Haití: comenzaron las audiencias por el magnicidio de Jovenel Moise

A dos meses del asesinato y tras la renuncia de tres jueces

Comenzaron las audiencias judiciales de los 44 acusados, entreellos 18 mercenarios colombianos.

 A casi dos meses del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, comenzaron las audiencias judiciales del caso, tras las sucesivas renuncias de los jueces asignados, que aseguraron haber sido amenazados y reclamaron que no se les dio seguridad. Las audiencias comenzaron con la declaración del exjefe de seguridad del presidente que fue realizado a puerta cerrada y del que no trascendieron más detalles. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, el testimonio es relevante ya que Moise fue “entregado” por sus responsables de seguridad, que estaban encargados de velar por la seguridad del mandatario, asesinado el pasado siete de julio en su casa. La Policía aún no liberó las imágenes de la cámara de vigilancia de la residencia presidencial.

Jueces amenazados

El proceso judicial está a cargo del magistrado Gary Orelien, quien lideró la investigación tras la renuncia de Mathieu Chanlatte, que dimitió por preocupaciones de seguridad. Orelien es criticado por varias figuras públicas de Haití que lo califican de “inexperto” para estar al frente del caso de magnicidio.

Sin embargo, previo a la designación de Orelien, ya habían renunciado tres jueces: Carl Henri Destin, quien redactó el primer informe tras el asesinato de Moise; Clément Noel, que dimitió tras denunciar que recibió amenazas de muerte; y el más reciente, Mathieu Chanlatte, que dejó el cargo el pasado 13 de agosto, que previamente había alertado que no tenía asignado un guardia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Un día antes de la renuncia de Chanlatte se conoció la muerte del secretario judicial que iba a asistirlo en la investigación. Para la Asociación de Registradores Haitianos se trató de un asesinato, mientras que varias personalidades haitianas señalaron que la muerte del funcionario judicial constituía una forma de intimidación.

Magnicidio

Hasta el momento la causa tiene 44 detenidos: 18 colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano y 12 policías. Entre ellos está el presunto autor intelectual, Emmanuel Sanon, de 63 años, un médico haitiano con residencia en Florida, Estados Unidos, y que supuestamente organizó la operación para jurar como presidente. Otras seis personas se encuentran prófugas de la justicia, entre ellas la antigua jueza del Tribunal Supremo, Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph

Moise fue asesinado en su residencia el 7 de julio pasado. El país caribeño no cuenta con un parlamento desde enero de 2020. El mes pasado el presidente Ariel Henry anunció que las elecciones que estaban previstas para el 26 de septiembre fueron postergadas para noviembre y la segunda vuelta será en enero de 2022.

Haití hoy

Mientras que la crisis sanitaria se agravó con el terremoto del pasado 14 de agosto que devastó la zona sur de Haití. Más de dos mil personas murieron y unas 12 mil resultaron heridas. El sismo también destruyó cerca de 60 mil hogares y al menos 25 infraestructuras sanitarias, aumentando la afluencia a los centros de salud que quedaron en pie.

Las vacunaciones contra la covid-19 avanzan a cuentagotas, de los 11 millones de habitantes que tiene el país, sólo más de tres mil completó el esquema de inmunización y unas 25 mil personas fueron inoculadas con la primera dosis. En los refugios improvisados para las personas que perdieron sus hogares tras el terremoto conviven miles de familias hacinadas, sin barbijos y con poco acceso a agua potable.

04/09/2021

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Magnicidio, encubrimiento y marines “humanitarios”

Estados Unidos y Colombia

Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran de que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.

Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.

Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna. 

La respuesta humanitaria de Washington, fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.

Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco. 

Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?

 La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar. 

Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.

Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país. 

Mercenarios y algo más

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).  Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.  Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la deácada del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

¿Una trasnacional del crimen?

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.

Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.  También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea el Departamento de Defensa.

La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios «fueron engañados». O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un mantoque le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo.  Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.

La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.  Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003-  anunció el envió de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio.  Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».

Obviamente, el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enaviado especial a Haití para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas». Amén.

El magnicidio de Moïsepuso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada,  asociadas con actores políticos actuales, que relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obras asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen.   «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.

Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

Por Aram Aharonian | 24/08/2021

Fuentes: Rebelión - CLAE

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Una persona sostiene una foto de Jovenel Moise durante su funeral en Haití, el 23 de julio de 2021Ricardo Arduengo / Reuters

Washington y Bogotá enviaron equipos a Puerto Príncipe para ser parte de las investigaciones.

La verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, parece cada vez más difícil de dilucidar. Desde que ocurriera el magnicidio el pasado 7 de julio, una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, dan cuenta de cómo el caso salpica directamente a los países que están colaborando con las investigaciones: Colombia y EE.UU.

Un punto que llama la atención es la manera en que Bogotá ha abordado la situación, ya que después de que se revelara la participación de al menos 18 exmilitares colombianos en el magnicidio, capturados en Puerto Príncipe, el Gobierno de Iván Duque ha asegurado que los mercenarios "fueron engañados".

La principal vocera de la Casa de Nariño ha sido la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien se ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Arte y parte

EE.UU. también ha estado involucrado en los hechos, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios colombianos fueron entrenados por el Pentágono. Tras esas revelaciones, tanto Washington como Bogotá informaron que enviarían equipos a Puerto Príncipe para las investigaciones del crimen.

La Casa Blanca envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para "apoyar" la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien pidió "investigadores" a Interpol y a las agencias de seguridad de EE.UU. y de Colombia.

En Bogotá, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la fuerza militar y la policía de su país prestarían "toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio". La policía de ese país, mientras tanto, confirmó que los presuntos asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EE.UU. y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.

No obstante, el 16 de julio comenzó el giro discursivo desde Bogotá. Ese día, la vicepresidenta Ramírez dio unas controvertidas declaraciones sobre el envío a Haití de una misión consular que daría asistencia a los detenidos y gestionaría la repatriación de los abatidos.

Días más tarde, el Departamento de Estado de EE.UU. creó la figura del "enviado especial para Haití", a cargo de Daniel Foote, para colaborar "con los socios haitianos e internacionales", "facilitar una paz y una estabilidad duradera", y apoyar "los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas".

En medio de la controversia, la viuda y exprimera dama de Haití, Martine Moïse, —la única testigo presencial del asesinato— denunció que su esposo se hizo de enemigos peligrosos y poderosos porque, a su juicio, intentó finiquitar contratos del Estado que lucran a "la oligarquía" corrupta.

"¿Es un crimen querer liberar al Estado de las garras de los oligarcas corruptos?", se preguntó la exprimera dama durante el funeral de su esposo, donde pidió buscar a los "verdaderos responsables" del magnicidio, a quienes calificó como "aves de rapiña" que siguen en libertad, "sedientos de sangre" y con la intención de ahuyentar a cualquier otro líder que pretenda hacer reformas en el país.

"Fueron engañados"

El viceministro colombiano Francisco Echeverri fue el encargado de tener contacto permanente con los familiares de los detenidos y con el embajador haitiano en Bogotá, Jean Mary Exil.

Mientras tanto, la vicepresidenta —exministra de Defensa entre 2002 y 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez—, aprovechó ese contexto para defender "el alma de los soldados de Colombia" y aseguró que "jamás un militar colombiano" sería capaz de pensar "en la hipótesis de participar en un magnicidio".

La vicepresidenta insistió en que varios de los mercenarios, "lamentablemente" habían sido "engañados". Según ella, aunque "algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba", "la mayoría fue a otra misión", que supuestamente consistía en "apoyar las fuerzas de seguridad" de ese país.

"Sé perfectamente que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar", indicó Ramírez, a pesar de conocerse que una gran cantidad de soldados retirados terminan contratados por empresas extranjeras de seguridad para actuar en conflictos armados.

La canciller, que se ha mostrado preocupada por la "imagen negativa" de su país por estos hechos, ha informado que el cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los reos y verificó que han recibido "valoración médica" y se encuentran "en mejores condiciones".

De hecho, ha sido insistente en prometer que su gobierno dará "asistencia consular" a los 18 detenidos, "para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso". Este jueves, anunció que les buscarán un abogado para defenderlos y que, si tienen la posibilidad de llevar el caso a un organismo internacional, lo harán.

"Desviar la atención y encubrir"

Para el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus, el magnicidio de Moïse ha puesto en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, "convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada".

En entrevista para RT, Tanus aseveró que cada año salen del Ejército colombiano "unos 15.000 soldados que cuentan con una alta preparación militar", que terminan siendo "muy apetecidos" por las contratistas militares privadas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse).

Por esas operaciones, los soldados reciben grandes cantidades de dinero a través de empresas legalizadas en Colombia que, según Tanus, guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

De hecho, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada —quien introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen "las operaciones mercenarias" que vinculan a EE.UU. y Colombia— denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crímen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y "su aparato de propaganda" para lavar sus actos criminales.

"Se trata una operación de desinformación en desarrollo contra Haití", dijo Moncada, quien aseguró que el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan "imponer la narrativa" de que los mercenarios son "héroes" y "caballeros militares", que "supuestamente fueron engañados por haitianos corruptos".

Para el diplomático venezolano, esta versión es "una segunda agresión contra Haití".

Al respecto, Tanus coincide: "El Gobierno de Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un manto que le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo".

Según el activista colombiano, las empresas de mercenarios también están asociadas "con actores políticos gubernamentales actuales", y guardan una "estrecha relación" con actores económicos de EE.UU, Israel y Reino Unido.

Por ejemplo, comenta, a esos países se les hace "muy rentable" contratar a exmilitares colombianos, cuestión que queda en evidencia con los "graves antecedentes" de su participación en los conflictos en Irak, Siria, Afganistán o Yemen.

"Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional", denuncia Tanus.

Para él, es evidente que la rapidez con la que ha reaccionado Colombia tras el escándalo por el magnicidio, ha sido porque buscan "darle otro rumbo a la historia para que no se indague el origen de la expresión mercenaria y la exportación del paramilitarismo, que genera más de 50.000 millones de pesos [unos 13.000 millones de dólares] anuales, que solo supera el narcotráfico de cocaína".

Mientras se desarrollan los hechos, el discurso de Colombia y de algunos medios de comunicación en ese país sigue orientado a tratar como víctimas a los mercenarios, que en la víspera admitieron su responsabilidad en el magnicidio a través de unos audios que difundió de manera inédita Noticias Caracol.

Publicado: 19 ago 2021 22:11 GMT

Por Orlando Rangel Y.

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Asesinato de Jovenel Moïse: Premeditación, participación de los EEUU y complicidad del personal de seguridad

El 20 de junio, 17 días antes de su asesinato, un grupo armado pretendía ejecutar el secuestro del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, pero un cambio en su agenda impidió realizar la operación.

El dato emerge del informe preliminar elaborado por las autoridades haitianas, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, y en el que la Policía deja asentadas sus presunciones sobre el magnicidio: la premeditación de los mercenarios colombianos en el plan de asesinato, la participación de dos empresas con sede en EE.UU. y la complicidad del personal de seguridad del mandatario en los hechos porque, cuando se ejecutó el asalto a la residencia de Moïse, "la puerta principal estaba abierta".

Según la policía, hubo un comando integrado por seis personas, en el que participaron los fallecidos mercenarios colombianos Mauricio Javier Romero Medina y Duberney Capador Giraldo, que tenían la orden clara de "asesinar al presidente y buscar los dólares", que presuntamente se encontraban en la habitación del mandatario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El informe apunta que, tras analizar los testimonios, se puede deducir que "los indiciados presuntamente sabían que iban a matar al presidente".

Un día antes del crimen, el capitán retirado, el colombiano Germán Alejandro Rivera García, designado como jefe de la operación, les dio la orden de "asesinar a todas las personas que se encontraran en la casa". El comando se habría negado, porque supuestamente viajó a Haití para "cuidar a personalidades de la vida nacional y no a matar a nadie".

Pero Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia y considerado unos de los autores intelectuales del asesinato, les informó que en el cuarto del mandatario había dos maletas y dos cajas con 45 millones de dólares. De ese dinero, recibirían 18 millones por "ejecutar la acción", lo que les habría empujado a aceptar perpetrar el crimen. Pusieron una condición: "solo darían muerte al presidente. A nadie más".

Para llevar a cabo la operación, las empresas CTU Security y Worldwide Capital, ambas con sede en EE.UU., invirtieron 865 376 dólares, un dinero que también se recuperaría tras el robo.

La noche del crimen

En la madrugada del 7 de julio, cerca de la 1:00 de la mañana, los mercenarios llegaron a la residencia privada de Moïse. Iban organizados en cuatro grupos y distribuidos en seis camionetas. En cada vehículo viajaban también entre tres y cuatro policías haitianos, siempre según la investigación.

En la primera camioneta iba un comando, bautizado como Delta, y en el que estaban el exmilitar Duberney Capador y James Solages, un ciudadano haitiano-estadounidense que se habría entregado a las autoridades policiales de Haití tras el magnicidio.

"Sometieron al personal de los dos puestos de control de ingreso a la casa presidencial, en cada puesto había cuatro uniformados y los montaron en la parte trasera de las camionetas", reza el texto.

El grupo Delta se dirigió a la habitación del presidente, mientras que el resto permaneció en el primer piso. Se comunicaban a través de una radio. "Sacaron las cajas, tulas y maletas al corredor para que el grupo que estaba en el primer piso ayudara a bajar el dinero y acomodar en las camionetas", apunta el documento. A muchos de los integrantes del comando se les capturó después con fajos de billetes de 100 dólares encima.

El diario no da detalles sobre el momento del asesinato de Moïse en el informe.

La huida

 La Policía averiguó que tres días antes del asesinato hubo una reunión en casa de Wendelle Coq Thélot, jueza del Tribunal de Casación, el máximo órgano judicial del país, y en la actualidad prófuga de la Justicia. Participaron Joseph Felix Badio, el empresario Rodolphe Jaar y el exsenador opositor John Joel Joseph, los tres buscados por la Policía, entre otros.

Según la información, en aquel encuentro se comunicó al comando que tras la muerte de Moïse, la jueza asumiría la Presidencia y que después el magnicidio se encargarían de brindarle protección.

"Estaban tranquilos, hasta seguros de que serían protegidos por las autoridades de Haití, porque así se los habían afirmado. Por eso no huyeron de la isla", se enfatiza.

Pero a la salida de la residencia, la Policía Nacional abatió a varios integrantes del comando, entre ellos Duberney Capador. El coronel Rivera García les dio la orden de dirigirse a la Embajada de Taiwán, donde finalmente al menos once integrantes fueron detenidos.

Una de las cosas que la Policía tiene pendiente esclarecer es la quema de tres de las camionetas, donde además de perderse varias pruebas, como el video del circuito cerrado que fue desactivado y extraído por uno de los comandos, también estarían "millones de dólares" que sacaron de la residencia.

12 agosto 2021

(Tomado de RT en Español)

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El general Jorge Luis Vargas.

 

Uno de los detenidos recibió dinero desde Estados Unidos

El Pentágono reconoció que algunos de los acusados por el asesinato recibieron entrenamiento militar en EE.UU. mientras formaban parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.

 

La policía colombiana reveló este jueves que uno de los detenidos, el exagente del ejército de Colombia, Germán Rivera, recibió dinero desde Estados Unidos para organizar el viaje de las personas que ingresaron a la residencia y mataron al presidente Jovenel Moïse el pasado siete de julio. Hasta el momento, la Policía de Haití arrestó a 23 personas por el magnicidio, 18 de ellas colombianas y cinco estadounidenses de origen haitiano, mientras otras seis tienen orden de captura.

"Dentro del análisis y la información recibida, se tiene un aproximado de 50.000 dólares que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos", afirmó a la prensa el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, quien aclaró que su oficina aún investiga el uso de este dinero. Vargas añadió que las autoridades de Haití le “están pidiendo la identificación de tres personas más que habrían estado con el grupo de los colombianos que participaron en este homicidio”.

Vargas además confirmó que Rivera, junto al exmilitar Duberney Capador, abatido por la policía en Puerto Príncipe "fueron las personas que, de acuerdo con la información que está siendo manejada en Haití, planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente".

Reunión en República Dominicana

En Haití, el jefe de la policía, Léon Charles, recientemente afirmó que el asesinato de Moïse fue urdido desde República Dominicana. Una fotografía donde se lo ve al exsenador Joel John Joseph, uno de los sospechosos actualmente prófugo de la justicia, participando en una reunión en el país fronterizo. "Estaban reunidos en un hotel de Santo Domingo. Alrededor de la mesa están los autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y un grupo de recaudación de fondos", dijo Charles a la prensa.

"Algunas de las personas en la foto ya fueron detenidas. Es el caso del doctor Christian Emmanuel Sanon, James Solages. Este último había coordinado con la empresa de seguridad venezolana CTU Security, con sede en Miami", añadió el titular de la policía haitiana. En la imagen también aparece Antonio Emmanuel Intriago Valera, dueño de CTU, así como el titular de la firma Worldwide Capital Lending Group, Walter Veintemilla, empresa objeto de investigación pues "habría recaudado fondos para financiar" el magnicidio, dijo Charles.

"Había un grupo de cuatro (mercenarios) que ya estaban en el país. Los demás ingresaron el 6 de junio. Pasaron por República Dominicana. Nosotros rastreamos la tarjeta de crédito que se utilizó para comprar los boletos", indicó. "Son exsoldados de las fuerzas especiales de Colombia. Son expertos, criminales. Esta es una operación bien planificada", afirmó el jefe policial de Haití.

La policía colombiana identificó 19 pasajes de avión que se compraron con una tarjeta de crédito vinculada a la empresa CTU, Vargas además confirmó que el propietario de la firma, Intriago Valera, es de nacionalidad venezolana.

Tres nuevos fugitivos

Además, la policía de Haití señaló a tres nuevos sospechosos del asesinato de Moïse, los tres hombres se encuentran entre los cinco fugitivos identificados por las autoridades caribeñas. Según informó el diario estadounidense The Washington Post, uno de ellos es John Joël Joseph, político haitiano opositor al partido de Moïse. El año pasado Joseph había publicado un video en Youtube en el que comparaba al presidente con el coronavirus. “La inseguridad ha infectado a todos los haitianos", afirmó.

El segundo sospechoso es Joseph Feliz Badio, un exfuncionario del ministerio de Justicia de Haití que se unió a la unidad anticorrupción en marzo de 2013 y fue separado de su cargo en mayo de ese mismo año por “graves infracciones” de normas éticas. "Este acto vil es una afrenta a nuestra democracia", dijo la unidad en un comunicado el martes. "Los autores, coautores y cómplices deben ser perseguidos, investigados y castigados con el máximo rigor".

La tercera persona señalada por las autoridades haitianas es Rodolphe Jaar, un ciudadano haitiano que en 2013 fue acusado en un tribunal federal del sur de Florida por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos desde Colombia y Venezuela a través de Haití. Jaar, conocido como Whiskey, se declaró culpable y fue condenado a casi cuatro años de prisión, según registros judiciales. Según el matutino estadounidense, en la audiencia de sentencia en 2015, el abogado de Jaar dijo al tribunal que su cliente había sido una fuente confidencial para el gobierno de EE.UU. durante varios años antes de ser acusado. Además, Jaar aceptó cooperar con las autoridades federales.

Entrenamiento en EE.UU.

Desde el Pentágono revelaron información sobre el vínculo de Estados Unidos con el comando que cometió el magnicidio en Haití. "Una revisión de nuestras bases de datos de entrenamiento indica que un pequeño número de los individuos colombianos detenidos como parte de esta investigación habían participado en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos en el pasado, mientras servían como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia", dijo el teniente coronel Ken Hoffman, un portavoz del Pentágono, en una declaración a The Washington Post. Hoffman, sin embargo, no confirmó cuántos hombres recibieron el entrenamiento y tampoco en qué consistió el mismo.

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Policías haitianos  conducen detenidos a dos extranjeros en Puerto Principe (Haití). — EFE / Jean Marc Herve Abelard

La policia  presentó a los sospechosos esposados y sentados en el piso de una comisaria

En medio de una disputa de poder el primer ministro Claude Joseph decretó un estado de sitio y pidió ayuda a la ONU con la investigación para llegar alos autores intelectuales.

 

Sentados con las manos esposadas detrás de la espalda, algunos ensangrentados, fue como la Policía de Haití presentó a 15 sospechosos colombianos del asesinato del presidente  Jovenel Moïse. Mas tarde dos estadounidenses de origen haitiano se sumaron a los detenidos.  "Arrestamos a 15 colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano. Tres colombianos murieron y otros ocho están sueltos," dijo el director de la Policía haitiana Léon Charles.  Asimismo el primer ministro Claude Joseph decretó un estado de sitio por al menos 15 días la fiscalía de la capital llamó a declarar a los responsables de la seguridad del presidente.  Joseph, primer ministro interino, asumió  de forma efectiva tras la muerte de Moïse. Sin embargo, el cargo se lo disputa el político Ariel Henry, a quien Moïse había nombrado para el cargo de primer ministro en el último decreto que firmó antes de morir. En medio de las disputas de poder todo un país se pregunta quién mandó a una banda armada de "mercenarios" a matar a su presidente.

La investigación

Agentes de la Policía haitiana presentaron ante periodistas a los 15 "mercenarios" en la sede de la Dirección General del Poder Judicial, sentados sobre el piso, espalda contra la pared, muñecas atadas con esposas de plástico, varios con ropa polvorienta, uno con el torso desnudo, otro con la chomba desgarrada, un tercero con la cara hinchada.

Más tarde, un grupo de personas capturó a dos extranjeros y los entregó a una comisaría de Puerto Príncipe. Los individuos, luego identificados como los sospechosos estadounidenses, fueron golpeados y uno de ellos estaba ensangrentado a su llegada a la comisaría, según constató un periodista de la agencia EFE. Las personas que atraparon a los extranjeros también entregaron a la Policía dos cargadores de fusil, una sierra y otros objetos. Mathias Pierre, ministro encargado de asuntos electorales,  indicó al matutino The Washington Post que uno de los detenidos estadounidenses es James Solages, un ciudadano del sur de Florida. 

Charles, el jefe policial, informó que se recuperaron las armas y materiales utilizados por los atacantes. "Cinco autos fueron recuperados. Lamentablemente la gente incendió tres", agregó, refiriéndose a los civiles que siguen de cerca a los policías durante los allanamientos. "Tenemos a los autores físicos (del magnicidio) y buscamos a los intelectuales", aseguró Charles en una declaración brindada junto al primer ministro Joseph sobre los avances en la investigación.

La cifra de muertos en el asalto al palacio presidencial generó distintas informaciones. El jefe policial Charles primero dijo que cuatro atacantes fueron abatidos, tres de ellos extranjeros, y luego redujo esa cifra a los tres colombianos. Sin embargo, medios como el británico The Guardian y el alemán Deutsche Welle, citando  fuentes policiales,  indicaron que las fuerzas de seguridad haitianas mataron a siete sospechosos tras el ataque al presidente. 

La fiscalía de Puerto Príncipe llamó a declarar a los guardaespaldas de Moïse el 13 y 14 de julio anunció el jueves el fiscal jefe de la capital de Haití. "Si eres responsable de la seguridad del presidente, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste para evitarle este destino al presidente?", se preguntó Me Bed-Ford Claude, comisario del gobierno de Puerto Príncipe.

Joseph pidió a la población que se moviliza para buscar a los sospechosos “que sea inteligente” y que los entregue a las autoridades. "Debemos conocer los motivos que llevaron a estos hombres a entrar a la casa del presidente para asesinarlo", dijo el premier interino, que también llamó a la ciudadanía a “regresar a casa” y mantener la calma. "Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen el control. Es necesario evitar los problemas. No dejen que nadie nos lleve a una situación confusa", recalcó. El primer ministro además informó que la condición de salud de la primera dama, Martine Moïse sigue “estable” y está hospitalizada en Estados Unidos luego de haber resultado herida durante el ataque.

Pedido a la ONU

Haití pidió apoyo internacional en la investigación del asesinato y también en materia de seguridad. Tras una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada de urgencia para abordar la crisis, Helen La Lime, enviada especial de la ONU en Haití, informó sobre el pedido del gobierno haitiano y pidió más información al gobierno caribeño. "Es importante que estas solicitudes se tomen en serio. Nosotros (la misión política de Naciones Unidas en Haití) estamos ciertamente preparados con los expertos que tenemos para asistir en esta investigación", dijo La Lime por videoconferencia. "Haití tiene que especificar exactamente qué es lo que busca y, mientras tanto, tenemos que seguir usando la asistencia técnica de seguridad que tenemos sobre el terreno", señaló.

EE.UU. ofrece ayuda

Desde la Casa Blanca aseguraron que quieren ayudar en la investigación del magnicidio en Haití pero que todavía nno recibieron petición de asistencia por parte del país caribeño. "Nuestro mensaje al pueblo de Haití es que estamos con ellos, y queremos proporcionarles asistencia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien evitó respaldar de forma explícita a Joseph, cuyo cargo actualmente disputa el político Ariel Henry. Sinembargo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price afirmó que Washington ve a Joseph como el primer ministro de Haití. "Él (Claude Joseph) era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal", dijo Price durante una rueda de prensa. También exhortó a Joseph a llamar a elecciones presidenciales y legislativas en la fecha prevista, el próximo 26 de septiembre. Desde este miércoles, Joseph encabezó dos intervenciones del Gobierno ante la prensa y también se encargó de hablar con representantes de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Puja de poder

Desde la ONU reconocen a Joseph como primer ministro hasta que se celebren las próximas elecciones. Este jueves la representante de Naciones Unidas para Haití, Helen La Lime afirmó que Joseph “es el primer ministro” y que, según la interpretación de la Constitución que él le trasladó, le corresponde a su Gobierno encabezar el país y llevarlo a la celebración de comicios para elegir a un nuevo presidente. Por otra parte, La Lime reconoció que existen “ciertas tensiones” y diferentes interpretaciones de la constitución y pidió un diálogo político.

En cambio el delfín de Moïse, Ariel Henry, dice que el primer ministro es él, pero coincide en la necesidad de un acuerdo político. "Soy el primer ministro designado, Claude era un primer ministro interino que asumió el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claude iba a quedarse en el Gobierno que yo iba a formar", se quejó Ariel Henry anoche en una entrevista con el diario Le Nouvelliste. Moïse había nombrado a Henry como primer ministro en el último decreto que firmó antes de morir. "Tendrá que formar un Gobierno de apertura que incluya las fuerzas vivas de la Nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y acompañar al CEP (autoridad electoral) en la conducción de las elecciones generales y el referéndum.”, escribió Moïse el pasado lunes en su cuenta de Twitter.

Henry contó que estaba "eligiendo a los miembros de mi gabinete" y destacó que estaba muy avanzado en la formación del Gobierno. “Necesito continuar, pero en el contexto actual creo que hay una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo que nos permita ir a un mejor clima en las elecciones y tener un Gobierno que también pueda crear ese clima”, aseguró. Además, afirmó que no quería "echar leña al fuego" y pidió "evitarlo en lo posible mientras el país está encendido". 

Estado de sitio

Joseph impuso el estado de sitio por al menos 15 días y además decretó luto nacional por dos semanas. Joseph pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares mientras que los pequeños comercios, estaciones de servicio, bancos, tiendas también cerraron sus puertas. Este jueves, el premier informó que reabrirá el aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe, que había sido clausurado el miércoles, horas después del magnicidio, y desde entonces sólo permitieron operar vuelos diplomáticos y humanitarios. La frontera con República Dominicana fue cerrada y Bahamas informó que reforzará los controles de seguridad en sus fronteras y además indicó que clausurará su embajada en Haití.

Henry aclaró que no está de acuerdo con el estado de emergencia impuesto por Joseph: "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado,"señaló. La oposición haitiana reclamaba la salida del poder de Moïse con el argumento de que su mandato había concluido el pasado siete de febrero, mientras que el presidente insistía en febrero de 2022 como término de su período de Gobierno. El mandatario no convocó a elecciones desde que llegó al poder en 2017. Acusado de inacción ante la crisis y enfrentado a buena parte de la sociedad civil, Moïse gobernaba el país de 11 millones de habitantes principalmente por decreto.


 El mandatario fue acribillado con armas de grueso calibre

Asesinato en Haití: el informe forense reveló que el presidente Jovenel Moïse recibió doce impactos de bala

"Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado", relató el juez de paz a cargo del informe, Carl Henry Destin. 

09 de julio de 2021

El informe forense realizado sobre el cuerpo de Jovenel Moïse reveló que el presidente de Haití recibió doce impactos de bala en el ataque perpetrado por una banda fuertemente armada este miércoles. El juez de paz a cargo del informe, Carl Henry Destin, dijo al diario Le Nouvelliste que el cadáver de Moïse tenía doce orificios realizados con armas de gran calibre y de nueve milímetros. La policía haitiana abatió a al menos cuatro personas que supuestamente integraban el comando que acribilló a balazos al presidente en su casa .

"Lo encontramos acostado boca arriba, pantalón azul, camisa blanca manchada de sangre, boca abierta, ojo izquierdo perforado. Vimos un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, tres en la cadera, uno en el abdomen", relató Destin. El responsable de levantar el cuerpo dijo que, aparte de Moïse, la única persona que resultó herida durante el tiroteo fue su mujer Martine, quien está hospitalizada en Miami en condiciones estables pero críticas. 

La hija de la pareja estaba en la misma residencia que sus padres al momento del ataque, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, quien también resultó ileso. En tanto el personal de servicio fue atado por los miembros del comando armado, que según autoridades haitianas habría gritado "Operación DEA" (la agencia antidrogas de Estados Unidos) al momento de ingresar violentamente a la propiedad.

"Se encontraron además muchos casquillos de cartuchos de 5,56 y 7,62 milímetros entre la puerta de entrada y el interior de la residencia", agregó el juez Destin, quien aseguró que el escritorio y la habitación de Moïse fueron "saqueados" por los asaltantes, que irrumpieron en el hogar del mandatario fuertemente armados en la madrugada del miércoles.

"Tenemos hombres con gruesas armas que desembarcaron en un territorio que no es suyo, no son haitianos aunque es cierto que hay haitianos con ellos (...), son extranjeros que hablan inglés y español que entraron en la casa de un presidente electo, no había hecho nada para merecer esa suerte", dijo al respecto el ministro de Comunicación, Pradel Henriquez. 

La búsqueda de los asesinos de Moïse se aceleraba el jueves en Puerto Príncipe, capital de un país al borde del caos. Comercios, bancos y estaciones de servicio cerraron sus puertas en una ciudad en tensión.

Pedido de ayuda internacional

La enviada de la ONU en Haití, Helen La Lime, aseguró que el país caribeño pidió apoyo internacional para investigar el asesinato de Moïse y también en materia de seguridad. . "Es importante que estas solicitudes se tomen en serio. Nosotros (la misión política de Naciones Unidas en Haití) estamos ciertamente preparados con los expertos que tenemos para asistir en esta investigación", dijo La Lime por videoconferencia. "Haití tiene que especificar exactamente qué es lo que busca y, mientras tanto, tenemos que seguir usando la asistencia técnica de seguridad que tenemos sobre el terreno",  planteó La Lime  en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

Naciones Unidas puso fin en 2019 a sus misiones de paz en Haití tras quince años de presencia ininterrumpida, aunque mantiene allí una misión política que sigue apoyando a las instituciones del país. Con miles de cascos azules, muchos de ellos latinoamericanos, la ONU buscó estabilizar el país, pero la situación política continuó siendo incontrolable y la pobreza generalizada.

Oferta de EE.UU. 

Desde la Casa Blanca aseguraron que quieren ayudar en la investigación del magnicidio en Haití pero que todavía nno recibieron petición de asistencia por parte del país caribeño. "Nuestro mensaje al pueblo de Haití es que estamos con ellos, y queremos proporcionarles asistencia", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien evitó respaldar de forma explícita a Joseph, cuyo cargo actualmente disputa el político Ariel Henry. 

Sin embargo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price afirmó que Washington ve a Joseph como el primer ministro de Haití. "Él (Claude Joseph) era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal", dijo Price durante una rueda de prensa. También exhortó a Joseph a llamar a elecciones presidenciales y legislativas en la fecha prevista, el próximo 26 de septiembre. 

Desde este miércoles, Joseph encabezó dos intervenciones del Gobierno ante la prensa y también se encargó de hablar con representantes de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. “El jefe de Gobierno se compromete a dialogar con los líderes de la oposición y otros actores para apaciguar el clima sociopolítico y para facilitar la realización de elecciones inclusivas y creíbles según el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional”, escribió Joseph en un comunicado.

 Henry había  sido nombrado primer ministro el lunes en el último decreto que firmó el presidente haitiano antes de su trágica muerte.

08 de julio de 2021

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El fiscal general venezolano, Tarek William Saab. Foto tomada de @MinpublicoVE.

Dos estadounidenses fueron condenados a 20 años de cárcel en Venezuela, acusados por terrorismo, entre otros delitos, por una fallida incursión armada al país caribeño en mayo pasado, informó el fiscal general, Tarek William Saab.

Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, "admitieron haber cometido delitos" de "conspiración, asociación (para delinquir), tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo", condenados a "pena de prisión de 20 años", publicó Saab en Twitter sobre la medianoche del viernes.

El funcionario difundió en esa red social fotografías de vehículos, armamento y documentos de identidad.

Denman y Berry se encuentran entre decenas de detenidos por una incursión armada por las costas del norte de Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado el 3 de mayo, con saldo de al menos ocho muertos. Caracas asegura que la operación tuvo apoyo de Estados Unidos y la vecina Colombia.

El plan, según el gobierno de Maduro, buscaba la "captura, detención y remoción" del mandatario socialista y la "instalación" de Juan Guaidó, líder parlamentario opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

Guaidó fue acusado de haber contratado a "mercenarios" con fondos bloqueados por las sanciones de la Casa Blanca contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.

El gobierno de Maduro sostiene que el líder parlamentario opositor firmó para ello un contrato con una empresa privada de seguridad y defensa llamada Silvercorp USA.

Denman y Berry, según la acusación, pertenecían a esa compañía, fundada por el militar retirado estadounidense Jordan Goudreau, un ex boina verde.

Un asesor de Guaidó, que posteriormente renunció, reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con Silvercorp, pero aseguró que fue un acuerdo "exploratorio" y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela.

8 agosto 2020 

(Con información de AFP)

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Las secuelas de la Operación Gedeón: El impacto en Colombia de una incursión fracasada

Aunque otros escándalos han generado estupor en la opinión pública colombiana sin mayores consecuencias, en esta oportunidad parece que el ámbito militar puede hacer peso para sentar varios precedentes.

 

El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.

Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:

C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.

Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?

C.A.: por supuesto.

 

Una operación huérfana

 

El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.

También mencionó que las armas iban dirigidas a alias 'Pantera', un oficial que operaba bajo su mando.

Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo,  especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba 'Pantera'. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.

Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.

Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.

En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los "funcionarios" de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?

 

¿Habrá reacciones en Colombia?

 

La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como "una raya más pa'l tigre".

Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por  parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.

Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias 'Doble Rueda', un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.

El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.

Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.

Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.

Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.

Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia "ayuda humanitaria", quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.

Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.

El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.

Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.

Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.

El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.

 

La situación actual de Duque

 

Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.

Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.

Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.

El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a "fuertes corrientes" las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.

La justificación graciosa es solo el comienzo de un 'affaire' que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.

Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.

Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.

Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.

También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.

Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.

Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares,  vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.

Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.

Publicado: 14 may 2020 00:13 GMT

Por Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

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En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de otros tres terroristas implicados en la Operación Gedeón.Foto Ap

La Operación Gedeón incluía uso de "bombas de precisión"

 

Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, aseguró ayer que el contrato de la Operación Gedeón, el intento de invasión golpista contra Caracas frustrado el pasado fin de semana, incluía un "bono de éxito" de 10 millones de dólares.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un grupo de reacción inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un "bono de éxito" de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Según lo revelado por Rodríguez, en sus primeros artículos el documento define tres grupos: Asociado (ex militares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Guaidó –representantes de la oposición venezolana– con la empresa estadunidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera" con la misión y a emplear "fuerza mortal" en el control de disturbios y el taser (paralizador eléctrico a distancia) en centros de detención.

Además se autorizó al personal de Silvercorp "a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato identifica como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Se prometió que los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450 mil dólares a sus familias de miembros del Grupo de Tarea, en caso de muerte, así como indemnización por 250 mil dólares por pérdida de algún miembro o de la vista durante la misión.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación –oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias– serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión; todos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Además de los 21 detenidos, incluidos dos estadunienses imputados por los cargos de “terrorismo, conspiración y tráfico de armas, ayer se informó del arresto de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias El Miche.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón el pasado 16 de octubre, pero sólo recibió 50 mil dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, quien aseguró que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadunidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron”, se quejó.

Anuncian la captura de otros tres implicados

El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la captura de otros tres terroristas implicados en la incursión marítima del pasado domingo en el estado La Guaira.

"Tengo que informar que hemos capturado tres mercenarios más el día de hoy, fueron atrapados por el grupo de comando de mar número 82", informó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Por otra parte, las autoridades militares de Venezuela hallaron ayer tres lanchas con material de guerra y emblemas de la Armada de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron al país arrastradas por la corriente.

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Sábado, 09 Mayo 2020 05:54

Una invasión de utilería

Policías de las fuerzas oficiales de Venezuela vigilan la zona donde ocurrió el enfrentamiento con un grupo armado que incursionó con lanchas en la costa de la localidad de Macuto / Foto: Xinhua, Marcos Salgado

La Operación Gedeón contra Venezuela.

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.

BOINAS, MENTIRAS Y VIDEO.

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

MIENTRAS, SIGUE LA CRISIS.

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.

Por Humberto Márquez

8 mayo, 2020

Publicado enInternacional
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