Simpatizantes de Julian Assange protestan en Londres por la decisión de la Justicia británica de extraditar a EEUU a Assange. — Andy Rain / EFE / EPA

El letrado de Wikileaks considera que la decisión de la Justicia británica de dar vía libre a la extradición a Estados Unidos es un tremendo error y recuerda que "estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana".

 

Minar la credibilidad de Estados Unidos en materia legal, de compromisos internacionales, de protección de los derechos humanos y la libertad de prensa serán los argumentos más relevantes de la apelación que, en los próximos días, los abogados de Julian Assange expondrán ante la Corte Suprema de Londres, para intentar revertir la resolución que da vía libre a su extradición.

La sentencia del alto tribunal británico trae a un primer plano algo más que la incomodidad que para las grandes potencias y sus Gobiernos supone el ejercicio libre del periodismo como herramienta social fiscalizadora de la acción de sus gobernantes. Y, más en concreto, sienta un peligroso precedente que permitiría que cualquier periodista, en cualquier lugar del mundo y de cualquier nacionalidad, pudiera ser considerado un objetivo a capturar por la inteligencia norteamericana o de otro Estado, por el simple hecho de desvelar acciones secretas o incómodas, como los crímenes de guerra o la corrupción de las élites.

Exactamente lo mismo por lo que se persigue actualmente a Julian Assange y que se teme, a corto plazo, pudiera alcanzar a la red de colaboradores de WikiLeaks.

El fallo de Londres

La Corte de Londres tenía dos opciones para posicionarse respecto a Julian Assange, basadas en dar respuesta a cinco puntos que eran objeto de valoración legal. Tres de ellos argumentados por la defensa ponían sobre la mesa el pésimo estado de salud del periodista, quien desde 2012 no había podido tener una vida normal. Los informes médicos aportados al tribunal, supervisados por relatores de Naciones Unidas, ponían de manifiesto el alto deterioro de su salud física y mental por tantos años de cautiverio, que podrían derivar en suicidio en caso de extradición.

Y, por otro lado, la opción que finalmente fue asumida por la Corte de Londres para permitir la extradición del fundador de WikiLeaks. Consideraban y daban por creíble que Estados Unidos "habría proporcionado un paquete de garantías de que Assange no estará sujeto a SAMS (Special Administrative Measures, en inglés) ni será encarcelado en ADX (alta seguridad con 23 horas diarias en celda de aislamiento) a menos que el reo hiciera algo posterior al ofrecimiento de estas garantías que justifiquen la aplicación SAMS o la designación a ADX". Igualmente, "Estados Unidos también ha asegurado que dará su consentimiento para que el señor Assange sea trasladado a Australia para cumplir cualquier sentencia de prisión que se le imponga".

"La CIA planeó asesinar a Assange"

Para Aitor Martínez, abogado del fundador de WikiLeaks, la decisión de la Corte de Londres es un tremendo error porque el compromiso aportado por los representantes de Estados Unidos no es creíble. "¿Alguien piensa que Julian Assange no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad o se le aplicaría un tratamiento penitenciario durísimo?", señala Aitor Martínez. "Estamos hablando de la persona a la que la CIA planeó asesinar, de acuerdo con revelaciones recientes en la prensa norteamericana", añade.

El abogado del equipo legal de Assange insiste en que "hablamos de la persona que publicó los documentos de Vault 7 , un paquete de información sensible de la CIA sobre intromisiones sistemáticas en los dispositivos tecnológicos de los ciudadanos, causando un gran impacto en la agencia. ¿De verdad pensamos que el establishment de inteligencia no someterá a Assange a un trato inhumano al llegar allí?".

El letrado hace referencia a la investigación periodística de Yahoo News en Nueva York, en la que una treintena de testimonios de exmiembros de la Inteligencia y del servicio secreto de Estados Unidos dan cuenta de los planes diseñados por la CIA en 2017, con Donald Trump en la presidencia, cuyo propósito era capturar a Julian Assange, vivo o muerto, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres.

Los Ina Papers para presionar a Lenin Moreno

La operación fue diseñada al mismo tiempo que se investigaban otras vías y medidas de presión que sirvieran para sacar a Assange de dicha embajada. Planes que incluían también al presidente electo de Ecuador, Lenin Moreno, y su familia, en busca de debilidades que utilizar para forzar al mandatario a expulsar al "huésped", como se identificaba al fundador de WikiLeaks refugiado en la embajada desde 2012, además de convencionales contactos diplomáticos entre ambos países.

En febrero de 2019 se difundían casualmente los llamados Ina Papers, documentos que acreditaban la existencia de empresas offshore y cuentas millonarias en paraísos fiscales, como Panamá y Belice, y propiedades en España a nombre de la familia del presidente de Ecuador. Dos meses después, el 11 abril, tras la difusión de vídeos y fotos de Julian Assange en la prensa y canales de televisión de todo el mundo, a través de una organización criminal asentada en España, el periodista y activista era finalmente expulsado de la embajada por orden de Moreno y detenido.

Los casos Mendoza y Biondo

El letrado del equipo legal de Julian Assange señala también que "Estados Unidos ha violado repetida y sistemáticamente las garantías diplomáticas en el marco de extradiciones con múltiples países europeos, y por tanto sus garantías no son creíbles".

Según el abogado español, "se han recopilado multitud de casos con diferentes países europeos en los que Estados Unidos se obligó mediante garantías diplomáticas a cumplir lo acordado con ciudadanos extraditados, pero, una vez entregada esa persona, Estados Unidos incumplió esas garantías". Recuerda Martínez un ejemplo de ello, entre tantos otros, como "es lo sucedido con la jurisdicción española y el caso Mendoza, quien fuera entregado a Estados Unidos con la condición de cumplir la eventual condena que se le impusiera en España. Tras ser sentenciado en Estados Unidos, se negaron a su traslado a España. El escándalo fue tan mayúsculo que el Tribunal Supremo condenó al Gobierno español por no haber podido conseguir que Estados Unidos cumpliera con la garantía diplomática otorgada a su ciudadano".

Este caso del que habla el jurista se refiere al caso de David Mendoza. Este hijo de españoles era residente en Estados Unidos cuando se cometieron los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales los que se le acusaba. En 2007 renunció a la nacionalidad estadounidense y adquirió la española.

Estados Unidos reclamó entonces su extradición por estos delitos y la Audiencia Nacional puso como condición para su extradición, aprobada por el Consejo de Ministros, que pudiera cumplir su condena en España si, en caso de ser condenado, así lo solicitaba. David Mendoza fue entregado a las autoridades estadounidenses el 30 de abril de 2009 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras ser juzgado, fue condenado a 14 años de prisión y encarcelado en una prisión de New Jersey. En febrero de 2010, el reo solicitó cumplir la pena en España, pero Estados Unidos rechazó su petición de traslado a nuestro país. Ni la Justicia española ni el Gobierno de Rajoy entonces lograron la repatriación.

Pero, como recuerda el abogado de Assange, este no es el único caso en España. Destaca el del ciudadano italiano residente en España Gabriele Biondo, acusado de delitos de narcotráfico en Estados Unidos, que solicitó su extradición y fue entregado a pesar de los recursos y la intervención del Tribunal de Estrasburgo.

"Y son sólo ejemplos de múltiples casos de violaciones a garantías diplomáticas", señala Aitor Martínez. "Básicamente, violaciones que, además, pivotan sobre una misma realidad. Y es que las garantías que pueda dar el Departamento de Justicia de Estados Unidos son papel mojado, ya que posteriormente la persona será sometida a un órgano judicial que no está obligado por esas garantías dadas por otro órgano ante el que no están vinculados. De ahí que esas garantías se violen repetidamente en Estados Unidos".

El recorrido del caso Assange aún podrá prolongarse durante algunos meses y con la mirada puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como último recurso, si llegado el momento Reino Unido accede a la extradición de Assange a Estados Unidos para ser juzgado y, previsiblemente, condenado de facto a una cadena perpetua.

Assange está reclamado por la Justicia de Virginia, sede de la CIA

El abogado del despacho de Baltasar Garzón apunta que "la alegación de Estados Unidas de que Assange tendría un juicio justo e, incluso, podría ser declarado inocente, choca con la

Aitor Martínez señala que el fundador de WikiLeaks "está reclamado por el Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia del país". Señala que "de hecho, los jurados están compuestos, mayoritariamente, por personas vinculadas al establishment de la Inteligencia del país".

En este sentido, añade que "las estadísticas en ese distrito hablan por sí solas. Es prácticamente imposible salir inocente de aquella jurisdicción, toda vez que las personas que componen esos jurados son normalmente trabajadores de las agencias, familiares de esos trabajadores o personas vinculadas"

1/12/2021 21:54

Joan Cantarero@JoanCantarero

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Hatice Cengiz, expareja de Jamal Khashoggi, declarando ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre asesinato de periodistas. — TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzga la impunidad en el asesinato de periodistas en distintos países del mundo. Denuncia que se trata de uno de los crímenes más impunes que existen y reclama la atención de los Estados.

En los escasos diez minutos que la periodista Pavla Holcová habló ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para exponer cómo había sido asesinado su colega y amigo, el periodista Ján Kuciak, en Eslovaquia en 2018, y denunciar que el artífice intelectual de su muerte aún no ha sido aún condenado, recibió en su teléfono móvil al menos tres amenazas advirtiéndole sobre su muerte o amenazándola con que algo malo le pasaría. No es nuevo. Es con lo que convive desde hace años, cuando decidió dedicarse el periodismo de investigación y destapar los entuertos de los poderosos y las mafias. Otros como Kuciak acabaron asesinados por realizar su trabajo de denuncia a los poderosos. En muchas ocasiones, afirma Holcová, estos poderes ocultos y los gobiernos o el mismísimo poder judicial acaban siendo una misma cosa o tienen relaciones muy robustas. 

El tribunal donde se ha presentado el caso de Ján Kuciak no es un tribunal al uso. Se ha celebrado en la Haya, ante un Tribunal del Pueblo, una forma de denuncia puesta en marcha por la sociedad civil hace cerca de 40 años y en la  que se da testimonio de serias violaciones de los derechos humanos que nadie parece querer reconocer o tener intención de juzgar. En este caso, el Tribunal del Pueblo ha puesto el foco en la impunidad que existe ante los asesinatos de periodistas en todo el mundo.

El Tribunal Popular por el Asesinato de Periodistas acusará a los gobiernos de Sri Lanka, México y Siria por no impartir justicia por los asesinatos de Lasantha Wickrematunge, Miguel Ángel López Velasco y Nabil Al-Sharbaji. La sesión de este martes ha sido la apertura del proceso. En los próximos seis meses el tribunal se reunirá en otras tres ocasiones en distintos países para analizar en profundidad estos tres casos. Entre los testigos clave que han participado en la sesión de apertura de este martes dando testimonio, figuran la académica Hatice Cengiz, pareja sentimental del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en 2018 en el consulado saudí de Turquía; el periodista Matthew Caruana Galizia, hijo de la también periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017; y Pavla Holcová, periodista de investigación y colega del reportero eslovaco Ján Kuciak, asesinado en 2018, entre otros.

Durante su comparecencia, Hetice Cengiz denunció la impunidad que existe tras el asesinato de Khashoggi. "Todos saben lo que le ocurrió a Jamal pero nadie hace nada por castigar a los culpables debido a los intereses económicos". Y arremetió contra los estados que han continuado manteniendo relaciones con Arabia Saudí como si nada hubiera pasado. "No hay acción real. No hay sanciones. Hablo de la persona que ordenó su asesinato. Es necesario pararlo, decir que no puede entrar en los distintos países, que no se puede hacer negocios con él", afirmó y añadió que ella es una persona normal, a la que no le gusta que le llamen defensora de los derechos humanos, porque "sólo la inacción y el silencio internacional me ha colocado en esta situación". "Estuve en peligro, y sigo. La impunidad envalentona a los asesinos. Sabemos los nombres, pero lo que no sabemos nada es sobre los tribunales que lo deberían juzgar", denunció.

Uno de los crímenes menos perseguidos

Las organizaciones que impulsan esta iniciativa, que tuvo lugar este martes en La Haya (Holanda), denuncian que cada semana es asesinado un periodista por desvelar la verdad. Se trata, afirman, de uno de los crímenes con índices más altos de impunidad, puesto que en más de ocho de cada diez casos los asesinos no son condenados o ni siquiera juzgados.

Este Tribunal de los Pueblos fue puesto en marcha por la iniciativa A Safer World for the Truth (Un mundo más seguro para la verdad), de la mano de las organizaciones Free Press Unlimited (FPU), Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en respuesta al alarmante número de periodistas que son asesinados cada año y a la falta de Justicia en la mayoría de estos casos. Desde 1992, unos 1.409 periodistas han sido asesinados por hacer una labor vital: brindar información confiable al público. En al menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo. La impunidad de estos crímenes es tal, afirman las organizaciones, que en el 86% de estos casos ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la Justicia. "Estos asesinatos, y la impunidad posterior, son la consecuencia última de un entorno hostil para la libertad de prensa, caracterizado por acoso, ataques violentos u otros intentos de silenciar a los periodistas", afirman las organizaciones.

"No es un tribunal al uso. Se trata de un tribunal simbólico, porque su veredicto no tiene validez en las normas internacionales, pero si tiene la trayectoria de denunciar y asentar ciertas verdades para que no se puedan ignorar. A lo largo de las últimas décadas se han hecho diversas de estas iniciativas con temas como la violencia de género, cosa que no había ocurrido hasta el tribunal sobre Ruanda", afirma a Público la jurista Almudena Bernabeu, del colectivo Guernica 37, que en este proceso popular ha ejercido la labor de fiscal.

"Hay temas que a veces pasan desapercibidos o no son cohesivos para verlos como un todo, y este tipo de iniciativas te permite verlos de esta manera colectiva, agrupada, en la que ves que existen patrones y puedes ver la correlación de lo que está pasando en México y lo que está pasando en Sri Lanca. Entonces puedes ver que son similares, que son violaciones sistemáticas, que pasan de la misma manera y que responden a las mismas realidades cuando se incomoda a quien está en el poder. Es un tribunal de denuncia que nos permitirá escuchar la voz de 15 personas, entre testigos, historias personales y profesionales que han sufrido estas agresiones en su propia carne", añade la jurista.

Denunciar a los Estados y sensibilizar a la sociedad

Estos tribunales están diseñados para responsabilizar a los Estados por las violaciones del derecho internacional mediante la sensibilización de la sociedad civil y consisten en la recopilación de testimonios. "Además, añade Almudena Bernabeu, generan un registro de pruebas legítimas y desempeñan un papel importante en el empoderamiento de las víctimas y en el registro de sus historias".

Periodistas de todo el mundo son acosados, arrestados, secuestrados y asesinados por hacer su trabajo: por encontrar la verdad. Los organizadores del Tribunal han afirmado que la tendencia criminal hacia los periodistas se ha mantenido estable en los últimos diez años  "impulsada por la falta de voluntad política y la escasa capacidad institucional" de los Estados. 

"Tocar a los poderosos, o enfadarlos es lo que pone en riesgo a los periodistas. Porque los poderosos creen que son intocables, muy a menudo. Cuando los expones se sientes muy incómodos y creen que ese sentimiento de intocables les da también n sentido de impunidad. Por eso deciden silenciar a los periodistas asesinándolos", explica Pavla Holcová en declaraciones a Publico tras su denuncia ante el tribunal. "Hace un par de semanas publicamos una historia sobre el primer ministro checho y y sus inversiones offshore y sus compras de inmuebles lujosos en Francia. Desde entonces las amenazas se intensificaron", añadió.

Afirma que si la gente en Eslovaquia no hubiera salido masivamente a la calle a presionar al Gobierno y a la Policía para demandar Justicia tras el asesinato de Ján Kuciak, se hubiera venido abajo. Pero la gente salió masivamente y derrocó al Gobierno. 

"Por eso creo que lo que hemos hecho hoy en este Tribunal del Pueblo es importante, porque es clave que la sociedad en general sepa que el periodismo de investigación es un trabajo duro y peligroso y que muchas veces producimos información que nos pueden costar la vida. Pero la gente asume que va a tener este tipo de información gratis y de forma fácil de consumir", concluye Holcová.


Colombia

Porcentaje de impunidad en casos de asesinatos de periodistas se acerca al 80 %, alerta la Flip

Según la Fundación Para la Libertad de Prensa, en Colombia se han registrado 132 amenazas contra periodistas en 2021

Este martes 2 de noviembre se conmemora el ‘Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas’, con motivo de esta fecha la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó por los niveles de violencia que alcanza Colombia en este escenario.

De acuerdo con la Flip, la impunidad en casos de asesinatos de periodistas en el país alcanza el 78.8 %; cifra que aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98 % de impunidad.

El último informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de la Unesco registra una disminución del 20 % en el número de asesinatos de periodistas entre 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015.

Sin embargo, en Colombia las cifras son contrarias. De acuerdo con la Flip, en los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre 2011 y 2015 fueron asesinados siete.

“Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento. La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias”, puntualizó la fundación.

En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8 % de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena, aseguró la Flip este martes.

El último asesinato fue hace menos de dos meses

El pasado 19 de septiembre el periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos por parte de las autoridades.

Según la Flip, existen indicios suficientes para sostener que el homicidio de Montalvo estaría relacionado con las denuncias que realizaba en el desarrollo de su oficio.

Como el crimen no ha sido esclarecido por parte de las autoridades competentes, no se ha hecho justicia por la muerte del periodista pues se desconoce quién o quiénes son los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Las amenazas son el delito más constante contra los periodistas en Colombia

En el informe que publicó la Flip este martes 2 de noviembre, se resaltó el delito que más se comete contra periodistas en el país es el de amenaza.

De acuerdo con la entidad, en los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas.

“Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad”, aseguró la fundación.

En este documento la Flip resaltó el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de la periodista Jineth Bedoya, en el que se estableció que las amenazas no son una agresión menor.

Citando el mismo caso, la entidad aseguró que las medidas de reparación ordenadas por la CIDH se convierten en una oportunidad y la hoja de ruta para que el Estado avance “en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática”.

“El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia”, añadió la Flip.

Por Infobae

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Eso es lo que les hacemos a los que tienen su oficio: Más de 149 agresiones contra periodistas en Colombia

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha alertado sobre la preocupante escalada de violencia en contra de los periodistas durante las protestas y el paro indefinido iniciados hace casi un mes en Colombia que incluyen 149 agresiones a comunicadores.

Entre los incidentes hay agresiones, amenazas, obstrucción para hacer su trabajo, robo de material y hostigamiento, entre otras, según ha explicado la FLIP en un comunicado recogido por la prensa colombiana.

“Estas manifestaciones sociales han expuesto la vulnerabilidad y desprotección de los periodistas en el país. La libertad de expresión y prensa se ha visto gravemente afectada por el alto nivel de violencia que se ha vivido en Colombia en los últimos días. Es urgente que se implementen acciones diferenciadas para garantizar su seguridad. El trabajo de una prensa libre es un imperativo para salvaguardar el Estado democrático", ha alertado el director de la FLIP, Jonathan Bock.

La mayoría de las agresiones han sido ya denunciadas ante las autoridades. En la Fiscalía, por ejemplo, ya está el caso del ataque de agentes del Esmad (antidisturbios) al equipo periodístico del medio alternativo Loco Sapiens en Sibaté, del cual dos periodistas resultaron heridos por impactos de perdigones disparados por los uniformados pese a haberse identificado plenamente como prensa.

En muchos de estos casos son los agentes de las fuerzas de seguridad quienes atacan a los periodistas, como ya ha ocurrido en Sibaté, Duitama o Medellín, pero también hay casos en los que son los propios manifestantes los que han obstruido el trabajo de los comunicadores con amenazas.

“Cualquiera que tenga un casco o un chaleco que diga prensa lo sacan de las manifestaciones a punta de gritos o piedras. Y ni hablar si son periodistas de grandes medios”, ha explicado un periodista que ha preferido no identificarse por seguridad, en declaraciones al diario 'El Espectador'.

Torturas a un periodista

También está en manos de la Fiscalía un caso ocurrido en Duitama (Boyacá), donde el periodista Santiago Amaya, del medio alternativo Contradicción, fue retenido ilegalmente y agredido por agentes de la Policía.

"Me acorralaron unos diez agentes contra una pared. Nunca me pidieron una identificación. Simplemente escuché que uno dijo: ‘Ese es. Llévenselo’”, ha relatado Amaya. "Un agente me dio un golpe muy fuerte que me dejó sin aire y sin fuerzas (...). ‘Me importa un culo que usted sea periodista’, me dijeron. Me empiezan a pegar bolillazos (porrazos)", ha añadido.

"En la estación (comisaría) me tiran en una carceleta que, por el olor, debía estar completamente orinada. Ahí me siguen pegando. Recibo patadas y me intentan ahorcar con mi carné. ‘Eso es lo que les hacemos a los que tienen su oficio’, me dice otro uniformado’”, ha asegurado Amaya.

Posteriormente fue liberado, pero asegura que tanto él como su familia han sido contactados por la Policía para persuadirlos de no hablar.

23 mayo 2021

(Con información de Europa Press)

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Caso Assange: No pudieron matar al mensajero

No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o a la de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.

Assange plantó cara

Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.

Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.

Siete años de encierro y acoso

La solidaridad y el ánimo justo del presidente Correa evitó que, al refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange fuera entregado a Suecia por una oscura acusación que se desinfló con el tiempo sin que se formularan cargos y se cerró sin evidencias, pero que daba pie a la firme sospecha de que todo había sido una estrategia para provocar su extradición a Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en una estancia sin luz solar, sin aire fresco, sufriendo todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos. Siendo espiado de forma constante. El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada al poder de un presidente, Lenin Moreno, que se mostró sumiso con EEUU, supuso la expulsión de la embajada y el ingreso en una prisión de alta seguridad que amenazaba con acabar destrozando el frágil estado del periodista. En mi última visita a esa prisión, cuando nos despedimos, entre lágrimas, con un largo abrazo, temí realmente por su vida y dudé de que la justicia en el caso de Julian Assange pudiera calibrarse de tal, mientras que ninguno de los graves hechos denunciados por él había sido investigado por el país que le reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se extendió a su entorno próximo. Sus abogados fuimos también objeto de espionaje por parte de la empresa de seguridad española (UC Global) presente en la embajada de Ecuador y presuntamente relacionada con los servicios de inteligencia norteamericanos, extremo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española. De tal vigilancia no se libró siquiera el bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en términos tan minimalistas– era revisada y analizada de manera exhaustiva.

Matar al mensajero

El gran pecado que cometió el periodista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la agencia de noticias que estableció un sistema de cortafuegos en las IPs de manera que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar a esta plataforma información relacionada con la comisión de delitos. La fuente se mantenía anónima. Años después, una directiva europea sobre estos alertadores se plantea en los mismos términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el recurso de los malvados, de los delincuentes, de aquellos que no saben cómo ocultar el mal que detentan. El silencio es la medicina que aplican de forma contundente en la creencia de que así sus pecados no verán la luz. A veces lo consiguen, pero en este caso la jugada no les ha salido bien. Assange no estaba solo, eran cientos de miles las voces que han clamado pidiendo libertad para el periodista en todo el mundo. Aunque también es verdad que se han producido muchos mutismos oficiales y descalificaciones personales inaceptables. Pero al final, y de momento, a la espera del más que probable recurso de apelación, se ha hecho justicia en un momento clave, cuando Donald Trump, rabioso por su calidad de mandatario saliente, da sus últimos coletazos aplicando mano dura en todos aquellos asuntos que puede resolver con su estilo en los escasos –y largos días– que restan para el relevo presidencial. No quiero pensar qué hubiera supuesto la extradición de Assange en estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos en el juicio ante la magistrada británica. En opinión del filósofo, Assange prestó un servicio enorme a la libertad de expresión y a la democracia. “El gobierno norteamericano busca criminalizarle por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”. Esa es la gloria de Assange y la miseria de Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados continuaremos defendiendo que solo cumplió, ni más ni menos, con su deber como periodista en beneficio de todos.

* Esta nota se publicó originalmente en el sitio español infoLibre. Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange.

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Cuatro años de cárcel a periodista que informó sobre el coronavirus

Duro fallo contra Zhang Zhan por su cobertura desde la ciudad de Wuhan

En mayo, Zhang había sido arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. 

 

La justicia china condenó a cuatro años de prisión a una exabogada que realizó una cobertura periodística de las primeras etapas del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. El Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong, situada en Shanghai, dictó la dura sentencia contra Zhang Zhan quien fue hallada culpable de difundir información falsa. Periodistas y diplomáticos extranjeros no pudieron ingresar al tribunal donde fue juzgada la mujer de 37 años, y algunos activistas fueron agredidos por la policía durante la apertura del proceso. 

Zhang, oriunda de Shanghai, viajó en febrero a la ciudad de Wuhan, cuna del coronavirus, y decidió divulgar en redes sociales varios reportajes e información crítica sobre la situación en sus hospitales. En los artículos la periodista china llegó a denunciar una "grave violación de los derechos humanos". 

En mayo fue arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. Otros tres periodistas, Chen Qiushi, Fang Bin y Li Zehua, también fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos.

Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero fue alimentada a la fuerza por vía nasal. "Cuando la vi la semana pasada, dijo: 'Si me imponen una condena fuerte, rechazaré cualquier alimento hasta el final'. Ella cree que morirá en prisión", explicó Zhang Keke, uno de sus abogados.

Zhang "parecía muy abatida cuando se anunció el fallo", declaró otro de sus letrados, Ren Quanniu, quien este lunes se mostró "muy consternado" por su estado psicológico. El proceso contra Zhang tuvo lugar poco antes de la llegada a China de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigará los orígenes de la pandemia.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo estar "profundamente preocupada" por la condena de Zhang Zhan. "Hemos mencionado el caso a las autoridades a lo largo del año 2020 para ilustrar la represión excesiva de la libertad de prensa vinculada a la covid-19 y continuamos pidiendo su liberación", indicó la institución en su cuenta de Twitter.

Por su parte la organización de Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas del coronavirus que pedían una rendición de cuentas. "El gobierno chino ha vuelto a celebrar una farsa de juicio durante la Navidad ya que las autoridades quieren reducir la atención sobre estos casos 'sensibles' mientras los diplomáticos y periodistas están de vacaciones", explicó Leo Lan, investigador de CHRD.

Por su parte, la activista de Amnistía Internacional, Gwen Lee, aseguró en un comunicado que "periodistas ciudadanos como Zhang Zhan fueron la fuente primaria, si no la única, de información de primera mano y sin censura durante los primeros días de la covid-19", y exigió al gobierno chino que "deje de perseguir a periodistas y otros ciudadanos solo por informar de la verdad". 

Según el balance oficial en Wuhan, una metrópolis de 11 millones de habitantes, se registraron cerca de cuatro mil fallecidos por covid-19, es decir casi la totalidad de los 4.634 muertos contabilizados en toda China entre enero y mayo. La respuesta inicial de China a la pandemia fue objeto de críticas, ya que Beijing no puso en cuarentena a Wuhan y su región hasta el 23 de enero, pese a que se habían registrado casos desde principios de diciembre de 2019.

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El juicio a Julian Assange: Un ataque a la libertad de prensa 

El lunes, Julian Assange fue llevado al Old Bailey para continuar su lucha contra la extradición a Estados Unidos, donde la administración Trump lanzó el ataque más peligroso contra la libertad de prensa en al menos una generación al acusarlo de publicar documentos del gobierno estadounidense. En medio de la cobertura de los procedimientos, los críticos de Assange inevitablemente han comentado sobre su apariencia, los rumores de su comportamiento mientras estaba aislado en la embajada ecuatoriana y otros detalles procaces.

Estas distracciones predecibles son emblemáticas del lamentable estado de nuestro discurso político y cultural. Si Assange es extraditado para enfrentar cargos por ejercer el periodismo y exponer la mala conducta del gobierno, las consecuencias para la libertad de prensa y el derecho del público a saber serán catastróficas. Sin embargo, en lugar de abordar seriamente los importantes principios que están en juego en la acusación sin precedentes de Assange y los 175 años de prisión que enfrenta, muchos preferirían centrarse en perfiles de personalidad intrascendentes.

Assange no está siendo juzgado por andar en patineta en la embajada ecuatoriana, por tuitear, por llamar a Hillary Clinton un halcón de guerra o por tener una barba descuidada cuando fue arrestado por la policía británica. Assange enfrenta la extradición a Estados Unidos porque publicó pruebas incontrovertibles de crímenes de guerra y abusos en Irak y Afganistán, avergonzando a la nación más poderosa de la Tierra. Assange publicó pruebas contundentes de "las formas en que el primer mundo explota al tercero", según la denunciante Chelsea Manning, la fuente de esa evidencia. Assange está siendo juzgado por su periodismo, por sus principios, no por su personalidad.

Probablemente hayan escuchado el estribillo de críticos bien intencionados: "No tiene por qué agradarles, pero deben oponerse a las amenazas de silenciarlo". Pero ese estribillo pierde el sentido al reforzar los motivos manipuladores desplegados contra Assange.

Cuando se sienta un precedente gravemente peligroso, los gobiernos no suelen perseguir a las personas más queridas del mundo. Se dirigen a aquellos que pueden ser retratados como subversivos, antipatrióticos o simplemente raros. Luego, distorsionan activamente el debate público al enfatizar esos rasgos.

Estas técnicas no son nuevas. Después de que Daniel Ellsberg filtró los Documentos del Pentágono a los periodistas para exponer las mentiras del gobierno de Estados Unidos sobre Vietnam, los "Plomeros de la Casa Blanca" de la administración Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg en busca de material que pudiera usarse para desacreditarlo. El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden fue retratado falsamente como colaborador de los chinos y luego de los rusos. La obsesión por la salud mental y la identidad de género del analista de inteligencia militar Manning era omnipresente. Al demonizar al mensajero, los gobiernos buscan envenenar el mensaje.

La fiscalía estará muy feliz cuando la cobertura de la audiencia de extradición de Assange se convierta en tangentes y difamaciones irrelevantes. Poco importa que la barba de Assange fuera el resultado de la confiscación de su kit para afeitado, o que se haya probado que los informes de que Paul Manafort lo visitaba en la embajada eran inventados. Para cuando estas pequeñas afirmaciones sean refutadas, el daño estará hecho. En el mejor de los casos, el debate público sobre los problemas reales se descarrilará; en el peor de los casos, la opinión pública será manipulada a favor del establecimiento.

Al desviar la atención de los principios del caso, la obsesión por la personalidad resalta la importancia de las revelaciones de WikiLeaks y hasta donde los gobiernos han ocultado la mala conducta a sus propios ciudadanos. Destaca cómo las publicaciones de Assange de 2010 expusieron 15.000 víctimas civiles previamente no contadas en Irak, bajas que el Ejército de Estados Unidos habría enterrado. Destaca el hecho de que Estados Unidos está intentando lograr lo que los regímenes represivos solo pueden soñar: decidir qué pueden y qué no pueden escribir los periodistas de todo el mundo. Destaca el hecho de que todos los denunciantes y el periodismo en sí, no solo Assange, están siendo juzgados aquí.

*Copresidentes de AssangeDefense.org

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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