Los manifestantes se enfrentan los agentes del orden durante una protesta provocada por el aumento del precio del combustible en Aktobe, Kazajistán, el 5 de enero de 2022. — Reuters

El país atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo mejoras sociales. El equilibrio de esta región clave entre Rusia y China entra en crisis.

El 2 de enero empezó una serie de protestas locales que en un tiempo récord han incendiado el país del Asia central. A medio camino entre China y Rusia, Kazajistán se ha distinguido por la estabilidad y bienestar que proporcionaba su régimen. Sin embargo, la falta de relevo en la dirección y la ausencia de una democracia abierta junto a la crisis económica global han hecho posible que sesenta años más tarde un bloque militar vuelva a intervenir en uno de sus miembros.

Kazajistán atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. Una crisis que ha hecho que el gobierno kazajo haya pedido ayuda militar a sus aliados para poder controlar la situación dentro de su propio territorio. El país más estable y ejemplo de prosperidad de Asia central se ha incendiado con lo que parece ser una revolución de color. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo ante todo mejoras sociales, aunque lo han hecho de manera vandálica y con una violencia extrema. Ello amenaza con cambiar el equilibrio de toda esta región rica en gas y petroleo, así como parte clave de la ruta que une China y Europa.

El 2 de enero en la región de Mangystau, en el oeste de Kazajistán empezaron unas protestas que rápidamente se propagaron por el resto del país. Empezaron tras el anuncio de que el gobierno kazajo subía el precio del gas licuado, combustible para coches, de 60 tengue (aproximadamente 0,12 euros) por litro a 120 tengue (0,24 euros). Une medida que el ejecutivo echo atrás rápidamente, incluso bajando el precio a 50 tengue por litro, pero la chispa del descontento ya había prendido. La crisis global provocada por el Covid-19 también afecta esta parte del planeta, con una importante subida de precios de productos básicos. Por todo ello las protestas se propagaron rápidamente a las principales ciudades kazajas.

Kazajistán es un país del Asia central que comparte frontera con Rusia en el norte y China en el este, así como con otras tres repúblicas post-soviéticas en el sur. Ocupa un territorio de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, más de cinco veces el tamaño de España. Tiene una población de 19 millones de habitantes, de los cuales unos 13 millones son kazajos, 3,5 millones son rusos y el resto diferentes minorías pertenecientes a las naciones vecinas.

No es un país pobre, sobre todo si se compara con el resto de su vecindario. Es la segunda economía de todo el espacio post-soviético con aproximadamente 158 mil millones de euros de PIB en 2021, solo por detrás de Rusia. El sueldo medio mensual ha superado los 500 euros en 2021. Su capital, Nursultán, es ejemplo de modernidad con sus edificios altos de nueva construcción, pero también es la clave para entender el descontento popular. Lleva el nombre del que fuera el presidente del país Nursultán Nazarbayev desde 1990 hasta 2019. Además toda su modernidad se ha hecho sin pensar en sus habitantes, es parte de una modernización llevada a cabo por un sistema autoritario sin repercutir en el bienestar real de amplios grupos de la población.

El partido en el poder, Nur Otan (Luz de la Patria) tiene como parte de su símbolo el Sol. Este partido domina el panorama político con varios partidos menores que le hacen de comparsas, casi como los planetas del sistema solar alrededor del astro rey. Tras el retiro de Nazarbayev, a quién se refería de manera poco disimulada el nombre del partido, Kasim Tokaev ocupó el cargo de presidente, pero el poder real en el país seguía en manos de Nazarbayev. Al menos hasta esta crisis.

Una de las primeras consecuencias de la crisis ha sido una reordenación de las élites. Tokaev ha sustituido al gobierno, eliminando las figuras afines a Nazarbayev. Al propio Nazarbaev se le ha quitado la presidencia del Consejo de Seguridad kazajo, y al sobrino de Nazarbaev lo han quitado del Comité de Seguridad Nacional, la heredera del KGB kazaja, donde era el número dos desde 2015. Todos estos movimientos por un lado pueden estar destinados a calmar a los protestantes, quienes han tirado estatuas de Nazarbaev y han gritado "¡viejo márchate!" durante las protestas. Sin embargo, por otro lado estas medidas pueden ser parte de una lucha interna en la que Tokaev se deshace ya de manera definitiva del patronato del anterior presidente para empezar a hacer una política propia, con unas élites nuevas.

Por su lado, las violentas protestas en unos días han dejado 18 policías muertos, una cifra indeterminada de manifestantes muertos, pero que según estimaciones sobre el terreno deben de contarse por decenas, más de mil heridos y más de dos mil detenidos. Los manifestantes de momento no tienen una agenda pública, no han presentado una lista definitiva de peticiones al gobierno, aunque sí dejan entrever que ante todo esperan mejoras sociales, mejor nivel de vida. Tampoco tienen líderes y la desconexión de internet practicada por las autoridades kazajas no les ha impedido coordinarse o ha frenado siquiera la protesta.

No se ha podido probar, al menos de momento, que detrás de las protestas esté alguna potencia extranjera, ya sea EEUU, China, Turquía o la propia Rusia. Es cierto que es Washington quien tiene mayor peso en este sentido, ya que son muchas las organizaciones estadounidenses como el NED, el IRI o la Open Society Foundation de Soros quienes operan en el país con un gasto anual de decenas de millones de dólares para trabajar con la sociedad civil kazaja. Pero ninguna de ellas se ha pronunciado a favor de los sucesos y tampoco lo ha hecho la diplomacia norteamericana.

Finalmente toda la situación que se ha originado ha derivado en la petición de ayuda por parte de Kazajistán a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar de la que es miembro junto a Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Los casi 3.770 efectivos ya están desplegándose en Kazajistán y habrá que ver cómo son recibidos por los manifestantes. Porque a pesar de que tanto Moscú como Nursultán los llamen "tropas de paz", es dudoso que sean recibidos como tales por los kazajos que han salido a las calles a pedir cambios.

Lo que parece claro es que de momento el Kazajistán estable y con una política internacional multivectorial en la que tenían cabida buenas relaciones con Rusia, China, EEUU o incluso Irán, va a cambiar. La presencia de tropas extranjeras y la crisis interna van a dejar una seria huella en este país rico en recursos naturales y en una posición estratégica entre China y Europa.

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Imagen ilustrativa. El Pentágono, Arlington, Virginia, EE.UU.Carlos Barria / Reuters

El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa 768.000 millones de dólares, lo que supera en 28.000 millones el presupuesto de 2021.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado este lunes la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que establece los gastos de Washington en defensa para el próximo año fiscal.

La ley fue aprobada este diciembre por el Senado con 89 votos a favor y 10 en contra, y por el Congreso, donde fue apoyada por 363 diputados frente a 70.

El presupuesto prevé otorgar a los programas de defensa, tanto del Pentágono como de otros departamentos —como el programa nuclear supervisado por el Departamento de Energía— 768.000 millones de dólares. Esta suma supera el mayor gasto militar anterior, que fueron los 740.000 millones aprobados para 2021 durante la presidencia de Donald Trump. En realidad, es incluso superior a los 752.900 millones que había solicitado el Pentágono.

La ley prevé un aumento del 2,7 % en los salarios de las tropas, así como más compras de aviones y barcos de las planeadas por el Departamento de Defensa. Asimismo, incluye considerables gastos relacionados con Rusia y China.

Por una parte se prevé la destinación de 4.000 millones de dólares a la Iniciativa Europea de Disuasión, ideada para contener las supuestas amenazas de Rusia en Europa, así como la concesión de 300 millones a los militares ucranianos y 150 millones a la cooperación militar en el Báltico.

En cuanto a contrarrestar a China, la Iniciativa Pacífica de Disuasión recibirá 7.100 millones de dólares. La ley también prohíbe al Pentágono usar productos supuestamente fabricados por mano de obra forzada en la región china de Xinjiang y reafirma el apoyo del Congreso a la defensa de Taiwán.

"La Ley brinda beneficios vitales y mejora el acceso a la justicia para el personal militar y sus familias, e incluye autoridades críticas para apoyar la defensa nacional de nuestro país", señaló Biden en un comunicado al respecto. Sin embargo, indicó que en varios aspectos no está satisfecho con la texto.

Críticas de Biden

En particular, el mandatario se quejó de que la ley no le permite cerrar el centro de detención de Guantánamo.

"Lamentablemente, […] sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros y […] prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos a menos que se cumplan determinadas condiciones", declaró el mandatario.

"En algunas circunstancias, estas disposiciones podrían dificultar el cumplimiento de la sentencia definitiva de un tribunal que ha ordenado la liberación de un detenido mediante un recurso de 'habeas corpus'", advirtió, pidiendo al Congreso que elimine estas restricciones "lo antes posible".

Entre las cláusulas criticadas por Biden está también la obligación de presentar a los diputados del Congreso informes sobre los equipos militares perdidos por EE.UU. durante su retirada de Afganistán. "Contendrán información clasificada, incluida información que podría revelar fuentes de inteligencia críticas o planes operativos militares", indicó el mandatario, afirmando que la Constitución le da suficiente poder para "evitar la divulgación de información tan sensible a fin de cumplir con su responsabilidad de proteger la seguridad nacional".

Asimismo, Biden se opone a varias otras disposiciones de la legislación, como la confirmación de los miembros del grupo de trabajo de la optimización de la logística y la quema de residuos al aire libre. Al mismo tiempo, reconoce que "no le corresponde solo al presidente determinar todo el contenido de la política exterior de la nación", pero asegura que no tratará las cláusulas al respecto como una limitación de su "discrecionalidad constitucional para articular los puntos de vista de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros".

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Protestas contra el golpe de Estado en Sudán el lunes 25 de octubre de 2021. — MOHAMMED ABU OBAID / EFE

Hay más de 140 heridos. El Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS) denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo".

 

 Al menos siete personas han muerto y 140 han resultado heridas este lunes durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado urdido por los militares en Sudán, según ha informado un agente del Ministerio de Sanidad del país a Reuters. El grupo de militares ha arrestado al primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, después de que este rechazara "apoyar el golpe" de Estado. Se desconoce el paradero del primer ministro.

Se pone fin al proceso de transición democrática que se inició tras la caída del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019. "Se ha confirmado la muerte de un tercer mártir por disparos de las fuerzas del consejo militar golpista. Gloria eterna a los mártires y victoria a nuestro pueblo que resiste", ha informado el Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS), que informa que hay más de 80 heridos.

El CCDS también denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo y preparar sangre para los heridos". Organismos como la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe o la Unión Europea han condenado el golpe de Estado.

La Unión Europea ha condenado la detención del primer ministro. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que "las acciones de los militares representan una traición a la revolución, la transición y las legítimas solicitudes del pueblo sudanés de paz, justicia y desarrollo económico". Pide, además, a los militares que pongan "en libertad de inmediato a las personas que han detenido ilegalmente".

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que "Estados Unidos está profundamente alarmado por las informaciones sobre una toma de control militar del Gobierno de transición". "Rechazamos las acciones de los militares y pedimos la liberación inmediata del primer ministro y de los otros que han sido puestos bajo arresto domiciliario. Las acciones de hoy son completamente opuestas a la voluntad del pueblo sudanés y sus aspiraciones de paz, libertad y Justicia", añadió.

El Ministerio de Información ha denunciado que "las fuerzas militares están disparando con munición real contra los manifestantes que rechazan el golpe militar en Jartum", según recoge Europa Press. El Ministerio asegura que "decenas de miles" de personas han salido a las calles y han intentado llegar a la sede del Mando General del Ejército.

25/10/2021 17:51 Actualizado: 26/10/2021 10:22

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Miércoles, 18 Agosto 2021 05:38

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

Ante una posible derrota electoral, Bolsonaro está dirigiendo sus ataques al voto electrónico y denunciando futuros fraudes en 2022. Mientras aviva a sus seguidores, algunos imaginan la posibilidad de que se produzcan eventos similares a los de Estados Unidos durante el final del mandato de Trump. Aunque un asalto al Capitolio a la brasileña parezca poco probable, habrá que seguir de cerca a las fuerzas de seguridad, que constituyen hoy un pilar fundamental del gobierno bolsonarista.

Faltaban solo algunos días para las elecciones presidenciales estadounidenses y Jair Bolsonaro aseguraba que quería ser el primer gobernante del mundo en felicitar a Donald Trump por su triunfo. Hacía meses que el ocupante de la Casa Blanca venía sembrando las dudas sobre el proceso electoral y anticipaba que los demócratas pretendían quedarse con la elección mediante fraude. El desenlace fue la invasión al Capitolio, el pasado 6 de enero. En tanto, Bolsonaro fue el último presidente en «reconocer» públicamente a Joe Biden como el ganador de las elecciones. Ahora, a poco más de un año de las elecciones brasileñas, Bolsonaro recurre a la misma estrategia de sembrar dudas sobre el proceso electoral y anticipar la denuncia de fraude en 2022. «Si no hay elecciones limpias, no habrá elecciones», amenazó.

Se trata de una estrategia idéntica, a pesar de que sean sistemas completamente diferentes, ya que en Brasil la urna es 100% electrónica desde 2000, mientras que en Estados Unidos el voto es mediante papeleta y el problema de Trump era con los votos por correo con los que se habría consumado el fraude electoral. Pero, en definitiva, esa diferencia del sistema de votación no es importante para la derecha radical, ya que lo central es la deslegitimación del proceso en sí mismo. Tanto en el caso de Bolsonaro como en el de Trump, lo determinante es la línea de cuestionamiento a las instituciones, la apelación a supuestas conspiraciones y el estilo siempre provocador, propio de la alt-right que impregna ambos liderazgos, estilo que logra que se hable permanentemente de ellos. No obstante, y sobre todo en el caso de Bolsonaro, la estrategia resultó más efectiva a la hora de llegar a la presidencia –permitiéndole instalarse y mantenerse en el debate público– que para gestionar y construir poder una vez en el gobierno.

El caso de Trump es ilustrativo: para el consultor político Frank Luntz, al persistir en la denuncia de fraude en las presidenciales, los republicanos terminaron desincentivando la concurrencia a votar en las posteriores elecciones para senadores del estado de Georgia, elección que terminó alterando el equilibrio de poder dentro del Congreso en favor de los demócratas. O bien algo más de fondo: los estados del Cinturón de Óxido –el pujante polo industrial hasta comienzos de la década de 1980– que habían sido claves en la victoria de Trump en 2016, cuatro años después quedaron mayoritariamente en manos de los demócratas. De poco sirve encarnar el enojo y la desesperanza de los trabajadores de cuello azul si lo que se establece como política (el enfrentamiento comercial contra China) termina produciendo más daños en la propia producción.

Resulta evidente que Bolsonaro sigue la misma estrategia antidemocrática de Trump, pero también es innegable que, tanto entre sus liderazgos como entre sus países, hay diferencias importantes. Para empezar, el liderazgo de Jair Bolsonaro siempre fue más débil en términos de apoyo ciudadano que el de Trump, con índices de aprobación más bajos. El trumpismo tiene una fuerza mayor en la sociedad estadounidense que el bolsonarismo en Brasil. Da cuenta de ello las dificultades del establishment del Partido Republicano primero para evitar el triunfo de Trump en las primarias de 2016 y ahora para quitárselo de encima. Una segunda diferencia relevante se vincula precisamente con el sistema de partidos (bipartidismo versus multipartidismo fragmentado) y con el hecho de que Trump contó con una estructura de apoyo importante, algo de lo que su émulo latinoamericano carece. Hoy Bolsonaro no está afiliado a ningún partido, después de abandonar el Partido Social Liberal (PSL) —por el que fue electo— y de fracasar en su intento de crear un partido propio.

En comparación con Trump, si algo tiene a su favor Bolsonaro son las debilidades de las instituciones brasileñas. Concretamente, lo que atañe a las fuerzas de seguridad y más específicamente a las policías militares que dependen de los gobiernos estaduales. Tanto en Estados Unidos como en Brasil se puede observar que los miembros de las policías son proclives a los liderazgos de cada momento. Pero en Brasil existe una historia de dificultades de control sobre las policías por parte de los gobernadores. Los motines, como el último ocurrido en el estado de Ceará en 2020, tienen cierta recurrencia en diferentes estados. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la actual militarización del gobierno comenzó paulatinamente con Michel Temer, luego del impeachment de Dilma Rousseff. Pero además, como escribió el politólogo Juan Negri, la raíz de la influencia del poder militar en la política brasileña se encuentra en gran medida en el diseño de la transición democrática, en la que los militares conservaron algunas prerrogativas. Hoy no se puede analizar el gobierno de Bolsonaro y sus posibles desenlaces sin considerar la imbricación con el poder militar.

No obstante la opacidad del universo militar y el permanente corporativismo que se puede observar, desde hace un tiempo comenzaron a hacerse visibles los contornos de las divisiones a su interior, fundamentalmente promovidas por los distintos posicionamientos sobre Bolsonaro y sus intentos de inmiscuir a las Fuerzas Armadas de manera más directa en la política y en el enfrentamiento con los otros poderes. El hecho más significativo y que da cuenta de las fisuras es la remoción de los comandantes de las tres fuerzas este año; en los tres casos dejando en claro expresamente que el motivo de la remoción fue su oposición a la utilización de las Fuerzas como instrumento de presión hacia gobernadores. Es evidente que una parte de los altos mandos no apoya la politización de las fuerzas y menos su utilización para una ruptura democrática. La última de esas utilizaciones, y que también dejó entrever las fracturas, fue el desfile de tanques y vehículos militares de la Marina en la Plaza de los Tres Poderes el pasado 10 de agosto. La intención era intimidar a la Corte Suprema, situada justo en frente al Palacio del Planalto, y no tanto al Congreso, donde la votación sobre el voto impreso estaba perdida desde el comienzo.

El proyecto de enmienda constitucional mediante el cual el gobierno pretendía instaurar el voto impreso (y no solo electrónico), y cuya votación coincidió con el desfile militar, fue enviado al Congreso en el contexto de embates contra la urna electrónica y al Tribunal Superior Electoral. Ese proyecto es una demostración de cómo mantener un estilo de radicalización permanente termina siendo para Bolsonaro más importante que las políticas en sí mismas. Se trató, desde un comienzo, de una votación perdida y, sin embargo, Bolsonaro hizo de ella el principal caballito de batalla durante semanas.

El Ejecutivo brasileño bajo las órdenes de Bolsonaro ha mostrado que tiene serias deficiencias para formular políticas públicas en varios de los ministerios. En buena medida, este es el resultado de la inexperiencia de los nuevos funcionarios y de la persecución política a las burocracias existentes y la política de vaciamiento estatal. El caso más grave es el del Ministerio de Economía. Todas las reformas de peso, desde la reforma previsional en 2019 hasta la tributaria –que hoy se tramita en el Congreso–, o bien las privatizaciones, dejan sabor a poco y exhiben déficits técnicos importantes en su formulación. 

A esta altura, el gobierno de Bolsonaro tampoco tiene una política pública de peso que se haya constituido en la marca de su gestión. Lo más parecido a eso ha sido el auxilio de emergencia pagado a los sectores más vulnerables durante 2020, y vigente hasta hoy aunque con un monto y alcance menores que en sus inicios. La historia del auxilio ilustra la falta de coherencia al menos en lo que a políticas sociales se refiere. El gobierno primero se opuso a la medida –impulsada por la oposición en el Congreso–, pero una vez consumada la derrota aprovechó y capitalizó políticamente el beneficio. Hoy la intención es crear el Auxilio Brasil, para sustituir al Bolsa Familia creado por Lula da Silva en 2003, con un aumento de 50% del valor pago en promedio. Así, quedaría como una continuidad del auxilio de emergencia (percibido mayoritariamente como un beneficio otorgado por Bolsonaro) y se intentaría borrar al programa que es legado de Luiz Inácio Lula Da Silva. No obstante, hasta la aprobación del auxilio por el Congreso, Bolsonaro y los suyos nunca habían tenido en el horizonte de su gestión fortalecer las políticas sociales. Al contrario, la trayectoria del presidente es la de desprecio hacia los programas sociales, e incluso hacia sus sus beneficiarios.

En consecuencia, se produce un cambio drástico en la narrativa del gobierno, que pasa de tener como uno de sus ejes la ética y la antipolítica, para luego eyectar al afamado Sergio Moro (para muchos emblema de la anticorrupción) del gobierno y aliarse a las fuerzas políticas más comprometidas en investigaciones por corrupción. El perfil de sensibilidad social tampoco termina de asentarse, ya que Bolsonaro comenzó a construir ese nuevo perfil con el auxilio de emergencia pero luego fue errático, oscilando en sus declaraciones entre no comprometer más gastos, siguiendo la agenda de su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, o bien continuar y ampliar la asistencia.

Las embestidas antidemocráticas que generan convulsión política permanente, la ineficacia de las políticas públicas y las reformas y la ambigüedad respecto del rumbo económico liberal ya hicieron perder importantes apoyos dentro del establishment económico. El 5 de agosto, más de 200 empresarios, intelectuales y políticos publicaron una carta en la que manifiestan que no permitirán ninguna «aventura autoritaria». La «carta del PIB», como la apodó la prensa, tuvo la particularidad de reunir a algunos nombres de peso del mundo empresarial, desde industriales a banqueros. En definitiva, parte del «círculo rojo» brasileño pasó a manifestarse abiertamente contra Bolsonaro. Ya desde hace un tiempo son frecuentes los comentarios provenientes del empresariado en el sentido de que las permanentes crisis institucionales afectan al mundo de los negocios y la tan imprescindible previsibilidad. El daño a la imagen internacional del país es otro de los tópicos frecuentes. Medio ambiente, gestión de la pandemia, pueblos indígenas: todos temas que confluyen en un deterioro de la imagen internacional de Brasil durante la presidencia de Bolsonaro.  

El mejor momento para Bolsonaro en términos de imagen llegó con el auxilio de emergencia a mediados de 2020, cuando llegó a superar el 40% de aprobación. Esa mejora coincidió con los breves meses en que Bolsonaro moderó su estilo, redujo sus apariciones públicas y estableció algunos pactos de convivencia con los poderes judicial y legislativo. Posteriormente, el mandatario abandonó ese estilo pero aún así llegó a febrero de este año con una gran articulación política en el Congreso que le permitió colocar dos nombres alineados (inicialmente) con el gobierno tanto en la presidencia de la Cámara de Diputados como en la del Senado. 

Sin dudas, ese fue su momento de mayor poder en el plano institucional. Sin embargo, poco tiempo después esos mismos socios, Arthur Lira en Diputados y Rodrigo Pacheco en el Senado, ya han tenido sus desencuentros con el presidente, centralmente por el negacionismo ante la pandemia y los ataques a las instituciones. Recientemente, el presidente de la Corte Suprema rechazó realizar una reunión entre Bolsonaro y todos los jueces de la Corte con la que desde el Ejecutivo se pretendía restablecer la pacificación después los sucesivos ataques contra el Tribunal Superior Electoral, al que acusó de estar coaligado con Lula Da Silva, y contra la propia Corte, en una ya habitual lógica de tensión y distensión permanente. Aquella quimera del «Bolsonaro moderado» es mucho más difícil para los 15 meses que restan hasta las elecciones y él mismo se ha encargado de concretizar los temores con que algunos le dieron su voto en 2018. Mantener la identidad radicalizada mina las posibilidades de construcción de poder, en el caso de Bolsonaro mucho más que en el de Trump. Sobre todo si no se exhiben suficientes resultados positivos en la gestión.

De momento no hay «incendio del Reichstag» que justifique una avanzada autoritaria. Incluso la amenaza «comunista» era más creíble con el Partido de los Trabajadores sin Lula como alternativa a Bolsonaro, que con la aparición de este luego de la anulación de las sentencias en marzo de este año. Lula Da Silva es un interrogante. Su regreso, ¿sería más parecido a cuál de todos los gobiernos del PT? El «primer Lula» es el preferido del establishment, aunque ya ha pasado mucho agua bajo el puente para que aquel modelo conciliador del «Lula paz y amor» pueda replicarse. Pero en cualquier caso ninguno de sus gobiernos fue de izquierda radical. Bolsonaro se las ha ingeniado para que cuatro años más de un gobierno suyo suenen como un fantasma incluso más amenazante que el regreso de el ex obrero metalúrgico. De allí la foto de hace algunos meses del expresidente Fernando Henrique Cardoso junto a Lula Da Silva y su declaración de que votaría por este en una hipotética segunda vuelta contra Bolsonaro.

Si lo que está haciendo Bolsonaro con sus ataques a la urna electrónica es preparar el terreno para un asalto al Capitolio a la brasileña, entonces habrá que ver qué sucede con las fuerzas de seguridad, las divisiones internas existentes en su interior y hasta dónde están dispuestas a apoyarlo. Aunque hoy parezca poco probable que un intento de ruptura pueda tener éxito, entre otras cosas por la baja legitimidad que tendría, no se puede dejar de lado que la coerción es un elemento constitutivo del poder. Por ahora, el estilo alt-right y el déficit en las políticas conspiran contra las posibilidades de que Bolsonaro continúe en el poder más allá de 2022. 

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Acusan en Colombia a 10 militares por desapariciones y asesinatos

Un general, seis oficiales y tres suboficiales habrían participado en 120 ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros

 

Bogotá. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó ayer a 10 militares y a un civil por 24 desapariciones forzadas y al menos 120 asesinatos de civiles a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combates en medio del conflicto armado de Colombia.

Se trata de la primera acusación formal en contra de efectivos del ejército colombiano en medio de las investigaciones por los denominados falsos positivos o asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.

Para la JEP, los acusados tuvieron una participación determinante en los asesinatos en estado de indefensión, presentados como bajas en combate en la región de Catatumbo, en el departamento de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008, para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en los combates contra la guerrilla.

"La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil", dijo un comunicado leído por la magistrada Catalina Díaz.

Los imputados, señalados por la JEP como máximos responsables por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son un general, seis oficiales, tres suboficiales y un civil.

De acuerdo con la acusación, los asesinatos y las desapariciones forzadas se inscriben en un mismo patrón macrocriminal a partir de la política institucional del ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión sobre comandantes y subordinados para obtener "muertos en combate". Díaz señaló que las víctimas fueron campesinos, agricultores, comerciantes y transportistas informales.

La JEP reveló que al menos a 6 mil 402 personas fueron asesinadas en Colombia por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008 a cambio de beneficios que incluían permisos, vacaciones y reconocimientos.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinaria.

El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, dijo que si los 11 acusados no aceptan los cargos podrían recibir una sentencia de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada contra el gobierno.


La Jurisdicción Especial de Paz los señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad

Colombia: imputan a diez militares y a un civil por los "falsos positivos"

Se trató de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe. "Recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar", destacó Jacqueline Castillo, representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá. 

Por Guido Vassallo

07 de julio de 2021

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputó este martes a diez miembros del Ejército y a un civil por las salvajes ejecuciones militares conocidas como "falsos positivos". Los once hombres fueron imputados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada entre 2007 y 2008 en la convulsa región del Catatumbo, al noreste de Colombia. Entre las víctimas hay líderes sociales, campesinos, políticos locales, personas con discapacidades y supuestos consumidores de drogas. Se trata de la primera decisión de este tribunal nacido del Acuerdo de Paz en torno al Caso 03, que corresponde a las "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

"Desde el colectivo recibimos con gran satisfacción este auto judicial que ha probado que se trató de una práctica sistemática militar. Sabemos que es un paso más después del avance que se dio con la versión de Juan Manuel Santos (además de expresidente fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe), cuando reconoció que los jóvenes masacrados no eran guerrilleros". destacó en diálogo con PáginaI12 la representante legal de la organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), Jacqueline Castillo.

Crímenes de lesa humanidad

La magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del caso de los falsos positivos, sostuvo que "la evidencia indica que los imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada". Aunque el alto mando castrense siempre negó que se tratara de una acción sistemática, según la JEP "estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate".

El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, valora mucho que la jurisdicción deje en claro la naturaleza de los crímenes. "Esta ha sido una discusión muy larga y muy intensa porque el uribismo ha sostenido la tesis de que los mal llamados falsos positivos son hechos delictivos que no responden a unos patrones ni a una planificación, y se inscriben mas bien en hechos excepcionales que tuvieron lugar a partir de una mala interpretación de unos estímulos que se crearon al interior de las fuerzas militares para promover lo que se llamaba el conteo de cuerpos, es decir los éxitos operacionales", destacó Cepeda ante la consulta de este diario.

Entre los imputados por la JEP se encuentra el general Paulino Coronado, quien en la época en que se cometieron los delitos comandaba la Brigada 30 del Ejército, que hacía presencia en la región fronteriza de Catatumbo. Dos coroneles, un teniente y varios oficiales de inteligencia también están involucrados. El tribunal de paz colombiano había revelado en febrero su estrategia para esclarecer estos hechos y explicó que el departamento de Norte de Santander, donde se han contabilizado el 82 por ciento de las víctimas entre 1999 y 2008, le serviría de plataforma para abordar los ocurridos en Catatumbo entre 2007 y 2008. 

El organismo judicial colombiano identificó dos patrones durante las ejecuciones. Por un lado, "el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en base a prejuicios", y por otro "una suerte de sofisticación criminal" consistente en reclutar a las víctimas de otros territorios para matarlas en Catatumbo y "reportar su muerte como baja en combate". 

"Bajo una lógica criminal cercana a la de la limpieza social, estas víctimas fueron seleccionadas porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran habitantes de calle", denunció el tribunal surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016. En el auto de casi 300 páginas, la JEP recopila cómo los jóvenes eran reclutados bajo premisas de "un trabajo bien remunerado" en municipios como Soacha, llevados a Catatumbo y de ahí en algunos casos les ofrecían "trago" o "drogas", no los dejaban contactarse con nadie y eran entregados a una "unidad militar ejecutora".

A partir de este martes los imputados tienen 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión. "Los imputados que no acepten responsabilidad ni aporten verdad se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años", advirtió el presidente del tribunal, Eduardo Cifuentes. Por su parte el senador Cepeda recordó que "si los militares quieren recibir los beneficios de la jurisdicción, deberán cumplir con el compromiso de verdad y reparación".

La voz de los familiares de las víctimas

Madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales pidieron este martes que los imputados por la JEP colombiana reconozcan sus delitos. "Para nosotros es una gran satisfacción estar escuchando esta determinación que está dando la JEP y yo creo que más claras no pueden estar las cosas", aseguró la representante legal de Mafapo, Jacqueline Castillo, quien además exige conocer la verdad sobre la muerte de su hermano Jaime.

Jaime Castillo Peña tenía 42 años cuando desapareció el 10 de agosto de 2008 en la ciudad de Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto en el municipio de Ocaña en Norte de Santander. "Una distancia de 16 horas por ruta", remarcó la titular de Mafapo, quien agregó que "al igual que otros jóvenes, en dos días a Jaime lo habían convertido en guerrillero y le dieron de baja".

Castillo remarcó que más allá de que exista una condena ejemplar, lo que las mujeres agrupadas en Mafapo buscan es conocer, finalmente, "quién dio la orden de cometer todos estos crímenes". En ese sentido, llama a los militares a que "no sientan temor y den la cara" para avanzar en el esclarecimiento de los hechos: "Saben que ahorita tienen que asumir sus consecuencias. O aceptan que cometieron estos hechos o tendrán que pagar las penas que la JEP les puede imponer. Creo que a estas alturas está muy dificil que ellos tapen la verdad con un dedo".

La responsabilidad de Uribe

Los últimos datos de la JEP cifran en 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248. La mayoría de estos crímenes, según el tribunal de paz, habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe, referente de la derecha colombiana y consejero del actual mandatario Iván Duque.

Frente al avance hacia la responsabilidad política de los crímenes, Cepeda se muestra optimista. "Creo que tarde o temprano se va a llegar a los principales responsables. En días anteriores el expresidente Santos presentó su testimonio ante la Comisión de la Verdad y muchos sectores han reclamado que haga lo propio Álvaro Uribe. Por supuesto este es un asunto que no quedará resuelto si su papel no es esclarecido", manifestó el senador de izquierda. 

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Domingo, 09 Mayo 2021 05:10

Las capas del golpe en Myanmar

Las capas del golpe en Myanmar

El golpe de Estado perpetrado en Myanmar el 1 de febrero tiene que ver con el nacionalismo budista y el odio a los rohingya, dos elementos que paradójicamente comparten las partes implicadas. El mismo golpe tiene implicaciones regionales por cuanto afecta a la ASEAN y a China.

 

El 1 de febrero, una instructora de fitness emitía en streaming uno de sus entrenamientos con una gigantesca autopista de 20 carriles tras ella. En la ancha vía, sin que la mujer se percatara, aparecía un enorme convoy de vehículos militares que se dirigían al Parlamento de Myanmar: quedaba así testimonio gráfico del inicio del golpe de Estado en el país. El vídeo, viralizado, dio la vuelta al mundo.

Habitualmente, la ya famosa carretera está prácticamente desierta, reflejando las lagunas de la decisión que tomó la junta militar en 2005 de trasladar la capital de Myanmar a Naypyidaw. Esta ciudad viene experimentando un aumento vertiginoso de infraestructura desde aquel año que en absoluto se corresponde con el ritmo y el tamaño demográfico real de la ciudad, de unos 700.000 habitantes.

Esta excentricidad no desentona en absoluto con la política nacional de las últimas décadas. El golpe de febrero, de hecho, se enmarca en un contexto de múltiples clivajes, disputas de poder y polarización, donde la religión budista está imbricada a varios niveles. Tanto es así que el gran experimento marxista local, la vía birmana al socialismo de Maung Shu Mang Ne Win, combinó el budismo con un marxismo-leninismo que pretendía revisar las tesis de los clásicos y adaptarlas a su particular forma de entender lo birmano. Plantearon que el budismo era parte constitutiva de su identidad nacional y, sobre esa base, se justificó la exclusión de las minorías étnico-religiosas, con un especial ensañamiento contra la comunidad rohingya.

En la actualidad existen alrededor de 140 etnias reconocidas en la periferia de Myanmar, teniendo un papel protagónico los ya mencionados rohingya, que vienen sufriendo, según la ONU, una limpieza étnica desde 2017. Cuatro meses después de la insurgencia de este pueblo que marcó el inicio de su persecución ya se registraban cerca de 650.000 personas desplazadas hacia campamentos en Bangladesh. Para sorpresa de la comunidad internacional, una de las responsables de esto fue la Premio Nobel de la Paz (1991) Aung San Suu Kyi, quien llegó al poder de facto en 2015 en unas elecciones en las que se retiró a los rohingya su derecho al voto. Resaltar el carácter fáctico del poder de Suu Kyi no es baladí: al ser sus dos hijos ciudadanos británicos, no puede acceder a la presidencia formal de la nación. Es por eso que ha tenido que construir su autoridad en términos de influencia y accediendo a “cargos menores” como la Consejería de Estado.

El liderazgo de Aung San Suu Kyi se ha sostenido sobre un frágil equilibrio entre ella y su partido —la Liga Nacional por la Democracia (LND)— y el Tatmadaw —las Fuerzas Armadas—. La figura de Suu Kyi se forjó durante la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1988 contra el gobierno del Partido del Programa Socialista de Birmania. Durante el periodo de la Junta militar se agravaron los conflictos entre etnias que venían desde antes del gobierno socialista-budista y se fijó definitivamente a los rohingya como el enemigo interno.

En 2010 se cerró el tibio proceso aperturista que se había iniciado unos años antes, aunque el verdadero hito fue la victoria de la LND en las elecciones generales de 2015. Ahora bien, es primordial apuntar que la Constitución garantiza al Tatmadaw un 25% de los escaños y varios puestos ministeriales, por lo que tan pronto accedió la LND al gobierno comenzó una difícil relación política entre el partido, Aung San Suu Kyi y la Junta que tantas veces la había perseguido y arrestado y cuyo aparato se mantiene gracias al expolio de recursos tales como los rubíes o el oro.

El budismo es uno de los lazos entre los liberales de la NLD y las Fuerzas Armadas: ambos sostienen la construcción del Estado en torno a la predominancia de los bamar (budistas), autopercibidos como la única etnia auténticamente birmana. En realidad, este nacionalismo étnico-religioso ha pasado de mero garante de una cierta cohesión social de carácter exclusivista a ser un verdadero clivaje político. De forma similar a lo acontecido en la India de Narendra Modi con el nacionalismo hindú —también enfrentado con los indios musulmanes—, esta cuestión es ya un aspecto central de la política nacional. Los últimos años han visto una cooptación de las bases nacionalistas, históricamente ligadas al Tatmadaw, por parte de Aung San Suu Kyi, que ha conseguido capitalizar el odio contra la minoría rohingya, llegando a blanquear ante a la Corte Penal Internacional la limpieza étnica perpetrada por los militares.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En las elecciones generales de 2020, Aung San Suu Kyi revalidó su mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. El líder de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) —vinculado al Tatmadaw— declaró que impugnaría el resultado electoral alegando fraude y solicitó a las Fuerzas Armadas que velaran por unas “elecciones justas”. Progresivamente, el propio ejército fue ensuciando el debate, llegando a hablar de “fraude electoral masivo”. “No decimos que el Tatmadaw tomará el poder, pero tampoco que no lo hará”, llegó a declarar un portavoz. Apelando a la Constitución, su discurso fue incorporando elementos golpistas y fueron desplegando unidades militares en algunos puntos del país.

Horas antes de que la asamblea legislativa tomara posesión comenzó una persecución militar sobre líderes políticos. Ese mismo día, el 1 de febrero, fue arrestada Aung Saan Suu Kyi, concretándose un golpe de Estado que podía palparse días antes. Bajo tal clima, U Myint Swe —hasta entonces vicepresidente— asumió la presidencia y traspasó el poder a Min Aung Hlaing, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La polarización política sacudió definitivamente al país y masas de trabajadores urbanos salieron a repudiar el golpe, encontrándose de frente con la represión de la Junta. La escalada de violencia estatal dejó episodios como el del 14 de marzo, en el que los trabajadores textiles de Hlaing Tharyar fueron atacados por francotiradores. La clase obrera industrial ha sido la triste protagonista de algunos de los más cruentos capítulos que ha dado de sí el golpe en Myanmar. En la fecha de redacción de este artículo, la cantidad de asesinados por el gobierno de facto del Tatmadaw asciende a más de 760. Pueden consultarse diariamente los datos a través de AAPP Burma.

Concretamente, la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos birmana cifró en su informe diario del 5 de mayo en 769 los asesinados y en 4766 los detenidos.La virulencia en el accionar de la Junta ha sido condenada por organizaciones como la Unión Nacional de Karen, la cual narró a través de un comunicado oficial cómo se habían perpetrado ataques aéreos sobre población civil en los distritos de Mutraw y Kler Lwee Htoo, arrebatando la vida de niños, estudiantes y destruyendo la infraestructura y las viviendas de múltiples poblaciones, provocando además la huída de más de 12.000 personas. La crueldad de los golpistas ha tratado de ser visibilizada por varias figuras públicas. Tal es el caso de Han Lay —Miss Myanmar 2020— quien, entre lágrimas, dedicó su discurso en la ceremonia celebrada a finales de marzo a condenar la represión militar. Paradójicamente, la misma Han Lay llegó a declarar que Aung Saan Suu Kyi era una inspiración para ella. Sirva esto como ejemplo de la polarización política en Myanmar.

La delicada situación de la ASEAN

Para entender el Sudeste Asiático se torna imprescindible conocer la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incorpora a día de hoy a Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia, Brunéi, Singapur, Tailandia, Indonesia, Laos y el propio Myanmar. Fundada en 1967 tras conflictos como la konfrontasi entre Malasia e Indonesia, fue en gran parte la dialéctica socialismo-capitalismo la que precipitó su creación. La región concentró gobiernos de múltiple índole que percibieron como necesario un instrumento de cooperación y control del conflicto. Finalizada la Guerra Fría, se aplicó dentro de la organización un tratado de libre comercio que facilitó el crecimiento de las distintas economías de la región.

Su capacidad de ejercer como bloque hacia fuera es una de las grandes fortalezas de una organización que es asumida como ejemplo por muchos internacionalistas. Los tratados de libre comercio con Corea del Sur, India o China, su papel en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o su voluntad de ejercer como mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte han legitimado su existencia interna y externamente.

El factor de la diversidad no estuvo ausente en el largo proceso de consolidación de la ASEAN. Repúblicas socialistas, repúblicas democrático-liberales y monarquías constitucionalistas y absolutistas comparten este espacio regional. También países cristianos, musulmanes, budistas, no religiosos e incluso un crisol como Singapur. Es esta diversidad la que, en cierta medida, explica las limitaciones que la organización ha tenido a lo largo de su historia para diseñar posturas unitarias sobre asuntos internos. El pragmatismo de la ASEAN, aceptando como integrante a Myanmar en 1997 cuando todavía estaba regida monolíticamente por la Junta, ayudó a la apertura del país. Ahora, afronta un dilema similar al de aquellos años: poner o no en riesgo la reputación de la propia organización por apoyar a un miembro desacreditado internacionalmente.

Varios elementos están sobre la mesa para la ASEAN: en primer lugar, la relación con Estados Unidos, que mantenía un estrecho vínculo con Aung Saan Suu Kyi; en segundo lugar, las imágenes de la violencia del Estado contra la clase trabajadora del país ponen en evidencia al bloque frente a la comunidad internacional por su tibieza, especialmente llamativa en una organización que llevó la defensa de los Derechos Humanos por bandera desde el momento de su fundación; y, en tercer lugar, el potencial riesgo de una crisis de refugiados que afectaría a países de la asociación y a otros como India, China o Bangladesh.

El resultado de esta combinación de factores es la dificultad de diseñar y aplicar una posición conjunta al respecto del golpe, lo que complica cualquier tipo de intervención. Como ejemplo, Tailandia, Camboya, Filipinas y Vietnam han mantenido una postura cauta hablando de ello como un asunto interno, Malasia e Indonesia condenaron explícitamente el golpe y Singapur pidió no imponer sanciones económicas sobre el país. En términos generales, el único consenso hacia dentro de la ASEAN pareciera ser la no injerencia directa y el pedido de un “diálogo constructivo” entre las partes implicadas.

¿Y China?

Siempre se mira con lupa lo que hace China en materia internacional. El economista Giovanni Arrighi plantea que Estados Unidos se convirtió, mediante tratados de defensa bilateral dirigistas, en el Estado central de un sistema vertical que incluía a estados como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas en el que estos hubieron de especializarse en el comercio y la búsqueda de beneficios, y aquel lo hizo en el suministro de protección. Desde que tomara forma ese sistema constitutivo de la Guerra Fría hasta hoy han cambiado muchas cosas en la región. Quizá la más importante sea la ya indiscutible centralidad de China.

El gigante asiático ha mantenido una relación compleja con Myanmar desde hace varias décadas. Habiendo sostenido vínculos simultáneos con la Junta y con algunas etnias del país, el Estado chino ha sido capaz de consolidar su papel de mediador entre ambas aprovechando las lagunas que deja un Estado como el birmano, desbordado en materia de seguridad. A esto cabe sumar el enorme peso político y económico que Beijing tiene sobre Naypyidaw a través de, por ejemplo, sus inversiones en zonas especiales como Shan, que inclina la balanza de las decisiones de los gobiernos de Myanmar.

La reacción china al golpe no ha cambiado sustancialmente desde el propio 1 de febrero, cuando Wang Wenbin —portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores— señaló simplemente su deseo de que todas las partes “manejen adecuadamente sus diferencias a la luz de la Constitución y del marco jurídico”. Eso sí, a medida que avanzaron las semanas se ofreció como mediadora y reconoció su voluntad de coordinar para “promover conversaciones pacíficas”. Sin que deba pasarse por alto, además, el 2 de mayo arribó al aeropuerto internacional de Yangon un avión de Air China cargado con vacunas frente al COVID-19 donadas por el gobierno de Xi.

Ahora bien, aunque China haya sido especialmente cauta a la hora de calificar el golpe como tal, lo cierto es que no se encuentra estrictamente cómoda con los militares. Durante los años de liderazgo de Suu Kyi, las relaciones diplomáticas mejoraron profundamente, Myanmar experimentó un gran crecimiento económico en el que las inversiones chinas jugaron un papel protagónico y China encontró un mercado en el que vender sus productos. Un gran número de proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda salieron adelante después de que la NLD ganase las elecciones en 2015, pero el golpe los rodea de dudas, pudiendo retrasarlos o incluso deslegitimarlos si China no define una posición política específica con respecto de la violencia de la Junta.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

9 may 2021 06:00

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Barricada de fuerzas opositoras a la junta militar, en Taze, en Myanmar, el pasado 7 de abril.REUTERS / Reuters

Militares y policías usan granadas de fusil para dispersar las protestas en Bago e impiden a los equipos de rescate socorrer a las víctimas

 

La violencia en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas pro democracia que tienen lugar en Myanmar (antigua Birmania) desde hace dos meses se ha convertido en norma. Al menos 82 personas perdieron la vida debido a la represión policial y militar contra los manifestantes de Bago, unos 65 kilómetros al noreste de Yangón —la capital comercial del país—, entre el jueves y el viernes. Un recuento que solo salió a la luz este sábado debido a los cortes de internet en el país, diarios desde que los militares dieran un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. El embajador especial birmano en la ONU, Kyaw Moe Tun, exhortó el viernes a la comunidad internacional a “actuar de inmediato” para frenar las matanzas.

Los detalles de lo ocurrido en Bago han tardado más de un día en emerger debido a la enorme dificultad para recopilar información de lo que ocurre en Myanmar. La Junta militar birmana que se puso a los mandos del país tras la asonada —deponiendo el Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces— ordenó hace días a las compañías de telecomunicaciones que restringieran el acceso a internet a través del móvil y de las redes wifi. Testigos de lo sucedido en Bago, de unos 250.000 habitantes, aseguraron a AFP que la continua violencia en la ciudad ha obligado a muchos residentes a huir a pueblos vecinos desde el jueves.

Según la agencia de noticias francesa, que ha tenido acceso a imágenes de vídeo verificadas, los manifestantes tuvieron que esconderse tras barricadas para escapar de los ataques de las fuerzas armadas, mientras se escuchaban explosiones de fondo. Los uniformados utilizaron granadas de fusil para dispersar las protestas, a la vez que impedían a los equipos de rescate atender a las víctimas. “Apilaban todos los cuerpos sin vida en camiones del Ejército y se los llevaban”, dijo un testigo a AFP. La Asociación para la Protección de los Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que al menos 82 civiles murieron en Bago entre el jueves y el viernes, lo que eleva a 618 el número de víctimas mortales desde que tuvo lugar la asonada. Decenas de los fallecidos son menores.

La Junta Militar, por su parte, reduce la cifra hasta 248, según aseguró un portavoz de los generales el viernes en una rueda de prensa, en la que tildó a las víctimas como “gente terrorista violenta”. El golpe de Estado, que los militares se niegan a definir como tal y justifican como respuesta a supuestas irregularidades, no documentadas ni respaldadas por las instituciones, en las elecciones de noviembre —en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi—, ha recibido una fuerte oposición popular. Desde febrero, miles de personas toman a diario las calles para pedir el regreso de la democracia.

Las fuerzas de seguridad han ido reprimiendo cada vez con más dureza las manifestaciones, que continúan teniendo lugar por todo el país. En Yangón las protestas han adoptado un tono más creativo, con las calles teñidas de pintura roja como denuncia por el derramamiento de sangre, mientras panfletos con el mensaje “No nos gobernarán” se reparten por distintos barrios.

Al menos, la mitad de la veintena de guerrillas étnicas que operan en el país también se han posicionado de forma explícita a favor del movimiento de desobediencia civil, lo que ha aumentado las viejas tensiones entre estas y el Ejército birmano —conocido como Tatmadaw— en varias áreas. En el estado norteño de Shan, un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA) lanzó un ataque en la madrugada del sábado contra una comisaría, matando a más de una docena de policías, asegura AFP. El Tatmadaw respondió con bombardeos aéreos.

Ante la extrema inestabilidad en su país, el embajador especial para la ONU de Myanmar, Kyaw Moe Tun, urgió el viernes en una reunión del Consejo de Seguridad a que se “actúe urgentemente”. El diplomático exhortó a que se imponga un embargo de armas y más sanciones contra los militares, además de crearse una zona de exclusión aérea. Por su parte, el analista Richard Horsey, del centro de análisis International Crisis Group, alertó en ese mismo encuentro de que el país “está al borde del colapso”. “Las acciones de la Junta pueden hacer que el país se vuelva ingobernable”, advirtió Horsey.

Por Paloma Almoguera

Singapur - 10 abr 2021 - 19:14 CEST

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Sábado, 10 Abril 2021 06:18

El teatro de los inocentes

El presidente Jair Bolsonaro junto a quien fuera comandante del Ejército, Edson Pujol, durante una ceremonia oficial en Brasilia, en 2019 AFP, SERGIO LIMA

¿Qué sucedió realmente entre los generales y Bolsonaro?

Tras la crisis militar, el presidente brasileño parece debilitado. Pero lejos de romper con él, los uniformados mantienen cargos clave e intentan un lavado de imagen.

La imagen de los militares venía deteriorándose. Allí está el desastre que significó la gestión del general Eduardo Pazuello al frente del Ministerio de Salud, en especial el impacto mediático de la escandalosa falta de oxígeno en Manaos –por la que Pazuello es investigado judicialmente (véase «Asfixiados», Brecha, 29-I-21)–. Hasta su nombramiento en setiembre, y a pesar de ocupar diversos puestos estratégicos en el gobierno, los militares actuaban de forma más discreta, casi siempre a través de oficiales retirados. Pero Pazuello, general en actividad, agarró el fierro caliente durante la mayor crisis sanitaria de la historia del país. Otros oficiales filtraban constantemente a la prensa su malestar con la gestión sanitaria del gobierno y, casi siempre en off, pedían que el general pasara a retiro y evitara así la mancha en la imagen castrense. Pazuello dimitió el 23 de marzo, día en que se registró un nuevo récord de 3.251 muertes por covid-19.

La crítica de algunos oficiales a la política sanitaria no era, sin embargo, el único motivo de desencuentro entre las jerarquías civiles y militares. Desde el año pasado, Bolsonaro estaba molesto con el ahora excomandante del Ejército Edson Pujol. En abril, en un evento militar en Porto Alegre, el presidente, conocido por su rechazo a las más mínimas precauciones sanitarias, extendió su mano para saludar a Pujol. Recibió un codo. En noviembre, dos días después de la velada amenaza bélica de Bolsonaro al entonces presidenciable estadounidense, Joe Biden, por unos dichos de este sobre la protección de la Amazonia («cuando acaba la saliva, tiene que haber pólvora», había retrucado el brasileño), Pujol salió al cruce de su superior y sostuvo a la prensa que no existía ningún país en el continente que representara una amenaza para Brasil y que, de todas maneras, las Fuerzas Armadas brasileñas no tenían los recursos suficientes para garantizar la soberanía nacional.

Para mayor inri bolsonarista, durante una conferencia con empresarios al día siguiente, Pujol afirmó: «No queremos ser parte de la política gubernamental o del Congreso Nacional, y mucho menos queremos que la política entre en nuestros cuarteles». «No cambiamos cada cuatro años nuestra manera de pensar o de cumplir nuestras misiones», agregó. De inmediato, Bolsonaro recordó en Twitter que era él quien había elegido a Pujol para el cargo de comandante, un ayudamemoria que parecía tener como destinatario al propio general.

Lo cierto es que Pujol era visto como un obstáculo para las tentativas del presidente de radicalizar el apoyo militar a su gobierno. En las últimas semanas, el mandatario se refirió varias veces a las tropas como «mi ejército» y dejó claro, fiel a su estilo de gestionar la pandemia, que los militares no saldrían a la calle a obligar a ningún trabajador a quedarse en su casa. Mientras tanto, la Justicia anunciaba la anulación de las condenas de quien será seguramente el principal contendor de Bolsonaro en las próximas elecciones, Lula da Silva, en el medio del más estricto silencio militar. En ese escenario y en pleno recambio de gabinete, el presidente removería, el 29 de marzo, como quien no quiere la cosa y sin mayores explicaciones, al ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, protector de Pujol (véase «Hasta aquí llegó mi amor», Brecha, 30-III-21).

Las cosas no salieron como esperaba. Tras el terremoto de la renuncia simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en respaldo a Azevedo e Silva, Bolsonaro acabó por respetar el criterio de antigüedad para las nuevas designaciones. Terminó eligiendo –o aceptando, según se lo mire– al general Paulo Sérgio Nogueira como nuevo comandante del Ejército, hecho que, con el pasar de los días, fue entendido por analistas y entendidos de política militar como una señal de continuidad. El ejército publicó entonces una foto de una reunión entre el nuevo ministro, Eduardo Villas Bôas, Pujol y Nogueira, con la frase: «Antiguo, actual y futuro comandante del Ejército de Caxias: lazos inquebrantables de respeto, camaradería y lealtad».

GOLPE… DE EFECTO

Las primeras reacciones mediáticas y políticas fueron dominadas por la euforia. El periodista y exasesor de prensa del gobierno de Lula, Ricardo Kotscho, que mantiene contacto con algunos militares en actividad, expresó en su columna en UOL del primero de abril que lo que había conseguido Bolsonaro había sido «unir a los militares contra él», ya que los uniformados habían por fin «desembarcado del gobierno y encuadrado al presidente en los límites constitucionales». Sin embargo, dos días después escribió: «Lo que pareció una ruptura del gobierno con su base uniformada fue apenas un juego de escena para cambiar los quepis de los jefes militares por otros más al gusto del capitán, sin cambiar nada en la concepción secular de los militares como tutores del poder civil».

Kotscho repensó su lectura, pero el resto de los análisis de la prensa brasileña fueron –y son– casi unánimes: los uniformados estarían tratando de evitar la «politización» de las Fuerzas Armadas, abocados a preservar la democracia frente a las «aventuras golpistas» de Bolsonaro. Pero pensar que los militares quieren evitar una politización de los cuarteles durante el gobierno más militar de la historia democrática suena, como mínimo, contradictorio. Piero Leirner, antropólogo y especialista en estrategia castrense de la Universidad Federal de São Carlos, afirma a Brecha que lo ocurrido no se trata de una reacción a los arrebatos golpistas de Bolsonaro, sino la simulación de una reacción: «La figura de Bolsonaro como presidente es en sí misma una construcción militar, hecha para parecer independiente, errática e incontrolable. De esa forma, los militares siempre aparecen como un factor de contención (véase «El fusil detrás del trono», Brecha, 30-IV-20). Lo que sucedió ahora es una sobrecarga de esas construcciones, una operación psicológica del tipo conmoción y pavor a nivel informacional, en la que todo el mundo queda desnorteado en un primer momento y luego con la sensación que ellos quisieron imprimir en el imaginario colectivo: que dijeron “basta”, que ahora “la política” se va a mantener lejos de los cuarteles». Para el analista, «la supuesta crisis militar ya alcanzó su objetivo y lo que vendrá ahora es una operación de desacoplamiento de la tropa en relación con Bolsonaro».

Para el periodista André Ortega, coautor, junto con Pedro Marín, del libro Carta no coturno: a volta do partido fardado no Brasil, «los militares afirmaron su unidad en el actual escenario y mostraron que mantienen una unidad corporativa, que no es solamente institucional, racional-burocrática, sino política y cultural, como han hecho siempre en la historia». Ortega tampoco cree que los uniformados estén defendiendo las instituciones democráticas: «Hay un exceso de entusiasmo con relación a los supuestos “generales democráticos”. No podemos confundir las diferencias de ambiciones individuales o de feudos con grandes diferencias políticas. No hay ruptura ni esfuerzos de preservación democrática: hay una puesta en escena para preservar la imagen de que la militar es una institución competente y mantener, e incluso aumentar, lo que han conquistado con este gobierno».

PASANDO REVISTA

Eduardo Svartman, historiador, doctor en Ciencia Política y presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, tampoco cree que se pueda hablar de ruptura, porque «los militares son corresponsables de la elección de este gobierno y son una parte de su base». Desde su perspectiva, lo acontecido «sugiere un reacomodo en el que algunos militares en actividad pretenden marcar una cierta distancia respecto al gobierno y, en ese marco, se explicita una tensión entre parte de la alta oficialidad activa y los oficiales de la reserva, que son quienes están masivamente presentes en el Ejecutivo». Este último actor, sostiene Svartman, «enfrenta su peor momento y juega con el golpismo para contrabalancear su debilitamiento».

Para el académico, lo que los oficiales en actividad quieren evitar es una posible insubordinación en los cuarteles: «Hay una preocupación por la creciente politización y polarización y el accionar entre las tropas de las milicias digitales bolsonaristas». Existe, según él, «un temor de que ocurran episodios como los de Bahía [véase recuadro] en unidades militares y se le haga difícil a la cúpula mantener el alineamiento de todo el mundo».


Recuadro

Los de abajo

El lunes 29 de marzo, un integrante de la Policía Militar protagonizó un extraño episodio en el Farol da Barra, un sitio icónico de Salvador de Bahía. Después de empezar a disparar contra sus compañeros, el agente fue ultimado. Las bases bolsonaristas de Internet se abocaron rápidamente a convertirlo en héroe, alimentando la versión de que el policía habría muerto por negarse a seguir las órdenes del gobernador del Estado, Rui Costa (del Partido de los Trabajadores), que había decretado algunas restricciones a la movilidad a causa de la pandemia.

La campaña, por el tenor de sus mensajes, parecía una tentativa bolsonarista de enardecer a sus seguidores y fogonear un levantamiento de las Policías Militares a lo largo del país. Rafael Alcadipani, integrante del Foro Nacional de Seguridad Pública, dice a Brecha que, sin embargo, las bases del gobierno «le erraron al diagnóstico». La táctica no funcionó. Sí existe, afirma, una coincidencia ideológica entre ambas fuerzas: las Policías Militares, «alineadas en la derecha y el conservadurismo, están muy influenciadas por la ideología del bolsonarismo y se identifican con el presidente». Pero Alcadipani cree que, a pesar de que no puedan descartarse sublevaciones o acuartelamientos puntuales, no tienen, por sí solas, la suficiente fuerza para generar un hecho de mayor gravedad: «Con una tasa de desempleo tan alta, sin una ayuda económica fuerte y un sólido apoyo de las Fuerzas Armadas es muy difícil que tentativas como estas tengan posibilidades».

Marcelo Aguilardesde San Pablo 
9 abril, 2021

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El bolsonarismo cruje Entrevista a Sergio Lirio

Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da Silva. 

 

Los recientes cambios de gabinete en Brasil y la renuncia simultánea de los comandantes de las tres fuerzas armadas informan de una crisis profunda en el sistema de poder construido por Jair Bolsonaro desde 2018, en medio de una profunda crisis sanitaria. El negacionismo de Bolsonaro respecto de la pandemia de covid-19 se suma a una incompetencia más amplia para gestionar el aparato del Estado. Es esta última la que esta provocando el alejamiento de sectores de la elite. «Muchos querrían un bolsonarismo sin bolsonaro», dice Sergio Lirio, jefe de redacción del semanario Carta Capital en esta entrevista con Nueva Sociedad. Y esto ha provocado que el mandatario dependa cada vez más del denominado centrão, partidos alineados con el mejor postor que controlan el Congreso. Pero los crujidos actuales en el bolsonarismo se vinculan también a la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al ruedo político, tras la anulación de sus causas por la Corte Suprema brasileña.

¿Qué explica la crisis militar y cuál es, en su opinión, su profundidad? Algunos medios titularon que es la peor crisis con los militares desde 1977.

En 1977, efectivamente, el presidente Ernesto Geisel exoneró al general Sílvio Frota, que se oponía a su proceso de apertura lento y gradual. Pero incluso dentro de la dictadura no hubo algo tan explícito como ahora. Durante el gobierno de José Sarney hubo dimisiones por cambios ministeriales y en el segundo gobierno de Lula hubo amenazas de dejar los cargos por parte de los comandantes de las tres fuerzas, durante las investigaciones de la Comisión de la Verdad de los crímenes de la dictadura. 

Pero, ¿qué pasó ahora? No hay que olvidar que los militares son uno de los pilares del gobierno de Bolsonaro junto con los sectores financieros y el agronegocio. Es la coalición social que le dio el golpe a Dilma Rousseff. La expectativa era que Bolsonaro llevara adelante una agenda ultraliberal y recuperara la imagen de los militares, erosionada desde la dictadura. Ni durante la dictadura los militares brasileños ocuparon tantos cargos como con Bolsonaro. Son unos 6.000 militares en puestos en la administración en diferentes niveles. Hasta la Casa Civil (equivalente al jefe de gabinete de ministros) es dirigida por un militar. Presiden Petrobras, presiden Furnas, la mayor generadora de energía de América Latina. Incluso hijos e hijas o esposas de militares ocupan cargos en diferentes escalafones del Estado. Los militares tuvieron su propia reforma previsional, mucho más favorable que para la mayoría de los brasileños. Entonces, la pregunta sería ¿para qué un golpe militar si el de Bolsonaro ya es un gobierno militarizado? Sería, además, una aventura con altísimos costos.

El problema para los militares, pero también para los otros grupos de poder que apostaron por Bolsonaro, es que su gobierno es un desastre absoluto. La economía, bajo el ministerio del ultraliberal Paulo Guedes, es una calamidad. Para peor, cuando llegó la pandemia Bolsonaro se mostró contrario, de manera hiperbólica, a todas las medidas de distanciamiento social. Los resultados en términos sanitarios fueron tan terribles que hoy Brasil es uno de los países con mayor cantidad de muertes. Además, la diplomacia brasileña fue un fracaso absoluto, nunca fue tan ideológica, tan terraplanista, que con Ernesto Araújo como canciller. Terminó perjudicando incluso la posibilidad de hacer negocios. 

Mientras estuvo Donald Trump en la Casa Blanca, si bien no era un aliado completo de Brasil, protegía a Bolsonaro, que se iba volviendo un paria en el concierto internacional. Pero eso cambió con la llegada de Joe Biden. Ahora Brasil ya no es solo paria sino una amenaza internacional. Más de cien países impiden la entrada de brasileños. Ya pasamos las 300.000 muertes y podríamos llegar a 500.000. Pero no solo hay un rechazo internacional a su política sanitaria, también a su política ambiental, por ejemplo respecto de la Amazonia. Desde el punto de vista interno, el ingreso de emergencia de 600 reales aprobado por el Congreso, impidió en el primer año de la pandemia que la economía cayera más aún (4,1% en 2020) y que las personas cayeran en una tragedia mayor. Pero ahora el monto de esas transferencias será menos de la mitad. Por todo eso Bolsonaro está perdiendo apoyo tanto entre las elites como entre la población. 

En este contexto, intentó llevar a las fuerzas armadas a una escalada autoritaria. Se repitió tanto estos días que no había posibilidad de golpe que todo el mundo sospechó lo contrario. Básicamente, el presidente quería que el general Edson Pujol se manifestara contra la decisión de la Corte Suprema de devolverle los derechos políticos a Lula. El último domingo de marzo, Bolsonaro dijo, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas son nacionalistas y están del lado del pueblo, lo que significaba que estarían del lado de él. En medio de un caos sanitario y administrativo -Brasil ya tiene el cuatro ministro de salud en cuatro años- quería que los militares lo apoyen para poner en pie una especie de estado de emergencia que le diera más poderes. Las fuerzas armadas dijeron no, al menos no ahora, y se mantuvieron leales a la Constitución.

El problema es que a diferencia de otros países, como Argentina, donde los crímenes de la dictadura fueron juzgados y el pasado fue analizado y discutido, en Brasil la ley de amnistía generó una especie de equilibrio entre el poder militar y el poder civil. Por eso, las Fuerzas Armadas terminan por estar encima de la Constitución, encima de las leyes. Ese es el problema más grave de la democracia brasileña. 

Hace poco hubo una carta de sectores de la elite económica que criticaba al gobierno de Bolsonaro. ¿Hasta dónde llega este distanciamiento?

Esa carta es muy significativa porque está firmada por varios banqueros, entre ellos los dos principales accionistas del banco Itaú, y por varios economistas neoliberales. Hay un sector del empresariado, anticuado e histriónico, que se beneficia de la mano de obra barata, que sigue siendo bolsonarista. Pero los sectores industriales más dinámicos cada vez quieren menos a Bolsonaro. Ellos querrían un bolsonarismo sin Bolsonaro. El gobierno es tan incompetente que ni siquiera puede garantizar las reformas que ellos querrían. Por ejemplo, la reforma provisional, una de las pocas que se aprobó, salió porque el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, la hizo pasar. Pero otras, como la profundización de la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer, o directamente la destrucción del modelo social instaurado por la Constitución de 1988, que de todos modos nunca se aplicó demasiado, siguen pendientes.

A eso se suma el desastre en la gestión. Bolsonaro acabó asociando el proyecto económico liberal a su locura, a su incompetencia, a su autoritarismo. Por eso, el de Bolsonaro es un gobierno disfuncional que terminó por transformar a Brasil en un país odiado. No solo por los Estados Unidos de Biden o por China; también nos alejamos de Rusia y de la India. Y los exportadores sufren esto. Por eso muchos en la elite buscan un candidato centrista, lo que no parece fácil. Ellos se dan cuenta de que Bolsonaro puede terminar por abrir paso a una posible vuelta de la izquierda en 2022, y eso es a lo que más temen. Lo que pasó estos días tiene que ver con esta presión. 

La aprobación de Bolsonaro ronda el 30%. Bolsonaro ya no piensa más en gobernar. Solo busca no sufrir un impeachment y llegar entero a 2022, al menos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.

Relacionados esto, ¿Bolsonaro quedó como una suerte de rehén del centrão, que controla el Congreso y tiene la llave del juicio político?

El centrão está aumentando su influencia en el gobierno; el centrão es más competente que Bolsonaro. Fue el Congreso el que echó a Araújo y podría tumbar a Ricardo Salles, el ministro de medio ambiente. Quizás no ahora, pero sí en un futuro próximo. Salles es otro de los peores ministros del gobierno, de los más terraplanistas. En el centrão son los viejos zorros de la política brasileña: negocian cien y entregan cincuenta. El centrão fue también muy importante en el sostenimiento del gobierno de Lula y del primer mandato de Dilma. El estilo de Bolsonaro, que es consciente de sus limitaciones intelectuales, e incluso es un sociópata, es dar golpes en la mesa. Con el centrão eso no funciona.

Bolsonaro necesita potenciar todo el tiempo los conflictos (con la izquierda, con la prensa, con los movimientos sociales…). El centrão, por el contrario, opera entre bastidores. Y no va a atar su suerte a la de Bolsonaro. Así funciona la política brasileña.

¿Cómo ve la candidatura deLula da Silva? ¿Podrá mantener su fuerza después del «efecto Lula» que generó la anulación de sus condenas?

Mucho de lo que está pasando se vincula con la recuperación de los derechos políticos de Lula y de su vuelta al ruedo político. El hecho de que el juez Sérgio Moro fuera declarado «parcial» al condenar a Lula, genera en mucha gente la sensación de que Lula sufrió una injusticia. Incluso Bolsonaro modificó algunas de sus actitudes respecto a la mascarilla o la vacuna después del regreso de Lula, que busca presentarse como un anti-Bolsonaro. Hasta cambió el ministro de salud, el general Eduardo Pazuello. 

La vuelta de Lula fue triunfal, pero su nombre sigue generando rechazo en gran parte de la población, no solo en la elite. Muchos en el Partido los Trabajadores (PT) minimizan el antipetismo. Pero en mi opinión, Lula, además de unir a la izquierda, deberá hablar con sectores más amplios de la sociedad. Una «solución argentina» -buscar a otro candidato y no ir el a la cabeza- no parece probable. El ex-presidente ya dejó claro que será candidato. Pero el camino será largo. Falta mucha reflexión en el PT, mucha explicación, mucha conversación. La imagen que se construyó del PT como un partido corrupto no es borrada automáticamente por la incompetencia de Bolsonaro, aunque haya generado una degradación tan grande, tan amplia y simultánea en tantas esferas –política, social, intelectual– como hemos visto en esta década.

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El Congreso frena a Bolsonaro en su intento de otorgarse plenos poderes

Tras la sustitución de seis ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas llegó el proyecto para activar la "Movilización Nacional", que interviene procesos productivos, requisita bienes y servicios y convoca a civiles y militares.

 

Lo primero que hizo el presidente Jair Bolsonaro tras crear el nuevo caos dentro del caos –sustituyendo a seis ministros, incluyendo el de Defensa, y a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas– fue intentar tramitar en el Congreso Nacional, a través de un militar diputado federal aliado, Vitor Hugo (Partido Social Libertal, PSL), un proyecto de ley que le permitiera activar el dispositivo de Movilización Nacional ideado para tiempos de guerra.

Esta herramienta hubiera dado vía libre a Bolsonaro, según la reglamentación vigente, para la "reorientación de la producción, la comercialización, la distribución y el consumo de bienes y la utilización de servicios; la intervención en los factores de producción públicos y privados; la requisición de bienes y servicios, y la convocación de civiles y militares". Algo con "malas intenciones", sospecha el diputado federal Ivan Valente, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). "Una coincidencia muy grande". Para el veterano parlamentario, el proyecto –que fue paralizado por los líderes de los bloques en el Congreso–, buscaba atribuir al presidente "poderes que no puede tener, y sería un desastre, además de atacar al Estado de Derecho y al pacto federativo, agudizaría a crisis sanitaria".

Desde el conservadurismo también han llegado críticas a la maniobra bolsonarista. "Esto significa pasar al presidente de la República el comando directo de las policías militares, que hoy están bajo la tutela de los gobernadores, como define la Constitución Federal en el Pacto Federativo", alertaba el diputado federal Kim Kataguiri en sede parlamentaria, referencia de la joven derecha brasileña. "Tiene apariencia de golpe, huele a golpe". Es, también, como añade Valente en conversación con este diario, "un intento de asfixiar la acción de los gobernadores y los alcaldes en la pandemia. Una especie de estado de sitio, que anda persiguiendo".

El cambio de piezas más inquietante en los últimos movimientos presidenciales ha sido la sustitución en el ministerio de Defensa: el general Fernando Azevedo e Silva, cesado fulmimantemente, sin explicaciones previas, deja paso a otro general, Walter Souza Braga Netto. Azevedo e Silva había demostrado en numerosas ocasiones que entiende las Fuerzas Armadas como entes fieles al pueblo, autónomas y neutrales, y no aparatos de un Gobierno en particular. Los comandantes del Ejército (Edson Pujol), la Marina (Ilques Barbosa) y la Aeronáutica (Antonio Carlos Moretti) cerraban filas con él. En una nota oficial conjunta publicada en noviembre recordaban que la Constitución hace hincapié en "la característica fundamental de las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado, permanentes y necesariamente apartadas de la política partidaria"

Braga Netto, ministro de Defensa: matanza y tortura

El general Braga Netto, por su parte, es mucho más expeditivo. Su acumulación de poder está siendo fulgurante en el último lustro. Pasó de ser el comandante del Comando Militar del Este a ser nombrado por el presidente Michel Temer interventor federal de Río de Janeiro, cuando el sucesor de Dilma Rousseff decidió militarizar la seguridad pública de uno de los estados más agitados de Brasil. Una vez acabada esa misión, y ya con Bolsonaro en el poder, Braga Netto asumió el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo que se confirmaba su transición a la reserva, en febrero de 2020, el presidente le reclamó para el Gobierno, liderando el ministerio de la Casa Civil, donde ha permanecido poco más de un año antes de pasar a dirigir la cartera de Defensa.

En la etapa del general Braga Netto como comandante del Comando Militar del Este uno de sus destacamentos estuvo involucrado en lo que se conoció como la "Matanza de Salgueiro", en el Complexo de favelas de Salgueiro (municipio de São Gonçalo, Río de Janeiro). En su periodo como interventor federal en Río de Janeiro estalló el caso de la Sala Roja de la tortura, que Público desarrolló en dos reportajes: el mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño. Braga Netto logró bloquear las investigaciones en ambos episodios.

Para entender los sucesivos requiebros de Bolsonaro al frente del Ejecutivo hay que centrar la mirada en el porcentaje de fieles estimado –en torno a un 15%– que se agrupan entre los ciudadanos que aún consideran positiva su administración –cerca de un 30%, con pocas variaciones a lo largo del tiempo–. Uno de los principales objetivos del presidente, de cara a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2022, es conservar esta franja más radical de su electorado. No todos los candidatos pueden presumir de esa fidelidad de antemano de cara a unos comicios. Volverá a ser, para Bolsonaro, el perfecto punto de partida. Sus reacciones revelan autoridad, ante las dudas aparecidas sobre su capacidad para dirigir el país –ha subido el rechazo a su gestión también, sobre todo tras el fin del auxilio emergencial, que ahora vuelve pero a menos escala–, y esa autoridad de momento satisface a sus seguidores más acérrimos.

La posición de la Fuerzas Armandas

Lo que nunca ha conseguido atar al cien por cien Bolsonaro es algo que sellaría más si cabe su base de apoyo social: el apoyo sin fisuras de la mayoría de los militares. En el seno de las Fuerzas Armadas el pensamiento más extendido es que la imagen de las corporaciones está saliendo perjudicada formando parte del gobierno Bolsonaro, y eso es el principal capital de la institución. Las Fuerzas Armadas cerraron el régimen militar (1964-1985) casi sin despeinarse, sin un solo rasguño, protegidas por una ley de amnistía que evitó cualquier indagación judicia sobre la barbarie de la dictadura. Los militares presumen, encuesta tras encuesta, de ser la institución mejor valorada por los brasileños. La sensación de desprestigio se agudizó con la figura del general Eduardo Pazuello, sin ningún conocimiento del sistema público de salud, encabezando el ministerio de sanidad. Su especialidad, anunciaron desde las altas esferas, era la logística. Pazuello, ya exministro –tercer exministro–, va camino de ser imputado por la falta de suministro de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas a principios de enero.

"La mayoría de los altos mandos dieron el aval al gobierno Bolsonaro", recalca el diputado Ivan Valente. "Sucede que se ha demostrado que el Gobierno es desastroso, por lo cual ahora gran parte de ellos no quiere ser una guardia pretoriana del presidente y su familia. Bolsonaro quiere que estén a su servicio". Valente cree que aún es posible confiar en las Fuerzas Armadas, y, contextualizando cada época, hay bastantes diferencias entre 2021 y 1964, año del último golpe militar, que Bolsonaro conmemora cada 31 de marzo: "Actualmente no hay espacio nacional ni internacional para que Brasil sea Myanmar".

El trauma de ver a las Fuerzas Armadas en el poder es "muy grande", comenta Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) para este reportaje. "Una parte de las Fuerzas Armadas se equivocó al entrar en el gobierno Bolsonaro, que ha militarizado el Ejecutivo de manera desproporcionada". A la hora de la verdad, para tranquilidad de Santa Cruz, de la OAB y de buena parte de la población, "los comandantes han tenido buen comportamiento" en los momentos de máxima tensión.

Por si no hubiera suficiente presión para Bolsonaro, el Efecto Lula sigue su curso, tras el regreso al tablero político del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo. El bloque parlamentario del Centrão –grupo de partidos de derecha y centroderecha–, necesario como base de apoyo para cualquier Ejecutivo, se vende ahora mucho más caro que antes del resurgimiento del expresidente Lula da Silva, a dieciocho meses de las elecciones presidenciales. Lula conoce bien al Centrão y suele gestionar bien su influencia –eso a Dilma Rousseff se le escapó en 2016–. De aquí surge la decisión más arriesgada para Bolsonaro en la reforma ministerial de esta semana: ceder uno de los ministerios "de palacio" –los que comparten sede con el presidente de la República– al Partido Liberal, miembro del Centrão. La diputada federal Flávia Arruda ocupará el cargo de ministra de la Secretaría del Gobierno.

Entre los últimos movimientos presidenciales lo único que se veía venir era el derrumbe del canciller Ernesto Araújo. Las críticas del Congreso Nacional eran ya insufribles para el Gobierno. Araújo, falto de diplomacia y sobrado de arrebatos ideológicos, consiguió en su etapa al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores encrespar a Alemania, Israel y la comunidad judía mundial al afirmar que el nazismo y el fascismo son "movimientos de izquierda", y ha logrado también enfurecer a China, el mayor socio económico de Brasil, asegurando, entre otras cosas, que "el coronavirus hace despertar nuevamente la pesadilla comunista". Derecha, centro e izquierda coinciden en que su presencia ha perjudicado al país en unos meses en que urgía la negociación por vacunas. Su sustituto, Carlos Alberto Franco França, encargado de lavar –o al menos tratar de corregir– la imagen internacional de Brasil, no ha liderado ni una sola misión diplomática en el exterior, exactamente igual que Araújo.

Río de janeiro

01/04/2021 16:56 Actualizado: 01/04/2021 17:45

Víctor David López

Publicado enInternacional
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