El magnicidio de Jovenel Moïse ¿Un golpe dentro del golpe?

El brutal magnicidio del presidente Jovenel Moïse añade nuevos elementos a la crisis de Haití, tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población, si no es capaz de aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de reconstrucción.

La muerte de alguien, asesinado cruelmente en presencia de su esposa y sus hijos, tal como lo fue el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado, llama a un gesto de condena firme y unánime por parte de todos los demócratas del mundo. Es un drama que recuerda la crisis de 1867 en Haití, que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave en enero de 1870, y la crisis de 1915, cuando fue masacrado el presidente Vilbrun Guillaume Sam en víspera de la ocupación militar estadounidense que se inició en julio y duró 19 años. No quisiera referirme al asesinato del padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, en octubre de 1806. Requeriría de una puesta en contexto más extensa, ya que es utilizado retóricamente en la actualidad por los defensores de la política del presidente Moïse, quienes buscan hacer temerariamente este paralelo.

El principal riesgo que trae aparejado el reciente magnicidio es que, con una Justicia inoperante, se refuerce la impunidad reinante, un mal permanente que padece la sociedad haitiana y que funciona como un obstáculo al imperio de la ley y del Estado de derecho. 

Existe así el riesgo de una doble impunidad: por una parte, quizás nunca se sabrá quiénes fueron los responsables de la muerte del mandatario; por la otra, ni Moïse ni sus cómplices responderán ya por los crímenes que han cometido, como lo reclamaban las organizaciones de derechos humanos, al igual que la oposición política, desde hace por lo menos tres años.

Un asesinato misterioso

Empecemos por el acontecimiento que conmovió al mundo entero y dejó en estado de shock a la sociedad haitiana: Moïse fue asesinado el 7 de julio de manera sorpresiva y rocambolesca, en una operación que a la vez parece muy bien planificada y absolutamente descabellada. He aquí algunos elementos que atraen la atención de todos los observadores: (a) sus guardias de seguridad no dispararon ni una bala; (b) la policía haitiana habría resuelto este caso en menos de 12 horas, un récord sospechoso considerando que, hasta la fecha, no había podido resolver ni una sola investigación sobre los numerosos asesinatos cometidos en el país; entre ellos, el del presidente de la Orden de Abogados, el insigne Monferrier Dorval; (c) el comando de los asesinos, compuesto esencialmente por ex-militares colombianos, no habría previsto un plan b de escape y todos se dejaron arrestar sin defenderse.

El primer ministro ad interim Claude Joseph, destituido dos días antes del magnicidio y reemplazado por el neurocirujano Ariel Henry, aparece frente a las cámaras y con una calma sorprendente declara tener todo bajo control y decreta el estado de sitio por dos semanas. Asimismo, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (onu). En estas circunstancias, la Oficina Integrada de la Naciones Unidas en Haití (binuh, por sus siglas en francés), a través de su representante, Helen La Lime, le ofrece su apoyo. Días después, Henry, que había sido nombrado pero no había asumido su cargo al momento del asesinato, es sorpresivamente reconocido como jefe de gobierno legítimo por los representantes del así llamado «Core Group», integrado por los embajadores de eeuu, Canadá, Alemania, Francia y Brasil y los representantes del secretario general de la onu y de la Organización de Estados Americanos (oea) en Haití. 

El primer ministro destituido, que acababa de insultar a Henry en una reunión, finalmente acepta y reconoce su autoridad. Se forma así un gobierno de continuidad con casi todos los ministros del gabinete de Moïse y del Partido de las Cabezas Calvas (phtk, por sus siglas en creole).

Por su parte, la esposa del presidente, Martine Moïse, gravemente herida y evacuada hacia eeuu el mismo día del asesinato para ser atendida, reaparece una semana después, con un brazo enyesado, protegida por el fbi, y se proclama heredera política de su difunto marido, héroe y mártir, en un discurso muy elocuente durante el funeral. En realidad, ella es la testigo clave de este asunto. A pesar de eso, vuelve a eeuu el 28 de julio sin haber sido interrogada por la Justicia haitiana y declara al New York Times el 30 de julio que será candidata a la Presidencia. Sus intervenciones públicas confunden más aún las pistas.

Notemos que, en un caso tan crítico como este, hasta ahora no ha sido nombrado un juez instructor y es la Policía Nacional la que lleva las riendas de la investigación de manera desordenada, con la ayuda del fbi, de Interpol y de la Administración de Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Hay que considerar que la Policía también ha sido señalada entre los sospechosos. Los jueces que podrían llevar adelante el caso denuncian las numerosas amenazas anónimas que reciben y ninguna de las normativas haitianas para asegurar la justicia está siendo respetada. 

Mientras tanto, el Departamento de Estado de eeuu nombró a Daniel Lewis Foote, un diplomático de carrera con larga experiencia en países en crisis, para trabajar con las autoridades haitianas con el objetivo de intentar garantizar elecciones libres y estabilidad en el país. Foote viene también acompañado de la zanahoria: la ayuda humanitaria.

A estas alturas, tres cuestiones parecen evidentes: (a) el misterio sigue a pesar de la presencia de la Interpol y del fbi; (b) es la comunidad internacional, o sea las grandes potencias occidentales, quien decide; (c) pareciera que se trata de un complot transnacional con implicados de diferentes nacionalidades: colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos y haitianos del círculo muy cercano al presidente asesinado, entre ellos Joseph Badio, ex-funcionario del Ministerio de Justicia, así como un pastor protestante, supuestamente médico, residente en Florida (Emmanuel Sanon), y una jueza de la Corte de Casación (Windelle Coq Thélot).

En este orden de ideas, podríamos preguntarnos si no se trataría de un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado que Moïse ya había llevado a cabo el pasado 7 de febrero de este año, cuando decidió quedarse en el poder más allá de la fecha prevista por la Constitución y la ley electoral haitiana. Por otra parte, muchos observadores se preguntan también qué papel han podido jugar los servicios secretos extranjeros en este drama.

Circulan en la prensa y en las redes sociales las más fantasiosas y múltiples versiones sobre los hechos y los responsables, lo que vuelve todavía más turbias las investigaciones. 

Los antecedentes

En efecto, las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir que el presidente entregara el poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como lo establecen el decreto electoral publicado en el periódico oficial Le Moniteur del 2 de marzo de 2015 y la Constitución vigente de 1987. Moïse trató de justificarlo señalando que había tardado un año en asumir, en medio de la controversia electoral tras su elección de 2016. De esta manera, buscaba imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un consejo electoral también ilegal, que les permitirían a él y a sus aliados entregarle el poder a un candidato de su partido, el phtk.

Vayamos un poco más atrás. Veamos la política del presidente asesinado y el clima que reinaba durante los últimos años de su mandato hasta la fecha de su brutal desaparición. 

Es importante remarcar que, según las interpretaciones de numerosos y calificados juristas y constitucionalistas haitianos y extranjeros, el mandato de Moïse había culminado el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial había declarado el fin de su mandato y en respuesta a ello, el presidente mandó destituir arbitrariamente a tres de sus jueces inamovibles.

Entre sus esfuerzos para destruir todas las instituciones del Estado, en noviembre de 2020 el presidente emitió un decreto que reducía el poder de la Corte Superior de Cuentas, institución clave en el control de los gastos del Estado. Además, en lo que respecta al Senado, el mismo presidente había interpretado que, según la Constitución haitiana aún vigente de 1987 y la Ley Electoral, el mandato de una tercera parte del cuerpo había llegado a término el 13 de enero de 2020. Pero aun así, Moïse aplicó una vara diferente para sí mismo, hizo caso omiso de la prohibición constitucional de prolongar su mandato por cualquier motivo que fuera y se otorgó un año más hasta el 7 de febrero de 2022. La oposición, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos calificaron su intento de permanecer en el poder como un golpe de Estado. Desde 2020, empezó a gobernar mediante tuits y decretos presidenciales, de los que llegó a dictar más de 40 sin control parlamentario. Por otro lado, el Poder Judicial también se había tornado inoperante por diversas razones. Y era así como el presidente Moïse, con plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura, tal como lo denunciaba desde hace tiempo la oposición. Tomó una serie de iniciativas ilegales y operativas que demostraban con claridad sus intenciones. 

En este sentido, en noviembre de 2017, Moïse resucitó el ejército disuelto por el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. El nuevo cuerpo carecía de los recursos necesarios y fue montado de manera muy precaria y precipitada. Viendo que esto no le garantizaba el apoyo militar que necesitaba para llevar a cabo sus iniciativas políticas, empezó a fomentar la formación de bandas armadas, que lograron constituirse a través del territorio nacional como verdaderos feudos. A veces desfilaban por las calles de la capital, Puerto Príncipe, con armas pesadas, sin intervención alguna de las autoridades. Por otra parte, se creó un cuerpo de policía civil forestal y costera, encargado de proteger algunas regiones ecológicas (áreas protegidas), el cual se transformó luego en una verdadera milicia al servicio de los objetivos del gobierno. Esto hace recordar los tiempos de los muy famosos Tonton Macoutes, la milicia política de la dictadura de Duvalier en los años 60 y 70. 

Los grupos de derechos humanos Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (rnddh), Je Klere (Ojos Abiertos) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (cardh) reportan que entre el 15 de septiembre y principios de octubre de 2019 las bandas armadas masacraron a 17 personas y dejaron 200 heridos, entre ellos mujeres, niños y hasta bebés, en un solo barrio de la capital, La Saline, con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que amplificó la política del terror ya existente. Gran parte de los manifestantes callejeros en contra del gobierno provenían de estos barrios populares y el poder quiso escarmentarlos. Estas masacres se volvieron recurrentes hasta poco antes del magnicidio.

Algunos de los miembros de estas bandas armadas secuestran, a diestra y siniestra, alegando que están obligados a hacerlo porque el gobierno no les pagó lo prometido. Estas bandas asesinan a personas de todo origen y condición social. El 29 de junio de 2021, dispararon y mataron a 11 personas, entre ellas, al periodista Diego Charles y a la activista Marie Antoinette Duclaire. Duclaire era una joven militante feminista que había participado en la organización de las marchas contra Moïse y había estado en el grupo que entregó a la binuh una petición de la sociedad civil por el cese del apoyo a Moïse a principios de este año. Había recibido ya amenazas de muerte por sus posiciones.

El presidente politizó más que nunca a la Policía, que ya había perdido cualquier operatividad en la lucha contra la inseguridad por no contar con el equipo ni el armamento necesarios para combatir a las bandas armadas, estas sí muy bien equipadas con armas de guerra y municiones a granel. Además, intentó crear una serie de dispositivos legales para asegurar su poder en el futuro. En este sentido, contra todas las normas democráticas, Moïse emitió un decreto que instituía una policía secreta omnipotente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ani), base de un claro Estado dictatorial. Apenas instalado en su cargo, el nuevo primer ministro Henry trató de eliminarla, pero el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberice, el mismo del difunto presidente, se opuso firmemente. Se espera aún la reacción de Henry a este acto de insubordinación. 

Asimismo, Moïse creó un Consejo Electoral Provisional por fuera de las normativas legales, encargado de organizar el referéndum para cambiar la Constitución de 1987, las elecciones legislativas que no se habían realizado en 2020 y las presidenciales en septiembre de 2021. Creó también una comisión, con miembros designados por él, encargada de redactar la nueva Constitución. Es necesario destacar que la Constitución enmendada de 1987, sobre la cual se juramentó Moïse, prohíbe explícitamente cualquier tipo de referéndum, por ser esta una de las armas que usó el régimen duvalierista para crear la Presidencia vitalicia y luego la vitalicia hereditaria. Hay que tener en cuenta que la Constitución actual especifica cuáles son los mecanismos para su modificación.

Moïse pretendía hacer un referéndum sumario, diseñado a su gusto y medida, para aprobar la redacción de una nueva Constitución con personas designadas por él, algo que nada tiene que ver con los procesos de referéndums democráticos y trasparentes que se han realizado, por ejemplo, en países como Chile para cambiar la Carta Magna. En la nueva Constitución se preveía eliminar el Senado y la figura del primer ministro y otorgar plenos poderes al presidente, entre otras cosas. 

En torno de Moïse, a pesar de que le gustaba referirse a sí mismo como jefe supremo (después de Dios) que lo «sabía todo» y tenía poder de decisión sobre todo, se creó una camarilla de intelectuales que armaron con él un discurso ideológico con todos los elementos de la filosofía fascista. Junto con la exaltación de la figura del presidente como «superhombre» y la eliminación de los demás poderes, se empezó a machacar sobre la figura de unos oligarcas «enemigos del pueblo», recordando a François Duvalier y su lucha contra los mulatos, o a Benito Mussolini con su lucha contra la plutocracia. Intentaban así crearse una base social a partir de un muy peligroso discurso de odio, llamando a una solidaridad basada en el color de piel, ya que Moïse era negro como la gran mayoría de la población. Sin embargo, su gobierno se instaló y pudo conquistar el poder gracias al apoyo de esos mismos «oligarcas» u hombres de negocios de piel más clara a los que siguió dándoles ventajas económicas hasta el final. Esta táctica ha sido recurrente en diferentes periodos de la historia haitiana.

El miedo a la justicia

Una de las grandes preocupaciones de Moïse era la posibilidad de tener que responder a la Justicia. Había sido acusado de crímenes económicos y de sangre por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de grupos que se habían constituido en parte civil frente a los tribunales. Uno de los eslóganes presentes en todas las manifestaciones era «Jovenel Moïse a la cárcel». Grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, reunidos en una estructura llamada «Caminemos por la Vida» (Mache pou lavi), lograron montar un Tribunal Popular en un proceso simbólico, el 19 de febrero de 2021, donde encontraron culpable a Moïse y lo condenaron a prisión por destrucción de las instituciones del Estado y violación de la Constitución y de los derechos humanos. 

Sería muy largo tratar de enumerar la cantidad de informes producidos por organizaciones de derechos humanos, haitianas e internacionales, en los que se documentan diversos tipos de violaciones por parte del gobierno de Moïse. Contentémonos con citar el trabajo conjunto de la Coalición Haitiana de Defensa de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard del 22 de abril de 2021. Allí se analizan tres masacres perpetradas contra residentes de barrios desfavorecidos de Martissant, Bel Air y La Saline por bandas armadas, con un apoyo estatal que va desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta agentes de la Policía Nacional. Los responsables son acusados de crímenes contra la humanidad. Por su parte, un informe de la Corte Superior de Cuentas ya había señalado al presidente como responsable de varios actos de corrupción, incluso desde que era solamente candidato. El propio Parlamento, antes de caer en la inoperancia, había elaborado un informe en el que lo acusaba de ser uno de los responsables del robo de los fondos Petrocaribe, que incluían un préstamo del gobierno de Venezuela por 11.000 millones de dólares. A fines de julio de 2019, un grupo de parlamentarios había presentado un acta de acusación de 29 páginas donde se denunciaba a Moïse por violación de la Constitución y crímenes de alta traición por diferentes razones.  

Hay que saber que, antes de ser candidato, Moïse era un pequeño empresario bananero en quiebra del norte de Haití. Fue rescatado por la familia Martelly durante la campaña para las elecciones senatoriales de 2014, cuando Michel Martelly era presidente, elecciones que tampoco se realizaron. Fue así como en los comicios presidenciales de 2015, frente a las agudas rivalidades entre los allegados a Martelly, este decidió lanzar a Moïse como su candidato, con el acuerdo tácito de que al terminar su periodo le devolviera el poder.

Las primeras grandes manifestaciones multitudinarias en su contra se dieron en torno de la lucha contra la corrupción y el reclamo de su enjuiciamiento por parte del grupo de jóvenes llamados «Petrochallengers».

Un hombre de Trump

Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití. Casi todos los partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas e intelectuales, asociaciones gremiales, asociaciones estudiantiles y de profesores, iglesias católicas, protestantes y vudú, e incluso algunas asociaciones del sector privado, le pedían que respetara la Constitución vigente y presentara su renuncia.

Su impopularidad era tan elevada que cuando trató de dirigirse a la población para que adoptara las medidas de protección frente a la epidemia de covid-19, la reacción fue: «Si lo dice el presidente, debe ser mentira». Moïse había profundizado el carácter depredador del Estado haitiano y ya no estaba en capacidad de ofrecer el más mínimo servicio a la población. El Estado mismo parecía haber desaparecido, mientras que, paradójica y patéticamente, hacía un discurso de presidente de un gobierno «fuerte». El clima de terror no hizo sino contribuir a la delicuescencia general y ningún indicador económico o social había estado tan bajo desde los años 80.

¿En qué se apoyaba entonces el presidente Moïse para mantenerse en el poder? Principalmente, en un pacto con el entonces presidente Donald Trump celebrado durante una reunión el 21 de marzo de 2019 en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Trump le había prometido apoyo incondicional a cambio de que Haití abandonara su sostén a Venezuela y su régimen en la oea y de que ayudara a frenar la ofensiva económica y comercial de China en la región. 

En dos oportunidades, cuando la oposición haitiana parecía capaz de lograr su objetivo de derrocar a Moïse, Trump mandó a Haití a representantes de alto nivel para pedir un diálogo entre el gobierno y la oposición, dejando claro que el poder del Moïse no era negociable. El 20 de noviembre de 2019, el mandatario estadounidense envió a Kelly Knight Craft, embajadora permanente de eeuu en la onu, quien subrayó que era amiga personal del presidente Trump y, el 5 de diciembre, al embajador David Hale. A partir de ese momento, Moïse se sintió totalmente apoyado para seguir adelante con sus planes autoritarios.

Fue así como el presidente haitiano se lanzó en una cruzada contra el sistema institucional y la corrupción, tratando de ahogar los gritos de la oposición. Denunció los contratos firmados por el Estado haitiano con las compañías privadas de suministro de energía eléctrica y el contrabando. Sus directivos fueron acusados de sobrefacturación y de apropiación de bienes del Estado. 

A todo esto se agregaba un nuevo y dramático caso: la sospechosa muerte del ex-fiscal y juez de instrucción Claudy Gassant, en República Dominicana, el 31 de julio de este año. Este abogado, famoso por sus audaces declaraciones como fiscal, había sido nombrado por Moïse jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ulcc) de Haití. En este nuevo puesto, abrió una investigación contra el Consulado de Haití en República Dominicana, bajo sospechas de corrupción generalizada, lo que suscitó la ira del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Bocchit Edmond. Asimismo, instó a los senadores a que presentaran su declaración de patrimonio personal exigida por ley, algo que muchos de ellos no habían hecho. Corrió entonces el rumor de que el próximo investigado sería el propio presidente de la República. Moïse lo destituyó. Gassant decidió instalarse en República Dominicana, donde lo encontraron muerto en su casa. Su mujer explicó que se había suicidado degollándose con un cuchillo, debido a que sufría de depresión y había contraído covid-19. La Justicia dominicana concluyó en su investigación que había sido un suicidio. Todos se preguntan, sin embargo, si esta muerte puede estar relacionada con la de Moïse, ya que Gassant guardaba secretos de muchas personalidades. 

Trump era quizás el único referente «ideológico» de Moïse. Quería hacer un negocio de todo, utilizaba la demagogia de la lucha contra el establishment y, sobre todo, aplicaba el principio de que la mentira descarada es lo que paga en política. Inventaba todo tipo de proyectos que no llevaba a cabo, pasando de uno a otro sin ninguna referencia al anterior. Poco le importaba que lo que dijera no tuviera ninguna relación con la realidad. Parecía vivir en un mundo de fantasía y, para darse coraje, manejaba un discurso de odio, que podía eventualmente voltearse contra él.

Durante su funeral en Cabo Haitiano –ya que Moïse era originario del norte de Haití–, se desencadenó una ola de violencia creada no por sus adversarios, sino por sus mismos seguidores, que obligó a los pocos diplomáticos que asistieron a huir rápidamente. En esta ocasión, los manifestantes saquearon e incendiaron el principal centro comercial de la ciudad y un puente, rechazando así a los «oligarcas» y a la gente de la capital que habían asesinado a un «presidente del Norte». El discurso de odio y divisionismo, que ha sido comparado con el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas de Ruanda en 1993-1994, antes del genocidio, funcionó y hace temer en Haití no una guerra civil, sino eventuales masacres, sobre todo en Puerto Príncipe, por parte de las bandas armadas. 

Al término del mandato de Trump, Moïse debería haberse dado cuenta de que no tenía más recurso que marcharse. Es verdad que las aparentes vacilaciones del recién asumido Joe Biden y el trabajo bien pagado de sus lobistas podían darle la ilusión de que no había perdido toda esperanza de un apoyo de la potencia del Norte. ¿Trataba Moïse de ampliar sus relaciones internacionales en previsión de una reducción del apoyo estadounidense? El miércoles 2 de junio de 2021, el presidente recibió las cartas credenciales de Sergei Mélik-Bagdasárov como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia. Sin embargo, en el caso de las relaciones con China, contrariamente a República Dominicana, continuó dándole su apoyo a Taiwán, manteniéndose fiel a su acuerdo con Trump. Poco después, Moïse y su esposa realizaron un viaje intempestivo a Turquía para participar en una reunión internacional el 17 de junio de este año y firmar un acuerdo para el suministro de armas a Haití. Washington no emitió juicio.

Perspectivas

Una pesimista: continuidad de un neoduvalierismo que significa la permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida del pueblo. Una optimista: la oportunidad para que un nuevo gobierno logre hacer una transición capaz de reconquistar la confianza del pueblo, de organizar unas elecciones democráticas creíbles, en condiciones de seguridad, y que estas no sigan siendo una ocasión de otras crisis mayores en Haití, para que así comience el fin del reino de la impunidad, esclareciendo, para empezar, el caso del asesinato del presidente.

Lamentablemente, es muy probable que este escenario optimista no se concrete y que ciertos sectores de la comunidad internacional prefieran adoptar un escenario más simplista. 

¿Cuál será el papel de la comunidad internacional en el futuro próximo de Haití? 

Por desgracia, la comunidad internacional ha sido a menudo parte del problema y pocas veces de la solución. No vamos a extendernos sobre el embargo y bloqueo de 1804, después de la independencia, que duró 21 años, ni sobre la famosa deuda de la independencia de 1825 reclamada por Francia, que ha pesado enormemente sobre el desarrollo económico y financiero de Haití, ni sobre la ocupación estadounidense de 1915 que se extendió durante 19 años. 

Las recientes Misiones de la onu para la Estabilización de Haití, iniciadas en 2004, han dejado un mal sabor en Haití, así como las intromisiones extranjeras de todo tipo después del terremoto de 2010. En este sentido, es muy elocuente el libro-requisitorio L’échec de l’aide internationale à Haïti. Dilemmes et égarements [El fracaso de la ayuda internacional. Dilemas y extravíos], de Ricardo Seitenfus, ex-jefe de la misión de la oea en Haití1.

La onu no logró su objetivo principal, que era la reforma de la justicia y la seguridad. Además, se agregó un desastroso accidente que ocasionaron sus soldados y que el secretario general de la onu tardó demasiado en reconocer como de la responsabilidad de la Misión: se trata de la introducción del cólera en Haití, que dejó unos 9.000 muertos. Esto ocasionó que se asociara el nombre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (minustah) sobre todo con esta desgracia. La situación haitiana actual tiene evidentemente repercusiones directas en todo el Caribe, sobre todo hacia República Dominicana, y algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, receptores de miles de migrantes haitianos. Ahora muchos de estos países están involucrados en las investigaciones.

Para finalizar, consideramos que técnica y económicamente es indispensable el apoyo de la comunidad internacional para resolver: 

(a) el problema de la seguridad, en ausencia de un ejército y de una policía preparados para hacer frente a las bandas armadas que controlan gran parte del territorio;

(b) el problema de la destrucción de la producción nacional, del medio ambiente y de la miseria infrahumana de la población. Se necesitan inversiones masivas en los servicios y en la producción. Hace falta una especie de Plan Marshall para Haití, y no una ayuda humanitaria o dádivas dispersas. Un ente estatal autónomo, formado por personas íntegras, de intachable reputación, debería garantizar la buena gestión de estos fondos;

(c) el problema de la dependencia total de Haití de las decisiones externas. En consecuencia, las potencias extranjeras deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos internos y, principalmente, en la elección de las autoridades, como ha sucedido a menudo hasta ahora;

(d) el apoyo a las acciones de los grupos de derechos humanos, que han hecho un trabajo valiente e impecable de monitoreo y denuncia a riesgo de sus vidas.

La mejor alternativa creo que estaría basada en un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas haitianas de oposición y la sociedad civil, lo cual crearía el interlocutor válido para que cualquier futuro apoyo de la comunidad internacional en Haití pueda tener éxito y para responder a las reivindicaciones populares con un plan de desarrollo y de reconstitución de las instituciones del Estado.

El problema haitiano es un desafío para que se reflexione sobre las relaciones entre un país cautivo de un grupo de dirigentes depredadores y los centros hegemónicos internacionales, y sobre la forma de encontrar nuevas soluciones para salir de las experiencias nefastas del pasado. Hace falta una conjunción de voluntad política, imaginación, coraje y verdadero patriotismo de las nuevas generaciones.

Adenda

La cantidad de acontecimientos, de diversa índole, que se siguen sucediendo en cascada cada día hacen que un nuevo hecho cubra el otro y al fin nada se resuelva. Esto hace que los gravísimos problemas existentes de manera permanente se vayan imponiendo, y que temas como la investigación sobre el asesinato del presidente pasen a un segundo plano y finalmente sean aplazados sine die. En estas condiciones, cualquier análisis de coyuntura, día a día, puede perder actualidad. Desde el asesinato del presidente Moïse el 7 de julio pasado han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, el 14 de agosto.

Entre los hechos sucedidos entre la fecha en que concluimos este artículo el 4 de agosto y la fecha actual, queremos mencionar los siguientes:

(a) El hallazgo, revelado por el director de la rnddh, Pierre L’Esperance, de una importante suma de dinero en efectivo en la casa del presidente Moïse, que según otras fuentes puede ascender a varios millones de dólares. Este hecho aparece como un elemento importante entre los móviles del crimen. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el presidente tenía en su residencia privada tanto dinero líquido ni qué ha sido de él.

(b) La Dirección General de la Policía Judicial entregó, un mes después del asesinato, el resultado de su investigación al juez Bernard St. Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Este, luego de que varios jueces declinaran llevar adelante la instrucción del juicio por el asesinato del presidente aduciendo falta de seguridad, nombró el 9 de agosto al juez Mathieu Chanlatte. Este fue inmediatamente rechazado por la opinión pública debido a su amistad con la familia del ex-presidente Martelly y el mismo Moïse. Pocos días después, el 11 de agosto, el secretario judicial del juez Chanlatte, Ernst Lafortune, fue asesinado, según la denuncia de la Asociación de Secretarios Judiciales Haitianos (anagh, por sus siglas en francés) luego de una viva discusión con el juez de instrucción recién nombrado a propósito del caso Moïse. Ante estos hechos, el juez Chanlatte, el 13 de agosto, desiste de asumir la instrucción del caso, aduciendo falta de protección y de medios. La causa terminó a cargo del juez Gary Orélien y, en un giro imprevisto, el fiscal Bed-Ford Claude acusó al primer ministro en funciones Ariel Henry, quien destituyó al fiscal el 14 de septiembre, lo que suma más opacidad a la conspiración para cometer el magnicidio.

(c) Varios elementos de prueba del asesinato han desaparecido y la escena del crimen ha sido totalmente vandalizada.

(d) Entre tanto, el sábado 14 de agosto un terremoto golpeó tres departamentos haitianos. Según la Protección Civil, las cifras provisionales al 18 de agosto de 2021 eran: 2.189 muertos, 12.168 heridos y 332 desaparecidos, unas 53.000 edificaciones destruidas y 77.000 dañadas, entre ellas 127 escuelas, 60 iglesias,125 estructuras hospitalarias. 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, es decir 40% de la población de esta zona. A esto se agregó la tormenta tropical Grace que se abatió sobre Haití a partir de la noche del domingo 15 y durante todo el lunes 16, lo que aumentó en modo extremo los sufrimientos de la población, que tuvo que dormir a cielo abierto por no poder refugiarse en sus casas y carecer de tiendas de campaña o alguna alternativa para protegerse.

Esta nueva catástrofe natural puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que sobrevive la mayor parte de la población haitiana y la ausencia total del Estado en todos los campos. En lo que se refiere a la construcción de viviendas, vemos los resultados en esta nueva catástrofe. 

Después del terremoto de 2010, hace ya 11 años, durante los gobiernos de Martelly y Moïse, no se tomaron las medidas necesarias para impedir la construcción de cientos de miles de viviendas anárquicas o sin permiso de construcción, y mucho menos se avanzó en la construcción masiva de viviendas económicas para personas de bajos recursos por parte del Estado.

  1. Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Puerto Príncipe, 2015.
Publicado enInternacional
Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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Magnicidio, encubrimiento y marines “humanitarios”

Estados Unidos y Colombia

Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran de que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.

Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.

Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna. 

La respuesta humanitaria de Washington, fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.

Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco. 

Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?

 La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar. 

Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.

Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país. 

Mercenarios y algo más

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).  Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.  Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la deácada del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

¿Una trasnacional del crimen?

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.

Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.  También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea el Departamento de Defensa.

La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios «fueron engañados». O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un mantoque le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo.  Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.

La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.  Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003-  anunció el envió de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio.  Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».

Obviamente, el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enaviado especial a Haití para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas». Amén.

El magnicidio de Moïsepuso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada,  asociadas con actores políticos actuales, que relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obras asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen.   «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.

Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

Por Aram Aharonian | 24/08/2021

Fuentes: Rebelión - CLAE

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Cuatro de los mercenarios capturados en Haití contaron cómo mataron a Moise.

Noticias Caracol tuvo acceso a 15 horas de grabaciones en las que cuatro de los 18 colombianos implicados cuentan su versión de lo que pasó ese día y en las horas posteriores al magnicidio.

Cuatro exmilitares colombianos detenidos en Haití confesaron su responsabilidad en el asesinato del presidente Jovenel Moise, en una acción ejecutada el pasado siete de julio en su residencia en Puerto Príncipe en la que también resultó herida su esposa Martine. Así lo informó el programa Noticias Caracol de Colombia, que tuvo acceso a 15 horas de grabaciones de audio en las que cuatro de los 18 implicados cuentan su versión de lo que pasó ese día y en las horas posteriores al magnicidio. La orden de un exfuncionario del ministerio de Justicia haitiano, según los detenidos, era terminar con la vida del mandatario ante el pedido de políticos locales que pretendían tomar el poder. Los mercenarios habrían trabajado para la firma CTU Security (Counter Terrorist Unit Federal Academy) radicada en Miami.

"Matar a todos"

Los que hablan en los audios fueron identificados como el capitán retirado del Ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jheyner Carmona, el exsargento Ángel Yarce Sierra y el soldado retirado Naiser Franco Castañeda. Según los relatos obtenidos por Noticias Caracol, Joseph Felix Badio, exfuncionario del ministerio de Justicia de Haití, fue quien dio a Rivera la orden de la operación que desembocó en el asesinato de Moise.

En una de las grabaciones Rivera, al que los otros exmilitares llamaban "Mike", afirma: "Badio dijo que había que matar a todos. Todos son los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentre adentro de la casa, que había que matarlos". Inicialmente el plan era detener a Moise, pero Badio dijo que las órdenes ya no eran las mismas y que su objetivo era no dejar a nadie vivo en la residencia presidencial.

Así, el siete de julio a la una de la madrugada y acompañados de Badio, el ciudadano estadounidense James Solages y cuatro policías locales que desaparecieron del lugar una vez cometido el crimen, los exmilitares salieron en seis coches con el objetivo de ejecutar a Moise. "Ellos paraban y neutralizaban a los policías que estaban ahí", relató el exsargento Ángel Yarce. El exmilitar Duberney Capador supervisaría la operación dentro de la casa y Rivera esperaría en la entrada.

La información difundida por Noticias Caracol indica que el exsoldado Víctor Pineda Cardona le efectuó al presidente Moise 12 disparos con un fusil M4. "Dicen que fue Pineda. Lo escucharon a él mismo. Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz", se escucha decir a quien se identifica como Franco en otro de los audios.

Fuga frustrada

El noticiero colombiano indicó que el asalto a la residencia de Moise duró alrededor de 30 minutos y que luego de asesinar al mandatario haitiano los mercenarios buscaron dinero y objetos de valor. Antes de la operación les habían avisado que Moise tenía entre 18 y 45 millones de dólares en su casa: en la habitación de Jovenel y Martine Moise encontraron dos valijas y tres cajas al parecer cargadas de billetes. Parte del botín debía ser entregado, presuntamente, a la firma CTU Security, la encargada de reclutarlos.

El grupo que organizó el operativo cargó el dinero en vehículos y, siguiendo el plan establecido, se dirigíó al palacio presidencial ya que allí iba a tomar posesión el nuevo presidente de Haití, al que supuestamente debían cuidar. "(El sargento retirado) Capador nos llevaba para el palacio porque en el palacio nos iban a proteger, y estaba la policía y nos iba a proteger", relata quien dice ser Yarce. 

Posteriormente la policía haitiana les bloqueó el paso con camionetas y tanquetas, por lo que la banda de mercenarios se refugió en una casa de la que luego fueron desalojados con armas y gases lacrimógenos. Tres exmilitares murieron y los demás escaparon a la embajada de Taiwán en busca de protección diplomática, aunque terminaron siendo detenidos.

El magnicidio de Moise fue cometido, según las investigaciones, por un comando de 26 mercenarios que irrumpió en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban al mandatario. Según los últimos datos de la policía, 44 personas están detenidas, entre ellas 12 miembros de esa institución así como 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y seis haitianos, tres de ellos nacionalizados estadounidenses.

19/08/2021

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Una persona sostiene una foto de Jovenel Moise durante su funeral en Haití, el 23 de julio de 2021Ricardo Arduengo / Reuters

Washington y Bogotá enviaron equipos a Puerto Príncipe para ser parte de las investigaciones.

La verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, parece cada vez más difícil de dilucidar. Desde que ocurriera el magnicidio el pasado 7 de julio, una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, dan cuenta de cómo el caso salpica directamente a los países que están colaborando con las investigaciones: Colombia y EE.UU.

Un punto que llama la atención es la manera en que Bogotá ha abordado la situación, ya que después de que se revelara la participación de al menos 18 exmilitares colombianos en el magnicidio, capturados en Puerto Príncipe, el Gobierno de Iván Duque ha asegurado que los mercenarios "fueron engañados".

La principal vocera de la Casa de Nariño ha sido la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien se ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Arte y parte

EE.UU. también ha estado involucrado en los hechos, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios colombianos fueron entrenados por el Pentágono. Tras esas revelaciones, tanto Washington como Bogotá informaron que enviarían equipos a Puerto Príncipe para las investigaciones del crimen.

La Casa Blanca envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para "apoyar" la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien pidió "investigadores" a Interpol y a las agencias de seguridad de EE.UU. y de Colombia.

En Bogotá, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la fuerza militar y la policía de su país prestarían "toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio". La policía de ese país, mientras tanto, confirmó que los presuntos asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EE.UU. y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.

No obstante, el 16 de julio comenzó el giro discursivo desde Bogotá. Ese día, la vicepresidenta Ramírez dio unas controvertidas declaraciones sobre el envío a Haití de una misión consular que daría asistencia a los detenidos y gestionaría la repatriación de los abatidos.

Días más tarde, el Departamento de Estado de EE.UU. creó la figura del "enviado especial para Haití", a cargo de Daniel Foote, para colaborar "con los socios haitianos e internacionales", "facilitar una paz y una estabilidad duradera", y apoyar "los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas".

En medio de la controversia, la viuda y exprimera dama de Haití, Martine Moïse, —la única testigo presencial del asesinato— denunció que su esposo se hizo de enemigos peligrosos y poderosos porque, a su juicio, intentó finiquitar contratos del Estado que lucran a "la oligarquía" corrupta.

"¿Es un crimen querer liberar al Estado de las garras de los oligarcas corruptos?", se preguntó la exprimera dama durante el funeral de su esposo, donde pidió buscar a los "verdaderos responsables" del magnicidio, a quienes calificó como "aves de rapiña" que siguen en libertad, "sedientos de sangre" y con la intención de ahuyentar a cualquier otro líder que pretenda hacer reformas en el país.

"Fueron engañados"

El viceministro colombiano Francisco Echeverri fue el encargado de tener contacto permanente con los familiares de los detenidos y con el embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.

Mientras tanto, la vicepresidenta —exministra de Defensa entre 2002 y 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez—, aprovechó ese contexto para defender "el alma de los soldados de Colombia" y aseguró que "jamás un militar colombiano" sería capaz de pensar "en la hipótesis de participar en un magnicidio".

La vicepresidenta insistió en que varios de los mercenarios, "lamentablemente" habían sido "engañados". Según ella, aunque "algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba", "la mayoría fue a otra misión", que supuestamente consistía en "apoyar las fuerzas de seguridad" de ese país.

"Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar", indicó Ramírez, a pesar de conocerse que una gran cantidad de soldados retirados terminan contratados por empresas extranjeras de seguridad para actuar en conflictos armados.

La canciller, que se ha mostrado preocupada por la "imagen negativa" de su país por estos hechos, ha informado que el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los reos y verificó que han recibido "valoración médica" y se encuentran "en mejores condiciones".

De hecho, ha sido insistente en prometer que su gobierno dará "asistencia consular" a los 18 detenidos, "para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso". Este jueves, anunció que les buscarán un abogado para defenderlos y que, si tienen la posibilidad de llevar el caso a un organismo internacional, lo harán.

"Desviar la atención y encubrir"

Para el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus, el magnicidio de Moïse ha puesto en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, "convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada".

En entrevista para RT, Tanus aseveró que cada año salen del Ejército colombiano "unos 15.000 soldados que cuentan con una alta preparación militar", que terminan siendo "muy apetecidos" por las contratistas militares privadas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse).

Por esas operaciones, los soldados reciben grandes cantidades de dinero a través de empresas legalizadas en Colombia que, según Tanus, guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

De hecho, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada —quien introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen "las operaciones mercenarias" que vinculan a EE.UU. y Colombia— denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crímen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y "su aparato de propaganda" para lavar sus actos criminales.

"Se trata una operación de desinformación en desarrollo contra Haití", dijo Moncada, quien aseguró que el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan "imponer la narrativa" de que los mercenarios son "héroes" y "caballeros militares", que "supuestamente fueron engañados por haitianos corruptos".

Para el diplomático venezolano, esta versión es "una segunda agresión contra Haití".

Al respecto, Tanus coincide: "El Gobierno de Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un manto que le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo".

Según el activista colombiano, las empresas de mercenarios también están asociadas "con actores políticos gubernamentales actuales", y guardan una "estrecha relación" con actores económicos de EE.UU, Israel y Reino Unido.

Por ejemplo, comenta, a esos países se les hace "muy rentable" contratar a exmilitares colombianos, cuestión que queda en evidencia con los "graves antecedentes" de su participación en los conflictos en Irak, Siria, Afganistán o Yemen.

"Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional", denuncia Tanus.

Para él, es evidente que la rapidez con la que ha reaccionado Colombia tras el escándalo por el magnicidio, ha sido porque buscan "darle otro rumbo a la historia para que no se indague el origen de la expresión mercenaria y la exportación del paramilitarismo, que genera más de 50.000 millones de pesos [unos 13.000 millones de dólares] anuales, que solo supera el narcotráfico de cocaína".

Mientras se desarrollan los hechos, el discurso de Colombia y de algunos medios de comunicación en ese país sigue orientado a tratar como víctimas a los mercenarios, que en la víspera admitieron su responsabilidad en el magnicidio a través de unos audios que difundió de manera inédita Noticias Caracol.

Publicado: 19 ago 2021 22:11 GMT

Por Orlando Rangel Y.

Publicado enColombia
Martes, 27 Julio 2021 06:09

#SOS América

#SOS América

El asesinato del presidente de Haití, Juvenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Como podremos observar en el desarrollo de esta columna, distintos espacios de la derecha y la ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder por vías que pueden ser democráticas o no, se acercan peligrosamente a sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación física de sus adversarios, la lógica incluye invasiones de mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían impulsarse en el marco de la Guerra Fría pero que ya parecían haber quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente sigue observándose –tal como en los años de plomo- que toda esta maraña fascista resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

Magnicidio

El 7 de julio Moïse es asesinado de 12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos hechos, las publicadas más recientemente incluyen a asesinos haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque se habría negado a firmar su renuncia, su cuerpo tenía un brazo y una pierna quebrados.

El testimonio de su esposa podría poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”.

Otras publicaciones aportaron detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado, una práctica relacionada con el vudú, para evitar que el asesinado te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también ser un método de tortura pero no es habitual en la lucha contra la guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que no tenían intenciones de asesinar al presidente, aseguraron que ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado por la empresa de “seguridad” CTU Security con sede en Miami; es propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago Valera.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener «algunos indicios» de que CTU «estuvo involucrada en todos los eventos logísticos» en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Rodríguez aseguró que Intriago tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de Washington para desestabilizar a Venezuela.

La Presidencia de Colombia negó la presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami, Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y declaró que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato. Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del presidente colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63 años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales autores intelectuales del magnicidio. Christian Emmanuel Sanon, médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar las cuentas de la expedición con activos del estado haitiano una vez derrocado el presidente, tal como se proponían los mercenarios contratados por el presidente designado desde Washington para Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó en Venezuela con el declarado propósito de detener al presidente Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado el imaginario de los aventureros al ofrecer recompensa de 15 millones de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto” de Maduro.

Las autoridades estadounidenses colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente desarticulada.

La empresa encargada para esa misión había sido Silvercorp, también con sede en la Florida. Los combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela, con total conocimientos de los servicios de inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración del entonces presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de detención era la policía boliviana pagada por ese referente “cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que hubiera sucedido con Morales sino hubiera sido protegido por los campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto Fernández y AMLO en las horas previas y posteriores al anuncio de su renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una invasión de mercenarios –vía Miami- idéntica a las mencionadas con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece prófugo de la justicia y es protegido por el gobierno de Jair Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de Janeiro. En particular el actual senador Flavio Bolsonaro aparece relacionado con el principal acusado del crimen.

La derecha argentina no pierde pisada, es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos y en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada Guerra del Gas en 2003.

En Miami Macri se parqueó demasiado cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich no tiene la menor intención en perderle pisada.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países -las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos-. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

Al revelar el plan de invasión mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The Intercept informó sobre una comunicación en la que los organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de los paramilitares que habría formado parte del ejército de Estados Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza el nombre de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado 5 años desde que Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

Jovenel Moïse

El asesinado presidente de Haití no era un líder progresista, de hecho había contado con el apoyo de Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo sucedido.

Al menos 7 de los ex militares colombianos que participaron en el magnicidio recibieron entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, lo confirmó el Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como uno de los cerebros del operativo. Ex militar experto en contrainsurgencia; su hermana informó que había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos.

El general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, informó en base al testimonio de dos mercenarios que estos habían sido contactados inicialmente para integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas.

Tres días antes del magnicidio habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y detención a Moïse y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, que trabajó en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los mercenarios que la misión en realidad era asesinar al Presidente.

Según CNN los mercenarios llegaron disparando al aire y gritando, en inglés: «¡Operación de la DEA! Todo el mundo atrás!», mientras avanzaban por una calle hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo negó enfáticamente haber participado en la acción mientras el jefe de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato uno de los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití, se informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó a que se entregara a las autoridades locales.

Washington confirmó que ese agente de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado, proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo.

La DEA también admitió que otro de los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la agencia.

En base a los vínculos aceptados públicamente, resulta por demás improbable que la organización de estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio primer ministro interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato. No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más influencia en Haití por lo que fue reemplazado por Ariel Henry, quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken dialogó con el secretario General de la OEA, Luis Almagro y le aseguró su compromiso para “restaurar” la seguridad en Haití.

Por Andrés Sal.lari | 27/07/2021

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Duberney Capador Giraldo (derecha), exmilitar asesinado durante la operación policial por el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse.JENNY CAPADOR GIRALDO / Reuters

Para su familia, él solo recibió una oferta laboral para prestar seguridad; la policía colombiana asegura que sabía que iban a matar a Jovenel Moïse en Puerto Príncipe

 

Cada detalle revelado en Colombia o en Haití separa aún más las imágenes que existen sobre el exsargento Duberney Capador: de un lado, la de un hombre dedicado al campo, que pasaba su tiempo entre gallinas y ganado junto a su madre, como lo recuerda su familia; por otro, la del reclutador y cerebro de los 24 exmilitares señalados por el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado en Puerto Príncipe.

Capador es uno de los tres colombianos muertos en el operativo de captura de los magnicidas. Según el director de la policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, sabía que el viaje a Haití no era para arrestar a Moïse, como asegura el resto de los detenidos, sino para asesinarlo. “Sabemos que los ciudadanos colombianos Germán Rivera y Duberney Capador participaron en la planeación y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”, explicó Vargas.

Desde Armenia, un departamento a 300 kilómetros de Bogotá, Yenny Capador, se rehúsa a creer el destino de su hermano Duberney. “Me dijo que lo contrataron de una empresa de seguridad para trabajar en Haití. Desde que salió del Ejército estaba dedicado al campo y a nuestra mamá”, asegura. La mujer dice que habló con Capador el miércoles a las 6.30 de la mañana, casi cinco horas después del asesinato de Moïse. “Me dijo que las cosas se estaban complicando, que habían llegado tarde a lo que ellos iban a hacer, que estaban acorralados y que les disparaban. Hablamos todo el día hasta las 17.50”, asegura.

Poco se sabe de la muerte del exmilitar. Algunas versiones indican que fue abatido en una casa donde se refugió con varios integrantes del comando. Algunos de los hoy capturados se escondieron en la embajada de Taiwán. Él, según le narró a su hermana, se escondía en una casa y “estaba negociando su salida”, cuenta Yenny Capador a EL PAÍS. En una de sus últimas comunicaciones, el exmilitar le habría preguntado a su hermana si había visto las noticias y le rogó que no le dijera nada a su madre. Después, la mujer le envió mensajes a las 19.00 y 20.00 horas y a las 3.00 de la madrugada, pero no tuvo respuesta. “Su celular estuvo activo hasta las 18.53”, cuenta la hermana.

Capador nació en Génova, un municipio del eje cafetero colombiano, en una familia humilde de cinco hermanos. Se había vinculado a las fuerzas militares durante el terremoto que sacudió a varios poblados de esa región, en 1999, y pidió su retiro en 2019. Según su hoja de vida llegó a ser sargento viceprimero e hizo parte de la unidad de operaciones especiales antiterroristas urbanas.

Su hermana asegura que tenía entrenamiento en paracaidismo, contraguerrilla y había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos. Precisamente esta semana, el Pentágono confirmó que un grupo reducido de los sicarios había recibido formación en ese país, algo habitual para las fuerzas militares a las tropas colombianas.

Tras dejar el Ejército, Capador comenzó a recibir su pensión (que usualmente oscila entre 300 y 400 euros) y, según su hermana, pasó los últimos meses de vida “metiendo carpetas con su hoja de vida para trabajar en empresas de seguridad”. Mientras recibía alguna respuesta, Capador volvió a casa de su madre para trabajar en el campo. En abril, durante la Semana Santa, le informó a la familia que se iba a trabajar a Haití con una empresa de seguridad con un contrato de dos años, a cambio de 2.700 dólares de salario.

Sin embargo, para la policía colombiana, Capador fue clave en el reclutamiento de los exmilitares y uno de los que tenía contacto directo con la empresa CTU Security, con base en Miami. Así lo evidenciaron los chats que mostraron algunos exsoldados convocados que no alcanzaron a viajar. “Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento, tranquilos. Aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Yo los conozco a todos y conozco sus capacidades”, escribió el colombiano en el grupo de WhatsApp, llamado Esfuerzo Principal, en el que se hacía llamar ‘Don Manuel Capador’.

El ex suboficial había pasado por distintas bases militares, como las de Tolemaida (Cundinamarca), o la Brigada 30 del Ejército en Chiquinquirá (Boyacá). En esta última habría hecho la mayoría de los contactos con exmilitares. Muchos de ellos contaron que confiaban en él y que por eso aceptaron la oferta laboral. En uno de los audios enviados al grupo Esfuerzo Especial se oye la voz de Capador pidiendo a sus reclutas que especificasen en detalles sus habilidades. “No se trata solo de decir soy fusilero. Si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, reconocimiento especial, es tirador de alta precisión, es rastreador, puntero, contrapuntero, es experto en inteligencia, eso es lo que necesito que pongan ahí”, les dijo.

En ese mismo chat revela al grupo que ya estaba en Haití. También revelaba a sus compañeros que viajarían a Puerto Príncipe a prestar la seguridad del presidente Moïse. Les decía que todo lo pagaría la empresa CTU y que, ni bien fueran seleccionados, tendrían solo dos días para estar listos y viajar. Algunos no lo lograron y se quedaron con la maleta lista

Capador invitó “a sus soldados”

Sobre eso, su hermana confirma que él “invitó a sus soldados”. “Me dijo: ‘Me voy a ir, pero quiero que mis amigos se beneficien también de la oferta laboral”. Para las autoridades colombianas, él y un puñado de sus hombres sabían que el trabajo era asesinar al presidente haitiano; el resto habría viajado engañado.

El rol de Capador, a quien varios de sus conocidos describen como un hombre discreto, se ha ido conociendo a cuentagotas. Hoy es considerado uno de los cerebros del atentado que ha sacudido el país caribeño. Capador y el excapitán Germán Rivera habían sido informados de que arrestarían al presidente Moïse, habrían tenido reuniones con dirigentes políticos haitianos y, tras una nueva reunión, recibieron una nueva orden: cometer el magnicidio.

En Quindío, sin embargo, su familia y sus dos hijos de 19 y 13 años lo consideran un hombre honrado. “No sé qué pasó. Espero que las investigaciones nos den claridad, porque mi hermano era honorable”, dice su hermana. Luego pide al Gobierno colombiano que le ayude a repatriar el cadáver.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 19 jul 2021 - 20:19 CEST

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Policías haitianos  conducen detenidos a dos extranjeros en Puerto Principe (Haití). — EFE / Jean Marc Herve Abelard

La policia  presentó a los sospechosos esposados y sentados en el piso de una comisaria

En medio de una disputa de poder el primer ministro Claude Joseph decretó un estado de sitio y pidió ayuda a la ONU con la investigación para llegar alos autores intelectuales.

 

Sentados con las manos esposadas detrás de la espalda, algunos ensangrentados, fue como la Policía de Haití presentó a 15 sospechosos colombianos del asesinato del presidente  Jovenel Moïse. Mas tarde dos estadounidenses de origen haitiano se sumaron a los detenidos.  "Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho están sueltos," dijo el director de la Policía haitiana Léon Charles.  Asimismo el primer ministro Claude Joseph decretó un estado de sitio por al menos 15 días la fiscalía de la capital llamó a declarar a los responsables de la seguridad del presidente.  Joseph, primer ministro interino, asumió  de forma efectiva tras la muerte de Moïse. Sin embargo, el cargo se lo disputa el político Ariel Henry, a quien Moïse había nombrado para el cargo de primer ministro en el último decreto que firmó antes de morir. En medio de las disputas de poder todo un país se pregunta quién mandó a una banda armada de "mercenarios" a matar a su presidente.

La investigación

Agentes de la Policía haitiana presentaron ante periodistas a los 15 "mercenarios" en la sede de la Dirección General del Poder Judicial, sentados sobre el piso, espalda contra la pared, muñecas atadas con esposas de plástico, varios con ropa polvorienta, uno con el torso desnudo, otro con la chomba desgarrada, un tercero con la cara hinchada.

Más tarde, un grupo de personas capturó a dos extranjeros y los entregó a una comisaría de Puerto Príncipe. Los individuos, luego identificados como los sospechosos estadounidenses, fueron golpeados y uno de ellos estaba ensangrentado a su llegada a la comisaría, según constató un periodista de la agencia EFE. Las personas que atraparon a los extranjeros también entregaron a la Policía dos cargadores de fusil, una sierra y otros objetos. Mathias Pierre, ministro encargado de asuntos electorales,  indicó al matutino The Washington Post que uno de los detenidos estadounidenses es James Solages, un ciudadano del sur de Florida. 

Charles, el jefe policial, informó que se recuperaron las armas y materiales utilizados por los atacantes. "Cinco autos fueron recuperados. Lamentablemente la gente incendió tres", agregó, refiriéndose a los civiles que siguen de cerca a los policías durante los allanamientos. "Tenemos a los autores físicos (del magnicidio) y buscamos a los intelectuales", aseguró Charles en una declaración brindada junto al primer ministro Joseph sobre los avances en la investigación.

La cifra de muertos en el asalto al palacio presidencial generó distintas informaciones. El jefe policial Charles primero dijo que cuatro atacantes fueron abatidos, tres de ellos extranjeros, y luego redujo esa cifra a los tres colombianos. Sin embargo, medios como el británico The Guardian y el alemán Deutsche Welle, citando  fuentes policiales,  indicaron que las fuerzas de seguridad haitianas mataron a siete sospechosos tras el ataque al presidente. 

La fiscalía de Puerto Príncipe llamó a declarar a los guardaespaldas de Moïse el 13 y 14 de julio anunció el jueves el fiscal jefe de la capital de Haití. "Si eres responsable de la seguridad del presidente, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste para evitarle este destino al presidente?", se preguntó Me Bed-Ford Claude, comisario del gobierno de Puerto Príncipe.

Joseph pidió a la población que se moviliza para buscar a los sospechosos “que sea inteligente” y que los entregue a las autoridades. "Debemos conocer los motivos que llevaron a estos hombres a entrar a la casa del presidente para asesinarlo", dijo el premier interino, que también llamó a la ciudadanía a “regresar a casa” y mantener la calma. "Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el control. Es necesario evitar los problemas. No dejen que nadie nos lleve a una situación confusa", recalcó. El primer ministro además informó que la condición de salud de la primera dama, Martine Moïse sigue “estable” y está hospitalizada en Estados Unidos luego de haber resultado herida durante el ataque.

Pedido a la ONU

Haití pidió apoyo internacional en la investigación del asesinato y también en materia de seguridad. Tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada de urgencia para abordar la crisis, Helen La Lime, enviada especial de la ONU en Haití, informó sobre el pedido del gobierno haitiano y pidió más información al gobierno caribeño. "Es importante que estas solicitudes se tomen en serio. Nosotros (la misión política de Naciones Unidas en Haití) estamos ciertamente preparados con los expertos que tenemos para asistir en esta investigación", dijo La Lime por videoconferencia. "Haití tiene que especificar exactamente qué es lo que busca y, mientras tanto, tenemos que seguir usando la asistencia técnica de seguridad que tenemos sobre el terreno", señaló.

EE.UU. ofrece ayuda

Desde la Casa Blanca aseguraron que quieren ayudar en la investigación del magnicidio en Haití pero que todavía nno recibieron petición de asistencia por parte del país caribeño. "Nuestro mensaje al pueblo de Haití es que estamos con ellos, y queremos proporcionarles asistencia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien evitó respaldar de forma explícita a Joseph, cuyo cargo actualmente disputa el político Ariel Henry. Sinembargo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price afirmó que Washington ve a Joseph como el primer ministro de Haití. "Él (Claude Joseph) era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal", dijo Price durante una rueda de prensa. También exhortó a Joseph a llamar a elecciones presidenciales y legislativas en la fecha prevista, el próximo 26 de septiembre. Desde este miércoles, Joseph encabezó dos intervenciones del Gobierno ante la prensa y también se encargó de hablar con representantes de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Puja de poder

Desde la ONU reconocen a Joseph como primer ministro hasta que se celebren las próximas elecciones. Este jueves la representante de Naciones Unidas para Haití, Helen La Lime afirmó que Joseph “es el primer ministro” y que, según la interpretación de la Constitución que él le trasladó, le corresponde a su Gobierno encabezar el país y llevarlo a la celebración de comicios para elegir a un nuevo presidente. Por otra parte, La Lime reconoció que existen “ciertas tensiones” y diferentes interpretaciones de la constitución y pidió un diálogo político.

En cambio el delfín de Moïse, Ariel Henry, dice que el primer ministro es él, pero coincide en la necesidad de un acuerdo político. "Soy el primer ministro designado, Claude era un primer ministro interino que asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claude iba a quedarse en el Gobierno que yo iba a formar", se quejó Ariel Henry anoche en una entrevista con el diario Le Nouvelliste. Moïse había nombrado a Henry como primer ministro en el último decreto que firmó antes de morir. "Tendrá que formar un Gobierno de apertura que incluya las fuerzas vivas de la Nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y acompañar al CEP (autoridad electoral) en la conducción de las elecciones generales y el referéndum.”, escribió Moïse el pasado lunes en su cuenta de Twitter.

Henry contó que estaba "eligiendo a los miembros de mi gabinete" y destacó que estaba muy avanzado en la formación del Gobierno. “Necesito continuar, pero en el contexto actual creo que hay una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo que nos permita ir a un mejor clima en las elecciones y tener un Gobierno que también pueda crear ese clima”, aseguró. Además, afirmó que no quería "echar leña al fuego" y pidió "evitarlo en lo posible mientras el país está encendido". 

Estado de sitio

Joseph impuso el estado de sitio por al menos 15 días y además decretó luto nacional por dos semanas. Joseph pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares mientras que los pequeños comercios, estaciones de servicio, bancos, tiendas también cerraron sus puertas. Este jueves, el premier informó que reabrirá el aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, que había sido clausurado el miércoles, horas después del magnicidio, y desde entonces sólo permitieron operar vuelos diplomáticos y humanitarios. La frontera con República Dominicana fue cerrada y Bahamas informó que reforzará los controles de seguridad en sus fronteras y además indicó que clausurará su embajada en Haití.

Henry aclaró que no está de acuerdo con el estado de emergencia impuesto por Joseph: "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado,"señaló. La oposición haitiana reclamaba la salida del poder de Moïse con el argumento de que su mandato había concluido el pasado siete de febrero, mientras que el presidente insistía en febrero de 2022 como término de su período de Gobierno. El mandatario no convocó a elecciones desde que llegó al poder en 2017. Acusado de inacción ante la crisis y enfrentado a buena parte de la sociedad civil, Moïse gobernaba el país de 11 millones de habitantes principalmente por decreto.


 El mandatario fue acribillado con armas de grueso calibre

Asesinato en Haití: el informe forense reveló que el presidente Jovenel Moïse recibió doce impactos de bala

"Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado", relató el juez de paz a cargo del informe, Carl Henry Destin. 

09 de julio de 2021

El informe forense realizado sobre el cuerpo de Jovenel Moïse reveló que el presidente de Haití recibió doce impactos de bala en el ataque perpetrado por una banda fuertemente armada este miércoles. El juez de paz a cargo del informe, Carl Henry Destin, dijo al diario Le Nouvelliste que el cadáver de Moïse tenía doce orificios realizados con armas de gran calibre y de nueve milímetros. La policía haitiana abatió a al menos cuatro personas que supuestamente integraban el comando que acribilló a balazos al presidente en su casa .

"Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen", relató Destin. El responsable de levantar el cuerpo dijo que, aparte de Moïse, la única persona que resultó herida durante el tiroteo fue su mujer Martine, quien está hospitalizada en Miami en condiciones estables pero críticas. 

La hija de la pareja estaba en la misma residencia que sus padres al momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, quien también resultó ileso. En tanto el personal de servicio fue atado por los miembros del comando armado, que según autoridades haitianas habría gritado "Operación DEA" (la agencia antidrogas de Estados Unidos) al momento de ingresar violentamente a la propiedad.

"Se encontraron además muchos casquillos de cartuchos de 5,56 y 7,62 milímetros entre la puerta de entrada y el interior de la residencia", agregó el juez Destin, quien aseguró que el escritorio y la habitación de Moïse fueron "saqueados" por los asaltantes, que irrumpieron en el hogar del mandatario fuertemente armados en la madrugada del miércoles.

"Tenemos hombres con gruesas armas que desembarcaron en un territorio que no es suyo, no son haitianos aunque es cierto que hay haitianos con ellos (...), son extranjeros que hablan inglés y español que entraron en la casa de un presidente electo, no había hecho nada para merecer esa suerte", dijo al respecto el ministro de Comunicación, Pradel Henriquez. 

La búsqueda de los asesinos de Moïse se aceleraba el jueves en Puerto Príncipe, capital de un país al borde del caos. Comercios, bancos y estaciones de servicio cerraron sus puertas en una ciudad en tensión.

Pedido de ayuda internacional

La enviada de la ONU en Haití, Helen La Lime, aseguró que el país caribeño pidió apoyo internacional para investigar el asesinato de Moïse y también en materia de seguridad. . "Es importante que estas solicitudes se tomen en serio. Nosotros (la misión política de Naciones Unidas en Haití) estamos ciertamente preparados con los expertos que tenemos para asistir en esta investigación", dijo La Lime por videoconferencia. "Haití tiene que especificar exactamente qué es lo que busca y, mientras tanto, tenemos que seguir usando la asistencia técnica de seguridad que tenemos sobre el terreno",  planteó La Lime  en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

Naciones Unidas puso fin en 2019 a sus misiones de paz en Haití tras quince años de presencia ininterrumpida, aunque mantiene allí una misión política que sigue apoyando a las instituciones del país. Con miles de cascos azules, muchos de ellos latinoamericanos, la ONU buscó estabilizar el país, pero la situación política continuó siendo incontrolable y la pobreza generalizada.

Oferta de EE.UU. 

Desde la Casa Blanca aseguraron que quieren ayudar en la investigación del magnicidio en Haití pero que todavía nno recibieron petición de asistencia por parte del país caribeño. "Nuestro mensaje al pueblo de Haití es que estamos con ellos, y queremos proporcionarles asistencia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien evitó respaldar de forma explícita a Joseph, cuyo cargo actualmente disputa el político Ariel Henry. 

Sin embargo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price afirmó que Washington ve a Joseph como el primer ministro de Haití. "Él (Claude Joseph) era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal", dijo Price durante una rueda de prensa. También exhortó a Joseph a llamar a elecciones presidenciales y legislativas en la fecha prevista, el próximo 26 de septiembre. 

Desde este miércoles, Joseph encabezó dos intervenciones del Gobierno ante la prensa y también se encargó de hablar con representantes de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. “El jefe de Gobierno se compromete a dialogar con los líderes de la oposición y otros actores para apaciguar el clima sociopolítico y para facilitar la realización de elecciones inclusivas y creíbles según el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional”, escribió Joseph en un comunicado.

 Henry había  sido nombrado primer ministro el lunes en el último decreto que firmó el presidente haitiano antes de su trágica muerte.

08 de julio de 2021

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Maduro presenta pruebas del atentado y endurece su discurso contra Colombia

El presidente venezolano asegura que los autores del ataque fueron entrenados en Colombia y coordinados por los parlamentarios Julio Borges y Juan Requesens, detenido este martes

 

Dos grupos entrenados entre abril y junio en una finca en la población de Chinaco, en el norte de Santander (Colombia), fueron los encargados de operar los dos drones que explotaron el sábado pasado durante un desfile militar en Caracas y que tenían como objetivo atacar la tribuna presidencial donde estaba Nicolás Maduro, según la versión del propio presidente. Entre las pruebas que ha aportado el mandatario están las declaraciones que dieron seis de los presuntos participantes en el atentado y que fueron divulgadas por el sucesor de Chávez la noche de este martes en una cadena de radio y televisión.

“En estas horas que he pasado sigo sorprendido aún con todo lo que vamos descubriendo, de la intervención de la oligarquía colombiana y el traslado de métodos fascistas de la mano de importantes dirigentes políticos de la oposición”, dijo Maduro. Según su versión, el grupo que organizó el atentado está vinculado con el coronel Juan Caguaripano, que comandó el asalto y el robo de armas al fuerte militar Paramacay, en centro del país, en agosto pasado y que fue detenido días después.

El enlace entre Caguaripano y los autores del ataque sería José Monasterio Venegas, de quien se difundieron sus declaraciones ante las autoridades con el rostro difuminado. El detenido habría sido contactado por un aliado del coronel para realizar esta operación para la que le ofrecieron 50 millones de dólares y la residencia en Estados Unidos. Monasterios Venegas —con orden de captura desde el asalto al fuerte militar— necesitó entrenamiento para el manejo de drones que le fue ofrecido en Colombia, siempre según la versión oficial. Este sargento retirado del Ejército viajó a este país en una ocasión con el carnet fronterizo. Pero una segunda vez tuvo problemas con sus documentos y en su declaración asegura que fue ayudado por el diputado de partido opositor Primero Justicia Juan Requesens, por orden del también parlamentario Julio Borges, exiliado en Bogotá.


Maduro señaló que el objetivo era situar los dos drones en la parte superior y frontal de la tarima presidencial, “para asesinarlos a todos” en la que llamó "Operación Junque-Martillo”. Además, detalló que uno de los drones estaba cargado con pentrita y pólvora y fue explotado a control remoto sobre la avenida Bolívar, cuando se percataron de que los inhibidores de señal que forman parte de la seguridad de Maduro habían desorientado el equipo que despegó desde el piso 10 de un edificio de oficinas cercano. “La onda expansiva tumbó a algunos oficiales e hirió a otros”, dijo Maduro, mientras mostraba unos balines de plomo que estaban dentro del explosivo e impactaron contra los siete militares heridos en el atentado.


El segundo dron, al perder la señal, se estrelló contra en el edificio Don Eduardo,a una cuadra de distancia del acto. Este estaría cargado con un componente de C4 y pólvora. Monasterio Venegas estaba en el grupo que operaba este aparato desde un vehículo y, según el presidente, fue capturado junto con su acompañante por los vecinos de la zona a los que les resultó sospechosa la presencia de los hombres.


“¿Cómo se capturó a esta gente? Por la inteligencia popular, un grupo de caraqueños vieron la actitud extraña de unas camionetas y de unos individuos extraños. Esas mujeres procedieron a capturar al primer grupo de terroristas que levantó el dron desde la esquina de Curamichate y lo entregaron a las autoridades. Quiero rendirle un homenaje a esa valentía popular. Eso es lo que se llama la guerra de todo el pueblo, batallando en cada esquina con lo que tiene en la mano, defendiendo el derecho a la paz”.


Durante la retransmisión por televisión también se difundieron los audios de las comunicaciones entre los involucrados en el atentado en las que se daban instrucciones sobre el manejo del dron que revelan cierta inexperiencia. “Hay que mantener el mando en P para darle al blanco”, insistía una mujer que está entre los siete detenidos que hay hasta ahora.


El diputado Requesens fue detenido la noche de este martes mientras Maduro hablaba en cadena nacional, junto con su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens —que fue liberada unas horas más tarde—. Los vídeos de seguridad de su residencia muestran cómo fueron sacados a golpes por funcionarios del servicio de inteligencia venezolano y cómo uno de los agentes tapa la cámara cuando se percata de su presencia. Se trata del tercer diputado de la Asamblea Nacional —defenestrada por el Supremo, aliado de Maduro— que es detenido por el Gobierno, pese a la inmunidad parlamentaria que les da la Constitución.
Extraditar a conspiradores


Maduro endureció su discurso contra el Gobierno colombiano e insistió en involucrar en el atentado al presidente saliente Juan Manuel Santos. “No queremos que Venezuela se colombianice con los métodos del crimen político, de los sicarios y los asesinos. Venezuela tiene que limpiarse todas esas plagas que vienen de Colombia, de la Colombia oligárquica”.


Además, pidió tanto a Bogotá como a Washington que entreguen a los involucrados en el atentado, en particular a Osman Delgado Tabosky, acusado de ser el principal organizador y de financiar el ataque, y que estaría residenciado en Florida, según Maduro. También reclamó la de Rayder Russo Márquez, en paradero desconocido. Aunque son acusados de ser los autores del atentado, ambos nombres y sus fotos aparecen en una denuncia hecha en diciembre a través de las redes sociales del grupo disidente del ex piloto ejecutado Óscar Pérez, en la que los acusaban de ser infiltrados del Gobierno en el llamado movimiento de la resistencia.


Como una prueba de la conspiración en su contra del llamado eje Bogotá-Caracas-Miami, Maduro se refirió a los recientes comentarios del presentador peruano Jaime Bayly en su programa de televisión, quien desveló que se había reunido con los implicados y que tenían la intención de realizar un atentado con drones en Caracas.


A la confusión que ha nublado el atentado se suman las declaraciones que este martes dio a Reuters Salvatore Lucchese, ex dirigente de Voluntad Popular y quien compartió celda con Leopoldo López en 2014 durante las protestas antigubernamentales. Lucchese aseguró inicialmente que había sido parte de la organización del ataque, aunque luego se desdijo. A estas declaraciones también se refirió Maduro, quien aseguró que Lucchese estaba invitado este martes a la toma de posesión del colombiano Iván Duque.

Caracas 8 AGO 2018 - 01:31 COT

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