Castillo, a duras penas con una tregua social

Perú movilizado contra los aumentos y las respuestas duras del gobierno

Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista de izquierda que asumió la presidencia hace poco más de ocho meses, pasa por su hora más difícil. Ya no enfrenta solo a la extrema derecha que lo quiere sacar de la presidencia desde el primer día de su gobierno, sino ahora también a los sectores populares, su base electoral, que en los últimos días tomaron las calles en movilizaciones contra el gobierno. Y ha perdido aliados en la izquierda. Campesinos y maestros, dos sectores a los que Castillo está especialmente ligado, son parte de esas protestas que se han dado en buena parte del país.

Primero fue un paro de agricultores y transportistas contra las alzas de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes para el agro, después se sumaron las movilizaciones de los principales sindicatos del país, incluido el de maestros, que le demandan al gobierno que cumpla con el programa de cambios con el que ganó las elecciones. Del otro lado, la derecha busca sacar provecho del escalamiento de la crisis y también se moviliza en las calles. En estas movilizaciones, que han tenido su expresión más importante entre los sectores medios y acomodados de Lima, no se reclama por el alza de precios, se exige la salida de Castillo. Dos protestas de origen, composición y demandas distintas, dos flancos que atenazan a un gobierno que muestra poca capacidad de reacción.

La respuesta de entraña autoritaria del gobierno a las movilizaciones sociales, imponiendo el estado de emergencia y un toque de queda, el que tuvo que levantar por el rechazo generalizado que produjo, encendió más la indignación y las protestas. Una torpeza que ha sumado al debilitamiento del gobierno. En respuesta a las alzas de precios se han eliminado impuestos a combustibles y alimentos para reducir su precio, aumentado el sueldo mínimo y se darán subsidios a los fertilizantes. Las protestas sociales que jaquearon al gobierno se han levantado, pero es solo una tregua. La crisis no ha cedido. Y en el plano político, la crisis se agudiza.

Después de haber fracasado dos veces en conseguir los dos tercios de los votos para destituir a Castillo, desde el Congreso controlado por la derecha ahora le piden al presidente que renuncie. Quieren nuevas elecciones presidenciales, pero quedarse ellos en sus curules. Una opción que encendería más las calles. La ira en las movilizaciones populares no ha apuntado solo contra el gobierno, sino también, y con fuerza, contra un Congreso muy desacreditado. Según un reciente sondeo de Datum, la desaprobación a la gestión de Castillo llega a 76 por ciento, pero el rechazo al Congreso es mayor, 82 por ciento. Que se vayan todos es el sentimiento que gana terreno y se vuelve mayoritario.

“La situación es muy compleja. Lo más probable es que el alza de precios continúe, se viene un problema económico serio, con protestas importantes con riesgo de violencia, y Castillo no tiene la claridad ni la lucidez para enfrentar este problema. Creo que la salida es una movilización ciudadana que empuje a Castillo y al Congreso a renunciar ambos y adelantar las elecciones. Lo más riesgoso es la destitución de Castillo o su renuncia y que se quede el Congreso, que es funcional a la extrema derecha. El mayor peligro es la derecha autoritaria atrincherada en el Congreso”, le declaró a Página 12 el sociólogo y analista político Carlos Reyna.

Por su parte, el politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla, le señaló a este diario que “el hecho fundamental de las protestas de corte popular ha sido la ruptura de los movimientos sociales con Catillo”. “Me parece imposible una salida que implique que se vaya Castillo y se quede el Congreso por el rechazo que eso tiene entre la ciudadanía. La destitución de Castillo es un tema que todavía divide al país, pero la consigna que se vayan todos es algo que ya une al Perú. Para que esa consigna se concrete para ir a elecciones generales la presión ciudadana tiene que ser lo que hemos visto estos días multiplicado por diez. En este momento no hay salida a la crisis”, dice De la Puente.

Su alejamiento del programa de cambios, las denuncias de corrupción, cuestionados nombramientos, su distanciamiento de un sector importante de la izquierda, se han sumado a la crisis económica y los ataques de la derecha para debilitar a un gobierno que comenzó como el de la esperanza y se encamina a terminar como una frustración. Esa frustración se ha sentido en las calles. 

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Ofensiva derechista en EU busca anular libertades civiles y derechos de minorías (I)

 Pretenden revocar el derecho al voto, al aborto, conquistas de la comunidad gay y una purga de libros

 

Una ofensiva de una constelación de fuerzas derechistas en Estados Unidos está promoviendo no sólo la anulación del sufragio efectivo, sino revertir derechos y libertades constitucionales de mujeres, minorías raciales y la comunidad gay, prohibir libros y la enseñanza de historia social, incluyendo el racismo, impulsar campañas contra medidas para mitigar la pandemia como el uso de cubrebocas y el rechazo de vacunas, parte de un ataque contra la ciencia, y algunas corrientes se preparan para acciones armadas con el fin de, según ellos, defender su país contra "comunistas", "anarquistas" y otros "radicales", incluidos demócratas centristas.

Mucho de esto no es nuevo, pero sus dimensiones y poder político son suficientes para provocar alarmas entre la Casa Blanca, legisladores, organizaciones de defensa de derechos y libertades civiles y prominentes intelectuales, de que están amenazando los fundamentos democráticos de la república estadunidense.

Es parte del legado activo que cultivó Donald Trump, a quien se ha subordinado casi todo el Partido Republicano junto con extremistas, y que incluye un asalto al Capitolio como parte de una intentona de golpe de Estado, hecho sin precedente en la historia del país.

La agenda política derechista que ocupó el poder nacional con Trump durante cuatro años continúa hoy a nivel federal con legisladores republicanos frenando esfuerzos para defender el sufragio efectivo y a través de la mayoría conservadora en la Suprema Corte donde, entre otras cosas, está en riesgo el derecho constitucional al aborto, pero aún más efectivos son los esfuerzos derechistas a nivel estatal y local con gobiernos republicanos.

Es en los estados y condados donde la ofensiva para suprimir y hasta subvertir el voto se está impulsando. Más de 440 iniciativas de ley para obstaculizar y dificultar el ejercicio del voto, sobre todo de minorías y pobres, han sido impulsadas en 49 estados, y 19 entidades han aprobado 34 de estas leyes, reporta el Brennan Center for Justice.

Republicanos en estados donde controlan la legislatura y la gubernatura están usando ese poder para redibujar distritos electorales diseñados para consolidar ese control y dividir al electorado que suele votar en su contra, los demócratas han hecho lo mismo, pero no de manera tan efectiva, en entidades que ellos dominan.

Más aún, desde el nivel estatal han impulsado leyes para anular el derecho de las mujeres a servicios de salud que incluyen el aborto, así como para cancelar avances en la defensa de derechos civiles de la comunidad gay, ampliar la influencia de iglesias conservadoras en la política, "proteger" y ampliar el "derecho" de comprar y portar armas de fuego (casi todo lo relacionado con armamento privado se regula a nivel estatal en Estados Unidos).

Los republicanos y sus aliados de la derecha se han enfocado también en organizar y tomar control al nivel local, desde juntas escolares a puestos administrativos y de regulación a nivel municipal y de condados desde los cuales han impulsado medidas que afectan desde el programa de estudios de escuelas públicas, hasta qué libros se permiten o no en las bibliotecas, censura que se expresa cada vez más abiertamente en diversas partes del país.

Por ejemplo, esta semana, una junta escolar en Tenesi votó de manera unánime (10-0) a favor de prohibir la novel gráfica famosa, y ganadora del Premio Pulitzer, Maus de Art Spiegelman, la cual ya no podrá ser usada en sus aulas porque contiene material "inapropiado", incluyendo algunas palabras y una figura desnuda. La obra es sobre el Holocausto.

También esta semana un alcalde del pueblo de Ridgeland en Misisipi se rehusó a entregar 110 mil dólares en financiamiento destinando al sistema de bibliotecas públicas en el condado exigiendo una purga de todos los libros sobre los gay antes de soltar los fondos.

En Virginia, el nuevo gobernador conservador acaba de instalar un sistema para que ciudadanos puedan denunciar a escuelas y maestros que estén abordando el tema del racismo de manera extensa.

En Texas una nueva ley busca limitar la enseñanza de historia reduciendo o eliminado referencias a la discriminacion contra mexicanos y a la esclavitud, parte de una ofensiva conservadora que hasta ha logrado frenar cualquier alusión crítica al Álamo. Un legislador republicano estatal texano circuló una lista de 850 libros a oficiales escolares del estado donde incluyó tanto libros ya viejos como nuevos por autores reconocidos como Margaret Atwood o hasta Quinceañera de Ilan Stavans.

En un distrito escolar en Kansas se retiraron 29 títulos de las bibliotecas, incluyendo una de las obras de la Premio Nobel Toni Morrison.

En York, Pensilvania, maestros y estudiantes lograron revertir con sus protestas una prohibición sobre varios libros escritos desde la perspectiva de niños latinos, afroestadunidenses y gay. Entre los libros había dos para niños sobre Martin Luther King y Rosa Parks.

Líderes conservadores han sido exitosos en detonar un debate nacional al atacar lo que llaman "teoría crítica de raza" –frase académica que aborda el estudio del racismo sistémico en Estados Unidos– al calificarlo de "antiestadunidense".

En Florida se promueve un proyecto de ley estatal para limitar el enfoque sobre racismo, justificado por, textualmente, "no haga sentir incómodo, culpable, angustiado o cualquier otro tipo de destreza (a un individuo) por su raza".

La Asociación de Bibliotecas de America (ALA) reportó que recibió 156 solicitudes para remover 273 libros en 2020, pero en el último trimestre de 2021, esa cifra se elevó a 330.

Desde enero 2021, se han introducido 122 proyectos de ley a nivel estatal para prohibir, limitar o condicionar libros en educación pública y bibliotecas en 33 estados, 10 de esos se han promulgado en ley en nueve estados, reporta PEN America. Según varios medios, ciertos libros ya han sido recogidos de escuelas en Texas, Pensilvania, Utah, Virginia y Wyoming.

Un observador de todo esto circuló una vieja cita de Heinrich Heine, poeta alemán del siglo XIX, como advertencia: "Donde quemen libros, también, al final, quemarán a seres humanos".

(En la segunda parte: el neofascis- mo y la ofensiva contra mujeres, minorías e inmigrantes).

Por David Brooks, corresponsal

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Disparos de celebración iluminaron el cielo en Afganistán después de que el último avión estadunidense despegó del aeropuerto de Kabul en las primeras horas de hoy. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura del país de afganos y extranjeros. Foto Afp

Kabul. La última salida de fuerzas occidentales de Afganistán ocurre entre carnicerías en tierra, agrias acusaciones y recriminaciones en Washington y Londres, y desaliento y temor entre la gente que se queda atrás en una tierra quebrantada.

El 20 aniversario del 11/S estará marcado por la humillante derrota de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, y por una creciente oscuridad para los afganos que ven cómo les arrebatan las dolorosas ganancias de las dos décadas pasadas mientras se adentran en un ominoso futuro.

El ataque en el aeropuerto de Kabul cometido por el Isis-K la semana pasada, en el que al menos 169 afganos fueron masacrados, y la prevalencia de otros grupos extremistas, entre ellos Al Qaeda, fueron una advertencia de que la salvaje guerra civil que siguió al retiro de las fuerzas rusas a finales de la década de 1980 podría volver, junto con toda la devastación que entraña.

He cubierto la guerra más reciente en Afganistán desde sus comienzos y he sido testigo de primera mano de las atrocidades que una vez más parecen ser el destino del país. De hecho, presenciar la caída de Kabul y luego la dolorosa lucha de los refugiados que han intentado huir del Talibán en las semanas pasadas sólo me ha dejado en claro que para muchos afganos la pesadilla ya empezó.

"Esta mañana pensaba que tengo 20 años de edad; nací el año en que terminó el gobierno Talibán. La vida que tenía terminará ahora, 20 años después", me dijo Afshaneh Ansari, hermana de un amigo a quien conozco desde hace 10 años, el día que los militantes entraron en Kabul.

"Quería ser una artista que intentara fusionar el arte afgano con el occidental. También soy una activista en temas de género", comentó Afshaneh, estudiante de la Universidad de Kabul. "No creo que eso sea posible ahora en Afganistán; no puedo creer que este desastre haya sucedido, que nuestras vidas hayan quedado destruidas así nada más".

Para otros, la aflicción se mezcla con la perplejidad de ser abandonados por Occidente. Benesh Allaiwal, activista de derechos humanos, de 28 años, me llamó el día en que el Talibán dijo a las trabajadoras que permanecieran en casa y en que Joe Biden se negó a extender el plazo para las evacuaciones.

"No me sorprende que el Talibán y el presidente estadunidense nos causen tanto daño el mismo día. Supongo que algo así iba a ocurrir desde que Biden anunció que retiraría a los soldados, lo que fue la señal de ataque para el Talibán", dijo.

La familia de Benesh había huido a Pakistán durante el gobierno talibán y regresó después de que el régimen del mulá Mohammed Omar cayó tras la invasión estadunidense y británica de 2001. "Los estadunidenses y europeos animaron a las mujeres como yo a estudiar, a luchar por nuestros derechos y los de otras personas", subrayó. "Y ahora esas son las cosas que me ponen en la mira del Talibán. La única esperanza que tenemos son los vuelos, poder pasar los retenes del Talibán, pero créame, muchos no lo lograremos".

La evacuación fue turbulenta desde el principio, lo que era previsible con los límites temporales y los términos de referencia impuestos. Es cierto que miles han sido transportados por aire hacia lugares seguros, pero muchos han quedado atrás, y algunos se ocultan, perseguidos por vengativos yihadistas.

En muchos integrantes de las fuerzas estadunidense, británica y de otros países occidentales hay indignación por lo ocurrido: saben que están dejando atrás personas con las que han trabajado, a menudo en condiciones de peligro.

Lo que han presenciado, a medida que la gente buscaba escapar del Talibán en los vuelos de desalojo, ha sido una experiencia de fuerte carga emocional para muchos. En un día particularmente malo, en el que siete personas perecieron por la aglomeración y el calor fuera del cuartel británico, el hotel Baron, un soldado del régimen de paracaidistas se me acercó para decir: "sabe, llevo 12 años en el ejército y esto que ocurre es lo peor que he experimentado". Un soldado más joven dijo simplemente: "nunca había visto un cadáver; al unirme al ejército sabía que vería gente morir, pero no esperaba esto".

Cada periodista extranjero en el terreno ha recibido súplicas desesperadas de quienes intentan salir; todos han hecho lo que han podido, sacando individuos y familias con ayuda de militares solidarios y oficiales que han mostrado paciencia y compasión.

Las súplicas de ayuda han continuado aun cuando los vuelos han cesado. Vienen de personas que conocemos bien y de otras que nos son desconocidas. Mientras escribo esto recibo llamadas de alguien a quien conocí en Herat hace dos semanas. "Por favor, por favor, ayúdeme; haga que su gobierno me ayude, quieren matarnos", dijo el hombre. Tenía razones para temer.

Hay mucha preocupación por nuestros colegas afganos en los medios. Ellos han sido los verdaderos héroes en la cobertura del conflicto. Nosotros, los medios extranjeros, hemos llegado en el curso de los años, cumplimos nuestro periodo y nos vamos. Pero ellos han continuado con su trabajo cuando Afganistán se alejó de la atención internacional, reportando las atrocidades de la insurgencia, exponiendo la corrupción en el gobierno. Han pagado un duro precio; muchos han sido amenazados, secuestrados, atacados…, algunos asesinados.

Si la situación en Afganistán ha tenido un impacto tan poderoso en tantas personas –trabajadores, militares, medios, diplomáticos–, ha sido en parte porque todos atestiguamos el renacimiento de una nación hace dos décadas, y ahora estamos viendo cómo la destrucción se desenvuelve ante nuestros ojos.

Hubo un tiempo de esperanza, color y luz

El fin del gobierno talibán fue un tiempo de gran esperanza. La grisura sofocante del imperio islamita fue remplazada por el color y la luz. Había música, abrieron tiendas, aparecieron carteles brillantes, las mujeres arrojaron los yihabs. Brotaron escuelas para niñas y de idiomas, se introdujeron materias modernas en las escuelas y universidades.

Los líderes talibanes habían huido a sus refugios en Pakistán. En Kandahar, en el hogar del mulá Omar, con sus candelabros enchapados en oro, sus paneles de formica y una mezquita rococó con espejos verdes y azules, los locales entraban buscando souvenires. Los señores de la guerra habían aceptado a regañadientes que tenían que desbandar sus ejércitos privados.

George W. Bush aseguró a los afganos en ese tiempo: "pueden contar con Estados Unidos, nos quedaremos para garantizar seguridad". Tony Blair declaró: "esta vez no nos iremos", como había hecho Occidente después de usar a los muyahidines para echar a los rusos.

Pero Estados Unidos y Gran Bretaña se fueron de nuevo, esta vez hacia el desastre de Irak, en 2003. Los fondos para la reconstrucción se desviaron. Las raquíticas fuerzas fueron reducidas todavía más. Los operativos de la CIA y de fuerzas especiales en la frontera con Pakistán fueron enviados a cazar a Saddam Hussein y miembros prominentes del partido Baaz.

Conocí a uno de ellos, Alex, ex ranger del ejército estadunidense con 19 años de experiencia, que hablaba con fluidez dari, pashto y urdu, en el Campo Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad, a finales de 2003. "Estábamos llegando a algo y luego nos ordenarnos ir para allá. Tuvimos que dejar a nuestros agentes afganos; a algunos los mataron", dijo, meneando la cabeza con indignación. "Yo era especialista en Afganistán, pasé años con el Muj. Ni siquiera hablo árabe, por Dios, pero ahora en Washington Afganistán les importa un carajo. No saben que los problemas se acumulan allá".

Los medios se enfocaron en Irak, que había comenzado su descenso al abismo después de la "liberación". Pero rápidas visitas a Afganistán mostraron que los talibanes, ayudados por elementos del ejército y de los servicios de inteligencia paquistaníes, que los alimentaban y alentaban, regresaban aprovechando el vacío de seguridad, capturando distritos rurales y perpetrando ataques en las ciudades.

Los políticos estadunidenses y británicos parecían indiferentes a lo que ocurría. Donald Rumsfeld, secretario estadunidense de la Defensa en ese tiempo, nos dijo en Mazar-e-Sharif que la guerra había terminado: "el Talibán está acabado, son marginales. No tienen papel en el futuro de Afganistán".

En 2006, cuando la situación de seguridad comenzó a resquebrajarse, Occidente regresó a Afganistán con el establecimiento de la Isaf (Fuerza Internacional Asistente de Seguridad), a cargo del general británico sir David Richards. Gran Bretaña fue a Helmand, misión que el entonces secretario de la Defensa John Reid anunció que probablemente "terminaría sin un solo disparo".

Una de las razones para ubicar a la fuerza británica en Helmand fue atacar el cultivo de amapola: 90 por ciento de la heroína en las calles británicas procedía de esa provincia, responsable de 25 por ciento de la producción de opio en Afganistán. Veinte años después, Helmand produce alrededor de 62 por ciento del total nacional.

Los militares británicos recelaban en extremo de involucrarse en la creación de otra capa de enemigos entre los campesinos cuya subsistencia dependía de ese cultivo, y Londres no fue muy claro en informarles sobre su política.

Mientras las tropas se desplegaban, el teniente coronel Henry Worsley, oficial británico a cargo de la capital de Helmand, Lashkar Gah, me preguntó al saber que me dirigía a Kabul: "¿irá a la embajada británica en Kabul? De ser así, ¿podría preguntarles cuál es exactamente la política del gobierno sobre la erradicación de amapola? Nadie nos ha dicho".

En tanto, la compañía estadunidense DynCorp comenzó a destruir campos de amapola y los campesinos esperaban la prometida compensación. Pronto los contratistas dieron en ir a comer a la base con sus compatriotas estadunidenses. Una tarde, cuando estábamos allí, un automóvil retacado de explosivos los siguió y entró por la puerta principal. Fue el primer ataque suicida en Lashkar Gah.

El teniente coronel Worsley, ex oficial del Servicio Aéreo Especial, hombre valiente, agradable y modesto, murió en 2016, cuando estaba a punto de hacer historia al completar el viaje de Ernest Shackleton al Polo Sur. Recababa dinero para el fondo Endeauvor para hombres y mujeres de las fuerzas armadas que habían sido heridos. En los años que mediaron hablábamos de cuando en cuando sobre todo lo que salió mal y bien en aquellos primeros días en Helmand.

Bases militares, invitación a los milicianos a combatir

Hacia el verano de 2006, los británicos tenían otras preocupaciones aparte de las amapolas. Helmand estaba en llamas; pequeñas unidades británicas eran sitiadas en sus bases por el Talibán. Las bases se habían establecido a insistencia del presidente afgano, Hamid Karzai, quien se quejaba de la creciente presencia de los milicianos. Resultó una invitación a éstos para acercarse y pelear. Aceptaron el reto y aumentaron las bajas, en especial después de que los atacantes empezaron a utilizar bombas camineras en escala industrial.

Los dispositivos explosivos improvisados (DEI) fueron el factor que cambió el juego, al causar más de 90 por ciento de las bajas.

En 2010, en Babaji, el sargento mayor de compañía Steve Taylor, de los Guardias de Coldstream, dijo al verme llegar: “de 130 hombres, hemos tenido cuatro muertos y 35 heridos; cuatro de éstos han tenido amputaciones dobles, y dos, amputaciones sencillas. Tengo jóvenes suplicando que no los mandemos a patrullar, pero uno les dice ‘hijo, tienes que pasar por esto, es lo que hacemos’. Van y cumplen la tarea. No les podría pedir más”.

Pronto tuve una probada de lo que ellos enfrentaban en Babaji. Durante una patrulla, un sargento resultó lesionado por un arma improvisada cuando corría a auxiliar a un soldado herido. Cuando regresábamos con los camilleros, otro dispositivo, colocado en una ruta que se había despejado pocas horas antes, estalló y causó más heridas severas. En bases como Sangin, tanto soldados como periodistas vivían bajo sitio, sometidos a ataques constantes. Mientras continuaba el conflicto entre fuerzas occidentales e insurgentes, comenzó una campaña de asesinatos por el Talibán. En particular, las mujeres fueron blanco de la venganza.

Yo había escrito sobre cinco mujeres que simbolizaban el nuevo rostro valiente de Afganistán. Cuatro de ellas fueron asesinadas después, y la quinta, una legisladora de Kandahar, se refugió en Kabul luego que sus familiares fueron heridos en una emboscada en la que su marido pereció.

Safia Amajan, que había sobrevivido a los años del Talibán dando clases a niñas en secreto, fue asesinada a la edad de 65 años, en septiembre de 2006. Conocí a los dos asesinos, de poco más de 20 años, en la prisión de Sarposa, en Kandahar. Habían cometido el asesinato a cambio de los 5 mil dólares que ofreció un mulá de Pakistán.

Malalai Kakar, la mujer policía más prominente del país, que encabezaba un equipo de 11 oficiales femeninas que rescataban a mujeres víctimas de abuso, y que había dirigido la investigación sobre la muerte de Amajan, fue asesinada un mes después, luego de ser atraída a una emboscada con un reporte falso de que una mujer estaba en cautiverio.

Zarghuna Kakar, la legisladora, entró en la política a raíz de que vio a Cherie Blair y Laura Bush hablar en la televisión sobre la importancia de que las mujeres tomaran parte en la vida pública en el Afganistán del futuro. Asistió al funeral de Malalai.

La legisladora había estado bajo sentencia de muerte del Talibán, pero no recibió protección de las fuerzas afganas o del Isaf. Poco después ella y su familia fueron atacados en el mercado local. Murió su esposo, Mohammed Nasir, y ella sufrió heridas en la cabeza. Zarghuna voló a Kabul con sus hijos.

Figuras públicas fueron atacadas. Conocí a Ahmed Wali Karzai, hermano y hombre fuerte del presidente, que gobernaba Kandahar, poco después de que una salva de misiles fue disparada hacia su casa en esa ciudad. "Nueve veces han tratado de matarme, tienen que hacer un poco más que esto", dijo, mostrando con el brazo los daños causados.

AWK, como se le conocía, era seguidor del Chelsea y gran admirador de John Terry; me preguntó si podría conseguirle una camiseta autografiada del entonces capitán del equipo. Logré conseguirle una gracias a un colega de la sección deportiva de The Independent y llamé a Karzai para decirle que me gustaría dársela en mi siguiente visita a Afganistán. Una semana después, uno de sus guardaespaldas lo mató de un tiro.

El conflicto continuaba. Hubo "incrementos" de tropas en tiempos de los comandantes estadunidenses David David Petraeus y Stan McChrystal, que recuperaron terreno del Talibán. Joe Biden, como vicepresidente de Barack Obama, se oponía con fuerza al envío de más tropas, pero perdió la discusión.

Al final quedó en empate; los talibanes ocuparon franjas de zonas rurales y el gobierno, con apoyo de Occidente, sostuvo ciudades y poblados grandes. La Isaf terminó sus operaciones militares en 2014, y sólo una fuerza relativamente pequeña permaneció.

El Acuerdo de Doha dio al Talibán todo lo que exigía

Pero esa pequeña fuerza –unos 2 mil 400 estadunidenses, poco menos de mil de la OTAN y 750 británicos– era un seguro contra los insurgentes y sus patrocinadores paquistaníes. Sin embargo, esa red de seguridad fue tirada a la basura por el gobierno de Donald Trump en el torpe manejo de las pláticas encabezadas por Zalmay Khalilzad, representante del Departamento de Estado, y el resultado fue el muy deficiente Acuerdo de Doha, que dio al Talibán prácticamente todo lo que exigía.

Ahora el presidente Biden se afana en afirmar que heredó de Trump ese mal acuerdo. Sin embargo, a lo largo de toda la campaña presidencial afirmó en repetidas ocasiones que no daría marcha atrás a la decisión de retiro. Desde que entró a la Casa Blanca, no ha hecho nada ante las repetidas rupturas del acuerdo por parte del Talibán, que hubieran permitido a Washington revisar su posición.

El mantra de los oficiales estadunidenses y británicos fue ahora el ejemplo de Najibullah. El presidente afgano dejado por los rusos a su salida no era un simple patiño del Kremlin, como Occidente había afirmado, sino un líder astuto que había mantenido a raya a la insurgencia durante tres años, hasta que el colapso de la Unión Soviética cortó el flujo de dinero y el suministro de combustibles. Eso no ocurriría al gobierno de Ashraf Ghani con la continuación del apoyo occidental, afirmaban.

Sin embargo, desde mediados de julio seguimos escuchando de los colegas, funcionarios y militares afganos que las cosas estaban poniéndose muy mal. Cuando llegué a Afganistán, hace un mes, los talibanes habían lanzado importantes ataques sobre tres ciudades principales, Kandahar, Herat y Lashkar Gah.

El colapso

El subsecuente colapso de las fuerzas afganas fue espectacular. Habiendo cubierto algunas misiones con ellos en el pasado, en las que combatieron con valor y profesionalismo, quedé tan sorprendido como cualquiera por lo que trascendía, en especial después de pasar algún tiempo en Herat con fuerzas afganas y seguidores del veterano comandante muyahidin Ismail Khan, que se defendieron bien con ayuda de ataques aéreos estadunidenses.

Lo que sucedió en Herat quizás aporte una señal de lo que ha pasado en todo el país. Un combatiente talibán había llegado a la ciudad de Herat, entonces bajo control del gobierno y por consecuencia con gran riesgo para él, para comunicar el punto de vista del Talibán a mí y a un colega afgano.

Se le notaba apagado, pues su grupo había sufrido una seria derrota. "Sólo tememos a dos cosas: a Alá y a los ataques aéreos estadunidenses", dijo, quejándose de que los estadunidenses habían quebrantado el Acuerdo de Doha al continuar las acciones militares. Sin embargo, Herat cayó en manos del Talibán dos días después. Yo estaba entonces en Kabul. El militante me dijo por teléfono que él y sus camaradas no sabían lo ocurrido. "Sólo entramos; no tuvimos que disparar un tiro. El gobierno y los hombres de Ismail Khan se habían ido".

Soldados afganos que combatieron allí y en otras ciudades como Lashkar Gah y Mazar relatan que sus comandantes les ordenaron retirarse cuando ellos creían estar ganando la batalla. Cuando le pregunté qué creía que había ocurrido, un capitán del ejército no vaciló: "Dinero, mucho dinero cambió de manos. El Talibán no tiene tanto dinero, pero la gente que lo apoya sí".

Los últimos vuelos estadunidenses están despegando de Kabul mientras el Isis dispara misiles al aeropuerto. En tanto, se informa que por lo menos 10 civiles, entre ellos seis niños, perecieron en un ataque de un dron estadunidense que supuestamente iba dirigido a un coche bomba. La violencia y rencor que ha marcado la guerra más prolongada de Estados Unidos continúan hasta el amargo final.

Kim Sengupta

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Una nueva guerra civil en Afganistán representa una mayor amenaza que hace 20 años

Las fuerzas talibanes llegaron a tomar cinco capitales provinciales en una semana, su mayor logro en dos décadas de guerra. La intervención extranjera avivó un conflicto que hoy sería más dificil de contener. 

 

Las noticias de Afganistán se vuelven más sombrías con cada día que pasa. Desde que el presidente Joe Biden anunció la retirada de Estados Unidos en abril y declaró el final efectivo de la misión de 20 años el mes pasado, las fuerzas talibanes avanzaron en ciudades y puestos fronterizos clave. Los talibanes llegaron a tomar cinco capitales provinciales en una semana, en su mayor logro en dos décadas de guerra. No está del todo claro cuán capaz es o está dispuesto el ejército afgano principalmente entrenado en Occidente para mantenerse firme. Su desempeño inicial no ha sido prometedor.

Aquellos que cuentan con experiencia pronostican más derramamiento de sangre antes de que algo mejore, si es que lo hace. David Petraeus, nombrado comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán por el expresidente Barack Obama, advirtió que el país se está desintegrando y que Estados Unidos abandonó a los afganos para afrontar "una guerra civil brutal y sangrienta".

El exsecretario de Desarrollo del Reino Unido, Rory Stewart, quien anduvo por todo Afganistán en 2002, prevé un retorno al caudillismo de la década del 90 con algunos de los mismos individuos despiadados a cargo. El jefe de las fuerzas armadas del Reino Unido, el general Nick Carter, aunque más circunspecto, también ha sido inusualmente franco para un oficial en servicio, diciendo que no se puede descartar caer en una guerra civil.

Si los augurios no son buenos, por decirlo suavemente, también debe tenerse en cuenta que la decisión de Biden, una de las primeras de su presidencia, de retirar a las tropas estadounidenses de Afganistán para la fecha emblemática del 11 de septiembre, desconcertó a muchos. No solo sorprendió porque rompió con la política estadounidense cuando era vicepresidente, sino que lo asoció con una de las decisiones clave tomadas por Donald Trump. La única diferencia entre ellos era la fecha de retirada: Trump había fijado el primero de mayo de este año; Biden fijó septiembre pero se aseguró, como debería hacerlo un líder prudente, de que la mayoría de las tropas se fueran silenciosamente, como lo han hecho mucho antes.

Puede que no sea casualidad que algunos de los profetas de la fatalidad se encuentren entre los que se opusieron a la retirada. Petraeus, por ejemplo, convenció a un Obama inseguro de que dejara las tropas estadounidenses en Afganistán. Y aunque el excomandante dejó el cargo bajo una nebulosa, no pierde la oportunidad de defender su historial militar y la escuela de construcción nacional de la política exterior de Estados Unidos.

Los disidentes también incluyen a muchos con experiencia directa en Afganistán: los soldados que lucharon y ahora podían sentir razonablemente que su sacrificio fue en vano; los trabajadores humanitarios cuyos proyectos ahora se ven amenazados y los periodistas que sienten un deber para con quienes los ayudaron. La sensación es de una buena misión abandonada prematuramente y obligaciones gravemente traicionadas.

Si se puede sacar alguna conclusión de los últimos 20 años de intervenciones militares occidentales, es sin duda que otros países deben construir su propio futuro; que la ayuda, por bien intencionada que sea, es sólo tan duradera como el apoyo de que goza en ese país; y que ningún gobierno que dependa de una fuerza externa - llámelo invasor, ocupante, intervencionista, como quiera - probablemente sobreviva a su partida. Los conflictos que fueron interrumpidos artificialmente probablemente continúen donde estaban antes.

Donde estaban antes era, en este caso, en 2001, después del 11 de septiembre y con intentos de derrotar a los talibanes. Y lamentablemente parecería que, a pesar de todo lo que se habla de progreso social, Afganistán está solo un poco más cerca de estabilizarse de lo que estaba cuando se convocaron las conversaciones sobre un nuevo acuerdo constitucional cerca de Bonn en diciembre de 2011. La exclusión de los talibanes de esas conversaciones ahora pueden verse como el error que fue, al igual que la desastrosa desviación dirigida por Estados Unidos hacia Irak.

La pena es que no solo esos errores no se pueden corregir, sino que además las ramificaciones del renovado conflicto en Afganistán amenazan con extender el desorden aún más de lo que sucedió entonces.

Pero el panorama general debe ser aún más preocupante. Hace veinte años, los vecinos de Afganistán parecían en general más asentados que ahora. Irán e Irak todavía se estaban recuperando de casi diez años de guerra. Irán aún estaba consolidando su Revolución Islámica; Irak estaba bajo el control de Saddam Hussein. Las exrepúblicas soviéticas todavía estaban forjando su camino hacia la independencia y en gran medida bajo la órbita de Moscú. Vladimir Putin acababa de heredar el poder y su prioridad era mantener unida a una federación rebelde. China estaba preocupada por su economía una década después de la plaza de Tiananmen. Lo que sucedió en Afganistán fue más grave en su impacto sobre Pakistán por los millones de refugiados afganos. Cualquier otra amenaza más lejana estaba limitada por las malas comunicaciones y las limitaciones geográficas.

El vecindario se ve muy diferente ahora. Rusia y China son más fuertes. Hasta ahora, cualquier competencia entre ellos por el poder y la influencia en las repúblicas de Asia Central se ha mantenido por debajo del radar, pero esto no significa que no pueda estallar, y las repúblicas de Asia Central son agentes más libres de lo que alguna vez fueron. La represión de Beijing a los uigures en Xinjiang es una señal de que ya tiene un ojo puesto en la seguridad del noroeste. Irán ha ganado influencia regional gracias a la guerra en Siria y ahora está más cerca de ser una potencia nuclear. El Estado Islámico (Isis) busca nuevos refugios. Y mientras los refugiados afganos tendían a quedarse en Pakistán o Irán, ahora muchos pueden aspirar a llegar a Europa.

Por todas estas razones, cualquier nueva guerra civil en Afganistán podría representar una amenaza mucho mayor para la estabilidad regional e internacional que hace 20 años, algo que el efecto cataclísmico del 11 de septiembre intentó disfrazar.

Pero todos aquellos que culpan a Biden y tienen una conciencia culpable sobre la "traición" de Occidente deben levantar la vista más allá de sus aliados de Kabul. Deben preguntarse si la presencia extranjera prolongada, que seguramente podría haber terminado con la captura de Osama bin Laden, no sirvió para retrasar un acuerdo genuino en Afganistán, avivando las llamas de un conflicto que ahora podría ser mucho más difícil de contener.

Por Mary Dejevsky *

08/08/2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

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El primer discurso de Castillo como presidente de Perú: "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino"

El jefe de Estado no ocupará el Palacio de Gobierno de Lima, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo de historia. "Tenemos que romper con los símbolos coloniales", dijo en su primer mensaje a la Nación.

 

Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú ataviado con un terno azul oscuro bordado con motivos indígenas y su tradicional sobrero chotano de paja y ala ancha. Recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, e inauguró su discurso de investidura con un anuncio inesperado: no gobernará desde el Palacio de Gobierno de Lima. En su lugar, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo sobre la historia nacional.​

"Yo no gobernaré desde la 'Casa de Pizarro'", dijo Castillo en referencia a la sede de la Presidencia de Perú, un palacio erigido en 1938 en el mismo lugar donde el conquistador Francisco Pizarro fijó su residencia al fundar Lima como la capital del virreinato del Perú. "Creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años", añadió.

Castillo, el primer presidente de la historia de Perú de origen campesino, aseguró que se necesita un ministerio que reconozca las diversas culturas y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración. "Los peruanos y peruanas de sectores populares han sido invisibilizados en la formulación de las políticas públicas, como hace 200 años. Es necesario también interculturalizar al Estado y establecer que, cuando se tomen decisiones relevantes, se consideren las voces de las comunidades originarias y del pueblo afroperuano", insistió Castillo.

Asimismo, el nuevo jefe de Estado de Perú anunció un plan para "transformar lingüísticamente el Estado peruano, con el objetivo de que todas las instituciones públicas donde predominan lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas". En Perú están reconocidos 48 idiomas distintos, y entre los originarios más hablados están el quechua y el aimara en la zona andina, mientras que en la Amazonía las lenguas con más hablantes son el asháninka, el awajún y el shipibo-konibo.

Un país sin corrupción

Pedro Castillo comenzaba su primer mensaje a la Nación con la mano sobre la Biblia. "Juro por dios, por mi familia, por mis hermanos y hermanas, campesinos, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución", dijo con solemnidad.

Esta será una de las claves de su mandato y reiteró en mensaje en diversas ocasiones. "Debemos contar una legislación que desaliente la criminalidad de todo tipo; no como la actual, que la alienta. La corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y al sistema judicial anticorrupción", resaltó al referirse a las tramas que incluso se han vinculado con varios jefes del Ejecutivo.

Expansión de las rondas campesinas

Pedro Castillo, de 51 años, fue rondero durante su juventud (miembro de una organización comunal rural de defensa) y ha pedido el fortalecimiento de estos grupos que funcionan en las regiones de Perú desde los años 70 y se dedican a administrar justicia en sus jurisdicciones. "Debemos expandir el sistema de las rondas en Perú, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas al sistema de seguridad ciudadana", apuntó Castillo.

Gran parte de su mensaje fue una oda al "gobierno del pueblo para el pueblo". "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república", destacó al asumir la presidencia peruana.

Crisis sanitaria

Castillo asume la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de covid y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política.

"Los sistemas públicos y privados de pensiones están en crisis. La protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento. Ningún peruano debe hacer boletas, denigrarse en programas de espectáculos para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales. Propondremos una comisión ejecutiva para la creación de un nuevo sistema de protección social. Impulsaremos un solo sistema de salud unificado", remarcó Castillo e hizo su compromiso aún más específico: "Impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral, para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región: materno infantil, neoplásico, clínico-quirúrguco, de medicina tropical y salud bucal".

En esta primera intervención al mando de la presidencia, dejó sobre la mesa su receta frente a la pandemia. "Ante una tercera ola de contagios, tenemos al 16%  la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil. Nuestra finalidad es llegar a fin de año con el 70% de la población vacunada. Convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia", aseguraba el presidente peruano y mencionaba la medida de ampliar el horario de los establecimientos de vacunación.

"Rentabilidad social"

Durante la campaña presidencial, uno de los temores de los críticos de Castillo era que no respetaría los ahorros ni la propiedad privada. El jefe de Estado ha querido despejar dudas desde el principio y declaró que es posible realizar los cambios que espera la población "con responsabilidad, respetando la propiedad privada y poniendo adelante los intereses de la nación". "Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como el gas doméstico y las medicinas", indicó.

En ese sentido, Castillo anunció que implementará el criterio de rentabilidad social en la actividad minera y otras industrias, que significa que todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente.

Una nueva Constitución

La carta magna vigente en Perú fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, meses después de que este mandatario disolviera el Congreso en el episodio conocido como el "autogolpe". Una de las principales propuestas de Pedro Castillo durante su campaña presidencial fue cambiar esa Constitución y la ha vuelto a reiterar en su toma de posesión. "Estamos dispuestos a recuperar la soberanía. Muchos de nuestros recursos están en manos extranjeras. Esa es una de las razones que nos motivan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita garantizar los ingresos del Estado", proclamó.

"Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora un bandera de la mayoría del pueblo es la convocatoria de una Asamblea Constituyente", dijo Castillo durante su primer mensaje a la nación. Pero la actual Constitución peruana no prevé un mecanismo para convocar dicha asamblea, por lo que primero habría que reformarla y aprobar esa reforma mediante un referendo.

Innovación Tecnológica

Castillo anunció igualmente la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para potenciar la generación de conocimiento necesario para la independencia tecnológica en el país, especialmente en el campo de la salud pública y las exportaciones.

De otro lado, el mandatario anunció que la empresa estatal Petro Perú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados.

"Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano (...), no estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso", concluyó.

28/07/2021 21:25 Actualizado: 28/07/2021 22:38

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Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

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Brasil: Jugar al diésel en las elecciones

Los precandidatos responden a la protesta, pero la reacción del electorado es imprevisible


Los camioneros mostraron su poder. Pocos días después de la protesta, comenzó a falta de combustible, el precio de los alimentos subió, los medicamentos desaparecieron de los estantes. Temer decidió llamar de nuevo a los militares, creando un hecho un hecho político mayor.


Antes de la decisión del presidente, la crisis del combustible tendía a convertirse en el eje de la precampaña electoral. Por lo tanto, cualquier aplicación Gobierno sufriría desgaste, porque a pesar de que la intervención de las fuerzas de seguridad ahuyente el caos, difícilmente al Planalto se le perdonará por dejar que la situación llegar a donde llegó.


A la derecha del gobierno, Jair Bolsonaro (PSL), ha publicado vídeos en apoyo del movimiento de huelga. Por otro lado, hay fotos, en internet, de camioneros paralizados, pidiendo intervención militar. Parece contradictorio, pero cierta radicalización reivindicativa combina con la fantasía de que una autoridad fuerte sea capaz de resolver por encima de todo.


Evitando compromiso con la paralización, los candidatos más al centro buscaron mostrar moderación. Geraldo Alckmin (PSDB) piensa que se “carecía de diálogo” y defendió aumentos del diésel espaciados y predecibles. En la misma línea, Marina Silva (Red) criticó al Ejecutivo por no anticiparse a los hechos.
Al otro lado de la valla ideológica, Ciro Gomes (PDT) dice que la política de precios de la Petrobras es contraria a su razón de ser, que es servir a los intereses del país, no al de sus accionistas. Llegó a decir que la compañía sería reestatizada si ganaba la elección. La nota del PT, cuyo candidato está preso en Curitiba, va un poco más lejos, declarando que la protesta era “justo”, después de 229 aumentos de precio en dos años.


Guilherme Boulos (PSOL) también dio solidaridad a los camioneros, pero sin mencionar, como hicieron los petistas, que grandes empresas de transporte “se aprovecharon del movimiento para realizar un lock-out”. El candidato más a la izquierda tampoco se ocupó de alertar sobre la posibilidad de “aventuras autoritarias”, lo que consta del texto emitido por los partidarios de Lula.


En condiciones normales, el electorado tendería a elegir aquel a quien identificara con mayores posibilidades de, en el futuro, evitar situaciones como ésta. En el contexto actual, los desdoblamientos son imprevisibles.


Teniendo en cuenta lo que he escrito en esta columna, debo señalar que la detención del ex gobernador de Mina Gerais empieza a equilibrar el triste saldo de las penas impuestas por los tribunales a los tres partidos mayoritarios en el país. La inclusión de tucanos en la lista de detenidos, en el que sólo había PT y emedebistas, parece ser parte de una búsqueda de legitimidad que se acentuó por el encarcelamiento de Lula. Vamos a ver hasta dónde llega.
politólogo brasileño, profesor de la USP, fue portavoz del primer gobierno de Lula.

 

André Singer
27/05/2018

 

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