El congresista colombiano, cuando participó en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, con el tema Crisis del neoliberalismo, el 23 de octubre pasado.Foto José Antonio López

El legislador esboza el ambiente que floreció en su país a la sombra del tratado que puso fin a la guerra que duró casi medio siglo. Por ejemplo, con los paramilitares –expone– se busca no una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley

 

Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.

Cepeda, quien forma parte del directorio del Pacto Histórico, una de las dos coaliciones que enfrentarán a conservadores y uribistas en los próximos comicios, describe en entrevista con este diario el nuevo ambiente que floreció en Colombia bajo la sombra del acuerdo que puso fin a la guerra que se prolongó casi medio siglo: un realineamiento de todas las fuerzas en favor o en contra de la paz; un clima de continuas movilizaciones y protestas sociales; un sistema de justicia transicional inédito que, pese a navegar a contracorriente, ha tenido grandes avances.

El simple hecho de que los acuerdos se mantengan, luego del asesinato más de 300 ex guerrilleros y líderes sociales, "es un triunfo del pueblo colombiano", que lo sostiene "a pesar de todo". Y ese "a pesar de todo" significa que de enero a septiembre de 2021 se registran al menos 50 masacres, centenares de asesinatos de defensores del ambiente y los derechos humanos. "Lo que el gobierno llama paz con legalidad son palabras huecas."

Lo que propone para las elecciones del año próximo: apuntalar un proceso de paz que ponga en marcha procesos que incluyan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a grupos del paramilitarismo que sobreviven y a sectores del narcotráfico. "No a través de una negociación política, por supuesto, sino de procesos de sometimiento pacífico a la ley."

(El Pacto Histórico es una amplia alianza de fuerzas de izquierda que van desde Colombia Humana, del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta el partido de las ex FARC, pasando por Polo Democrático, Unión Patriótica y otros. Coalición de la Esperanza agrupa a liberales, verdes y fuerzas de centro, e incluye a figuras como Ingrid Betancourt.)

Lo que falta: paramilitares y narcotráfico

–En la ecuación para ampliar los efectos de los Acuerdos de Paz incluye al paramilitarismo. ¿Cómo?

–En el discurso de Uribe, este proceso de los acuerdos paz ha sido como entregarles el poder a los ex guerrilleros. Pero lo cierto es que Uribe, en su momento, quiso entregar literalmente el país a los paramilitares. De ello resultó que hubo entre 30 y 40 por ciento de los congresistas elegidos por los paramilitares. Y que terminó con 70 de ellos en las cárceles. Si se logró juzgar por sus crímenes a los paramilitares fue por los movimientos de víctimas, jueces y fiscales honestos, los periodistas valientes, que promovieron el examen de la verdad y que logramos parar la paramilitarización de Colombia.

–¿Y cuál es el proceso que se propone con ellos?

–No una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley. Si dejan las armas, dejan el negocio y contribuyen a reparar a las víctimas, obviamente el procedimiento judicial tiene que ser benigno.

–Sobre el tema de la configuración política ¿Cómo va el proceso con las ex FARC?

–El balance es variopinto. [El partido] Comunes es el resultado político del acuerdo de paz. Su incorporación ha tenido problemas y retrocesos, no sólo por los ataques, sino por la propia lógica después de 50 años de guerra. Pero la realidad es que están en el Congreso y las otras fuerzas políticas, incluso la extrema derecha, han tenido que acatar.

–El acuerdo de paz colom­biano no se pactó sobre amnistías ni a guerrilleros ni a represores del Estado. ¿Cómo va ese proceso de justicia transicional?

–Es un sistema de justicia inédito. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal con una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, fruto de un acuerdo entre adversarios que vienen de una guerra muy larga.

“Se le ha querido mostrar como un tribunal sin garras y ni dientes y no es así. En sus salas se están procesando siete macrocasos. Están siendo juzgadas 13 mil personas ligadas a los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado, en su mayoría guerrilleros, pero también 2 mil 500 militares y civiles.

“Ya hay resultados muy importanes. Por ejemplo, el juicio contra los jefes de las FARC por secuestro ha permitido documentar hasta 20 mil casos, algo que no había podido ser establecido. Los ex guerrilleros han hecho una petición pública de perdón a las víctimas y lo que sigue es la sanción.

“Hay otro auto que se sigue contra el ejército por los falsos positivos. Son 6 mil 402 personas, en su mayoría jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por el ejército, ejecutados, vestidos con uniformes de la guerrilla y sus cadáveres presentados como bajas terroristas. Además se ha documentado que los cementerios en las zonas de conflicto fueron utilizados para esconder en fosas comunes los cuerpos de víctimas. La unidad de búsqueda ha desenterrado e identificado a centenares de personas. Yo mismo, con mi equipo, investigué seis de esos cementerios con más de dos mil casos.

“La comisión de la verdad es el tercer elemento de este sistema y se apresta a presentar su informe, al menos 10 mil testimonios de víctimas del conflicto armado.

“Cuando terminen su trabajo vamos a tener, yo no diría que toda la verdad, pero sí avances supremamente importantes. Por eso es una mentira impúdica lo que dicen Uribe y Duque de que los acuerdos de paz crearon un sistema de impunidad. Es exactamente lo contrario.

“Uribe teme a la JEP. Cuando se termine este proceso se revelará lo que ocurrió durante su gobierno con los falsos positivos, algo monstuoso. Por eso ha emprendido una batalla feroz contra los magistrados y la Corte Suprema de Justicia.

“Por otra parte, su pupilo, Duque, ha conducido un gobierno desastroso. Todas las políticas que ha querido poner en marcha han recibido un rotundo rechazo popular. Como su intento de gravar los alimentos básicos en un país con 40 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo.

"Esto desató un ciclo de protestas sociales que sigue hasta ahora. Y a ello respondió con una violencia inusitada, echando mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ya es sinónimo de violación a los derechos humanos, que ha dejado sin ojos, muertos o asesinados a decenas de jóvenes."

–Muy importante también hacer el balance de lo que ha significado el movimiento por los derechos humanos en Colombia.

–En pocas palabras: sin el movimiento de los derechos humanos en Colombia muchas comunidades habrían desaparecido, muchas más personas habrían muerto. El movimiento ha sido un cinturón de protección y contención para muchas poblaciones y ha develado el rostro criminal del poder político y del conflicto armado en Colombia.

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Lunes, 20 Septiembre 2021 04:57

La letra escarlata del senderismo

La letra escarlata del senderismo

No hay un solo periódico peruano –independientemente de la tendencia política– que no haya festejado la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder máximo de Sendero Luminoso, subrayando que murió derrotado después de tres décadas de encierro.

La postura de los medios, que coincide en esto con la opinión pública mayoritaria, no contiene ni un atisbo de compasión por un anciano de 86 años aquejado por múltiples enfermedades. Una conocida conductora televisiva ha llegado a indignarse con la BBC por haber definido a Guzmán "líder guerrillero" en vez de "cabecilla terrorista", como parece obligatorio.

No ha de sorprender un rechazo tan profundo y unánime hacia Sendero Luminoso y su fundador: la cadena de atrocidades cometidas en sus 12 años de actividad (1980-92) pertenecen a la categoría de lo deshumano y no podrán jamás ser olvidadas. Un eficaz botón de muestra es la matanza de Lucanamarca (1983), en la provincia de Ayacucho, donde 69 comuneros fueron masacrados con hachas, palos, piedras y armas de fuego porque en la zona se había matado a un mando senderista. Esta cruel matanza, donde perdieron la vida 18 niños, les valió una sentencia de cadena perpetua a Guzmán y a su compañera, Elena Iparraguirre, todavía detenida.

El hecho de que Abimael Guzmán –el Presidente Gonzalo en la nomenclatura senderista–, un profesor de filosofía muy politizado, se reclamara partidario de una ideología tan respetable como el maoísmo, no lo exime de los crímenes cometidos. Su concepción política es una trágica caricatura del maoísmo, su pensamiento "Gonzalo" es una burda imitación de El libro rojo de Mao, una estrategia más genocida que comunista.

De hecho, el senderismo –y en esto colinda con el polpotismo de los khmer rojos– es al comunismo como el Ku Klux Klan es al cristianismo. Más que desviaciones, parecen ser gusanos de la manzana, desafortunadamente aprovechados por las derechas para embarrar todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En estos días, se ven con más claridad que nunca los efectos de la demonización excesiva –y en parte instrumental– de que ha sido objeto el senderismo: el debate central parece ocuparlo la cuestión de qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán: ni que fuera un vampiro a quien plantar una estaca. Una gran parte de la opinión pública piensa que sus restos deberían ser incinerados y lanzados al mar para evitar que se le rinda culto, pero el presidente Pedro Castillo ha delegado la decisión a la Fiscalía de la nación.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, que trató de reconstruir el cuadro más verosímil de la guerra entre Sendero y el Estado, afirma en su informe final de 2003 que 46 por ciento de los 69 mil 280 muertos y desaparecidos, víctimas del conflicto armado, han sido producidos por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso; 30 por ciento provocados por agentes del Estado y 24 por ciento por otros agentes o circunstancias.

Ya así, el número de personas muertas por el Estado supera las 20 mil. Y hay que preguntarse cuántos de ellos habrán sido efectivamente senderistas, porque la represión, especialmente en la sierra, ha sido ciega y feroz.

Hay aquí una evidente disparidad en la apreciación de los dos bandos por parte de la sociedad peruana: a los senderistas –pero también a los simplemente sospechosos o acusados de simpatizar– se le sigue execrando y discriminando aún a 30 años de distancia, sin considerar mínimamente si se han arrepentido, han cambiado de opinión o quieran reconciliarse con la sociedad. A diferencia de Italia y Alemania, donde a los brigadistas rojos y a los ex RAF se les ha dado una oportunidad de retomar una vida social y laboral, en Perú se les sigue discriminando y acosando a vida, como a las adúlteras en la famosa novela de Hawthorne.

Al MOVADEF –Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales–, que aboga por la libertad de los presos políticos y es considerado por la derecha el brazo político de Sendero, se le niega obstinadamente el ingreso en política y se le acusa de injerencia y participación en el gobierno de Pedro Castillo.

Por el contrario, para quien hay perdón y olvido es para el Estado y sus fuerzas armadas, que han cometido crímenes y atrocidades de la misma gravedad e inhumanidad. Un ejemplo iluminante es ofrecido por la reciente sustitución, a pocos días de su nombramiento, del secretario de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un escritor, sociólogo y catedrático que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional en la década de los 60. La "culpa" de Béjar, sagaz intelectual y hombre intachable, ganador de un premio Casa de las Américas, consiste en haber declarado meses atrás que la CIA estadunidense y la Marina peruana tenían que ver con la aparición del terrorismo en Perú.

¡Ábrete cielo! La Marina de Guerra de Perú –como orgullosamente se autodenomina– se ha rasgado las vestimentas y denunciado a gritos el insulto, olvidando que, si no ha participado en la génesis del terrorismo, ciertamente lo ha practicado, junto al genocidio, y hay constancia histórica de ello. Un sólo episodio basta para demostrarlo, se llama la matanza de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara y es uno de los episodios de cobardía y crueldad más relevantes de la década de los 80.

A un motín en las tres cárceles, el 18 de junio de 1986, que aprovechaba la apertura de la Internacional Socialista en Lima para atraer la atención hacia los presos senderistas, la respuesta del Estado fue el bombardeo y exterminio de cerca de 300 presos bajo su custodia. Una vez rendidos, los revoltosos sobrevivientes fueron exterminados con armas de fuego y bayonetas. Quien ordenó esta atrocidad fue el entonces presidente Alan García, quien nunca pagó por este crimen, y el ejecutor, la Marina de Guerra de Perú.

Por Gianni Proietti, periodista italiano

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El conflicto armado en Colombia se recrudeció durante las protestas

El sistema de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz, advierte además del regreso del paramilitarismo con el propósito de atemorizar a los manifestantes

 

El conflicto armado de más de medio siglo que tanto le ha costado dejar atrás a Colombia se recrudeció en varias regiones durante las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, que amainan después de dos meses. El llamado paro nacional y el tratamiento dado a la protesta social ha generado riesgos que afectan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de todo el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz sellado hace más de cuatro años con la extinta guerrilla de las FARC, ha advertido el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves de la guerra.

A pesar del desarme hace ya más de cuatro años de la que fue la guerrilla más poderosa de América, hoy convertida en el partido político Comunes, el informe enciende las alarmas sobre la reaparición de fenómenos de violencia que se creían superados. Entre el 28 de abril, el día en que se iniciaron las protestas contra el Gobierno, y el pasado 30 de mayo aumentaron los eventos relacionados con el conflicto armado y las afectaciones de civiles en 111 municipios de interés para el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que incluye a la JEP, a la Comisión de la Verdad que este año debe entregar su informe final y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

 “En 2021 se tiene en total un registro de 13 eventos del conflicto y 89 afectaciones de civiles, de este último se tiene un aumento mayor al 400% pues en promedio se presentaron 18 afectaciones de civiles en años anteriores. Esto se evidencia en el incremento de las amenazas de muerte, homicidios a excombatientes de las FARC-EP y eventos masivos de desplazamiento forzado”, alerta el más reciente informe de monitoreo de riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En el marco de las manifestaciones, hasta 16 eventos han afectado a organizaciones sociales que intervienen ante las entidades del Sistema Integral para la Paz, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, sobre el andén del Pacífico, donde la situación ha estado más descontrolada. Ese incremento en los riesgos de seguridad puede terminar por obstruir la participación efectiva de esas organizaciones en el Sistema Integral para la Paz –hasta ahora conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición–.

El informe también alerta sobre un fenómeno que ha causado preocupación en medio del estallido social: prácticas de autodefensa y paramilitarismo que se creían erradicadas con el propósito de atemorizar a los manifestantes. “Con ocasión del paro nacional hay evidencias en por lo menos 27 ciudades sobre el surgimiento de ‘grupos de civiles armados’ que reivindican estas prácticas”, sostiene el reporte.

Los paramilitares, que el Estado en gran medida logró desmovilizar entre 2003 y 2005, han sido responsables en el pasado de crímenes atroces como genocidio, desaparición forzada, tortura o violencia sexual. “Que haya señales de reactivación de grupos que legitiman discursos y acciones de tipo paramilitar es preocupante porque evidencia retrocesos del Estado en materia de recuperación del monopolio en el uso legítimo de la violencia”, apuntan las consideraciones finales del documento.

A pesar del acuerdo de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la población civil sufre los embates de otros grupos armados y en varias regiones persisten fenómenos como los desplazamientos de comunidades, las desapariciones o el reclutamiento de menores. La pandemia del coronavirus ya había traído un aumento de la violencia en lugares remotos, como había señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) antes del estallido social. “Como efecto indirecto del paro nacional, la Fuerza Pública ha priorizado sus recursos humanos y operativos en la atención de la protesta en las ciudades, dejando vacíos en zonas rurales y periféricas”, ha venido a advertir ahora el reporte de la JEP.

Por Santiago Torrado

Bogotá - 02 jul 2021 - 15:19 COT

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Investigan el ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia Iván Duque

El gobierno ofreció una recompensa de 800 mil dólares a quien aporte información

El mandatario viajaba junto a dos de sus ministros y dos autoridades regionales del departamento Norte de Santander cuando el helicóptero recibió entre tres y seis disparos.

El gobierno colombiano ofreció este sábado cerca de 800 mil dólares de recompensa para quien suministre información sobre los responsables del ataque al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque y dos de sus ministros y el gobernador del departamento Norte de Santander, en el que todos los tripulantes salieron ilesos.

"Se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos para aquella persona (...) que permita dar con los responsables de este atentado terrorista", dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, a los medios en un video transmitido desde la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. "Convocamos a la unión de los colombianos con la Fuerza Pública para derrotar juntos el terrorismo", escribió el funcionario que también se encontraba en el helicóptero atacado.

Las autoridades colombianas continúan la búsqueda de los autores del atentado y comienzan a surgir dudas sobre si hubo fallas en la seguridad del mandatario. El director general de la policía, el general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.

"Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles (…) con marca de las fuerzas armadas de Venezuela" afirmó Vargas sobre las armas: un AK-47 cuyo número de registro está bajo investigación y otro fusil tipo FAL calibre 7,52. El helicóptero en el que viajaban Duque y sus ministros es un Black Hawk blindado que pese al ataque logró un aterrizaje normal.

El presidente colombiano, Iván Duque viajaba junto a Molano y el ministro de Interior, Daniel Palacios, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. La comitiva regresaba de un encuentro con autoridades regionales en Sardinata y se dirigían a Cúcuta. "Es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial", dijo el mandatario en un mensaje enviado a través de los canales oficiales. Las imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal de la aeronave. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas."El Estado es fuerte, Colombia es fuerte. El Estado hace presencia en todos lados", agregó Duque, que dijo que dio "instrucciones muy claras de ir detrás de quienes dispararon" contra el helicóptero.

Por su parte, Palacios, explicó que el gobierno de Duque convocó a un Consejo de Seguridad en Cúcuta para analizar la situación. "El orden público se mantendrá, la seguridad ciudadana se protegerá y el Gobierno seguirá con su compromiso de dar tranquilidad a todos. El presidente representa la unidad de la Nación y un atentado en su contra es un atentado a la democracia y a las instituciones", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

El ataque al avión presidencial fue ampliamente condenado por los países de la región como Argentina, Ecuador, Paraguay y Chile que expresaron su repudio a través de sus cancillerías. A su vez, el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, repudió el “cobarde ataque” contra el presidente colombiano y las autoridades que viajaban junto a él. Desde el departamento de Estado norteamericano condenaron el atentado y felicitaron a los pilotos que lograron un aterrizaje seguro.

La comitiva que viajaba junto al mandatario colombiano había salido del municipio de Sardinata y fue atacado cuando se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta cerca de la frontera con Venezuela. El pasado 15 de junio un coche bomba explotó en la Brigada 30 del Ejército de Colombia, y dejó un saldo de 36 heridos. El Gobierno de Duque, que sí apuntó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como autor del atentado contra la brigada militar, según las sospechas del ministro de Defensa, Diego Molano, aún no dio ningún nombre o apuntó de forma indirecta a alguien sobre el episodio de este viernes. Se trata del primer atentado contra un presidente colombiano en casi dos décadas. En febrero de 2003 una carga explosiva de 20 kilos oculta en una vivienda aledaña al aeropuerto de la ciudad de Neiva (suroeste) fue detonada previo al aterrizaje del entonces presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque.

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Disidencias de FARC confirman muerte de Jesús Santrich

La dirección de Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmó la muerte de Jesús Santrich a manos del ejército colombiano.

"Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón, la triste noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la Dirección de las FARC-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada ejecutada por comandos del ejército de Colombia el 17 de mayo", informó el grupo armado en un comunicado.

Según el texto, la muerte de Santrich se produjo en la Serranía del Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet y la vereda (aldea) Los Laureles, dentro de territorio venezolano.

"Hasta ese lugar penetraron los comandos colombianos por orden directa del presidente Iván Duque. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas", señala el grupo disidente.

Agrega que una vez muerto, "los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente los comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia".

El grupo expresa sus condolencias a la familia de Santrich, de 53 años, cuyo verdadero nombre era Seuxis Paucías Hernández Solarte, y afirma que el guerrillero "cayó libre, libre como quería".

En la tarde del 18 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró a la prensa que la información que tiene hasta ahora el Gobierno proviene de inteligencia, pero que trabaja en su verificación, por lo que aún no confirma la muerte del guerrillero.

La Fiscalía General de Colombia y Estados Unidos acusaban a Santrich de haber participado en un supuesto acuerdo con el cartel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.

Tras la desmovilización de las FARC y su lanzamiento como partido político, Santrich se hizo con un escaño en la Cámara de Representantes (diputados) que le fue asignado como parte del Acuerdo Final de Paz, cargo que ocupó desde el 12 de junio de 2019.

Sin embargo, en la madrugada del 30 de junio de ese año abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar, norte), cerca de Venezuela, lugar donde se encontraba desde hace unos días, luego de que fue informado de manera clandestina de una nueva orden de captura en su contra.

Según las autoridades colombianas, Santrich se refugiaba en Venezuela desde ese entonces junto con el exjefe negociador de paz de las FARC alias Iván Márquez, quien también se apartó del Acuerdo de Paz, y entre ambos fundaron un nuevo grupo guerrillero denominado Segunda Marquetalia.

El pasado diciembre, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura al considerar que tuvo una "actitud desafiante (…) frente a las instituciones del Estado y una clara intención de burlar los esfuerzos de paz".

El jueves último la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia se manifestó favorable a su extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

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En imagen de marzo pasado, venezolanos desembarcan en el río Arauca, frontera natural entre Venezuela y Colombia, en su huida a Arauquita en busca de refugio ante los enfrentamientos entre el ejército de su país y un grupo armado colombiano.Foto Ap

Habla de bajas en ambos bandos

Ministro de Defensa denuncia que los terroristas están ligados al narco y buscan desestabilizar

 

Caracas. Varios militares venezolanos fallecieron en enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos que sufrieron importantes bajas, indicaron ayer autoridades venezolanas, aunque no dieron cifras.

En las últimas 72 horas "se han reportado cruentos combates con grupos irregulares armados colombianos, sobre todo en sectores despoblados al oeste de La Victoria, municipio Páez, en el estado Apure", limítrofe con Colombia, indicó en un comunicado el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López.

Los enfrentamientos han dejado "un importante número de bajas" en los grupos irregulares colombianos y fueron "capturados varios individuos que están aportando valiosa información respecto de próximas acciones", destacó el escrito. "Lamentablemente, también fallecieron algunos de nuestros efectivos cuyos cuerpos están siendo identificados", y otros resultaron heridos. Estos últimos reciben atención médica en la red sanitaria militar y civil, agregó el jefe castrense, sin dar más detalles.

Se desconoce si los incidentes son parte de una operación militar o si los uniformados fueron emboscados en las inmediaciones del poblado fronterizo de La Victoria, unos 770 kilómetros al suroeste de Caracas.

Desde el 21 de marzo, como parte de la Operación Escudo Bolivariano, las fuerzas armadas venezolanas ejecutan acciones contra "grupos irregulares armados colombianos". Hasta el 5 de abril se había reportado el fallecimiento de ocho militares, algunos de ellos tras la explosión de una mina terrestre, además de nueve "terroristas".

Human Rights Watch aseguró que el grupo combatiente es el Frente 10, surgido de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De acuerdo con el gobierno venezolano, durante los operativos también se desmantelaron al menos media docena de campamentos, donde se incautaron armas, granadas, explosivos, prendas de vestir militares, vehículos, drogas y equipo tecnológico.

Padrino sostuvo que los grupos irregulares estarían "conectados con el narcotráfico" y que supuestamente sería parte de una estrategia de los gobiernos de Washington y Bogotá para actuar contra Venezuela.

“Estas organizaciones criminales y terroristas actúan con el apoyo de la poderosa estructura de financiamiento con que cuenta la oligarquía colombiana, que tiene el infame propósito de exportar su modelo narcoparamilitar a nuestro país” con el supuesto propósito de "crear un territorio difuso que les sirva como base para desestabilizar", concluyó.

Miles huyen de la violencia

Miles de personas huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos; muchos de ellos denunciaron maltratos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones y afirmó que la mayoría de los pobladores emprendieron el regreso a casa poco después.

Estaba previsto que altos funcionarios estadunidenses, incluida la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, se reunieran ayer como parte de su revisión continua de la política hacia Venezuela, según dos personas familiarizadas con los planes, pero al cierre de esta edición aún no había información acerca de este encuentro.

Se esperaba que la reunión interinstitucional se centrara en si Estados Unidos debe adoptar medidas para apoyar un intento de diálogo entre el gobierno de Maduro y sus oponentes.

"Todos estos movimientos recientes apuntan a que Maduro está tratando de llamar la atención de Washington", sostuvo Geoffrey Ramsey, observador de Venezuela en la organización Washington Office on Latin America.

"La pregunta es si la Casa Blanca está dispuesta a comprometerse con una estrategia de negociaciones o si seguirá jugando a lo seguro y mantendrá la política en un segundo plano", añadió.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, y Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, la cual apoya a Maduro, no hicieron comentarios cuando se les preguntó sobre los recientes movimientos de Maduro.

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Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

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La violencia aumenta en varias regiones de Colombia, alerta Cruz Roja

El Comité Internacional de la organización señala el deterioro de la situación humanitaria tras la firma del acuerdo de paz

En Colombia aún no puede hablarse de posconflicto. Dos años y medio después de haber sellado la paz con los rebeldes de las FARC, persisten complejos desafíos humanitarios y la situación incluso se ha deteriorado en muchas de las regiones más remotas e históricamente marginadas, alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al entregar este jueves las “preocupantes” conclusiones de su balance anual. A pesar del desarme de la que fue la guerrilla más poderosa del continente -hoy convertida en partido político con representación en el Congreso-, la población civil sufre la presencia de otros grupos armados y se siguen presentando asesinatos selectivos, reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y personas desaparecidas


“La situación es ahora más compleja que en el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. Varios departamentos del país han experimentado un claro deterioro de la situación humanitaria, a lo que se unen las dinámicas conflictivas en las fronteras y la extrema vulnerabilidad de los migrantes que llegan a Colombia”, señaló Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, que cumple 50 años operando sobre el terreno en el país andino. La población civil en muchos territorios todavía no siente los beneficios del pacto sellado a finales de 2016, y de hecho todos los indicadores humanitarios tuvieron una tendencia negativa durante el año pasado.


Luego de la salida de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de las zonas donde estaban dejaron un vacío de poder, un poder que no conocía un reemplazo, y en ese entorno donde abundan las economías ilegales se crearon dinámicas conflictivas en las que la población civil quedó completamente desprotegida, explicó el jefe de la delegación. En la costa pacífica y amplías regiones del oriente y sur del país no llegó la respuesta estatal, “no hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a estas zonas lo que se llama ley y orden”, o tan siquiera los servicios más básicos. El horizonte de esperanza ha dado paso a un presente de incertidumbre. “La vida en estas zonas es hoy más difícil y tienen un sentimiento de abandono”, apuntó Harnisch.


Aunque el conflicto con las FARC ya terminó, todavía siguen activos diversos grupos armados, con estructuras menos claras y más fracturadas. Para el CICR persisten al menos cinco conflictos armados no internacionales actualmente en Colombia. Cuatro son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC que no se acogieron al proceso de paz. El quinto –que se incluyó en 2018- es el enfrentamiento entre el ELN y el EPL que ha sacudido la región del Catatumbo, en el departamento nororiental de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.


Las cifras disparan las alarmas. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos aumentó 90% entre 2017 y 2018, de 14.594 a 27.780. Y las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos también se dispararon de 57 a 221 personas el año pasado. Todos los actores armados están utilizando con mayorintensidad estos artefactos explosivos, con consecuencias para comunidades que no pueden moverse, como ha ocurrido en el Chocó y el norte del Cauca, en el occidente del país.

La desaparición también preocupa. Esclarecer el destino de los desaparecidos y apoyar a sus familiares es otra de las misiones esenciales del CICR en Colombia, donde según el Centro Nacional de Memoria Histórica hubo más 80.000 casos, una dimensión superior a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur. El acuerdo de paz contempla, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sin embargo, la desaparición sigue siendo utilizada para crear entornos de miedo, y durante el año pasado el CICR ha documentado un nuevo caso cada cuatro días.


¿Cuáles son los correctivos necesarios? “Lo que hay que cambiar es que la respuesta no puede ser de seguridad solamente, debe ser una respuesta de todo el Estado”, fue el mensaje del jefe del CICR en Colombia a los líderes políticos encargados de tomar decisiones. “Hay que reflexionar y cambiar prioridades”.


Más de medio siglo de conflicto armado deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. A los formidables desafíos humanitarios se suma la llegada masiva de migrantes venezolanos, que probablemente se agravará a lo largo de este año. Los migrantes, expuestos a extorsiones, reclutamiento o violencia sexual, enfrentan riesgos crecientes especialmente en zonas afectadas por la violencia armada. “La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que, sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir”, apuntó Harnish.

Por Santiago Torrado
Bogotá 28 MAR 2019 - 18:06 CO

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Viernes, 22 Febrero 2019 06:52

Réquiem por las FARC-EP

Réquiem por las FARC-EP

El partido FARC observa pasivamente, desde la oscura zanja del incumplimiento estatal, cómo Rodrigo Londoño y su círculo: Lozada y Alape entre otros, entierran en una tumba sin nombre 50 años de lucha del pueblo colombiano y el legado de Jacobo, Manuel, Alfonso y miles más que entregaron su vida en la lucha contra la más bárbara oligarquía de Latinoamérica. 

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de diplomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la fraternidad y de la obediencia, el “Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.


Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un “error” entregar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus familiares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya pasó uno?


El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiando al movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando antagonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena determinación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un “proceso de paz” mezquino, uno que consiste solo en la desmovilización de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Colombia.


Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de palabra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensamiento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del partido.


Cual señores feudales, rodeados del aura de la burocracia neoliberal, abrazados con la ONU, con “exparamilitares” y funcionarios del Estado, dirigentes del partido hicieron cumplir la voluntad de su majestad Juan Manuel Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben la protesta y la lucha de clases a sus propias bases bajo amenaza de represión estatal, censuran paros campesinos mientras hacen negocios con multinacionales en el sur del país, negocios que van en contra de los intereses de las poblaciones que durante décadas acogieron y protegieron a las FARC-EP. Recientemente hacen acuerdos electorales con el fascismo para “tener un candidato único”.


La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, encabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burguesía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación están atados a esa organización política y es ella la que nombra gente en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Cualquier opinión no autorizada puede significar quedar por fuera de la reincorporación.


Una mentira mil veces repetida se hace verdad, el credo del uribismo, hoy es usado por dirigencia hegemónica del partido FARC para engañar a su militancia. Se repite cual cántico en iglesia evangélica que las cifras de muertos y de violencia propia del conflicto armado se han reducido, de allí se deriva maliciosamente que el “Acuerdo Final” y su implementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de muertos que ha bajado significativamente es la de los militares estatales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados. Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reducción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simplemente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los criminales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los incumplimientos del Estado, etc.


El Dr. Londoño llama hoy “arrepentidos” a quienes mantenemos una postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto exactamente:


“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de trabajo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese es un grave error, pero su condición de clase no les permite que prolonguen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revolucionario, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor. Los verdaderos revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo… Por eso los otros se cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la promesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son útiles… Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movimiento armado… Cuando hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo el mundo… por qué no desmovilizamos la guerrilla… Porque se ha cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio… Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansaron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una elaboración ideológica de lo que significa el compromiso del revolucionario”.


Son los “arrepentidos” a que se refería Jacobo Arenas, los que nunca construyeron una verdadera conciencia, los que hoy agachan la cabeza ante los medios, a los que les da penita lo que hicieron por 50 años. Nada le molesta hoy más a la dirigencia de la FARC que los llamen por su nombre de guerra, les molesta porque se avergüenzan de su historia. ¿Qué pensaría Jacobo Arenas al ver que se desmovilizó una guerrilla a cambio de nada, de unos puestos en el Gobierno?


Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de observar con verdadero criterio objetivo los “errores” del proceso de paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el que más vio.


A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reducido, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expresan el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encarnan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintieron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para “agilizar el diálogo”, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les resultaba posible alcanzar sus fines.


El argumento de moda en el partido FARC es que “ahora tenemos más aliados que los que teníamos en la guerra”, vale la pena preguntarle doctor Londoño, ¿qué entiende por “aliados” y a quién considera como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igualmente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en ése sentido?


¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra propagandística para llegar a la “batalla de ideas”? Es una tesis cuestionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la contraparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumulación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se encuentra casi intacta, no es posible afirmar que los acuerdos de paz hayan contribuido a democratizar la sociedad en este sentido.


Para evidenciar lo anterior es bueno tomar un ejemplo. Muchos exguerrilleros se han quejado del monumento hecho con sus armas por la artista Doris Salcedo, el monumento es brillante porque refleja la realidad de lo que fue el acuerdo: pisotear a las FARC-EP. La obra sirve como un piso para que la oligarquía, el lumpen de las ciudades y funcionarios de organismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un “ritual de sanación” por el cual las “víctimas” martillaron las láminas de metal que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra a martillazos.


Por otro lado, nos enseña con sus reproche y llamados de atención el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delincuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que el Acuerdo es “excepcional” en su letra e implementación, que no existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza. Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de cualquier centro de ideas neoliberales?


Se ha introducido la tesis de que existen “trabas burocráticas” a la implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha “enredado” ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano “no tiene la capacidad” de cumplir los acuerdos, pero que una vez se superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una “traba burocrática”, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tanto a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.


Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de “adentro”. Pero las mareas cambian y no se echa por tierra la dignidad de un pueblo y su legado tan impunemente. El pueblo colombiano es contradictorio, más sumiso que rebelde, pero como todos los pueblos tiene su punto de quiebre y allá hay que ir.

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El jefe militar de EE UU en Afganistán escapa de un atentado talibán

El ataque se cobra la vida del jefe de la policía de Kandahar, uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad del país


El jefe de las fuerzas de EE UU en Afganistán, el general Scott Miller, ha salido ileso de un tiroteo a la salida de una entrevista este jueves con el jefe de la policía de Kandahar, el general Abdul Raziq. El alto mando afgano, uno de los hombres más poderosos del aparato de seguridad del país asiático, ha resultado muerto. Los talibanes se han atribuido el ataque, que también se ha cobrado la vida de al menos otras ocho personas. El gobernador provincial, Zalmay Wesa, ha resultado herido de gravedad. El atentado aumenta la presión sobre el Gobierno de Kabul ante las elecciones del sábado.


“El brutal jefe de la policía de Kandahar ha sido asesinado junto con varios responsables más”, afirma un comunicado difundido por los talibanes del que se han hecho eco los medios afganos. Los insurgentes añaden que su objetivo eran tanto Raziq como Miller. Sin embargo, poco antes de que se conociera la muerte de los tres altos cargos afganos, el portavoz de la misión de la OTAN ya había asegurado que el general estadounidense había salido “ileso” de un tiroteo en Kandahar. Al parecer le salvó el chaleco antibalas, pero tres de sus guardaespaldas resultaron heridos.


Los otros fallecidos son seis guardaespaldas de Raziq y, según ha informado el centro de apoyo a los medios en Afganistán, NAI, un camarógrafo de la televisión estatal RTA.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por las agencias de noticias, el tiroteo se produjo cuando tras la entrevista entre Miller y Raziq, los responsables afganos acompañaban al jefe de las fuerzas estadounidenses hacia el helicóptero que debía devolverle a Kabul. Al parecer, los disparos partieron de al menos uno de los guardaespaldas del gobernador, que se encontraban apostados en el exterior de su oficina. El Gobierno afgano aún no ha comentado este extremo.


El general Raziq era un oficial con una reputación controvertida. Respetado y odiado a partes iguales por la firmeza con que luchaba contra el desafío insurgente, había sobrevivido a varios atentados, el último de ellos el año pasado cuando los talibanes mataron a cinco diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos. “Su muerte deja un vacío en el sur”, ha titulado ToloNews el perfil en el que destaca su patriotismo y su compromiso contra el terrorismo. Similar respeto le tenían los militares norteamericanos, que le atribuían el control de la provincia de Kandahar. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos habían criticado sus métodos expeditivos.


En cualquier caso, los analistas coinciden en calificar su desaparición de un duro golpe para el Gobierno de Ashraf Ghani, justo en la recta final para las elecciones parlamentarias del sábado. El Ministerio del Interior ha anunciado el despliegue de 55.000 miembros de las fuerzas de seguridad, que incluyen soldados y policías, para proteger los 5.000 colegios electorales previstos.


Horas antes del atentado, los talibanes emitieron un tercer comunicado de amenaza a las elecciones en el que pidieron a los afganos que las boicotearan. Argumentan que la consulta “no tiene raíces islámicas ni afganas, sino que se trata de una treta para prolongar la ocupación”. La víspera, en otro mensaje, había lanzado una advertencia a los maestros para que no participen en la organización de las elecciones, una tarea para la que el Gobierno les ha movilizado. La mayoría de los colegios electorales estarán en escuelas donde los enseñantes deben ocuparse de organizar y supervisar la votación.


Con anterioridad habían declarado que, aunque no planean atacar a los civiles, consideran legítimo objetivo a las fuerzas de seguridad que protejan los colegios electorales. Su mensaje justificaba así la posibilidad de víctimas colaterales. No está claro qué efecto van a tener estas amenazas en la participación, ya comprometida por una caótica gestión del registro electoral, pero algunas fuentes sospechan que los insurgentes planean un golpe a primera hora de la mañana del sábado para desanimar a los potenciales votantes.


El ataque talibán de Kandahar también pone de relieve la fragilidad de los contactos mantenidos entre sus representantes en Qatar y el enviado especial de EE. UU. para la reconciliación en Afganistán, Zalmay Khalizad. Con la cita, revelada la semana pasada por el grupo insurgente, Khalizad intentaba establecer las bases de unas futuras conversaciones. Sin embargo, los afganos, mantenidos al margen, se han mostrado escépticos.

Por Ángeles Espinosa
Kabul (ENVIADA ESPECIAL) 19 OCT 2018 - 02:01 COT

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