De la esperanza a la rabia: Ecuador rechaza por cinco votos despenalizar el aborto en casos de violación

 El proyecto para legalizar el aborto en caso de violación necesitaba este martes 70 votos a favor en el Parlamento, pero solo logró 65

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada

 

Si hubiera que elegir una palabra para describir el sentir de las organizaciones feministas en Ecuador sería, sin duda, indignación. El Parlamento ha rechazado este martes despenalizar el aborto en todos los casos de violación y malformación del feto. Los colectivos lamentan que el Estado continúe así "criminalizando" a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las que disponen de escasos recursos económicos.

Un total de 65 parlamentarios votaron a favor de la reforma del Código Penal que proponía ampliar los casos en los que se habilita el aborto, mientras que 59 se opusieron y seis se abstuvieron. Tan solo cinco votos más habrían bastado para aprobar la reforma legislativa.

"Es indignante; tanto los asambleístas que votaron en contra como los que se abstuvieron o decidieron no estar en la Asamblea no nos representan. Tuvieron un momento histórico para el avance de los derechos de las mujeres y, sin embargo, no les interesó. Lamentablemente retrocedimos diez años en los derechos de las mujeres", cuenta a eldiario.es la psicóloga Cristina Cachaguay, presidenta de la organización ecuatoriana Mujeres por el Cambio.

El rechazo de esos diputados a la despenalización del aborto en determinados casos responde, según la activista, a "un cálculo político" de cara a las elecciones presidenciales de 2021, ya que si hubieran votado a favor de esa reforma "no serían reelectos en los próximos comicios", afirma.

Tampoco hay que olvidar que Ecuador es un país conservador, con un 80% de población católica, y, al igual que en otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, "también aquí ha habido un fortalecimiento de una ultraderecha a la que no interesan los temas relativos a los derechos", añade Cachaguay.

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Se trata de una legislación vigente desde 1938 y establece penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que deciden abortar.

Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, un total de 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019 en el país. Este mismo colectivo cifra en 20.632 los abortos registrados a lo largo de 2016 en adolescentes de 15 a 19 años, o dicho de otra manera: 56 adolescentes interrumpen su embarazo cada día poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras. Asimismo, Surkuna sostiene que en 2016 hubo 1.102 abortos en niñas de 10 a 14 años, si bien la ley ecuatoriana considera violación toda relación íntima con menores de 14.

"La decisión que tomó el martes la Asamblea Nacional fue lamentable, una medida que contribuye al retroceso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura, un trato cruel y degradante", indica a eldiario.es Mayra Tirira, abogada de este colectivo encargado de defender a mujeres que han sido criminalizadas por abortar en el país latinoamericano.

Desde las organizaciones feministas también recuerdan que la mayor parte de las mujeres que en Ecuador "son ultrajadas y violentadas" provienen de los sectores más populares. "El Estado sigue criminalizando la pobreza. Las mujeres ricas abortan fuera del país, mientras que las pobres lo hacen de forma clandestina y mueren", sostiene Cachaguay.

Aunque el proyecto para legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto haya fracasado esta vez –y otra más en 2013–, los colectivos de mujeres en Ecuador ya han advertido de que "esto recién empieza" y de que continuarán "posicionando el tema en la agenda" con el objetivo de poder decidir sobre sus propios cuerpos.

América Latina es una de las regiones del mundo con leyes más restrictivas en cuanto al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. El aborto en la región solo está despenalizado en Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México, lugares donde las mujeres siguen enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a estos servicios.

por María García Arenales

19/09/2019 - 21:52h

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Jueves, 19 Septiembre 2019 05:55

Así te vigila (y te controla) tu móvil

Así te vigila (y te controla) tu móvil

Sacamos el móvil del bolsillo unas 150 veces al día, aunque creemos que lo usamos en la mitad de ocasiones. Lo cierto es que nuestro smartphone genera un volumen brutal de datos que nos localizan, nos vigilan y nos transforman. Puro petróleo para las grandes empresas tecnológicas.

Lo más importante son los metadatos. No el mensaje que mandas, sino a quién se lo mandas, desde dónde y con quién. Sobre todo, desde dónde. Aquel que sabe dónde estás en todo momento te conoce mejor que tú mismo. Aquel que sabe dónde has estado durante los últimos tres meses puede predecir dónde estarás de ahora en adelante con una precisión del 93%. Y tú se lo dices a mucha gente. Tu móvil tiene una cámara por delante, otra por detrás, un micrófono, una media de 14 sensores y al menos 3 sistemas independientes de geoposicionamiento. Tu tarjeta SIM manda señales a las antenas más cercanas para recibir cobertura. Tu receptor de GPS se comunica con satélites para calcular su propia posición. Tu wifi busca constantemente redes a las que conectarse, gritando el nombre de todas a las que se ha conectado antes. Tu ­bluetooth busca objetos con los que hacer una red. Y tus aplicaciones registran cada uno de tus movimientos, incluso cuando has apagado esa función.

No necesitas sacar el móvil, pero lo haces unas 150 veces al día. Si te parecen muchas es porque la mayoría de las personas que tienen un smartphone piensan que lo utilizan menos de la mitad de tiempo que lo usan en realidad. Probablemente lo desbloqueas para ver si te ha llegado un mensaje por Messenger o Whats­App, si ha pasado algo en Twitter, si a alguien le ha gustado tu foto de Instagram o en Facebook, o si has recibido un correo importante. Una vez dentro, es difícil soltarse. Las aplicaciones más populares del mundo están diseñadas para que, cada vez que las usas, recibas una microdosis de dopamina, en un circuito llamado cámara de condicionamiento operante o, más popularmente, caja de Skinner, por el psicólogo que la creó. Por eso desbloqueas el móvil tantas veces sin darte cuenta. Las mejores mentes de tu generación trabajan para las grandes empresas tecnológicas, buscando maneras de que estés el máximo tiempo posible tocando el móvil de manera inconsciente. Cuanto más tiempo pasas, más datos generas. Y esas empresas viven de convertir tus datos en alimento para sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial.

Los algoritmos necesitan una gran cantidad de datos para mejorar sus predicciones. Google los saca del correo, los mapas, el buscador, YouTube y el sistema operativo Android, entre otros. Amazon, de la tienda, el Kindle, los altavoces inteligentes y AWS. Facebook, de la red social, Instagram, WhatsApp y ­Oculus. Netflix, de las series. Uber, de los coches. Spotify, de las listas. ­Airbnb, de las vacaciones. Tinder, del sexo. Match, del amor.

Pero también necesitan una dieta variada, por eso trabajan con los data brokers, empresas que rastrean el resto de los datos que hay desperdigados y los ponen en un solo lugar. Manejan otras fuentes: tarjetas de puntos, seguros, marketing directo, hackers, inmobiliarias, bibliotecas, operadoras, laboratorios de análisis, bancos, farmacias, Administraciones. Las plataformas digitales saben lo que haces cuando estás conectado. Los data brokers eran los únicos que sabían lo que haces cuando no lo estás. Ahora hay cámaras ­conectadas a sistemas de identificación facial que te siguen sin que lo sepas, lectores ­automáticos de matrícula, satélites capaces de leer tu marca de reloj. Los algoritmos predictivos digieren los datos para saber anticiparse a tus deseos, pero no siempre para satisfacerlos. También para cambiarlos.

Cuando tus datos vuelven a ti, han transformado el mundo. Han elegido los anuncios que ves y el precio que pagas por los billetes de avión, por alquilar un coche, por el seguro dental. Han cambiado tus posibilidades de conseguir un crédito, de acceder a un puesto de trabajo, de recibir un pulmón. También eligen las noticias que aparecen en tu timeline, los Pokémon que aparecen en tu mapa, los cinco mejores restaurantes, la mejor manera de llegar de A a B. Porque te has convertido en el microobjetivo de cientos de campañas. No todas son comerciales.

La campaña pro-Brexit convenció a millones de británicos de que los turcos estaban a punto de invadir Europa. La campaña pro-Trump convenció a millones de americanos de que había bandas de centroamericanos “infestando” EE UU. La agencia de desinformación rusa convenció a medio millón de activistas afroamericanos de que no votaran, porque votar a Clinton era peor que votar a Trump. Cuando vuelven a ti, tus datos ya no son datos, son una visión del mundo. Y no sabes quién  la financia, ni con qué fin.

Por Marta Peirano

14 SEP 2019 - 17:00 COT

Lunes, 05 Agosto 2019 07:47

Reprimen nuevas protestas en Hong Kong

Reprimen nuevas protestas en Hong Kong

Los manifestantes suman un nuevo aliado a su causa: los vecinos de la clase trabajadora que habitan barrios como Wong Tai Sin, y que repudian el uso de gas lacrimógeno por parte de los agentes.

 

 La Policía de Hong Kong volvió a reprimir a los cientos de miles de manifestantes que salieron este domingo a las calles para movilizarse, en diferentes escenarios, contra el gobierno local, y en reclamo de reformas democráticas.

La jornada de protestas comenzó después del mediodía, cuando una multitud (alrededor de 150 mil personas, según los organizadores) recorrió un kilómetro y medio de distancia, repitiendo consignas tales como: "En Hong Kong no hay alborotadores, sólo una tiranía".

En esa primera marcha, algunos manifestantes arrojaron huevos e hicieron pintadas en la fachada de una comisaría local provocando la llegada de policías antidisturbios, un escenario que se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia desde que se conoció la controvertida propuesta de ley de extradición del gobierno local, que permitiría a Hong Kong entregar prófugos a territorios con los que no tiene acuerdos formales, como Taiwán, Macao y la China continental.

Más tarde, en el otro lado del puerto de la Victoria, cientos de personas se reunieron en el Parque de la Bahía de Belcher convocados por residentes locales. "Sólo soy un ciudadano común de Hong Kong. Es el gobierno de Hong Kong respaldado por el PCCh (Partido Comunista Chino) lo que me obliga a salir. El gobierno es el culpable de todos los conflictos recientes", dijo uno de los vecinos, Coco, desde el escenario.

Los manifestantes se dispersaron, al acercarse la noche, tras lanzar huevos a la fachada de una comisaria situada en la bahía de Tseung Kwan O. Apenas unos minutos bastaron para que los agentes policiales comenzaran a lanzar gases lacrimógenos contra los presentes.

Precisamente en esa zona se encuentra la Oficina de Enlace (órgano oficial que representa a Beijing). Los manifestantes intentaron llegar hasta el edificio, custodiado por enormes barricadas, pero se quedaron a unos 200 metros de distancia, mientras que muchos decidieron retirarse para evitar ser arrestados.

Caída la noche, algunos manifestantes levantaron barricadas en Hennessy Road obligando a los colectivos a buscar una ruta alternativa para completar el recorrido, mientras otros se sumaban a la movilización ocupando calles en varios distritos, y llamando a la huelga general convocada para este lunes.

Las calles de Hong Kong fueron el escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y activistas, que dejaron un saldo de 44 detenidos durante las manifestaciones de las últimas semanas. Unos 20 manifestantes, por su parte, fueron detenidos durante la madrugada del sábado , por "reunión ilegal" y por "provocar altercados".

Ese mismo sábado, los manifestantes sumaron un nuevo aliado a su causa: los vecinos de la clase trabajadora que habitan barrios como Wong Tai Sin, salieron a la calle para expresar su apoyo, y criticar el uso del gas lacrimógeno por parte de los agentes, cerca de sus casas familiares.

Lejos de oír los reclamos, el Ejército Popular de Liberación Chino (EPL) divulgó un video en el que muestra a sus soldados llevando a cabo entrenamientos antidisturbios, disparando armas ligeras y lanzacohetes, así como tanques y helicópteros en posición de ataque. "¡Deberán asumir todas las consecuencias!", se oye gritar a uno de los militares en cantonés, el dialecto principal de Hong Kong.

Un portavoz del gobierno, por su parte, condenó el domingo la actuación de los "manifestantes radicales", acusándolos de "desafiar la soberanía del país", según declaraciones a la agencia oficial Xinhua. "La destrucción gratuita de la paz pública, y los ataques violentos contra la policía perjudicarán a la sociedad, a la economía de Hong Kong y a los medios de vida de nuestro pueblo", agregó.

Las manifestaciones comenzaron a principios de junio en Hong Kong, contra una controvertida propuesta de ley de extradición (por el momento suspendida), y han derivado hacia demandas más amplias sobre los mecanismos democráticos de la ciudad, cuya soberanía recuperó China en 1997, con el compromiso de mantener hasta 2047 las bases establecidas por los británicos.

A pesar de que la jefa de gobierno local, Carrie Lam, dio por "muerto" el proyecto, los manifestantes siguen ocupando las calles de la ciudad tras varias semanas. A los reclamos, ahora sumaron el pedido de una investigación independiente sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, así como distintas reformas democráticas. 

También exigen la liberación de los detenidos, especialmente luego de que la policía acusara formalmente a 44 personas de revuelta, delito que lleva una pena de 5 a 10 años de prisión. Mientras el descontento de la población continúa, los residentes de Hong Kong convocaron a una huelga general para este lunes.

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La nueva movilización, estimada en 2 millones de participantes, contra el controvertido proyecto de ley para autorizar extradiciones a China continental, obligó a la gobernante, Carrie Lam, a ofrecer "disculpas" y a reconocer "defi ciencias" en su gobierno, los cuales propiciaron conflictos sociales. El sábado pasado ya había anunciado la suspensión de la polémica enmienda. Foto Ap.

Cerca de dos millones de personas marcharon en contra de la brutalidad policial y criticaron a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam.

Casi dos millones de personas inundaron ayer las calles de Hong Kong para exigir que se retire definitivamente el proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. La masiva manifestación, que duplicó la del domingo pasado, forzó a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam, a pedir disculpas por haber provocado, según dijo, conflictos y disputas. Hoy, los habitantes de la ciudad están llamados a una huelga general.

 “Fuera Lam, no a la ley de extradición a China”, gritaban en cantonés los manifestantes que enarbolaban también carteles como “Libre Hong Kong” o “No a la brutalidad policial”, mientras caminaban pacíficamente entre los grandes rascacielos de la isla que alberga al centro de la ciudad. En la marea humana –30 por ciento de los habitantes de Hong Kong– se movían jóvenes, adultos, ancianos, familias con niños pequeños y bebés, discapacitados en sillas de ruedas, profesores, estudiantes y trabajadores de todas las ramas. La gran mayoría de ellos marchaban hacia el Parlamento vestidos de negro, en señal de duelo por la pérdida de libertades que, a su juicio, está viviendo la ciudad en los últimos años y que ha terminado de concretarse con el proyecto de ley de extradición impulsado por Lam. 

“Si se aprobase esa ley, el modelo de ‘un país, dos sistemas’ que China se ha comprometido a respetar al menos hasta el traspaso final de la soberanía en el año 2047 se destruiría”, dijo Monique Mok, una estudiante de literatura de 22 años que vestía una camiseta negra con el lema “Queremos conservar nuestra democracia”. En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong –hasta entonces colonia británica– a China. En ese momento, Beijing se comprometió a respetar un estatuto especial durante 50 años, por lo que, desde entonces, administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Así, mientras que Hong Kong ha mantenido su propia legislatura, sistema económico, independencia judicial y su moneda, Pekín controla los asuntos exteriores y de defensa. Por ello, los hongkoneses gozan de libertades que son poco comunes en la China continental

Al concluir la manifestación a medianoche, diez horas después de su inicio, los organizadores del Frente Civil de Derechos Humanos cifraban la asistencia en casi dos millones de personas. Sin embargo, la cifra de asistentes no pudo ser confirmada en fuentes independientes. La Policía local habló, por su parte, de 338.000 asistentes, pero reconoció que no habían contado a la gente en las calles adyacentes y solo la del recorrido original. En cualquier caso, se trató de la mayor manifestación registrada en el distrito desde 1997.

Muchas personas, especialmente las de más edad, aseguraban haber acudido a la marcha por la indignación que les causaron las imágenes de la represión  policial durante la manifestación del pasado miércoles, una violencia pocas veces vista en la ciudad. “No queremos ver un Tiananmen en Hong Kong”, comentó el profesor universitario jubilado Dan Yiu mientras intentaba a duras penas hacer pasar el carrito de su nieta entre la muchedumbre. “Si China tiene que hacerse con el control total de nuestro territorio dentro de 28 años, queremos que al menos lo haga más despacio, no a esta velocidad”, clamaba Yiu. Lam justificó la represión del miércoles alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas. “Policía de Hong Kong, debes protegernos, no dispararnos”, se leía ayer en una pancarta.

La dimisión de Lam era una de las peticiones más escuchadas entre los manifestantes. “Personalmente creo que ya no puede gobernar Hong Kong, ha perdido a la opinión pública”, afirmó Dave Wong, un manifestante de 38 años que trabaja en finanzas. Ayer, seis horas después del inicio de la manifestación y ante la gigantesca convocatoria, Lam      –quien ya el sábado había anunciado la suspensión del proyecto de ley– emitió un comunicado en el que pidió disculpas, aunque en ningún momento habló de su renuncia. “La jefa del Ejecutivo reconoce que las deficiencias en el trabajo del Gobierno han creado controversias sustanciales y disputas en la sociedad, decepcionando y entristeciendo a mucha gente”, se limitó a señalar la nota.

Aún si la mandataria dimite, sólo la retirada total del controvertido proyecto sería capaz de calmar los ánimos de los manifestantes, que también demandan que se dejen de definir las protestas como disturbios, como ha hecho Lam, y la libertad de los detenidos. La oposición del proyecto de ley reúne a abogados, organizaciones jurídicas, líderes empresariales, cámaras de comercio, periodistas y diplomáticos occidentales. Según los detractores, el proyecto de ley colocaría a la población de la excolonia británica a merced del sistema judicial de China, al que consideran opaco y bajo influencia del Partido Comunista. Dentro de las pruebas que esgrimen los opositores se encuentran los casos de personas desaparecidas en Hong Kong que posteriormente reaparecieron en China y a disposición de la justicia. Los círculos empresariales temen, asimismo, que la reforma perjudique la imagen internacional de Hong Kong y su atractivo como centro financiero.

En medio de la presión de la que está siendo blanco la jefa del Ejecutivo, se anunció ayer la liberación del militante prodemocrático Joshua Wong, líder de la célebre “revolución de los paraguas” de Hong Kong en 2014. El joven de 22 años, que pidió en vano la elección del jefe de gobierno por sufragio universal, será puesto en libertad hoy.  

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Lunes, 17 Junio 2019 05:34

Perseguidos digitales

Perseguidos digitales

El capitalismo de vigilancia (Shoshana Zuboff, The Age of Capitalism Surveillance) no perdona a quienes en nombre de la verdad y las libertades individuales revelaron sus más truculentos secretos. Julian Assange (foto), Edward Snowden y Chelsea Manning son las más recientes figuras del triángulo de los perseguidos por los imperios coloniales. Uno de ellos, Assange, está en una cárcel londinense a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos porque, a través de WikiLeaks, protagonizó la filtración más grande de la historia sobre las inconfesables intimidades de Estados Unidos. Otro, Snowden, vive exiliado y oculto en Rusia luego de haber revelado la  forma en que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) espiaba a todo el planeta, incluidos jefes el Estado y empresas. La tercera, Manning, fue condenada a 35 años de cárcel (tribunal militar) por haber suministrado a Assange, entre ciento de miles de documentos, el famoso video Collateral Murder («asesinato colateral»), donde se ve cómo un helicóptero estadounidense mata a un grupo de civiles durante la ultima invasión de Irak (2003). Y no son los únicos. 

Hay decenas de perseguidos digitales. El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa paga en su exilio belga el asilo que le proporcionó a Assange cuando este ingresó a la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció siete años antes de que la policía británica lo arrestara cuando el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lo entregó cobardemente. Vanessa Rodel y su hija Keana están exiliadas en Canadá. Ambas forman parte del grupo   de siete personas conocido como “los ángeles guardianes” que, en Hong Kong, protegieron a Snowden durante su estadía. Y el abogado canadiense defensor de los derechos humanos Robert Tibbo, abogado de Snowden y de los “ángeles guardianes”, vive exiliado y oculto en un país europeo.

Ahí está, en su crueldad seca, lo que hace Occidente cuando alguien corre la tapa de sus cloacas. Y nada lo detiene. El presidente boliviano Evo Morales podría contar en primera persona cómo Europa lo persiguió cuando, en junio de 2013, de regreso de un viaje a Rusia, Francia y Portugal le negaron el espacio aéreo a su avión. Los pseudo socialistas franceses y los portugueses sospechaban que Evo Morales traía escondido en su avión a Snowden. Por eso lo obligaron a aterrizar en Viena y le revisaron el aparato durante 14 horas. 

Assange, Snowden y Manning fueron respectivamente descalificados y desfigurados por la misma prensa que, antes, había hecho de ellos héroes modernos. Manning fue vendido como un traidor y una normal porque cambió de sexo. Snowden, como un renegado antipatria y sobre Assange se tejieron los relatos más obscenos que se puedan imaginar. Los medios que antes habían hecho de él el emperador del nuevo periodismo de datos expandieron la narrativa de pelotón de fusilamiento destilada por las agencias dedesinformación: estaba loco, era un drogado, un violador, un agente del Brexit, luego un aliado de Trump y de la Alt Right norteamericana y, encima de todo, un agente del presidente ruso Vladimir Putin. Ese diario golpista que es El País de España se lanzó en una disparatada desconstrucción del mito Assange que el mismo periódico había apuntalado. Se ofendieron porque Assange contribuyó a instalar la posición y las artimañas del independentismo catalán. Resulta  paradójico que hoy Assange cuente con sus mejores respaldos en los países emergentes y no en las naciones ricas, a  cuyos diarios (The New York Times, Le Monde, El País, Dar Spiegel), incomprensiblemente benefició cuando entregó los fondos de la diplomacia estadounidense para que estos diarios hurgaran a su antojo en nuestras realidades. Sólo mucho después suministró la información a los países concernidos que estaban geográficamente fuera de la esfera Occidental. Lo más cínico radica en que Estados Unidos y sus aliados imputan a Assange, a Manning y a Snowden por los mismos delitos que sus servicios secretos y sus empresas globalizadas cometen con toda impunidad: extraer datos. Habría así un hurto legal asumido por Google, Apple, Facebook o Amazon, y otro proscripto cuando son los ciudadanos quienes se metenen las entrañas de un sistema delincuencial para sacar a flote la basura de sus tripas. Lamentablemente, hay en torno a esos delitos de robo de datos y espionaje la misma tolerancia que con la delincuencia de cuello blanco. La sociedad civil no reacciona, no exige, no pugna, no patea, no milita. Porque los expertos de Cambridge Analítica que robaron datos y espiaron millones de cuentas de Facebook (también lo hicieron en la Argentina cuando trabajaron en la campaña del presidente Macri) no están presos. Son ladrones pero impunes. Assange, en cambio, tiene sobre él todo los látigos del castigo y le aguardan en Estados Unidos siglos de cárcel. 

Lamentablemente también, las corrientes progresistas del mundo tardaron y tardan mucho en darse cuenta de que la vida nuclear de nuestras democracias se juega precisamente en Internet y no únicamente en las calles. La izquierda no entendió ni a Assange ni a las redes sociales. La derecha, en cambio, sí que lo hizo y sacó con ello un tajo inmenso. Es profunda y cómicamente incongruente constatar que todos los algoritmos son de derecha. Parece que los algoritmos progresistas capaces de ir a buscar al enemigo y neutralizarlo en los territorios que controla y desde los cuales nos manipula, no existen. No hay un “Che algoritmo”, solo existen los otros y, a la par, un extendidísimo y manso rebaño de usuarios que, pese a saberlo, continúan pegados a sus torturadores digitales. 

Mientras las izquierdas mundiales celebrarban el fin de la hegemonía de la prensa del sistema y el advenimiento de blogs y diarios digitales, las derechas se ocuparon de los algoritmos. Los unos seguían cautivos de sus antagonismos de café, los otros organizaban la gobernabilidad del mundo a su antojo. 

Julian Assange es el enemigo número uno de los tecnoimperios (China y Estados Unidos) porque, al igual que Snowden y Manning, funcionó como el fantasma que contó la verdad del cuento. Hay que volver a leer sus ensayos para medir cuánto se adelantó al capitalismo espía y violador que nos gobierna. Nuestros rostros están fotografiados, nuestras calles cartografiadas, nuestros deseos compilados, nuestros mensajes y correos escaneados, nuestros consumos repertoriados y nuestras ideas manipuladas. Todo ello converge en Assange: es, en su tragedia personal, el violador del imperio. Por ello no lo perdonan ni lo perdonarán. Cuanto más lo castiguen y lo persigan, cuanto más sufrimientos le infrinjan, cuanto más lo hieran y lo desfiguren, más satisfechos estarán los delincuentes digitales, los privados y los estatales. Su sufrimiento es el mensaje que nos transmiten. Su suplicio es, como en la Edad Media, un espectáculo punitivo (Michel Foucault, Vigilar y castigar). Una enorme zona de nuestras democracias se esfumó con el destino de Assange o Snowden. Nuestro silencio ha sido demasiado prolongado. Pero han dejado una huella, las pruebas irrefutables de cómo se activan los mecanismos del mal y quiénes los manejan. Si seguimos dormidos con el juguete tecnológico como canción de cuna, el sueño se acercará cada día más a la pesadilla final. 

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Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

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Trump declara la guerra a las joyas tecnológicas de Silicon Valley

Unas guerras de Trump son de puro bluff. Otras son vulgarmente electoreras. Y otras son verdaderas.

En la taxonomía de las "guerras de Trump" se puede categorizar que la guerra que libra contra las joyas tecnológicas de Silicon Valley es verdadera.

WSJ, muy cercano a Trump, reportó que el Departamento de Justicia –el mismo que abrió el pestilente asunto de Odebrecht en toda Latinoamérica– inició una investigación antimonopolio ( anti-trust) contra Alphabet/Google, susceptible de "presentar una nueva línea de escrutinio regulatorio" (https://on.wsj.com/2IerSMR).

La hasta ahora indolente Comisión Federal Comercial (FTC, por sus siglas en inglés) –la autoridad antimonopolio dentro del Departamento de Justicia– se alista a un choque con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y ha creado una nueva comisión para desmantelar las adquisiciones del tipo de las que realizó Facebook con Instagram.

El mundo legal en EU es de los más caros y complejos del planeta y FTC ha contratado abogados que manejan "nuevas teorías antimonopolio" que pueden facilitar la atomización de empresas pantagruélicas como Amazon que llegó a un valor de "capitalización de mercado" de un billón de dólares –como Apple–, equivalente al PIB de México, la quinceava economía global.

La FTC había iniciado en 2013 una amplia investigación de Google, pero Obama se rajó.

A un año y medio de la crucial elección presidencial, el tema monopólico del GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter) es de alto impacto.

La senadora Elizabeth Warren, candidata presidencial del Partido Demócrata, ha lanzado una vigorosa campaña para la atomización de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

Steve Bannon, estratega de Trump, declaró la guerra contra el "globalista" monopolio del GAFAT y arremetió contra la “destructiva presidencia de Baby Bush” a quien despreció de “instrumento de los globalistas (https://politi.co/2QGRRk4), al unísono de los "malignos" jerarcas de Silicon Valley: "2/3 partes o 3/4 partes de sus administradores provienen de Asia" y "roban los empleos de los estadunidenses" (https://bit.ly/2Wlg8C7).

The Washington Post reveló que su matriz Amazon será escrudiñada por antimonopolio ahora que ha pasado bajo la jurisdicción de FTC (https://wapo.st/2WaU0FV).
Uno de los peores pecados capitales que cometió GAFAT, en particular, el maligno Twitter, es haber censurado en forma selectiva la sacrosanta libertad de expresión para favorecer sus intereses neofascistas/neoliberales/neopinochetistas en Latinoamérica, debido a su "manejo" por el español Pepe López de Ayala, aliado del cadavérico Partido Popular (https://bit.ly/2vmxf6V).

En EU, donde Twitter cuenta con otra gerencia, ha sido imputada de perseguir la agenda de la "derecha": Trump y varios pesos pesados del Partido Republicano se han quejado que "Facebook, Google y Twitter inc, suprimen las posturas conservadoras".

Silicon Valley apoyó a Hillary Clinton contra Trump. Quizá esa fue la razón por la que Obama se rajó de perseguir al monopolio del GAFAT.

El cofundador Chris Hughes había fustigado a Facebook, en la fase de su único patrón Mark Zuckerberg –quien detenta 60 por ciento de las acciones–, como una "amenaza a la democracia" (https://bit.ly/2LCGzOU) al "controlar tres plataformas esenciales de la comunicación: Facebook/Instagram/WhatsApp".

También WhatsApp ha sido denunciada desde Brasil hasta India de manipular las tendencias electorales (https://bit.ly/2vXbwm1).

FTC se dispone a investigar a Facebook por prácticas monopólicas (https://on.wsj.com/2Kp5aob) y Bloomberg, muy hostil a Trump, enuncia que el escrutinio antimonopólico de Google, Apple y Facebook, afectó sus cotizaciones bursátiles (https://bloom.bg/2XmGIrh).

Según Shira Ovide, "Google debería estar muy temerosa. Pero muy temerosa" (https://bloom.bg/2XptvxB).

Desde hace mucho que GAFAT ha sido colocada en la picota bipartidista en EU y, en especial, en Europa, donde ha empezado a ser aplacado el máximo Leviatán tecnológico de todos los tiempos que ha sometido al género humano a una esclavitud invisible.

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Jueves, 30 Mayo 2019 09:25

La JEP, con vida. Hasta ahora

La JEP, con vida. Hasta ahora

El 29 de mayo no fue un buen día para el gobierno Duque ni para su partido. Sin duda. Dos fallos judiciales obligaron, a quienes pretenden un total entierro de tercera para los Acuerdos de Paz firmados en La Habana con las Farc, a pasar tragos amargos. Uno de los fallos da al traste con la pretendida reforma de la Justicia Especial de Paz (JEP), y el otro le otorga la libertad a Jesús Santrich, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como congresista electo y, por lo tanto, con fuero, lo que remite su caso ante esta Corte.


En el primero de los fallos, la Corte Constitucional ratificó que en debate surtido en el Congreso semanas atrás, las pretensiones reformistas del Ejecutivo habían sido derrotadas y que las sumas de su Mesa Directiva, que alegaba que el quórum era de 96 no corresponde a la realidad pues el mismo se ajusta en 94 ya que Iván Márquez y Aida Merlano, elegidos pero no posicionados por diferentes circunstancias, no pueden ser sumados.


El fallo llevará al Centro Democrático, seguramente, a buscar otras vías para persistir en su propósito de explosionar la JEP, una instancia que teme el uribismo, amedrantado ante el posible ventilador que prenda alguno de los cientos de militares y paramilitares que tomarán asiento ante esta instancia del proceso de paz. Pretensiones de este partido unipersonal que también ayudarán a crispar la coyuntura nacional en la medida que los días pasen y se acerquen las elecciones territoriales. Atizar el odio contra las Farc, reclamar su total sometimiento –más allá de lo firmado en La Habana–, situarlos como narcotraficantes, maniobrar con denuncias de todo tenor, algunas seguramente ciertas pero en su gran mayoría fake news. Toda una estrategia electoral a la que no renunciarán. Aquí no se trata de divide y reinarás sino de miente, manipula, confunde, potencia odios y vencerás.


En todo caso, toca esperar el desarrollo de esta coyuntura para ver si al final logran su cometido.


Se abre la jaula


Por otro lado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base lo ya fallado por el Consejo de Estado, al revisar el caso de Jesús Santrich, reconoció de manera unánime su fuero como congresista, y ordenó su inmediata libertad.


Las reacciones no se hicieron esperar, y el presidente Iván Duque, sin poder ocultar el odio que profesa contra los miembros de la otrora Farc, sin reparar en la división de poderes que dice respetar, ladró: “Santrich es un narcotraficante”.


El fallo de la Corte regresa el proceso de este mando fariano a una instancia inicial, toda vez que ahora los magistrados revisarán las denuncias, pruebas y demás, para tomar una decisión ante el supuesto delito del que le acusan, y la solicitud de extradición que ahora los Estados Unidos deberá tramitar ante esta instancia judicial.


El fallo, de otro lado, desnuda todas las arbitrariedades cometidas por la fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, jurista que dicen que es y que por lo tanto debía ser consciente que sus procedimientos no se compadecían con la legalidad que siempre reclaman para la “democracia” colombiana. De acuerdo con esto, Santrich no podía ser detenido como lo fue, ni mantenido preso durante todos estos meses. “Justicia” al servicio del poder. Justicia para someter.


En este caso, como en la mal contenida rabia del Presidente colombiano, queda al desnudo que la única paz que buscan en el alto gobierno y por parte de los círculos de poder que lo rodean, es el del sometimiento y humillación de sus enemigos, ojalá su muerte, eso sí, hay que lograr que pase como un “falso positivo”.


En ambas decisiones de los jueces, el establecimiento descansará cuando logre revertir los fallos, en el primer caso extirpando la JEP, en el segundo depositando al mando fariano en un ataúd norteamericano, perdón, en una cárcel gringa.

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Multitudinario pañuelazo en Argentina por la despenalización del aborto

El 28M, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las argentinas presentaban el nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es la octava vez que lo intentan.

La marea verde vuelve a teñir los alrededores del Congreso argentino, como una memoria presente, como si nunca se hubieran ido. Cada colectiva va ocupando las calles nuevamente. Grupos de amigas con purpurina, pañuelos verdes, niñas y niños con sus madres y jóvenes. Olor a choripán, cantos y mucho bombo.


Corrían los años 90 y un grupito de mujeres repartía folletos y recogía firmas frente al Congreso. Como cada lunes, dos veces al mes, intentaban concienciar a los paseantes apresurados sobre la importancia de una ley que legalizara el aborto. Les llovían piedras y les insultaban. Eran las pioneras del aborto, hoy las madres de esta Campaña. Fue en 2007 cuando, un 28 de Mayo, lograron presentar el proyecto de ley ante el Congreso argentino. Mucho cambió la sociedad desde entonces. La lucha incansable de Las Madres de Plaza de mayo, el Ni Una Menos y la confianza en el trabajo cotidiano en los barrios dan al movimiento feminista argentino una fuerza particular.


El 28M, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las argentinas vuelven a insistir y lo hacen por octava vez consecutiva. Presentan el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Lo hicieron a las 17:30 en un pañuelazo nacional, que fue apoyado por las principales capitales del mundo.


El año pasado fue histórico. El proyecto de ley para la legalización del aborto se discutía por primera vez dentro de las dos cámaras legislativas. El debate y la emoción marcaron las intervenciones de algunas de las diputadas en defensa del aborto. Participaciones como la de la macrista Silvia Lospennato o la progresista Victoria Donda hicieron pensar en la posibilidad de un acuerdo más allá de los intereses de partido. Y así fue, pero sólo en el Congreso, donde obtuvo media sanción. Unos meses más tarde la ley no logró pasar en el Senado. La marea verde no paró desde entonces. Acumuló fuerza en el Encuentro Nacional de mujeres, en el 8M y reuniendo aún más potencia desde la asamblea y desde los barrios, hacen que este 28 de Mayo sea ya histórico.

Este año presentan el proyecto con modificaciones respecto al anterior. La nueva iniciativa legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y más allá de ese plazo según supuestos: violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante. En todos estos casos se debe garantizar desde el sistema de salud público y también desde el privado, además se debe realizar durante los cinco días posteriores desde que se hizo la solicitud.


En un país donde aún está penalizado el aborto salvo en casos de violación o peligro para la salud o la vida de la madre, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se hace imprescindible. En Argentina abortan clandestinamente entre 370.000 y 520.000 mujeres al año según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) del Ministerio de Salud. La mayoría de ellas lo hace en condiciones deficitarias e inseguras. Con suerte algunas acaban yendo al hospital por complicaciones médicas, muchas mueren. Desde la vuelta de la democracia en 1983 hasta el 2016, murieron más de 3.000 mujeres por abortos clandestinos. “El derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina es una deuda de la democracia, un tema de derechos humanos, de salud pública y de justicia social” opina la socióloga Mora Blaser.

Esta ley busca acabar con situaciones tan sangrantes, como el caso de la niña jujeña de 12 años que conmocionó al mundo cuando fue obligada a continuar con el embarazo fruto de una violación. En Argentina se registra un 16% de embarazos en adolescentes de entre 14 y 19 años y el 70% fueron no deseados. De estos embarazos unas 3000 son niñas de entre 10 a 13 años, según la UNFPA. Las jóvenes lo tienen claro, están cansadas de sufrir acoso, de no tener educación sexual, de ver compañeras que quedan embarazadas y tienen que abandonar el colegio. “Yo estoy en 1º de secundaria y aún no me enseñaron a poner un preservativo. Además hay mucho acoso: en el colectivo, en el metro. Estamos saliendo a la calle porque ya no lo soportamos más”, dice Celia de 13 años.

Por eso, la Campaña Nacional pone el énfasis no sólo en legalizar la posibilidad de que “cualquier cuerpo gestante pueda interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 incluida”, si no que además se centra en la prevención, en la educación sexual integral para decidir y en la venta libre de anticonceptivos. Además, las feministas van más allá, poniendo en el centro del debate el deseo a la maternidad. No sólo luchan para no morir, también quieren que la maternidad sea deseada, acompañada y que se haga en condiciones dignas y saludables para la persona gestante.


Si se consigue el derecho a abortar en Argentina será fundamental para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Argentina marca la agenda en la región donde, sólo Cuba, Uruguay, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico, permiten abortar en las primeras semanas de gestación. En otros países como en El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Surinám está completamente prohibido. El resto, como Argentina, permite el aborto según causales (violación, peligro para la vida y salud de la madre).


En 2018 la Campaña por el Derecho al aborto funcionó como una bola de nieve, contagiando con fuerza la lucha en toda Latinoamérica. “Se sabe que la marea empuja fuerte desde aquí. La Campaña ha logrado un impacto regional muy potente. Ha puesto en común las problemáticas en un momento en que todas enfrentamos la contra-ofensiva del fundamentalismo religioso. Nos quieren parar porque están viendo la capacidad del feminismo para hacer política desde el rechazo a la obediencia patriarcal, neoliberal y colonial” nos cuenta Verónica Gago, integrante de “Ni Una Menos”.


Argentina vive una situación compleja, marcada por la crisis económica, el empobrecimiento y el retroceso en materia de derechos. El actual presidente, Mauricio Macri, convirtió al Ministerio de Salud en una Secretaria, esto vino de la mano de un vaciamiento de recursos públicos. Además, los fármacos aumentan por la inflación y el acceso a la salud empeoró. Por eso la ley por la legalización se vuelve imprescindible sobre todo para las gestantes sin recursos. “La dimensión de clase es fundamental, por eso el aborto tiene que ser legal y gratuito. Esta cuestión ha logrado ir más allá de una reivindicación por un derecho individual- liberal” dice la integrante de “Ni Una Menos”.


La iniciativa de ley será clave en este año electoral. Veremos cómo marca la agenda política y los debates de campaña. El año pasado de los 38 senadores que votaron en contra, 12 pertenecían a partidos que apoyaron al kirchnerismo, los 26 restantes eran miembros de partidos conservadores. “Tenemos que insistir con algo fundamental: se trata de garantizar un derecho, no de una posición moral o religiosa individual. Quienes se oponen, están apoyando un sistema de clandestinidad clasista, racista y misógino que condena a la muerte especialmente a las mujeres con menos recursos. Es difícil aprobarlo porque el lobby de la iglesia católica tiene mucho poder en el interior de todas las fuerzas políticas”, opina la investigadora Verónica Gago.

El 27 de octubre el pueblo argentino votará y decidirá entre otras cosas, cuál será el derrotero de esta propuesta. No pinta fácil, mientras que la mayoría del macrismo defiende a los antiabortistas, el candidato kirchnerista a la presidencia Alberto Fernández y su compañera de fórmula Cristina Kirchner apuestan por la despenalización. Lo que sí es seguro es que la marea verde es imparable y que las argentinas seguirán en las calles y en el Congreso hasta que el aborto libre, seguro y gratuito sea ley.

Por Andrea Ana Gálvez

publicado
2019-05-29 08:15:00

 

 

Publicado enInternacional
El Internet ruso, el Google chino, el 5G de EEUU: Internet se va llenando de fronteras

Internet nunca fue un terreno neutral, pero el ansia de los gobiernos por aumentar su control sobre él está restringiendo cada vez más derechos

El veto de Trump sobre Huawei y China afecta directamente a la libertad de los consumidores europeos, pero encierra una lucha por el control de la infraestructura

"Quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad", recuerdan los expertos

 

Hace una década, decir que Internet como red libre estaba para tirar a la basura y empezar de cero con otra era considerado una postura radical. Hoy es lo que propone uno de sus padres, Tim Bernes-Lee, el ingeniero que inventó del concepto de la World Wide Web. A través de la fundación que dirige está buscando apoyos para desarrollar una red descentralizada y que impida por concepto que los gobiernos y las grandes empresas vuelvan a cerrarla, como han hecho con la actual. Internet no es neutral y nunca lo ha sido, pero está yendo a peor.

Que EEUU haya decidido determinar a la población mundial sobre qué dispositivos comprar, bloqueando que haya software o componentes estadounidenses en los dispositivos que fabriquen la empresas chinas Huawei o ZTE es el último ejemplo. Pero hay muchos más, mirando arriba, abajo y a los lados.


No hay ninguna autoridad pública que gobierne los asuntos de Internet. Esta circunstancia, considerada positiva por los expertos como un plus en sus primeros años, está en cuestión tras escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica. No hay nadie que ponga reglas, pero eso implica que tampoco hay nadie encargado de que proteger la red como un espacio neutral.


Otros aspectos están gobernados de forma estrictamente privada. Es el caso de la asignación de nombres de dominio, como los ".com" o ".es", sobre los que decide el ICANN, una institución privada aunque sin propósito de lucro radicada en California. Puede parecer que su labor no es demasiado trascendental, hasta que se topa con un debate con aristas, como sobre el que se ha posicionado esta semana: ¿el dominio ".amazon" debe ser de Amazon o de los países de la cuenca del Amazonas?


Un conflicto de siete años que el ICANN ha resuelto este jueves a favor de la multinacional. Esta solicitó primero la gestión del ".amazon", cuando la organización anunció que permitiría un mayor grado de personalización de los dominios. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela solicitaron una "gobernanza compartida": argumentan que no pretenden impedir que Amazon pueda utilizar "kindle.amazon" o "ebooks.amazon" como desee, pero no querían depender de la buena voluntad de la multinacional para otros como "tourism.amazon". Ahora tendrán 90 días para presentar alegaciones al ICANN que, si no son aceptadas, supondrán el punto final de sus aspiraciones a decidir sobre ".amazon".
"En realidad, si te pones a buscar en la materialidad sobre la que se asienta Internet, en sus infraestructuras físicas, en qué zonas geográficas, y te das cuenta de que en realidad la red lleva privatizada casi desde su surgimiento", recuerda en conversación con este medio Enric Luján, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. "Ves que la gran mayoría de cables de Internet los controlan megacorporaciones internacionales, que los intercambiadores de paquetes y todos los centros logísticos están en manos privadas. Al final, quien controla la infraestructura tiene un control muy alto sobre qué se mueve por ella, cuándo y a qué velocidad".


"La decisión de Trump de vetar a Huawei, más que ser un game breaker, lo que hace es confirmar la tendencia de segmentación que Internet ha tenido desde el principio. Ahora perdemos también la libertad de escoger una u otra marca. Se te restringe el acceso a Internet incluso como usuario, como cliente, desde determinados soportes, solo porque sobre ese soporte hay un boicot activo y descarado para beneficiar a unas marcas por delante de otras", continúa Luján, experto en la relación entre filosofía y tecnología y coautor del libro Resistencia digital.


El Gobierno estadounidense escudó su veto a Huawei en motivos de "seguridad nacional", acusándola de espionaje. EEUU no ha ofrecido pruebas de ello, mientras que las investigaciones que se han abierto en otros países tampoco han hallado evidencias. Varias fuentes de empresas del sector digital español con presencia en toda Europa confesaron a eldiario.es que detrás del veto ven motivos económicos, ya que esta empresa es puntera en el desarrollo de la tecnología 5G, clave en el proceso de robotización de la sociedad y el futuro de proyectos como el del coche autónomo, y está en negociación con varios gobiernos europeos para suministrarles su tecnología.


Fronteras y privatización cada vez más visibles


La cuestión de la soberanía digital ha vuelto con fuerza al debate público europeo a raíz del recorte de libertades que un gobierno tercero ha impuesto al resto del mundo a la hora de elegir la marca del dispositivo que desea comprar. Pero en los países de fuera de la órbita de EEUU como China o Rusia. Estos países sospecharon desde el principio de la neutralidad de la red estadounidense y de las empresas estadounidenses que le daban forma. Las primeras vetadas fueron las empresas de redes sociales y Google. Tienen compañías que dan servicios paralelos, pero nacionales y bajo la vigilancia de sus gobiernos.


Los chinos viven directamente en su propio ciberecosistema vallado: su buscador censurado Baidu es el más usado del mundo. Apenas usan productos de Google. En el otro extremo, las cifras de venta de Huawei en EEUU son muy pequeñas, lo que deja a Europa como uno de los territorios más afectados por el veto de Trump.


"Hay varios estados, sobre todo los grandes países más autoritarios, que tienen su propio control de Internet, no cerrado del todo, pero sí muy controlado. Está China, Rusia o la India, pero hay otros", explica Andrés Ortega Klein, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de las ideas. "La guerra comercial se está dando también por la preeminencia tecnológica. No solo por imponer tecnología propia a los demás países, sino por el control: Internet es también en un instrumento de control tanto de las poblaciones propias como del resto de países".


El experto recuerda en este punto las publicaciones de Edward Snowden, que demostraron que los servicios de inteligencia tenían túneles para espiar básicamente a todo el mundo, desde Angela Merkel a los técnicos brasileños que analizaban una de las mayores bolsas de petróleo del mundo que fue encontrada frente a su costa y por el que estaban pujando las petroleras estadounidenses.


"El resto de países se han dado cuenta de esto y los que pueden, quieren tener su propia infraestructura. Esto está fragmentado Internet en varias redes, cada vez más separadas", detalla el experto: "Además en poco tiempo puede venir una fragmentación superior, que son los Internet de diversa calidad", alude Ortega Klein en referencia a la intención de la administración Trump de romper la neutralidad que todavía existe entre los contenidos que circulan por la red y permitir a las operadoras priorizar unos sobre otros. Los que más paguen, concretamente.


Independízate si puedes


En el verano de 2013 acababa de estallar el escándalo de espionaje revelado por Snowden los europeos interrogaron a la UE por los motivos por los que la directiva de privacidad que debía protegerles de desmanes como aquel estuviera tan sumamente anticuada. Databa de 1995, antes siquiera de la expansión de Internet.


La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la cartera de Justicia, Viviane Reding, dio una pista sobre el por qué de semejante retraso: "Nunca había visto un lobby tan potente", declaró, señalando al Gobierno estadounidense y sus multinacionales digitales. Explicó que en ese momento en Bruselas había más lobbistas tratando de dificultar que la nueva norma saliera adelante que burócratas comunitarios trabajando en ella: "[Las compañías norteamericanas] han presionado para que no se les aplicasen los estándares comunitarios. Y el Gobierno estadounidense ha ejercido presión, lo mismo que esas compañías".


"Los estadounidenses han entendido antes que los europeos la importancia de este dossier. Por eso intentan pararlo, porque suponía que no podrían actuar más como hasta ahora. Es un juego de poder. Y los estadounidenses lo han entendido", denunció Redding, del PP europeo.


El Reglamento General de Protección de Datos europeo seguiría retrasándose mucho más. Terminó entrando en vigor un lustro después, el 25 de mayo de 2018. Las autoridades comunitarias lo festejaron como una vía para poner a Europa en el mapa digital. No se independizaría del imperialismo digital estadounidense, pero al menos impondría los estándares más altos en cuanto a protección de derechos individuales en el entorno digital.


Una de sus medidas más publicitadas fue la posibilidad de multar a cualquier compañía que se lo saltara con un 4% de su facturación mundial anual. Un año después se su entrada en vigor esas grandes sanciones aún están por llegar.

Por Carlos del Castillo
23/05/2019 - 21:56h