Cárcel de Tuluá: decenas de presos muertos

Noticias en desarrollo dan cuenta que en la madrugada del 28 de junio sucedieron hechos, sin claridad total, fruto de los cuales se desató un incendio en el segundo piso del Pabellón 8 de la Cárcel de Tuluá, que es de mediana seguridad.

Según lo confirmó el directo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –Inpec–, el General Tito Castellanos, en ese Pabellón permanecían 180 detenidos, entre condenados y sindicados.

Las llamas, de acuerdo con este funcionario, tomaron forma luego de un intento de motín por parte de los internos. En sus declaraciones no alude a los motivos de inconformidad que, según lo indicado por él, llevaron a los internos a amotinarse, ni por qué ni cómo prendieron fuego a las colchonetas, las mismas que según su declaración, fueron el combustible para que las llamas se propagaran por esa parte de la cárcel, acabando con la vida de 49 personas, pero que de acuerdo a informes de distintos medios de comunicación elevan a 51 e, incluso a 52. Cifra que puede aumentar toda vez que el reporte oficial de lo allí ocurrido confirma 30 presos remitidos a centros de salud con heridas de distinta consideración, cinco de ellos en situación delicada.

De acuerdo a la Radio Nacional de Colombia el penal sufre una hacinamiento del 19 por ciento. El Director de Presiones asegura que ese lugar de encierro y castigo tiene capacidad para albergar 1.078 personas, pese a lo cual allí convivían 1.267.

 

Interrogantes

 

En tanto no es la primera vez que quienes padecen el encierro mueran en supuestos intentos de motín o en desarrollo de los mismos, cabe preguntar si antes del sucedido en la Cárcel de Tuluá se presentaron acciones represivas y de violencia por parte de la guardia, y producto de lo cual los presos, inconformes, decidieron amotinarse.

También cabe preguntar, si en medio del intento de motín a que alude las fuentes oficiales, la guardia arremetió contra los internos, con la violencia características en este tipo de situaciones, caldeando aún más los ánimos de los internos.

Para también corresponde interrogar si esa misma guardia, para facilitar su operación represiva gaseó el lugar de encierro ,y en el intento de los detenidos por contener el efecto de los gases prendieron fuego.

Tiene sentido un interrogante más: ¿los presos prenden fuego a las colchonetas estando fuera de sus celdas o cuando están en ellas? Los informes oficiales deben aclarar esto, pues no es lógico que alguien prenda fuego a una colchoneta, que son de espuma, y sin poder alejarse de las llamas.

Pero algo más: ¿cómo fue el control –la acción represiva– desatada por la guardia para contener el intento de motín? Por la hora en que sucedieron los hechos –2 am– los presos estaban en la celda, entonces, ¿cómo iban a intentar amotinarse estando bajo encierro individualizado?

Algo que no debe quedar al margen: de acuerdo a la justicia colombiana, condenados y sindicados deben permanecer en patios diferentes, ¿por qué permanecían en un mismo espacio?

Hay que recordar que diversidad de estudiosos del tema del castigo han enfatizado una y otra vez que las personas sindicadas, en tanto no han sido vencidas en juicio, no tienen por que ser trasladas a prisión. Una valoración retomada en Sentencia de las altas cortes colombianas en las cuales, una y otra vez, se retoma la realidad de las condiciones de encierro que padecen miles de presos en nuestro país y llaman a superar las circunstancias de indignidad que padecen, reclamando la separación entre condenados y sindicados

Suceso trágico, y tal vez el calificativo quede corto, pues la investigación que los hechos merecen pueden develar algo más de lo hasta ahora conocido. Lo cierto es que reporte oficial conocido hasta ahora no parece ni lógico ni claro, lo único que es meridiano es que decenas de presos, por cuya vida y dignidad debe responder el Estado, son victimas de un sistema de justicia, castigo y control social que no tiene razón de ser toda que vez que no cumple con su cometido: rehabilitar.

 

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Tras 12 días de paro el Gobierno mantiene su libreto: represión indiscriminada

24 de junio. Al norte en la carretera a la costa, Calacali-La independencia, sector La Armenia, a 80 km de la capital uno de las accesos principales a Quito. Llevamos 10 días en esta arteria principal. Tras una noche de fuerte represión hemos sido capaces de cerrar y sostener el cierre de esta vía.

En otros puntos de acceso a la ciudad la pelea es muy fuerte, con compañeros asesinados, ¡en la misma ciudad! El discurso del gobierno y sus fuerzas represivas habla de narcos, delincuencia organizada y subversivos atentando contra la propiedad privada. También insiste en que son los indios quiénes no quieren conversar y quiénes generan desmanes y vandalismo, con esto pretende generar una respuesta racista de parte de la población quiteña.

Hasta donde logramos saber, esta respuesta empieza a darse, aunque su tamaño es reducido.

En Quito hay gran movilización de sectores populares, estudiantiles y también de población indígena residente en la ciudad. De igual forma y desde hace varios días en número creciente la población que venimos de zonas rurales hemos entrado a la capital.

Las fuerzas represivas dicen irán aplicando el uso progresivo de la fuerza y amenazan con ser aún ¡más violentos!

Ayer la policía arremete contra todxs nosotras, y nos expulsa de toda la zona que rodea la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura y el parque del Arbolito. Nos amedrenta a muchas cuadras de ahí a quienes evidentemente estamos en el paro. El ejército tiene control sobre puntos simbólicos y tácticamente importantes, rodea las vías de acceso al centro y en particular al Palacio de Gobierno, a más de un kilómetro de distancia. Ciertas universidades que han servido de refugio para nuestros procesos, reciben amenazas constantes y gases lacrimógenos.

Por nuestra parte, hemos logrado cerrar las arterias principales que dan acceso a Quito y buena parte de las provincias vecinas se encuentran bloqueadas. Por las principales vías principales resalta el poco flujo de vehículos y muchos barrios de la ciudad, en particular los populares, como siempre, están apoyando y participando del paro.

Desde los sectores populares, a diferencia del 2019, hay una mucho mayor organización, de hecho en el 2019 esta surgió en el andar. La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas) ha marcado en esta ocasión claramente su liderazgo y logra articular las exigencias de gran parte de los sectores organizados del país. Adicional a esto, la población no organizada que se moviliza también lo hace a partir de sus10 demandas planteadas.

Es necesario seguir organizándonos, aprender más rápido aún a dar respuestas coordinadas a la violencia estatal. Nuestra lucha es pacifica y defensiva.

No aparece en el escenario un momento de posible negociación, la violencia estatal así como su negativa a cualquiera de las demandas del movimiento indígena, por un lado, y la fortaleza, tanto en número y combatividad, como en la profundidad de las demandas que muestra el proceso, por el otro, hacen que posiblemente este llegue a ser un proceso más largo que el del 2019 (el levantamiento indígena, campesino y popular del 2019 tuvo una duración de 11 días)

Día a día sentimos el peso de la represión policial y militar, hay cansancio entre nosotrxs y sin embargo, frente al cansancio, al miedo, a la impotencia que a ratos sentimos, sabemos que somos más, sabemos que nuestras demandas son justas y sabemos que ellos , los grandes empresarios, las grandes empresas mineras, el presidente, y el resto de su gobierno no podrán con ¡nosotrxs!

A LA FUERZA ORGANIZATIVA MILITAR QUE EL GOBIERNO NOS IMPONE, LE OPONEMOS ¡NUESTRA FUERZA ORGANIZATIVA POPULAR!

 


 

Nuestro horizonte

 

Vivimos uno de esos momentos de cambios profundos y acelerados, en donde “el conflicto, la crisis, el desequilibrio social, los cambios estructurales, el ritmo social de la historia”* producen una nueva realidad.

Desde abajo y a la izquierda habemos un mundo de personas, campesinas, indígenas, estudiantes, mujeres y hombres, urbanas y rurales de sectores populares en lucha, en diversos frentes, en múltiples tareas.

Es innegable que la violencia estatal nos asusta, pero más fuerte es nuestra indignación, nuestra rabia y nuestra determinación. No permitiremos que nos mientan!! La muerte cruzada es buena, la queremos!! Y también las 10 demandas!!

De nada nos sirve cambiar de presidente, de nada nos sirve que otro, igualito o peor que el actual, asuma la presidencia del país. No exigimos ni pretendemos, por ahora, cambios estructurales, no decimos que deba, ahora, acabarse el capitalismo, aunque lo creemos y es nuestro horizonte!! Por ahora, son sólo las 10 demandas colectivas y, por nuestra indignación ante tanta violencia y muerte, la salida del presidente y de la asamblea nacional que ha demostrado, durante este año de gobierno, su incapacidad de legislar para el pueblo!

“No los queremos tranquilos en sus casas, los queremos ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio”

NUESTRAS 10 DEMANDAS COLECTIVAS ¡NO SON NEGOCIABLES! CÁRCEL PARA LOS QUE DIERON LA ORDEN DE DISPARAR Y ASESINARON A NUESTROS COMPAÑEROS!!

 

*Damián Pachón, Estudio introductorio, "Orlando Fals Borda. Socialismo raizal y ordenamiento territorial"

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La gente asiste a una vigilia con velas para honrar a la periodista de al-Jazeera asesinada Shireen Abu Akleh, en Washington, a 17 de mayo de 2022. — Efe

La corresponsal de 'Aljazeera', abatida el pasado 11 de mayo al norte de la Cisjordania ocupada, murió como consecuencia de disparos deliberados contra ella y no por una bala errática o al azar.

 

Sendas investigaciones independientes de dos destacados medios de comunicación de EEUU generalmente proclives a las posiciones de Israel señalan que la periodista de AljazeeraShireen Abu Aklehfue asesinada deliberadamente y no abatida por un disparo aleatorio durante una refriega en el campo de refugiados de Yenin este mes de mayo.

La agencia Associated Press y el Canal CNN publicaron este martes los resultados de sus respectivas investigaciones que, por distintos medios, son coincidentes entre sí a la hora de llegar a la misma conclusión. Estas publicaciones llegan mientras Washington hace llamamientos poco convincentes a que se haga justicia, pese a que Shireen, de 51 años, tenía la nacionalidad estadounidense.

El informe de la CNN destaca el análisis de disparos que dejaron huella en el árbol junto al que Shireen se refugió del tiroteo. Estas huellas sobre el árbol revelan que la periodista fue objetivo deliberado de los soldados israelíes y que la bala que le entró por debajo de la oreja izquierda y acabó con su vida no se disparó al azar ni fue aislada.

En opinión de Chris Cobb-Smith, un consultor en temas de seguridad y veterano del ejército británico que estudió el incidente, las huellas del árbol indican que fueron disparos controlados y dirigidos a la periodista y no disparos al azar o balas perdidas. Según este experto, disparos al azar no habrían dejado las huellas consistentes que dejan los disparos intencionados.

El informe de la CNN concluye que “en los momentos anteriores a su asesinato, no había hombres armados o confrontaciones armadas cerca de Shireen Abu Aqleh”, en contra de lo que sostiene la versión facilitada por el ejército, y tal como afirmaron los compañeros de profesión que estaban con la periodista. “Las pruebas que hemos recogido indican que Shireen Abu Akleh fue un objetivo de las fuerzas israelíes”, agrega la CNN.

La posición de las autoridades palestinas, otra de las claves

Por su parte, la investigación de Associated Press refuerza la posición de las autoridades palestinas y de los colegas de la periodista fallecida en el sentido de que la bala que la mató procedía del rifle de un soldado israelí. Para esta investigación, la principal agencia de noticias de EEUU examinó las fotografías y los videos disponibles, y entrevistó a testigos del incidente.

La agencia señala que sus entrevistas con cinco testigos son consistentes que las informaciones que ha publicado un grupo periodístico de Holanda en lo relativo a la localización de las fuerzas israelíes y a su cercanía a Shireen, lo que hace que probable que los soldados le dispararan con mirilla telescópica desde una distancia de aproximadamente 200 metros.

Imágenes fotográficas y videos que se tomaron en la mañana del 11 de mayo muestran a vehículos militares israelíes en un extremo de la estrecha callejuela en la que se hallaba Shireen con otros periodistas, que estaban en línea con los soldados. También muestran a los periodistas y a otros transeúntes huyendo de los proyectiles que se estaban disparando desde la dirección en que estaban los soldados.

Según Associated Press, la única presencia confirmada de milicianos palestinos se situaba al otro lado de las fuerzas israelíes, a unos 300 metros de distancia, y entre los milicianos y Shireen se interponían muros y edificios. Aunque según el ejército, había al menos un miliciano entre los soldados y los periodistas, la agencia americana dice que el ejército no ha facilitado pruebas que sustenten esa afirmación.

Un portavoz militar ha dicho que se ha identificado a un soldado que estaba en el interior de uno de los vehículos y que desde allí disparó con un rifle equipado con mirilla telescópica hacia donde estaban los milicianos. El ejército dice que no puede comprobar si con ese rifle se mató a la periodista puesto que la Autoridad palestina se niega a entregarle la bala para examinarla y compararla con el rifle.

Dos peticiones a la Corte Penal Internacional

Brian Dooley, un consejero del Relator Especial para la Defensa de los Derechos Humanos, ha confirmado que la Corte Penal Internacional ha recibido dos peticiones para que se investigue la muerte de la reportera. Una de las peticiones está firmada por la Federación Internacional de Periodistas, y la segunda por la Autoridad palestina. La CPI todavía no se ha pronunciado sobre si las acepta o no.

Mientras tanto, las autoridades de ocupación están evitando abrir una investigación sobre el incidente, a pesar de que su examen inicial prueba que los soldados dispararon en la dirección en la que estaba la reportera de Aljazeera. Según el fiscal militar, incluso si se comprueba que los soldados dispararon contra la periodista, no habrá consecuencias penales ya que la reportera estaba trabajando en una zona de combate.

En Washington, el departamento de Estado ha instado a que se abra una "investigación global y en profundidad (…) que haga responsable a quien perpetró" el crimen. Sin embargo, esta petición parece otro gesto a la galería, máxime si se tiene en cuenta que los americanos han dicho que la CPI "no es el lugar apropiado" para llevar a cabo la investigación

25/05/2022 21:46

Por Eugenio García Gascón

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Paro armado, la vergüenza del Gobierno

Nuevamente, nuestra Comunidad de Paz, acude a la humanidad y a la historia para dejar constancias de nuevos hechos perpetrados conjuntamente entre paramilitares y Estado.

Nuestra región, continúa en un círculo vicioso donde el estado y el paramilitarismo es la principal droga que; somete, amenaza, tortura, controla y mata la vida social y campesina. Es la voz del paramilitarismo la que se impone a todas anchas, en la cual toda la población debe obedecer sus directrices o asume las consecuencias.

¿Hasta cuándo el Gobierno va a permitir que se siga controlando al que humildemente cultiva la tierra para el sustento de sus familias y del país? Es una vergüenza, estos gobiernos de turno, tras sus mandatos, dejan cientos de miles de violaciones al derecho internacional humanitario, entre ellos, los líderes y lideresas asesinados en los últimos meses en el país, quedando las víctimas condenadas al olvido y a la impunidad absoluta. ¡Que dolor!

Hoy, el paramilitarismo sigue siendo la mayor fuerza oscura con la que se cuenta para realizar el trabajo criminal que no pueden hacer a la luz pública las instituciones del estado. Urabá es un ejemplo, la misma Brigada XVII del ejército y la Policía Urabá han sido los garantes y aliados de los paramilitares. En muchas ocasiones operaron conjuntamente para realizar falsos positivos y masacres en el Urabá y el País. Hoy, no parece que esas alianzas se hayan terminado, pues los paramilitares autodenominados AGC tienen el absoluto control en todo el territorio e incluso conviven y comparten con la fuerza pública en San José, Nuevo Antioquia, Piedras Blancas entre otros corregimientos del Urabá y no hay ni el más mínimo interés en desmantelar estas estructuras paramilitares.

Se acercan elecciones presidenciales en el país, y se evidencia las diversas acciones conjuntas de las maquinarias que han gobernado, vendido y desangrado nuestra Patria. Estos, buscan cómo seguir aferrados al poder, y para ello, cuentan con la corrupción en los órganos de control existentes en las diversas instituciones Estatales. Ojalá, que las buenas ideas de un país mejor sean las que ganen, pues ya es momento de un cambio a esta dictadura que solo ha destruido y arruinado el país.   

Los nuevos hechos son los siguientes;

  • ·El viernes santo 15 de abril de 2022, en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José, se realizó un evento donde el reconocido paramilitar alias el COCHERO celebró su matrimonio en medio de una gran multitud de personas que participaron en su boda, este personaje hace ya un tiempo llegó a la vereda El Porvenir como paramilitar para ejercer control allí.
  • ·El viernes 22 de abril de 2022, en la vereda la Unión, del Corregimiento de San José de Apartadó se realizó una jornada comunal de arreglo del camino de herradura impulsada por la junta de acción comunal de dicha vereda y con la participación de efectivos miembros de la Brigada XVII del ejército nacional con sede en Carepa, Antioquia. En dicha jornada, un agente del ejército nacional que participaba, procedió a leer a todos los allí presentes, la constancia pública del pasado 18 de abril de 2022de la Comunidad de Paz. Manifestando en tono de burla que, “lo más seguro es que esa comunidad de paz hoy o mañana volverá a sacar constancia de esta jornada de trabajo” se supo que el uniformado rechazó tajantemente nuestras constancias al manifestar que estuvo investigando a comerciantes de la vereda la Unión sobre el paradero o conocimiento del paramilitar alias Adolfo Guzmán. A ¿Quién se le ocurre interrogar a las víctimas frente a los victimarios?  Dejamos constancias de que a pocos metros de donde se encontraban los uniformados, se hallaba también alias Adolfo Guzmán, realizando labores de arreglo de camino.  Este mismo sujeto, ya el pasado 3 de abril de 2022 había amenazado a comerciantes de La Unión, de igual forma participó de la jornada comunal el pasado 8 de abril de 2022 en compañía de miembros de la brigada XVII del ejército nacional y constatado por miembros de nuestra Comunidad de Paz. Este sujeto habita en una vivienda junto a las instalaciones del ejército nacional adscritos al batallón N.6 de desminado en la parte de arriba del centro poblado de la Unión, pero nadie lo conoce y menos los militares.
  • ·El sábado 23 de abril de 2022, nuestra Comunidad de Paz fue informada de un evento privado que realizara un reconocido cantante de música popular en un establecimiento público en el centro poblado de San José. Según los testigos, se evidencio la presencia del reconocido mando paramilitar alias LEÓN excombatiente de las Farc-ep y firmante de los acuerdos de Paz, conocido con el alias la “FIERA”. Dicho evento musical se realiza en medio de una fuerte presencia de policía y militar en el casco urbano de San José donde actualmente existe una base militar y un búnker de la Policía Nacional. Se argumenta que el artista tiene algún parentesco familiar con este mando paramilitar.
  • ·El domingo 24 de abril de 2022, cuando una comisión de nuestra Comunidad dePaz se dirigió a la vereda la Resbalosa, se pudo constatar que allí había presencia de varios reconocidos paramilitares, minutos después en el camino entre las veredas Mulatos y La Resbalosa se notó la presencia de un paramilitar que se dirigía a la Resbalosa, ya en horas de la tarde se vio regresar a Mulatos.
  • ·Este mismo domingo 24 de abril de 2022, en la vereda la Resbalosa nuestra Comunidad de Paz,fue informada de amenazas de un paramilitar contra la maestra de dicha vereda. El reconocido paramilitar le advirtió a la maestra que tenía los días contados, por tal motivo, la maestra fue trasladada a otra instalación educativa.
  • ·El lunes 25 de abril de 2022, mientras una delegación de nuestra Comunidad de Paz, adelantaba una jornada comunitaria de mejoramiento de la vía en el sector el barro de la vereda Mulato, fue hallado un artefacto explosivo que habría sido instalado junto al camino y dañado por los semovientes que transitan por el lugar. Según el mal estado del mismo, estaba allí desde hacía muchos años. Tales artefactos como estos, son los que vienen supuestamente desactivando el batallón de desminado N.6 del Ejército Nacional. A juzgar por el largo tiempo que llevan en la zona, la millonada que habrán invertido en dichas jornadas sin que a la fecha se evidencien avances significativos de desminados. Creemos que la estadía en estos lugares responde a otros intereses, pues las integraciones sociales son más su afán que la de hallar los artefactos explosivos.
  • ·Este mismo lunes 25 de abril de 2022, en la vereda mulatos, más exactamente junto a nuestro espacio de vida y trabajo de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de la presencia constante del paramilitar alias “GRIPIN”, en reuniones y demás actividades en la casa comunal, este paramilitar, hace presencia y control permanente en la zona y reside en la casona en la vereda mulatos medios.
  • ·El jueves 5 de mayo de 2022, en horas de la tarde nuestra Comunidad tuvo conocimiento de la advertencia de los paramilitares de un paro armado decretado para su cumplimiento a partir del día 5 de mayo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022. Ya en horas de la tarde, las actividades comerciales, transportes entre otras fueron cerradas. Este mismo jueves 5 de mayo de 2022, un grupo de estudiantes que provenían de la escuela de la vereda Arenas Altas a integrarse con estudiantes de la escuela de la vereda la Unión, fueron interceptados por paramilitares que hacen presencia en la unión, quienes ordenaron regresar a sus casas.
  • ·El viernes 6 de mayo de 2022, se ha constatado que el paro armado decretado por los paramilitares, ha surtido efecto; vehículos incinerados, los centros comerciales, oficinas, comercio en general y laboral, estudiantil, de transportes y en si toda actividad en general fue paralizada por órdenes de los paramilitares. Y nos preguntamos, ¿Dónde están las fuerzas de seguridad del Estado? ¿En qué queda el estado de Derecho? ¿No es esto la evidencia de un Estado secuestrado por las mafias y el poder que lo domina? Se evidencia que no son las armas las que nos libertan, por el contrario, nos esclavizan.
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, se tuvo conocimiento de que dos paramilitares hicieron presencia en el área poblada de la vereda la Unión el pasado jueves 5 de mayo de 2022, y ordenaron a los comerciantes cerrar sus locales, y ordenaron a la población civil no realizar ningún tipo de actividad comunal como el que tenían programado para el día de hoy, y de igual forma ninguna actividad personal fuera de la casa, esos reconocidos paramilitares están haciendo rondas en el centro poblado de La Unión impidiendo el comercio, recordar que allí, hay una fuerte presencia militar que además tenían programada actividad comunal con la junta y prefirieron acatar las órdenes y el control paramilitar.  
  • ·Este mismo viernes 6 de mayo de 2022, en el casco urbano de San José, los locales comerciales amanecieron cerrados, el caserío fantasma, ni un soldado, ni un policía se veían allí, ni siquiera en sus guarniciones militares. Los soldados y policías están encerrados.  

Estos hechos claramente evidenciados por nuestra comunidad y la población de nuestra región, muestra de cómo el gobierno ha sido permisivo con el paramilitarismo y lo ha venido dejando que sean ellos los que realicen su trabajo sucio de control y sometimiento de la población civil.

San José y sus veredas se han convertido en el campo propicio de libertad y tranquilidad para los paramilitares y la fuerza pública que conviven sin hacerse ningún tipo de daño, lo que cada vez lo hace más cómplice de sus crímenes.

Siempre que renovamos la memoria de nuestros sufrimientos, renovamos también nuestros sentimientos de gratitud a numerosas personas y comunidades de Colombia y del mundo que caminan espiritualmente con nosotros y nos llenan de energía resistente.

                                Comunidad de Paz de San José de Apartadó

                                                        Mayo 6 de 2022

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Colombia: fueron asesinados 53 defensores de DD.HH. entre enero y marzo

Los departamentos del Cauca y Putumayo, los más violentos

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 homicidios ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres y 49 hombres.

Colombia sigue inmersa en un huracán de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Un total de 53 defensores de derechos humanos fueron asesinados entre enero y marzo de este año, según un informe del Programa Somos Defensores divulgado este jueves que además documenta 254 agresiones, entre homicidios, atentados y amenazas. El año 2021 no se quedó atrás: 139 líderes sociales asesinatos y 996 agredidos, lo que supone una media de 2,7 ataques diarios en el año más violento de los últimos 12.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh), en el cual se basó Somos Defensores para su análisis, calificó esta cifra como "alarmante, pues supera los 28 casos confirmados durante el mismo período de 2021, con un incremento del 89 % (25 casos más)".

El programa también divulgó los datos de violencia contra los defensores en 2021, el "más violento de los últimos 12 años en contra de este sector" en el que documentó 996 agresiones, entre ellas 139 asesinatos.

Al desglosar las cifras del trimestre, Somos Defensores indicó que 15 asesinatos ocurrieron en enero, 20 en febrero y 18 en marzo, y que cuatro víctimas fueron mujeres -dos lideresas comunitarias, una de víctimas y una del sector LGBTI- y 49 hombres.

Cauca y Putumayo

En los departamentos del Cauca (suroeste) y Putumayo (sur) se registró el mayor número de asesinatos de defensores, con siete en cada uno de ellos.

"Durante este período, el Cauca volvió a ocupar el primer lugar en número de asesinatos, lugar en el que las personas defensoras se desenvuelven entre hostilidades por la presencia de los grupos armados, principalmente las disidencias de las FARC", puntualiza el Programa.

En Nariño hubo 6 asesinatos, seguido de Arauca (5), Norte de Santander (4), Cesar y Chocó (3) y Antioquia, Bolívar, Caquetá, San Andrés, Santander y Valle del Cauca (2).

Mientras tanto en Boyacá, Casanare, Córdoba, La Guajira, Meta y Tolima hubo un homicidio en cada uno de ellos.

Al analizar los liderazgos que esas personas ejercían se tiene que el mayor número de víctimas corresponde a los comunales, con 16 casos; seguido de indígenas, 12; comunitarios, 11, y campesinos, 4, entre otros.

En cuanto a los presuntos responsables de los 53 asesinatos, 40 se atribuyen a autores desconocidos, 7 a las disidencias de las FARC, 2 a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 2 al Ejército y 2 a paramilitares.

"Estos datos hacen que se mantenga la tendencia de períodos anteriores donde en la mayoría de los casos no es posible determinar la autoría de los asesinatos, lo que dificulta las labores de investigación y judicialización y contribuye a la persistencia de la impunidad", señala el informe.

Al referirse a las 254 agresiones, Somos Defensores puntualiza que en Colombia ocurrió una media de 2,8 diarias entre enero y marzo.

"Con esta cifra se tiene un incremento del 41 % en comparación con el mismo período de 2021 cuando se registraron 180 hechos", dice el documento que agrega que las cifras hacen que el 2022 se "proyecte como un año altamente peligroso, donde las amenazas se han hecho efectivas y han cobrado la vida de quienes ejercen el liderazgo social en las regiones", concluye. 

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Comunicado a la opinión pública: Ante la 1º audiencia de reconocimiento de responsabilidades del caso 003 - JEP

Hoy que la Guerra no ha cesado quiero emitir este Comunicado para invitar a la reflexión en una semana en la que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concede beneficios a miembros del Ejército implicados en miles de crímenes de Lesa Humanidad mientras las cifras de asesinatos a líderes, a firmantes de la Paz o a cualquier persona que no está en esas categorías no para de aumentar, mientras asistimos a la negación de un Estado que sigue manteniendo la práctica de las ejecuciones extrajudiciales como lo ocurrido en el Putumayo hace un mes.

En Colombia no hay garantías de no repetición

Y como sociedad tenemos que pensar cuál es el verdadero legado que estamos dejando.

Desde que se firmaron los Acuerdos en el 2016 asistimos a un recrudecimiento de la violencia que viene de la mano del extractivismo y del despojo de nuestros territorios, a la vez que a una confusión constante en los términos. Por eso, con este Comunicado quiero expresar mi derecho a que las víctimas seamos reconocidas desde nuestra heterogeneidad invitando a un debate público, que como sociedad no hemos tenido todavía.

Llevo casi 15 años de lucha exigiendo Justicia y respeto a la Vida y a los Derechos Humanos, recorriendo muchas regiones de Colombia, acompañando y escuchando a muchas víctimas. He sido invitada a nivel internacional en varias ocasiones a denunciar los crímenes de Estado. He dado incontables conferencias y charlas en todos los espacios imaginables haciendo pedagogía y denunciando estos crímenes. Por esa lucha incasable fui elegida para participar en la primera delegación de víctimas que viajó a las Mesas de Conversaciones en La Habana. Es decir, desde que mi hijo fue asesinado he dedicado mi vida entera a la denuncia de los crímenes de Estado y a construir Paz en este país.

Pero lamentablemente tenemos que reconocer que Colombia no está en Paz. En este contexto de violencia es que se ha realizado la 1º Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad del Caso 003 realizada en Ocaña, el 26 y 27 de abril de 2022, el mismo día que en el Congreso se debatía la moción de censura al Ministro de Defensa por la masacre perpetrada por miembros del Ejército en Puerto Leguízamo en Putumayo.

Lo que nos lleva a reflexionar si realmente está contribuyendo a la Paz, la celeridad de la JEP para mostrar resultados y otorgar beneficios, incluida la libertad, a los militares responsables de crímenes de Lesa Humanidad.

Yo no acudí a esa Audiencia, ni estoy de acuerdo con las decisiones que la JEP está tomando en relación a los mal llamados “falsos positivos”, quiero compartir mis motivos invitando a la reflexión, con todo respeto, desde la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros.

En mi caso, no necesito que quien asesinó a mi hijo reconozca que Fair Leonardo no era un guerrillero, ni un delincuente. Eso ya lo sabía yo, mi familia, el barrio y todo los que lo conocieron. Mi hijo era inocente y así consta también en la sentencia por la que se condenó a los 6 militares que estuvieron directamente implicados en su asesinato. Fue el Tribunal Superior de Cundinamarca el 30 de julio de 2013 quien declaró que el asesinato de mi hijo es un crimen de Lesa Humanidad. Fueron 5 años de proceso judicial para lograr lo que muy pocos hemos tenido derecho, una sentencia condenatoria y una investigación detallada y exhaustiva. Lamentablemente, sin que nadie me lo comunicara y con el riesgo para mi vida que implica, los seis militares fueron puestos en libertad al acogerse a la JEP a pesar de tener condenas a 53 y 54 años de prisión. Incluido el Mayor Marcos Wilson Quijano quien estuvo prófugo de la ley y quien fue detenido cuando su mujer lo denunció por maltrato.


- La JEP me ha insistido en que participe, y así lo hice el 17 de octubre de 2019, cuando acudí a la 1º Audiencia Pública en la que la JEP escuchó “a familiares de los jóvenes de Soacha”. Ese día solicité a la Sala una serie de investigaciones y aún sigo esperando una respuesta de su parte. Ese día también, la Magistrada Catalina Díaz, me interrumpió mandándome a callar. Tuve 15 minutos a diferencia de todo el tiempo que tuvieron los militares, para poder dar todas mis observaciones a las múltiples versiones que me facilitaron apenas unos días antes. Aquel día expresé mi preocupación por el contenido de las versiones que los militares estaban dando a la JEP y por ese perdón frío y calculador que estaban dándonos. Indicando que la versión dada por el Mayor Marcos Wilson Quijano y por el Teniente Diego Aldair Vargas, quienes son los responsables del asesinato de mi hijo, no contribuyen ni aportan nada a la verdad que yo no supiese anteriormente. Por lo que vuelvo a preguntar ¿cuál es el aporte que ellos están haciendo a cambio del beneficio de su libertad?

- Como víctima no puedo estar de acuerdo en que muchos de los miles de casos de ejecuciones
extrajudiciales vayan a quedar impunes por “criterios metodológicos de selección y priorización”, que implican que “no todo puede ser judicializado, no todos los agresores serán llamados a reconocer responsabilidad en audiencia pública, ni todos los hechos victimizantes serán objeto de sanción”. Al menos, en la Justicia Ordinaria, a pesar de su lentitud, de los múltiples impedimentos que los militares y sus abogados realizan y todas las dificultades que quienes hemos luchando durante años en el sistema judicial conocemos, teníamos el derecho a un juicio por cada uno de nuestros casos.

- Respecto al Auto 125, me gustaría saber, por qué las víctimas y la Procuraduría dicen que son más de 480 víctimas y no 120 como así aparece en dicho Auto, ¿qué reconocimiento de Verdad han hecho estos 11 máximos responsables si todavía no hay claridad de cual es el universo de víctimas?

Y aún es más, a pesar de las múltiples páginas que componen el Auto sigo sin saber el argumento de por qué imputaron a estos 11 como máximos responsables y no a otros como el Comandante de la 2º División, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz o incluso a Medardo Ríos, quien en su versión insistió en reconocer hasta lo que no ha hecho con tal de no volver a prisión.

También quiero expresar mi preocupación de por qué no se les acusa de tortura si existen múltiples evidencias de que algunos de nuestros familias fueron torturados antes de ser asesinados, como se evidencia en los informes forenses.

Además de lo anterior, me gustaría presentar mis objeciones sobre dos de los imputados en la Audiencia, Sandro Pérez y Alexander Carretero.

- Respecto a Sandro Pérez, quien pudo haber detenido las muertes del caso Soacha y no lo hizo, creo que es importante dar a conocer que este señor estuvo prófugo de la ley todos estos años. Tiene más de 7 órdenes de captura en Colombia y varios procesos judiciales abiertos. Durante el 2009 estuvo en diálogos con la Fiscalía, negociando su condena y cuando supo que cumpliría años de prisión se fugó a Venezuela, como así lo reconoce en la versión que dio ante la JEP. Durante todos estos años, nunca le importó contribuir a la verdad de los hechos, ni tuvo respeto por nosotras las víctimas. Y tal es su descaro que en esa versión reconoció a la magistrada Catalina Díaz que ha vuelto a Colombia porque la JEP le garantiza que las ordenes de capturas serán retiradas y él gozará de libertad.

- Respecto a Alexander Carretero, informarle a la JEP que no es la primera vez que reconoce su responsabilidad. En un preacuerdo que logramos en 2017, Alexander Carretero reconoció su responsabilidad como coautor de los delitos de Desaparición forzada en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio agravado de 14 jóvenes, incluido Fair Leonardo Porras, aceptando 44 años de prisión. Desde entonces Alexander ha intentando negociar en varios ocasiones una reducción de su condena, prometiendo reconocer más casos, destacando que en el preacuerdo se comprometió a ser testigo de la Fiscalía. Entonces, la pregunta que me surge es si el compromiso del cual hablaba estos días sólo se da si hay libertad de por medio. Por lo que no comparto porque la JEP no sólo lo ha puesto en libertad sin consultarnos a quienes realizamos aquel preacuerdo, sino que la imputación de cargos es menor, al imputarle el homicidio a título de complicidad.

Del mismo modo y para contribuir con el proceso actual quiero señalar que Alexander Carretero incurrió en falso testimonio tanto en su versión que recoge el Auto 125 como en su reconocimiento de responsabilidad en la Audiencia Pública, al mentir sobre cómo y cuándo conoció a mi hijo, Fair Leonardo Porras Bernal, así como en lo referente a que él no sabía que lo entregaba para ser asesinado. Su culpabilidad es mayor a la reconocida.

Por ello, solicitó que la Sala correspondiente de la JEP revise todos los testimonios que Alexander Carretero ha aportado en todos estos años de proceso judicial desde las primeras diligencias de indagatoria que dio el 6 de mayo de 2009, y sino en la sentencia que yo misma entregué a la JEP el 17 de octubre de 2019, en ella se incluyen los extractos de esos testimonios y de las investigación que aseguran que Alexander Carretero en la tienda “los costeños” en Soacha, se reunía para seleccionar sus víctimas y que conocía a mi hijo desde mucho antes de llevárselo para se asesinado, porque mi hijo le ayudaba con la venta de empanadas.

Han sido muchos años de lucha, de esfuerzos, de amenazas, por mi parte y por muchas organizaciones, colectivos, instituciones, víctimas, investigadores y un sin fin de personas que han querido denunciar estos crímenes de Estado, contando con toda la información precisa necesaria. A muchos les ha costado la vida y otros se han visto obligados a exiliarse. Por ello, creo que no debemos caer en falsas ilusiones, ni jugar con la esperanza ni el dolor que tenemos las víctimas. Tenemos una gran desafío por delante, en el que debemos seguir trabajando juntos siendo conscientes de los retos y consecuencias que las decisiones tomadas con celeridad por la JEP pueden conllevar y más cuando los victimarios han pasado a ser el centro de esta Institución y no ya las víctimas.

Escribo todo esto, hoy 28 de abril, cuando se cumple un año del Estallido Social, en el que la Fuerza Pública volvió asesinar a jóvenes que expresaban su indignación ante la desigualdad y la falta de oportunidades. Por una Paz con Justicia Social.

 

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Jenny al lado del recuerdo vivo de su hijo. Foto por Angélica Bohórquez.

“Tribunal popular busca justicia para las doce víctimas de la represión en Siloé, dice Isabela Albán

 

El martes 3 de mayo se instala en Cali el Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’, que escuchará los testimonios de familiares de las doce personas de este sector de la capital del Valle asesinadas en la represión desatada por el gobierno de Iván Duque contra el pueblo caleño.

En el Tribunal Popular, que contará con jueces internacionales, también serán escuchados testimonios de familiares de muchas otras de las 48 personas asesinadas por la Fuerza Pública en Cali y de los afectados por las violaciones masivas de derechos humanos en las que incurrieron agentes del régimen de Duque en la represión contra los participantes en el Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021.

La instalación del Tribunal se efectuará a las 5:00 p.m. del martes 3 de mayo, en el Parque de la Horqueta de Siloé, sur occidente de Cali.

Entre el 4 de mayo y el 8 de septiembre se hará el acopio de pruebas y la contrastación de evidencias, en tanto que el 9 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de juicio, acusación e impugnación.

El 10 de diciembre se conocerá la sentencia de este juicio social, orientado a evitar que haya impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas a órdenes del gobierno de Duque.

Impulsan este ejercicio de control y justicia social los familiares de las víctimas, el Museo Popular de Siloé, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Unicatólica, el colectivo Nomadesc, el movimiento N21 Incluyente y Diverso y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos.

El Tribunal cuenta también con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali, la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asociación Americana de Juristas (Capítulo Colombia), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo 28A, entre muchas otras organizaciones, además de varias instituciones internacionales.

PERIODISMO LIBRE dialogó sobre el Tribunal con la socióloga Isabella Albán H., integrante del Museo Popular de Siloé y una de las organizadoras del certamen, quien sostuvo que el evento procura, entre otros objetivos, que haya justicia para la memoria de las doce personas asesinadas en la represión llevada a cabo por los órganos armados del Estado contra la comunidad de Siloé entre abril y junio de 2021.

El Tribunal Popular de Siloé ‘Operación Zapateiro’ se cumple al conmemorarse un año de iniciado el Paro Nacional y el levantamiento social contra las políticas neoliberales y violatorias de los derechos humanos del gobierno de Duque.

La Operación Zapateiro hace referencia al plan que anunció el régimen a través del comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, quien sostuvo ante Duque que en una semana “recuperaría el orden en Cali”, anunció que tuvo terribles consecuencias que serán objeto de documentación en el Tribunal Popular de Siloé.

Cali, domingo 1 de Mayo de 2022.

Periodismo libre

 

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A la derecha de la fotografía, publicada por el periódico New York Times, vestidos rojos y ocres de niñas cuelgan de cruces al lado de una autopista en Kamloops, pequeña ciudad en Columbia Británica. Al fondo se observa un arcoíris que termina cerca del lugar donde fueron descubiertos los restos de los más de 200 pequeños nativos. Foto Afp

Amber Bracken captó vestidos que cuelgan en cruces cerca del internado donde se hallaron los restos de cientos de niños indígenas

 La Haya. Una foto de cruces de las que cuelgan vestidos, colocadas cerca de un "internado" canadiense donde el año pasado se hallaron los restos de 215 niños indígenas, ganó el premio del World Press Photo (WPP) de 2022, dado a conocer ayer.

La imagen capturada por la fotógrafa documentalista basada en Edmonton, Amber Bracken, es "un momento calmo de reflexión (...) sobre la historia no sólo de la colonización en Canadá, sino en el mundo entero", declaró Rena Effendi, integrante del jurado.

En la izquierda de la fotografía, publicada por el diario New York Times, vestidos rojos y ocres de niñas cuelgan de cruces al lado de una autopista en Kamloops, pequeña ciudad en Columbia Británica.

A la izquierda, un arcoíris termina su curva cerca del lugar donde fueron descubiertos los restos, en la sede del "internado", creado hace un siglo para asimilar por la fuerza a la población indígena. Esta imagen "inspira una suerte de reacción sensorial", declaró un jurado.

Este descubrimiento fue el primero de una serie que obligó a los canadienses a enfrentar su pasado colonial. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones y tareas de búsqueda en muchos antiguos internados para nativos en el país.

Las autoridades estiman que más de 4 mil niños podrían estar en túmulos o fosas sin identificar. Otras fotografías premiadas este año también destacan la visibilidad de comunidades autóctonas del mundo.

El documentalista australiano Matthew Abbott ganó el primer premio en la categoría Historia del año con una serie de imágenes que muestra de qué manera el pueblo nativo de Nawarddeken, en el lejano territorio de Arnhem, empleó el fuego como herramienta eficaz de gestión de las tierras contra el cambio climático.

Gracias a una práctica llamada "combustión en frío", los indígenas encienden pequeños fuegos durante la temporada fresca, quemando el sotobosque y los matorrales muy inflamables, lo que ayuda a prevenir incendios de bosques, que han devastado a Australia, afectada por un aumento de las olas de calor.

Los ganadores reciben unos 6 mil 500 dólares y sus trabajos serán exhibidos a partir del 15 de abril en Ámsterdam antes de ser mostrados en otros países.

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Sábado, 02 Abril 2022 05:20

Todo documentado

Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, en la conferencia sobre el Tercer Informe del GIEI respecto al caso de Ayotzinapa, en Ciudad de México, el 29 de marzo ELIANA GILET

SE CONFIRMÓ QUE EL EJÉRCITO MEXICANO PERMITIÓ LA DESAPARICIÓN DE LOS 43

Archivos militares revelan que las autoridades comandadas por la Secretaría de Defensa conocieron en tiempo real los detalles del secuestro de los estudiantes y no actuaron para evitarlo.

La sensación es la de la desazón que siente quien tenía razón y no fue escuchado. Pero sobre ella está el enojo por haber comprobado que el montaje de una fraguada verdad histórica hecho por el poder mantiene desaparecidos a 43 estudiantes rurales de pueblos originarios del sur de México, a siete años y medio de los hechos ocurridos el 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

«Desde que fuimos a buscar a Iguala en 2014, un señor nos decía: “Pregúnteles a los de la gendarmería. Ustedes no deben andar buscando aquí”. ¡Cómo desde ese entonces la gente estaba enterada! Pero fuimos agarrando fuerzas con las investigaciones y las aportaciones de la gente, que señalaban al Ejército, al 27.o Batallón, más que nada», dijo a este semanario Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos. Rodríguez habló con Brecha al concluir la conferencia de prensa de los familiares sobre la bomba informativa que contiene el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),1 presentado públicamente en la Ciudad de México el lunes 28 de marzo.

El 27.o Batallón de Infantería de Iguala era un objetivo tan claro para las familias de los 43 que estas se manifestaron reiteradamente frente a sus instalaciones. «Las primeras veces, cuando entrábamos, íbamos con coraje. Porque ¿cómo es posible que una institución que debe dar seguridad a los mexicanos golpee al pueblo y desaparezca a nuestros hijos? Llegamos con ese coraje para exigirle que nos respondiera por qué no atendió a los normalistas», contó Rodríguez. Sin embargo, las respuestas públicas y privadas que recibieron del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, principal vocero estatal de la «verdad histórica», eran que sus hijos «eran guerrilleros, vándalos». «Lo mismo nos decían los soldados del 27.o Batallón: “¡Ya lárguense, pinches revoltosos!”. Cosas que lo molestaban a uno», contó el campesino.

INFORMACIÓN DETALLADA

Ese mismo funcionario de alto rango, Murillo Karam, había recibido de las familias toda la información requerida sobre la trayectoria previa de los jóvenes desaparecidos: «Le dimos la vida de nuestros hijos: lo que comían, lo que vestían, de dónde venían; incluso, si hablaban español o dialecto. Toda esa información también la tenía el Ejército». Más allá de esos datos, hoy se sabe que los normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos durante más de una década a la vigilancia constante de los cuerpos de inteligencia militar, lo que incluye la dolorosa constatación de que uno de los jóvenes desaparecidos era un «órgano de búsqueda de información», es decir, un agente militar infiltrado con «fachada de estudiante», según el término oficial usado para referirse a él.

En abril de 2021 el GIEI accedió a los archivos militares que sustentan estas nuevas revelaciones, aunque en diciembre de 2018 todas las autoridades (militares y civiles) recibieron la orden expresa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregar al GIEI toda la información que tuviesen en sus archivos. Se trató de uno de los primeros decretos que el mandatario firmó al asumir el gobierno, en respuesta al pedido de las familias de los jóvenes. Sin embargo, con la reticencia a liberar la información durante más de dos años, se incrementó también la exigencia social de que los archivos se abrieran para investigadores independientes.

Para lograrlo, según explicó durante la presentación del informe la integrante del GIEI Ángela Buitrago, se necesitó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se apersonara junto con los investigadores y abriera, literalmente, la puerta a la información. Así fue como hallaron el registro de comunicaciones entre zonas militares, batallones y otros elementos de la pirámide militar activa. Están a resguardo del mencionado 27.o Batallón de Iguala –donde los padres fueron agredidos, según el relato de Rodríguez–; la Zona Militar 35, con sede en Chilpancingo (capital del estado y sede del poder político), y la IX Región Militar, el comando estatal sito en Acapulco. «Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de las autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía e, incluso, realizaron informes al más alto nivel», se lee en el informe, al que accedió Brecha.

SIMULACIÓN HISTÓRICA

El 12 de noviembre de 2021, el GIEI accedió a los archivos de la Marina Armada de México que referían a las actuaciones realizadas un mes después de la desaparición, entre el 27 y el 29 de octubre de 2014, en dos sitios: el antiguo basurero de Cocula y el río San Juan, que se encuentran a menos de 10 quilómetros entre sí y a 20 de Iguala. Según las imágenes registradas por una aeronave no tripulada de la Secretaría de Marina, desconocidas hasta el momento y que no forman parte del expediente judicial de la PGR, a partir de las 6.30 de la mañana del 27 de octubre de 2014 cerca de 40 funcionarios recorrieron el basurero antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arribase al sitio, al mediodía, y lo acordonase. La primera autoridad en llegar fue una patrulla de la Marina, que prendió una fogata en la parte alta del sitio, con el argumento de que usaba el humo para señalarle el sitio al dron.

El EAAF emitió ahora un comunicado en el que informa que la diligencia de búsqueda en ese sitio comenzó oficialmente a las 10 de la mañana y que los hechos anteriores, revelados por el GIEI, no quedaron registrados en el expediente. El equipo exigió que las autoridades mexicanas hagan una «investigación exhaustiva» del material y contra los responsables de esta intervención extrajudicial de la Marina. También se refirió al punto más delicado de la información relevada: el hallazgo en ese lugar, un día después, el 29 de octubre de 2014, de un resto óseo, que posteriormente fue identificado en Austria como perteneciente a uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. El equipo argentino, que funciona como perito independiente en México desde hace más de una década, apuntó que, aunque el descubrimiento del resto óseo ocurrió «en medio de este escenario de graves irregularidades, durante la administración del gobierno anterior, la identificación no está científicamente en duda». Lo que sí está en duda es el sitio del hallazgo: las márgenes del río San Juan. «El origen verdadero de ese fragmento óseo continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación», concluyeron.

Las familias de los 43 y sus representantes señalan que los funcionarios implicados deben enfrentar la Justicia por su responsabilidad en la dilación de la investigación, hecha en pos de establecer una «verdad histórica» sobre la desaparición, «verdad» que, como también es público, fue cosechada con base en la tortura de una amplia gama de detenidos. El director de la asociación civil Centro Prodh, Santiago Aguirre, que representa legalmente a las familias, dijo a Brecha que es fundamental que los agentes de la Marina sean presentados en la justicia civil y no en los tribunales militares, donde el GIEI también comprobó la existencia de investigaciones paralelas, cuyo contenido aún se desconoce.

desde Ciudad de México 
31 marzo, 2022

  1. Informe Ayotzinapa III, Mandato medida cautelar MC/409/14 CIDH, México, febrero de 2022.

Las sanciones de Washington a las reservas de Rusia en el exterior aceleran el debilitamiento a largo plazo de la moneda de referencia global. China busca pasar a yuanes todo su comercio energético.

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Foto: Una mujer mayor vista en una calle con un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la agencia de policía nacional de Venezuela, al fondo, en Caracas, Venezuela | Alamy

Ivonne Parra tomó ocho sedantes durante 15 días, después del asesinato de su hijo. Solo quería llorar la pérdida de su único varón. Sus amigas se encargaron de todos los trámites en la medicatura forense y en la funeraria, mientras ella estaba en casa. Llorando.

Casi un mes después del ajusticiamiento, Ivonne sintió que tenía que pararse de la cama y hacer algo. Debía limpiar el nombre de su hijo, quien fue tildado de delincuente según la versión policial. A Guillermo José Rueda Parra, de 20 años de edad, lo asesinó una comisión de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo élite de seguridad del Estado venezolano, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Eran las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre de 2017, cuando Ivonne le abrió la puerta de su casa a cinco agentes. Ella no crió a un delincuente, por eso no se esperaba que en el primer piso de la vivienda, ubicada sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira, asesinaran a su hijo, desarmado y en pijama. Luego los funcionarios simularon un enfrentamiento y pusieron un arma en la mano de Guillermo. Ivonne vio todo.

—Pásame una bala de otro calibre.

—No, chamo, de esas no tenemos —recuerda Ivonne que decían los funcionarios, mientras ella los observaba desde la calle.

Según el Derecho Internacional las ejecuciones extrajudiciales son los asesinatos cometidos por agentes del Estado, o con su complicidad y tolerancia. Entre enero y septiembre de 2021 el proyecto Lupa por la Vida, de la organización Provea y del Centro Gumilla, documentó 1197 crímenes a manos de policías y militares en toda Venezuela.

Cuatro años después de la ejecución extrajudicial de Guillermo José, como le dice su madre, los funcionarios involucrados no están detenidos aunque en el expediente reposan sus nombres. Sobre el agente Winder Rafael Flores, presuntamente hay una notificación de alerta roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) pero tampoco ha sido apresado.

En la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo, Ivonne conoció a Carmen Arroyo, otra madre a quien las fuerzas de seguridad del Estado venezolano le asesinaron a su hijo. Ambas decidieron conformar una organización no gubernamental llamada Madres Poderosas, luego de asistir a varios talleres de formación en el ámbito de derechos humanos, impartidos por el Comité de Familiares Víctimas del Caracazo (Cofavic) y por miembros de las Naciones Unidas que estuvieron en el país.

Madres Poderosas nació en septiembre de 2021 y hasta ahora ha acogido a siete mamás y a una hermana de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en Caracas. Además del acompañamiento y apoyo que se brindan entre familiares, aspiran obtener ayuda psicológica, asesoría legal y colaboraciones de comida o útiles escolares para los hijos huérfanos de los jóvenes asesinados.

En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos

Los menores de edad están bajo la manutención de sus abuelas, quienes no pueden buscar un empleo formal por el tiempo que invierten en asistir regularmente a los tribunales venezolanos. Lina Rivera es una de las mujeres que integra Madres Poderosas. En seis meses, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos. A su cargo tiene a nueve nietos, que mantiene con mucho esfuerzo.

Estas ocho mujeres no quieren que las llamen víctimas porque no lo son. Realmente son aguerridas y están dispuestas a intentar todo lo que esté a su alcance para limpiar el nombre de sus hijos y hermanos, y obtener justicia.

—Nada me va a devolver a mi hijo, pero yo quiero evitar que estas ejecuciones extrajudiciales sigan pasando, quiero evitar que otras madres pasen por el dolor que nosotras estamos pasando. Nosotras no criamos delincuentes —dijo Ivonne, una mujer de tez blanca, con el cabello teñido de amarillo, que transmite fortaleza aunque sus ojos se inunden de lágrimas cada vez que habla de su hijo.

A Carmen Arroyo le asesinaron a su hijo Christian Alfredo Charris Arroyo, un día después de su cumpleaños, el 24 de septiembre de 2018 en La Dolorita, una comunidad de Petare, la barriada más grande de Caracas. En el expediente del caso están identificados los 20 funcionarios de las FAES que participaron en el operativo. Ninguno ha sido detenido.

Christian era el único hijo de Carmen. Lo crió sola. El joven, de 25 años, era un popular barbero y jugador de baloncesto de la comunidad. La versión policial fue que él pertenecía a una grupo criminal y estaba solicitado por los delitos de robo, hurto, extorsión y homicidio.

—Si se supone que Christian había matado a un hombre llamado Jeferson Gil en 2016 ¿por qué a mi hijo no lo buscaron antes? El delincuente no tiene residencia fija y a mi hijo lo podían encontrar en su casa. A mi hijo lo criminalizaron por ser un joven que vivía en un barrio —contó Carmen, en voz pausada. Su rostro, de piel morena, refleja el dolor con sus expresiones pronunciadas.

Ivonne y Carmen guían a las otras madres en el proceso judicial, las acompañan a los tribunales y las animan para que no desmayen en el proceso. Ninguna de ellas tiene un empleo formal, por lo que a veces no tienen dinero para usar el transporte público que las lleve de sus casas, que quedan en barriadas populares retiradas del centro de la capital.

Al menos dos veces a la semana o cada 15 días, las fundadoras de Madres Poderosas visitan a los fiscales que llevan los casos para averiguar si hay avances. Lo mismo hacen con el resto de las compañeras. La mayoría de las veces no obtienen respuestas de los funcionarios públicos, pero no se cansan, ya no tienen nada que perder porque les arrebataron a sus hijos.

—Estamos luchando contra el verdugo, sabemos que no es una lucha fácil pero seguiremos, no podrán con nosotras porque no criamos a delincuentes, criamos a jóvenes de bien y ahora nos queda defender su nombre —agregó Carmen.

Estas madres se han convertido en abogadas, fiscales, defensoras de los derechos humanos y en correos especiales de los fiscales que llevan sus casos. Manejan términos judiciales y conocen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad.

El 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal

Cifras de la organización Cofavic apuntan que 92% de los casos de ejecuciones extrajudiciales no cuentan con ninguna acusación formal. En 30% existe retraso injustificado en la tramitación de experticias esenciales, como las autopsias, y en 96% no se ha registrado la detención de los responsables.

Las madres deben encargarse de costear las copias de los expedientes cuando logran tener acceso a ellos, porque en los tribunales no hay presupuesto suficiente. Además, son revictimizadas con los cambios frecuentes de fiscales en diversas oportunidades, con malos tratos de los funcionarios o cuando no las atienden. Incluso han llegado a los tribunales y se encuentran con que no hay electricidad. En el caso del hijo de Ivonne, han removido a los funcionarios al menos seis veces.

—La única forma que yo deje de denunciar es que me muera. No saben con cuánto esfuerzo criamos a nuestros hijos, para sacarlos adelante en un barrio, donde se ven drogas y armas —dijo Carmen.

Lina Rivera siente que Madres Poderosas son su luz en el túnel oscuro que ha significado la pérdida de sus cuatro familiares. En la organización le dan un impulso para luchar. Cuando asesinaron a su hijo, a su hermano y a dos sobrinos, entre 2017 y 2018, tuvo miedo hacerle seguimiento a los casos. Pero cuando conoció a Ivonne y a Carmen sintió el valor para regresar.

En julio de 2019, Ivonne y Carmen formaron parte del grupo de familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos que relataron sus testimonios de violaciones de la letalidad policial a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en su visita a Venezuela, en 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomendó al gobierno de Nicolás Maduro que detenga y prevenga el uso excesivo de las fuerza en las manifestaciones, que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y se disuelvan las FAES. Al contrario, el mandatario Maduro reiteró el apoyo al cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana.

Datos de la exfiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, revelan que entre enero de 2015 y junio de 2017 se cometieron 8.291 ejecuciones extrajudiciales. Mientras que Cofavic documentó 11.328 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado, entre 2012 y marzo del 2020.

Una de las mujeres que se incorporó recientemente a la organización de Madres Poderosas fue Miyanllela Fernández. A su hijo Richard Jesús Briceño Fernández, de 23 años, efectivos de las FAES le dieron dos tiros. Ella lo vio herido y lo escuchó gritar de dolor, luego perdió el conocimiento.

El 8 de enero de 2021 se desplegó un operativo policial en la zona popular de La Vega, al oeste de Caracas, para capturar a miembros de una megabanda de delincuentes. El Monitor de Víctimas documentó que 14 jóvenes fueron asesinados por los cuerpos de seguridad. Un informe de Amnistía Internacional considera que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Miyanllela Fernández se ha topado frecuentemente con el funcionario de las FAES, que presuntamente le disparó a su hijo. Carmen Arroyo también se encontró al efectivo supuestamente involucrado en el crimen.

“Cada vez que veía a tres de los funcionarios que estaban ese día, llevaba a mi nieta y me provocaba vengar la muerte de mi hijo. Si yo hubiese sabido que me iban a matar a mi hijo me lo hubiese llevado y no nos hubiésemos quedado en la casa”, dijo Miyanllela.

Carmen se planteó estudiar Derecho en la universidad, desde la ejecución de sus hijo. Hasta el momento no ha logrado obtener el cupo en una institución pública, pero mantiene claro su objetivo de formación y empoderamiento.

Maritza Molina, otra mujer que integra Madres Poderosas, ya está por terminar la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. A su hijo, el doctor Billi Daniel Mascobeto Molina lo asesinaron en Barlovento, estado Miranda, el 29 de febrero de 2012.

En casi 10 años el expediente del caso de su hijo consta de 14 piezas y han cambiado a 21 fiscales nacionales y auxiliares. Ninguno ha resuelto el caso. Se unió a Madres Poderosas por ese impulso y motivación que le dan las otras mujeres para insistir en la búsqueda de justicia.

2 febrero 2022

Publicado originalmente en Open Democracy

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