Comienza en La Habana plan de racionamiento de energía

La Habana., La Habana comenzará en agosto con cortes de electricidad, canceló el carnaval y está tomando otras medidas ante el empeoramiento de la crisis energética en Cuba, informaron ayer medios estatales.

La capital cubana, hogar de una quinta parte de la población de 11.2 millones de habitantes y centro de la actividad económica de la isla, se había librado de los apagones diarios de cuatro horas o más que el resto de la isla sufre desde hace meses.

Los racionamientos han provocado algunas pequeñas protestas locales este verano y hace un año en julio alimentaron un día de disturbios sin precedentes en el país, cuando el descontento se desbordó y dejó decenas de detenidos.

Por ahora, un cronograma de cortes de energía significará que los seis municipios de La Habana tendrá racionamiento cada tres días durante las horas pico del mediodía, según el diario local del Partido Comunista, Tribuna de la Habana, que informó sobre una reunión de las autoridades.

Esta restricciones de luz reflejan una crisis económica cada vez más profunda que comenzó con las nuevas y duras sanciones de Estados Unidos a la isla en 2019, empeoró con la pandemia que destruyó el turismo y aún más con la invasión rusa a Ucrania.

Los precios altísimos de los alimentos, el combustible y el transporte marítimo han expuesto la dependencia de las importaciones y vulnerabilidades como una infraestructura en deterioro. La economía del país disminuyó 10.9 por ciento en 2020, recuperándose sólo 1.3 por ciento el año pasado.

Los cubanos han sobrellevado más de dos años de escasez de alimentos y medicinas, largas filas para comprar bienes escasos, altos precios y problemas de transporte. Los apagones sólo se han sumado a la frustración, lo que ha provocado un éxodo de más de 150 mil cubanos desde octubre a Estados Unidos y otros países.

Este es el momento de solidarizarnos y contribuir para que el resto de Cuba sufra menos los indeseables cortes de energía eléctrica, publicó Tribuna, citando al líder del Partido Comunista de La Habana, Luis Antonio Torres

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FMI: cunden por  todo el mundo las  protestas sociales

Las protestas sociales han aumentado en el mundo a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia. La gente vuelve a las calles y existe el riesgo de que avancen los disturbios a medida que ceden los confinamientos y crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos, considera el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo reconoce que se registra un incremento en manifestaciones de descontento popular, incluso en países donde no son usuales. "Hay manifestaciones antigubernamentales grandes y de larga duración en economías avanzadas, donde los disturbios son relativamente raros, como Canadá y Nueva Zelanda", ejemplifica.

El organismo financiero realiza un indicador con base en el menciones descontento ciudadano en 130 países y se encuentra en su techo desde el comienzo de la crisis sanitaria por covid, pero por debajo de 2019, cuando una ola de protestas comenzó en Chile y se extendió a otros puntos de América Latina en octubre y noviembre, y fueron simultáneas a algunas manifestaciones en Argelia, Irán, Irak y Líbano.

Las exigencias desde la calles se redujeron con la llegada de la pandemia, pero se registraron algunas relacionadas con el clamor de justicia racial en Estados Unidos, por conflictos interétnicos en Etiopía y antigubernamentales en Brasil, Líbano y Bielorrusia. También las hubo en Canadá, Nueva Zelanda, Austria y los Países Bajos, así como en Kazajistán y Chad.

En esa coyuntura global se ejecutó un golpe de Estado en Burkina Faso, protestas regionales en Tayikistán, así como una crisis constitucional en Sudán.

"Aunque, por ahora, el malestar social sigue siendo bajo en relación con los niveles previos a la pandemia, el levantamiento de las restricciones sanitarias y la continua reducción del poder adquisitivo de las mayorías significa que las protestas aún pueden aumentar e imponer costos económicos significativos para el manejo gubernamental de las economías", alarma la entidad global.

Reitera que la inflación implicaría mayores protestas. "Aunque los disturbios son excepcionalmente difíciles de predecir y sus causas económicas son complejas, los aumentos pronunciados de los precios de los alimentos y el combustible, en el pasado se han asociado con protestas más frecuentes".

"Cualquier aumento en el malestar social podría representar un riesgo para la recuperación de la economía mundial, dado que la incertidumbre impacta en el consumo y la producción."

Según un estudio del organismo mundial, 18 meses después de disturbios sociales de mediano o largo plazo, el producto interno bruto local o regional suele ser alrededor de 1 punto porcentual más bajo de lo que hubiera sido.

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"Los precios de la gasolina son demasiado altos, nos destruyen" protesta de camioneros en Alemania.Foto Ap

En los supermercados se nota la falta de productos básicos // El gobierno acusa un boicot de la extrema derecha

 Madrid. Son farmacias de barrio, hoteles que no pertenecen a las grandes cadenas, fábricas pequeñas y medianas que no tienen el soporte financiero de los bancos, carnicerías y pescaderías al borde de la quiebra, así como miles de trabajadores autónomos que van subsistiendo a duras penas. Son la cara de la desesperación que ha generado la crisis energética que sufre España desde hace algo más de un año y medio y que se ha agudizado a raíz de la guerra en Ucrania. Y ahora, en mitad del desastre y el caos se han sumado al descontento social la protesta de los camioneros que provoca el desabastecimiento de productos básicos en algunas regiones; por ejemplo, en ciudades de la importancia de Sevilla y Córdoba, la mayoría de las pescaderías y carnicerías no pudieron abrir al no tener nada que vender. Lo mismo ocurre en muchos supermercados, en los que empieza a haber carencia de productos básicos como leche, aceite, arroz y harina.

"Es ya una situación insostenible, a muchos de nosotros nos sale más rentable cerrar la cortina que trabajar a pérdidas. Y el gobierno no hace nada, está fuera de la realidad", señaló a La Jornada Miguel Rozas Urbina, un farmacéutico que explicó en números sencillos el grado de su desesperación: paga 40 por ciento más de electricidad, mientras la gasolina se ha puesto por las nubes (nunca antes se había pagado 2 euros por litro), los productos básicos están cada día más caros y encima se anuncia un inminente incremento de impuestos para los trabajadores autónomos.

"Así, sencillamente, no hay quien aguante. Lo más sorprendente es que un gobierno que se dice sensible a lo que necesitamos las personas ni nos escucha ni es capaz de ponerse en nuestra piel."

El precio de la luz en España llegó hace sólo dos semanas a más de 500 euros el megavatio hora (MWh) y en algunos tramos horarios, los de más uso, alcanzó 700 euros. Son cifras que pone contra las cuerdas a buena parte de la industria, el comercio pequeño y mediano del país, que no es capaz de aguantar un incremento de más de 700 por ciento respecto de lo que se pagaba hace menos de dos años y cuyas consecuencias, ya devastadoras, no se han mitigado con las medidas aprobadas hasta ahora por el gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez, apoyado por su partido, el PSOE, y por la coalición de Unidas Podemos (UP).

Si el precio de la luz estaba sin control desde hace más de un año y medio, ahora, con la guerra en Ucrania, la situación empeora sensiblemente; la tarifa eléctrica se dispara, los hidrocarburos están por las nubes, la inflación supera 7.5 por ciento (el peor registro en tres décadas) y el temor a un recrudecimiento del conflicto genera más incertidumbre a inversionistas, en el mercado financiero y el consumo.

El presidente español, Pedro Sánchez, intenta ganar tiempo con una gira relámpago por varios países europeos para intentar convencerlos de adoptar medidas en común para paliar la crisis energética, que pretende resolver en el consejo de los altos representantes de la Unión Europea (UE) del próximo 29 de marzo para fijar un tope máximo del precio de la electricidad, que sería de 180 euros el MWh, una cifra impensable hace sólo unos meses. Pero la mayoría de los países, como Alemania, Francia, Italia y Polonia, ya han adoptado por su cuenta medidas para aliviar la grave situación que se vive en su tejido productivo, como subvenciones temporales para asumir el alto costo de los hidrocarburos o una intervención directa en el mercado energético.

El problema que tienen España y Portugal es que la liberalización de la electricidad es absoluta y que la dependencia en la iniciativa privada es total, por tanto, sólo tienen la llave de los impuestos para reducir el precio y hasta el momento se niegan a reducirlos más de lo que ya lo han hecho desde que empezó la crisis.

Huelga de camioneros

A la crisis social producto de los altos costos de la energía eléctrica se suma un nuevo factor de desestabilización: la huelga de los trabajadores del transporte, los camioneros, quienes llevan más de dos años solicitando cambios en sus estatutos de trabajo y una reunión con los representantes del gobierno que les niegan de forma sistemática.

A diferencia de otros sectores, en los que se han aprobado ayudas o compensaciones por la crisis estructural que vive la economía, a este sector no se le ha atendido ni se han aprobado medidas específicas para reducir sus cada vez más abultadas pérdidas económicas.

El resultado de ese desencuentro es la huelga que se vive en estos días, la cual provoca escasez de productos básicos en el supermercado, como leche (de hecho el sector lácteo español decidió paralizar varios días su actividad hasta que se resuelva el conflico), arroz, harina, aceite, carne y pescado.

El gobierno acusó a los camioneros de ser utilizados por "la extrema derecha" y de formar parte de una "estrategia de Vox". Estas acusaciones soliviantaron la situación, a pesar de que es verdad de que uno de los sindicatos minoritarios de los trabajadores del transporte está vinculado directamente a Vox. Si el diálogo era precario, ahora está roto por completo.

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“La izquierda peruana va a cargar con los pasivos del gobierno de Pedro Castillo”

Entrevista a Fernando Tuesta Soldevilla, sociólogo y politólogo

Con un 60% de desaprobación ciudadana y denuncias de “falta de transparencia” en su proceder, el gobierno de Pedro Castillo está cada vez más bajo la mira. En una entrevista con el Dipló, el sociólogo Fernando Tuesta Soldevilla analiza la realidad peruana y el recorrido de Castillo hasta el momento.

Fernando Tuesta Soldevilla es uno de los mejores observadores de la política peruana. Su experiencia académica lo respalda: es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), además de haber realizado estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg. Sus reconocimientos profesionales no son menores: fue, entre 2000 y 2004, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); entre 2005 y 2011 desempeñó el cargo de director en el Instituto de Opinión Pública de la PUCP y en 2019 fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Con ese bagaje, Tuesta analiza los seis primeros meses de gobierno del izquierdista Pedro Castillo, quien derrotó el año pasado a la derechista Keiko Fujimori en una elección presidencial muy polarizada. “Creo que, de alguna manera, se confirmó que el Presidente no tiene conocimiento sobre muchas materias y le falta preparación”, dice Tuesta a el Dipló como reflexión inicial a lo observado en los últimos días a raíz de las entrevistas concedidas por Castillo a tres medios de comunicación. La última, para la cadena CNN en Español, ha generado, sin duda, mayor repercusión para los peruanos. Actualmente, Castillo tiene 60% de desaprobación ciudadana.

Rodrigo Chillitupa Tantas: ¿Los seis meses del gobierno de Pedro Castillo se han caracterizado por el caos, el desorden y la falta de transparencia?

Fernando Tuesta Soldevilla: Sí, totalmente. Era esperable la improvisación del presidente Castillo. Es una persona que no estaba preparada para hacer una campaña electoral y, quizá, apuntaba tan solo a superar la valla electoral que conservaba la inscripción de su partido. Hemos visto una falta total de transparencia, que alimenta zonas grises y pone en un segundo plano las exigencias que se le debe pedir a una persona con un cargo como el suyo.

—¿Recuerda algún periodo presidencial tan desgastante en su etapa inicial?

—Ninguno. Lo cierto es que Castillo ha tenido una oposición recalcitrante al inicio, pero eso no ha sido lo único.

—En parte, la crisis que atraviesa Castillo es por su falta de definición. No se sabe qué rumbo desea llevar. Gobernar con la izquierda, posicionarse al centro o ser pragmático. ¿Esto puede generarle problemas para su gestión?

—Castillo es un efecto, en la medida en que su candidatura presidencial provocó que la gente se identifique con él, al punto de llevarlo a la presidencia. Recordemos que, entre la primera y segunda vuelta, le sacó una ventaja enorme a Keiko Fujimori. Y terminó con una diferencia de tan solo 40 mil votos en el balotaje final. Lo que quiero decir con esto es que se llegó a esa situación por los errores de Castillo. Y se trasladó a una presidencia donde hay improvisación, falta de transparencia y desorden para guiarse en grupos de referencia que le permitan elegir bien a sus funcionarios. Lo primero que hizo al asumir su cargo fue repartir cargos a sus allegados. Es un Presidente minimalista.

—Y tampoco ha logrado aterrizar sus planes de gobierno.

—No tiene idea cómo hacerlo. Cuenta con las ideas genéricas de la izquierda peruana, como la Asamblea Constituyente, y otras suyas, como la disolución de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, pero carece de formación política. Diría yo que el presidente Castillo también tiene un problema de cultura general. Él es producto, lamentablemente, de la mala educación pública que hay en el Perú. El Presidente es maestro y, a veces, uno se pregunta cómo enseñaba a sus niños en su escuela. No tiene capacidad de síntesis y, cuando le preguntas sobre algo, no te responde porque se va por las ramas.

—Si el Presidente cuenta con serias limitaciones, ¿debería rodearse de tecnócratas?

—Castillo es un hombre, con todas las limitaciones que hemos visto, que se posicionó en la izquierda desde el primer momento. Pero, a la vez, es también pragmático porque carece de un pensamiento ideológico. Creo que él no se separará de su partido, Perú Libre, porque teme que lo vaquen.

—Precisamente, sobre el sostén político que debería tener Castillo, también hay disputas dentro de su partido y riñas con otras organizaciones de la izquierda peruana. ¿Este panorama también podría pasarle factura a su régimen?

—Bueno, lo primero es que en Perú no hay una coalición de izquierdas. Perú Libre no quiere saber nada con Juntos por el Perú, aliado del presidente. Hay una disputa entre Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza por los cargos dentro del gobierno. Ya vimos que los cuadros de Perú Libre salieron del ejecutivo. Y el Frente Amplio, partido de izquierda también aliado de Castillo, no tiene bancada en el Congreso. Entonces, vemos que la izquierda va tener que cargar, ahora y más adelante, con los pasivos de Castillo.

—¿La administración de Castillo determinará el futuro político de la izquierda peruana?

—Totalmente. Por el momento, lidera un gobierno de izquierda y los resultados son malos. Esto les va a pasar factura. Así como sucedió con Sendero Luminoso, que enterró por años a la izquierda, también podría suceder con el Gobierno de Castillo.

—¿Cuánto ha afectado para la gobernabilidad de este régimen el factor Vladimir Cerrón, líder del partido de gobierno Perú Libre?

—De hecho, el gabinete de Guido Bellido, un hombre de confianza de Cerrón, fue más un costo que beneficio para el presidente Castillo. No aportó absolutamente nada y se perdió bastante tiempo para el gobierno.

—¿Por qué posibilidades podría optar Castillo para encaminar el rumbo perdido?

—No le veo muchas opciones. Creo que el acuerdo de Castillo con Cerrón y Perú Libre se mantendrá. Mientras tanto, en el trabajo con el Congreso, las bancadas de derecha seguirán recalcitrantes frente a su gestión. Lo que debería hacer es tender puentes con los partidos que no están en los extremos –como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Partido Morado y Somos Perú– para sacar adelante sus propuestas.

—¿A quién podría favorecer un hipotético fracaso de la gestión de Castillo? ¿A una opción de extrema derecha?

—De hecho, observamos que la extrema derecha está muy bien identificada en Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, opositores al gobierno de Castillo. En octubre [cuando se realizarán las elecciones municipales y regionales] habrá que tener cuidado, porque todavía no hay un compuesto definido de este bloque.

—¿En qué aspecto, más allá de los caminos legales, debería discutirse el tema de la Asamblea Constituyente?

—La Asamblea Constituyente se ha convertido en la bandera de la izquierda. Para ellos, todos los problemas se van a resolver con una nueva Constitución. Para empezar, tenemos 13 constituciones en la historia que han nacido por intermedio de las Asambleas Constituyentes que, a su vez, canalizaron crisis mayores dentro del país. Entonces, no hay ninguna Constitución que haya nacido en época democrática, sino que fueron producto de las crisis. No creo que, si se convocan a elecciones para la Asamblea Constituyente, salgan congresistas llenos de virtudes y valores para trabajar en una nueva Constitución.

Por Rodrigo Chillitupa Tantas | 14/02/2022

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Ilustración: @marcoprile

Entrevista a Lisbeth Moya González

Conversamos con Lisbeth Moya González, quien es una joven periodista, escritora y activista política como parte de la izquierda crítica cubana. En esta interesante entrevista, realizada en los últimos días de diciembre, se consideran distintos aspectos de la difícil problemática económica, política y social que recorre la isla, cuyo destino es de gran interés para los trabajadores y pueblos de América Latina y el mundo. Sin compartir algunas de las diversas cuestiones que desarrolla, consideramos de suma importancia dar a conocer su visión sobre lo que acontece en el interior de la propia isla y los caminos que se proponen para una salida de la actual crisis cubana. Esta entrevista es parte de un conjunto que estamos realizando a una parte de la llamada izquierda crítica cubana; próximamente estaremos publicando un artículo sobre la situación y el programa, donde abordamos nuestra visión y posición como parte de los debates en curso.

Las movilizaciones del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y un después en la situación política en Cuba. ¿Cuáles fueron, para ti, las causas de esas movilizaciones?

El 11 de julio fue un día bastante polémico, fue un día que para mí no fue una sorpresa. Sabíamos con anticipación que las cosas estaban mal desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del descontento de la gente, y que eventualmente iban a explotar. No sabíamos de qué manera, pero sí que algo se iba a armar. Yo vivo en un barrio marginal que se llama Jesús María, en el centro de La Habana vieja, y todo el tiempo sentíamos el descontento popular. Estaba todo muy caldeado. También sabía, pues conozco otras partes de la historia, porque tengo a mis padres, por ejemplo, que viven en el interior del país, que allí la situación económica era mucho más terrible que en La Habana.

Por otro lado, hay que considerar que en Cuba pasamos por un período especial y si bien tuvimos un maleconazo el 5 de agosto de 1994, este fue un pequeño estallido social, comparado con el 11 de julio. La ciudadanía está acostumbrada, por falta de tradición política o porque se les educa en obedecer y ser parte de un sistema, como un engranaje continuo, a no rebelarse. Porque además el derecho de manifestación en Cuba no existía en lo más mínimo, hasta hace muy poco que en la nueva Constitución sí se habla del derecho a manifestación.

Entonces, en Cuba no existe tradición de protesta. No existen sindicatos que ejerzan esa función; aunque existe la Central de Trabajadores de Cuba, que es como un gran sindicato que está controlado por el Gobierno, pero no ejerce la función de sindicato. Cuando tienes problemas en el trabajo con tu jefe o cualquier cosa el sindicato no te va a respaldar de la misma manera. Cuando tienes un problema con los efectos de las medidas económicas que se apliquen a nivel macro en el país no vas a ver a un sindicato en la calle reclamando tus derechos. O ante situaciones como las que se enfrentaron hace un tiempo, cuando ocurrió una especie de despidos masivos, que acá se le llamó en ese momento un “proceso de idoneidad” dentro de los trabajos, que sencillamente te decían que ya no, porque se abría el sector privado, y se buscaba echar a la calle a trabajadores del sector estatal, hacían un proceso de selección y sencillamente echaron a la calle a un montón de gente para que fueran precisamente la mano de obra de ese sector privado. Eso le dolió a mucha gente porque muchas personas estaban adaptadas a su trabajo y sencillamente verte sin trabajo de un día para otro no es nada gracioso y ahí no hubo un sindicato, por ejemplo, que protestara, y no sucedió nada.

Con esto no estoy diciendo que en Cuba no exista una tradición política de protesta. Tenemos una historia que es de antes del ‘59, que era una historia convulsa de protestas, de lucha, pero luego se vino a eliminar toda posibilidad de asociación, de disenso, o sea, básicamente, actualmente, si no estás de acuerdo con lo que se plantea desde arriba, esa verticalidad, si no estás de acuerdo con ellos, no puedes protestar.

Entonces el 11 de julio llega en el punto álgido de un montón de contradicciones, contradicciones de tipo económico que tenían que ver con la situación cubana que estaba mal desde antes. En Cuba nunca hemos estado económicamente bien, desde el período especial hasta los días de hoy, que nadie se engañe. La situación más reciente tiene que ver con la desaparición total de los productos básicos, conseguir un pomo de aceite, carne o lo que sea, acá es muy difícil. Tiene que ver con la gran inflación que existe, descomunal, que se dice era del 6900%, no sé bien la cifra, pero era una brutalidad, pero es que las cifras oficiales nunca están a mano.

Pero yo creo que el fenómeno es mucho más complejo que eso. Para analizarlo hay que pensar, por ejemplo, que no se puede olvidar un momento que fue clave de lo que sucedió en Cuba en enero, que fue la Tarea Ordenamiento Económico, que fue un momento en la economía que, en medio de la crisis económica y sanitaria que implica el COVID-19, se decidió hacer algo que el gobierno había atrasado durante mucho tiempo, algo que estaba planificado, pero que no se había hecho, y como ya estábamos en una crisis muy grande e insostenible, pues decidieron meter esa medida económica, un paquetazo de una vez para tratar de “cambiar algo” y tratar de “revitalizar la economía”. Estoy utilizando palabras que ellos mismos emplean.

Y que en realidad representó un ataque enorme a las condiciones de vida del pueblo cubano…

Sí. Cuando hablo de esto me acuerdo de Alejandro Gil, ministro de economía, diciendo en la televisión que se iban a abrir las tiendas en moneda libremente convertible, llamadas MLC, donde tendrían acceso las personas que reciben remesas o que reciben dólares, euros u otras monedas extranjeras. Esas personas que tenían esas monedas se harían una tarjeta MLC, donde esta moneda tendría un valor asociado, según la fluctuación del MLC en el mercado, a partir de la cotización de las distintas monedas extranjeras. Con esta tarjeta podrían comprar en tiendas especiales, en las cuales Alejandro Gil dijo que se ofertarían productos de “alta gama”; de esta forma se refieren a productos que no se encuentran normalmente en las tiendas comunes.

Esto fue presentado por el gobierno como una manera de captar los dólares y otras monedas extranjeras que entraban a Cuba, y supuestamente con esos recursos poder invertir y llenar las otras tiendas. Cuando oí eso dije: esto es un apartheid económico, no sé qué voy a hacer yo y todo el mundo porque a estas tiendas no voy a poder acceder nunca. En aquel momento recuerdo que tuve muchos debates y que muchas personas me decían: “no es así, en las tiendas comunes va a haber cosas”, en fin. Esto porque desde el gobierno se afirmó que nunca se dejaría de abastecer a las demás tiendas, y que serían unas pocas tiendas en MLC en cada municipio, en cada localidad.

Pero la realidad es que cada día hay más tiendas en MLC y menos tiendas normales. Hay pueblos donde solo existen una o dos tiendas normales y el resto son tiendas en MLC. Todo esto en un país en donde a los obreros, a los trabajadores no se les paga en MLC, sino en pesos cubanos. Recordemos que estas medidas fueron presentadas para sacar de circulación el CUC, que había sido una moneda emergente que habían implantado durante el periodo especial, para eliminar la circulación del dólar en Cuba. Este proceso de dolarización entra entonces de una manera novedosa y conveniente para ellos.

Y entonces ¿qué sucedió? Que cada día había más tiendas en MLC. Cada día los precios en las tiendas MLC estaban más altos y se decidió comercializar en esas tiendas más productos de los que no se encontraban en ninguna parte: por ejemplo, los cigarros, que solamente se venden en MLC. Y cada día las tiendas normales, donde puedes comprar en pesos cubanos, son menos y están más vacías.

Y cada día, los cubanos tienen que acudir a un mercado negro, con precios descontrolados. Se trata de personas que consiguen el MLC en el mercado negro, donde lo compran a precios elevadísimos, por ejemplo 70 u 80 pesos por un MLC y con eso adquieren los productos. Esto implica que hay un mercado especulativo del MLC, por un lado; de los dólares y euros por otro, y finalmente de los productos de primera necesidad y de todo tipo. Por ejemplo, para comprar un paquete de pollo tienes que dar como 600 pesos cubanos. Eso era inconcebible antes, cuando un paquete de pollo te costaba 8 dólares, que era como 200 pesos, y estoy dando un precio alto. Un pomo de aceite que antes costaba uno o dos dólares ahora cuesta el equivalente a 10 y a veces hasta 15 dólares. Y así todo.

Al mismo tiempo está la crisis sanitaria: no hay medicamentos, prácticamente no hay test para saber si la gente tiene coronavirus. Las cifras de la pandemia son ficticias, porque hay mucha gente contagiada que no puede hacerse test, que tienen los síntomas pero que no se les contabiliza porque no hay test para hacerle. Conozco muchísimos casos que han estado con coronavirus en su casa sin poder testearse. Entonces, si a eso le sumas en el contexto del Covid-19 que la crisis sanitaria había tocado un pico pandémico enorme, que había ciudades que estaban desbordadas y hospitales colapsados, si a eso le sumas los sarcásticos del noticiero de la televisión cubana y de los medios de prensa, diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Y esto es porque en Cuba no hay transparencia periodística, y los medios alternativos son totalmente asediados. Y buena parte de los “medios alternativos”, esa crítica tengo que hacerles, a veces son una locura porque realmente están pagados por Estados Unidos y eso no se puede negar, y son terriblemente malos informando, o sea calumnian todo el tiempo. Hay realidades tristes que contar, pero ellos se pasan o inventan, pero también hay medios alternativos muy respetables, eso sí, no lo olvidemos.

Entonces, llegado el 11 de julio teníamos la crisis, teníamos un pueblo, un pueblo que no puede más económicamente hablando, teníamos a la televisión mintiendo todo el tiempo.

Queríamos preguntarte sobre los antecedentes en ese terreno de lo que vienes desarrollando.

Sí, te puedo decir que en el ámbito de lo político habían sucedido varias cuestiones que eran también bastante fuertes, y es que en Cuba existe una oposición que había hecho acciones desde hace muchísimo tiempo, una oposición que no tiene matiz de izquierda, una oposición en buena medida de derecha, aunque la izquierda y la derecha se ha transfigurado un poco en los sucesos asociados a esa oposición en los últimos años. Me refiero, por ejemplo, a los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, donde durante meses estuvieron sitiados y en huelga los miembros del movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara y el resto de sus integrantes. Estaban en huelga, protestando precisamente por el encarcelamiento de Denis Solís, un rapero cubano, también opositor, causado por enfrentarse a un policía. Solís había sido condenado a prisión por esto y por otras arbitrariedades del Gobierno. Entonces, estaba San Isidro en huelga, llegaron a las casas de ellos con excusas del Covid-19, de que había alguien que había entrado al país que era Carlos Manuel Álvarez, el periodista, y desalojan a San Isidro. Además de esto a Luis Manuel se lo llevan preso.

Entonces esto fue un punto álgido, digamos, de colapso político, en particular para los artistas y los escritores jóvenes, porque un grupo grande de simpatizantes, inicialmente de simpatizantes de San Isidro, pero después sencillamente de jóvenes, de personas que veían en lo que estaba sucediendo una arbitrariedad más del Gobierno, del tema de la censura y de la no posibilidad de disenso en Cuba.

Yo estuve el 27 de noviembre. Estuve porque quería ver qué sucedía; como periodista debo ver qué sucede políticamente en mi país. Aunque no coincidía con Luis Manuel Otero Alcántara tenía que ver qué estaba pasando y, además de eso, sí estuve allí de convicción por el tema del disenso y la represión en Cuba, que para mí es fundamental ahora mismo y lo era en ese momento. El tema de la represión y del disenso en Cuba es preocupante, acá no hay libertad de manifestación ni de asociación. Mientras en otros países ustedes se manifiestan, aunque los repriman o no, en Cuba no podemos: aquí te manifiestas, te agarran preso y te acusan de delitos contra la seguridad del Estado que implica una cantidad de años encima.

Entonces, volviendo, el caso del 27 de noviembre, que si bien no era de izquierda sí encendió la llama de muchas cosas. Entonces en ese día se congregaron frente al Ministerio de Cultura 500 personas como mínimo. Éramos jóvenes que teníamos miedo, que estábamos allí tratando de dialogar con las instituciones y exigir precisamente en torno a temas como la libertad de Luis Manuel, así como el derecho al disenso, la libertad de expresión y demás. Sin embargo, ese 27 de noviembre no había una conciencia política colectiva de grupo ni mucho menos. Ya después se intentó crear, con los que participaron, un grupo que se llamó 27N, que terminó dispersándose porque precisamente, después de eso, la seguridad del Estado, la policía política, se encargó de desmembrarlo mediante el método de la prisión o el exilio. Esta es la respuesta que se da desde el Estado, a ti te dicen que en tu país no puedes estar y si estás vas a la cárcel. Y tienes que irte de tu país. Porque disientes, porque políticamente no estás de acuerdo con lo que el Gobierno plantea y es el momento en el que tu vida se reduce a estar preso en tu casa o en una prisión sin poder trabajar, sin poder decir ni hacer nada, donde tus libertades civiles y políticas son eliminadas y te obligan a irte pues te dicen o te vas o te hacemos todo esto. En mi caso, que soy de izquierda, he sido hostigada en mi trabajo. Entonces, basado en ese concepto, podemos decir que la seguridad del Estado se ha encargado de desmembrar toda la disidencia y toda oposición.

Después del 27N ocurrieron otras cosas, una serie de momentos de manifestación política. Pero todos los que salieron a la calle después de ese día fueron reprimidos y apresados, están en la cárcel esperando sentencia, como es el caso de Luis Robles, que al parecer se lo hicieron el otro día, pero ahora no sé ni lo que le salió en materia de años. Y antes del 27 de noviembre también... habíamos tenido una marcha que fue el 11 de mayo de 2019. Esa fue una manifestación de la comunidad LGBT, muy masiva, que también fue reprimida, y algunos de sus miembros fueron apresados, y de allí surgió 11M, que es una plataforma que lucha por los derechos de la comunidad LGBT y con la que tengo la suerte de colaborar, porque hacen un trabajo de activismo hermoso.

Entonces tenemos todos estos antecedentes de represión y de un despertar de la sociedad civil cubana en materia de activismo. Sin embargo, es curiosísimo que la marcha del 11 de julio no fue organizada por la sociedad civil cubana. Los artistas, la comunidad LGBT, los intelectuales y demás solo fuimos simples participantes o espectadores ese 11 de julio. Fue el pueblo de centro Habana, de Jesús María, de Marianao, de Los Pocitos, de la Güinera, etc., que son los barrios pobres de La Habana, los marginados, los que más están sufriendo la crisis económica; fue de allí de donde surgió la manifestación, desde donde salieron a las calles, en un fenómeno que fue bastante fuerte y simultáneo en muchos lugares del país.

Se ha criticado que la marcha fue violenta de parte de los manifestantes. Yo realmente no sé qué espera el Gobierno cubano. No quiero minimizar la violencia de los manifestantes – sé que hicieron cosas como intentar tomar cuarteles de policía o virar patrullas de policía– pero sí vi y viví en carne propia la violencia del Estado sobre los manifestantes. Está el caso de Leonardo Romero Negrín, que estaba conmigo ese día y que fue apresado injustamente sin hacer nada, solo porque le pedimos cuentas a un policía que estaba golpeando a un menor de edad. Leonardo fue reprimido, le fracturaron las costillas, le sucedieron muchas cosas dentro de la prisión y estaba desaparecido. No lo encontrábamos. Y una semana después, que pudimos dar con él gracias a la presión social y política, logramos que saliera. Pero no todos los presos tienen la suerte de Leonardo Romero.

¿Cómo vinculas las políticas gubernamentales, y en particular la Tarea Ordenamiento, con el aumento de la desigualdad social y el avance de la restauración capitalista?

Yo diría que la restauración capitalista es algo que ha venido sucediendo, de a poco. Es innegable que en Cuba la economía es una especie de Frankenstein. Yo la llamaría una economía de resistencia: todo el tiempo estamos resistiendo. A mi modo de ver, en Cuba el tema de los medios de producción nunca se ha afrontado como debería hacerse en un país que se plantea construir el socialismo: que es socializar los medios de producción de manera cooperativa, y no centralizarlo todo, porque el Estado cubano siempre ha sido bastante centralizado y ha querido siempre tener el poder económico. Nunca se ha laborado en la construcción de esa economía ideal, ya sea por el bloqueo o ya sea por la mala gestión de la burocracia en Cuba.

Evidentemente vivimos el bloqueo y el asedio norteamericano, porque estamos al lado del imperio que no quiere que el socialismo exista en ningún país porque es su opuesto histórico. Hemos vivido siempre en un estado de alarma, en un estado sitiado, y el desarrollo de la economía ha sido bastante centralizado y muy poco socializado.

Entonces en medio de esto viene el avance de la restauración capitalista, que tiene que ver también con las nuevas generaciones que detentan el poder en Cuba, y tiene su cara más brutal en el paquetazo neoliberal que fue la Tarea Ordenamiento. Estas medidas fueron otro paso más, porque ya se habían tomado medidas para llegar hasta aquí, como lo que comenté respecto a los despidos. Esto no fue algo sorpresivo, en la Constitución que se aprobó años atrás se sentaban las bases para esa restauración capitalista, y efectivamente, entonces, el 11 de julio responde a ese proceso de restauración.

Y obviamente el avance de la restauración capitalista ha traído consigo la desigualdad y la desigualdad se ve cada día más. En La Habana, por ejemplo, se ve en que los barrios están cayendo, se están derrumbando, y los hoteles, la mayoría lujosos, se están levantando. El otro día hubo un derrumbe muy fuerte. Se ve en que la inflación crece, los precios aumentan y la gente no tiene para comer. Se ve cómo los negocios privados aumentan con unos precios escandalosos y no hay tiendas para comprar productos básicos. Hay muchas manifestaciones desde el punto de vista social y económico por el descontento por esa restauración capitalista y sus consecuencias. Se ve cómo en Cuba surgen nuevas clases sociales, surge la pequeña burguesía, y se mezcla allí de una manera muy interesante con, yo diría, la burguesía de sangre azul que ya existía, que son los hijos de quienes dirigen Cuba y sus familias, que tienen otras prebendas, lujos, que la población no tiene.

Es muy interesante lo que mencionas, respecto al proceso que se da en torno a la emergencia de estos sectores privilegiados. ¿Podrías ampliar en torno a esto?

Sí. En Cuba siempre han existido los privilegios de los hijos de los burócratas y sus familiares. Antes, como no había internet, esos privilegios se podían ocultar un poco más. Con el internet se evidencian más muestras de eso. Además, particularmente en la capital, se ven más esos privilegios, porque esos hijos ya no se esconden y tienen negocios propios.

Con la Constitución de 2019 se abrió la propiedad privada, y este fenómeno al que me refiero (el de los negocios propios, N de la R.) se muestra más. Además, estas personas -los familiares de los burócratas- van a tener mayores ventajas en sus negocios, les va a ir bien, mucho mejor que a otros emprendedores privados, porque tienen ventajas tanto económicas, como para resolver los trámites infinitos que hay que hacer en Cuba para lograr cualquier cosa.

Este proceso de emergencia de la pequeña burguesía, y de hijos y familiares de la burocracia dedicados a sus negocios privados, ¿qué tan extenso es respecto al conjunto de la población?

Obviamente son una minoría, pero es una minoría creciente. La Habana es una ciudad turística, basada en los servicios como economía de subsistencia, y aquí se ve cada día más esa serie de negocios, y cómo el modo de vida de mucha gente va cambiando. Esta crisis, que está viviendo muy duramente el pueblo, los obreros, la están aprovechando esos sectores, que son la burocracia y los pequeños burgueses. Hay gente que posee negocios y riquezas, en tanto hay quienes, la gran mayoría, solo tienen sus manos, tienen que trabajar y comprar productos básicos en el mercado negro porque no le queda de otra. Es precisamente esa gente la que salió a la calle el 11 de julio.

¿Cuál es la situación que están atravesando hoy los presos políticos por protestar en Cuba?

La situación de los presos políticos en Cuba es terrible. El 11 de julio se realizaron detenciones masivas, con cientos de presos; se ha documentado que ese día fueron 1271 personas detenidas. Han enfrentado procesos penales, muchos de ellos con prisión preventiva. Esto significa que llevan 6 meses presos esperando una sanción, en tanto otros tienen medidas cautelares en su casa o en el trabajo. Dentro de estos presos hay menores de edad, hay personas de izquierda, y hay de distintos estratos económicos y sociales. Actualmente quedan más de 600 en prisión, enfrentando penas y peticiones fiscales desde 6 meses hasta 20 o 30 años. Es peligroso porque le acusan de delitos contra la seguridad del Estado, cuando son personas que ejercieron una libertad básica en cualquier lugar del mundo, que es la libertad de manifestación, y que están siendo llevados a juicios sumarios, incluso sin poder acceder a un abogado. Mientras algunos, por ser más visibles, por ser activistas o artistas, pudieron salir, quienes están pagando los platos rotos son precisamente los habitantes de barrios marginados que se manifestaron. Muchos de ellos van a enfrentar o están enfrentando ya condenas muy grandes, por sencillamente salir a manifestarse o por cometer algún hecho “vandálico” –como dicen acá–, que puede haber sido tirar una piedra en respuesta a la violencia policial o enfrentarse a la policía, por ejemplo. Entonces la situación de los presos políticos en Cuba es terrible.

Además, hay un miedo generalizado, muchos llamaban a no denunciar en las redes o públicamente la situación de sus familiares, a mantenerse en el anonimato y asumir esa condena. Esto ocurrió porque la seguridad del Estado se ha encargado de asediarlos. Es un proceso ejemplarizante y de demostración de poder por parte del Estado, para decirle a la gente: “miren lo que soy capaz de hacer, miren lo que les va a pasar si vuelven a intentar manifestarse”. Y esto ha sido asumido, de una manera totalmente manipuladora, por los medios de comunicación nacionales. Porque a esas personas se les ha tildado de mercenarios y de ser pagados por el Gobierno estadounidense, una campaña de descrédito. Yo no dudo que haya personas que han sido pagadas por el gobierno de Estados Unidos. Pero la cantidad de personas del pueblo que salieron el 11 de julio no recibieron dinero por eso. Los presos políticos están pagando el empeño de un gobierno por mantenerse en el poder y están siendo el ejemplo de lo que el gobierno no quiere que suceda en el futuro para garantizar su gobernabilidad.

¿Cuál es la relación que encuentras entre estas medidas represivas y las medidas económicas que nos relatabas previamente?

Por supuesto que el aumento de la represión tiene que ver con la necesidad de ejecutar el plan neoliberal del que estamos hablando. Para decirles a los gobiernos extranjeros o a inversores extranjeros que inviertan en Cuba se tiene que garantizar la paz. Y la paz pasa por un pueblo que no se manifieste y que no exija derechos. Y deben demostrar la solidez de un sistema político.

La represión pasa por ahí: el Gobierno está tratando de que haya paz. Y está tratando que la gente esté en calma y asuma su destino como ellos dictan que debe ser, para poder ejecutar todos esos planes. He ahí la relación. Lo otro, es que la revolución cubana se ha caracterizado por no asumir cuestionamientos, no permitir que nadie cuestione; por eso la no posibilidad de asociación y la falta de participación política y popular. Entonces, en un momento de crisis económica, donde hay un estallido social, la represión va a ser directamente proporcional. Ellos tienen que controlar eso y han decidido hacerlo sin asumir un diálogo con la gente. No han decidido escuchar a la gente, ver qué piden y tratar de girar las decisiones a favor de los de abajo.

A mí me molesta mucho cuando algunas personas, que son defensoras acérrimas del Gobierno cubano, incluso miembros de partidos de izquierda del mundo entero, esgrimen el argumento de que no se puede comparar la represión en Cuba con la represión de Chile, por ejemplo, dicen: “no, porque miren en Cuba, no es como en Chile, que en una manifestación te golpean o que en una manifestación te sacan un ojo”. En Cuba es más brutal aún porque no hay manifestaciones, porque no tienes el derecho de salir a la calle.

Sin embargo, sí existe la represión física brutal como lo vimos el 11 de julio. Es cierto, en Cuba no matan activistas. Sin embargo, la represión es muy fuerte, con juicios sumarios con condenas de cárcel por muchos años por el simple hecho de participar en una protesta, y a estas personas las ahogan al punto de que tengan que emigrar, o les hacen emigrar, les anulan social y políticamente. Les acosan todo el tiempo. La represión no es solamente desaparecerte físicamente. Es también desaparecer política y socialmente, un acto terrible y represivo porque te están matando en vida. Te están anulando, te están borrando de la historia, que es otro proceso que se da acá. A los activistas, a las personas que disienten, las borran de la historia. Sencillamente deciden no reflejar más su obra, en caso de que seas artista, no te mencionan más en los medios. Y si se les menciona, es para difamarles.

Para finalizar, ¿nos podrías comentar sobre la izquierda crítica en Cuba?

Mira, en Cuba la izquierda crítica es sumamente heterogénea y pequeña, además está muy poco organizada y están tratando de eliminarnos fuertemente –créeme, esto lo estoy viviendo en carne propia–. Yo diría que lo que han surgido son voces emergentes, de izquierda crítica. Entonces, si bien existen diversos colectivos, estas voces emergentes que se han pronunciado a raíz del día 11, yo pienso que la izquierda crítica en Cuba va a tener que esperar o va a tener que madurar mucho más para para lograr hacer una fuerza política constante y coherente.

Tienes a esa izquierda gubernamental, oficial, en la juventud, que te dicen que sí, que ellos tienen inquietudes, pero que la manera de hacerlo no es enfrentarse al Gobierno, sino que se trata de estar dentro de él para cambiar las cosas, y eso es una gran mentira, porque al final lo que sucede es que esa burocracia y esa comodidad en un país tan precario como el nuestro ahora mismo les asimila y básicamente les dan casa, les dan carro, tienen una vida y una posición económica mucho mejor que tienen que mantener y se mantiene acatando órdenes. Y sencillamente se convierten en los burócratas del futuro. Eso está sucediendo, es asimilación.

En cambio, la izquierda crítica está siendo tratada, en cuanto a disenso, igual que cualquier disidente de derecha actualmente. Nos están tratando de aniquilar, no te voy a mentir, no, no les conviene que existamos. La última vez que me citó la persona de la seguridad del Estado me dijo mercenaria, me dijo contrarrevolucionaria, me dijo que yo no era de izquierda. Y además de eso, el ataque de la izquierda gubernamental a la izquierda crítica es increíble, siempre prima el cuestionamiento de si somos izquierda. Si yo me pongo a trabajar con los obreros de una fábrica, por ejemplo, para tratar de cambiar las cosas, yo no voy a entrar por la puerta de la fábrica porque a mí me van a desaparecer políticamente, eso lo sabemos todos. En este marco, entonces, pienso que lo que nos queda es hacer en el campo de las ideas y en el campo de la denuncia social. Y lo intentamos, pero nos falta mucho. Te podría enumerar numerosos colectivos que existen en Cuba, pequeños pero que se mantienen activos, y se me hace difícil enumerártelos acá. Pero te repito, nos falta mucha maduración en la izquierda crítica para lograr ser una fuerza política coherente e importante también.

Transcripción de Manuel Aguilar

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Lunes, 24 Enero 2022 06:09

Cuba: el espíritu de la Revolución

Cuba: el espíritu de la Revolución

La tristeza y la desesperanza que inundaron muchos hogares cubanos en este tránsito de año, me hizo meditar sobre el espíritu de la Revolución, aquellas ideas claves que inspiraron y movilizaron a amplios sectores de la sociedad contra una dictadura y por un nuevo proyecto de país.

Han pasado sesenta y tres años desde aquel triunfo de enero. El país ha vivido restructuraciones, rectificaciones, reformas, procesos constitucionales y ordenamientos. El pueblo ha resistido por la Revolución que el gobierno dice representar, aunque hace más de treinta años no ve progreso ni esperanzas; simplemente sobrevive y resiste.   

Todo indica que estamos en un callejón sin salida. Volver al origen puede ofrecer algunas luces para verificar cuánto nos apartamos de aquellos ideales.

-I-

Entre 1953 y 1958 se esbozaron y articularon ideas clave que configuraron el espíritu de la Revolución y permitieron articular la unidad. Estas se encuentran en cinco documentos: La historia me absolverá, la Carta de México, el Manifiesto de la Sierra, el Manifiesto del Movimiento 26 de julio al Pueblo y el Pacto de Caracas, que permitió conformar el Frente Cívico Revolucionario con las principales y diversas fuerzas políticas opositoras.[1]

El primero de ellos —título con el que trascendió el alegato de autodefensa de Fidel en el juicio por los asaltos armados en Santiago de Cuba y Bayamo—, sentó las bases, por la denuncia, el diagnóstico y la integralidad de su visión del cambio..

Tales denuncia y diagnóstico contemplaron: la ilegitimidad del gobierno y el pisoteo sistemático de la Constitución; la existencia de «un poder único que ha usurpado y reunido en uno solo los (….) de la nación», en lugar de la separación del legislativo, ejecutivo y judicial,  de modo «que se equilibren y contrapesen unos a otros». 

También la represión, falta de libertades públicas, primacía de los militares sobre el derecho, violaciones del debido proceso —aislamiento, obstáculos para asistencia letrada y violaciones de la privacidad abogado-cliente—; juicios cerrados, con poca prensa y fuertemente custodiados por fuerzas militares; lo absurdo de mantener en prisión a intelectuales y las torturas para obtener declaraciones falsas. Igualmente, la desigualdad y pobreza existentes frente a inversiones para favorecer intereses de sectores acomodados y conservadores.  

-II-

La visión del cambio se puede resumir en cuatro pilares expuestos en el primero y ratificados en los otros documentos:

1.- Democracia y preservación de la tradición republicana y civilista de Cuba con apego a la Constitución y las leyes.Garantía absoluta de todos los derechos y libertades públicas consagradas en la Constitución; derecho de rebelión o resistencia al orden existente amparado en la soberanía popular, sin el cual «no puede concebirse la existencia de una colectividad democrática», apego de las instituciones armadas a la Constitución y al pueblo y «el propósito de apartar al Ejército de la política».

2.- Primacía de la soberanía popular, la integridad nacional y el rechazo a toda injerencia de otras naciones en los asuntos internos. Devolver a Cuba el «honor y la integridad nacional», «la paz ansiada y el encauzamiento democrático que conduzcan a nuestro pueblo al desarrollo de su libertad, (…) riqueza y (…) progreso».

3.- El sujeto y destinatario de la Revolución es el pueblo: «la gran masa irredenta (…) que anhela una patria mejor y más digna y más justa», los desempleados, obreros del campo e industriales, agricultores pequeños, maestros y profesores, pequeños comerciantes, profesionales jóvenes «que salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida».

4.- Resolver los problemas socioeconómicos fundamentales—tierra, industrialización, vivienda, desempleo, educación y salud—, lograr una «política financiera sana que resguarde nuestra moneda» y eliminar la injusticia, la pobreza y las desigualdades en pos del mejoramiento humano y el progreso.

-III-

¿Cuál es la realidad actual en Cuba? Señalo algunos elementos que evidencian su disonancia con el espíritu de la Revolución.

1.- Tenemos un poder único constitucionalmente, carecemos de mínimos democráticos y contamos con un partido político que está, incluso, por encima de la Constitución. Las instituciones armadas están imbricadas en la política y los poderes públicos, tienen impunidad, invaden la vida ciudadana y concentran el poder económico ensamblado en el poder político.

La Constitución está más en función de defender al Estado y la autoridad del Partido, que a ponerle límites a este y proteger los derechos ciudadanos. En texto reciente, el jurista Eloy Viera Cañive concluyó que el cubano es ante todo un modelo «autocrático en el que la falta de libertades, de toda índole, constituye (…) la base de todo».

Las denuncias de Fidel relativas a violaciones del debido proceso judicial en aquella época, son tímidas comparadas con las de hoy. En redes sociales y medios alternativos pululan denuncias sobre violaciones en tal sentido, celdas de castigo, persecución y hostigamiento a familiares, encarcelamiento de cientos de personas, incluidos menores de edad.

2.- La soberanía popular fue usurpada por una nueva clase, que no rinde cuentas al pueblo y usa la defensa nacional frente a los EE.UU. para asegurarse consenso y justificar vacíos democráticos. El gobierno ha sido eficiente en el control social mediante instituciones armadas y organizaciones sociales y de masas. En consecuencia, no se tolera ningún tipo de disenso o resistencia.

3.- Las medidas implementadas con el triunfo lograron resultados beneficiosos para las mayorías durante las primeras décadas. Invito a repasar los problemas fundamentales de la nación hoy, sus puntos de contacto con los de entonces y a reflexionar cómo resolverlos sin un nuevo proyecto de país. A mediados del 2019, por ejemplo, el economista Omar Everleny examinó el crecimiento de la pobreza y la desigualdad en Cuba. En esa fecha el Coeficiente Gini había ascendido a más del 0.40, lo que evidencia una sociedad muy desigual.

4.- El pueblo de hoy no es el mismo de hace sesenta y ocho años, pero siguiendo la lógica de su definición entonces, al presente tampoco serían los «sectores acomodados y conservadores», sino «la gran masa irredenta», los desempleados, profesionales frustrados, estudiantes, obreros, que vienen protagonizando protestas hace tiempo. Desde octubre de 2020 estas han crecido exponencialmente. Más del 68% por temas de carácter cívico y político, con tendencia a ser individuales o de pocos implicados por la ola de terror impuesta en el país. En diciembre pasado fueron el doble respecto a ese mes del año anterior, sobre todo a causa de la injusticia que se comete contra los manifestantes del 11-J.

Los listados de la Comisión Justicia 11-JPrissioner Defenders muestran datos alarmantes. El Informe más reciente de esta última —que contiene testimonios de encarcelados—, reconoce 842 prisioneros políticos en diferentes categorías. Además, otros 11.000 jóvenes civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, la mayoría convictos, y más de 2.000 con penas de dos años y  diez meses de cárcel por «conductas pre-delictivas».

Cuando menos, sobresaltan las condenas de 1953 [2] por asaltos armados comparadas con las de hoy. Las numerosas y arbitrarias sanciones por las protestas de julio del año pasado y el incremento de la represión, caen como cubos de hielo sobre el espíritu de la Revolución. ¿Se le puede invocar cuando el país se hunde económicamente, miles emigran a cualquier parte, otros van presos y los que mejor salen pierden el trabajo y reciben por respuesta la muerte civil en su país?

La represión y el incremento de destierros y exilios no frenarán indefinidamente la protesta, expandirán el disenso y radicalizarán posiciones. Porque, como ocurrió en los cincuenta del pasado siglo y bien expresó el mexicano Ricardo Flores Magón: «No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes».

El espíritu de la Revolución puede ayudar a refundar la esperanza. Necesitamos un nuevo proyecto de país donde la soberanía popular y nacional, la democracia, la justicia social, el progreso, la tradición republicana y civilista con apego al Estado de derecho sean una realidad. Vuelvo a aquel alegato cívico de 1953: «Cuba debería ser baluarte de libertad y no eslabón vergonzoso de despotismo».

23/01/2022

Notas:

[1] Excepto el Partido Socialista Popular (comunista) que apoyó luego la lucha sumándose a la unidad.

[2] Los 32 juzgados recibieron condenas de entre 7 meses y 15 años que fue la máxima impuesta a Fidel. Los de 3 años y más solo cumplieron 22 meses. En mayo de 1955 todos los asaltantes fueron amnistiados por el dictador Fulgencio Batista  en virtud de la presión popular encabezada por amigos, familiares y sobre todo, las madres.

Ivette García González

Doctora en Ciencias Históricas, Profesora Titular y escritora cubana.

Fuente:

https://jovencuba.com/author/ivettegarcia/

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Juicios en Cuba a los presos por las protestas del 11 de julio

Por el derecho a la protesta.

Seis meses después de las protestas del 11 de julio, activistas y familiares de personas detenidas por manifestarse ese día han venido haciendo público que son sometidos a juicios sumarios y muchos de ellos podrían sufrir condenas de hasta 30 años de prisión. Las acusaciones van desde “actos vandálicos” hasta “sedición” que es una de las más graves. Entre los detenidos hay muchos menores de edad.

 

A comienzos de la semana pasada, el 11 de enero, dieron inicio tres juicios para un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Procesos que empezaron a llevarse a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.

Este lunes 17 de enero se difundió que se iniciaron otros juicios para un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, comenzaban a ser juzgadas en relación con las protestas de julio, según datos recopilados por activistas del colectivo Justicia 11J, que de manera voluntaria recopilar toda la información posible a través de un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Estos juicios de enero se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre y diciembre en los que las condenas variaron desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel. Solo en las últimas dos semanas de diciembre unas 150 personas fueron llevadas a juicio con causas asociadas a las protestas del 11 de julio.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.

De acuerdo a Justicia 11J, los tres juicios anunciados este 17 de enero, se empezaron a celebrar en Mayabeque y La Habana, que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como “desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria” y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión. En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.

En el llamado público a ser firmado “Justicia para los manifestantes del 11J”, Justicia11J declara que “La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

A raíz de esta situación desde La Izquierda Diario conversamos este 18 de enero con la joven periodista Lisbeth Moya González vía telefónica, quien nos comunicaba que “con respecto al tema de los juicios es difícil dar información porque el Gobierno no está siendo transparente. Sabemos que las personas detenidas están siendo juzgadas paulatinamente y que están siendo condenadas desde un año hasta 30 años. Llama mucho la atención que se están utilizando cargos como sedición para acusarlas, un cargo por el cual se pide muchísimos años de prisión que pueden ir desde 15, 25 y hasta 30 años. También están los cargos de desorden público y de atentados. Es de recalcar que hay menores de edad que están siendo juzgados, desde 15 a 17 años que están siendo juzgados con severidad. Y una gran mayoría son personas muy jóvenes de unos veinte y tantos años que están siendo condenadas a altas penas”.

Además enfatiza la joven periodista, que también es escritora, que “Hay muchos casos muy complejos, por ejemplo, hay una madre que tiene a sus tres hijos presos, es un caso de La Güinera que es un barrio donde las protestas fueron fuertes, y las condenas a esas personas están siendo bastante elevadas. Está el caso del muchacho Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, que tiene problemas mentales, y su padre no ha podido presentar esas pruebas porque no se lo permitieron y lo condenaron a 23 años de cárcel. El caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto. “

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas. “El Gobierno no da información y no existe transparencia. Existen muchas denuncias de los familiares que cuando hacen público lo que está sucediendo con sus allegados son acosados por la Seguridad del Estado, además de decirles que no pueden hablar con medios alternativos ni denunciar de ninguna manera porque será peor para ellos. En ciertos casos llegan a meterles miedo al punto de decirles que pueden perder el trabajo y sufren represalias. Además hay que señalar que los abogados no están teniendo acceso a los expedientes de manera regular, hay problemas con los testigos pues según testimonios de algunos familiares son traídos por la Fiscalía, y en el caso de las personas más desconocidas se les ha juzgado sin abogados”, recalca Moya González.

El discurso del gobierno cubano a través de las autoridades judiciales argumenta que “cumplen estrictamente los instrumentos internacionales”, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos “violentos y actos de vandalismo”. Así lo afirma el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, cuando hizo una referencia indirecta el lunes 17 de enero a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”. Afirmaciones que no se sostienen ya que las personas son implicadas por los hechos de las manifestaciones del 11 de julio que fue reprimida por el Gobierno, y son condenadas por ejercer el derecho a manifestación y asociación, pero los tratan como delincuentes comunes en la jerga oficial.

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos "pueden manifestarse libremente", cuando los hechos y la realidad demuestra todo lo contrario, tal como se vio el propio 11 de Julio. Así lo denuncia Lisbeth Moya: “En Cuba el gobierno se empeña en decir que en el país no hay presos políticos, pero todas las personas que participaron el 11 de julio por definición son presos políticos. Se empeñan en negarlo para que no haya una visión hacia afuera del país de que hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero todas las personas que se manifestaron están en desacuerdo con el gobierno, y las personas que están presas ahora mismo están en desacuerdo con el gobierno y están siendo juzgadas por un derecho político que es el derecho a manifestación”.

La escritora y periodista cubana Lisbeth Moya González en un artículo que escribiera de llamamiento a la solidaridad de los presos por protestar del 11 de julio, y publicado en La Izquierda Diario, relata que “Hasta el día de hoy [primeros días de diciembre] el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.”

Para el mes de enero, y con datos más actualizados hasta esa fecha, el Colectivo Justicia11J destacaba que “ininterrumpidamente hemos puesto a disposición pública información sobre los casos, gracias a los reportes de familiares y amigos, y de las mismas personas detenidas. A pesar de la negación de tal escenario por parte del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 1339 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 45 menores de 18 años), así como informaciones y estadísticas, todo ello accesible y transparentado en el siguiente enlace: Listado de personas detenidas y desaparecidas 11J”. Estadísticas que se sabe que son incompletas pues hay muchos más casos que no se conocen, porque no solo fue el 11 de julio cuando apresaron personas también lo hicieron en los días siguientes cuando iban apareciendo en los videos y la seguridad del Estado iba a sus casas a buscarlos.

Por ello el Colectivo Justicia11J en el Llamamiento que hacen para que sea firmado exigen al Gobierno “Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento. Lisbeth Moya enfatiza que “El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.”

En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 19 de enero

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Domingo, 16 Enero 2022 05:55

Cuba, razones de una crisis

Cuba, razones de una crisis

La isla caribeña arrastra una crisis multidimensional, con dificultades similares a otros países del viejo «socialismo real». Una capa de promesas incumplidas, cansancio social y poder burocrático se cierne sobre la población cubana. Los sacrificios que impone una revolución son parte de un horizonte de cambio en la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos.

 

La pandemia de covid-19 colocó al mundo ante una situación terrible. La crisis es global y sus consecuencias serán perdurables. Muchos argumentan, con razón, que las lecciones de esta época imprimirán cambios de toda índole a escala mundial en las relaciones humanas, culturales, laborales y políticas. Cuba no es una excepción. Soportar los embates de la pandemia ha tenido un costo altísimo para las personas, las familias y el Estado. Sin embargo, en nuestro caso, la epidemia encontró a la Isla en uno de sus peores momentos, tanto en el plano económico, como social y político. En este texto examinaré los primeros. Me apoyaré para ello, sobre todo, en publicaciones del equipo de articulistas de La Joven Cuba, que hemos acompañado desde nuestros análisis, con  objetividad, responsabilidad y civismo, a la sociedad cubana.

Mucho antes de que el virus apareciera, la situación en Cuba era en extremo complicada. El desgaste del modelo de socialismo burocrático es de vieja data y, dado el más elemental sentido de discernimiento, requería cambiarse desde que ocurrió el derrumbe del campo socialista. Tenemos treinta años de retraso. De hecho, las reformas anunciadas por Raúl Castro en julio de 2007, casi quince años atrás, ya estaban rezagadas. Por si fuera poco, su demora en aplicarse en unos casos, y su no implementación en la mayoría, generarían resultados fatales. Nuestra burocracia dirigente nunca imaginó que un murciélago pudiera ser su más implacable catalizador.

Un artículo que escribí el último día del 2018 me permite recordar que no necesitábamos de la pandemia para ir cuesta abajo:

«Otro año concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. A mediados del 2017 el anterior presidente del Consejo de Estado y de Ministros explicó que la economía decrecería en el segundo semestre de ese año y aún para el primero del 2018, pero que después de esa fecha se apreciaría una recuperación en los suministros y una tendencia hacia la mejoría. Nuestro gobierno, una vez más, ha sido incapaz de un vaticinio correcto en el corto plazo. Los pronósticos de 2018 fueron particularmente erróneos y pendulares. Si el verano comenzó con una campaña totalmente enajenada del contexto insular, donde se le pedía a la familia cubana que disfrutara Cuba con alegría; el año casi finaliza y sabemos que la economía apenas creció 1%, y en las reuniones del presidente Miguel Díaz-Canel con el Consejo de Ministros se ha insistido en que van a disminuir todavía más las importaciones.

Diciembre, que debería ser un mes alegre, se torna sombrío. La escasez de harina ha reducido la producción de pan y existen largas colas en las panaderías; el precio de la carne de cerdo asciende por días en un mes de tradicional aumento de la demanda, y ya es exorbitante; el importe de los vegetales es tal que parecen cosechados en invernaderos del ártico para ser vendidos en el trópico; el detergente y el aceite son acaparados, pues es vox populi que los proveedores vietnamitas de detergente no garantizan el producto hasta que no se les pague lo adeudado, ¿será cierto?».

El 2019 no sería mucho mejor. Los medios cubanos lo anunciaban, apenas comenzado, como un año «de grandes desafíos». Casi en los meses finales se produjo una semiparalización del país, denominada eufemísticamente «situación coyuntural» por el presidente Miguel Díaz-Canel. Todos sabíamos que era una crisis estructural y sistémica. 

Cuba no es ya una nación eminentemente agrícola, como fue durante casi toda su historia, en la actualidad no logramos producir alimentos para el sustento de una población que, lejos de crecer, disminuye de manera constante; mucho menos para exportar. Aunque no éramos un país industrializado, al menos tuvimos una industria base como la azucarera, que generaba cadenas productivas, alimento para las personas y el ganado y energía renovable.

Como bien ha señalado el economista Juan Triana, investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, la pérdida de esa industria afectó el desarrollo de diversos sectores asociados que se nutrían de ella:

«(…) además de azúcar, la industria de la caña puede producir energía, alcohol, CO2, levaduras -Torula forrajera y Saccharomyces, que nos permitiría sustituir la importación de alimento para pienso- tableros y composites de bagazo -ahora que necesitamos tanta madera para la construcción- sorbitol, bioestimulantes, productos químicos industriales, furfural y alcohol furfurílico, biofertilizantes, azospirillum, azotobacter y rizobium, compost, residuales líquidos, herbicidas, medicamentos de uso humano y animal, y alimento humano».

La decisión de desmontar la industria del azúcar, anunciada hace dos décadas, bajo la fórmula «reestructuración azucarera» (abril de 2002), fue uno de los mayores desastres económicos de la historia nacional. Nos convertimos, de un país exportador, en importador de azúcar.

La industria nacional, como explica el economista cubano Mauricio de Miranda, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali, en el artículo «El «modelo» económico cubano y la persistencia del subdesarrollo», está colapsada: «Muestra de ello es que muchas empresas industriales estatales se encuentran paralizadas por obsolescencia tecnológica y/o escasez de materias primas, mientras las exiguas divisas en manos del Estado impiden las inversiones necesarias para relanzar el sector industrial».

Los paisajes cubanos, llenos de cañaverales, devinieron terrenos desatendidos donde no se distinguían los sembradíos ni el ganado. En un artículo aparecido en el periódico Granma en diciembre de 2002, el periodista Juan Varela Pérez informaba sobre una intervención de Ulises Rosales del Toro, entonces ministro de la Industria Azucarera, en el Parlamento:

«Varios diputados preguntaron sobre las perspectivas del MINAZ [Ministerio del Azúcar] en el uso de las tierras liberadas de caña y la producción de alimentos. Para cumplir esta misión, puntualizó Rosales del Toro, se trabaja desde mayo último, junto a otros organismos e instituciones, en varios subprogramas y esperamos, dijo, emplear óptimamente los recursos disponibles en beneficio de la alimentación del pueblo».

Otra meta incumplida. La burocracia cifraría sus esperanzas en el desarrollo del turismo y en la exportación de servicios profesionales, dos rubros fluctuantes ante influencias geopolíticas y altibajos globales. La pérdida de la preferencia electoral por algunos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, la crisis en Venezuela y la consiguiente disminución del suministro de petróleo a Cuba, el endurecimiento de la hostilidad de los gobiernos estadounidenses y el endurecimiento del bloqueo, junto a la pandemia de covid-19, han demostrado que una economía eminentemente de servicios es un error garrafal para un país como Cuba, tan dependiente de alianzas ideológicas.

En los últimos años, la estructura de inversiones en la Isla se tornó asimétrica. El turismo devoró sumas millonarias materializadas en más hoteles, ya no solo en playas sino en ciudades, cada vez más lujosos y confortables, destinados a un sector de turistas de alto nivel adquisitivo. Mientras tanto, se invertía menos en sectores claves como agricultura, salud, educación y ciencia. Se disminuían los gastos sociales y la industria de medicamentos era incapaz de sustentar las necesidades crecientes de sectores poblacionales envejecidos y estresados, en un país donde los hipertensos y los diabéticos proliferan.

En su exhaustivo reportaje sobre la crisis de medicamentos en Cuba, el periodista José Manuel Pérez Rubines nos dice: «El ‘Portafolio de Inversiones de BioCubaFarma 2018’, último publicado, (…) propone una inversión en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para erigir una planta con capacidad productora de 5.000 millones de unidades». No obstante, aclara que tales datos «tienen una antigüedad de tres años, por lo que habría que constatar si el proyecto de construcción de la planta productora de medicamentos se concretó».

Todo parece indicar que no se hicieron las inversiones comprometidas, pues, según cifras ofrecidas por el periodista: «en febrero de 2020, un mes antes de que se detectara el primer caso de covid-19 en la Isla, el reporte arrojaba un faltante de 78 fármacos en marzo, 86 en abril, 98 en mayo, 94 en junio, 85 en julio, 88 en agosto, 84 en septiembre, 93 y 80 en octubre, fecha de su última publicación».

Si bien Raúl Castro ocupó la presidencia interina del Consejo de Estado y de Ministros desde 2006 -cuando enfermara su hermano Fidel-, y lanzó su proyecto de reformas en el 2007, durante el primer acto por el 26 de Julio en que fungió como tal; no fue hasta su nombramiento/elección oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, que empezó a poner énfasis en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas».

Tal proceso fue paulatino pero expedito. Si en casi todo el resto del paquete de reformas hubo pausas, aquí sí se actuó con prisas. Entre 2016 y 2020, la inversión en salud y ssistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos. En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los años 80, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución -aunque con un repunte durante la crisis de la década de 1990-, comenzaron a crecer nuevamente. En el análisis de la variación de ese parámetro en Cuba, Mario Valdés Navia explica que «entre 2007 y 2008 se produjo un salto de 4.496 fallecidos, al incrementarse de 81.927 a 86.423. Otro pico ocurrió desde 2016 a 2017, cuando la cifra de decesos escaló de 99.388 a 106.949, es decir, 7.561 fallecimientos más». A partir de entonces ha continuado en ascenso. En 2020 se produjeron 112.441 muertes. Esto representó 32.779 más defunciones que en el peor año del Período Especial (1996), cuando fallecieron 79.662 cubanos y cubanas.

El investigador relaciona este aumento de la tasa de mortalidad con dos elementos: «por un lado, la falta de mantenimiento de los hospitales, la reducción de servicios municipales en muchas provincias y la escasez de medicinas, insumos y equipamiento; por otra, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza en los sectores más vulnerables de la sociedad cubana».

Uno de los servicios hospitalarios afectados fue el de obstetricia. En marzo del 2019, a raíz de la celebración del X Congreso de la FMC, apunté que no se evidenció en las sesiones una preocupación real por las condiciones de las mujeres cubanas al no mencionarse siquiera:

«La desaparición de los programas de atención obstétrica en los municipios donde existían, al menos es lo que ha ocurrido en la provincia de Matanzas, y su concentración en el hospital de la cabecera provincial. Esto ha generado un gran hacinamiento, a pesar del traslado del centro para otro más amplio, y las familias que viven lejos de la ciudad deben desembolsar de la ya precaria economía doméstica para sufragar gastos de transporte».

Evidentemente en todas las provincias aconteció algo parecido, y aunque el aumento de la mortalidad infantil y maternas, dadas a conocer hace pocos díasdadas a conocer hace pocos días, fue relacionada con muertes por covid-19, habría que verificarlo. Las cifras muestran una mortalidad infantil de 7,6 por cada mil niños nacidos vivos. Esto indica un crecimiento de 55,1% en comparación con el año 2020 (4,9) y de 91,77% con el 2018 (3,9). La mortalidad materna fue aún superior: 175 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos, que significa un incremento del 341%. La pandemia influyó indudablemente, eso se conoce, pero ¿cuánto lo hizo el inicio inesperado de un parto complejo lejos de servicios especializados?, ¿cuánto se relacionan los niños de bajo peso al nacer o prematuridad con la desnutrición en algunos casos y la falta de tratamientos prenatales y vitaminas para las embarazadas?       

En el análisis de Mario Valdés, también se expone que el recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018). Es lógico entonces que arribe a esta conclusión: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción». 

Un sector vulnerable en todos estos años fueron los asistenciados. Así lo expresa el profundo reportaje «El ordenamiento de la resistencia», de la estudiante de periodismo Karla R. Albert. En él se cita a Carmelo Mesa-Lago, economista cubano y catedrático por la Universidad de Pittsburg, que apunta que el valor de las pensiones entre 1989 y 2018, respecto a los precios, había descendido a la mitad ajustado a la inflación. ¿Cuánto representará ese valor actualmente?

En Cuba es difícil acceder a datos estadísticos sobre la pobreza, pues no existen cifras oficiales. Pero la socióloga cubana Mayra Espina, especialista en el tema, afirma que en La Habana el índice de pobreza ascendió del 6 al 20% entre 1988 y el 2002. Podemos imaginar la situación actual.

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población vulnerable, sin embargo, como sostiene Karla R. Albert en su trabajo, «ocurrió lo contrario»: «Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2,2% a 0,3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%». Ello se explica mayormente, según Mesa-Lago, «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles».

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el deterioro marcado de los indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo en un 61% en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total, pasó del 5,3% al 2,1%. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de CUP por «depuración de beneficiarios».

Los jubilados constituyen otro sector vulnerable, que fue creciendo sostenidamente junto al envejecimiento poblacional. Actualmente existen alrededor de 1,7 millones de personas en esa condición. El economista Mauricio de Miranda dedicó su artículo «Los jubilados de la Revolución» a las medidas tomadas respecto de este sector y muestra el desfase considerable del sistema de pensiones cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

¿Cómo entender estos inmensos recortes? Entre 2009 y 2017, la normalización de la deuda externa del país -declarada como «impagable» por Fidel Castro durante años- tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó alrededor de 23.000 millones de dólares, lo que, como concluye Valdés, «limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos».

A ello se suma que a finales de 2015 Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de tres décadas. Se logró la condonación de 8.500 millones y el compromiso del gobierno de desembolsar 2.600 millones en dieciocho años para acceder a créditos. Encaminados a cumplir estas obligaciones, desde 2009 comenzó una política de ajustes que contrajo al sector estatal y redujo drásticamente su presupuesto de gastos e importaciones. A la par, disminuyó la oferta de bienes de consumo en el mercado interno, en particular los alimentos, al no realizarse en la secuencia lógica las reformas concebidas y prometidas, que debían estimular a los productores nacionales a sustituir importaciones.

Al unísono, se decidieron medidas que afectaron la alimentación pública. Una de las peores fue el cierre de los comedores obreros, iniciada en 2009 y generalizada al siguiente año. Solo en sectores específicos se sustituyó por el pago de un estipendio monetario. Tres millones y medio de personas fueron afectadas por el cierre de 24.000 comedores. La mayor parte de los cubanos debió llevar sus alimentos al trabajo… si podían hacerlo. Un factor agravante fue que también en 2009 se echó por tierra una conquista obrera que había establecido la edad de jubilación laboral en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Desde entonces fueron aumentados cinco años en cada categoría de género. Es decir, personas más envejecidas dejaron de contar con la seguridad de su almuerzo. 

Raúl Castro había dicho en agosto de 2009 , ante los diputados: «Hay subsidios para prestaciones sociales que son poco eficaces o, peor aún, hacen que algunos no sientan la necesidad de trabajar». Imagino que lo aplaudieron. Apenas dos meses después, el 9 de octubre de 2009, el periodista Lázaro Barredo publicó en Granma el artículo «Él es paternalista, tú eres paternalista, yo soy paternalista…». Allí se quejaba de que «la Revolución fue desde sus inicios un torrente de justicia, que no siempre ha sido correspondido», y adjudicaba a la sociedad cubana una serie de «vicios o costumbres» que impedían «que nuestro proyecto socialista salga adelante», uno de ellos era: «El síndrome del pichón: andamos con la boca abierta porque buena parte de los mecanismos que hemos diseñado están concebidos para que nos lo den todo (…)».

Se iniciaba así la tendencia, hoy en su clímax, de culpar al pueblo por los resultados de las políticas erróneas, las pésimas decisiones y la ineptitud de la burocracia dirigente. Muchos de nuestros políticos, y también algunas personas de buena fe, recuerdan con nostalgia el trienio del deshielo con Barack Obama, entre 2014 y 2016, y aseguran que si al menos se quitaran las más de 243 medidas tomadas por Donald Trump y mantenidas por Joa Biden, la economía cubana enrumbaría un sendero exitoso. Pero las estadísticas hablan de una «década perdida» para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020 y de un deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía que viene de antes. Trump asumió el poder en 2017, sería injusto atribuirle toda la responsabilidad.

Puestos entonces entre la espada y la pared, y ya en medio de la pandemia, nuestra burocracia decidió «agilizar» las cosas. Se habían perdido catorce años. O en realidad veintinueve. En diciembre de 2020 fue anunciada la «Tarea Ordenamiento», a comenzar en enero de 2021. En su fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre, sentado al lado de un silencioso primer secretario del Partido que muy pronto entregaría el mando -dudoso honor ante lo que se avecinaba- el presidente resaltó que «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo».

Creo innecesario enjuiciar esa declaración a la altura de los resultados que el Ordenamiento ha ocasionado. Solo citaría lo dicho al respecto por el investigador Mario Valdés: «Es penoso constatar cuánto tiempo se perdió entre los años 2011 y 2018 para reposicionar al peso cubano como divisa nacional y en qué momento tan difícil se decidió ejecutar la “Tarea Ordenamiento”».

Si la extensión de la pobreza y la desigualdad eran innegables desde antes de Trump y la pandemia, la determinación de abrir, en medio de esta crisis, comercios donde únicamente pueden adquirir productos -muchos de ellos de fabricación nacional- los poseedores de dólares y divisas, en ausencia además de otros avituallamientos en moneda nacional, ha creado un abismo de penurias, injusticia y corrupción en la sociedad cubana.

Ya el Informe Central al VIII Congreso del PCC, celebrado en abril de 2021, develó con toda crudeza que los objetivos fundacionales de la Revolución socialista molestaban a los intereses reales de la burocracia. En el artículo «La despedida de Raúl Castro» cuestioné su discurso, que mostró irritación, inflexibilidad y sobre todo, una falta tremenda de empatía. En su intervención señaló que «la economía cubana en los últimos cinco años ha mostrado capacidad de resistencia frente a los obstáculos que representa el recrudecido bloqueo», cuando debió reconocer que son las cubanas y cubanos los que hemos mostrado una heroica capacidad de resistencia, no solo contra el bloqueo, sino contra los errores, la lentitud y el dogmatismo de los que determinan la política económica en Cuba.

Convocó también a «borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la capacitación del capital extranjero». Tales prejuicios fueron impuestos por la misma clase burocrática que hoy nos pide un cambio de mentalidad. Seguramente piensa que debemos borrar otras cosas, como el rechazo -del que nos enorgullecíamos-, al crecimiento de la desigualdad social. La crítica del anciano político a la «cierta confusión» de algunos cuadros que alertaron de la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada en Cuba, desconoció un problema de primera magnitud que ha generado lo que Mario Valdés denominó, con amarga ironía, «un malestar general».

El modelo cubano actual, como argumenta De Miranda en su artículo ya citado, solo conduce a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada. Nada diferente a eso hemos tenido en las últimas tres décadas.

El principal eslogan del presidente Díaz-Canel desde su llegada al gobierno ha sido presentarse como «continuidad». Pero claramente no se trata de continuidad respecto a los objetivos sociales fundacionales de la Revolución, sino de una prolongación del proceso de ajustes que se apartó de esos objetivos. En el momento en que fue designado como presidente de Cuba, le dediqué un artículo, «El verdadero cambio», en el cual lo exhortaba:

«(…) rechacemos tanto las gratuidades indebidas, que no sabemos a ciencia cierta cuáles son, y aboguemos por el control y la participación de los trabajadores en las decisiones y en la gestión de los planes de producción. Abandonemos los privilegios con que vive la casta burocrática, empresarial y política, para que sintiéndose más cerca del pueblo, y en condiciones similares, se apresure en lograr resultados. En fin, más prisa y menos pausas. Ese es el verdadero cambio que necesitamos».

En el año que acaba de concluir se cumplieron 35 del anuncio del «Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas», veintisiete de la dualidad monetaria (en su primera temporada), veintiséis de la creación del holding Gaesa, catorce del estreno del «Proceso de actualización de la economía cubana», diez de la puesta en marcha del experimento interminable de Artemisa y Mayabeque y ocho de que se aprobara el decreto de creación de la zona de desarrollo del Mariel.

Ahora será el año I de la indicación de Raúl Castro para la salvación de la industria azucarera. Nos movemos sí, pero en un enorme círculo de consignas, proyectos y planes incumplidos, en el cual se desgastan generaciones, se frustran proyectos vitales y se separan familias. Desde hace tres años mueren en Cuba más personas que las que nacen. El círculo ha devenido órbita de extinción y para ese mal no se crean vacunas, como para el covid-19. Como explica Mauricio de Miranda: «El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana».

Igual a lo acontecido en otras experiencias del «socialismo real», en las que un partido único y antidemocrático usurpó el poder popular, la burocracia en Cuba paulatinamente se ha convertido en una clase, con modo de vida muy diferente al de la mayor parte de la ciudadanía, lo que es evidente entre sus retoños más nuevos. Con razón Mario Valdés la denominó «la burocracia conquistadora».

Es una clase que no desea perder ningún privilegio político que le impida el derecho a administrar la propiedad que legalmente se reconoce como social, pero que no logra transitar felizmente caminos de reforma, todos se van cerrando al final sin conseguir los objetivos propuestos.

La existencia de una clase de burócratas debe ser considerada también teniendo en cuenta su actitud ante la agudización de la crisis económica. ¿Cuál es su propuesta concreta para sumarse a la austeridad y al ahorro que tanto le piden al pueblo? Es muy cierto lo que afirma en su texto «Ellos y nosotros, sus hijos y los nuestros…» la doctora e investigadora cubana Ivette García: «Una clase que no rinde cuentas, que no declara su patrimonio personal, que tiene un enemigo externo al que puede culpar de todo, que controla los medios, mantiene oculta su vida privada y no precisa del voto popular, no siente compromiso más que con ella misma. Puede construir un capitalismo de la peor especie y vestirse con desfachatez de socialista para la escena pública».

En Cuba existe un enorme aparato de dirección, partidista y estatal, que lejos de disminuir tiende a incrementarse. Un país empobrecido como el nuestro, cuya economía prácticamente no crece desde hace casi una década, no puede mantener tal derroche de recursos materiales y humanos al sostener dos formas de dirección, una que orienta y otra que gobierna. No necesitamos que la doctora Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) nos pida más sacrificio; ni que el presidente Díaz-Canel ofrezca construir un monumento al pueblo. Precisamos que los que dirigen este país se hagan responsables de sus errores, que rindan verdadera cuenta de las finanzas públicas, que informen con transparencia de las decisiones relativas, por ejemplo, al pago de la deuda externa; y sobre todo, exigimos que sea la ciudadanía la que decida si pueden permanecer en sus cargos mediante elecciones generales y secretas para todos los altos cargos públicos.

La intención explícita de los cambios en Cuba, es, como señaló Martha Prieto en un debate en la revista Temas, que «las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas». Eso precisamente ha hecho inviable a las reformas. Necesitamos transformaciones políticas, y con urgencia.

En su artículo «La realidad cubana actual y las lecciones de la historia», Mauricio de Miranda analiza cómo el derrumbe del socialismo en Europa Oriental demostró que «(…) cuando el liderazgo no está a la altura de las circunstancias, no evalúa objetivamente la realidad económica, política y social y no interpreta adecuadamente el sentir de la sociedad o de una parte de ella, se producen fracturas que conducen a protestas sociales. La represión de las mismas solo genera un agravamiento de los conflictos y estimula acciones violentas».

Una revolución, y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior, fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza y los ajustes de un semi-neoliberalismo con maquillaje socialista.

Fue el alarido de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo. Los gritos de «Libertad» significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los corruptos, los ineficientes y los ineptos.

Nota: este artículo fue publicado originalmente en la revistaLa Joven Cuba. Es el primero de dos artículos, el segundo tratará los problemas políticos

Publicado enInternacional
Miércoles, 15 Septiembre 2021 05:57

Crónica de una derrota no anunciada

Crónica de una derrota no anunciada

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sufrió una dura derrota electoral en las elecciones primarias, que funcionaron en la práctica como un simulacro de las elecciones de mitad de término que se llevarán adelante el próximo 14 de noviembre, a manos de la centroderecha aglutinada en Juntos por el Cambio.

 

Las elecciones argentinas del 12 de septiembre fueron Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que toda la ciudadanía es convocada a elegir la conformación de las listas de las fuerzas políticas que aspiren a presentar candidaturas para competir en las elecciones generales, en este caso las elecciones legislativas intermedias del 14 de noviembre. Estas, como ya ha mostrado suficientemente la ciencia política local, contribuyen a ordenar y concentrar la oferta electoral habilitando la competencia interna en aquellos espacios que la tengan, así como obligar a todas las fuerzas aspirantes a presentar candidaturas en las elecciones generales a superar el 1,5% del padrón electoral para poder hacerlo. Pero para quienes votan, y para quienes se postulan, es una especie de primera vuelta, por lo que los resultados se leen como los de una elección común y silvestre. Y, en este caso, lo que se puede leer es una tan imprevista como contundente derrota del peronismo en el poder a manos de la centroderecha que tiene al ex-presidente Mauricio Macri como referente y al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como presidenciable para 2023.

Si estas hubieran sido las elecciones generales, el bloque opositor de Juntos por el Cambio alcanzaría la primera minoría en la Cámara de Diputados, y el oficialista Frente de Todos (peronismo) perdería la mayoría propia en la Cámara de Senadores. De cara a la próxima presentación del Presupuesto 2022, que el Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer frente al Congreso en los próximos días, y a las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos resultados si serían una catástrofe.

Pero son las PASO, y de acá a noviembre -cuando se desarrollará la elección en la que efectivamente quedará conformado el Congreso Nacional que acompañará a la gestión presidencial de los próximos dos años- el gobierno nacional tiene la oportunidad de, si no revertir el resultado, lo cual parece muy difícil, mejorar su performance de modo de aminorar el fuerte golpe recibido. Por lo pronto, los resultados del domingo fueron un baño de agua fría que el oficialismo no esperaba. La oposición de centro derecha ganó la estratégica Provincia de Buenos Aires, territorio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pese a que todo el peronismo fue unido, y en la mayoría de las provincias, incluso las de hegemonía peronista. 

El voto económico

La situación económica en la Argentina no mejora. No obstante, el oficialismo se esforzó en mostrar datos que mostraban una recuperación de la economía, que a sus graves problemas de arrastre sumó los efectos de la pandemia.

Con un gobierno nacional que puso su mayor esfuerzo en el avance de la campaña de vacunación en los últimos meses, llegando a vacunar al 40% de la población con las dos dosis, el gobierno fue flexibilizando las medidas de restricción que caracterizaron los primeros 15 meses de pandemia y así la actividad económica en junio demostró un repunte de 2,5% mensual. Sin embargo, hace tiempo que, desde varios sectores, propios y ajenos, se le advertía al oficialismo nacional la necesidad de tomar nota (y actuar en consecuencia) de la no recuperación o incluso empeoramiento de variables económicas que hacen al día a día de la vida de las personas, de la no traducción de esta recuperación de las variables macro en la vida cotidiana de, especialmente, los sectores más bajos de la población. Todo lo cual puede verse en la caída del salario real.

Las tasas de pobreza e indigencia, aun con las políticas de transferencias monetarias de 2020, se mantienen actualmente en torno de 42% y 10,5% respectivamente. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%. En este contexto, el trabajo registrado no logra recuperarse al ritmo de la recuperación de los niveles de actividad, y la presión sobre el salario que ejerce la inflación es cada vez más alta. A su vez, el acceso a la vivienda dejó de ser una posibilidad alcanzable no ya para los sectores bajos de la población, sino para la clase media trabajadora. Justo ese, el voto que inclina balanzas para cualquier lado de la «grieta» que divide a la sociedad argentina. Con un mercado inmobiliario valuado en dólares en la Argentina, la falta de acceso al crédito y políticas publicas oficiales insuficientes para satisfacer la demanda habitacional esto se manifiesta hoy con toda crudeza.

Por supuesto, estos no son problemas nuevos; la pandemia puso de relieve problemas estructurales que las recetas coyunturales de ninguno de los últimos gobiernos, ni progresistas ni conservadores, han podido resolver. La demanda por trabajo registrado, salarios suficientes, acceso a la vivienda, y las propuestas claras del cómo, cuánto y para quién, con recursos extraídos de dónde fueron temas que sobrevolaron la campaña con señalamientos desde la oposición y sin que el oficialismo diera respuestas concretas más allá de propuestas de futuro que no satisficieron, a decir de las urnas, las demandas del presente. El avance en las agendas del siglo XXI, vinculadas al acceso a derechos y diseños de políticas para la promoción de industrias que atraen divisas, pero no generan trabajo en el corto plazo ni para grandes porciones de la población, se topó con una Argentina heterogénea que aun arrastra problemas del siglo XX.

Mientras la política de vacunación avanza, la oposición capturó más rápidamente que le oficialismo el agotamiento de la pandemia como recurso retórico, aprovechando además electoralmente los errores autoinfligidos del oficialismo nacional, como el denominado «vacunatorio vip», el cumpleaños de la primera dama en medio del confinamiento y otros traspiés cometidos durante el último año por el gobierno de Alberto Fernández.

Participación, coaliciones y terceras fuerzas

Según datos de la Cámara Nacional Electoral la participación electoral rondaría el 68%, y si bien es cierto que es la participación más baja desde la implementación de las PASO, no es un porcentaje menor en un escenario de pandemia y descontento social. Acá no hay crisis de representación.

A este dato que puede ser leído como positivo, se suma que alrededor del 70% del voto a nivel nacional se concentró en las dos grandes coaliciones que hoy dominan el escenario político nacional: Juntos por el Cambio (que incluye, entre otras fuerzas, al macrismo y a la Unión Cívica Radical) y el Frente de Todos (una coalición panperonista). El bicoalicionismo es ya una realidad presente en la Argentina para el votante promedio, las PASO incentivan su supervivencia y esto implica mayores incentivos para los actores políticos para no romper con sus aliados.

Sin embargo, esta lectura seria miope si no se da cuenta de dos fenómenos que, si bien territorializados, llaman la atención en el escenario local. El experimento de la alt-right criolla, personificado en la candidatura de Javier Milei por la fuerza La Libertad Avanza recogió 14% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un discurso libertario de derecha, este excéntrico economista atrajo el voto joven y capturó el descontento de porciones de la población metropolitana vinculado a la presión del Estado sobre la actividad privada, e incluso canalizó las frustraciones de posiciones de los sectores más bajos de la población que interpretan que la ayuda del Estado no compensa la realidad que viven, y logró construir un ethos local que se tradujo en votos. Fue, no obstante, un fenómeno limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, trotskista), prácticamente la única izquierda fuera del Frente de Todos, mejoró sus guarismos electorales. En los dos grandes distritos, Ciudad y provincia de Buenos Aires obtuvo el 6,23% y 5,1% de los votos respectivamente, así como alcanzó a convertirse en la tercera fuerza en la provincia de Jujuy (en el norte argentino fronterizo con Bolivia) con 23% de los votos.

Para evitar una merma de votos por derecha como en 2019, Juntos por el Cambio abrazó a gran parte de la derecha metropolitana en la candidatura de López Murphy, y otros candidatos con discursos más radicales, que hoy juegan por dentro de la coalición.

Finalmente, el gran ganador del que pocos hablan es el centenario partido al que se ha dado por muerto varias veces, pero sigue ahí resucitando. Los resultados en el nivel local de la Unión Cívica Radical -parte de Juntos por el Cambio- dan cuenta de que el partido que lideró la transición democrática con Raúl Alfonsín y en estos años giró a lacentroderecha fue, es y seguirá siendo un socio necesario para cualquier coalición que busque disputar poder al pan peronismo nacional. La candidatura del neurólogo Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires obtuvo resultados, especialmente en el interior provincial, que muestran a las claras que, aunque el partido no logre hace ya décadas impulsar un liderazgo nacional aglutinante, si tienen estructuras locales vitales que se muestran útiles a la hora de las elecciones.

Lo que se viene

Restan exactamente dos meses de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre. El oficialismo nacional no tiene demasiado tiempo ni márgenes para recuperarse de esta derrota. En un contexto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la estabilización de las variables macro se vuelven un imperativo, la posibilidad de mejora de las variables micro vía trasferencias monetarias tiene límites muy estrechos.

Los desafíos son muchos para el gobierno, y con la derrota vuelven a emerger las pujas internas entre «albertistas» y «cristinistas», que se tradujeron en frases públicas de la vicepresidenta sobre los «funcionarios que no funcionan», pujas dentro del espacio oficialista sobre las políticas de seguridad, y sectores del kirchnerismo desanimados con un gobierno al que consideran demasiado «centrista».

Hoy cambiar a las autoridades económicas -que son parte del «albertismo»- se complica ya que se encuentra en proceso la negociación con organismos internacionales de crédito que son claves para la recuperación económica.

Qué puede pasar en los próximos días es tarea de adivinadores, y no de politólogos ni politólogas, que, a las postres, tampoco avizoramos semejante derrota del oficialismo.

Para Juntos por el Cambio, por su parte, el desafío está en retener los votos obtenidos, evitar el crecimiento de una derecha externa que no avizora intenciones de dialogar futuro, y lograr capturar el mayor porcentaje de ese alrededor del 30% del padrón que no se presentó a votar en estas PASO.

Finalmente, para la Argentina, y más allá de los resultados del último domingo y de los del 14 de noviembre, resta poner sobre la mesa una discusión que es esquiva pero necesaria: la estabilización de las variables macro y micro de la economía sin costos sociales mayores a los que actualmente existen llevan mucho más tiempo que los dos años que las reglas actuales imponen entre elección y elección, sometiendo al sistema político nacional a un estrés que se presenta como impedimento para los acuerdos sectoriales de largo plazo necesarios para dar respuesta a los problemas estructurales que la pandemia desnudo con toda su crudeza.

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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla a sus seguidores tras la derrota en las primarias legislativas celebradas el domingo 12 de septiembre de 2021. REUTERS-QUALITY

Los aspirantes del Gobierno al Congreso pierden en todos los distritos más importantes, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

 

El kirchnerismo tiene mucho de qué preocuparse. Sus candidatos a pelear por un asiento en el Congreso el 14 de noviembre han perdido en elecciones primarias en 18 de los 24 distritos del país, según resultados oficiales, incluida la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo y responsable del 40% de los votos a nacionales. La oposición, reunida en Juntos por el Cambio, la coalición que en 2015 llevó al poder a Mauricio Macri, retiene sus distritos tradicionales (ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba), y gana en provincias que suelen ser díscolas a la derecha, como Chaco, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y hasta Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo. Los resultados suponen un durísimo golpe, de consecuencias aun imprevisibles, para el Gobierno de Alberto Fernández, que en estas elecciones primarias plebiscitaba su gestión. El triunfo opositor coloca al alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, en la carrera por la presidencia en 2023.

El presidente Fernández admitió el triunfo opositor junto a los principales candidatos y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto. Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana le prestaremos atención”, dijo. “La campaña acaba de empezar y faltan dos meses [para las elecciones Legislativas]. Tengo por delante dos años de Gobierno y no voy a bajar los brazos, y pido humildemente que nos ayuden. Vamos para adelante que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, cerró el presidente, que asumió en soledad el discurso de la derrota.

Los argentinos participaron este domingo de un original experimento electoral, con la elección de candidatos en elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Las PASO, como se llaman, se convierten así en un referendo de la gestión oficial. El Gobierno era consciente de las dificultades que enfrentaba: la economía en picada, producto de tres años de recesión y la parálisis de la pandemia, y errores no forzados de Alberto Fernández y su entorno y las peleas cada vez más evidentes en el seno de la coalición, con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. Esperaba, sin embargo, un ajustado triunfo en la provincia de Buenos Aires y el primer lugar en la suma total de votos nacionales. Nada de eso ha pasado. Incluso con el peronismo unido. El mapa de las provincias de Argentina se ha teñido de amarillo, el color de Juntos por el Cambio, y el peronismo pierde el control del interior del país, fuente de su país.

Los resultados dan una dimensión de la catástrofe. En la provincia de Buenos Aires, con el 82% de las mesas escrutadas, la coalición opositora saca el 38,3%, contra 33,5% del oficialista Frente de Todos. En Capital, el macrismo se quedó con el 48,3% de los votos, contra 24,6% del peronismo. En el interior del país no le ha ido mejor al Gobierno, incluso en distritos tradicionalmente peronistas como La Pampa (48,8% contra 38,3%) o Chaco (44,2% contra 35,5%). Los precandidatos del Gobierno solo han sumado más votos que sus rivales en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, San Juan y Santiago del Estero. El resultado encumbra como líder de la oposición al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que armó la elección con candidatos propios, en detrimento de los sectores más radicalizados de la coalición, representados por Mauricio Macri.

La pérdida de la provincia de Buenos Aires y otras tradicionalmente peronistas no estaba ni en las proyecciones más pesimistas. “La derrota se explica en parte por razones económicas”, dice en un análisis rápido el director de la consultora Poliarquía, Eduardo Fidanza. “El valor del salario se ha deteriorado, los niveles de inflación son intolerables y el Gobierno no ha logrado compensar con la gestión de la pandemia. En Buenos Aires, por ejemplo, vemos que los votos han sido básicamente los de Cristina Kirchner, porque ni Alberto Fernández ni Sergio Massa (el presidente de la Cámara de Diputados y tercera fuerza de la coalición oficialista) han sumado para el resultado total”, explica.

El Gobierno tendrá ahora dos meses de campaña para que el resultado de las primarias no se repita en la elección definitiva de noviembre, cuando se renovará en las urnas la mitad de los diputados y un tercio del Senado. El oficialismo corre el riesgo de perder incluso el quorum del que disfruta en la Cámara Alta, donde están representadas las provincias a razón de tres senadores por cada una. Es allí donde manda Cristina Kirchner, quien como vicepresidente ostenta la titularidad de ese cuerpo legislativo. “La perspectiva es compleja”, advierte Fidanza, “porque el Gobierno llegó debilitado a la elección y a partir de mañana esa debilidad será mayor, con un presidente con poco apoyo popular y una vicepresidenta que tiene un rechazo del 50%”, explica.

Desde Juntos por el Cambio todo ha sido festejos. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires con Macri, arrasó ahora en la capital. “Gracias por darnos otra oportunidad”, le dijo a sus seguidores acompañada por el alcalde Rodríguez Larreta y otros dirigentes de la coalición opositora. Vidal perdió la relección en 2019 contra el actual gobernador, el kirchnerista Axel Kicillof. “Esta noche los votos dijeron ‘falta menos’. Ustedes lo saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe: falta menos. Falta menos para que haya un bloque opositor en el Congreso para impedir la mayoría, para que el cinismo y la mentira se agoten, para recuperar la educación que perdimos”, dijo. Las primarias pusieron también en evidencia el surgimiento de una fuerza de extrema derecha hasta ahora desconocida en Argentina. El economista Javier Milei, defensor de Jair Bolsonaro y Donald Trump, fue la tercera fuerza en la capital, con el 13,6% de los votos.

Buenos Aires - 12 sept 2021 - 04:48 CEST

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