Miércoles, 11 Agosto 2021 05:57

La crisis de una Sudáfrica que se rebela

La crisis de una Sudáfrica que se rebela

Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacude a Sudáfrica. La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de numerosos actores sociales.

Desde el encarcelamiento del ex-presidente Jacob Zuma, ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacudió a Sudáfrica. Como consecuencia de ellas, han muerto hasta ahora más de 200 personas y han sido detenidas casi 2.600. Es posible que el detonante haya sido la detención de Zuma, pero no es la única causa y tampoco es lo que realmente preocupa a la población.

La crisis actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de los desposeídos, de instigadores con motivaciones políticas o de oportunistas. La crisis debe evaluarse en el contexto de este despojo y de la desigualdad que prevalecen ignorando clases y divisiones étnicas y de género, y que han creado un profundo desequilibrio de poder. Estos factores –agravados por el desempleo y la pobreza– impiden que la democracia se desarrolle plenamente en Sudáfrica, e incluso amenazan con desestabilizarla.

Después de casi tres décadas de democracia, Sudáfrica se enfrenta a varias crisis. El modelo sudafricano de sociedad no funciona para la mayoría de la población. En cuanto a la distribución del ingreso, el país tiene un coeficiente de Gini de 0,7, lo que lo convierte en uno de los países con mayor desigualdad. La distribución de la riqueza es aún más desequilibrada y tiene un índice de Gini de 0,95. Se estima que la mitad de la riqueza total está en manos del porcentaje más rico de la población; el 10% más rico posee por lo menos entre 90% y 95% por ciento de la riqueza.

Como consecuencia de la falta de cambios estructurales, la situación económica de Sudáfrica era precaria aun antes de la pandemia. La tasa de desempleo se mantuvo siempre alta; en el cuarto trimestre de 2019 fue de 29,1%. La pobreza está muy extendida. En 2015, 30,4 millones de personas, 55,5% de la población, vivían por debajo del umbral oficial de pobreza. En los hogares manejados por mujeres, la proporción era significativamente mayor que en las familias con un hombre como jefe de hogar. Una cuarta parte de la población, 13,8 millones de personas, vivían en la pobreza extrema y no podía permitirse alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales básicas.

La curva de crecimiento de Sudáfrica ha sido descendente durante más de diez años. Entre 2011 y 2018, el crecimiento económico promedió apenas 1,7%. En 2019, el país entró en recesión por tercera vez desde 1994. Varios factores fueron responsables de esto, incluida la recesión mundial posterior a la crisis financiera mundial, la caída de los precios de las materias primas, la desindustrialización, la captura del Estado (léase: la corrupción sistémica), los recortes presupuestarios, una política macroeconómica restrictiva y la caída de la inversión como resultado del estancamiento económico y el poco confiable suministro eléctrico.

Cada vez más personas encuentran en el Estado un instrumento para el enriquecimiento propio despiadado. Las instituciones estatales son saqueadas y vaciadas. Esta realidad es el caldo de cultivo de la aguda crisis de gobernabilidad en Sudáfrica. La combinación de crisis económicas y políticas está provocando que la confianza en el orden constitucional disminuya cada vez más.

Cuando comenzó la crisis provocada por el coronavirus, Sudáfrica ya estaba en recesión. En abril de 2020, el presidente Cyril Ramaphosa anunció un paquete de rescate concebido para ayudar a trabajadores, empresas y hogares durante la pandemia. El paquete, dotado de fondos superiores a los 30.000 millones de dólares, fue una luz de esperanza para el país, pero esta se apagó rápidamente. Hubo una serie de problemas con la puesta en práctica del programa y para julio de 2021 solo se había ejecutado 41% de las partidas. Es que el presupuesto anual no contemplaba esas erogaciones. El presupuesto complementario de 2020 solo cubrió una parte. La mayoría del paquete de rescate se financió con recursos existentes o fondos extrapresupuestarios. No obstante, el hecho de que se hiciera creer a la ciudadanía que se inyectarían en la economía los 30.000 millones de dólares como dinero en efectivo avivó las violentas protestas. El público tuvo la impresión de que el «estímulo» fue en gran parte saqueado.

En la actualidad, Sudáfrica vive la tercera ola de la pandemia. La mayor parte de las medidas de ayuda ya se han implementado. Mientras el gobierno está apenas comenzando su programa de vacunación, la cantidad de personas infectadas con coronavirus va en aumento. La tercera ola y los confinamientos asociados a esta afectaron a Sudáfrica en un momento en que los sectores más frágiles de la población han sufrido pérdida de ingresos y están sometidos a un enorme agotamiento. En enero de 2021, según una encuesta reciente, 39% de los hogares se quedó sin dinero para comprar alimentos y 17% sufrió hambre con el paso de las semanas. El programa de ayuda pandémica Alivio Social del Sufrimiento (Social Relief of Distress, SRD), una asignación de dinero en efectivo introducida como parte del primer paquete de alivio para adultos desempleados que no reciben ningún otro beneficio social, ha finalizado. Los precios de los alimentos muestran una creciente inflación. Se han interrumpido los programas de alimentación escolar de los que dependen muchos niños y niñas. Debido a los disturbios, los alimentos escasean en algunas zonas.

Se cree que la tercera ola, reforzada por las protestas, provocará una merma de la actividad económica. Después de que el PIB se redujera 7% en 2020, la economía continúa recortando empleos. La tasa de desempleo alcanzó un nivel récord de 32,6%. Es un círculo vicioso: los disturbios generan más crisis, y las crisis, más disturbios.

Para peor, el Ministerio de Finanzas de Sudáfrica insiste en su política de austeridad, defendida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran parte de la prensa empresarial. La sociedad civil critica las duras medidas de austeridad a las que el gobierno sudafricano recurre desde hace varios años para intentar reducir la deuda externa y calmar a las agencias calificadoras de riesgo. Esto se hace fundamentalmente a expensas de los beneficios sociales esenciales y la implementación de los derechos económicos y sociales.

Es probable que el gobierno de Sudáfrica insista en sus planes de consolidación y –como se anunció en febrero de 2021– reduzca el gasto no requerido para el servicio de la deuda en un promedio de 5,2% en términos reales cada año. Los recortes presupuestarios tienen como resultado un menor gasto per cápita y recortes reales en servicios públicos, tales como la atención médica, la educación y la cultura. El presidente declaró hace poco que cualquier nueva medida de emergencia se incluiría dentro del presupuesto existente. En vista de la apremiante necesidad social, que se ve enormemente agravada por la pandemia y ahora también por las violentas protestas, esto es de una enorme irresponsabilidad.

El gobierno sudafricano está pasando de una crisis a otra, pero no está yendo al fondo de las causas políticas y económicas que subyacen a estas crisis. Las disputas internas del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, son una pesada carga para el país y deben resolverse con determinación. En este contexto, también es necesario un compromiso renovado con la Carta de la Libertad de 1955 y la Constitución de Sudáfrica, que consideran un orden económico más justo como un factor decisivo en la liberación política.

En el corto plazo, el gobierno de Sudáfrica debe garantizar los medios de subsistencia y apoyar la economía. Las medidas de ayuda a empresas, empleados y particulares que han llegado a su fin deben ser renovadas y reajustarse para que estén a la altura de la pandemia y la crisis actual en el país.

Tales medidas no son posibles con la actual política de austeridad. Las políticas de austeridad deben terminar y se deben priorizar los derechos sociales y económicos. Esto debe estar vinculado a una transformación económica efectiva que beneficie a la mayoría de la población. El statu quo de Sudáfrica no puede ser tomado, ni remotamente, como una forma de liberación política.

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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El 11 de julio en Cuba: una reflexión tentativa

A dos semanas de las protestas, el gobierno cubano viene realizando operaciones de control de daños que si bien van más allá de la reacción inicial, principalmente represiva, no han abandonado esa vía. En cualquier caso, es difícil superar la prueba de fuego de la actual dirección cubana sin prestar oídos a los reclamos legítimos de la población.

 

Guste o no, le pese a quién le pese, el 11 de julio del 2021 quedará grabado de manera indeleble en el imaginario nacional. Para la mayoría de los cubanos, fue un día triste que preferirían no tener que recordar, pero ahí está. La información sobre lo que pasó está aún demasiado dispersa y teñida por el ambiente de noticias falsas y contra réplicas del gobierno cubano como para hacer algo más que lo que me propongo: una reflexión tentativa. Por lo que se sabe hasta ahora, ese domingo ocurrieron a lo largo y ancho del territorio nacional manifestaciones masivas contra el gobierno, algunas de ellas devenidas violentos disturbios, un hecho sin precedentes en Cuba que tomó a muchos observadores y hasta a las propias autoridades por sorpresa. Quedó así una imagen de ingobernabilidad y violencia que objetivamente perjudica al gobierno cubano y que será difícil de borrar aún en un escenario favorable que no aparece en el horizonte.

Pero si a alguien no debieron tomarle por sorpresa estos hechos fue precisamente a ese liderazgo que desde hace meses viene denunciando que se estaba gestando un «golpe blando» o una «revolución de colores» diseñada por el sempiterno enemigo estadounidense. Quizás a causa de la sorpresa, la reacción gubernamental inicial estuvo signada por una perniciosa tendencia a responder preferentemente con herramientas represivas y con la repetición ad infinitum de una estrategia comunicativa cuya inoperancia parece cada vez más evidente.

En buenas cuentas, lo que sí es asombroso, dadas las penurias a que ha sido sometida la población cubana, sobre todo desde el inicio de la pandemia, es que estos disturbios no se hubieran producido antes. Pero sucedieron, han tenido repercusiones muy negativas y el relativamente nuevo liderazgo cubano está en crisis apenas a tres meses de haber celebrado el VIII Congreso del Partido Comunista Cuba, y a dos años de haberse aprobado una nueva Constitución. No deja de ser recordatorio de situaciones previas a los colapsos anteriores en los países socialistas de Europa Oriental. 

Pero este caso es diferente. Cuba es un país del Tercer Mundo y en él hubo una revolución nacional liberadora después de años de opresión neocolonial. Esa revolución se radicalizó en un agudo enfrentamiento con el imperialismo estadounidense, al que pudo resistir en una serie de enfrentamientos. En ese proceso adoptó un modelo socialista que ofreció amplios beneficios populares al menos en sus primeras tres décadas gracias a su alianza con la Unión Soviética.

Si estos disturbios no se produjeron antes, ello se debe a los logros sociales en sus años iniciales y a la trayectoria internacional del país, que lo llevó no solo a sobrevivir el enfrentamiento con Estados Unidos sino a jugar un papel excepcional en la política internacional, y particularmente en el hemisferio occidental, durante la Guerra Fría y después. Todo ello le dio al gobierno actual un sustancial capital político y margen de maniobra, basado en su consigna «Somos Continuidad», que evocaban el increíble liderazgo de Fidel Castro durante 47 años. 

Sin duda, estos logros y éxitos están en la base de la resiliencia del régimen cubano y en la tolerancia estoica de los ciudadanos ante las dificultades excepcionales que sufren, que objetivamente están provocadas en gran parte por el bloqueo estadounidense, aunque también por insuficiencias y errores en las políticas gubernamentales. Un elemento adicional, que no ha sido objeto de mucho análisis por observadores del drama cubano, es que no han salido a la luz informaciones que nos permitan valorar la participación o papel de los distintos sectores de oposición en Cuba, algunos de ellos, pero no todos, vinculados a la realmente existente política de subversión fomentada oficial y extraoficialmente desde Estados Unidos. 

Algo sí aparenta ser evidente: si bien al parecer hubo algunas participaciones visibles de líderes de los conocidos movimientos Movimiento San Isidro y 27N prácticamente fue nula la de los activistas más promovidos desde territorio estadounidense, y ninguno parece haber estado en posición de capitalizar las manifestaciones. Quizás haya que buscar la explicación de este fenómeno en recientes investigaciones sobre revoluciones sociales y durabilidad autoritaria, como la de Jean Lachapelle, Steven Levistky, Lucan A. Way, y Adam E. Casey, publicada recientemente en la revista World Politics, en las que se intenta explicar la estabilidad de regímenes como el cubano.

A pesar de lo anterior, no cabe duda de que los disturbios fueron azuzados en redes sociales, particularmente por operadores e influencers que no viven en Cuba, muchos de ellos residentes en Miami, donde el anticastrismo sigue siendo una industria local importante, financiada tanto por fondos federales como privados. No dejan de tener razón los que argumentan que las redes sociales se han convertido en un elemento tóxico en la realidad nacional pues se gastan millones de dólares en lanzar campañas desestabilizadoras de noticias falsas. 

Aunque el «empujón externo» pudo haber sido el factor detonante, también es cierto que no habría sido efectivo si no existiera un caldo de cultivo en los siguientes factores endógenos, resultado de errores y cálculos erróneos del gobierno cubano:

  1. Deterioro de la situación social en barrios empobrecidos; 
  2. Enormes dificultades para conseguir alimentos; 
  3. Reciente deterioro de la situación sanitaria después de varios meses de una política muy exitosa contra la pandemia de covid-19; 
  4. Tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso.
  5. Ineficiente estrategia comunicativa que tiende a ocultar errores e insuficiencias propias mediante el argumento de que «la culpa la tiene el bloqueo»;

El gobierno ha subestimado y sigue subestimando hasta que punto sus propias acciones o falencias, estas últimas percibidas o reales, provocan el malestar ciudadano, pues se ha enfocado en que el estímulo exógeno a un estallido social es el único o al menos el principal causante. 

No cabe duda de que la política de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, que ya llevan casi 60 años en vigor, son una suerte de «guerra económica» contra una «plaza sitiada», como argumentara Peter Beinart en el New York Times del 15 de febrero en una columna titulada «La otra guerra permanente de Estados Unidos». Beinart critica las políticas de sanciones económicas argumentando que Washington usa ese tipo de estrategia contra países como Cuba y es equivalente a hacer la guerra por otros medios, con muy pocas posibilidades de éxito en el objetivo propuesto: el «cambio de régimen».

Por supuesto, el gobierno estadounidense ha rechazado las acusaciones cubanas, pero lo cierto es que la administración de Joe Biden mantuvo las sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump entre 2017 y 2021, 247 en total, incluso en plena pandemia. Se trata de una política de presión máxima que empobrece al pueblo cubano mientras acosa a su gobierno y no logra su objetivo confeso de derrocar al régimen. Lo ha hecho a pesar de prometer exactamente lo contrario durante la campaña electoral. 

Es evidente que se estaba creando una tormenta perfecta a 90 millas de las costas norteamericanas. Es interesante que apenas una semana después de que el presidente Biden calificara a Cuba como un «Estado fallido», la Casa Blanca anunció dos medidas que, de materializarse, aliviarían parcialmente las tensiones en Cuba: el restablecimiento del envío de remesas y la reapertura de los servicios consulares en La Habana. Ambas medidas fueron parte del acoso de Trump. Si estas propuestas logran atravesar el «campo minado» del proceso de toma decisiones sobre Cuba en Washington y una difícil negociación con el gobierno cubano, esto puede significar que el gobierno de Biden reconoce tácitamente que continuar las sanciones exacerba la crisis cubana y podría provocar un estallido social incontrolable, lo que no está en el interés nacional de Estados Unidos porque, entre otras, podría estimular la peligrosa idea de intervenir militarmente.

En todo caso, Biden ha mostrado que no es Barack Obama en lo que a Cuba respecta. Pero eso es un síntoma de debilidad de su liderazgo, lo que puede tener repercusiones en América Latina y el Caribe, región en la que Cuba y las izquierdas que la apoyan siguen teniendo importancia, como lo han mostrado los recientes procesos políticos en México, Argentina y Bolivia e incluso en Ecuador. 

Durante seis meses, el gobierno de Estados Unidos estuvo posponiendo el cumplimiento de las promesas de campaña y quedó atrapado en el estrecho marco de la variante trumpista de la política republicana hacia Cuba, que está basada en una ilusión: que mediante la aplicación de medidas coercitivas unilaterales extremas se logrará acabar con el régimen surgido en 1959. Los acontecimientos en el terreno y las decisiones y propuestas de otros actores la han puesto en una posición imposible. El resultado neto es que muy probablemente durante los próximos tres años se mantendrán sanciones contra Cuba que empobrecerán aún más al pueblo cubano y acosarán a su gobierno, que tendrá que convencerse de que solo una política económica eficaz que fomente el desarrollo de las fuerzas productivas podrá sacar al país de su actual crisis.

Al momento de escribir estas líneas, a dos semanas escasas de las protestas, se observa al gobierno cubano realizando operaciones de control de daños que trascienden la reacción inicial, principalmente represiva, aunque no parece haberla abandonado. Para continuar controlando el daño es imprescindible evaluar correctamente la situación política y social, y no cometer el error de culpar solamente a los factores externos sin atender autocríticamente los internos. Se debe acometer con urgencia las reformas prometidas, especialmente en lo que se refiere al suministro de alimentos. 

Un problema adicional que le complica la situación es cómo enfrentar a actores violentos que se aprovecharon de la situación para propiciar disturbios sin que, al mismo tiempo, se cree la imagen, tanto dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional, de una represión desmedida contra manifestantes pacíficos. Hay reportes de que se están produciendo juicios sumarios sin las adecuadas garantías procesales. Las sanciones impuestas en estos juicios oscilan entre diez meses y un año. Muchos de los condenados no parecen haber cometido actos violentos. Seguir por este camino alienará aún más a aquellos sectores todavía identificados con la Revolución pero que se oponen a la represión desmedida. Dentro de la sociedad cubana, la experiencia de haber debatido y aprobado una nueva Constitución que contiene importantes elementos de respeto por el debido proceso no es un hecho menor. Entre los ciudadanos existe un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento de la ley a que las autoridades policiales están obligadas.

En cuanto a la estrategia de comunicación, esta debe buscar el adecuado balance para sumar y recuperar apoyos y evitar perderlos aún más. Hay una evidente erosión de la capacidad de convencimiento del argumento de que todo se debe al bloqueo, más allá de que este sea una verdad comprobable. El abuso de ese argumento sin enfocarse autocríticamente en sus errores conduce al gobierno a una pérdida aún mayor de credibilidad. Las autoridades deben intentar superar dos obstáculos político-ideológicos importantes: el primero es que aún prevalece en la burocracia la vieja mentalidad estrecha del socialismo como un modelo estatista basado en la planificación centralizada, que minimiza el papel del mercado en la asignación de recursos; el segundo nace de concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del Estado de derecho que se estableció por la Constitución del 2019. 

Esta tendencia arremete contra todo el que disiente endilgándole muchas veces epítetos como el de «centrista», que se intenta convertir en sinónimo de contrarrevolución. 

Las interpretaciones que se le están dando desde los medios oficiales a lo acontecido el domingo 11 de julio demuestran ese punto. Hay un intento de desprestigiar, disminuir y hasta criminalizar a todos los que se sumaron a las protestas, calificándolos de «anexionistas», criminales o «confundidos». Es claro que notados quienes participaron caben en esas descripciones. Hay demandas reales hechas de forma pacífica, cuyo desconocimiento puede ser arriesgado. 

A ello habría que añadir que el discurso oficial justifica el uso de la violencia represora y esto impacta negativamente en sectores de la población que se mantienen al margen, pero observan con consternación todo lo que sucede. Un ejemplo que viene al caso es el de intelectuales y artistas que han hecho públicas sus condenas. Los acontecimientos han repercutido negativamente en la imagen internacional de Cuba. Se percibe que las autoridades, incluso las de seguridad, fueron tomadas por sorpresa. También existe la apreciación de que se está ocultando el nivel de la represión. 

A estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas generaron disturbios, ni cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodríguez, muy respetado en círculos gubernamentales.

Este vacío de información provoca que tanto la ciudadanía como actores externos puedan ser desinformados por aquéllos que tienen el evidente propósito de erosionar el liderazgo cubano. No se tiene en cuenta que en la ciudadanía ya se ha arraigado la idea de que la protesta pública pacífica es legítima y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que «la calle pertenece a los revolucionarios». Esa no es la respuesta más conveniente ni desde el punto de vista interno ni del externo, además de que atenta contra el Estado socialista de derecho. 

En resumen, estas manifestaciones son inéditas y llaman la atención sobre problemas internos de la sociedad cubana agudizados por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno estadounidense, que empobrecen al pueblo y acosan al gobierno cubano.

Esto es un reto de gran magnitud para un liderazgo político cubano que, a pesar de que ya ha sido puesto a prueba, está en proceso de consolidación en condiciones excepcionalmente adversas, no solo por la pandemia. Los desafíos son sumamente complejos, pero son también decisivos. Los líderes cubanos harían bien en considerar que, en situaciones similares en otros contextos, la estrategia exitosa seguida por homólogos políticos afines ha tenido como divisa sumar y no restar; escuchar y no hacer oídos sordos a los reclamos legítimos.

Julio 2021

y

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Domingo, 22 Noviembre 2020 05:39

¿Una política sin ‘millennials’?

Manifestación por el clima en Barcelona (Ana Jiménez)

Los nacidos a partir de los años ochenta son ya la generación más descontenta con la democracia; las causas son diversas

 

La generación hiperconectada ha desconectado de la política. No es un fenómeno exclusivo de España, donde la crispación y el tacticismo electoral se han adueñado de la esfera pública, sino que tiene una preocupante dimensión global. La desafección de los jóvenes se extiende por los cinco continentes –con distinta intensidad–, hasta el punto de que los millennials , nacidos entre 1981 y 1996, son ya la generación más descontenta con la democracia, no solo comparados con sus coetáneos, sino también respecto a generaciones anteriores en el mismo momento de sus vidas.

Esta es una de las conclusiones de un estudio del Instituto Bennett de Políticas Públicas de la Universidad de Cambridge, titulado “Juventud y satisfacción con la democracia: ¿Cómo revertir la desconexión democrática?”, liderado por el profesor Roberto Foa, director del Centro para el Futuro de la Democracia de esta universidad inglesa. El trabajo ha analizado las respuestas de más de 4,8 millones de encuestados, de 160 países, entre 1973 y 2020, y categoriza los cambios en la vida de cuatro generaciones: millennials , generación X (1965-1980), baby boomers (1945-1964) y la generación de entreguerras (1913-1944).

La desafección joven es global pero en Europa avanza en el sur y frena en el norte, detalla un estudio de Cambridge

Con estos datos, han dibujado el mapamundi de la desafección de los jóvenes, en el que se identifican cuatro regiones impulsoras: la Europa del sur, Latinoamérica, el África subsahariana y las democracias anglosajonas. En las tres primeras, han detectado que en las democracias jóvenes, el descontento surge a medida que las generaciones que carecen de la memoria de la dictadura alcanzan la mayoría de edad. En las democracias anglosajonas, “hay un patrón constante de disminución”, cada generación está menos satisfecha con la democracia de lo que lo estaban sus mayores a esa edad. “Sin embargo, otras regiones muestran una tendencia de mejora, observada notablemente en el norte de Europa, Asia Oriental y en las democracias poscomunistas del antiguo bloque soviético”, detallan.

Entre las causas de la desafección, destacan en las democracias desarrolladas las dificultades económicas, en concreto el alto nivel de desempleo juvenil actual. “Los jóvenes siempre se han enfrentado a una lucha en la vida. Pero la insatisfacción política de la generación del baby boom cayó drásticamente en los ochenta cuando las economías europeas crecieron rápidamente, los precios de la vivienda se mantuvieron asequibles y se introdujeron beneficios en países (incluidos Francia, Grecia, Italia y España) que apoyaron la seguridad laboral, el aumento de salarios y un bienestar social más amplio –detalla por e-mail Roberto Foa–. Pero la situación es distinta para los millennials , especialmente en el sur de Europa. Muchos han llegado a mediados de los 30 sin contratos de trabajo formales, viviendo con sus padres y sin poder avanzar en la vida. Eso crea sensación de fracaso y frustración.”

En el caso español, apunta, el impacto a largo plazo de la crisis de la eurozona es un agravante. “Hemos visto un aumento pronunciado en la movilización populista de izquierdas en el sur de Europa. Pero lo más probable es que no desestabilice la democracia occidental, porque en un sistema de representación estos partidos normalmente tienen que gobernar en coalición con centristas, como ha sido en Italia, España o Portugal”, indica.

El sistema electoral, asegura, influye también en el declive de satisfacción con la democracia, que “es especialmente agudo en países con sistemas mayoritarios, que crean ‘ganadores y perdedores’, más que en sistemas proporcionales que conducen a un gobierno de coalición”. Una de las razones, apunta el politólogo, es que “frente a un entorno de redes sociales responsable de polarizar a la población, una coalición lo compensa porque ayuda al diálogo en aras del consenso”.

Pese a todo, Foa se muestra optimista sobre el futuro de los millennials . “Los del baby boom , por su peso demográfico, siempre han tenido una influencia política desproporcionada, y beneficios –pensiones, condiciones laborales...–. Pero eso no es para siempre. Cuantos más jóvenes tengas en una sociedad económicamente excluidos más cerca estarán de formar una mayoría política. Y en ese punto, se producirá un cambio en el equilibrio de las políticas públicas”, asegura.

Más allá de razones económicas, el desencanto tiene también su origen en la propia política. Lo apunta Víctor Climent, profesor de Sociología de la Universitat de Barcelona: “La desafección tiene características culturales y sociales, y cuando la analizamos tenemos que olvidarnos de aspectos como la renta. Es cierto que nuestros hijos tienen la convicción de que vivirán peor que nosotros, pero hay gente con diferentes niveles de renta que vota distintas opciones. La participación y el interés por la política viene determinado por el marco cultural y las propuestas y proyectos que les pongas delante –detalla–. Y en España tenemos un problema serio con una parte del espectro político del país, que está polarizando a la sociedad”.

Climent constata que la política se ha convertido en un “espectáculo lamentable”. “Tendríamos que retirar a una serie de políticos mediocres, muy tóxicos, que secuestran la política para sus propios intereses y harán lo que sea para mantenerse dentro de la estructura que les da legitimidad –plantea–. Si esto desanima a las generaciones que tenemos una cultura política arraigada, es lógico que los jóvenes directamente desconecten.” También es muy crítico con los medios de comunicación que hacen de altavoz de esta política que va siempre a la contra. “¿Cómo quieren que los jóvenes participen en esto?”, se pregunta.

22/11/2020 02:10| Actualizado a 22/11/2020 10:09

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Una nueva protesta de los ‘chalecos amarillos’ degenera en caos en París

Las fuerzas de seguridad detienen a más de 400 personas y dispersan a centenares de manifestantes en el Arco del Triunfo. Hay más de 130 heridos

Coches incendiados, un monumento nacional asaltado, enfrentamientos en varios puntos neurálgicos de París, un presidente desbordado y a 11.000 kilómetros de distancia, y una oposición comprometida por su apoyo a un movimiento de objetivos inciertos. Francia, país donde la tentación revolucionaria nunca está lejos y forma parte de la identidad como la bandera y el himno, flirtea con la crisis política. Los llamados chalecos amarillos desafiaron de nuevo ayer al Gobierno francés con una manifestación que terminó con desórdenes públicos graves, decenas de heridos y detenidos y una sensación de descontrol poco habitual en la capital francesa. El Ejecutivo se plantea declarar el estado de emergencia en el país en caso de que se repitan los incidentes, según ha declarado Benjamin Griveaux, portavoz del Go bierno a Reuters.


Emmanuel Macron, que se encontraba en Argentina en la cumbre del G20, afronta el momento más complicado de su mandato desde que ganó las elecciones en 2017. El presidente francés sigue sin encontrar la fórmula para desactivar una revuelta cuyo grito más extendido va contra él: “Macron, dimisión”. No sirvió de nada su discurso el martes con propuestas vagas para abordar la subida del precio del carburante. Aunque las protestas de los chalecos amarillos —la prenda fluorescente que debe estar en todos los vehículos— están lejos de ser masivas, dos de cada tres franceses las apoyan.


El movimiento empezó a gestarse en octubre, por medio de las redes sociales, como una queja por el precio del diésel, cuyas tasas no han dejado de aumentar hasta equiparse casi a la gasolina. No es una cuestión técnica. Para millones de franceses que viven en ciudades pequeñas y medianas, el coche es una herramienta de trabajo. Cada aumento —habrá otro en enero— supone una carga onerosa para automovilistas a los que les cuesta llegar a fin de mes. La finalidad medioambiental de las tasas —se trata de disuadir del uso de energía contaminante— no les convence. La ven como un agravio, una muestra más de la desconexión de la Francia de las ciudades globalizadas, la Francia donde el medio de transporte es el metro, la bicicleta (o hasta el patinete). En definitiva: la Francia de Macron.


Pero el movimiento ahora plantea un abanico de reivindicaciones variopintas, que van desde la bajada de todas las tasas hasta la dimisión del presidente. Desde hace dos semanas, lo chalecos amarillos no han dejado de bloquear, con distinta intensidad, rotondas y accesos viarios en todo el país. Por tercer sábado consecutivo, ayer también se manifestaron en París y otras ciudades. Y, por segundo sábado consecutivo, la violencia empañó las convocatorias.


Las autoridades habían decidido que, al contrario que el 24 de noviembre, restringirían el acceso a los Campos Elíseos, escenario de enfrentamientos la semana pasada. Para entrar en la avenida había que superar controles policiales. El resultado es que quedó casi vacía. Todo se concentró en las calles y avenidas de los alrededores y en la plaza Charles de Gaulle, donde se ubica el Arco del Triunfo, símbolo nacional de la República francesa. La batalla, con intensidad variable, se prolongó toda la jornada, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer.

Por Marc Bassets
París 2 DIC 2018 - 03:34 COT

 

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