La Habana vieja, al anochecer. Joakim Eskildsen

A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por el conflicto entre el empuje de las demandas de apertura y el inmovilismo autoritario de un modelo de partido único

Emilio Santiago Muiño 21/07/2021

Joakim Eskildsen

El pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles en unas protestas masivas e inéditas en la era revolucionaria, que tuvieron su foco inicial en los municipios de San Antonio de los Baños (Artemisa) y Palma Soriano (Santiago de Cuba) y a las pocas horas se extendieron por La Habana y por el resto del país. El gobierno cubano ha respondido a este estallido social con represión policial y un apagón digital que ha limitado el acceso a internet en la isla. Fuentes gubernamentales reconocen hasta ahora la muerte de una persona,  Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. No hay cifras oficiales de detenidos, y se baraja un arco que comprende entre varios cientos y varios miles de represaliados.

Aunque aún es pronto para aventurar un desenlace, es evidente que las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la historia de la Revolución. El único precedente es el Maleconazo del 5 de agosto de 1994, en el momento más crítico del Período especial.  La crisis migratoria de los balseros fue su consecuencia más visible. Pero toda la batería de reformas que en los últimos treinta años han ido desmontando, con tiras y aflojas y muchas contradicciones, la ortodoxia socioeconómica socialista que la Revolución implementó durante sus primeras tres décadas, son inexplicables sin la señal de ingobernabilidad que enviaron los disturbios de aquel verano del 94.  Hoy Cuba se encuentra en una encrucijada análoga pero con una presión popular mucho mayor. Y menos margen de maniobra para circunscribir las transformaciones necesarias al ámbito de la economía dejando al margen la esfera política.

Entre 2012 y 2014 viví en Cuba nueve meses haciendo el trabajo de campo etnográfico de mi doctorado en Antropología, que versó sobre el proceso de sostenibilidad ecológica forzosa que impuso en la isla el Período especial. En este marco estudié durante seis años su realidad social con cierta profundidad. Durante esta etapa de mi vida hice grandes amigos. Hoy muchos viven en Cuba y otros han emigrado. Aunque mis investigaciones académicas han ido después por otros caminos, gracias a este contacto personal me he mantenido mínimamente al día sobre la realidad cubana y sus transformaciones recientes. Sin duda se me escaparán muchas cuestiones. Pero estas palabras son un intento, con sus limitaciones, de ayudar a clarificar ante la mirada extranjera que hoy está puesta en la isla una situación que no se deja abordar desde aproximaciones dicotómicas y simplistas. Esas que Cuba, como miniatura que concentra todas las tensiones y las pasiones políticas irresueltas del siglo XX, acostumbra a generar en el debate público. No pretendo ser equidistante o imparcial. Soy un ecosocialista que considera que las instituciones democráticas plurales son una conquista irrenunciable para las clases populares, y esto marcará mi análisis. A lo que sí aspiro es a intentar atender a la complejidad social como un prerrequisito sin el cual no se puede ni comprender el curso de los acontecimientos ni intervenir políticamente en ellos.

Tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima y compleja

Estas protestas no pueden coger por sorpresa a nadie que conozca mínimamente la realidad cubana y no esté cegado por sus anteojeras ideológicas. “Si se repiten los años noventa, aquí habrá un estallido social”. Durante mi investigación escuché en boca de muchos científicos sociales cubanos este juicio. Los textos más lúcidos de la crítica social cubana apuntan en esta línea. De lo que se deriva una primera idea básica: tan cierto es que Cuba hoy está sufriendo injerencias externas que buscan desestabilizar como que la explosión de descontento popular es auténtica, legítima, compleja y no se explica solo en términos de golpe blando, como si fuera un producto made in Miami. Tampoco como un efecto exclusivo del bloqueo, del que el gobierno cubano fuera un completo rehén y careciera de responsabilidad o iniciativa. Por supuesto el bloqueo existe, es real, y se trata de una política colonial de tintes genocidas, que siempre debe ser denunciada como condición primera al hablar de Cuba. No se puede relativizar. Su recrudecimiento concreto durante la administración Trump, que Biden no ha dado señales de revertir, ha contribuido a alimentar la difícil coyuntura del 2021. Pero del mismo modo el bloqueo no se puede convertir en una coartada para evitar analizar críticamente el desempeño del gobierno cubano. Por cierto, en la batalla ideológica entre los términos bloqueo y embargo, empleo bloqueo porque así es recogido por las declaraciones oficiales de condena aprobadas recurrentemente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La segunda idea que quiero subrayar es que en el debate sobre Cuba no pueden dar ninguna lección de democracia aquellos que no solo no condenan sino que jalean y celebran al mismo tiempo las masacres represivas que están teniendo lugar ahora mismo en Colombia, o el golpismo en Bolivia o Chile, por circunscribirnos a América Latina. Su interés por la falta de democracia en Cuba no es auténtico sino puramente instrumental: una herramienta propagandística en su guerra global contra el socialismo. Lo que añade un punto de dificultad extra en el posicionamiento de la izquierda internacional sobre Cuba. Con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas con sus hordas de bots y fakenews (la más viral ha sido la foto de las manifestaciones en Egipto como si fuera el Malecón, pero las mentiras propagandísticas que han circulado por las redes estos días se cuentan por decenas) puede parecer sensato cerrar filas con el gobierno cubano. Pero lo que menos necesita el pueblo cubano (y seguramente la revolución, aunque ese es otro debate, y la diferencia es importante) es otro atrincheramiento maniqueo entre revolucionarios-gusanos. Cuba hizo una revolución en 1959 para ser soberana y dejar de ser un país monoexportador de azúcar. Ciertas formas de apoyo incondicional operan rebajándola hoy a ser un país monoexportador de símbolos para consumo de una izquierda atrapada en las nostalgias y los traumas del siglo XX.

La derecha cubana y mundial está tratando de liderar el descontento popular en Cuba. Pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y regalárselo pasa, en primer lugar, por no atender a las motivaciones de la frustración y el malestar de la sociedad cubana. Tanto las inmediatas como las larvadas, acumuladas en una olla a presión desde hace décadas. Unas motivaciones que tienen una dimensión económica muy evidente, pero que ya no se dejan desconectar de una creciente insatisfacción política que reclama derechos y libertades que hoy en Cuba no se cumplen. Por tanto, para entender la explosión social de estos días es preciso abordar el binomio economía-política en sus niveles coyunturales y estructurales.

Coyunturalmente, el pueblo cubano en 2021 está sufriendo un episodio muy dramático de escasez material y una situación pandémica descontrolada, especialmente en algunas provincias (Matanzas). Confluyen aquí, al menos, tres elementos:

- El menor, pero importante, y que se suma a un cúmulo de presiones históricas que genera serios perjuicios a la economía cubana, un endurecimiento del bloqueo por parte de la administración Trump, que ha incidido especialmente en las nuevas limitaciones al envío de remesas. Debe destacarse aquí que la recepción de remesas de cubanos en el extranjero es un pilar estratégico de la economía cubana postsoviética, y estas tienen un papel fundamental tanto en a) el aprovisionamiento de divisas por parte del Estado, en las que descansa el comercio exterior; b) el consumo cotidiano y el mantenimiento del nivel de vida de la parte de la población que las recibe y c) la financiación de los negocios vinculados al trabajo por cuenta propia y los emprendimientos privados.  

- El segundo es la propia pandemia, tanto en su vertiente de drama sanitario como de shock económico. Si bien Cuba ha tenido un éxito sobresaliente en el desarrollo de su propia vacuna, su sistema médico está casi colapsado ante la falta de insumos esenciales que normalmente eran importados. En este punto cabe destacar el modo en que la covid ha afectado al encarecimiento de muchas otras importaciones, como las alimentarias, y especialmente el frenazo que ha supuesto al turismo internacional, que es una de las vías cardinales de enganche competitivo de Cuba con el mercado mundial.

- La llamada “Tarea Ordenamiento”, esto es el fin del sistema de doble moneda. Este es un asunto técnicamente muy complejo que no se deja abordar bien en formatos de opinión o divulgativos como este texto. Intento decir algo al respecto. Desde los años noventa, en Cuba rige una dualidad monetaria: la moneda nacional (el peso cubano o CUP), que solo intermedia en la economía interna y con el que se pagan la mayoría de los salarios, y una divisa funcional en el mercado internacional, que inicialmente fue el dólar y luego el peso convertible o CUC, con un tipo de cambio equiparable al dólar en 1-1. Esta divisa circula por la isla por vía remesas, consumos turísticos y también en forma de complementos salariales en algunas empresas estratégicas. El Estado la recauda, entre otros dispositivos, a través de tiendas de recuperación de divisas donde ofrece productos de importación gravados con un fuerte impuesto.

Esta política fue imprescindible en la crisis de los años noventa como un colchón para combatir la devaluación salvaje del peso cubano y el proceso hiperinflacionario que se desató en aquel momento. La dualidad monetaria fue como un airbag que amortiguó el choque con el mercado mundial. Y permitió al Estado absorber la circulación de divisas que ya se producía de facto, y ejercer una suerte de racionamiento de las mismas, que fue imprescindible para estabilizar el tipo de cambio. De este modo Cuba pudo volver a importar y exportar en un marco de relaciones de intercambio previsibles, y así empezar a reordenar todo su entramado de comercio internacional, que había estallado con la caída del campo socialista.

Pero la dualidad monetaria tuvo muchas consecuencias negativas, reconocidas por el propio gobierno cubano. La desigualdad social (luego abordaré este tema) es una de ellas. Pero casi tan dañino ha sido la generación de una estructura de incentivos laborales perversa: la mano de obra altamente cualificada que ha generado la revolución (y que es uno de sus logros históricos más notables) ha ido desplazándose desde los puestos de trabajo público de perfil técnico, actualmente muy mal pagados en moneda nacional, a los empleos vinculados con la recepción de pesos convertibles, como pudieran ser los turísticos. Quien haya visitado La Habana tendrá su propia anécdota que ilustra este proceso tan problemático para la economía cubana, habiendo conocido a ingenieros o arquitectas trabajando como chóferes de bicitaxis o haciendo de guías turísticos.

Pero además la dualidad monetaria ha sido una política altamente impopular, por ser autoritaria, intrincada y por representar de un modo muy gráfico la normalización de una desigualdad que rompía de hecho las bases del “contrato social” establecido en 1959. Aunque las brechas sociales que se están abriendo en Cuba no se explican solo por la doble moneda, para la mayoría de los cubanos este ha sido el símbolo que las concentra y las resume. Por todo ello el gobierno llevaba muchos años (desde el 2013) preparando la transición hacia la unificación monetaria. En esta hoja de ruta, el 1 de enero de 2021 debía ser el principio del fin del sistema CUC-CUP. Economistas cubanos me decían durante mi investigación que desarmar este sistema de doble moneda sería como desactivar una bomba. Siguiendo con esta metáfora, la coincidencia de esta reforma con la crisis del covid ha sido como haber cortado el cable equivocado. Sin duda, precipitar esta reforma en el contexto pandémico se entenderá con el tiempo como uno de los errores económicos más graves de la trayectoria de un gobierno revolucionario que no ha cometido pocos.

El resultado de esta triple conjunción (bloqueo recrudecido, pandemia global, fin de la dualidad monetaria) ha sido una crisis en la balanza de pagos de la economía cubana, que ha dado lugar a un proceso inflacionario durísimo que afecta la vida cotidiana de grandes masas de población. Este ha golpeado además en un contexto de progresivos pero sustanciales recortes sociales (eliminación de subsidios y gratuidades) dentro una línea de reformas promercado que necesariamente, a pesar de la retórica del gobierno (“nadie quedará desamparado”), ha generado más perdedores que ganadores, aunque esto supuestamente debía irse compensando con el tiempo.

Analizar la dimensión económica en las causas inmediatas del estallido social es necesario para entender su masividad, completamente inédita. Pero no agotan el fenómeno. A la extrema precariedad material de los últimos meses se superpone una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas de apertura política de los sectores más jóvenes (muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias importantes como es el caso de las reivindicaciones del colectivo LGTBI-) y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. La Cuba que yo conocí personalmente (2012-2014) era ya una Cuba partida en dos entre la esclerosis ideológica de la oficialidad y el dinamismo e inteligencia colectiva desplegada por colectivos disidentes que, si bien eran pequeños en número, estaban ejerciendo de facto el liderazgo cultural de las fuerzas vivas de la sociedad cubana. Contra toda simplificación maniquea, muchas de estas iniciativas críticas compartían y comparten el ideario socialista, como pudieran ser los colectivos agrupados alrededor del Observatorio Crítico, el Taller Libertario Alfredo López o muchos intelectuales que escriben en webs como Havana Times o La Joven Cuba. Este divorcio entre el país oficial y el real ha ido a más a través de una proliferación polifónica de voces críticas que han empezado a articularse entre sí a través de las posibilidades que ha ofrecido la conectividad a internet que ha ido creciendo en la isla. Y lo ha hecho sin que el sistema político haya sabido-querido incorporar y atender a esta creciente complejidad política nacida de su base poblacional más joven.

En fechas recientes, todo lo acontecido alrededor del Movimiento San Isidro, organizado para reclamar la libertad de artistas y raperos disidentes, o la ocupación el pasado 27 de noviembre del Ministerio de Cultura por 300 manifestantes que exigían el fin de la censura, han sido la eclosión visible de más de una década oposición al régimen incubada a fuego lento. Una oposición cuya primera característica es su extrema diversidad, englobando desde posiciones derechistas y liberales que reciben fondos de USAID y persiguen un cambio de régimen, hasta anticapitalistas, anarquistas, socialdemócratas o feministas, cuyos reclamos tienden a apuntar hacia alguna forma de reinvención del proyecto revolucionario en términos de socialismo democrático. Este es el magma ideológico complejo que hoy se  disputa el liderazgo político del estallido de descontento social. Y sin su progresiva agitación durante años en forma de luchas pro-democracia, enunciadas desde coordenadas, compromisos ideológicos y formas de entender lo democrático muy distintas, no se podría entender el perfil explícitamente político que ha adquirido la revuelta popular.

Pero ambas dimensiones (la económica y la política) no se circunscriben a la coyuntura inmediata provocada por la covid o el fin de la dualidad monetaria. Ambas hunden sus raíces en procesos históricos de onda larga, de mayor calado estructural, que exigen una aproximación mínima para poder hacerse una idea de conjunto sobre lo que está pasando en Cuba y cuáles pueden ser sus posibles desenlaces. En la segunda parte de este texto intentaré abordar este nivel de análisis de mayor profundidad temporal.

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Miércoles, 14 Julio 2021 06:16

Y Dios entró en La Habana

Una bandera cubana ondea en un barrio habanero, hoy lunes 12 de julio del 2021, en La Habana. EFE/Yander Zamora

Manuel Vázquez Montalbán aprovechó en 1998 la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba para escribir todo un tratado sobre las distintas aristas de la Revolución Cubana. Lo tituló Y Dios entró en La Habana. En aquel viaje, el papa polaco dejaría para la posteridad un célebre adagio: "Que Cuba se abra al mundo (…) y que el mundo se abra a Cuba". La isla todavía se resentía por los estragos del Periodo Especial de inicios de los años 90 y la llegada del Pontífice auguraba una nueva era de cambios que, sin embargo, no fructificaron. Dos décadas después, una nueva deidad está obrando el milagro de los panes y los peces. Allí donde surgen demandas de cambios, las redes sociales las difunden y generan un efecto contagioso. Ocurrió en noviembre de 2020 con las movilizaciones de un grupo de artistas e intelectuales y ha sucedido ahora, de manera explosiva, con el rechazo popular más contundente que se recuerda en la isla desde hace mucho tiempo.

Cuando Fidel Castro enfermó gravemente a finales de julio de 2006 y delegó el poder en su hermano Raúl (a la sazón, ministro de Defensa), un runrún circuló por las calles de La Habana: "Esto con Raúl no aguanta". Al general se le achacaba una falta de conexión con el pueblo de la que Fidel andaba sobrado. Frente al carisma y la elocuencia del comandante para mantener a flote la Revolución, Raúl solo parecía proponer su férreo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pero el general se encargó pronto de acallar las voces más derrotistas con una habilidad política desconocida. Su gobierno no sería continuista sino reformista. En lugar de esperar un nuevo maleconazo (la protesta anticastrista de 1994 que el propio Fidel desbarató al presentarse en persona y disolver la concentración), Raúl fue proponiendo pequeños cambios en los modos de vida de una población exhausta tras años de austeridad económica y exigencias políticas.

El lento reformismo de Raúl y, más tarde, de su delfín político, el hoy presidente Miguel Díaz-Canel, ha generado más decepciones que esperanzas a lo largo de los últimos 15 años. En 2006 muy pocos cubanos tenían acceso a Internet. Una cuenta de correo electrónico era un objeto de deseo y un teléfono móvil, un artículo de lujo. La tímida apertura del régimen ha permitido un progresivo acceso de los ciudadanos a la Red. Era pues cuestión de tiempo que la creciente conectividad engarzara con el malestar de amplios sectores de la sociedad ante una crisis económica crónica, agravada por la pandemia.

En el hastío por un presente desolador y un futuro nada prometedor está el germen de las marchas del domingo. A diferencia de otras épocas en las que una protesta se localizaba en un lugar concreto y enseguida era aplacada por las autoridades sin que el resto del país se enterara, hoy Internet funciona como un altavoz difícil de silenciar. Las manifestaciones comenzaron en San Antonio de los Baños, un tranquilo pueblo próximo a La Habana y célebre por albergar la escuela de cine internacional. Y se reprodujeron en la otra punta de la isla, en el municipio de Palma Soriano, enclavado en ese oriente cubano donde arraigó la Revolución en los años 50 del siglo pasado. Y de ahí al mismo corazón de La Habana Vieja. La escasez de productos básicos y el preocupante aumento de los contagios por coronavirus han espoleado el descontento ciudadano. Las redes sociales han hecho el resto: convertir ese rechazo en un evento masivo.

Si la extensión de la protesta es fruto de la implantación de Internet en la isla, la primera respuesta del régimen parece extraída de los tiempos de la Guerra Fría. En su primera alocución televisada, Díaz-Canel volvió a culpar a Estados Unidos de la precaria situación económica de la isla. El embargo que todavía impone Washington a La Habana estaría en la raíz de un estallido social que, según el mandatario cubano, podría servir de excusa para una intervención extranjera.

Es incuestionable el daño económico y comercial que el bloqueo estadounidense ha causado en Cuba desde los años 60. Un perjuicio que se recrudeció en tiempos de Trump al dejar atrás la etapa del deshielo fomentada por Obama. Pero el malestar social ya no se circunscribe a la penuria económica. Lo demostraron a finales del año pasado los colectivos de artistas e intelectuales (San Isidro, 27-N), y lo expresaron este domingo los miles de manifestantes que gritaban "libertad". En ambos casos, las redes sociales fueron cruciales. Muchos jóvenes tienen hoy acceso a Facebook, Twitter o Instagram y se informan a través de estos canales de lo que ocurre en cualquier rincón del país.

El régimen debería prestar atención a ese cambio de época. Sin embargo, la retórica castrense no ha desaparecido del Palacio de la Revolución: "La orden de combate está dada", se despachó Díaz-Canel al llamar a los "revolucionarios" a tomar las calles. Es posible que la Policía y las brigadas parapoliciales puedan contener más protestas callejeras con represión y detenciones masivas. Pero aquellos que han salido a las plazas exigiendo una vida más digna, hartos de los apagones y de la escasez de productos de primera necesidad, aquellos que también demandan más libertad a un régimen enrocado en el pasado, cuentan con una herramienta nueva para potenciar su descontento. La protesta se ha hecho viral en Cuba. Las redes sociales van a modificar (ya lo están haciendo) las relaciones entre el poder y la ciudadanía. El combate debería ser dialéctico.

 

Por César G. Calero

Periodista. Ha sido corresponsal en México, Centroamérica, Cuba y Argentina.

12/07/2021


Cuba: malestar e injerencismo*

Miles de cubanos se manifestaron el domingo pasado contra el desabasto de artículos básicos, la carestía y los cortes intermitentes de la energía eléctrica, entre otras demandas. De manera completamente inusual en los actos de protesta que tienen lugar en la isla, durante las marchas se registraron saqueos de tiendas y ataques contra patrullas de policía, así como detenciones violentas de quienes causaban desmanes.

En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel se apersonó en la protesta realizada en la localidad de San Antonio de los Baños para escuchar las demandas de la población y explicar los motivos de las estrecheces que aquejan al país. El mandatario reconoció que no todos los manifestantes son "contrarrevolucionarios ni mucho menos", sino personas "insatisfechas", pero también denunció la campaña de desestabilización urdida por la mafia cubanoestadunidense, y sostuvo que "quienes alientan esas manifestaciones no quieren el bienestar de la gente, sino la privatización de la salud y la educación, el neoliberalismo".

Sería pueril negar que en ese país, como en muchos otros, existe un sector social descontento con las autoridades y decidido a tomar las calles para plantear sus exigencias; es sabido, por otra parte, que este malestar se ha exacerbado y ampliado a consecuencia de la prolongada pandemia que mantiene paralizado el turismo, una de las principales fuentes de ocupación e ingresos en la isla; por otra parte, es claro que las dificultades que experimentan millones de cubanos se origina, en parte, en las ineficiencias del gobierno y en las inercias burocráticas.

Sin embargo, supondría una enorme ingenuidad creer que no hay una promoción de estas manifestaciones desde Washington y Miami, y resultaría absurdo ignorar el peso que han tenido en la gestación de este enojo social las seis décadas del bloqueo estadunidense contra la isla, toda vez que esta brutal y permanente violación a los derechos humanos de todos los cubanos está expresamente diseñada para generar malestar contra el régimen y doblegarlo mediante el hambre y la carencia generalizada.

En las actuales circunstancias, la hostilidad de Estados Unidos contra La Habana se inserta, además, como una fuerza extraña que enturbia los legítimos reclamos de la sociedad cubana y oscurece el entendimiento de sus malestares.

Por ello, el llamado del presidente Joe Biden a que el gobierno cubano "atienda a las necesidades" de su pueblo en este momento vital resulta de una perversidad inaudita: es el bloqueo estadunidense y no las autoridades cubanas lo que impide a la isla adquirir los insumos básicos para lidiar con la pandemia, y la primera medida para terminar con el "sufrimiento económico" que denuncia el político demócrata pasa por levantar el embargo que mantiene maniatados al comercio y las finanzas cubanas desde hace más de medio siglo.

Está claro que la única actitud sensata ante las dificultades que enfrenta la isla es dejar que sean los propios cubanos quienes decidan qué quieren hacer con su país. Como lo expresó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación del pueblo cubano no debe utilizarse para intervenir en los asuntos internos una nación independiente, libre y soberana, a cuyos gobierno y ciudadanos corresponde buscar una salida mediante el diálogo.

*Editorial diario La Jornada, México, martes 13 de julio/2021

 

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El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel (c) camina acompañado por simpatizantes por una calle del pueblo San Antonio de los Baños (Cuba).. Imagen: EFE

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este domingo en vivo en cadena de radio y televisión nacional.

Versión no oficial de las palabras de Díaz-Canel:

Hemos sido honestos, hemos sido diáfanos, hemos sido claros y en cada instante hemos ido explicando a nuestro pueblo las complejidades de los momentos actuales. Les recuerdo que hace más de un año y medio cuando se iniciaba el segundo semestre del año 2019 tuvimos que explicar que íbamos a una coyuntura difícil. Esto se tomó como parte del humor popular y hemos permanecido como parte de esa coyuntura a partir de todas las señas que estaba dando el gobierno de los Estados Unidos, encabezados por la administración Trump con relación a Cuba.

Empezaron a recrudecer una serie de medidas restrictivas, de recrudecimiento del bloqueo, de persecución financiera en contra del sector energético con el objetivo de asfixiar nuestra economía y que eso provocara el anhelado estallido social masivo, que siembre las posibilidades para con toda la campaña ideológica que se ha hecho, poder llamar a la intervención humanitaria que terminan en intervenciones militares y en injerencias, y que afectan los derechos, la soberanía y la independencia de todos los pueblos.

Esa situación continuó, luego vinieron las 243 medidas que todos conocemos y por último se decide incluir a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, una lista espuria, ilegítima y unilateral que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos, creyéndose los emperadores del mundo. 

Muchos países se someten de golpe a estas decisiones, pero hay que reconocer que otros no permiten que se les imponga. Todas estas restricciones propiciaron que al país se le cortaran de inmediato varias fuentes de ingreso de divisas como el turismo, los viajes de cubanos-americanos a nuestro país y las remesas. Se hizo un plan para desacreditar las brigadas médicas cubanas y las colaboraciones  solidarias que presta Cuba que por esa colaboración ingresaban una parte importante de divisas.

Todo esta situación provocó una situación de desabastecimiento en el país, sobre todo de alimentos, medicamentos, materias primas e insumos para poder desarrollar nuestros procesos económicos y productivos que a la vez tributan a las exportaciones. Están cortados dos importante elementos la capacidad de exportación y la capacidad de invertir recursos. Y desde los procesos productivos desarrollar bienes y servicios para nuestra población. 

También tenemos limitaciones limitaciones en combustibles y piezas de repuesto y todo esto ha provocado un nivel de insatisfacción, unido a problemas acumulados que nos hemos podido resolver y que venían desde el periodo especial unido a una feroz campaña mediática de desacreditación como parte de la guerra no convencional que trata de fracturar la unidad entre partido-estado y pueblo; que trata de poner al gobierno como insuficiente e incapaz de proporcionar bienestar al pueblo cubano y que pretende enarbolar desde una posición del gobierno de los Estados Unidos que con ellos se puede aspirar al progreso de un país como el nuestro. 

Esas son consabidas recetas hipócritas, discursos de doble rasero que los conocemos muy bien en toda la historia de los Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cómo intervinieron en nuestro país, cómo se apropiaron de nuestra isla en 1902, cómo mantuvieron una dominación de nuestra isla en la etapa de la seudorepública y cómo esos intereses fueron golpeados por la Revolución cubana en su triunfo?

Les ha molestado mucho durante 60 años el ejemplo de la Revolución cubana y constantemente han estado arreciando. Han aplicado un bloqueo injusto y criminal, y cruel, recrudecido ahora en condiciones de pandemia y ahí está la perversidad manifiesta, la maldad de todas esas intenciones. Bloqueo y acciones restrictivas que nunca han tomado contra ningún otro país, ni contra los que ellos consideran sus principales enemigos. 

Por lo tanto, ha sido una política de saña contra una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia,  su soberanía y construir con autodeterminación su sociedad de acuerdo a los principios que más de un 86 % de la población ha apoyado en el ejercicio amplio y democrático que sostuvimos hace algunos años para aprobar la actual Constitución de la República de Cuba.

En medio de esas condiciones viene la pandemia, una pandemia que no ha afectado solo a Cuba, sino a todo el mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Ha afectado a los países ricos y hay que decir que ante esta pandemia ni Estados Unidos ni esos países ricos tuvieron toda la capacidad para enfrentar sus efectos en sus inicios, y en muchos de esos países de primer mundo, con muchas más riquezas, colapsaron los sistemas de salud, las salas de terapia intensivas. Los pobres fueron desfavorecidos porque no existen políticas públicas orientadas al pueblo para su salvación, y tienen indicadores con relación  al enfrentamiento de la pandemia que tienen peores resultados que los de Cuba en muchos casos.

Así fuimos avanzando, fuimos controlando brotes y rebrotes, con una capacidad tremenda de sacrificio de nuestro pueblo, de nuestros científicos, de nuestro personal de la salud y ha estado casi todo el país involucrado en ello. Se han creado cinco candidatos vacunales, de las cuales ya han una reconocida como vacuna y que es la primera latinoamericana. Ya Cuba está vacunando a su población. Es un proceso que toma tiempo. Hay que producir las vacunas, pero en estos momentos tenemos una de las razones de vacunación más altas del mundo y en pocas semanas hemos superado el 20 % de vacunación de la población, un proceso que continúa.

En los últimos meses han empezado a circular cepas que son más agresivas y provocan más transmisión de la enfermedad. En medio de esa situación es que empiezan a aparecer un grupo de complicaciones. En primer lugar, los casos ocurren con una velocidad y acumulación que supera las capacidades que hemos podido crear para atender en instituciones estatales a estos casos. Por otra parte hemos tenido que acudir a abrir capacidades en otros centros y al abrir más número de centros, a los cuales también tenemos que darles una prioridad energética aún en medio de problemas energéticos acumulados que nos han provocado apagones, la cantidad de circuitos que tenemos que proteger para que se atiendan los pacientes de covid provoca que sean  más los circuitos que quedan con posibilidades de hacer apagones molestos, pero necesarios, porque tenemos que restablecer nuestras capacidades de generación eléctrica. Ello ha ocurrido en estos días y ha provocado irritación, incomprensión, preocupaciones y afectaciones a la población.

Al tener más enfermos, hay más consumo de medicamentos, y también nuestras reservas de medicamentos se van agotando, las posibilidades de adquirirlos son muy difíciles. En medio de todo eso seguimos con voluntad, pensando en todo, trabajando para todos. Ahora tenemos que ir a la experiencia del ingreso domiciliario ante la falta de capacidades en un grupo de provincias, y hemos tenido que convocar a la familia para que tengan una participación más directa, responsable; y uno no se cansa de admirar en medio de esta situación esa capacidad de resistencia creativa que tiene nuestro pueblo. Y cómo con estos valores, si nos acompañamos de responsabilidad y de unidad, en el menor tiempo posible con vacunación y con comportamiento responsable, cumpliendo las medidas higiénico sanitarias, el aislamiento social y el distanciamiento físico, saldremos más temprano que tarde de este pico pandémico que no es solo un caso cubano.

Cuba lo que logró fue postergar este pico pandémico en el tiempo con todo  lo que hicimos, y también en el menor tiempo lo superaremos, y así es como lo hemos ratificado en estos días en nuestros recorridos por las provincias para puntualizar todas las estrategias de enfrentamiento a la pandemia.

De manera muy cobarde, sutil y oportunista y perversa,  a partir de las situaciones más complicadas que hemos tenido en provincias como Matanzas y Ciego de Ávila estos que siempre han estado aprobando el bloqueo y que sirven como mercenarios de la calle del bloqueo yanqui, empiezan a aparecer con doctrinas de ayuda humanitaria y de corredor humanitario. Todos sabemos de dónde vienen.

Para fortalecer el criterio de que el gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación, como si ellos estuvieran tan interesados en que se resolvieran los problemas de salud de nuestro pueblo. 

Si quieren tener un verdadero gesto con Cuba, si quieren preocuparse con el pueblo, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? ¿Qué fundamento legal y moral tienen sostiene que un gobierno extranjero le aplique esa política a un país pequeño en medio de situaciones tan adversas.

¿Eso no es genocidio, eso no es crimen de lesa humanidad? Se enarbolan criterios de que somos una dictadura, un dictadura que se preocupa por darle a toda su población salud, que busca el bienestar para todos, que  en medio de estas situaciones es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todos, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna cubana, porque sabíamos que nadie nos iba  vender vacunas y no teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. ¿Qué dictadura más extraña?

Ahora vociferan que somos asesinos ¿Dónde están los asesinados en Cuba ?¿dónde están los desaparecidos?

Porque los otros países que han sufrido estos eventos de picos pandémicos no fueron en la prensa atacados y a eso no se les puso como solución la intervención humanitaria, ni se les armaron estas campañas de descrédito que han querido armar contra nosotros.

La vida, la historia y los hechos demuestran que está detrás de todo esto: que es asfixiar y acabar con la Revolución y para eso están tratando de desalentar a nuestro pueblo de confundir. Cuando las personas están en condiciones severas como las que estamos viviendo, ocurren hechos como los que vimos hoy  en San Antonio de los Baños.

En San Antonio de los Baños, un grupo de personas se concentró en uno de los parques más céntricos de la ciudad para protestar y reclamar. ¿Quiénes eran esas personas? los componían personas de pueblo que están viviendo parte de las carencias y dificultades, lo hicieron personas revolucionarios que pueden estar confundidas y que puede que no tengan todos los argumentos o que estaban expresando sus insatisfacciones.

Esos dos grupos de personas lo hacían de una manera distinta y buscaban un argumento y pedían una explicación. Lo primero que decían era “yo soy revolucionario” “yo apoyo a la Revolución”.

Esto estaba encabezado por un grupo de manipuladores que se estaban prestando a los designios de esas campañas que salieron en las redes sociales. El famoso SOSMatanzas o SOSCuba, el llamado al cacerolazo para que en varias ciudades de Cuba hubiera manifestaciones de este tipo y existieran disturbios sociales.

Esto es muy criminal, muy cruel, sobre todo en este momento donde debemos de lograr que las personas estén en las casas que están recogidas, que están protegiéndose. Con la moral que da la Revolución, los revolucionarios de San Antonio de los Baños, las autoridades de la provincia, un grupo de compañeros de la dirección del país nos presentamos a San Antonio de los Baños.

Esa masa de revolucionarios se enfrentó a los contrarrevolucionarios y hablamos con los revolucionarios y algunos que pueden ser no revolucionarios pero que estaban pidiendo argumentaciones. Después marchamos y recorrimos el pueblo para demostrar que en Cuba la calle es de los revolucionarios.

Mientras eso está ocurriendo sabemos que hay otras localidades del país, donde grupos de personas en determinadas calles y plazas se han concentrado movidas también por esos propósitos tan malsanos.

Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución en todos los lugares», señaló Díaz-Canel.

Las calles son de los revolucionarios y el Estado tiene toda la voluntad política para dialogar, pero también para participar, agregó.

No vamos a entregar la soberanía, ni la independencia de esta nación», dijo. Tienen que pasar por encima de nuestro cadaver si quieren tumbar la Revolución.

11 julio 2021

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Movilización en La Habana ayer contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a quien reprocharon el desabasto de alimentos, la carestía y los cortes de luz en plena pandemia. El gobernante respondió que quienes alientan estas manifestaciones quieren la privatización de la salud y la educación. Foto Afp

"Esos que nunca se han opuesto al bloqueo ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus", sostuvo el líder cubano. 

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, denunció que, en las inéditas protestas de este domingo contra el gobierno, hubo una intromisión de Estados Unidos con la intención de "legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus". El jefe de Estado habló luego de la marcha de miles de personas en varias ciudades de la isla que criticaron, en especial, el accionar del Ejecutivo en el manejo sanitario de la pandemia. 

"Son acciones de desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia", dijo Díaz Canel luego de realizar una recorrida por San Antonio de los Baños, un pueblo próximo a La Habana y uno de los epicentros de las movilizaciones. 

"De manera muy sutil, esos que nunca se han opuesto al bloqueo (el embargo económico decretado por Estados Unidos en 1962) ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus", sostuvo Díaz Canel. "Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares", subrayó el mandatario en un mensaje televisado.

Protestas y vacunas

Este domingo miles de personas marcharon por las calles de varias ciudades de Cuba. El malestar social tuvo como eje la problemática sanitaria por la pandemia de coronavirus. La primera marcha se registró en San Antonio de los Baños, un pueblo rural de 34 mil habitantes perteneciente a la provincia de Artemisa. Es conocido sobre todo porque en sus inmediaciones funciona la Escuela Internacional de Cine y Televisión creada en 1986 bajo el estímulo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que presidía por entonces el escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Las protestas se replicaron en otras localidades de Cuba como Güira de Melena y Alquízar en la provincia occidental de Artemisa, Palma Soriano en la oriental Santiago de Cuba, Cienfuegos y La Habana. Aunque con menos afluencia, también se registraron movilizaciones en las embajadas cubanas en Buenos Aires y Montevideo. 

Es la primera vez que un grupo grande de cubanos sale a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso "Maleconazo" de 1994, durante la presidencia de Fidel Castro. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, no quiso perderse la ocasión para manifestar su apoyo a los manifestantes. "Desde Venezuela, reiteramos nuestro respaldo a todo el movimiento pro-democracia en Cuba. Nos une la lucha por vernos libres y democráticos", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

Desde que empezó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, los cubanos están obligados a hacer largas filas para abastecerse de alimentos y medicamentos, lo que generó un creciente malestar social. La protesta se produjo en una jornada en la que Cuba volvió a batir su récord diario de contagios y muertes por covid-19, con 6.923 y 47 en las últimas 24 horas, respectivamente. Estas cifras llevan a un total acumulado, desde el inicio de la pandemia, de 238.491 infectados y 1.537 fallecidos, según el ministerio de Salud Púbica.

"Son cifras alarmantes, que se incrementan por día", afirmó el jefe de Epidemiología de esa cartera, Francisco Durán, al reportar en conferencia de prensa las últimas estadísticas. Pese al aumento de casos, en el gobierno cubano confían en el proceso de vacunación para amainar la situación epidemiológica.

Días atrás se conoció que una de las vacunas desarrolladas por Cuba contra el coronavirus, la Soberana 02, alcanzó una eficacia del 91,2 por ciento con la aplicación de sus tres dosis. Además de esa vacuna los científicos cubanos también desarrollaron con buenos resultados la Abdala, otra de las inoculaciones anticovid creadas por el país caribeño.

12 de julio de 2021

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Viernes, 01 Mayo 2020 06:40

Maduro camina en un campo minado

Disturbios y saqueos en Upata, Venezuela. / Foto: RRSS

¿Se avecina una insurrección popular en Venezuela?

 

Con la crisis petrolera y el desplome de las remesas que los emigrantes venezolanos envían a su país, el presidente Nicolás Maduro ve temblar el piso bajo sus pies. Saqueos y protestas, ocasionados por el aumento del costo de los alimentos y la escasez de combustible, desafían la cuarentena.

Desde Caracas

No sólo Trump y Bolsonaro están en aprietos. El gobierno venezolano ha entrado en un campo minado que podría explotar sin necesidad de intervención extranjera alguna. Durante los últimos días se registraron protestas en diversos lugares de la geografía nacional: Upata (suroriente), Cumaná y Margarita (oriente), Maracaibo y Barquisimeto (occidente) y Valles del Tuy (centro norte). El aumento del costo de los alimentos parece ser el principal factor de descontento. Por las redes sociales se pueden observar marchas, saqueos, enfrentamientos con policías y militares, heridos de bala y otras situaciones tumultuarias. Todo ello a pesar de las restricciones de movimiento debido a la cuarentena, decretada el 17 de marzo y vigente hasta el 12 de mayo.

SIN GASOLINA NI REMESAS.

A fines de marzo, cuando la pandemia comenzaba a azotar Estados Unidos, Donald Trump decidió radicalizar el régimen de sanciones contra Venezuela y poner precio a las cabezas de Maduro y varios funcionarios de su gobierno. Washington movilizó incluso una flota militar cerca de las costas venezolanas para “combatir el narcotráfico”.

Por la misma fecha y de forma súbita, la petrolera rusa Rosneft se fue de Venezuela, obligada por las sanciones estadounidenses. Aunque la empresa simplemente traspasó sus acciones a otra estatal rusa, el mayor problema para Moscú y Caracas estriba en los precios internacionales del crudo: ya en esas fechas –y antes de la histórica caída de los precios a valores menores a cero registrada la semana pasada– la mayor parte del petróleo venezolano se vendía a apenas 10 dólares el barril, como consecuencia de la guerra de precios desatada por Arabia Saudí antes de la expansión mundial del coronavirus.

La impresionante baja de los precios internacionales del crudo acentúa los problemas de liquidez del Estado y podría ocasionar así un colapso de la política de asistencia alimentaria desarrollada por el gobierno, de la que viven los sectores más empobrecidos. Por si fuera poco, mientras afuera sobra petróleo, adentro falta combustible: en las últimas semanas la escasez de gasolina sacudió Caracas y vastos sectores productivos se paralizaron. La producción de combustible apenas alcanza para mantener en marcha lo poco de transporte público que sigue en funcionamiento a pesar de la cuarentena. Lo que es peor, Venezuela carece de un sistema ferroviario a la altura de sus necesidades y es fuertemente dependiente del transporte de camiones a gasolina para llevar comida y enseres básicos a las ciudades.

A esto se suma el problema de las remesas. Desde que en 2016 se disparó la emigración de venezolanos de todas las clases sociales, el envío de dinero de los trabajadores en el exterior permitió aligerar la situación económica de muchas familias, especialmente en los sectores de menores recursos con parientes en Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Según estimaciones como la de la consultora económica venezolana Ecoanalítica, el año pasado las remesas eran el principal ingreso no petrolero de Venezuela. Economistas como Jesús Casique esperaban que el monto para 2020 ascendiera a los 6,000 millones de dólares (véase “¿Estabilización o desmantelamiento?”, Brecha, 13-III-20). Comenzadas las cuarentenas y otros mecanismos sanitarios similares en la región, miles de emigrantes venezolanos que formaban parte del eslabón más débil de la cadena laboral perdieron su empleo y en algunos casos su hogar, lo que disminuye, cuando no anula, su capacidad para enviar remesas.

EL CORONAVIRUS COMO PANTALLA Y AMENAZA.

A pesar de estos factores, la pandemia permitía que Maduro se mostrara como garante de la gobernabilidad en contraposición a Juan Guaidó. El presidente autoproclamado nunca supo cómo enfrentar la coyuntura sanitaria y económica actual, obligado como está por sus impulsores internacionales a simular una presidencia que no puede llevar a la práctica por carecer del aparato estatal. El lugar de un jefe opositor que cree una estrategia para aglutinar el malestar y avanzar hacia la toma del poder político permanece vacío.

Maduro ha jugado entonces a sobreexponer en sus discursos la amenaza planteada por el coronavirus, aprovechando la alarma mundial. Pero, tras seis semanas de cuarentena general y con poco más de 300 casos y apenas diez muertos confirmados, el coronavirus aparece en la calle como un tema mediático, mientras que el hambre ya es real. Según un informe de fines de febrero del Programa Mundial de Alimentos de la Onu, un 32,3 por ciento de la población venezolana padecía entonces de inseguridad alimentaria. Un 7,9, más de 2 millones de personas, sufría de inseguridad alimentaria severa. Con la cuarentena y el desplome del petróleo y las remesas, la situación empeora de forma alarmante.

Todavía puede haber algo peor: tras el regreso masivo de venezolanos desde los epicentros de la pandemia en la región (Brasil, Ecuador y Perú), el coronavirus podría escaparse del control de las autoridades justo cuando el sistema de salud venezolano se encuentra en una situación de crisis estructural (véase “Al borde del desastre”, Brecha, 2-IV-20). Si bien el gobierno ha activado importantes protocolos de cuarentena para neutralizar esta amenaza, la larga frontera terrestre con Colombia y Brasil, salpicada de cruces ilegales, es un factor de peligro justo en momentos en que los sectores más desfavorecidos piden flexibilizar las medidas y “reabrir” la economía. Ya han comenzado a sucederse medidas en este sentido, como la autorización oficial del viernes pasado de que niños y ancianos salgan a la calle una vez a la semana, y la tolerancia oficiosa de algunos sectores laborales no esenciales.

LA GRAN PREGUNTA.

Jugados todos esos numeritos, surge la pregunta de hasta cuándo aguantarán los sectores sociales más perjudicados por la crisis y si es posible un estallido que cambie el balance de poder en Venezuela. Sin embargo, las protestas y los saqueos de los últimos días han ocurrido de manera descoordinada, sin mayor planificación, y no existe, por el momento, ningún actor político que pueda aprovechar la situación.

Por otra parte, Maduro ya ha demostrado ser un maestro en desactivar terrenos minados. Primero, debe tenerse en cuenta que aún recibe ayuda internacional, así sea coyuntural, de aliados como Irán y Rusia para enfrentar la escasez de gasolina e incluso intentar reabrir algunas refinerías. Segundo, la eventual apertura poscuarentena de las economías de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil permitiría la reinserción de los emigrantes venezolanos y el consecuente repunte de las remesas. Tercero, la actual cotización al alza del oro, un nuevo ingreso importante para el país, también favorece al gobierno.

En circunstancias similares, como las de las crisis de 2014 y 2017, la estrategia de Maduro para permanecer en el poder ha sido ganar tiempo y mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. En esto último cuenta a su favor el aumento de los ataques internacionales, las sanciones y la criminalización (ahora como narcotraficantes) contra quienes podrían romper la cadena de mando.

Es muy factible, sin embargo, que en los próximos meses veamos un aumento de los saqueos y las protestas, un aumento de las demostraciones de malestar militar y policial, e incluso nuevas y más duras sanciones estadounidenses. De todos modos, las insurrecciones por goteo no se han mostrado suficientes para desalojar al gobierno. De hecho, pueden convertirse, como sucedió en 2017, en tan sólo una válvula de escape para el malestar de la población. Al desechar, por tardía, la oportunidad de canalizar este malestar para negociar la fecha de nuevos comicios para dentro de uno o dos años, la oposición parece alejar un posible cambio de régimen. Por su parte, si Maduro logra sortear esta crisis de forma exitosa, le quedará el camino abierto para permanecer en el poder hasta al menos las presidenciales de 2024. Claro, la coyuntura siempre nos trae sorpresas y los factores explosivos mencionados pueden ser alcanzados por una chispa suicida.

30 abril, 2020

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Manifestantes en las escaleras de la mezquita Mohammed Al Amin, en la Plaza de los Mártires de Beirut, en las protestas a favor de la dimisión en bloque del gobierno de Hariri y por la formación de un Gobierno de tecnócratas independientes. Joan Cabasés Vega

El descontento con la formación de un ejecutivo al que muchos consideran atado a los partidos tradicionales e incapaz de solucionar las crisis del país saca a la calle a decenas de miles de libaneses mientras las protestas suben de tono y acumulan heridos.

El Líbano tiene nuevo gobierno y al primer ministro que lo lidera, Diab Hassan, le ha faltado tiempo para intentar acercar posiciones con los manifestantes que llevan meses pidiendo cambios estructurales. Hassan asegura que su gabinete representa las aspiraciones de los manifestantes y avanza que él y el resto de ministros trabajarán para cumplir con las demandas expresadas en la calle, como redactar una nueva ley electoral, garantizar la independencia judicial o recuperar los fondos públicos saqueados por la clase política. Pero el saludo que Diab Hassan mandó expresamente a los que están secundando las revueltas no le ha sido devuelto.

“¿Cómo se supone que debemos dar apoyo a este gobierno? Nos dicen que les demos una oportunidad, ¡pero es que ya han empezado mal!”. Aline, trabajadora de unos 50 años de edad, está plantada enfrente del cordón policial que protege el parlamento libanés, en Beirut. Llueve y no lleva paraguas, pero dice que no se moverá de la protesta. Y añade: “¿Has visto cómo se han repartido los ministerios entre ellos? Dos para tí, tres para mí... ¡Es lo mismo de siempre!”.

Aline y muchos otros en el Líbano desaprueban el nuevo Gobierno, al que consideran “una falta de respeto hacia nosotros y hacia nuestras demandas”. Desde el pasado 17 de octubre, el mayor consenso de las protestas ha sido deshacerse de la clase política que lleva décadas ocupando el poder y reemplazarla por un gabinete de especialistas independientes. Según los manifestantes, un ejecutivo formado por expertos a los que se elija por su conocimiento y no por su afiliación a los partidos tradicionales podría mejorar el futuro y reparar el pasado: acercaría el país a las políticas públicas necesarias para superar la grave crisis en la que se encuentra, y tendría la capacidad de rendir cuentas con los antiguos hombres de la guerra, en el poder desde el final de la guerra civil en 1990 y a quienes la mayoría responsabiliza del mal momento por el que pasa el país. Se les acusa de ineptos y de corruptos hasta el punto de haber dejado el Líbano en la bancarrota.


Hassan Diab, el nuevo primer ministro de un equipo que pone fin a tres meses de gobierno en funciones, asegura que el reclamado gabinete de expertos independientes es ya una realidad: “Este es un gobierno que no aspira a participar de tratos de favores y que no se verá afectado por la lucha política de los partidos”. Muchos se preguntan, sin embargo, hasta dónde puede llegar la libertad de movimientos de unos ministros que han sido elegidos a dedo por los partidos tradicionales.

Durante las negociaciones para formar gobierno, los seis partidos que han dado apoyo a la candidatura de Hassan Diab se repartieron la nominación de ministros para el nuevo ejecutivo. Las formaciones eligieron directamente a sus candidatos y ahora hay dudas de que estos puedan ejercer su función de forma independiente, anteponiendo los intereses de la nación a los de sus avaladores. Declaraciones como las del nuevo ministro de Obras Públicas, Michel Najjar, refuerzan esos temores: sus primeras palabras tras asumir el cargo las dedicó a Sleiman Frangieh, su avalador, antiguo líder militar durante la guerra civil y actual cabeza del partido derechista y cristiano Marada, agradeciéndole que lo hubiera nominado durante las negociaciones.

Los manifestantes pedían un gobierno con caras nuevas, y en cierta manera las han tenido. Pero que vengan patrocinadas por la misma clase política a la que se le pide que se vaya, hace temer que trabajen con las manos atadas y que no tengan la habilidad de rendir cuentas con los que habrían saqueado el estado durante 30 años.

Un gobierno con poca esperanza de vida

Puede que los ministros del Gobierno de Hassan Diab no tengan la posibilidad de actuar libremente —hay quien los define como empleados de los partidos tradicionales—, pero este nuevo ejecutivo tiene otras características que de buen comienzo le hacen prever un camino inestable. Muchos ven su mayor escollo en su composición: las seis formaciones que han acordado impulsar este Gobierno —y que han nominado a los supuestos ministros independientes— son parte de un único lado del dividido espectro político libanés. Es la vertiente liderada por Hezbolá, grupo político y militar de confesión musulmán chií, en alianza con otras formaciones, tanto chiíes como de otras confesiones.

Al Gobierno anterior, que pasó a estar en funciones cuando el 29 de octubre su primer ministro Saad Hariri renunció ante las primeras semanas de protestas, se le conocía como un gobierno de unidad. Contaba con representación de Hezbolá y de sus aliados, que de hecho llevaban la voz cantante del ejecutivo, pero también de formaciones que ahora han quedado fuera y que pertenecen a la otra gran alianza. Con la exclusión de partidos como el Movimiento Futuro o el Partido Socialista del Progreso, el nuevo Gobierno de Hassan corre el riesgo de perder apoyos tanto dentro como fuera del país. Internamente, muchos ciudadanos de confesión musulmana sunní y drusa pueden dejar de respaldar un Gobierno en el que ya no participan los partidos con los que se sienten identificados. De puertas afuera, el Líbano puede perder conexión con Occidente y Arabia Saudí, zonas hacia donde proyectan su influencia algunos partidos salientes.


Este puede ser un hecho determinante en un momento en el que las autoridades libanesas reclaman una inyección extranjera de varios miles de millones de dolares para que el país tire para adelante. Con la tensión entre Estados Unidos e Irán todavía en un punto alto, se percibe difícil que Washington se anime a colaborar con un gobierno liderado —hoy todavía más que antes— por Hezbolá, grupo político inspirado en Teheran.

De todos modos, muchos manifestantes se niegan a pedir ayuda a donantes internacionales. “¿Ahora queréis traer dinero de fuera después de habérnoslo robado?”, decía un hombre de unos 40 años en unas protestas recientes. “No queremos dinero extranjero, ¡queremos que nos devuelvan el nuestro!”. A finales del mes de diciembre saltó una noticia que no ayudó a calmar los ánimos: el poder judicial libanés iniciaba una investigación para comprobar si es cierta una supuesta transferencia por valor de dos mil millones de dólares a una cuenta suiza. La notificó un funcionario suizo asegurando que iba a cargo de “nueve políticos libaneses”. De confirmarse el movimiento, el capital transferido sería la mitad de los cuatro mil millones de dólares que el nuevo Gobierno libanés pide hoy a la comunidad internacional para financiar la compra de trigo, combustible y medicamentos.

La economía del Líbano, mientras tanto, va en caída libre: en los últimos meses, la lira libanesa ha perdido un 40% de su valor en relación al dólar y los trabajadores del sector privado han dejado de percibir alrededor de la mitad de su salario. Los bancos aplican control de capitales —se pueden extraer 300 dólares semanales como máximo— y el Banco Mundial advierte que de seguir así las cosas, la cantidad de libaneses que viven por debajo del umbral de la pobreza podría escalar del 30% al 50%.

Y un dato más: según la Base de Datos de la Desigualdad Mundial, el 0,1% de ciudadanos libaneses tiene el mismo dinero que la mitad más pobre del país.

Las protestas suben el tono

El sábado 25 de enero, las fuerzas de seguridad y el ejército se desplegaron ampliamente y volvieron a disparar gases lacrimógenos y cañones de agua contra manifestantes para dispersarlos tanto en el centro como también en otros puntos de Beirut. En su cuenta de Twitter, y ante la presencia de algunos disturbios, la policía libanesa advirtió que “los manifestantes pacíficos” debían abandonar la zona donde se celebraba la concentración “por su seguridad”, para más tarde anunciar que cualquier persona que permaneciera en el lugar sería arrestada.

La tensión alrededor del nuevo Gobierno llega justo después de lo que podría ser un punto de inflexión en las calles. En el pasado fin de semana se dieron las escenas de más violencia desde que las manifestaciones empezaron hace tres meses. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma directamente contra manifestantes, mientras que muchos de estos asistían a las protestas con piedras y palos. El domingo terminó con más de 400 personas heridas y organizaciones como Amnistía Internacional documentaron “diversas violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y otro tipo de maltratos”. Entre las personas heridas hubo asfixias y extremidades rotas y al menos dos personas perdieron la visión en un ojo.

Los periodistas también denunciaron. Durante esos mismos días anteriores al anuncio del nuevo Gobierno, organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como Samir Kassir Eyes o el Comité de Protección de Periodistas, registraron una veintena de ataques contra periodistas y fotógrafos que estaban cubriendo las protestas. La entonces ministra de Interior en funciones del anterior ejecutivo, Raya El Hassan, aseguró que no había dado ordenes de atacar a los manifestantes ni a la prensa y que tampoco sabía quién lo había hecho. Tal cosa preocupa a los sindicatos periodísticos, ya que aseguran que “refuerza el temor relacionado con la ausencia de atribución de responsabilidades en un país en el que la impunidad de los perpetradores de crímenes contra periodistas es la norma”.

Los que se manifiestan tampoco comparten una misma visión y eso podría complicar las cosas. Algunos dicen que no dejarán de protestar hasta que el Líbano sea un estado civil; otros están descontentos con la banca porque la acusan de aplicar el control de capitales para aumentar la tensión contra Hezbolá y sus aliados; hay quien está disconforme porque su partido ha quedado fuera del nuevo Gobierno y aún hay diversas sensibilidades más.

Lo dice el analista Heiko Wimmen en su publicación en Crisis Group: “Que unas fuerzas de seguridad cabreadas y con un sueldo a la baja tengan que controlar multitudes de ciudadanos cabreados y con un sueldo también a la baja —especialmente después de los recientes enfrentamientos que han encendido el resentimiento mutuo— es una receta para el desastre”.

Por Joan Cabasés Vega

2020-01-27 10:09

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Cinco apuntes sobre el paradójico tiempo político latinoamericano

2020, ¿dónde están los horizontes?

Después del declive del período progresista, 2020 revela la evolución de un convulso y amenazante nuevo tiempo político para América Latina. Pero este tiempo particular es lo menos cercano a un tiempo lineal y predecible. Es en cambio, un tiempo extraño, amorfo, fragmentado, volátil. Y también paradójico, porque al mismo tiempo, de esta extraordinaria crisis que vivimos brotan nuevas subjetividades, solidaridades, pulsiones de vida y emancipación, nuevas formas de hacer política. Proponemos cinco apuntes preliminares que, sin pretensión de completud o prescripción, buscan sumar al crucial debate latinoamericano.

El lustro que se va cerrando en este 2020 revela la evolución de un convulso y amenazante nuevo tiempo político para América Latina, después del declive del período progresista. Tiempo en el que se ven agudizarse las contradicciones sociales, económicas, políticas, geopolíticas, territoriales y ambientales. ¿Quién no fue estremecido, de una u otra forma, por el 2019? No estamos sólo ante una ‘tormenta’; se nos están moviendo las placas tectónicas. Todo, a escala global, se mueve bajo nuestros pies. Y seguirá pasando. Los inicios del 2020, con cosas como los incendios en Australia o las confrontaciones bélicas en Irán, dan muestras de cómo nos la estamos jugando entre puntos de inflexión y eventos límite.

Pero este tiempo particular es lo menos cercano a un tiempo lineal y predecible. Es en cambio, un tiempo extraño, amorfo, fragmentado, volátil. Y también paradójico, porque al mismo tiempo, de esta extraordinaria crisis brotan nuevas subjetividades, nuevas solidaridades, nuevas pulsiones de vida y emancipación, nuevas formas de hacer política. El que ha sido entendido como un tiempo ‘distópico’, es en realidad uno profundamente paradojal.

Aún retumba la pregunta: ¿qué hemos aprendido de la experiencia progresista reciente? Son reflexiones necesarias, vitales. Pero el frenético cambio de época actual nos desborda y en la marcha nos exige también tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo ahora; hacia qué escenarios nos estamos insertando; cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos, y con qué potencialidades y posibilidades contamos.

Proponemos algunas reflexiones, que en realidad son parciales, preliminares, experimentales y en cierta forma fragmentadas sobre los actuales tiempos en América Latina. Buscan sumar al debate, sin ninguna pretensión de completud o prescripción. Son cinco apuntes que apenas buscan cartografiarnos, y que se unen a una cadena de voces, pensares y sentires que navegan este bravo río nuestroamericano.

  1. Nuevo tiempo político: inestabilidad y neoliberalismo de tercera generación

Algunos en los últimos meses/años han anunciado lo que sería el surgimiento de un “nuevo ciclo” o “ nueva ola ” progresista (en buena medida motivado por la llegada de AMLO en México y Fernández en Argentina, junto a otras figuras político-partidistas emergentes en otros países); otros en cambio, plantearon la llegada de una ola arrasadora de las derechas, que propinaría una prolongada derrota a los progresismos y restauraría el viejo orden previo a este período. Sin embargo, el nuevo tiempo latinoamericano no parece estacionarse en una matriz ideológica dominante, en una discursividad y simbología hegemónica, o en una correlación de fuerzas consolidada. Lo que parece determinar este tiempo es la alta inestabilidad e hibridación.

Esto de ninguna manera supone decir que nos encontramos ante un nuevo ‘fin de la historia’, un vacío político o una especie de tiempo ‘post-ideológico’, pero sí nos permite pensar en al menos tres aspectos:

  1. a) que la política se ha vuelto mucho más contingente, y que esto está relacionado con diversos factores materiales y simbólicos que están en profunda crisis. El creciente descontento social, la crisis hegemónica y el descrédito de la política en general; los límites histórico-estructurales de las economías dependientes de la región; la profunda crisis de la economía global; la inestabilidad ambiental y climática. Estos y otros factores, precarizan la perdurabilidad política;
  2. b) que, en este sentido, los factores que producen conflictividad se maximizan, potenciando la actual situación; y
  3. c) que el agotamiento, descrédito y la insostenibilidad de los proyectos políticos que han sido dominantes están haciendo prevalecer un pragmatismo, sin mayores distinciones, que desdibuja aún más la diferenciación binaria izquierda/derecha y progresismo/neoliberalismo. Esto le da prevalencia a una política cortoplacista, del acontecimiento, de lo instrumental. A esto se le puede atribuir que hoy, hablemos de tiempos de ‘confusión’.

El tiempo híbrido e inestable que vivimos es por tanto un tiempo de enorme incertidumbre, atomizante, accidentado, de efectos dominó. Pero no por ello se evaporan los formatos políticos dominantes. Mutan, se fusionan, se camuflan. El progresismo no desaparece, más bien re-aparece, con la forma propia del tiempo que vivimos. Mientras Alberto Fernández afirmaba en 2019 que inauguraba la rama del “ liberalismo progresista peronista ”, el Foro de Sao Paulo se descafeína y más que hablar de la revolución, en ese año revindica en su lema cosas como la “Prosperidad” (término más propio de liberales y neoliberales).

Pero similar cosa ocurre con el neoliberalismo. Varias voces han propuesto, a raíz de las protestas contra políticas neoliberales que se han suscitado en varias partes del mundo durante 2019, que estaríamos ante el fin del neoliberalismo . Sin embargo, el hecho que este esté siendo tan contestado –en realidad lo es prácticamente desde que se comenzó a imponer– no implica necesariamente su fin, sino que también revela el terreno que ha ganado previamente, y lo que podría ser su potencial radicalización.

Esto último podría estar configurando un neoliberalismo de tercera generación: si desde los años 80 y 90 (primera generación), se logra imponer la receta ortodoxa del llamado ‘Consenso de Washington’, el cual genera grandes estallidos sociales y caídas de gobiernos; si desde la década de 2000, se abre el camino a lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’ (segunda generación), que en cambio presenta un modo heterodoxo, híbrido, más versátil y flexible de ejecutar sus políticas, combinando, por ejemplo, corporativización, desregulación o financiarización, con formas de intervención estatal, algunos mecanismos de distribución social de excedentes y formas de inclusión cultural; en la actualidad, ante la clara agudización de las tensiones y contradicciones sociales, políticas y geopolíticas de la época, y el alto nivel de contestación que genera este formato capitalista contemporáneo, se configura un cierto agotamiento de los mecanismos de poder de imposición/hegemonía neoliberal, lo que nos coloca ante la potencial conformación de un neoliberalismo extremo que, sin renunciar a sus lógicas privatizantes, mercantilizantes, desregularizadoras y corporativizantes, recurra a mucho mayores niveles e intensidades de violencia organizada y sistemática. En este sentido, queda la interrogante de si la restauración y el mantenimiento de la tasa de ganancia capitalista, la apropiación de recursos estratégicos y el control de mercados neoliberal, se posibilitaría a costa de la instalación de un régimen de guerra permanente.

  1. Regímenes de gubernamentalidad y descontento social: ¿polarización entre el estado de excepción y la revuelta?

El agotamiento de algunos mecanismos tradicionales de intermediación (estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva, sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles), sea por el socavamiento de su legitimidad o por representar un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical, ha abierto canales importantes a expresiones más extremas para dirimir los asuntos políticos: explosiones sociales, para-política y crimen organizado, migraciones masivas, militarización de la sociedad, estados de guerra y suspensión fáctica de derechos.

Además de pulsiones de libertad y rebeldía, las revueltas y movilizaciones sociales masivas del año 2019 en América Latina son también el síntoma de estas y las varias contradicciones descritas en este artículo, llevadas a un punto de ebullición. Están a flor de piel, a la vuelta de la esquina, pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en los menos pensados (como ocurrió en Chile y Colombia). Son coyunturales, ciertamente, pero llegados a este punto, son también constitutivas de este particular tiempo político.

La contracara de ello se evidencia con el desarrollo de un escenario de “situación extraordinaria” o de “emergencia”, que sirve de pilar a la normalización y permanencia de regímenes de excepción en la región . Desde hace varios años, tanto en gobiernos conservadores como en progresistas (desde el Gobierno de Bolsonaro en Brasil, pasando por el de Lenin Moreno en Ecuador, hasta el de Nicolás Maduro en Venezuela), han comenzado a proliferar normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados; aumento dramático de la militarización de la vida, así como narrativas beligerantes aludiendo al combate al ‘enemigo público’ (o cualquier otra categoría que tipifica ‘amenazas’, como la de ‘terrorista’). Las protestas de 2019 sacaron a relucir de formas más explícitas la centralidad del estado de excepción en este período político, algo que hay que entender en su más amplio sentido: no sólo como un decreto gubernamental particular para una coyuntura determinada, sino un modo de gobernabilidad permanente estructurado fundamentalmente por lógicas de guerra –y valga recordar la ya famosa frase de Sebastián Piñera en octubre de 2019 ante las protestas en Chile, “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. ¿Puede ser el estado de excepción permanente una marca del neoliberalismo de tercera generación?

Todo estos factores, y sobre todo en la medida en la que se agudicen estas contradicciones, podría configurar una polarización entre el estado de excepción y la revuelta popular. Esto no debe ser entendido como un nuevo binarismo; más bien representa los puntos de fuga extremos (desbordamiento y beligerancia) propios de estos escenarios. Tampoco nos debe remitir a pensar esto como procesos homogéneos. El estado de excepción hoy en América Latina se está desarrollando como un complejo ensamblaje de políticas, articulaciones, territorializaciones, discursos diferenciados y estados afectivos, que varía dependiendo del país y la coyuntura. Del mismo modo, la revuelta hoy se compone de actores bastante heterogéneos, con motivaciones, emocionalidades y métodos muy diferentes que no podemos sólo interpretarlos romántica y abstractamente como la ‘revolución de los pueblos’.

La cuestión es que, sea un plan o una tendencia, el estado de excepción no es una modalidad irresistible, sino que también depende de su propia viabilidad en el tiempo y de la correlación de fuerzas del momento. Y en esto es crucial el rol que han jugado la revuelta y las movilizaciones, en la medida en la que, en primera instancia rechazan directamente en las calles la opresión y el sistema de cosas imperante, y en segunda instancia, ejercen fuerza para revertir la suspensión de la democracia, abriendo camino más bien para posibilitar a esta, para expandirla y potenciarla.

  1. La condición insurrecta del nuevo tiempo: hartazgo, desobediencia y nuevas subjetividades

En medio de las diferentes formas, motivaciones e intensidades de las masivas movilizaciones latinoamericanas de 2019, podemos hallar algunos elementos compartidos a escala regional, que además son respuesta al avance de los procesos de neoliberalización y conservadurismo (propio tanto de gobiernos de derecha como de izquierda) en este nuevo tiempo político.

Un factor compartido en las protestas es una sensación de profundo hartazgo. Hartazgo de las políticas empobrecedoras neoliberales, de una corrupción absolutamente generalizada, de la imposibilidad de construir futuro para los jóvenes, de gobiernos y élites difíciles de reemplazar, de las enormes dificultades para ver materializado un cambio social. Pero es un hartazgo que debe ser entendido no sólo como uno de carácter coyuntural, sino también de más largo alcance. Es difícil poder determinar el peso diferenciado de otros factores más históricos, y mucho más en la vasta diversidad de los sujetos y grupos que se movilizan; sin embargo, es importante valorar aspectos como el efecto de desencanto producto del largo desgaste de la izquierda (proceso que podríamos ubicar a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín), lo que incluye a la fallida experiencia del período progresista latinoamericano reciente; o la sensación de colapso y pérdida de horizonte ante la crisis ambiental/climática global (que afecta principalmente a las generaciones recientes). Estos y otros aspectos más, componen este particular espíritu de hartazgo del tiempo político actual, un hartazgo que, por tanto, lo entendemos como cualitativamente diferente a aquellos del pasado.

De estas movilizaciones también se desprenden, emergen y/o evidencian nuevos códigos de lo político y nuevas subjetividades, que en muchos casos no están adscritos ni necesariamente se articulan con las narrativas y organizaciones tradicionales de las izquierdas, pero que igualmente revelan una particular e interesante politicidad de insubordinación, viralidad, contagio social y disposición al cambio (además de otras formas de organizarse, mirar y sentir la política). Estas nuevas subjetividades están presentes en mayor medida entre los grupos de jóvenes (algunos muy jóvenes); desbordan las convocatorias de los grupos de izquierda tradicional (como por ejemplo ocurriera en Colombia o Ecuador con los sindicatos) y se movilizan con dinámicas de ‘auto-convocados’ (recurriendo en buena medida a las redes sociales); y actúan con frecuencia bajo un fuerte espíritu de desobediencia, pudiendo registrarse una pérdida de miedo a la represión (lo que resalta por ejemplo en el caso de Colombia, con su brutal historial represivo; o en el caso de Chile, en donde a medida que el Gobierno arreciaba la violencia de los cuerpos de seguridad, las movilizaciones de vigorizaban más).

Todo este hartazgo generalizado puede ser muy significativo si, más que un sentir coyuntural, es la expresión del espíritu de la época. Lo es porque con la persistencia de su fuerza va agotando, socavando y haciendo caducar los modos de gobernabilidad política dominantes, las formas en las que se ejerce el poder (planteando el potencial escenario de cambio en el estado de cosas); lo es porque parece negado a subordinarse a lo mismo. No obstante, su fuerza positiva es muy heterogénea, en muchos sentidos contingente, y presenta enormes desafíos para conformar un proyecto amplio, articulado y sostenido de lo común. Está atravesada por la fragmentación propia de esta época. Y sobre todo, posee un poderoso componente nihilista, que si bien es desafiante puede también ser atomizante. Esta condición es también una expresión el paradójico tiempo político latinoamericano.

En todo caso, esta enorme diversidad del descontento también ha conseguido elementos aglutinadores en narrativas, prácticas y códigos de movimientos sociales, principalmente desde los diferentes movimientos feministas, que han logrado no sólo posicionar en los debates y políticas la defensa de derechos de las mujeres en la sociedad, y transversalizar la crítica al patriarcado en numerosos temas políticos centrales, sino también lograr, en varios países, masividad en la convocatoria y movilizaciones, convirtiéndose en referente y a la vez en horizonte de muchas de estas perspectivas de cambio que están en juego. Del mismo modo, los diferentes ecologismos latinoamericanos y las luchas de los pueblos indígenas y campesinos también han logrado permear en los imaginarios y narrativas de las demandas sociales, imprimiendo además valores y dimensiones socio-ecológicas clave para pensar la política, y visibilizando las luchas en los territorios y por los bienes comunes, que en variados casos se convierten en banderas y emblemas de las movilizaciones sociales en un país.

La gran pregunta que ha surgido, es si luego del declive del período progresista estamos ante un nuevo ciclo de luchas sociales en América Latina. Así lo parece, y de hecho, también parece estar conectado, en ciertas dimensiones constitutivas, con movilizaciones y revueltas ocurridas en otras partes del mundo como Hong Kong, Francia, Irak, Líbano, Catalunya, entre otras. Si pudiésemos hablar de un levantamiento de carácter mundial, el punto de inicio de este ciclo corto de movilizaciones podríamos ubicarlo en 2011, cuando brotaron protestas en el Sur Global, como las llamadas ‘Primaveras Árabes’, y en el Norte Global, como la de los Indignados, Occupy Wall Street entre otros. Lo que se comparte en el conjunto de estas luchas es la resistencia al efecto neoliberalizador provocado después de la Crisis Económica Mundial 2008-2009; la ampliación y fortalecimiento de una diversidad de luchas identitarias y de mecanismos de organización y acción más descentralizados (una especie de movimiento post-altermundialista), y la disposición a una comunicación viralizada y reticular que propone otra relación espacio-tiempo en las movilizaciones sociales.

  1. El malestar en la globalización tardía: ¿hacia dónde puede converger el descontento social?

El descontento masivo es prácticamente condición propia del régimen neoliberal y la globalización. Es amplio, cada vez más amplio. Pero este descontento no necesariamente garantiza, como lo pensara Marx en el siglo XIX, la inevitable revolución social y el derribo del capitalismo. Así como ocurriera en Italia, el período de enorme crisis económica en Alemania, después de la Gran Depresión de inicios de la década de los 30 del siglo XX, sería capitalizado por el nazismo, con las devastadoras consecuencias que ya conocemos. Así que, una ola de descontento puede también catapultar procesos reaccionarios.

El gran hartazgo social y la profunda crisis económica global desencadenada desde 2008/2009, allana el camino para una abierta disputa por la capitalización y canalización de todo este descontento. A pesar de que los poderes, grupos y rostros tradicionales también se mantienen en competencia, destacamos de manera general y panorámica otros actores que tienen y tendrán trascendencia en esta disputa regional:

  1. a) Iglesias evangélicas y fundamentalismos religiosos : con un notable trabajo de expansión, difusión y captación, las iglesias evangélicas y pentecostales han registrado un extraordinario crecimiento en América Latina (en unos países más que en otros), fundamentalmente entre las clases populares. Bolsonaro se catapulta a la presidencia de Brasil, a partir del apoyo de estas iglesias; la vanguardia del golpe consumado después de la renuncia de Evo Morales en Bolivia en noviembre de 2019, anuncia el regreso de la biblia al Palacio Quemado; y Nicolás Maduro en Venezuela declara en diciembre de ese año, sin pudor, su alianza con el sector evangélico y propone la creación de “ un poderoso Movimiento Cristiano Evangélico por Venezuela ”. La iglesia evangélica refresca al capitalismo individualista con una nueva teología de la prosperidad, mientras promueve una teocratización de la política, es decir, una penetración de lógicas religiosas en las prácticas de poder y organización. El tiempo de auge de diversos fundamentalismos parece evidenciar cómo podrían llenarse los vacíos que ha dejado el debilitamiento de la política secular, y su creciente incapacidad para construir horizontes emancipadores y prometedores.
  2. b) El crimen organizado : ha evolucionado notablemente en los últimos lustros, mejorando y versatilizando notablemente su disposición de armamento, tecnologías, entrenamiento y financiamiento en comparación con las fuerzas de seguridad de los gobiernos; al mismo tiempo, se ha expandido geográficamente, ha transnacionalizado su accionar, ha incrementado sus volúmenes de ingreso y se ha diversificado económicamente, y ha penetrado considerablemente instituciones estatales (en grados diversos dependiendo del país). En este marco, el crimen organizado ha ampliado notablemente su capacidad para ofrecer ingresos a la población en las economías ilícitas, ha conformado en algunos territorios sistemas de protección y asistencia social (lo que se ha dado a llamar ‘ Estados sustitutos ’) y proporciona acceso a los símbolos de status social (dinero, armas, autos, mujeres), sobre todo en la población más joven. Su expansión sobre los tejidos sociales se ha producido tanto en lugares donde el Estado ha dejado más en el abandono a la población, como en los territorios donde ha logrado penetrar más al Estado y a la política en general (principalmente en países de Centroamérica, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia). Esto último revela no sólo la relevante dimensión política del crimen organizado, sino también su potencial para producir nuevas formas de estatalidad.
  3. c) ‘Nuevas derechas’ y extremas derechas : del seno de la política latinoamericana ha surgido con fuerza un nuevo perfil de extrema derecha, que tiene en Jair Bolsonaro su principal figura. Bolsonaro, que pasó de ser un outsider a ganar rápidamente popularidad y convertirse en Presidente de Brasil, se ha caracterizado por una postura nacionalista conservadora, partidario de un Estado religioso (antisecularista), defensor de las armas y el militarismo, ultra-liberal, anti-comunista y anti-izquierda, anti-feminista y de la diversidad sexual, racista y con posiciones alineadas a los Estados Unidos. El descontento social, los errores de la izquierda, el discurso populista, el uso del miedo y el apoyo de sectores poderosos tanto económicos como religiosos, han posibilitado este vertiginoso y significativo ascenso. En numerosos países de la región, emergen figuras de similar perfil, como el empresario boliviano Luis Fernando Camacho, quien se asumió a la cabeza del movimiento para derrocar a Evo Morales en noviembre de 2019 y que es en la actualidad candidato presidencial para 2020; el ex-candidato presidencial chileno, José Antonio Kasty su movimiento Acción Republicana, quien obtuvo 8% de votos en las elecciones de 2017; u otros grupos y dirigentes que buscan crecer, aunque siguen siendo minoritarios. Cabe destacar también que una parte de las derechas latinoamericanas (que no son sólo sectores partidistas, sino también económicos, comunicacionales, académicos, etc.) se ha vuelto, en general, más flexible y adaptable a los nuevos escenarios políticos y el electorado; planteando nuevas figuras políticas (algunas de ellas jóvenes), otorgando algunas concesiones sociales, culturales y hasta ambientales (sea en el discurso o en políticas puntuales) y relaciones geopolíticas más abiertas. Estas ‘nuevas derechas’, que también se presentan como la alternativa para salir de la ‘amenaza’ del progresismo, buscan traducir y captar, de maneras más moderadas, el descontento social.
  4. d) Las izquierdas : después de la debacle del período progresista, las izquierdas buscan renovación y refrescamiento. Ciertamente, experiencias como la de Colombia Humana, el liderazgo de Gustavo Petro y diversas coaliciones locales y regionales, han logrado sumar voluntades y electores para la toma del poder del Estado en ese país; podríamos también mencionar los esfuerzos del movimiento Nuevo Perú bajo el liderazgo de Verónica Mendoza, o la oficina colectiva ‘Gabinetona’ encabezada por la diputada Áurea Carolina (Cámara Municipal de Belo Horizonte, Brasil), como otras expresiones de ese intento de refrescamiento. Coaliciones como estas y otras similares pueden ser potenciadas, en la medida en la que logren capitalizar el descontento social, traducir las nuevas expectativas o bien que se logren presentar como la ‘salida’ a lo establecido (como pasó con Alberto Fernández, quien logró concentrar parte de los votos del descontento con Macri). Sin embargo, hemos mencionado que profundos cambios también están ocurriendo en las perspectivas sociales y culturales en la región y que las izquierdas están enfrentado un importante proceso de agotamiento que tiene que ser discutido y asumido. El entrampamiento permanente en el reformismo (cuando estas fuerzas llegan a gobernar), que en plazos más largos tiende siempre a socavar y mermar los procesos de cambio impulsados previamente por el descontento popular y la emergencia de nuevos movimientos políticos, ha dejado a lo largo del tiempo profundas decepciones y sensaciones de hartazgo en parte de sus seguidores. Por otro lado, las izquierdas dominantes han sido muy determinadas por un talante desarrollista, verticalista, personalista, autoritario, patriarcal, dogmático y anti-ecológico que se encuentra muy arraigado y que se ha expresado tanto en sus prácticas de organización interna, como en sus relaciones políticas y sus gestiones de gobierno. Estos patrones generan profundos distanciamientos con corrientes político-culturales que promueven miradas y accionares alternativas en, e incluso fuera, de las izquierdas. Como si fuese poco, estas izquierdas dominantes tendieron a criminalizar esta otredad en el seno de estos sectores críticos, ridiculizándola o señalándola como promotores del imperialismo estadounidense, por el hecho de tratar de poner sobre la mesa temas fundamentales que debían ser enfrentados. ¿Qué es la izquierda hoy? ¿Son AMLO y Fernández los referentes de la izquierda hoy en América Latina? ¿Sigue siendo el Gobierno de Maduro un punto de honor para las izquierdas? ¿Están estas logrando comunicar y posicionar un proyecto político emancipador en el grueso de la población? Estas son preguntas ineludibles. Sectores de la sociedad e incluso movimientos sociales ya no ven sentido, pertinencia y pertenencia en el binarismo izquierda/derecha. Otros perciben que la izquierda es sólo una variante del mismo formato de poder dominante. Esto no debe ser interpretado necesariamente como un ‘neutralismo’, ‘centrismo’ o una forma de apoliticidad. En cambio, muestran otros entramados de pensamiento político, otras coordenadas, otras epistemes de la transformación que no deberían ser desmeritadas. Efectivamente, las izquierdas son diversas y también existen disputas entre sus sectores; pueden transformarse y crearse corrientes novedosas, aunque siguen siendo marcadas por los sectores tradicionalmente dominantes (generalmente concentrados en los partidos políticos). Sin embargo, es necesario resaltar que estas se encuentran ante una encrucijada histórica, no sólo ante la posibilidad de condensar el descontento social, sino también de materializar una transformación favorable a los pueblos y la naturaleza. Sin poder resolver mínimamente este dilema, podrían también ser absorbidas en el descrédito y hartazgo generalizado que atraviesa a la política tradicional.
  5. e) Movimientos sociales, organizaciones populares de base y plataformas de articulación : como ya hemos mencionado, diversos movimientos han logrado incidir políticamente en procesos reivindicativos, de ejercicio de derechos, de defensa de territorios y comunidades, y de posicionamiento de temáticas particulares en los debates públicos. Entre estos están la defensa de los derechos de igualdad de género y diversidad sexual, derechos de la naturaleza, negativa a grandes proyectos extractivistas como los mineros e hidroeléctricos, derechos de los pueblos indígenas y consultas populares, entre otros. La insistente movilización, que varía dependiendo de los países, ha logrado instalar y fortalecer conceptos, demandas sociales y políticas que, además de tener un profundo impacto cultural, conforma condiciones y correlaciones de fuerza para pedir más democracia. Más que transformar el descontento en la toma del poder del Estado, estos sectores de la sociedad promueven formas de apropiación de los procesos políticos a escala local y regional, y la consolidación de pilares políticos desde abajo, para la conformación de una base de disputa desde donde afrontar este complejo tiempo latinoamericano. Sin embargo, es también importante resaltar que estos sectores son también atravesados por las paradojas y tensiones propias de este tiempo político. Por ejemplo, la creciente violencia generada desde las estructuras de poder estatal y territorial, así como las condiciones de precariedad socio-económica, merman sus capacidades y potencialidades transformadoras; por otro lado, se generan grandes dificultades para poder trascender, incidir y articular más allá de una política local, sin tener que ser absorbidos por la política tradicional de partidos. Dilemas como estos son significativos al momento de pensar cuáles han sido y/o podrían ser los alcances de la transformación a partir de la política ‘desde abajo’.
  6. Estamos al interior del ‘futuro’: repensarnos lo común en tiempos paradójicos

América Latina está hoy, de nuevo, en el punto de mira mundial, pues ha sido la región dónde han brotado la mayor cantidad de estas movilizaciones recientes a nivel planetario. Estas expresiones populares han representado un gran refrescamiento del clima político regional, aunque parecen insertas en el escenario de lo que podría ser un largo período muy contradictorio y conflictivo.

Las paradojas de estos tiempos que corren, probablemente se desarrollen entre aperturas y clausuras de oportunidades, procesos, posibilidades. Cada ámbito, espacio, escala en disputa es y será vital: derechos laborales, mega-proyectos extractivos detenidos, expansión de economías locales comunitarias, bosques conservados, transiciones hacia energías renovables, tierras recuperadas, políticas climáticas globales, revisión y moratorias del pago de la deuda externa, organización popular para las luchas, y un muy largo etcétera.

Sin embargo, cuando pensamos no sólo en la imperiosa necesidad de un cambio civilizatorio, de trascender el sistema histórico capitalista, sino también en los dramáticos escenarios que podrían cambiar drásticamente las condiciones de vida en el planeta Tierra, se hace necesario reconocer que nos encontramos ante una extraordinaria paradoja temporal reflejada en el central dilema transición/ruptura (transformaciones paulatinas/cambio radical), dilema que parece llegar a un punto de tensión máxima. Por un lado, la transformación de una serie de patrones, infraestructuras, cosmovisiones, sistemas, estructuras de poder, instituciones y tecnologías dominantes requieren de tiempos relativamente prolongados para materializarse; por el otro, la posibilidad de que se desate tanto un colapso sistémico como un planeta socio-ecológicamente hostil, exige un muy rápido viraje en relación a las tendencias actuales. Las izquierdas y la amplia diversidad de movimientos sociales, organizaciones populares y pueblos movilizados trazan diferentes rutas para la transformación (locales, a través del Estado, orientado a lo simbólico, territorializando, etc); sin embargo, todas se debaten, implícita o explícitamente, entre estas diferentes temporalidades. Las opciones y caminos a tomar serán cruciales en el desenlace de los acontecimientos próximos.

Esta época de confusión y desasosiego, nos deja con muchas más preguntas que respuestas, y con una carga muy grande de incertidumbre. Los horizontes se difuminan, su visualización parece bloqueada. ¿Qué es el futuro? ¿Cómo nos imaginamos el curso de la extraordinaria crisis actual? ¿Cómo nos imaginaríamos el colapso del sistema global? ¿Qué pasa si pensamos que ese colapso, antes que una ola gigante arrasando una ciudad (al estilo hollywoodense), antes que la idea religiosa y literaria del “fin del mundo” o el “fin de los tiempos”, es un largo período de crisis en la historia reciente de la humanidad en el que cambian drásticamente las estructuras sociales y las condiciones de vida; pero en el que sigue la vida bajo otras condiciones?

Creemos que estamos ya al interior de esta crisis. Estamos al interior del ‘futuro’, del cambio climático, de los límites del planeta, de la extraordinaria crisis de los patrones energéticos y los metabolismos sociales. Se trata de un proceso continuo, que sigue en desarrollo, aunque lográramos en 10 años disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es necesario, vital, asumir esta interioridad nuestra en el ‘futuro’, aprender a lidiar con ello, y repensarnos desde ahí. Algo que de ninguna manera implica que transitaremos pasivamente una senda que ya está trazada. Más bien conviene recordar que la muy alta carga de incertidumbre que determina al sistema global, supone también que hay un camino abierto para la creación, para la producción de lo nuevo.

Las inesperadas e inspiradoras movilizaciones en Chile, al igual que las de Colombia, por mencionar dos buenos ejemplos, muestran, por un lado, que las predicciones lineales y deterministas se quedan cortas; el factor sorpresa desborda incluso a los propios actores que están impulsando esos procesos. Por otro lado, reflejan cómo en la propia insubordinación social, cómo desde el propio seno del conflicto, se producen también nuevos marcos de relacionamiento y solidaridad, nuevas subjetividades, cargadas con potentes pulsiones de vida e irreverencia. Incluso en los escenarios más adversos, se evidencia la sustancia y emergen los factores constitutivos de lo común.

El nuevo tiempo político latinoamericano, en el que la fragmentación se vuelve normalidad, en el que se revelan con mucha claridad los límites de los proyectos dominantes de las izquierdas, en el que los grandes referentes se encuentran en crisis, y se avizoran enormes obstáculos, parece señalarnos la vital importancia de re-centrar la política en torno a lo común. Esto es, colocar en el centro, en el punto de partida, una política en consonancia con la reproducción de la vida humana y no humana en el planeta Tierra, con la expansión de redes de solidaridades y resiliencia; de celebración de la otredad, de la diversidad; de la simbiosis y el mutualismo; de la defensa de una cosmovisión complementaria, holística, inmanente y reproductiva; pero también de desafío colectivo al estadocentrismo y a los inviables proyectos políticos dominantes.

No parece que el tiempo turbulento que nos toca transitar pueda ser sorteado con éxito sin privilegiar una política del cuidado. Cuidar del otro (humano y no-humano), de esa otredad, en defensa de la vida.

Antes que en el ‘fin de los tiempos’, estamos ante una particular historia que apenas empieza.

Por Emiliano Teran Mantovani*

Rebelión

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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El capitalismo hace "más daño que bien", según una encuesta realizada en 28 países

Los autores del estudio, publicado en vísperas del Foro de Davos, aseguran que los resultados de su sondeo, con un universo de 34.000 personas, demuestra que la población mundial "empieza a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente". 

 

Una mayoría de personas en todo el mundo cree que el capitalismo en su forma actual está haciendo más daño que bien, según una encuesta realizada antes de la reunión de líderes empresariales y políticos de Davos de esta semana.

Este año es la primera vez que el Barómetro de Confianza Edelman, que durante dos décadas ha encuestado a decenas de miles de personas sobre su confianza en las instituciones mundiales, trata de comprender cómo es percibido el capitalismo.

Los autores del estudio afirman que las encuestas anteriores, que mostraban un creciente sentido de desigualdad, los llevó a preguntarse si los ciudadanos ahora estaban comenzando a tener dudas más fundamentales sobre las democracias capitalistas de Occidente.

"La respuesta es sí", dijo David Bersoff, investigador principal del estudio producido por la agencia estadounidense de comunicaciones Edelman.

"La gente se pregunta a ese nivel si lo que tenemos hoy, y el mundo en que vivimos hoy, está preparado para darles un buen futuro".

La encuesta preguntó a más de 34.000 personas en 28 países, desde democracias liberales occidentales como Estados Unidos y Francia hasta aquellas basadas en un modelo diferente como China y Rusia, con un 56% de acuerdo en que "el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien en el mundo".

A nivel nacional, la falta de confianza en el capitalismo fue mayor en Tailandia e India con el 75% y el 74% respectivamente, seguidos de cerca por Francia con un 69%. Las mayorías prevalecieron en otros estados asiáticos, europeos, del Golfo, africanos y latinoamericanos.

Sólo en Australia, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Hong Kong y Japón la mayoría no estuvo de acuerdo con la afirmación de que el capitalismo actualmente hace más daño que bien.

La encuesta confirmó una serie de preocupaciones familiares que van desde asuntos sobre el ritmo del progreso tecnológico y la inseguridad laboral, hasta la desconfianza en los medios y la sensación de que los gobiernos nacionales no estaban a la altura de los desafíos del día. 

LONDRES

20/01/2020 15:07 ACTUALIZADO: 20/01/2020 17:33

MARK JOHN (REUTERS)

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 Luis Felipe López-Calva, director del PNUD para América Latina y el Caribe. UN

El director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) en América Latina y el Caribe destaca la relación entre desigualdad y gobernanza como diagnóstico para afrontar los desafíos de la región

 

América Latina atraviesa por una etapa de convulsión. Las crisis políticas de la región, las protestas, las demandas de cambio y las reivindicaciones de los ciudadanos llevan meses evidenciando debilidades estructurales y forzando a algunos Gobiernos a mirarse en el espejo. Detrás de estas turbulencias, que se han dado de forma casi paralela aunque responden a especificidades distintas, hay una premisa común: la desigualdad. Pero la brecha social, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Por lo que cabe preguntarse, ¿por qué ahora? Luis Felipe López-Calva, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que, antes de nada, "hay que entender mejor la relación entre gobernanza y desigualdad".

El economista mexicano, que presenta este lunes en Bogotá el informe anual sobre desarrollo humano elaborado por el organismo de la ONU, incide en la importancia de ese vínculo en conversación con EL PAÍS, ya que "la relación entre desigualdad y gobernanza puede generar este de tipo de procesos de mucha conflictividad y eventualmente, lamentablemente, de violencia". En su opinión, se dan tres factores de tensión. "Desde el punto de vista económico, la desaceleración". Este es el punto de partida que alentó, por ejemplo, las protestas en Chile, en Colombia y en cierta medida en Ecuador. "La economía latinoamericana tuvo un proceso muy importante de crecimiento para estándares latinoamericanos", razona. "Se redujo la pobreza monetaria del 44% al 24%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. No es un logro menor. Y ahora las expectativas crecientes de la población latinoamericana se ven afectadas por un proceso de paro económico. No recesión, pero sí desaceleración. La pobreza multidimensional, con más del 30% de la población, se redujo mucho pero los retos son muy grandes. Ese proceso que tenía Latinoamérica de ir hacia convertirse eventualmente en una sociedad de clase media, fuerte, se interrumpe".

El vendaval económico expone a la región y la hace más vulnerable a fenómenos como la migración. Colombia, concretamente, aplicó una política de puertas abiertas ante éxodo de venezolanos. Millones de personas huyen del régimen de Nicolás Maduro y en el país vecino ya se han instalado más de 1,5, camino de dos. "No esperábamos que en la región crecieran los flujos migratorios de la manera en que lo están haciendo, que por cierto es una forma extrema con la que las personas procesan su desencuentro con la gobernanza. En muchos casos por razones de violencia, económicas o por razones aspiracionales la gente simplemente decide que tiene que moverse. Ese es un segundo aspecto que genera también tensión social", reflexiona López-Calva, que añade un tercer elemento: "Es el tema ambiental. Solo este año hemos visto los incendios en la Amazonia, la Chiquitanía en Bolivia y un huracán de dimensión inusitada en el caso de Bahamas. Esta situación demanda que la gobernanza responda de una manera efectiva".

"Cuando hablamos de gobernanza", continúa el responsable del PNUD para Latinoamérica, "estamos hablando de acuerdos entre actores". "Y hay dos acuerdos básicos: de políticas públicas, como salud, educación e infraestructuras, y acuerdos respecto a las reglas del juego, sobre cómo cambiamos de Gobierno, cómo votamos". "La desigualdad puede afectar la capacidad de esos actores de estar en esa mesa. En Chile, es muy interesante ver que después de las movilizaciones, el Gobierno responde diciendo 'aquí está un nuevo paquete de políticas'. Pero la ciudadanía dice que no, que eso no es suficiente y quiere un cambio en las reglas del juego. Por eso tenemos que relacionar desigualdad con gobernanza".

En cualquier caso, según este funcionario de Naciones Unidas, "es muy importante diferenciar los procesos que están llevándose a cabo". Es decir, no es lo mismo lo que ocurrió en Chile, en Ecuador que lo que pasa en Colombia, aunque siempre existen lineamientos comunes. "El aspecto aspiracional es importante tenerlo ahí, en el sentido de que las aspiraciones de muchos grupos no se ven satisfechas. Veamos el caso de la violencia, por ejemplo. Latinoamérica y en el Caribe tienen el 8% de la población global, pero al mismo tiempo el 36% de las muertes violentas a nivel global. Catorce de los 20 países más violentos están en nuestra región y es algo a lo que la sociedad tiene que reaccionar. Según el Latinobarómetro más reciente, más del 75% de los ciudadanos dijeron que el sistema político está al servicio de los más poderosos. Estamos hablando de que esa desigualdad ha minado la confianza en las instituciones. Y por tanto la capacidad de las instituciones de procesar esos acuerdos", mantiene López-Calva. Y corrupción, por supuesto, es uno de los determinantes de la caída en la confianza en los Gobiernos.

Por eso, recalca, "hay que recuperar la noción básica de legitimidad". Y para eso quizá América Latina tenga que ir más allá en el fortalecimiento de los controles al poder. "Hay un poder muy fuerte centralizado y débiles controles a ese poder centralizado y eso dificulta la construcción de acuerdos. Hay otras democracias que buscan la legitimidad no solamente en las urnas sino también en la forma en la que se construyen los acuerdos". La rendición de cuentas es el primer paso. Pero, por encima de todo, según el responsable del PNUD, se trata de profundizar la relación entre desigualdad y buen gobierno. Un asunto que tiene que ver con todos los desafíos de la región y del que, en buena medida, dependen las oportunidades de futuro.

Por FRANCESCO MANETTO

Bogotá 9 DIC 2019 - 00:16 COT

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Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

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