Viernes, 15 Octubre 2021 05:34

Con 5 dólares al mes

Centro de La Habana, Cuba, en 2021 XINHUA, JOAQUÍN HERNÁNDEZ

Cuba tras las cuarentenas

 

Veinticuatro años atrás, cuando Yotuel Romero subió al avión que lo llevaría a París para convertirse en un popular cantante de música urbana, el salario mínimo en Cuba equivalía a algo más de 5 dólares mensuales. Desde entonces, esa frontera subió hasta los casi 30 dólares en que informalmente puede canjearse el ingreso mínimo actual.

Para Yotuel Romero, pareciera que el tiempo se detuvo el día en que salió de la isla. En su nuevo rol de concursante del programa televisivo Masterchef Celebrity España, hace un par de semanas aseguró que los 5 euros de marras siguen siendo el pago mínimo para sus compatriotas, quienes deben «estirarlos como un chicle» para sobrevivir.

Por las mismas fechas de su declaración, La Habana decretaba la vuelta a la «normalidad» luego del pico pandémico del verano. Desde la noche de reapertura, las redes sociales se llenaron de fotos con los nuevos precios de los bares y los restaurantes: en promedio, las cervezas nacionales se valuaron entre 1 y 2 euros; las importadas, hasta en 3, y un menú personal sin grandes lujos, en alrededor de 15 euros. Aun así, la norma fueron los locales llenos de público, y con los días ha crecido el reclamo de que la veda sea levantada también para las discotecas y se permitan los viajes entre provincias, sobre todo, a balnearios como el de Varadero.

Este lunes la «flexibilización» se extendió a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), que ampliaron sus horarios hasta la noche y eliminaron en buena medida las restricciones sanitarias respecto al número de clientes que podían atender. «Habrá que ver cuánto les duran las mercancías con tanta gente queriendo comprar», ironizó alguien en la sección de comentarios de la noticia, en la página web de la mayor cadena estatal de tiendas.

Ni siquiera en La Habana, que goza de un estatus privilegiado, las tiendas MLC alcanzan a satisfacer la demanda. Las horas de espera afuera de esos establecimientos o intentando comprar en sus ineficientes plataformas virtuales hace tiempo se volvieron parte de la vida cotidiana, al igual que sus precios, superiores a los de cualquiera de los países vecinos.

«Aun así, el cubano “inventa” y busca dinero. ¡Vaya usted a saber cómo!», bromeó Ariel, un albañil que confirmaba su turno en la lista de espera para neveras de una tienda MLC. Tres o cuatro veces por mes, cuando llegan los equipos, el listado se activa y decenas de sus inscriptos reciben un aviso para que acudan a comprarlos, a precios que raramente caen por debajo de los 500 MLC (cada MLC equivale a 1 dólar). De no haber sido por la pandemia, aseguró Ariel, hace tiempo habría adquirido la heladera y aires acondicionados para su habitación y la de sus hijas, entre otros artículos. «La covid vino a complicarlo todo. Desde junio no trabajo por falta de cemento. Hasta tuve que dejar a medias una piscina que estaba construyéndole a un cubanoamericano que se repatrió. Ojalá, y como dicen, con la reapertura las cosas mejoren», dijo.

LO QUE CAMBIÓ CON LA CRISIS, LO QUE NO

En junio de 2018, Yotuel y sus compañeros del grupo de rap Orishas se reencontraron para una gira generosamente pagada por el Ministerio de Cultura cubano. El rapero mantenía una relación fluida con las autoridades de la isla y se beneficiaba de ser el rostro de Cuba Ron SA, la corporación nacional de bebidas alcohólicas. Una de sus composiciones musicales era el tema de las campañas organizadas por el Ministerio de Turismo. Por entonces, la economía local todavía no se había resentido a causa de las sanciones dictadas por Donald Trump: el turismo alcanzaba ese año su récord histórico de 4,7 millones de veraneantes extranjeros, las misiones médicas reportaban ingresos desde países como Bolivia y Brasil, y Western Union hacía frente a un crecimiento sostenido de las remesas familiares.

Tres años después, Yotuel es el abanderado de la oposición al gobierno de La Habana. A finales de julio, viajó de Madrid a Washington para reunirse con Joe Biden y pedirle que no aflojara la presión sobre la isla y, mediando setiembre, celebró la nominación de su canción «Patria y vida» a mejor del año en los premios Grammy Latinos como un reconocimiento «a quienes luchan contra la dictadura». De los esperanzadores datos económicos de otros tiempos apenas queda el recuerdo: la caída del 11 por ciento del producto bruto interno con que cerró 2020 probablemente será superada por la contracción de este calendario, mientras que la reforma monetaria hasta ahora solo ha contribuido a acelerar la inflación.

La crisis tiene matices, sin embargo. A los profesionales que venden sus servicios a clientes extranjeros y cobran en dólares o monedas virtuales la devaluación del peso cubano (CUP) decretada en enero les multiplicó sus ingresos; también a las «mulas», que entran al país con los más diversos artículos para revender, y a los emigrados, que envían remesas a sus familiares o invierten en negocios dentro de la isla. Entre estos, se cuenta el actual cliente de Ariel, el albañil. Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, con su ciudadanía estadounidense y una pensión, decidió repatriarse a Cuba. El último año y medio lo dedicó a reformar una casa que había adquirido, con el objetivo de transformarla en un hostal para extranjeros. «Mil dólares no son nada en Estados Unidos, pero en Cuba si se tiene ese dinero todos los meses, se vive a cuerpo de rey», reflexionó Ariel.

En la otra cara de la moneda se encuentran miles de ancianos que viven solos, madres solteras al frente de familias numerosas y discapacitados sin formación profesional. En setiembre, durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció implícitamente la urgencia de «llegarles con trabajo social y ayudas». Pero entre el discurso oficial y las acciones prácticas se interpone el obstáculo tremendo de la crisis financiera. El programa demográfico, por ejemplo, lleva más de un año virtualmente suspendido; el grueso del presupuesto destinado a nuevos centros de reproducción asistida debió reorientarse a hacer frente a la covid-19, y la construcción de viviendas ha caído a sus mínimos en lo que va del siglo.

Las prioridades económicas del gobierno tampoco contribuyen a un cambio de circunstancias, al menos no en el corto plazo. En mayo, generó polémica un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el uso por sectores de los fondos públicos de inversión. Siguiendo una lógica difícil de comprender en tiempos de pandemia, durante 2020 y el primer trimestre de 2021 la mitad de ese dinero se empleó en hoteles, centros recreativos y sus infraestructuras conexas. «Se invirtió [en turismo] 3,5 veces más que en la industria, 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en la ciencia y la innovación tecnológica», tuiteó el economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco en su sede de París. De la prioridad otorgada por las autoridades a la industria del ocio da cuenta la designación de Manuel Marrero como primer ministro, en diciembre de 2019. Al momento de ocupar ese cargo, restablecido por la nueva Constitución, Marrero no era considerado siquiera un candidato, pues al prestigio y la experiencia de otros apenas podía contraponer el hecho de haber ocupado desde 2004 la titularidad del Ministerio de Turismo.

REFORMA CON LIMITACIONES

El 29 de setiembre fueron aprobadas las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cuba en más de 50 años, 32 de ellas de propiedad privada.

Su creación es la consecuencia más mediática del paquete de normas legislativas que a finales de agosto promulgaron el Consejo de Estado y varios ministerios para permitir a los negocios cuentapropistas adquirir personalidad jurídica y crecer hasta el centenar de empleados. A la par, se eliminó la moratoria que cuatro años atrás había sido impuesta a la inscripción de nuevas cooperativas no agropecuarias. La liberalidad gubernamental no llegó, sin embargo, al punto de levantar la veda al cuentapropismo profesional.

El 16 de abril, durante el octavo congreso del Partido Comunista, Raúl Castro tronó contra quienes «demandan el ejercicio privado de algunas profesiones mientras que a los demás no se les permite»: «Pareciera que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan […] el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista». Se trataba de una respuesta a las recogidas de firmas organizadas por arquitectos, ingenieros y otros graduados universitarios en reclamo de poder inscribir sus estudios y compañías, que, sobre todo en La Habana, llevan años funcionando en la alegalidad.

Unos 600 de ellos enviaron una carta al primer ministro criticando la existencia del «Listado de actividades prohibidas», un pliego de 124 ítems que el Estado reserva como de su exclusiva competencia. Siguiendo los precedentes de China y Vietnam, en él se incluyen ocupaciones como el periodismo y la abogacía o relacionadas con la defensa (la fabricación de explosivos, por ejemplo), pero también otras que mucho tiempo atrás fueron liberalizadas por Beijing y Hanói.

«Es triste que tantos jóvenes tengan que emigrar por no encontrar perspectivas de realización profesional y se sientan excluidos de un país donde sí hacen falta», lamentó la semana pasada Jorge Véliz, uno de los arquitectos firmantes de la carta.

Encontrar acomodo a los miles de graduados que cada año egresan de sus universidades es un reto para el gobierno. Aunque formalmente todos tienen empleo, la mayoría de las plazas en entidades estatales suelen tener honorarios que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas. «Aquí, ni los barrenderos viven de su salario», señaló un ingeniero informático, que aprovecha la conexión a Internet de su centro de trabajo estatal para programar para distintos clientes del exterior. Otros jóvenes aplican a becas que les permitan emigrar o cuelgan el título y se dedican a ocupaciones más productivas desde el punto de vista económico.

Una reforma de la legislación para empresas públicas, que ha venido promulgándose por etapas durante el último año, pretende cambiar ese orden de cosas. Pero en el camino se ha topado con obstáculos como la existencia del MLC, luego de dos décadas de dualidad monetaria (peso cubano y peso convertible) que terminaron por distorsionar todos los ámbitos de la contabilidad.

Las sanciones estadounidenses, primero, y los errores de las autoridades y el efecto de la covid-19, luego, se coaligaron para que en muchos casos el salario real disminuyera a consecuencia de la reforma. Si a finales de 2020 el cambio informal del euro rondaba los 30 CUP (prácticamente igual a la tasa oficial), desde entonces la moneda comunitaria siguió una parábola creciente, hasta su cotización actual de 85 CUP. El efecto de esa fluctuación se hace más sensible debido a que el euro y, en menor medida, el dólar constituyen las referencias para el MLC y, por tanto, para buena parte del mercado de bienes y servicios.

Con todo, no faltan quienes consideran que lo peor de la crisis pandémica pudiera estar pasando y que, con una hipotética recuperación del turismo, el gobierno tendría a su favor una mano ganadora. Analistas como Monreal estiman que solo en nuevas mipymes unos 15 mil negocios se sumarían a la trama empresarial de la isla de ahora a finales de 2022, generando miles de millones de CUP en impuestos y cubriendo algunos de los frentes más descuidados por el empresariado estatal, como los servicios. Una marcha nacional opositora convocada para el 20 de noviembre –cinco días después de la reapertura de fronteras– apuesta por mantener el estado de convulsión social antes de que la enésima recuperación económica vuelva a comprarle tiempo al gobierno.

Por lo pronto, la vitalidad de la «flexibilización» habanera ha dejado en entredicho los pronósticos pesimistas que llegaban desde Miami. Los ingresos de los cubanos de la isla siguen estando por debajo de los de otros países del continente, pero inexplicablemente a muchos no parece faltarles dinero para celebrar como si no hubiera un mañana.

Amaury Valdiviadesde Camagüey 
7 octubre, 2021

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Foto de archivo: Un grupo de venezolanos camina por una calle con maletas y bolsos en San Cristóbal, estado Táchira (Foto: EFE/ Johnny Parra)

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que en un 76,6% de los hogares del país caribeño los ingresos no cubren sus necesidades alimenticias

 

Tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos por la pandemia de covid-19 y la escasez de combustible, según un estudio académico presentado este miércoles.

Un 76,6% de los hogares sufre pobreza extrema, ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias, y un 94,5%, pobreza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

 “Llegamos a un techo de la pobreza”, mientras la pobreza extrema sí sigue escalando, dijo el sociólogo Luis Pedro España en la presentación en Caracas de la encuesta, que estima la población de Venezuela en 28,7 millones de habitantes después de que más de cinco millones emigraran desde 2014.

La pobreza en Venezuela, país que sufre una severa hiperinflación y su octavo año de recesión, aumentó desde 91,5% en el período 2019-2020 y la extrema desde 67,7 por ciento.

Las cifras de la encuesta distan de las ofrecidas por el régimen de Nicolás Maduro, quien aseguró, en su rendición de cuentas ante el Parlamento, que 17% de la población vivía en la pobreza en 2020 y solo 4%, en pobreza extrema.

El sociólogo Luis Pedro España explicó que el 5,5% de la población que se ubica por encima de la línea de pobreza ha podido “indexar” sus ingresos a la inflación y a la depreciación de la moneda local, el bolívar.

“Crisis de movilidad”

Hay una “crisis de movilidad” por las cuarentenas aplicadas en los últimos dos años y la falta de gasolina ante el colapso de la industria petrolera venezolana, lo que ha impactado en el número de trabajadores activos, subrayó España.

Solo el 50% de los venezolanos en edad de trabajar están activos según la encuesta, unos 7,6 millones. Las mujeres son las más perjudicadas, con apenas 32,9% de las trabajadoras en actividad.

“¿Por qué en Venezuela está dejando la gente de trabajar? Comienzan a ser más altos los costos de ir a trabajar que la remuneración que vas a recibir”, expresó el especialista.

El salario mínimo mensual, complementado por un bono de alimentación obligatorio, apenas sobrepasa el equivalente a dos dólares mensuales, insuficientes para cubrir, si quiera, el transporte. Este valor se ha debilitado tanto que ya ha dejado de ser referencia en el sector privado, donde el ingreso promedio es de unos 50 dólares, según estimaciones empresariales.

Ante el colapso, 86,5% de los hogares recibe ayudas gubernamentales y 20% remesas de familiares en el extranjero.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado las remesas: 11% de los hogares que las tenía en 2020 ha dejado de percibirlas y un 22% ha visto que disminuyen en cantidad y frecuencia.

Exclusión educativa

“Nos llegó la pandemia en un país que ya vivía una semiparalización” por la recesión, destacó por su parte Anitza Freites, coordinadora del estudio, quien destacó el impacto de la crisis en la educación.

De los 11 millones de personas en edad estudiantil (3 a 24 años), solo 65% están inscritas en centros educativos de los distintos niveles escolares, una caída de 5% con respecto a 2020, apuntó Freitez.

La cifra entre los potenciales estudiantes universitarios (18 a 24 años) apenas llega a 17%.

El 90% de quienes estudian lo han hecho en los últimos meses a distancia por el covid-19, afectados por las fallas de servicios públicos como electricidad y conectividad, y 70% reportan necesidades de mejoras de acceso a internet.

Los responsables de la encuesta entrevistaron a 17.402 familias en 22 de los 24 estados de Venezuela entre febrero y abril.

29 de Septiembre de 2021

(Con información de AFP)

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Un vendedor ambulante de fruta, la semana pasada en Yakarta (Indonesia).BAY ISMOYO / AFP

El Banco Mundial avisa de la correlación entre economía sumergida, bajo desarrollo y niveles elevados de pobreza y de desigualdad

Que el manto de la informalidad sobre el mundo en desarrollo es enorme se sabe desde hace décadas, pero cuantificarlo es una tarea titánica que solo se aborda de cuando en cuando. El Banco Mundial lo ha hecho este martes en una extensísima investigación de más de 300 páginas que concluye que el sector informal supone cerca de la tercera parte del PIB y más del 70% del empleo total de los países emergentes y en desarrollo, un epígrafe bajo el que está incluida toda África y la mayor parte de Asia y América Latina, así como algunas naciones de Europa del Este.

En su primer monográfico sobre informalidad, el propio organismo con sede en Washington califica el dato de “sorprendente” por lo elevado que es. Y recuerda que el hecho de tener una fracción tan importante de la economía en zona de sombra, fuera del rango de acción de los propios Estados —que no pueden recaudar ni regular todo aquello que escapa de su control—, está altamente correlacionado con un desarrollo más bajo, así como con altos niveles de pobreza y de desigualdad y con una —lógica— peor gobernanza.

Freno para la recuperación poscovid

Con la economía aún sufriendo las penalidades de la pandemia, el Banco Mundial alerta de que la informalidad “probablemente frenará” la recuperación de los países que exhiben unas tasas mayores. El motivo: al tener una parte tan sustancial de la actividad fuera del campo visual de las autoridades, la capacidad de recaudación cae y, con ella, el margen de maniobra de los Estados para poner en marcha políticas contracíclicas. Según sus datos, en los países en desarrollo que tienen una tasa de informalidad mayor que la media del bloque los ingresos públicos rondaron el 20% del PIB. Esa cifra es entre cinco y 12 puntos inferior a la de sus pares, y está a años luz del alrededor del 50% de recaudación fiscal de los países más desarrollados del mundo, como los escandinavos.

Pero no solo la potencia de fuego de la política fiscal se ve mermada: los técnicos del ente también subrayan que la precariedad del sistema financiero, directamente aparejada a la informalidad, inhibe los esfuerzos de la política monetaria, el otro gran cortafuegos disponible contra el derrumbe de una economía cuando pintan bastos.

Rezago de los colectivos más afectados

“Los trabajadores informales son, sobre todo, mujeres y jóvenes poco calificados que en medio de una crisis como la de la covid-19 a menudo quedan rezagados y tienen un acceso limitado a las redes de seguridad social cuando pierden el empleo o sufren graves pérdidas de ingresos”, subraya Mari Pangestu, directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial.

Esa necesidad de ir al trabajo ha complicado aún más la lucha contra la pandemia, que ha contribuido a agravar en muchos países: ante la imposibilidad de desempeñarse desde casa, millones de empleados de diversos sectores (desde vendedores ambulantes hasta repartidores por cuenta propia o transportistas y conductores no registrados) se han visto abocados a seguir con su rutina ajenos a la pandemia para poder llevar algo de sustento a casa. Las rentas básicas temporales puestas en marcha por varios Gobiernos —muchos de ellos en América Latina— han ayudado a mitigar este problema, pero se han demostrado insuficientes en amplias capas de la población, que también son las que más han sufrido el azote del virus.

Mejora reciente, aunque demasiado lenta

El bloque emergente, que suma el 90% del empleo, está lejos de ser monolítico; más bien al contrario, es un abanico de realidades muy distintas entre sí. También en lo tocante a la informalidad. Los niveles más altos de economía en la sombra están en África subsahariana, con cerca del 36%, frente al 22% de Oriente Medio y el Norte de África, donde se contabilizan los niveles más bajos del bloque.

La informalidad no es un destino esculpido en piedra. Así lo demuestran las tres últimas décadas, en las que esta variable se redujo en cerca de siete puntos porcentuales en los países emergentes, hasta el actual 32% del PIB. Un descenso reseñable, aunque demasiado lento dados los todavía muy elevados niveles de economía sumergida, que los economistas del multilateral achacan “parcialmente” a las reformas aplicadas por los Gobiernos para aumentar el atractivo del sector formal a ojos de los trabajadores o para reducir el coste del tránsito de uno a otro. Aún queda un largo camino por recorrer.

Por Ignacio Fariza

Madrid - 11 may 2021 - 16:30 CEST

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Imagen:  Sancho R. Somalo Byron Maher

Comunicadores, investigadoras o actores desgranan qué posibilidades se abririán para las personas si tuviesen las necesidades básicas cubiertas por un ingreso individual, incondicional y universal.

 

A imaginarse una vida con una renta básica universal, es decir, con todas las personas recibiendo un ingreso monetario periódico suficiente para cubrir las necesidades básicas, invita el vídeo Tu vida con una renta básica. Una iniciativa en la que han participado comunicadores, investigadoras y rostros conocidos de la cultura, y que tiene como objetivo, según explican sus promotoras, acercar la propuesta de la renta básica universal a un público más amplio, y apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea que pretende alcanzar el millón de firmas para que el debate sobre su implementación llegue a Bruselas.

“Con una renta básica acabaríamos con la pobreza y conseguiríamos una sociedad mucho más igualitaria donde no existieran ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, aventura Javier Gallego, primer rostro conocido que aparece en el vídeo. Tras el comunicador, la también periodista Lucía Mbomio explica cómo una renta básica podría ser una herramienta contra la precariedad, “tendrías la opción de decir que no a condiciones de semiesclavitud”, y la abogada Carla Vall expone cómo este ingreso universal permitiría acabar con la dependencia económica que está muchas veces en la base de la violencia machista.

Los actores Sergi López y Xulio Abonjo, las investigadoras Jule Goikoetxea y Coral Herrera, el músico Toni Mejías y el médico y activista Javier Padilla completan el elenco de voces que desgranan las posibilidad que abriría una renta básica universal, desde: “Poner en marcha proyectos personales y colectivos sin miedo a no poder sostenerlos”, a contar con una protección frente a las “incertidumbres e inseguridades económicas que pueden afectar mucho a nuestra salud física y mental”. “¿Es tan difícil de imaginar que las personas tengan un suelo para vivir que les permita ser libres?”, se pregunta Herrera.

En el vídeo también se defiende la factibilidad y necesidad de esta renta básica universal, “¿podemos seguir aceptando la pobreza? Hay estudios suficientes que demuestran que una renta básica es viable económicamente”, sostienen en un guión que critica la desigualdad, el abuso de las grandes fortunas, y la precariedad e incertidumbre a las que se condena a las mayorías sociales. Para transformar esta realidad, invita a firmar la Iniciativa Ciudadana Europea, que deberá alcanzar sus objetivos antes del 25 de marzo de 2022.

Las personas activistas que están detrás de la campaña consideran fundamental explicar de manera cercana una medida que a menudo se confunde con otro tipo de políticas económicas como las rentas mínimas autonómicas, el ingreso mínimo vital y otros subsidios condicionados. Frente a estas ayudas, defienden, la incondicionalidad y universalidad de la renta básica la situa como un derecho, alejándola del estigma y la ineficacia burocrática.

El vídeo, que cuenta con versiones en castellano, catalán, gallego y euskera, se suma a los esfuerzos para lograr el millón de firmas que requiere la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para llevar el debate a las instituciones comunitarias y de ahí a los estados. A España le corresponde aportar 41.595 firmas, de las que ya se han conseguido 18.024, un 43% del total. La plataforma EUREKA es la encargada de coordinar la ICE a nivel estatal.

Si bien la lucha por una renta básica universal cuenta con décadas de historia, la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas pusieron más que nunca el debate en el centro el año pasado, convertiéndose en uno de los reclamos del plan de choque social de los movimientos sociales en el estado. Feministas y colectivos LGTBI, artistas, profesionales de la cultura, personas psiquiatrizadas, educadores sociales la han reclamado en diversos manifiestos en los últimos tiempos.

“La desigualdad en nuestras sociedades es cada vez mayor. ¿Podemos seguir permitiéndolo?”, se preguntan en el vídeo, antes de denunciar: “Cada vez trabajamos más horas, y el trabajo es más inestable y no aporta bienestar ni seguridad económica ¿tenemos que seguir viviendo en la incertidumbre y la precariedad?”. Para transformar esta realidad, frente a una crisis que podría agudizar aún más la brecha entre una élite cada vez más acumuladora y unas mayorías sociales cada vez más empobrecidas, la campaña invita a firmar la iniciativa europea.

Por Sancho R. SomaloByron Maher

Redacción El Salto

13 abr 2021 10:00

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

Publicado enInternacional
O las grandes tecnológicas o la prensa libre

La captura de ingresos por publicidad digital de las grandes empresas de tecnología como Google y Amazon representa una amenaza seria para la libertad de prensa.

 

A fines de febrero en 2021 se produjeron dos acontecimientos notables. En primer lugar, Facebook y Google intentaron intimidar a Australia debido a una nueva ley que exige que las plataformas de las grandes tecnologías (big tech) compartan con las empresas de medios de comunicación australianas los ingresos por publicidad digital. Segundo, la cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G-20 resultó en un giro drástico respecto de las normas impositivas globales.

En un anuncio que casi no tuvo publicidad, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a sus pares del G-20 que el gobierno de Joe Biden iba a desestimar el reclamo del gobierno de Donald Trump de que las compañías estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook, pudieran optar voluntariamente por quedar fuera del propuesto acuerdo impositivo digital global. Esta disposición, conocida como «safe harbor» (puerto seguro), era enfáticamente resistida por la Unión Europea y durante muchos años bloqueó las negociaciones para que las compañías de tecnología paguen una porción mayor de sus impuestos en los países donde operan.

Por años, Facebook, Google, Amazon, Apple y otras empresas buscaron paraísos fiscales, instalando centros de operaciones básicas en países de baja tributación y registrando la totalidad de sus ventas a través de esos países. Con la administración Biden dando muestras de una nueva apertura estadounidense a un impuesto digital común, así como a un impuesto corporativo mínimo global, las big tech pronto podrían encontrarse ante un frente transatlántico unificado.

Parte de ese frente es impulsado por una pelea por la supervivencia entre las empresas de medios tradicionales, no solo en Australia sino en todo el mundo. Además de transmitir torrentes de desinformación electoral y sobre el covid-19, otro de los impactos peligrosos de la actividad de Google y Facebook ha sido el debilitamiento de la estabilidad económica de los medios de comunicación, desde Australia hasta la Unión Europea, pasando por el estado norteamericano de Maryland.

Las big tech debilitan a la prensa

¿Cómo amenazan Google y Facebook el bienestar económico de la prensa libre? Solo estas dos firmas absorben un increíble 60% de toda la publicidad online en el mundo (fuera de China). Con otro 9% que toma Amazon, solo resta un magro 30% de ingresos por publicidad digital global para distribuir entre los miles de medios de comunicación, muchos de los cuales son publicaciones locales. Dado que los avisos digitales online representan en la actualidad más de la mitad del gasto total por publicidad (y se proyecta un crecimiento aún mayor), esto ha contribuido enormemente a la desfinanciación y el fracaso de empresas de noticias en un país tras otro.

La situación de Australia es típica. Su comisión de competencia determinó que, por cada 100 dólares australianos gastados por anunciantes online en Australia, 47 van a Google y 24 a Facebook, aun si la publicidad tradicional ha caído. Varios estudios establecieron que la mayoría de la gente que se informa mediante la web no consulta la fuente original de las noticias, sino que accede a ellas a través de las plataformas de Facebook y Google, que están hábilmente diseñadas para mantener la atención de los usuarios. Muchos de estos jamás hacen clic en los enlaces, y en cambio absorben el meollo de las noticias desde los titulares y las vistas preliminares de las plataformas.

En efecto, los medios digitales han convertido a miles de editoriales y emisoras en poco más que escritores fantasma no remunerados de los contenidos de su plataforma. Hay que tener en cuenta que Facebook y Google podrían modificar su diseño y sus algoritmos para dirigir intencionalmente a los usuarios a los sitios web de las fuentes de noticias. Sin embargo, no lo hacen. Prefieren reempaquetar y monetizar el producto del productor original sin pagar por eso. En otras industrias, eso se llama robo.

Por lo tanto, Australia decidió luchar contra este duopolio estableciendo algunas reglas propias. Una nueva ley exige que las empresas de medios digitales compensen a las empresas australianas de medios en forma justa por reempaquetar y monetizar sus contenidos de noticias registrados. Los medios de comunicación de todo el mundo están atentos para ver cómo resulta esto.

El poder puro y desnudo de la plataforma

Ante la propuesta, Google lanzó inicialmente amenazas, pero luego negoció acuerdos con las empresas de noticias para pagarles alguna compensación. En cambio, Facebook hizo exhibición de sus fuerzas sacando completamente a Australia de su plataforma por varios días. Esto impidió que tanto las empresas de noticias australianas como los usuarios, entre ellos importantes organismos gubernamentales como los servicios de salud, de prevención y combate de incendios y de crisis, pudieran publicar, ver o compartir contenidos de noticias.

El resultado fue impactante, el proverbial «disparo que se escuchó ‘en todo el mundo’». Facebook censuró a los usuarios australianos con más eficacia que la que alguna vez haya podido ejercer el gobierno comunista chino, lo cual promovió acusaciones de «autoritarismo big tech». Facebook finalmente cedió a los requerimientos de Australia a cambio de algunas concesiones poco claras e inciertas. Pero el mensaje del poder puro y desnudo de la plataforma fue inequívocamente claro.

En la actualidad se libra una batalla similar en el estado de Maryland. Durante los últimos 10 años, el ingreso por publicidad de los periódicos estadounidenses cayó 62 y sin ese financiamiento, el empleo en las redacciones se redujo casi a la mitad. Esa caída coincidió con un incremento enorme>span class="MsoHyperlink"### en el uso de medio digitales. Presionado por estas cifras de la economía, Maryland aprobó el primer impuesto estadounidense sobre los ingresos por publicidad digital (percibidos dentro de los límites de ese estado), dirigido a empresas como Facebook, Google y Amazon. Se proyecta que la medida genere un ingreso fiscal de hasta 250 millones de dólares en el primer año, que se destinará a las escuelas. Los gigantes tecnológicos amenazan con acciones legales contra Maryland, al tiempo que legisladores de los estados de Connecticut e Indiana han introducido medidas similares.

El panorama más amplio: lo que está en juego

Uno de los debates más importantes y no zanjados de la era de internet es si las plataformas de medios digitales como Facebook, Google/YouTube y Twitter son la nueva «plaza pública», es decir, una especie de ágora de la libertad de expresión global, o simplemente la más moderna versión tecnológica de las antiguas empresas editoriales y de difusión radial y televisiva. O, quizás, un híbrido entre ambos.

Antes incluso de los acontecimientos seminales de este año –el ataque al Capitolio y la decisión de Facebook, Google y Twitter de discontinuar las publicaciones del presidente de Estados Unidos–, las empresas de big tech actuaron como editoras al poner en manos de sus algoritmos de «participación» decisiones cruciales sobre qué contenido se presenta al tope de los flujos de noticias de los usuarios y cuál se promociona y amplifica. Sus sofisticadas máquinas editoriales de «cola larga» utilizan sistemas precisos de direccionamiento de contenidos a nichos de usuarios, para mostrar diferentes contenidos a diferentes personas, incluso publicidad política.

No se trata aquí de tableros de chat online pasivos, ni las plataformas de las big tech son meras administradoras de una plaza pública digital. Son «editoriales robot» en las que los algoritmos llevan a cabo las tareas esenciales de un editor. Desde un punto de vista legal o de rendición de cuentas, debería importar poco si lo que está detrás de la cortina es una súper computadora o un ser humano. De hecho, estas empresas tienen más en común con el New York Times, Bild y Rupert Murdoch que con un wikiboard en línea o una esquina para la libre expresión en el Hyde Park de Londres.

Sin embargo, la ley vigente no trata a estas empresas como a editoriales o difusoras de radio o televisión, en particular en lo que a responsabilidad o rendición de cuentas se refiere. Las plataformas de medios digitales prefieren escudarse tras el hecho de que tienen miles de millones de usuarios que generan contenido, lo que asimilaría su rol al de un «transportista general» estilo AT&T o al de una plaza pública. Pero eso no debería opacar la centralidad de su función editorial.

¿Una amenaza a la internet abierta?

Quienes critican el enfoque de Maryland y Australia sostienen que amenaza el principio de una internet abierta. En esencia, exigen que las fuentes de noticias tradicionales soporten la carga financiera de continuar produciendo noticias de calidad sin recibir una compensación justa, así como demandaron que se le permitiera a Napster distribuir música registrada en forma gratuita sin compensar a los músicos y las discográficas.

Pero el principio de «internet abierta» debe equilibrarse con el «principio del derecho de autor», que se estableció años antes de que existiera internet. La ley de derecho de autor establece que ningún individuo u organización puede echar mano al contenido de otro y monetizarlo sin pagar por eso. Hay algo básico y justo en que los gigantes de medios digitales paguen por el contenido de noticias original que utilizan para llevar tráfico a sus sitios propios.

El principio de internet abierta contribuye a la inestabilidad financiera de los medios de comunicación de todo el mundo, y si se lo lleva a su conclusión lógica, canibalizará lo que queda de los medios noticiosos. Sin fuentes creíbles de noticias en las que apoyarse, Facebook, Google y Twitter estarían aún más teñidas por la desinformación por la que se han hecho famosas estas plataformas. De esa forma van camino a la autodestrucción.

Las democracias deben detener esta destrucción del ecosistema de los medios digitales antes de que estas empresas destruyan nuestras democracias. Francia y Austria han aprobado leyes similares a las de Australia; Canadá anuncia que adoptará ese enfoque y posiblemente la India también lo haga.

Hay mucho en juego en esta batalla por la participación en la publicidad digital, y la Unión Europea y Estados Unidos deberían señalar el rumbo tanto para asegurar que los medios big tech respeten la inviolabilidad de la ley de derecho de autor como para detener el debilitamiento de los medios de comunicación y de las empresas de noticias en todo el mundo. Desafortunadamente, el gobierno de Biden se ha mantenido notablemente callado en relación con este tema, algo quizá comprensible teniendo en cuenta que tiene mucho que atender en sus primeros meses de gestión.

También es lamentable que la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor, una regulación que ya tiene dos años, no haya sido aún implementada por la mayoría de los Estados miembros. Esta norma, sin embargo, es significativamente más débil que la nueva ley de Australia, ya que no obliga a las empresas tecnológicas a someterse a un arbitraje vinculante con las empresas de noticias cuando no logran llegar un acuerdo. Martin Kretschmer, profesor de Derecho en la Universidad de Glasgow, afirma que «la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor es ya una ley anticuada».

Pero un frente unificado transatlántico en el G-20 respecto a normas impositivas globales ofrece una oportunidad para que la Unión Europea y Estados Unidos negocien con otras naciones líderes para establecer un nuevo estándar que permita controlar los muchos aspectos tóxicos de los monopolios de las big tech. Es hora de que los Estados a ambas márgenes del Atlántico mejoren su juego.

Fuente: IPS

Traducción: María Alejandra Cucchi

Publicado enSociedad
El FMI propone una 'tasa covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis

La institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de la covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.

"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe Monitor Fiscal.

En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).

Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.

"En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza", ha explicado. 

De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. "Hay muchas opciones disponibles", ha añadido.

En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería "una contribución para la recuperación de la covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad". 

MADRID

07/04/2021 16:29

Europa Press

Publicado enEconomía
Miércoles, 24 Febrero 2021 06:02

Democracia de papel

Democracia de papel

 La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979, acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vida bajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional  y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firma de la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por una derecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la política tradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el gran país de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendo víctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares. Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de facto a través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desde Washington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

23 febrero 2021

Créditos: 

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.

Edición: Francesc Relea

Coordinación: Milagros Romero Meza. 

Diseño para redes: Paula Álvarez. 

Publicado enInternacional
Lo que la izquierda debería pensar sobre los impuestos

Cada vez se oye más a menudo que “los impuestos no pagan el gasto del gobierno”. La idea de que los impuestos son en el mejor de los casos innecesarios y que en el peor de los casos son un problema, está ganando fuerza entre la izquierda. El tesoro [británico] ha tanteado la posibilidad de incrementar los impuestos incluyendo la retirada de rendijas en el sistema que benefician a los más ricos. Es importante que estos cambios están siendo considerados por un ministro conservador. ¿Cómo debería responder el partido Laborista?

De momento, la línea oficial es que las subidas de impuestos no son pertinentes durante la actual crisis económica: el portavoz de Starmer ha dicho que “este es el peor momento para hablar de subidas de impuestos”. Esta respuesta se basa en el teoría keynesiana convencional por la cual en una crisis provocada al menos parcialmente por una falta de gasto, debe evitarse cualquier cosa que reduzca aun más el gasto del sector privado. Y aunque esto ha provocado cierto enfado entre la izquierda, que correctamente considera prioritaria la justicia impositiva, hay un cada vez más un bullicioso grupo en la izquierda que protesta en contra de incrementos impositivos por razones distintas.

El alegato comienza con que no hay de hecho ninguna conexión entre la imposición y el tamaño del sector público: el gasto del gobierno puede ser incrementado a cualquier nivel, así se afirma, sin necesidad de preocuparse por incrementar los ingresos fiscales para “pagar por” ello. El razonamiento detrás de esa afirmación se presenta a menudo de forma compleja, pero esencialmente se reduce a una simple observación: el Banco de Inglaterra –una institución del sector público- es el emisor de la libra esterlina. Siempre que el Banco de Inglaterra quiera seguir emitiendo libras en nombre del gobierno, este podrá gastar sin necesidad de gravar impuestos.

El argumento es técnicamente correcto en términos técnicos –el gobierno del Reino Unido nunca se quedará sin libras. Pero la conclusión de que “los impuestos no pagan el gasto” es incorrecto. Esto es porque se mezclan dos diferentes significador de “financiar”. El primero es el acto de liquidar una transacción. Es bien entendido por el público en general que cuando se hace un pago –al comprar en el supermercado, por ejemplo- esto llevará a cambios en los saldos de los balances: el efectivo del comprado, ya sea en dinero físico o electrónico, será reducido y el balance del supermercado será incrementado por el mismo importe.

“Pago” en este sentido se refiere a los tecnicismos de la transacción: ¿tiene el comprador suficiente dinero efectivo para comprar el bien o servicio? Si no, la transacción no puede llevarse a cabo. Dado que una falta de efectivo nunca puede limitar el gasto del gobierno en un sentido técnico del término, se dice, los impuestos no pagan o financian el gasto. El gasto, en cambio, “se paga” con el nuevo dinero que el Banco de Inglaterra emite electrónicamente.

De nuevo, esto es técnicamente correcto –pero es una estrecha, mecanicista y a últimas engañosa definición de cómo el gobierno “paga” su gasto-.  Lo que realmente importa son los bienes y servicios que los balances de dinero efectivo pueden comprar. El gobierno puede adquirir más cosas imprimiendo más dinero si se cumplen dos condiciones. La primera es que haya cierta atonía en la economía: en otras palabras, que haya desempleo o subempleo que pueda emplearse para producir bienes y servicios. La segunda condición es que el sector privado (hogares y empresas) estén dispuestas a aceptar el dinero extra creado por el gobierno.

Siempre que esas condiciones se cumplan, hay de hecho una barra libre para el gobierno debido a su habilidad de imprimir dinero fresco. Pero mientras que la mayoría de economías operan con cierta atonía –siempre hay personas desempleadas- esta capacidad tiene límites. En algún momento, se llegará al punto en el que los bienes y servicios comprados por el gobierno no puedan ser nuevamente producidos, de modo que el gobierno tenga que competir por los recursos económicos con el sector privado.

De igual modo, la disposición a aceptar más efectivo en los balances tiene sus límites: en algún momento los tenedores de esas libras creadas nuevamente las usarán para gastar en bienes y servicios, o adquirirán activos como casas o acciones de empresas. Los inversores podrían vender en los mercados de divisas por otras monedas, reduciendo así el valor de la libra.

Existe, por tanto, un límite a cuánto puede “pagar" el gobierno por su gasto con la impresión de nueva moneda. Más allá de este límite, el gobierno debe o tomar dinero prestado, o gravar impuestos. Este es el sentido en el cual los impuestos “pagan por” el gasto: hacen que haya recursos económicos disponibles para el gobierno que de otra manera no estarían disponibles.

Al gravar impuestos, el gobierno puede reducir el gasto de algunos individuos, o reducir el gasto en ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, gravando a aquellos con mayores ingresos, el consumo en lujos altamente contaminantes puede ser reducido. Así más recursos estarán disponibles para otras actividades, como la construcción de infraestructuras para el transporte o para la provisión de necesidades de consumo para los trabajadores.

La emergencia climática y la pandemia requieren una reestructuración fundamental de la economía. El nivel de inversión que se necesita implica que los cuellos de botella son inevitables, requiriendo reducciones en el gasto en algún otro lugar. Por ejemplo, un mejor aislamiento de los hogares puede significar una reducción del gasto en nuevas calefacciones.

Hace un flaco favor y es confuso afirmar, por ejemplo, que el Green New Deal puede implementarse sin aumentar los impuestos a los ricos: los tecnicismos monetarios son más bien irrelevantes –lo que importa es que el consumo despilfarrador de los ricos tiene que ser reducido para liberar los recursos para el gasto social útil.

Los cambios discutidos por el Tesoro británico incluyen igualar las tasas impositivas de las ganancias de capital a las del ingreso, eliminar las desgravaciones de las pensiones a los más ricos e incrementar los impuestos a las empresas. Esto son cambios progresivos y que se necesitan desde hace un buen tiempo. La propuesta de cambios también ha congregado un amplio apoyo público. Oponerse a ellos supone alinearse con los ricos en vez de con la clase trabajadora y los más pobres.

Al mismo tiempo, los progresistas deben continuar abogando por el activismo fiscal para mantener los puestos de trabajo y transformar la economía. La pretensión de que los incrementos de la deuda pública debidos a la pandemia deben ser pagados son simplementes incorrectos y deben ser refutados.

El deficit público se mantendrá en niveles elevados hasta que la crisis se acabe y el ratio entre deuda y PIB incrementará –tal y como debe ocurrir, por otra parte-. El Banco de Inglaterra puede y debe continuar usando su poder de emitir moneda para asegurar que el incremento de la deuda pública ocurra sin generar inestabilidad financiera o económica.

Pero los ingresos impositivos y el tamano del estado no pueden divergir de manera constante en el tiempo. Aquellos que quieran un mayor y más eficaz estado deben abogar por cambios progresivos en el sistema fiscal que aseguren que el ingreso aumenta más o menos al mismo tiempo que los gastos en el largo plazo. Esto no quiere decir que los dos sean igual: no lo deben ser. El déficit público ha sido el estado normal de las cosas durante décadas –pero los déficits fiscales no puedes crecer sin límite alguno.

No debemos permitir que el argumento de que “los impuestos no pagan el gasto” erosionen el sistema impositivo, incrementen la desigualdad y abran la puerta a los fanáticos del mercado a abogar por la necesidad de rebajar el gasto en programas sociales básicos. Si queremos ver un cambio de sistema, es momento de que la izquierda abogue por una reforma fiscal progresiva en sus propios términos.

Por Jo Michell

economista post-keynesiano, profesor de la University of West of England.

05/02/2021

Publicado enEconomía
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