad para terminar gobernando en nombre de los de abajo y en función de los de arriba, éstos últimos, en algún momento, se disponen a gobernar directamente. Lo simbólico, lo mediático, lo estratégico de los relatos que parecen volverse la totalidad de la política, pierden peso específico fuera de las elecciones y en un balance para el que la renovación política se vuelve necesaria.

El bolsonarismo se construiría en el plano del imaginario como un anti PT: elogio de la dictadura, destrucción de políticas públicas progresistas, discurso de odio contra minorías y ultraliberalismo explícito. Pero el modelo económico de bancos, agronegocio, con precarización del trabajo quedaría por fuera de la discusión. En estos días se anularon las condenas de Moro contra Lula sobre el caso Lava Jato en que había sido juzgado por un departamento que empresas contratistas del Estado le habrían ofrecido como pago a cambio de favores políticos. La instrucción y pruebas, sin embargo, no fueron anuladas y otro juez podría condenarlo nuevamente. Pero la noticia repercute políticamente por la recuperación de derechos de Lula para candidatear contra Bolsonaro en la elección de 2022.

El nuevo dato político llega en un país que enfrenta un crecimiento imparable de las muertes por covid, con un gobierno que juega a favor de la muerte. El aumento del precio de los combustibles, el desempleo y la discontinuidad de los apoyos estatales en los primeros meses de pandemia crean una situación de preocupación social, que mantiene cierta indiferencia frente a los caminos políticos que se presentan. Bolsonaro no generó un movimiento propio, pero mantiene un apoyo electoral considerable que se fortalece desde una postura anti-sistema y de apoyo a la economía popular que exige y se moviliza para continuar en funcionamiento a pesar del riesgo epidemiológico.

La candidatura de Lula se presenta en este contexto como salvación. Los años felices del lulismo, en que Brasil vivió una explosión de consumo que se presentó como entrada de 40 millones de ciudadanos pobres a la clase media, aparece ahora como retórica de la salvación ante el desgobierno de Bolsonaro. El fortalecimiento de la polarización favorecería a los dos campos. El bien contra el mal, para el lulismo, en un debate político alejado de la realidad neoliberal de trabajo precario y falta de alternativas. La vuelta de la corrupción y el riesgo del comunismo, para los antipetistas, en un debate que escapa al día a día para orbitar en la esfera de la comunicación política como falsa totalidad. ¿Nace la retórica del “Lula vuelve”?

Ecuador: la retórica de la traición

Habiendo llegado al gobierno Rafael Correa en 2007, reformando la Constitución al año siguiente y asumiendo parte de la agenda sindical (por ejemplo, reduciendo significativamente el nivel de tercerización), de los Derechos Humanos (abriendo comisiones de investigación de los crímenes dictatoriales), avanzado en la participación estatal en la renta petrolera (el sector más rentable de la economía ecuatoriana), planteando la necesidad de estabilizar la balanza comercial y evitar la salida de dólares (en un país cuya economía está literalmente dolarizada), no se logró alterar la matriz productiva y distributiva. Incluso Ecuador fue uno de los pocos países que avanzó en la tarea de investigar su deuda externa, para lo que contrató a Alejandro Olmos Gaona (hijo), argentino desoído en su país, y dictaminando la ilegitimidad de una parte importante de ésta, aunque luego no profundizando el diagnóstico con medidas acorde.

Entre 2014 y 2015 tuvo lugar una crisis asociada al precio del petróleo y la valorización del dólar (dos elementos estructurales en la economía ecuatoriana), que mostró la fragilidad del esquema económico y social del país. Fue el momento del ajuste: eliminación del aporte estatal obligatorio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, supresión parcial a los subsidios a los combustibles, eliminación de subsidios al transporte a nivel nacional, etc., trasladando, en todos los casos, los costos a una población cuyos ingresos disminuían como parte del achicamiento del PIB. La crisis política y económica coincidió con una actitud defensiva del gobierno que, en lugar de rearmar sus alianzas o fomentar nuevos apoyos por abajo, se cerró y, más allá del anticorreismo reaccionario, fue acusado de utilizar al poder judicial para disciplinar a opositores políticos y militantes sociales (no solo en los niveles más bajos del poder judicial, sino con un Tribunal Supremo adicto).

Con ocho años en el gobierno y una crisis que tomó la calle por escenario, el 3 de diciembre de 2015 el gobierno envió una enmienda constitucional que dota a las fuerzas armadas de competencias en materia de seguridad interior. Este gesto formal coincidió con hechos de represión concreta ante consecuentes levantamientos indígenas que se desarrollaron desde entonces hasta el momento de las elecciones en 2017. Particularmente en las provincias de Amazonia y la Sierra, la represión era seguida de allanamientos, persecución judicial, detenciones arbitrarias (con cargos típicos de una enunciación derechista: terrorismo, sabotaje, resistencia a la autoridad, etc.). Según Decio Machado, la represión y la criminalización de la protesta se remontan incluso a los inicios del gobierno de Correa, pero fue en el período de crisis que alcanzó una escala callejera significativa y hasta cierta sistematicidad.

Los asesinatos de José Tendetza, Fredy Taish y Bosco Wisuma, referentes opositores al modelo extractivista cortaron definitivamente amarras entre el gobierno y las bases indígenas. Así como en el proceso electoral posterior el correísmo fue acusado de traicionar en buena medida a sus bases, tras su victoria electoral en ballotage, producto de una sobreactuada polarización con el empresario derechista Lasso, el vicepresidente de Correa, Lenin Moreno, se encargó de “traicionar” lo que quedaba.

Tal vez, más allá de la orientación de sus políticas de ajuste, el mayor pecado para cierta militancia consistió en traicionar el plano del lenguaje mismo, teniendo en cuenta la importancia que los gobiernos progresistas de la región le dieron al discurso y las consignas. Lo cierto es que la traición de Lenin Moreno demostró que ni el gobierno de Correa se encontraba en su momento más dinámico (todo lo contrario), ni fue necesario un golpe palaciego o militar para derrocarlo, sino que bastó un simple gesto en el interior mismo de la lógica representativa. Es esa misma lógica representativa la que muestra a un referente del movimiento indígena como Yaku Pérez apoyando, primero a Lasso en las elecciones de 2017 (“prefiero un banquero a un dictador”) y luego algunas de las políticas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno.

El correísmo entregó parte de sus bases posibles a la derecha. Tal vez se trate de un costo propio del llamado neo desarrollismo o de un estilo de gobierno poco afecto a las transversalidades políticas... o un simple efecto de la decadencia de la representación política. Lo cierto es que las protestas de septiembre y octubre de 2019 contra las medidas del ya terminado gobierno de Lenin Moreno revitalizaron la militancia indigenista, pero las elecciones de 2021 parecían devolver el juego al campo de las declaraciones y la maquinaria electoral pone a prueba su capacidad de simplificar la complejidad social con el efecto polarizador del ballotage. El candidato indígena buscaría encontrar un tercer lugar señalando los límites del correísmo y reiterando la distancia con la derecha tradicional, pero a pesar de la alta votación para el movimiento Pachakutik por parte de las bases de las organizaciones indígenas, el escenario tripartito sería desalentador, teniendo en cuenta las posiciones irreductibles entre Pérez y el correísmo y una posibilidad de Lasso de arrastrar a la oposición mayoritaria bloqueando la impugnación franca a las políticas de Moreno, más allá de la retórica de la traición. Por un lado, es cierto que su buena elección remite a la revuelta de 2019 pero, como dice Raúl Zibechi “las insurrecciones no caben en las urnas” y la notable elección de Yaku Pérez Guartambel no es suficiente ni siquiera sumada al voto “anti neoliebral”, que es mayoría absoluta en los curules parlamentarios, para avanzar de hecho contra el neoliberalismo devenido refeudalización corporativista y el extractivismo.

¿La ubicación de Pérez en el mapa es similar a la que ostentó en Brasil Marina Silva? Con todo el cuidado de la traspolación, es menester dar cuenta de lo que se mueve, ambivalente, por abajo y alcanza umbrales nada despreciables también en la lógica electoral. Lo que parece ser clave, pasando el tiempo electoral, es entender los matices, diferencias y convergencias de las distintas líneas del movimiento indígena que se unificaron a la hora de defender el voto y expresan un mundo político que se abre cuando el correísmo y la derecha financiera quedan atrás.

Bolivia: la retórica del golpe 2

La caída de Evo Morales en Bolivia suscitó un áspero debate que tuvo lugar especialmente fuera del país. Las izquierdas regionales e incluso a nivel mundial cerraron filas con la defensa de Evo Morales, lo que significaba sumarse a la campaña contra lo que fue considerado un golpe militar. Presidentes como López Obrador y Alberto Fernández se sumaron personalmente a la campaña, al punto que el presidente argentino hizo del acompañamiento a Evo en su exilio primero y en su posterior vuelta a Bolivia una cuestión de Estado.

Dentro de Bolivia hubo movilizaciones de sectores del MAS, especialmente en El Alto y Cochabamba, bastión cocalero. Enfrentaron la represión, con asesinatos en Sacaba y Senkata a manos del ejército, que obtuvo con el nuevo gobierno garantías para reprimir que Evo Morales no había otorgado –por ejemplo, para contener la crisis desatada por movilizaciones posteriores a la elección de octubre de 2019. Como ocurrió en Brasil, sin embargo, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales la política no se dirimiría con movilizaciones masivas ni una resistencia decisiva contra el golpe, sino con comunicación política: “golpe”, “dictadura”, de un lado; “gobierno corrupto” y “fraude”, del otro.

Dentro de Bolivia, los propios legisladores del MAS apoyaron y dieron legitimidad al nuevo gobierno, formado ante un vacío de poder y la renuncia de la línea de sucesión presidencial detallada en la Constitución, con Jeanine Áñez asumiendo la presidencia aduciendo su carácter de máxima autoridad del Senado. Asumió por votación simple ante la ausencia de mayoría, controlada por el MAS. Pero días después, incluso movimientos sociales se sentarían con la nueva presidenta, y en el Congreso la mayoría optaría por reconocerla, aceptando la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente, no dejando que la controversia activa en el plano de la comunicación política llegara a las instituciones (5).

Mientras tanto, la izquierda latinoamericana se orientaba a denunciar el golpe en Bolivia, haciendo resonar las imágenes cruentas con la memoria de las dictaduras militares. En el país no sería esa la resonancia principal, y se producían jornadas de movilización contra el denunciado fraude, que ponían un manto de duda sobre una elección que ya antes de ocurrir estaba deslegitimada por contradecir la Constitución promulgada por el propio Morales en 2009 (más de una reelección estaba expresamente prohibida).

En 2016, Evo Morales llevó adelante un referéndum para cambiar este punto del texto constitucional, pero perdió en las urnas. La salida de Evo Morales fue vivida por muchos como la caída de alguien que se postuló contra el mandato de un referéndum popular (lo hizo gracias al fallo de un poder judicial presionado políticamente), y en el contexto de movilizaciones sociales que no pueden reducirse a la derecha o la clase media y alta opositora. Hubo jóvenes de todo el país y, antes que los militares recomendaran la renuncia, la propia Central Obrera Boliviana, aliada política del MAS y otros sectores sociales habían solicitado eso mismo (6).

La relación del MAS con las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte, con contradicciones, compra de lealtades y una relación afianzada que en el momento de las definiciones se quebró. Algo parecido puede decirse de la relación con la OEA. Luis Almagro se manifestó favorablemente a la candidatura de Evo Morales, ganando el desafecto de la oposición. Se desató una crisis por las movilizaciones masivas que denunciaban fraude, después de haberse interrumpido el conteo televisado de votos y retomado con un cambio pronunciado de tendencia que declararía a Evo Morales electo en primera vuelta. En ese momento fue el propio Evo Morales quien convocó una auditoria de la OEA, dándole un papel de juez en el proceso. La OEA recomendó la realización de nuevas elecciones, por irregularidades. El mandatario aceptó el desafío, pero horas después presentaría la renuncia.

En Bolivia, la retórica del golpe tuvo como fuente principal una posición partidaria asociada al evismo. En cambio, personalidades como el actual vicepresidente electo, David Choquehuanca y otros funcionarios no se refieren a un “golpe” y no hubo una ruptura del orden constitucional con los efectos conocidos en dictaduras convencionales. Los de octubre y noviembre de 2019 fueron acontecimientos de alta complejidad política que se mantendrán abiertos a interpretación y disputa de narrativas.

El gobierno de Jeanine Áñez, que asumió con la promesa de llamar elecciones y practicó una política represiva y racista, terminó postergando la convocatoria con el argumento de las condiciones sanitarias de la pandemia. Su gobierno inició juicios anticorrupción y buscó derrotar al MAS, de facto, desde el gobierno. No lo consiguió. Como es sabido, en octubre de 2020 el MAS volvió al poder con Evo Morales fuera de la disputa (se adujeron motivos burocráticos de falta de residencia para no habilitar su candidatura al senado). La solución que encontró el MAS fue una fórmula con un vicepresidente indígena crítico, que había sido el candidato elegido por las bases (e impugnado desde Buenos Aires por Evo Morales) y un candidato propio de perfil moderado y “técnico”, para la presidencia (7).

Las bolivianas y bolivianos parecen haber dado un mensaje también complejo. Quizás algo pragmático, pero alejado de la mística militante del MAS y, especialmente, de las voces latinoamericanas de opinión a la distancia. El resultado de la elección de octubre de 2020 muestra conformidad con la continuidad el MAS, pero sin clamor por la vuelta de Evo; también el fin de la reelección parece acomodarse al sentir popular. Evo Morales perdió la presidencia, pero también ganó, con su partido nuevamente en el poder y su influencia eligiendo a dedo muchos otros candidatos a gobernadores o alcaldes, en no pocos casos en contra de lo que las bases proponían.

En una lectura de mediano plazo, sin embargo, se percibe el fin de ciclo y un cambio político notable, desde aquella victoria de 2005, como expresión del ascenso de las movilizaciones que se iniciaron en el año 2000, expresadas también en su ratificación en el referéndum revocatorio de 2008. Posteriormente, se volvió preponderante el discurso desarrollista y nacionalista, buscando seducir a las clases medias, que llevó nuevamente al MAS a la presidencia en 2009 y en 2015, ya con un Estado Plurinacional Comunitario constituido, pero sin que la política del MAS buscara avanzar en la implementación de los puntos contenidos en ella –lo que podría haber significado un conflicto real con el poder tradicional e económico.

Un gobierno del MAS que también reprimió las marchas en defensa del TIPNIS (8), que incluso buscaría intervenir, comprar o partir organizaciones históricas de los pueblos indígenas, y que a pesar de los números macroeconómicos favorables empezaría a sufrir un cuestionamiento en las urnas y en las calles.

En ese sentido, Eva Copa representa una nueva generación de líderes. Alteña, se convirtió en presidenta del Senado representando al MAS después de la caída de Evo Morales. En 2021, luego de ser elegida candidata por las bases en la ciudad del Alto fue rechazada por las autoridades partidarias, que forzaron su salida del partido. Ahora se impuso como alcaldesa con amplia votación en la ciudad que protagonizó la guerra del gas en 2003, e incluso fue palco de las muertes en la tranca de Senkata, poco después de asumida Áñez, por represión militar cerca de una planta de gas.

Por otra parte, se mostraba favorito en las encuestas para la gobernación de La Paz el líder indígena Felipe Quispe Huanca, que protagonizó los bloqueos y resistencia anti neoliberal con un fuerte planteamiento anticolonial y de autodeterminación aymara, y que falleció poco antes del pleito electoral, teniendo a su hijo como heredero político que disputará todavía la segunda vuelta para el mismo cargo (9). El fin de ciclo boliviano parece abrir nuevas posibilidades con y sin el MAS, dentro del MAS y con un posible nuevo MAS, como parte de una transversalidad política y social más afín a la complejidad de la hora.

Argentina: la retórica del mal menor

El gobierno de Cristina Fernández fue convalidado como parte de un proceso de recuperación de índices macroeconómicos, laborales y sociales. En ese momento, en pleno reencantamiento popular (y de sectores medios) con un nuevo auge del consumo, sonaba la candidatura de Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta que tras la muerte de Néstor Kirchner la imagen de Cristina repuntó y sus dotes como cuadro político terminaron de posicionarla.

La elección de 2011 determinó su victoria por el 54% de los votos, quedando en segundo lugar con aproximadamente 17% el Frente Amplio Progresista encabezado por el Socialismo santafecino. ¿Cómo es que solo cuatro años después la derecha más rancia, encabezada por la figura de Mauricio Macri, se quedó con el 51% de los votos en ballotage ante la más conservadora de las opciones del hasta entonces oficialismo, el antes postergado Scioli? De algún modo se puede decir que en 2011 no solo el gobierno ganó una elección, sino que el plano electoral ganó lugar en relación a otras dimensiones de la construcción política.

Así, el gobierno se autonomizó definitivamente de la trama que incluía movimientos sociales y actores diversos en condiciones de discutir transformaciones, haciendo de ese modo a un lado al elemento crítico que podía albergar su base de sustentación. Liberó la fuerza del número (más de la mitad de los votantes) de rendiciones de cuenta, poniendo en riesgo la fuente misma de legitimación política, en un derrotero que la propia presidenta reelecta abrió con el eufemismo “sintonía fina”.

El período de 12 años de gobierno kirchnerista se caracterizó por su heterogeneidad, tanto a nivel de las condiciones externas, como del plan económico, la construcción política hacia adentro e incluso la seguridad interior. En el último tramo, disminuía significativamente el ingreso de divisas, con consecuencias graves en la generación de empleo (se amesetó definitivamente el empleo privado, tanto como el surgimiento de nuevos pequeños agentes económicos); por otra parte, aumentaba la preocupación del gobierno por la conflictividad social: el plan “Cinturón sur” desplegó a la Gendarmería en los barrios populares, villas y asentamientos, hizo su aparición en escena el punitivista e inefable secretario seguridad Berni, se reformó la Ley Antiterrorista con endurecimiento de penas, en tándem con la existencia – hacía ya unos años– del Proyecto X (que espiaba y operaba militantes). El rumbo extractivista siguió cumpliendo etapas, con la instalación de una planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas en Córdoba (resistida por movimientos territoriales), los subsidios a grandes empresas superaron las inversiones en vivienda y programas sociales, el aumento del pan en 2013 dejó ver, una vez más, los entretelones de la concentración económica en  rubros sensibles como la alimentación, y se votaron leyes casi anacrónicamente noventistas como la de ART y la baja de los aportes patronales.

La devaluación de enero de 2014, del 16% en solo tres días, seguida de un ajuste a los consumidores vía quita de subsidios a servicios básicos, repercutió en el poder adquisitivo de la clase trabajadora formal, informal y de las economías populares. El intento del gobierno por volver a los mercados internacionales de manera oficial lo encontró condescendiente con el CIADI y pagando punitorios al Club de París. El 70 % de los jubilados ganaban la mínima (muchos de ellos se habían beneficiado por el reconocimiento por primera vez de su jubilación) cuando el defensor de la tercera edad reconoció que justamente ellos venían perdiendo capacidad de compra de lo mínimo necesario para sostenerse cotidianamente. La ley de Hidrocarburos y el acuerdo secreto con Chevron entregaron soberanía por la necesidad de financiamiento en el cortísimo plazo, mientras que ahí donde se había recuperado terreno con la estatización parcial de una mermada YPF (que representaba el 34% del sector hidrocarburífero), se contrató a un CEO para aplicar una política de ingresos vía aumento de combustibles y usar a la empresa como boca de endeudamiento externo.

Cuando marcamos la pérdida de protagonismo y dinamismo social justo en el tiempo posterior a una victoria electoral de tal contundencia, nos preguntamos si se perdió de vista la propia génesis de la impugnación al neoliberalismo que había tenido lugar en 2001 y la composición social heterogénea que luego funcionó como base de sustentación. En cambio, notamos que el triunfalismo de los actos y enunciados oficialistas funcionaron como contracara y espejo de la animosidad y las operaciones de medios y sectores opositores. Los vectores más dramáticos en términos de antagonismos territoriales y económicos concretos, permanecían inalterables. Pablo Hupert escribía, en ese sentido: “En cuanto a los antikirchneristas, mantienen con los kirchneristas un consenso de fondo en el modelo de acumulación de capital (extractivismo rural, hidrocarburífero, minero y urbano, devastación del medio ambiente, concentración y extranjerización de la economía, precariedad laboral, mercantilización general de la vida).” (10)

La figura de Scioli, candidato elegido sin internas ni mayores discusiones por Cristina Fernández, dio cuenta de las líneas generales del último tramo del oficialismo y de un sobreentendido preocupante que recuerda al caso brasilero: “si va a haber ajuste, mejor hacerlo nosotros”. Más allá del tratamiento bien conservador en materia de seguridad que el gobierno de Scioli llevaba adelante en la provincia de Buenos Aires, del crecimiento exponencial de los countries durante sus dos mandatos consecutivos, de su pasado de fidelidad al menemismo hasta último momento, entre otras cualidades, el dato de la construcción de su candidatura había que buscarlo en su propuesta económica. Sus asesores, fundamentalmente Miguel Bein –a quien llevó a más de una entrevista televisiva en el prime time para que respondiera por él asuntos claves de la economía–, no dejaban dudas acerca de la “necesidad” de un ajuste y pretendían diferenciarse de sus adversarios electorales en dos puntos: el ajuste debía ser gradual y el actor principal no sería el mercado financiero, sino la oligarquía industrial. En definitiva, el “fin de ciclo” en Argentina estuvo dominado por un consenso no siempre explicitado en torno a la necesidad de un ajuste según dos matices: gradualismo o shock. ¿El gobierno de Alberto Fernández es la sobrevida? ¿Se trata de un progresismo post mortem bajo la máscara de un “progresismo liberal” que se sostiene en la apuesta extractivista, la ambigüedad discursiva, el mantenimiento del ala conservadora en la disputa por la tierra (Berni exaltando la represión en la toma de Guernica)?

Conclusiones abiertas

Cuando hablamos de “fin de ciclo” progresista, no nos referimos a una coyuntura electoral. Es cierto que se pone de manifiesto una debilidad cuando una figura anti popular como Mauricio Macri destrona al kirchnerismo, o en la reducción de la presencia en gobiernos municipales del PT de 600 a solo algo más de 100 municipios, de los cinco mil en todo Brasil. Pero la derecha tampoco logra consolidar una hegemonía política como fue la del progresismo (excepto en Colombia de forma estable y en Perú con inestabilidad y recambio). En Chile, tras el estallido iniciado en octubre de 2019 y la convocatoria de una convención constituyente, es muy probable que el progresismo se imponga como lo hizo en Bolivia y Argentina, mostrando más bien un péndulo inestable de transición, donde también la extrema derecha y las nuevas izquierdas se suman a la disputa, siguiendo los pasos de algunos países europeos. Más allá de lo electoral, entonces, el fin de ciclo es vivido por los más identificados desde cierto endurecimiento interno o incluso ensimismamiento. Aumenta la mistificación mientras disminuye la capacidad de movilización, se interrumpe la continuidad con las luchas que llevaron a los gobiernos de raíz popular al Estado. A su vez, se consolida la perspectiva estatal tendiente a la criminalización de las protestas, políticas de austeridad más y menos disimuladas y, fundamentalmente, una ambigüedad que queda cada vez más lejos de los movimientos y experiencias alternativas.

El dirigente social argentino Juan Grabois desafió al Frente de Todos (al que pertenece) al insistir en que la cautela supuestamente estratégica del gobierno podría terminar alejándolo de sus bases. Pero se excede (reincide) en confianza a los liderazgos cuando sostiene que hace falta una dirigencia “que tenga el coraje, la inteligencia y la planificación para lograr cambiar la estructura absolutamente regresiva, degradatoria, primarizante, colonial que tiene la Argentina...”. En buena medida, los movimientos sociales reproducen las dificultades que se observan a nivel de los gobiernos y su pérdida de dinamismo explica también el alcance limitado de una red de espacios (nada limitada de antemano), a la hora de alterar las condiciones macroeconómicas y las características del Estado mismo –que Grabois reconoce como un Estado neoliberal ocupado circunstancialmente por gobiernos populares o progresistas.

En el caso de Chile, los límites para el cambio estructural ya se encuentran interiorizados en las limitaciones que el poder político (conservador o progresista) impuso en acuerdo político de cúpulas mientras las calles ardían en una histórica movilización social, para definir las reglas de funcionamiento del foro en vistas a la Constituyente. Como ocurrió en Bolivia, el poder constituyente surge limitado (constituido) por la necesidad de aprobación por dos tercios, que políticamente garantiza poder de veto a las fuerzas políticas tradicionales –finalmente, intérpretes en última instancia de los mensajes de las calles. Quizás sea ilustrativa la “funa” (escrache) que encontraría a fines de 2019 Gabriel Boric, ex líder estudiantil de las protestas de 2001 y creador del Frente Amplio, por su participación en el acuerdo con el gobierno y otros sectores políticos, accediendo a sellar el acuerdo para encaminar la Constituyente con el gobierno y también la ex Concertación, fuerza cuya derrota fue la condición que lo había transformado en líder político con el mote de “nueva política”.

La figura de la “correlación de fuerzas” se utiliza de manera abstracta y amañada. Últimamente, la militancia partidaria, sindical y social, en el momento mismo en que se refiere a las relaciones de fuerza no se asume como parte de esa relación. Frase de mago, abracadabra que, al pronunciarse, nos paraliza. Le pone nombre, justificándola, a la desmovilización social. ¿Dónde quedan nuestras fuerzas entonces? ¿De qué modo hacemos parte en situaciones concretas de esa relación? Se da por concluida de antemano una relación que, por definición, no está cerrada; se piensa como gesto estratégico la repetición de lo mismo, como si las estrategias no fueran también parte de un campo en disputa dependiente de las condiciones que, justamente, no son una repetición de lo mismo. ¿Y si no es un problema de “gran estrategia” voluntarista o sacrificial, sino de tacticismo radical y alegre? De hecho, hay fuerzas de distinta índole, no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino en el plano de la imaginación política, de las transformaciones a nivel de los vínculos dentro y fuera de las organizaciones, en el seno de complicidades transversales, tácticas de guerrilla o formatos de unidad de acción. La imaginación no es una abstracción o una utopía perdida por lejana, sino una fuerza que abre posibles.

¿Cuáles fueron los límites de los aspectos dinámicos de esos procesos se cerraron o viven aun a costa de su fin de ciclo? Pensamos en, al menos, dos niveles: la relación de los movimientos, los sectores populares, las denominadas bases y organizaciones con los gobiernos propiamente dichos, por un lado, y las medidas concretas, entre rupturas y continuidades con los regímenes previos (la vigencia del neoliberalismo, de las oligarquías, etc.). Este último punto relativiza las acusaciones de claudicación, de traición o de giros conservadores de los gobiernos, en tanto ya estaban escritos en la matriz de relación entre éstos y la dinámica de los movimientos. Incluso, ¿hasta qué punto, parte de los movimientos y de la militancia de base se perciben y piensan a sí mismos de entrada identificados con el realismo del poder? El realismo político que transforma un análisis automático de la correlación de fuerzas en una excusa para no repensar las relaciones del dinamismo social con los formatos de poder existente, opaca toda imaginación política con su velo indolente.

Por nuestra parte, el diagnóstico y las preguntas que nos propusimos no surgen de una mirada exterior a los deseos de transformación de las relaciones de desigualdad y destrucción del medio vigentes, ni de una inmaculada concepción de izquierdas, sino de un realismo doloroso (11) que no está dispuesto al silencio público de las diferencias, ni al razonamiento extorsivo cuya única razón de ser son los poderes que se tiene en frente. Nos permitimos sospechar del sobredimensionamiento jactancioso y en bloque del enemigo, gesto correlativo de una victimización también excesiva respecto de las potencialidades propias y vitalidades inesperadas. Apostamos, más bien, a un realismo de la potencia que ponga de relieve las expresiones de dinamismo encarnadas por actores y formas de relación y organización existentes, para una imaginación política capaz de actuar, de intervenir en nuestras condiciones, con todo el barro que la historia disponga. Desde la marea de feminismos hasta las luchas ambientalistas, los espacios de contracultura, las experiencias de economías solidarias y populares, hasta las resonancias entre un buen vivir contemporáneo y la vigencia comunitaria de los pueblos indígenas, pasando por las revueltas estudiantiles, los nuevos modos de agrupación y democracia gremial o de lucha de trabajadores autónomos y precarios por fuera de las estructuras que ya no los contemplan ni representan, y el activismo informático… la fenomenología del dinamismo político es muy vasta y no lo es menos la potencialidad de articulaciones e interfaces capaces de la necesaria transversalidad a la hora de contrapesar e incluso superar las asimetrías concretas que conforman la actual correlación de fuerzas, es decir, la trama que define cuánto podemos.

Es clave atender e investigar lo que hay de vivo por abajo y por los costados, así como propusimos repasarlo comparativamente en la historia insurreccional latinoamericana del último tramo del siglo XX. ¿Qué pasa hoy con los enjambres de repartidores y trabajadores logísticos por aplicaciones que bien podrían parar las ciudades? ¿Qué lugar tiene en algunos países la construcción comunitaria indígena por fuera de las ciudades, o enhebrando campo y ciudad? La movilización de los pobres por el auxilio económico o renta universal en Brasil reorientó los recursos del Estado; las tomas de tierras con grados cada vez más altos y sofisticados de organización y enunciación en Argentina dejan ver un deseo de vivir bien sin temor a la confrontación. Algo se mueve por fuera de lo posible, ¿algo imposible? Entre la máquina neoliberal y su “There is no alternative” implícito –o incluso fracasado neoliberalismo devenido refeudalización corporativista– y el posibilismo progresista, suerte de liberalismo sensiblero, izquierda que ladra, pero no muerde; es decir, entre el realismo de la impotencia y el realismo político, se cuela una potencia que busca su propia realidad.

Ariel Pennisi

@ArielPennisi1

Salvador Schavelzon

@schavelzon

2 abr 2021 05:56

Publicado enPolítica
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