La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos. Foto: Archivo.

Millones de usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir esta semana un aviso de la popular plataforma de mensajería pidiéndoles que acepten sus nuevos términos y condiciones antes del 8 de febrero si quieren seguir utilizando la aplicación.

“Al seleccionar ACEPTAR, aceptas las Condiciones y la Privacy Policy actualizadas, que entrarán en vigor el 8 de febrero de 2021. Después de esta fecha, deberás aceptar las actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, se lee en el mensaje que envió la plataforma a sus usuarios, tanto en Android como iOS.

La compañía explica que las actualizaciones de su política incluyen más información sobre el servicio de WhatsApp y sobre cómo procesa los datos; cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp y cómo la plataforma se asocia con su empresa matriz “para ofrecer integraciones en los productos de las empresas de Facebook”.

La política actualizada deja claro que los datos recopilados por WhatsApp se compartirán ahora con Facebook, lo quiera o no el usuario. Estos datos incluyen los números de teléfono, “datos de transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúa con otros (incluidas las empresas)” cuando utiliza sus servicios, así como información del dispositivo móvil y la dirección IP, entre otros.

“Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook, y también comparte información con ellas”, explica la política de privacidad. “Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook”, añade.

Compartir datos con Facebook será obligatorio para todos los usuarios, excepto para los de la UE, donde se aplica desde 2018 el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés).

En declaraciones a MailOnline, un portavoz de WhatsApp confirmó que “no hay cambios en las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp en la región europea (incluido el Reino Unido) que surjan de los Términos de servicio y la Política de privacidad actualizados”.

“Para evitar cualquier duda, sigue siendo cierto que WhatsApp no ​​comparte datos de usuario de WhatsApp de la región europea con Facebook con el fin de que Facebook utilice estos datos para mejorar sus productos o anuncios”, detalló.

8 enero 2021

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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EEUU demanda a Facebook por monopolio y pide que desinvierta en Instagram y WhatsApp

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

 

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos  en conjunto con una coalición de fiscales de 46 estados del país ha presentado este miércoles una demanda contra Facebook que aspira a reducir el tamaño de la empresa y su posición de mercado.

Según la demanda, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su "monopolio" en el sector de las redes sociales mediante conductcas anticompetitivas.

Así, acusan a Facebook de privar a los consumidores de los beneficios de un mercado competitivo y de mejores protecciones de privacidad mediante la adquisición de dos de sus principales competidores, Instagram y WhatsApp.

Entre las medidas que buscan destaca la posibilidad de que los tribunales fuercen a Facebook a deshacerse de esas dos populares aplicaciones, que compró por miles de millones de dólares.

"Durante casi una década, Facebook ha usado su dominio y poder de monopolio para aplastar a rivales más pequeños y terminar con la competencia, todo en perjuicio de los usuarios cotidianos", señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lideró la demanda estatal.

El director de la Oficina de Competencia de la FTC, Ian Conner, apuntó en un comunicado que el objetivo del Gobierno es frenar la "conducta de Facebook" y "restaurar la competencia" en el mercado.

La empresa californiana pagó en 2012 unos 1.000 millones de dólares para hacerse con Instagram y en 2014 desembolsó 19.000 millones para comprar WhatsApp, ambas operaciones aprobadas en su momento por la misma agencia reguladora, la FTC, que ahora presenta la demanda.

Las autoridades defienden que con esas compras Facebook ha podido controlar la competencia, dictar los términos para los desarrolladores que usan esas plataformas y ganar miles de millones de dólares con la venta de publicidad

La red social Facebook respondió este miércoles a las demandas antimonopolio presentadas en su contra por el Gobierno federal.

"Tras haber aprobado nuestras adquisiciones hace años, ahora el Gobierno quiere un segundo intento sin importarle el impacto que un precedente así tendría para el conjunto de la comunidad empresarial o para la gente que elige usar nuestros productos cada día", indicaron desde esa red social en un comunicado

san francisco

09/12/2020 22:21 Actualizado: 09/12/2020 22:38

agencias

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La suspensión de las patentes, rechazada por la UE y EEUU, es la clave para conseguir una vacuna para todos

La UE y EE UU votaron en contra de una propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra la covid durante la pandemia. "Es hora de que los gobiernos antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", reclaman casi 400 organizaciones internacionales que piden medidas para garantizar la accesibilidad universal.

 

El investigador y virólogo estadounidense Jonas Salk rechazó patentar la vacuna contra la polio. En una entrevista en televisión le preguntaron por el motivo. "No hay patente. ¿Se puede patentar el sol?", contestó el médico. Salk pudo haber obtenido beneficios multimillonarios, pero puso por delante la salud global. Hacer que su vacuna fuera accesible para todo el mundo. 70 años después de que comenzara a distribuirse esta vacuna, este dilema no está tan claro, y se corre el riesgo de que las vacunas contra la covid agranden las inequidades y desigualdades en todo el mundo.

Las últimas noticias sobre las vacunas contra la covid-19 son muy positivas, pero lo importante en esta pandemia no es solo tener vacuna: la accesibilidad, la equidad en la distribución, la logística y la concienciación ante la reticencia vacunal son claves que marcarán la estrategia, la campaña e incluso la efectividad. Aún nos quedan meses por delante sin que se empiece si quiera a distribuir la o las vacunas, pero el trabajo que hay detrás y la estrategia que se tiene que preparar ya suponen un reto descomunal. Y, ante todo, es fundamental que la esperanza de la vacuna no haga creer que hay que dejar atrás las medidas de prevención y seguridad que tenemos que llevar a cabo para prevenir el coronavirus durante toda la pandemia.

Las patentes de las vacunas son la clave para garantizar la accesibilidad universal. Hay muchas iniciativas internacionales que van dirigidas hacia la suspensión de las patentes durante la pandemia, pero los grandes gobiernos no han mostrado su disposición a esto. "Hay dos escenarios: vacuna para todos o el sálvese quien pueda. Tal y como se ha planteado hasta ahora, vamos hacia el sálvese quien pueda. Los países ricos siguen la estrategia que ha marcado la industria farmacéutica", lamenta Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha.

La accesibilidad universal de las vacunas es un asunto que está preocupando tanto a expertos y a organizaciones como Salud Por Derecho. Irene Bernal, investigadora de esta fundación, explica que hay iniciativas a nivel internacional surgidas desde la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) para que la propiedad intelectual se comparta por y entre instituciones públicas y privadas para transferir el conocimiento y garantizar la producción. "La OMS lo ha intentado, otra cosa es que los gobiernos, o todos los gobiernos, estén por la labor de dar este paso", comenta a Público.

Lamata considera que hay dos claves para entender que tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EE UU), instituciones fundamentales para propiciar un cambio de estrategia, ahora están favoreciendo el 'sálvese quien pueda'. En primer lugar, porque los 'países ricos' siguen la estrategia de compra anticipada "por si te quedas el último y te quedas sin vacuna al haber monopolio". "Tanto EE UU como la UE tienen varios acuerdos de reservas mientras que los países pobres no han podido hacerlas", desarrolla. En efecto, España está dentro de estos acuerdos comerciales que impulsa la UE. Por ejemplo, a nuestro país le tocarían 20 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer para inmunizar a 10 millones de personas desde finales de año o principios de 2021 de manera gratuita, según las últimas negociaciones.

La otra clave es que en la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada entre el 15 y el 16 de octubre, India y Sudáfrica, propusieron que se suspendieran determinados artículos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En la práctica, supondría que se liberen las vacunas y todas las tecnologías de las patentes mientras dura la pandemia y se  habría facilitado el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas.

"La mayoría de países ricos votaron que no. Es una mala noticia porque conseguir que todos tengan derecho a esta vacuna es una cuestión de justicia", insiste Lamata. En efecto, varios países de África y Latinoamérica votaron a favor o se mostraron favorables aunque pidieron más aclaraciones sobre la propuesta, pero los gobiernos de la UE, EEUU, Australia o Japón fueron algunos de los que las rechazaron. En realidad, la división de votos se puede ver entre países de ingresos bajos y medios e ingresos altos. Aunque no todo está perdido. Hay otra reunión que se celebrará antes de que acabe el año y la propuesta volverá a llevarse. Habrá un nuevo Consejo del acuerdo ADPIC donde se volverá a debatir. Una oportunidad que Lamata insiste en que no se puede perder.

En efecto, la pandemia ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad estructural en el acceso a los medicamentos y a las vacunas. Una barrera directa contra el derecho a la salud. 379 organizaciones internacionales ya lo han puesto de manifiesto mediante una carta en la que piden al Consejo de los ADPIC que se apoye la adopción de la exención en la próxima reunión. "Es una solución mundial para permitir la colaboración ininterrumpida en el desarrollo, la producción y el suministro. Es hora de que los gobiernos asuman una responsabilidad colectiva y antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales", subrayan las organizaciones en la carta.

Si esto no se consigue, como señala el médico de familia comunitaria Javier Padilla, iremos hacia un escenario en el que no habrá distribución equitativa: "No paramos de decir que nadie está a salvo si nadie está a salvo, pero nos enfrentamos a un riesgo de estratificación en dos partes: primero países de rentas medias y altas y luego los demás. Esto sería una fuente de grandes inequidades". Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, apunta que habría problemas adicionales para los países con menos recursos. Esta vacuna necesita una cadena de frío de -80ºC. Eso no es fácil ni en España donde habría ya complicaciones en los centros de salud, los lugares en los que habitualmente se llevan a cabo las campañas de vacunación, pero aún más en los países con menos recursos. La  mundial sería fundamental. 

Los expertos consultados coinciden en la importancia de la voluntad política de trabajar para garantizar la accesibilidad universal y que las vacunas tengan un precio justo. "La suspensión de la patente permite compartir la investigación, producirla de forma masiva, que más investigadores garanticen que la vacuna es segura e incluso poner un precio justo", insiste Lamata.

Bernal destaca que el precio de la vacuna es otro de los asuntos que más les preocupa. "Con la pandemia no se puede hacer negocio. Un precio justo supone que sepamos los costes de investigación, desarrollo y producción, y asumir un margen de beneficio razonable. El problema es que no hay transparencia. Si no sabemos cuanto ha costado el desarrollo de la vacuna, no se puede establecer", insiste la investigadora. 

Los expertos apuntan, además, que los proyectos han estado financiados con dinero público por las compras anticipadas de las vacunas que completan la fase de desarrollo. Pero, además, se ha invertido para que se pueda realizar la investigación. Un informe de Salud Por Derecho, La inversión pública en I+D en Covid, muestra cómo la financiación pública está jugando "un papel crucial" para el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la covid.

Pese a todas las razones y la importancia de poner por delante la salud de todos, aún hay muchas dudas e incógnitas que despejar para saber si esto se hará. Las organizaciones civiles como Salud Por Derecho insisten en que seguirán luchando para ello.

10/11/2020 22:13 Actualizado: 11/11/2020 09:31

beatriz asuar

@beaasuargallego

Vacunas contra el coronavirus: entre las pausas y las aprobaciones de emergencia

Cómo es el panorama de los diferentes laboratorios en la carrera por lograr la respuesta a la covid-19

Mientras que algunas farmacéuticas han pausado sus ensayos en Fase III por daños colaterales en alguno de sus voluntarios, otras aprietan el acelerador y buscan la aprobación de emergencia antes de fin de año. La perspectiva de los investigadores locales.

 

Aunque en la OMS se han inscripto casi 200 vacunas, son pocas las corporaciones que desarrollan los ensayos clínicos en fase III y cuentan con las mejores posibilidades. Mientras algunas –como Johnson & Johnson esta semana y AstraZeneca el mes pasado– debieron pausar sus ensayos para estudiar complicaciones y el desarrollo de afecciones inexplicables en algunos de sus voluntarios; otras, como Pfizer y Moderna, se apresuran a conseguir una autorización de emergencia para distribuir sus dosis en la población lo más rápido posible. En el medio, las presiones políticas del propio presidente de Estados Unidos que busca su reelección a toda costa. A continuación, se ofrece un panorama con las marchas y las contramarchas que se deslizan en un escenario dinámico; una competencia abierta entre gigantes del universo biotecnológico y de la salud que no se resignan a quedar afuera del podio.

Las que pausan

 “De las vacunas que se están desarrollando, a mi entender, hay algunas que tienen mejores perspectivas. Por ejemplo, las que utilizan virus inactivado, una tecnología más antigua pero mucho más robusta y segura porque ya se ha probado para otras enfermedades. Me refiero al caso de las chinas SinoVac y Sinopharm –la empresa estatal que está probando en Argentina–. Luego hay otras que emplean métodos más modernos. La de AstraZeneca, por caso, utiliza un vector viral, adenovirus (que comúnmente causa resfrío), al que se le agrega una cobertura con componentes del Sars CoV-2”, describe Mario Lozano, virólogo del Conicet y ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Después continúa con la enumeración para completar el panorama: “Por último, están las más novedosas de todas: aquí se ubican las de Pfizer y Moderna, que tan solo usan una parte del genoma viral (ARN mensajero). Se les tiene mucha confianza porque se podrían fabricar de forma muy barata pero se desconocen realmente cuáles podrían ser los efectos secundarios”.

En este marco, algunas han experimentado breves interrupciones. El lunes pasado la farmacéutica Johnson & Johnson anunció la pausa temporal de sus pruebas porque uno de los postulantes había exhibido “una enfermedad inexplicable”. Estaba siendo testeada en más 60 mil personas de 200 localidades de Estados Unidos y de otras naciones como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Sudáfrica y Argentina, que iniciaría con la convocatoria en breve. Hoy el acontecimiento está siendo evaluado por una junta médica independiente. A principios de septiembre, AstraZeneca comunicó que había decidido suspender su Fase III porque una de sus voluntarias en Reino Unido había desarrollado mielitis transversa –una enfermedad que afecta al sistema nervioso– luego de la inoculación. Estaba siendo evaluada en 50 mil participantes de Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y Estados Unidos. Al poco tiempo, como su vida no estaba en peligro y fue dada de alta, el procedimiento se reanudó, salvo en EEUU.

Los efectos adversos, en la abrumadora mayoría de los casos, son menores: un dolor de cabeza o unas líneas de fiebre suelen ser los más corrientes. No obstante, que algún voluntario desarrolle una enfermedad más grave constituye una situación “esperable” en cualquier diseño normal de vacuna. El desarrollo de una tecnología tan compleja está plagado de marchas y contramarchas. De hecho, con ese propósito se realizan los ensayos: para que el producto final sea lo más seguro y eficaz posible.

“Los estudios en Fase III involucran a decenas de miles de personas. Que en un grupo de 25 mil voluntarios, haya una o dos personas con alguna complicación es algo esperable. Si nosotros mañana seleccionáramos a 25 mil personas de la calle y realizáramos un seguimiento, también sería posible encontrar a dos o tres individuos que a lo largo de meses desarrollen algún problema. Ya sea un infarto, o una enfermedad, lo que sea. Los problemas no se detectan en las Fases I y II porque las pruebas son con menos postulantes”, explica Jorge Geffner, doctor en Bioquímica e Investigador Superior del Conicet. Luego, ofrece una cuota de optimismo para con los desarrollos que se realizan en el presente. “Hasta el momento, si uno suma la cantidad de voluntarios para todas las candidatas, estamos hablando de miles y miles de vacunados, de los cuales muy poquitos exhibieron alguna reacción adversa. Es una muestra fehaciente de que el estándar de seguridad en general viene funcionando muy bien, aun cuando los protocolos de base de cada una de las farmacéuticas las obligan a interrumpir sus inoculaciones, informar e investigar ante el registro de alguna anomalía. Confío en que el mundo producirá opciones seguras, desde mi perspectiva, no hay razón para dudar hasta el momento”.

Los equipos científicos detienen por completo el proceso porque los protocolos deben ser lo más exigentes posible. De lo contrario, resulta muy difícil que, una vez concluida la Fase III, la tecnología sea aprobada para su uso masivo por los organismos de monitoreo y control (Anmat en Argentina, FDA en EEUU). Es posible, además, que la patología pueda haberse desarrollado por efectos de la vacunación o no. Tal y como sugiere Geffner, cuando los voluntarios son decenas de miles, analizar qué ocurre con cada uno es mucho más complejo que hacerlo cuando las pruebas apenas son con 100 o 200 personas.

Frenar el protocolo cuando hay problemas es crucial. El propósito es que un equipo de especialistas externo a las instituciones que diseñan y prueban la droga, pueda extraer sus propias conclusiones al respecto. ¿Cómo sigue el procedimiento? Un comité de expertos evalúa las situaciones con detenimiento para especificar los detalles del suceso y chequean si otro de los postulantes experimentó reacciones adversas similares. Luego de un examen exhaustivo, deciden si es posible proseguir o si deben frenar el desarrollo de la vacuna.

Desde aquí, plantea Geffner: “No debemos perder de vista que las vacunas son tecnologías que demoran unos 10 o 12 años en desarrollarse y ésta se está fabricando en un par de meses. Lo que aún es una incógnita es a qué porcentaje de la población protegerá, si su eficacia llegará al 50% o al 90%. Si protegiera a la mitad de los habitantes del planeta ya implicaría una excelente noticia, por supuesto. Más teniendo en cuenta las segundas oleadas del virus en Europa. En Madrid, por ejemplo, el 80% de las instituciones de salud no tienen disponibilidad de camas, cuando hace un mes y medio se creía que lo peor ya había transcurrido”.

Las que buscan aprobar de emergencia

"Podríamos saber si nuestra vacuna es efectiva o no a finales de octubre", escribió Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer en una carta abierta difundida en el sitio oficial de la firma. Por este motivo, en noviembre, anunció que solicitará la autorización de emergencia para aprobar su vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Junto a la firma alemana BioNTech, la droga está siendo probada en Brasil, Estados Unidos, Alemania y Argentina. A nivel local, los ensayos en fase III son realizados en el Hospital Militar de CABA y coordinados por el doctor Fernando Polack de la Fundación Infant.

Moderna es la otra farmacéutica de EEUU que busca aprobar su alternativa hacia fines de noviembre para ser distribuida de inmediato. Donald Trump estableció un acuerdo con la farmacéutica para recibir 100 millones de dosis. Mediante el pacto, cerrado en agosto, los ciudadanos de aquel país podrán recibirla sin costo alguno. Para su fabricación, la corporación biotecnológica trabaja en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. Desde el 27 de julio, se realizan ensayos clínicos de Fase III para evaluar la seguridad y la eficacia. 30 mil voluntarios distribuidos en 89 centros a lo largo y a lo ancho del país reciben sus dosis y Anthony Fauci, el reconocido epidemiólogo y asesor de la Casa Blanca, cree que podrá llegar a la ciudadanía incluso antes de fin de año.

 “Las vacunas crearán un mundo distinto, un escenario transformado desde todo punto de vista. Pensemos que si vacunamos a los profesionales de la salud y a los mayores de 65 años, estamos protegiendo al sector más vulnerable y entonces se modificaría de forma positiva el horizonte. La aprobación de emergencia debe realizarse tras conocer los resultados de la Fase III, si Pfizer los difundirá en octubre no habría inconveniente en que inicie con la distribución en noviembre. Pero, en este afán, el rol de los comités de expertos independientes y la FDA será vital para analizar los resultados obtenidos”, precisa Geffner. Al respecto, también opina Lozano. “Las opciones de Pfizer y Moderna son las más novedosas. Si uno tuviera que decidir qué vacuna comenzar a distribuir masivamente y de emergencia, sería la china. Porque emplean mecanismos y procedimientos ya conocidos por la comunidad científica. Pfizer está ensayando un producto que si bien tiene muchas ventajas, aún no se ha probado a gran escala para ninguna otra patología”.

En ambos casos, si las pruebas clínicas en curso son concluyentes, las compañías podrían recibir el visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que habilitará su distribución entre los habitantes del país. La FDA tendrá en cuenta tres requisitos fundamentales: que sean seguras, que sean efectivas y que puedan ser fabricadas a gran escala. Desde este punto de vista, el organismo regulador comunicó que requerirá, al menos, de dos meses de datos que comprueben su seguridad antes de autorizar el uso de emergencia.

Tanto Pfizer como Moderna estarían en condiciones de iniciar con la distribución local antes de fin de año, porque ya habían comenzado con la producción de miles de millones de dosis desde hace algún tiempo. Hay que recordar que las grandes biotecnológicas del mundo deciden tomar el riesgo –empezar con la producción previo a concluir la Fase III de ensayos– porque de ser aprobada, perderían mucho tiempo en distribuirla si tuvieran que fabricarla de cero apenas recibieran la aprobación.

Trump y las elecciones

¿Por qué Estados Unidos busca comenzar a distribuir sus vacunas? Si bien este interrogante no puede saldarse a partir de una sola respuesta, hay un motivo que no puede perderse de vista. Se acercan las elecciones, Donald Trump busca su reelección y contar con una solución para la pandemia global posicionaría a su gobierno en un sitio más auspicioso respecto del que actualmente se encuentra. Bajo esta premisa, sostiene Lozano: “aprobar cualquier vacuna tan rápido solo se justifica a partir de la necesidad política que tiene el gobierno de Trump. De seguro debe estar presionando a las compañías de bandera para poder presentar resultados antes de las elecciones de inicios de noviembre”.

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Hacia una Muralla Tecnológica (Digital) Global

 

Se dice que la actividad espacial sólo es posible si se alcanzan los mayores logros tecnológicos que ella implica.

En estos momentos, esos logros están compartidos, por lo menos, por EEUU y China; lo que, sumado a las guerras en curso, puede desembocar en la formación de dos universos (Occidente y Oriente) separados por una muralla virtual pero eficiente, de base tecnológica, digital y espacial.

Cuando en junio China lanzó el último de los 30 satélites que integran el grupo orbital de Beidou, estaba dando un paso enorme para romper la hegemonía de EEUU en el espacio. No sólo se sitúa a la par del sistema GPS (de EEUU), sino que adquiere autonomía en el terreno militar, al no depender de otros sistemas para el lanzamiento de misiles y la defensa.

Una buena síntesis es que la de la emisora estatal china CCTV, al explicar la importancia estratégica de Beidou: "Un sistema de navegación es como una llave de oro de tu hogar que debe mantenerse sólo en tus propias manos".

Aunque EEUU acusa a Rusia y China de pretender "controlar el espacio", lo cierto es que si no dispusieran de sus propios sistemas de navegación espacial serían naciones desnudas frente a sus enemigos.

La decisión de China de construir Beidu fue tomada luego de que en 1996 perdiera dos misiles disparados a través del Estrecho de Taiwán, para "frenar un movimiento percibido hacia la independencia por parte de la isla". Los científicos chinos realizaron concluyeron que "las fallas de los misiles podrían haber sido causadas por interrupciones en el sistema GPS".

La construcción de Beidou tiene un carácter puramente defensivo y de autonomía nacional. Algo similar a lo que sucede con las otras dos redes existentes, la europea Galileo y la rusa Glonass.

Lo que realmente molesta a Washington es la pérdida del dominio casi absoluto de las comunicaciones y de los sistemas de navegación, y la velocidad con la que China ha sido capaz de montar su red.

"Sólo este año, envió su primera sonda independiente a Marte, completó la constelación de 30 satélites para su sistema de navegación Beidou, probó un nuevo tipo de nave espacial tripulada y su nuevo cohete de carga pesada Larga Marchs-5B. El lanzamiento más notable será la misión de exploración lunar Chang'e-5, que está programada para finales de noviembre", escribe el South China Morning Post.

Además, el próximo año comienza la construcción de la misión espacial permanente. Todo esto lo ha conseguido China de forma independiente, ya que Washington no le permite participar en programas espaciales liderados por EEUU.

​El sistema Beidou tiene otras implicancias que realmente molestan a la superpotencia. La más importante es que China pretende expandirlo a todo el mundo, entrando en colisión frontal con GPS, el sistema estadounidense que es por lejos el más utilizado en el mundo, iniciando su expansión por lo que algunos denominan "La Ruta de la Seda Espacial".

Para el Dragón son 20 años de desarrollo espacial imparable. China lanzó los dos primeros satélites a fines de 2000, para la primera versión de Beidou. En 2011 comenzó a desplegar la segunda generión de Beidou, con diez satélites que cubrían sólo China, para ampliarse luego a 20 satélites que ofrecen cobertura a la región Asia-Pacífico. Desde 2015, la tercera generación comienza a completarse, con 30 satélites y otros cinco experimentales, el último lanzado en junio.

Ya son 30 los países de la Ruta de la Seda que utilizan Beidou. El mapa podría ser el siguiente, según análisis de The Epoch Times: Beidou será un gran impulso a la infraestructura de la Ruta de la Seda, a la vez que "proporciona la brújula digital y el mapa para el sistema de objetivos militares del Ejército de Liberación Popular".

El mismo medio sostiene que el GPS de Estados Unidos, "es cada vez más vulnerable a las interferencias y ataques físicos, y necesita una actualización".

Por eso, días después del estreno de Beidou, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EEUU "propuso una legislación que reemplazaría el sistema GPS de Estados Unidos en los próximos tres años", para superar la exposición del sistema a interferencias. La furibunda reacción de Trump creando la Fuerza Espacial, definida como "el sexto brazo de las Fuerzas Armadas", en diciembre pasado, es parte de la misma reacción a Beidou.

China descoloca a Occidente por la velocidad de sus avances tecnológicos. Entre 1957 y 1991, durante la guerra fría, los soviéticos completaron la impresionante cantidad de 2.309 lanzamientos exitosos,  más del doble de los 938 lanzamientos de EEUU. China lanzó sólo lanzó 28 cohetes durante el mismo período.

Entre 2010 y 2019, China realizó 207 lanzamientos. Desde 1992, Rusia ha realizado un promedio de 30 lanzamientos por año y EEUU 23 por año.

En marzo de 2020, había 2.666 satélites en órbita. El 13,6% (363 satélites) son chinos, más del doble del número de satélites rusos (169) en funcionamiento. EEUU mantiene la superioridad con 1.327 satélites, pero las distancias se acortan a pasos de gigante.

De la mano del crecimiento de China, observamos cómo el mundo tiende a dividirse en dos grandes macro-regiones, que en algunos años tendrán su correlato en el terreno espacial, tecnológico y de internet. Blaine Curcio, fundador de Orbital Gateway Consulting, una compañía con base en Hong Kong que investiga el mercado satelital, sostiene que esta "bifurcación" tendrá hondas repercusiones.

"Aquellos que se sitúan a favor de China es probable que desconfíen más de los servicios de navegación por satélite de Estados Unidos y Europa", explica Curcio a la BBC.

El panorama se va despejando, aunque para peor. Cuando la globalización retrocede y el mundo tiende a regionalizarse, es imposible que siga existiendo una red de internet controlada y gestionada por EEUU, que maneja también el sistema de geolocalización GPS. Cada potencia tiende a evitar depender de otras, sobre todo de sus adversarios o enemigos.

Así como China tiende a ofrecer Beidou a sus aliados involucrados en la Ruta de la Seda, EEUU busca aislar esa expansión, de ahí la frenética actividad contra Huawei. La compañía de teléfonos china no es el problema, porque no compite directamente con ella. El problema para Washington es la pérdida del monopolio de las tecnologías más avanzadas, como lo demuestra el caso de los satélites, rubro en el que acarició el dominio casi absoluto luego de la implosión de la URSS en 1991.

En las próximas décadas, es posible que emerja un mundo tecnológicamente fragmentado. Una región asiática y euroasiática centrada en China y sus sistemas, llegando hasta Oriente Medio de la mano de Irán. Otra probablemente europea. Una alrededor de Rusia, probablemente aliada con China o con desarrollos propios, involucrando a algunas ex repúblicas soviéticas.

EEUU busca hacerse fuerte en América Latina y el Caribe, donde tiene mayor poder de chantaje. El continente africano está en disputa, aunque China cuenta con aliados importantes. La gran pregunta es qué sucederá con Europa, que en estos momentos es el centro de una disputa estratégica de incalculables consecuencias. Años atrás habríamos asegurado que marchaba hacia su independencia, pero ahora oscila, duda y no sabe qué rumbo tomar.

15:35 GMT 15.10.2020

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Acusan a Google, Facebook, Amazon y Apple y piden que sean divididas

Una comisión del Congreso de Estados Unidos advirtió sobre sus abusos

 

Tras 16 meses de investigación el Subcomité de Competencia de la Cámara de Representantes concluyó que esas empresas aprovechan su predominio para erradicar la competencia y reprimir la innovación. Los republicanos no refrendaron el informe.

Google, Amazon, Facebook y Apple siguen en la mira por el abuso que hacen de su posición dominante. Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se sumó a quienes reprueban las prácticas de esas empresas de tecnología y advirtió que aprovechan su predominio para erradicar la competencia y reprimir la innovación. Por ello pidió al Congreso estadounidense que obligue a estas compañías a separar sus plataformas de internet de otras líneas de negocio.

La solicitud la realizó el Subcomité de Competencia de la Cámara de Representantes, tras una investigación de 16 meses sobre el poder que ostentan esas empresas en el mercado. Los republicanos no apoyaron el pedido.

Qué dice el informe sobre Google, Amazon, Facebook y Apple.

El informe dice que estas cuatro empresas han exprimido su poder "incluso para ser más dominantes" y que la situación recuerda a la que ya se vio con los barones del petróleo o los magnates del ferrocarril.

Durante el curso de la investigación fueron analizados 1,3 millones de documentos y se realizaron también más de 300 entrevistas. Ante el comité comparecieron también el pasado mes de julio Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Tim Cook (Apple).

Los legisladores alertaron que "controlando el acceso a los mercados, estos gigantes pueden elegir a los vencedores y a los vencidos" en la economía. Y explicaron que lo hacen cargando tarifas exhorbitantes, imponiendo duros contratos y extrayendo datos personales y de negocios de tremenda importancia.

Señalaron también que su posición dominante les sirve para "mantener su poder de mercado", controlando la infraestructura en la era digital, así como otros negocios, lo que les permite identificar posibles rivales y, en último término, comprarlos y terminar con posibles amenazas a la competencia.

En resumen, dice el informe, estas empresas han explotado su poder para incluso ser más dominantes: "Simplemente se han convertido en monopolios que ya vimos en la era de los barones del petróleo o de los magnates del ferrocarril".

En el estudio se indica que Facebook y Google tienen poder monopólico. De Apple y Amazon se explica que tienen un "importante y duradero poder de mercado".

Los legisladores cuestionaron, además, a las agencias estadounidenses de defensa de la competencia. Sobre esos organismos apuntaron que no han logrado limitar el predominio de estas empresas.

El informe, de 449 páginas, recomendó al Congreso que considere una serie de medidas, como una legislación que obligue a estas compañías a separar sus populares plataformas de internet de otras líneas de negocio, además de cambios en las leyes de defensa de la competencia para revitalizar la aparente ausencia de un firme cumplimiento.

El informe no tiene consecuencias legales en sí mismo, pero los legisladores confían en que sus conclusiones animen a los responsables políticos a tomar medidas. Los republicanos no firmaron el informe y si bien se mostraron preocupados por el accionar de las empresas de tecnología, explicaron que no están de acuerdo con algunas de las recomendaciones que hacen los demócratas.

Gates dijo que los avances en vacunas y tratamientos permitirían el regreso a “una vida más o menos normal” para el año que viene. 

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Oxfam: países ricos compran por adelantado 51% de vacunas contra Covid-19

Para una distribución equitativa del biológico, 156 naciones participan en la iniciativa Covax, dice la OMS

 

Pekín. Los países ricos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, han comprado más de la mitad del suministro esperado de la vacuna contra el Covid-19, informó ayer Oxfam, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que un total de 156 naciones (64 de ellas ricas, con excepción de Estados Unidos y China) se sumaron a la iniciativa global Covax destinada a asegurar una distribución equitativa de las futuras dosis de una vacuna contra el nuevo coronavirus, que ya ha afectado a 31 millones 8 mil 78 personas en el mundo y ha provocado 962 mil 343 muertes.

Los países ricos han comprado 51 por ciento de las dosis prometidas de las principales vacunas candidatas contra el Covid-19, a pesar de que representan sólo 13 por ciento de la población mundial, dijo la ONG benéfica contra la pobreza Oxfam, en un comunicado publicado en su sitio web.

Oxfam analizó cinco acuerdos contratados entre gobiernos y compañías farmacéuticas –AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac– que tienen la capacidad de producción combinada de 5 mil 900 millones de dosis.

Ya se han alcanzado acuerdos de suministro de vacunas por 5 mil 300 millones de dosis, de las cuales 2 mil 700 millones han sido compradas por países y territorios desarrollados, mientras los 2 mil 600 millones restantes han sido comprados o prometidos a países en desarrollo como India, China y Brasil, dijo Oxfam.

"El acceso a una vacuna que salve vidas no debería depender de dónde se viva o de cuánto dinero se tenga", dijo Robert Silverman, gerente de promoción del Departamento del Sector Privado de Oxfam América.

Enfoque común contra un desafío común

En tanto, 156 países (64 naciones ricas, excepto Estados Unidos y China) se sumaron a la iniciativa global Covax destinada a asegurar una distribución equitativa de las futuras dosis de una vacuna contra el Covid-19, señaló la alianza impulsada por la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, instó a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso equitativo a las pruebas, diagnósticos, terapéuticas y futuras vacunas" e insistió en que el mundo "sólo puede salir de este desafío común con un enfoque común".

Por ello, reclamó apoyo para la iniciativa Covax, puesta en marcha junto con la Alianza de Vacunas Gavi y CEPI, que busca un esfuerzo común entre todos los países para que el biológico llegue a todos los países, también a los más pobres.

La meta de Covax es entregar 2 mil millones de dosis de una vacuna efectiva y segura para fines de 2021 en todo el mundo.

Por otra parte, al continuar el diferendo entre la OMS y Estados Unidos, la agencia de Naciones Unidas dijo ayer que no ha cambiado su política sobre la transmisión por aerosol del coronavirus, después de que los expertos de salud estadunidenses actualizaron sus lineamientos con una advertencia de que el Covid-19 puede propagarse a través de partículas en el aire.

Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, indicó que haría un seguimiento con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en las próximas 24 horas, después de que señalaron que el Covid-19 podría propagarse a través de partículas en el aire que pueden permanecer suspendidas y viajar hasta 1.8 metros.

"Ciertamente, no hemos visto ninguna evidencia nueva y nuestra posición al respecto sigue siendo la misma", afirmó en una sesión informativa.

El Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) dijo que 77 por ciento de los desplazados han perdido su fuente de ingresos desde que comenzó la pandemia.

En el estudio Espiral Descendiente, realizado en 14 países (Afganistán, Colombia, Irak, Kenia, Libia, Mali, Uganda, Venezuela, Somalia, República Democrática del Congo, Líbano, Jordania, Burkina Faso y Yemen), el CNR indica que cerca de tres cuartas partes de las mil 413 personas interrogadas señalan una clara degradación de su situación a causa de la crisis sanitaria.

Según este informe, 77 por ciento de ellas habían perdido el empleo o su salario se había reducido desde marzo, un porcentaje de 70 tuvieron que disminuir el número de comidas en casa y 73 por ciento afirman estar menos preparadas para llevar a sus hijos a la escuela debido a los problemas financieros.

Más de 200 personas dieron positivo a Covid-19 entre miles de solicitantes de asilo admitidos en un nuevo campamento para migrantes en la isla de Lesbos, Grecia, después de que el anterior se incendió.

En India, el emblemático Taj Mahal reabrió ayer sus puertas tras seis meses de cierre debido a la pandemia.

Estados Unidos tiene 199 mil 743 decesos y 6 millones 835 mil 13 casos de Covid-19, según la Universidad Johns Hopkins. América Latina registra 323 mil 894 fallecidos y 8 millones 759 mil 32 infectados por el virus, refirió Afp.

En Barcelona, cientos de médicos residentes comenzaron una huelga de tres días, en rechazo a la carga detrabajo y la precariedad laboral, reportó el diario El País. Los manifestantes se congregaron frente a la Maternitad de la capital de Cataluña, donde se encuentra la sede del Departamento de Salud.

"No es formación, es explotación", corearon los médicos residentes en su protesta en la que cuidaron la sana distancia y portaban cubrebocas.

"Se tira más de los residentes, porque somos la mano de obra barata", dijo uno de los participantes de esta protesta en la que rechazan, además, cargas laborales de hasta 60 horas semanales al considerar las guardias.

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Viernes, 07 Agosto 2020 06:59

Amazon, acusada de prácticas desleales

Amazon, acusada de prácticas desleales

Avanza una investigación contra la empresa en Estados Unidos

Los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán con el caso presentado en el Congreso y realizarán audiencias con testigos. 

 

La pelea entre Google, Amazon, Facebook, Apple (GAFA) y el gobierno de Estados Unidos avanzó un casillero. Después de las casi seis horas de debate ante la Comisión Federal de Comercio de la semana anterior, en la que las GAFA respondieron a las pruebas producto de una investigación de varios años que las acusa por prácticas desleales, los fiscales generales de Nueva York y California anunciaron que seguirán adelante con el caso de Amazon y realizarán en las próximas semanas entrevistas a testigos a través de conferencias conjuntas. 

En la práctica, la aparición de las fiscalías estatales implica la intención que tiene la justicia estadounidense de penalizar monetariamente a estas empresas, en este caso  a Amazon. Sin embargo, los tiempos legales de estos procesos son extensos: la Unión Europea comenzó esta batalla hace cuatro años, sobre todo contra Apple y Google, y aún no hubo ninguna resolución favorable: las firmas no tuvieron que pagar multas. Sin embargo, "no es lo mismo ser la Unión Europea contra una empresa estadounidense, que el propio Estados Unidos. También es un momento general de discusión en USA muy influído por las elecciones. Trump anunció que si él ganaba, las iba a controlar, pero la realidad es que las empresas tienen también injerencias políticas", reflexiona Cecilia Rikap, investigadora del Conicet y autora del paper "Amazon: una historia de acumulación vía extractivismo de datos y depredación". Desde la visita al Capitolio de Bill Gates, cofundador de Microsoft, en 1998, no se habían hecho audiencias antimonopólicas en el país.

La denuncia

La audiencia de la semana anterior no es más que una discusión de largo plazo. Aunque saquen la conclusión de que las prácticas que ejercen estas empresas son monopólicas y que deberían ser reguladas, el Congreso no tiene injerencia a la hora de decidir sobre los mecanismos de Defensa de la Competencia en Estados Unidos, salvo para realizar un cambio ante la Ley.  

La Ley de Defensa de la Competencia en Estados Unidos entiende que la competencia se encuentra amenazada si atenta contra el bienestar de los consumidores. Entender el carácter monopólico de Amazon es complejo. "No se la podría acusar bajo el concepto de esta ley, porque para ello tendría que estar ofreciendo un precio muy alto para los consumidores -típico análisis de monopolio neoclásico, de vender menos a un precio muy alto-, y Amazon hace todo lo contrario, vende a un precio más bajo", explica Rikap.  

La denuncia que se le realiza a Amazon es por prácticas desleales con otras empresas que operan (o no) en su plataforma. Monetizando los datos que recojen de los usuarios, ofrecen los mismos productos que sus clientes pero a un precio más bajo, deciden en qué puesto aparecen determinados artículos en los resultados de búsquedas, anulan a la competencia mediante la compra de plataformas que perciben exitosas y podrían proyectarse como competidoras. 

Con estas prácticas, Amazon hizo desaparecer al resto de los espacios de venta. En un esquema profundizado por la pandemia, los pequeños productores se ven obligados a vender sus productos en esa plataforma, que cobra comisiones cada vez más altas: "Amazon es quien organiza hoy el mercado y a la vez es oferente del mercado", resume la investigadora. Incluso, utilizan su poder para manejar la información y para bloquear opiniones y los datos. 

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El perverso mensaje de EEUU al apropiarse del remdesivir

Días atrás del gobierno de Donald Trump decidió comprar grandes cantidades del fármaco remdesivir, casi todo lo que el fabricante será capaz de ofrecer al mundo durante los próximos tres meses.

 

Se trata del primer medicamento aprobado contra el COVID-19, patentado por la empresa Gilead, lo que hace que ninguna otra empresa esté autorizada para producirlo. Según la información, se trata de 500.000 dosis compradas por EEUU, que equivale a toda la producción del mes de julio y el 90% de lo que se prevé para agosto y septiembre.

Es cierto que cada país tiene el deber de proteger la vida de sus ciudadanos. Sobre todo EEUU, donde la pandemia ha contagiado ya a casi tres millones de personas y se ha cobrado la vida de 130.000, con elevadas tasas de contagios en la actual oleada de rebrotes, que superan los 50.000 diarios.

Sin embargo, el mensaje que envía la Administración Trump al mundo es algo muy parecido a una declaración de guerra. La Unión Europea no ocultó su malestar que viene de mucho antes y se remonta a las "escaramuzas por las mascarillas y el supuesto intento estadounidense de hacerse con la empresa alemana CureVac, puntera en la investigación de una vacuna", destacaEl País.

En realidad, el remdesivir no es la solución a la pandemia de coronavirus, aunque "acorta las hospitalizaciones, pero no reduce la mortalidad ni disminuye los ingresos en la UCI", según el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal en Madrid.

En suma, no cura pero resuelve el problema que desvela a los gobiernos: el colapso del sistema sanitario.

La cuestión es más grave aún, ya que el laboratorio estadounidense Gilead, que produce el fármaco, vende cada dosis a razón de casi 400 dólares, llevando el costo total del tratamiento a 2.200 dólares.

El periódico español desnuda el inmenso negocio que supone la compra masiva de la Casa Blanca. La ONG Salud por Derecho, defensora del acceso universal a los medicamentos sostiene: "Cálculos hechos por la Universidad de Liverpool estiman que el coste de producción más un beneficio razonable sería de un dólar [90 céntimos de euro] por dosis".

La industria farmacéutica occidental se beneficia de las gigantescas inversiones que realizan los Estados para el desarrollo de nuevos fármacos, que luego rinden beneficios millonarios a las empresas privadas.

La directora de Salud por Derecho concluye que "estos elevados precios y los acuerdos como el de Estados Unidos ponen en riesgo el acceso al fármaco de toda la población que lo necesite".

Las razones por las cuales la Casa Blanca decidió hacer una compra tan masiva pueden oscilar entre dar un mensaje de "preocupación" por la salud de la población en plena campaña electoral, hasta un probable recado dirigido a la Unión Europea, que estos días decidió abrir sus fronteras a pasajeros de 15 países extra comunitarios pero no a los provenientes e EEUU.

Lo grave del asunto es que muestra la existencia de una guerra no armada entre aliados tan cercanos como EEUU y la UE. En abril, Francia denunció intentos de Estados Unidos de llevarse sus pedidos de China, pagando precios superiores y en efectivo en la misma pista donde se embarcan las mascarillas.

Se dirá que no es nuevo y que ha sido la tónica durante la pandemia, incluyendo peleas entre países de la misma Unión Europea. A principios de marzo, "Francia se apropió 4 millones de mascarillas que iban rumbo a España e Italia", provenientes de China, aprovechando una escala en la ciudad de Lyon para requisarlas.

La situación es más grave de lo que se piensa, ya que no se trata de un simple intento de tomar la delantera frente a otros países.

En primer lugar, la política de América primero, con la cual EEUU busca reposicionarse en el mundo y revertir su decadencia industrial, no sólo está destinada a provocar enfrentamientos con quienes ha declarado como enemigos (China, Rusia, Irán y Venezuela), sino que provoca tensiones y enemistades incluso con sus propios aliados.

En el estado actual del sistema mundial, nadie puede permitirse jugar solo y en contra de los demás. Esta política contrasta con la declarada por el gobierno de China, en el sentido de tejer alianzas de larga duración, como la Ruta de la Seda, que beneficien tanto al país que realiza inversiones como a los anfitriones.

En segundo lugar, esta puede ser apenas la primera escaramuza de una batalla mayor, cuando se consiga la primera vacuna contra el coronavirus. Como apuntó el investigador Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool: "Imagina que esto fuera una vacuna. Eso sería una tormenta de fuego. Pero tal vez esto es una muestra de lo que vendrá".

Al parecer, tanto las escaramuzas por las mascarillas y los respiradores al comienzo de la pandemia, como la actual disputa por el remdesivir, es algo así como un "ensayo general" de un enfrentamiento en ciernes a gran escala. La guerra comercial contra China y las tasas a las importaciones de productos de sus aliados que viene promoviendo Trump, van en la misma dirección: América primero es una declaración del guerra al resto del mundo.

La tercera es el agudo contraste entre esta política y la de Pekín, que donó millones de mascarillas a los más diversos países del mundo en todos los continentes. Se dirá, con razón, que son donaciones interesadas para mejorar su posición comercial y diplomática, lo cual resulta evidente. Aún así, el contraste con la política de Washington no puede ser mayor.

Finalmente, la cuestión de fondo es que China ha contenido la pandemia, mientras EEUU lucha con un rebrote inesperado y letal que retrasa aún más la ansiada reapertura de la economía. La crisis global generada por la pandemia encuentra al Dragón en plena expansión, pese a los tropiezos inevitables, mientras el Águila sigue su lenta decadencia, alienándose cada vez más aliados que resultan imprescindibles en la batalla por la hegemonía global.

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