La toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez marca el momento estelar de la esperanza en Colombia

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arranca este domingo. La población es consciente de que llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo.

 

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819 que marca el final de la colonización. Esa es la fecha en que toman posesión los nuevos presidentes del país. El 7 de agosto será el día del progresista Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. Él, un economista y ecologista exguerrillero. Ella, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. Petro es un intelectual serio, al que le cabe el complejo país en la cabeza. Pero fue por la presencia de ella que el pueblo entendió que había que salir a votar. Que venía lo impensable: un Gobierno popular.

Indudablemente, es un momento histórico para muchas generaciones de colombianos. Desde comienzos del siglo XX la oligarquía colombiana jamás dejó llegar al poder a un presidente socialista. Prueba de ello es la larga lista de líderes progresistas asesinados. El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas liberales que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

En realidad, no es la primera vez que un Gobierno popular llega a la presidencia en Colombia. Ya en 1854 una revolución urbana puso en el poder, casi a rastras, al general José María Melo, que no la había liderado. Melo era cobrizo, de ancestro indígena y, como Petro, exguerrillero, pues en las tropas libertadoras de Simón Bolívar llegó a capitán. En Alemania entró en contacto con las ideas socialistas entre 1836 y 1840, y en 1851 –ya de regreso a su patria– fue ascendido a general. La revolución que lo puso en el poder fue un enfrentamiento entre importadores y productores nacionales: los artesanos, el germen de la industria nacional. Tan pronto Melo fue proclamado presidente se unieron las fuerzas más retrógradas que aparentemente vivían enfrentadas entre sí: los esclavistas, prácticamente todos terratenientes, armaron a sus peonadas, se aliaron con los importadores y arremetieron con toda contra el presidente de la revolución popular. Lo tumbaron antes de un año. Melo no alcanzó a hacer mayor cosa porque se dedicó a defenderse de la arremetida militar. Los historiadores burgueses lo clasifican como dictador. Nada raro.

n Macondo la historia da vueltas en redondo, clamaba Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad. El conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria. Por poner un ejemplo, Colombia era un país algodonero con sus propios telares industriales pero que no produce ya ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

El Gobierno de Petro y Francia Márquez  también puede sufrir el peso de la unión de las oligarquías. Sabido es que el Pacto Histórico, la coalición que los llevó al poder y su soporte político, si bien logró la mayoría en el Senado está lejos de tener suficientes parlamentarios para sacar en solitario las reformas cardinales a las que se comprometió: establecer un modelo de salud preventiva eliminando empresas intermediarias entre el paciente y la atención médica y hospitalaria, reformar el sistema de pensiones, garantizar una educación pública gratuita y de calidad, establecer impuestos progresivos a los más ricos y gravar las tierras improductivas y, finalmente, comprar su cosecha a los campesinos y vender esa producción de alimentos a precios bajos en los barrios populares.

El Pacto Histórico, medido por el aplausómetro en manifestaciones y encuentros, es joven y ecologista y es esencial que saque adelante la transición energética. También el ingreso vital de medio salario mínimo para cuidadores, en su mayoría mujeres, y para madres cabeza de familia de los sectores populares. En la actualidad sería un pago equivalente a 113 euros mensuales.

Trasladar la Policía del Ministerio de Defensa y llevarla a una nueva cartera relacionada con la paz es otro de los objetivos de Petro. También renegociar el TLC con Estados Unidos, así como cambiar la doctrina militar del enemigo interno y eliminar el servicio militar obligatorio, lo que va en línea con la "paz total", una iniciativa de negociaciones regionales que avanza entre polémicas y obstáculos legales e incluso con la oposición del Tío Sam, siempre tan metido en Colombia, pero que es la más profunda aspiración popular. Implica no solo negociar con las fuerzas guerrilleras que quedan, la principal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también lograr la desactivación de las redes criminales y desactivar los "conflictos que no son de bala", como dice el pueblo. Para todo esto se requiere de mayorías calificadas en el Congreso, pues existen leyes en contra.

Las alianzas políticas que ha logrado el avezado senador del Pacto Histórico Roy Barreras, de origen liberal y a cargo de formar una especie de Frente Amplio, están ligadas a expectativas que muy probablemente no pueden ser satisfechas: las maquinarias de los políticos profesionales hoy en día no se basan en ideas sino en ambición. Cada reforma toca intereses de algún sector económico poderoso, desde la banca hasta los importadores de armas, pasando por los terratenientes y los comerciantes, tan implicados en el paramilitarismo de ultraderecha.

Se suman tareas que no dependen del Congreso, como el asunto cardinal de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, un completo programa de Gobierno que el saliente Iván Duque procuró dinamitar incluso tolerando el desfalco de los dineros de la paz para los próximos 10 años. También sacar adelante un plan de choque contra la desnutrición y desprivatizar el servicio de alimentación escolar, que en demasiados casos es el único alimento firme que reciben muchas niñas y niños en el día pero que se convirtió en botín de la corrupción. Petro deberá también irradiar una cultura de paz para afrontar la mentalidad paramilitar que se ha instalado en buena parte de la población beneficiada de una u otra manera por el narcotráfico y la guerra.

Y todas estas tareas tendrán que hacerse en medio del panorama económico poco prometedor, cuando en el escenario imperialista soplan vientos de guerra ante la fuerte recesión mundial en ciernes. Duque está dejando la olla raspada, con una deuda nunca antes vista, firmando contratos de largo plazo y haciendo nombramientos a diestra y siniestra de manera vergonzosa a solo días de dejar el poder. Para no hablar de su balance sangriento: 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 261 firmantes de la paz ultimados, 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, según Indepaz con fecha de 2 de agosto.

Pese a ello, en la Colombia profunda hay esperanza en el nuevo Gobierno popular. Hay conciencia de que lo que viene es compromiso y mucho trabajo y que llegó el momento de hablar de política con los demás, política de verdad, pensando en los nietos, no la archiconocida politiquería del "qué me das tú a cambio".

Colombia vive un momento único, porque el tribunal especial producto del Acuerdo de Paz (JEP por sus siglas) está emitiendo continuamente las confesiones de militares y exguerrilleros reconociendo sus delitos. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está presentando su informe final, un extenso y complejo material que pretende ser el retrato más actualizado de Colombia. El ministro de Educación de Petro, exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, ya anunció que el informe será material en las escuelas. Los docentes se devanan los sesos sobre cómo trabajar el contenido con sus estudiantes: qué es lo que la mayoría debe aprender y cuál la clave íntima que cada cual habrá de entender acerca de cada arista de la accidentada historia reciente de Colombia, que fue borrada de los planes de estudio académicos durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), periodo en el que también resurgió el paramilitarismo.

Antes de su toma de posesión ante el Congreso este domingo, el jueves Petro acudió ante las Autoridades Tradicionales del pueblo arhuaco en Nabusímake, en la mítica Sierra Nevada de Santa Marta, y tomó posesión ante ellas en un ritual conmovedor, con la presencia de su nueva embajadora en las Naciones Unidas Leonor Zalabata y su ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Lo ungió el mamu (sacerdote) Kuncha, uno de los más respetados por su sabiduría y su conocimiento ancestral.

"Fue una ceremonia muy bonita", comentó a Público el antropólogo y documentalista Yezid Campos, largo conocedor de los pueblos y los sufrimientos de la Sierra Nevada. Aunque otros presidentes han hecho lo mismo que Petro antes de su toma de posesión, este "no fue un acto de demagogia politiquera". A Campos le llamó la atención "la sensibilidad y sentimiento legítimo y sincero de Petro hacia la gente, hacia el ritual, su significado, su espiritualidad, su compromiso. Igual, el cariño de la gente de la Sierra hacia él. Fue un acto de comunión con lo que significa el pensamiento indígena, la unidad total entre el respeto por la naturaleza, el amor y respeto por la vida, y la justicia social". Los mamus le entregaron al nuevo presidente colombiano dos bastones que lo acompañarán en su defensa de la vida y de todo lo que existe en la naturaleza. Al final de su mandato, en cuatro años, Petro deberá regresar a la Sierra Nevada para rendir cuentas.

Bogotá

06/08/2022 22:08  

Constanza Vieira@constanzavieira

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Investidura de Gustavo Petro y Francia Márquez ante el mundo popular

Juraron con un ritual indígena y ante las organizaciones populares

 

El Parque Tercer Milenio se bamboleó con un ritual indígena que le dio la bienvenida primero a Francia Márquez y más tarde a Gustavo Petro. Con cánticos en lenguas ancentrales de los "mayores" (líderes) y un gran mandala lleno de elementos de la naturaleza, la vicepresidenta y el presidente electos por la alianza Pacto Histórico fueron investidos espiritualmente en la víspera a la toma de posesión formal del domingo. Será el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Petro se dirigió a los diversos movimientos sociales. "Les quiero agradecer su presencia en este acto ceremonial. Aquí va a comenzar un gobierno de la paz, de la justicia ambiental, de la justicia social. El poder real está aquí, en el movimiento popular". 

El líder progresista prometió inaugurar "un gobierno con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales. El presidente los convoca a organizarse". Y prometió construir una democracia multicolor. "Es una construcción nueva, democrática. Nunca se ha vivido en el país una democracia multicolor. El gobierno se pone al servicio de su pueblo".

Los representantes de distintas organizaciones, que ondeaban banderas, le respondieron con aplausos y cantitos de "Si se pudo, sí se pudo". Entre el millar de asistentes había familias con hijos, jóvenes, militantes, pertenecientes a pueblos originarios, afrodescendientes y zonas rurales de toda Colombia.  

Miriam Chamorro, de la etnia Emberá -Chamí, estaba en primera fila con un clavel rojo en la mano. Dijo a Página12, "la llevo para que la vida no muera en primavera". La mujer, de 60 años, vestida con un poncho azul, y con una larga trenza dijo que esperaba que con el gobierno que asume este domingo "la madre tierra esté más cuidada". "El francking debe ser abolido, como así otros proyectos extractivistas. Hemos vivido miles y miles de años sin ellos.. Si se acaba el agua limpia, los ríos, las montañas, ¿de qué nos habrá servido la productividad?". 

Entre las primeras medidas que se someterán a debate en el Congreso destacan la prohibición del fracking, una ley de urgencia contra el hambre y una reforma tributaria. Un nuevo esquema impositivo "más progresivo y justo", repitió Petro durante la campaña. Así, la mayor recarga tributaria recaerá sobre las 4 mil fortunas más grandes de Colombia. Se busca recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales (unos 11.500 millones de dólares).

Con la ambiciosa reforma tributaria el gobierno entrante pretende aumentar los recursos de la nación, que para 2023 tendrá un presupuesto de 391,4 billones de pesos (unos 91,190 millones de dólares de hoy) según el proyecto. 

En un país de 50 millones de habitantes, castigado por la inflación (10,2% interanual), el desempleo (11,7%) y la pobreza (39%), el gobierno electo propone una batería de reformas para reducir la brecha entre ricos y pobres, en uno de los países más desiguales de la región. 

Esas iniciativas generan expectativas entre los congregados en el Parque Tercer Milenio. Como Jorge Lara, afrodescendiente de 52 años, docente universitario.  "La brecha económica y social es muy amplia. Esperamos que Petro la pueda reducir. El 40 por ciento de la población vive en la pobreza. Es sumamente alta".

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 19,6 millones de personas estaban en condiciones de pobreza en el país el año pasado -de 50 millones- 

Lara subrayó la necesidad de vivir sin violencia. "Nosotros anhelamos la paz total en este país. Una vez que lo solucionemos podremos avanzar. Tenemos muchos recursos. Pero la guerra y la inseguridad que nos tocó vivir durante los últimos 60 años fue muy crítica y muy aguda. Si logramos la paz total como la plantea Petro podemos avanzar muchísimo". 

A Petro le tocará suceder a Iván Duque, cuyo gobierno estuvo marcado por su incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, el fracaso de su reforma impositiva y las críticas a su gestión por la represión a los manifestantes del estallido social de 2019. Tras la derrota electoral de la derecha y el establishment, el economista convocó a un Gran Acuerdo Nacional con partidos de centro, entre ellos el Liberal.

Los acuerdos que trazó Petro luego de su victoria se tradujeron en designaciones en los ministerios, así como en la conformación de mayorías en el Congreso. El gabinete aúna liderazgos tecnocráticos progresistas -como el de José Antonio Campo en Hacienda o Alejandro Gaviria en Educación-, con líderes indígenas en puestos importantes y un referente de derechos humanos, Danilo Rueda, como Alto Comisionado para la Paz.

Antes que el presidente electo, estuvo presente Francia Márquez, articuladora del mundo popular. Esta mujer afrodescendiente, feminista, anticapitalista, dijo que tienen enfrente a la "elite más peligrosa de la región", en clara alusión al probable acecho que tendrán de la los sectores más conservadores del país. Por eso, esta también activista ambiental insistió en el "Gran Acuerdo Nacional" para trabajar sobre el respeto a la vida y por la paz.

A los presentes les agradeció el largo camino de lucha. "Este camino no empezó en una campaña electoral, este camino empezó en la resistencia de los pueblos, resistencia que se ha mantenido en más de 500 años, que a muchos les ha costado la vida, que a muchos les ha costado el exilio y que a muchas mujeres nos ha costado casi todo", subrayó la vicepresidenta electa, quien proviene del departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 "Mis tareas son a partir de la delegación que haga el presidente. Lo que yo puedo hacer en este gobierno está en las funciones que me delegue el presidente y por supuesto mi voz, mis funciones estarán ahí", aseguró Márquez, en un mensaje entre líneas a su compañero. 

Mientras hablaba Márquez, Pilar Liscano, de 27 años, asentía y movía su bandera del Movimiento Ciudad en movimiento. Dijo que desde su organización iban a apoyar las iniciativas del Ministerio de Igualdad, que está previsto sea dirigido por Márquez. 

Liscano, joven licenciada en educación presencial, llevaba el pañuelo violeta en su cuello. "Queremos ayudar a mejorar la realidad de las mujeres y de las identidades de género", dijo a este diario. Y sobre el derecho al aborto, agregó. "La discusión avanzó en Corte Constitucional, existe un marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo, pero falta el avance en la sociedad. Los médicos pueden declarar objeción de conciencia". 

En esa línea sumó su entusiasmo con la figura de la vicepresidenta Farides Pitre Redondo, mujer afrodescendiente del departamento de la Guajira. "Francia Márquez representa a la mujer luchadora, a la que está en nuestros territorios, simboliza una oportunidad de cambio. Los pueblos étnicos esperamos que este cambio sea representativo para nuestras comunidades. El hambre y la violencia  pasen a segundo plano. Que tengamos mejor educación, necesitamos una política de salud diferencial. Esa es la esperanza que tenemos", dijo esta maestra de 53 años. 

En el momento de cierre de la investidura espiritual Petro les dijo a los presentes: Nos vemos mañana en Plaza de Bolívar. Allí, este domingo jurará como presidente después de décadas en las que buscó llegar al poder para cambiar a Colombia. De guerrillero del M19 (Movimiento 19 de Abril),  a alcalde de Bogotá (entre 2012-2015) y senador. En la ceremonia de investidura participarán una decena de jefes de Estado, entre ellos Alberto Fernández, Gabriel Boric (Chile) y Luis Arce (Bolivia), con quienes ha mostrado sintonía política. Y con quienes mantuvo reuniones Francia Márquez en una gira regional una semana atrás. 

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Francia Márque junto a Pérez Esquivel en el CCK.. Imagen: Télam

Conferencia de la vicepresidenta electa de Colombia en el CCK 

Dijo que el mayor desafío que tendrá su gobierno es promover la paz y también atacar las causas de la violencia: el hambre, el racismo y el abandono del Estado. 

 

Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia, habló de feminismo, medio ambiente, racismo y las reformas planeadas con su compañero de fórmula, Gustavo Petro, este sábado en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En diálogo con la autora Verónica Gago, la vicepresidenta remarcó su descendencia, consciente de que representa a comunidades vulneradas.“Mi presencia no es solamente la presencia de Francia Márquez, soy muy consiente que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” exclamó la presidenta.

Márquez se presentó saludando a los colombianos migrantes, a los pueblos afrodescendientes, a las mujeres, a las comunidad LGTBQ y, por último, a todo el liderazgo social y político argentino que mantiene un gobierno en resistencia.

El auditorio nacional, o la ballena azul, como se lo llama comúnmente, estaba a su máxima capacidad. El ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó a la vicepresidenta y la saludó con un fraterno abrazo. “Tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia” expresó Perez Esquivel luego de pedir que prendieran las luces del auditorio para verle la cara a la audiencia.

Desafíos 

Frente a la pregunta del futuro del gobierno que van a liderar Márquez y el presidente electo Petro, la vicepresidenta respondió que el mayor desafío que tienen es promover la paz, silenciar los fusiles, pero también, atacar las causas de la violencia armada. “Esas causas tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo” explicó Márquez. En su objetivo de restaurar la paz, la vicepresidenta confirmo que se abrirá la mesa de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En relación con la intención de promover la paz, Márquez agregó que es necesario discutir la política de drogas. Por un lado, estableció que era necesaria la discusión sobre la marihuana. “Se puede generar toda una industria, en términos farmacéuticos, alimenticios y textil, para generarle oportunidades a las mismas comunidades que han sido víctimas del narcotráfico” expresó la vicepresidenta. Por otro lado, cree necesario que se traten a los problemas de adicciones como un problema de salud publica y no como criminalidad.

La vicepresidenta colombiana criticó la política de tolerancia cero de Colombia y estableció que era una vía para la corrupción. “No se atacan todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. La droga sale igual del país, sale con la complacencia de muchos corruptos que han estado en las desilusiones del estado colombiano” denunció Márquez.

Reformas

En un contexto donde el gobierno de Petro tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso e incluso obtuvo el apoyo del partido derechista Unión por la Gente o, Partido de la U., Márquez comunicó que tomará el mando del Ministerio de la Igualdad a propuesta de Petro. El presidente, dijo, le propuso tres objetivos inmediatos al crear ese ministerio: la igualdad salarial entre géneros, el reconocimiento del trabajo de hogar para jubilaciones y la implementación de un salario mínimo para las madres.

Otras medidas primordiales para el entrante presidente de Colombia son la reformas tributaria, agraria y política. Con respecto a la primera, la vicepresidenta estableció que los principios implicados son los de una justicia tributaria donde quienes mas tienen, son los que mas tienen que aportar. “Uno puede hablar bonito, pero es con plata con lo que se hacen las transformaciones” dijo Márquez.

Feminismo

Unos de los primeros temas tocados por Márquez fue la lucha de las mujeres, poniendo el foco en las mujeres negras. En la entrevista, remarcó que aprendió de la lucha de su madre y su abuela, pero también de ejemplos argentinos como las Madres de Plaza Mayo, señalando a Nora Cortiñas que se encontraba presente.

Remarcó la difícil lucha que tienen las mujeres negras incluso dentro del feminismo. “Las mujeres negras e indígenas no estamos haciendo la lucha para romper el techo de cristal, las mujeres negras e indígenas están luchando para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, porque siempre han estado de rodillas” expresó Márquez.

La fuerza del pueblo

La entrevistadora le preguntó a Francia Márquez por el Paro Nacional en Colombia llevado a cabo en 2021, en el marco de protestas contra el Gobierno neoliberal de Iván Duque. La vicepresidenta estableció la importancia del hecho, el cual le dio fuerzas para postularse junto a Petro a las elecciones. “No eran los jóvenes universitarios ni los movimientos estudiantiles los que salieron las calles. Eran jóvenes que nunca habían pisado las puertas una universidad”, contestó.

Luego, remarcó la importancia de que se haga justicia por las agresiones, abusos y asesinatos policiales a manifestantes y por los presos que dejó el paro colombiano, estableciendo que puso a disposición de las víctimas abogados para hacer cumplir el debido proceso judicial. “Gracias a todos ellos es que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en el paro y yo me voy a poner en primera línea en el gobierno para defenderlos” remarcó la vicepresidenta.

Márquez culminó su charla esperanzada por los próximos cuatro años de cambio que se darán en Colombia. “Espero que después de cuatro años, mi corazón siga estando bien puesto” deseó la vicepresidenta frente a una audiencia que la aplaudía de pie.

La entrevista entre la vicepresidenta y la autora y docente feminista Gago se dió en el marco del Proyecto Ballena del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la generación de encuentros con referentes políticos y culturales para elaborar alternativas que ayuden a problematizar y mejorar el presente. Siendo este año la tercera edición, la directora del proyecto, Lilliana Viola, propuso debatir el concepto de libertad poniéndolo como consiga. En un mundo donde la libertad es cada vez más una construcción individual, el proyecto propone una libertad creada desde lo comunitario.

Quién es Francia Márquez

La vicepresidenta electa, de 40 años, nació en la aldea de Yolombó, ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. En ese pueblo, la explotación minera es el principal factor de la dependencia económica y de las luchas sociales. La mandataria trabajó como minera de oro artesanal, al igual que su padre, y luego fue empleada doméstica. Siendo madre soltera desde los 16 años, estudió en la Universidad de Santiago de Cali para recibirse de abogada.

Como la primera vicepresidente afrodescendiente de su país, y con lema de campaña “Soy porque somos”, refiriéndose a la idea de que su personalidad surge de una construcción colectiva, Francia Márquez consiguió mayoría el 19 de junio junto a su compañero de fórmula, Gustavo Petro. “Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, exclamó Márquez en su primer discurso como presidenta electa.

Márquez tiene larga experiencia en activismo ambiental desde el año 2009, donde fue reconocida por los reclamos para salvar el río Ovejas en su departamento natal, Cauca. Un activismo que la llevó a ganar el Goldman Environmental Prize, uno de los premios más importantes en términos de medio ambiente y ecología.

Gira por Latinoamérica

La vicepresidenta comenzó esta semana su gira por América del sur con el principal objetivo de entablar dialogo con sus pares de izquierda antes del cambio de mando. “Queremos establecer un diálogo fraterno con líderes políticos y sociales en temas de paz, Igualdad, cambio climático y justicia racial en la región” tuiteo Márquez al comienzo de la gira.

Su primer parada fue en Brasil, donde se reunió con Lula Da Silva en Sao Pablo. Encuentro que la vicepresidenta describió como fraterno y constructivo y en el que expresó su apoyo al candidato a presidente. Luego pasó por Chile, donde tuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric, aquien le agradeció su disposición para trabajar por la paz en Colombia, y por la creación conjunta de una nueva política de drogas, cambio climático y justicia de género.

En su visita en Argentina se reunió con el presidente Alberto Fernández. Conversaron sobre la agenda en común entre los países y sobre la coyuntura política internacional. Antes visitar al presidente, Márquez había estado con Cristina Kirchner, con quien habló de temas relacionados a la integración regional, la paz y la igualdad. Sin embargo, en el CCK no se mencionó la actualidad política argentina.

Márquez finalizará su gira por América del Sur en Bolivia. Este domingo tiene pactada una reunión con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, en La Paz. La vicepresidenta regresará a su país el lunes luego de diálogar con organizaciones sociales de mujeres indígenas y campesinas bolivianas. A la semana siguiente, el 7 de agosto, participará, junto a Petro, en la ceremonia de envestidura y cambio de mando

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28 de abril 2021, Vía twitter.

Aunque existan o surjan a futuro disensos legítimos entre el gobierno entrante y los actores sociales, todos tienen la responsabilidad ante su sociedad de aportar, construir, defender e implementar el proyecto progresista, promoviendo numerosos ejes de debate antiguos o recientes. La protesta social, tradicionalmente estigmatizada y criminalizada, debe ser reconocida y protegida. Se precisa aprovechar los espacios de contienda política, ante una excepcional apertura política.

Expectativas versus enseñanzas: movimientos sociales y gobiernos progresistas

Suele ser un momento de esperanza y efervescencia, para la protesta social, la llegada al poder de un gobernante que, aunque no directamente vinculado con los actores sociales, ha recogido en gran parte sus aspiraciones. Los gobiernos llamados progresistas en Ecuador (Rafael Correa, 2006-2017) y Bolivia (Evo Morales, 2005-2019), evidencian, al menos en sus primeros mandatos, la apertura de nuevos espacios de debate, participación o deliberación social, cultural y política, mediante canales institucionales y a través de dispositivos específicos (presupuestos participativos, leyes de participación, ampliación de poderes locales descentralizados u autónomos).

También se dieron procesos de reforma constitucional (consultas, asambleas constituyentes), que sin embargo mostraron el desfase que puede existir entre una fuerte movilización social y su traducción en términos electorales. A su vez, el texto constitucional, sin perjuicio de sus contenidos progresistas, no resuelve las fuertes tensiones sociales, políticas y culturales en sociedades tan fragmentadas en múltiples ámbitos. Sin mencionar los desencuentros posteriores entre los gobernantes electos y la franja mayoritaria de actores sociales que los “llevaron al poder” y luego se sintieron abandonados, olvidados o acaso traicionados por los mismos. El caso chileno actual también evidencia la tensión entre una fuerte movilización (octubre de 2019), y las dificultades para llevar a cabo el proceso constituyente, cuyo resultado final (la aprobación del nuevo texto constitucional) resulta aún incierto.

Este “recorderis”, más que una profecía de mal augurio, puede servir de enseñanza para el caso colombiano con la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pues, aunque recién inicia el proceso de transición antes de su posesión el próximo 7 de agosto, ya existen muchas expectativas y una legitima preocupación respecto a la orientación, la velocidad y sobre todo el alcance o profundidad del cambio que propiciará el nuevo gobierno, en el corto o mediano plazo.


En efecto, se trata de responder con cambios concretos a una multitud de aspiraciones, demandas y reivindicaciones expresadas por una gran diversidad de actores, entre ellos pacifistas, ecologistas, feministas, actores organizados en contra del racismo, la discriminación o la exclusión socio-racial. Colombia experimenta un ciclo de protesta desde 2011, con múltiples momentos cruciales de movilización: paros estudiantiles (tanto del sector público como privado) en 2011 y 2018, Paro Nacional Agrario en 2013-2014, Paro Cívico en Buenaventura en 2017, paros multisectoriales en 2019 y 2021, así como las “jornadas del 9S” en septiembre de 2020 contra la violencia policial, por mencionar solo los procesos más nacionales.

Todos estos actores y procesos de movilización expresan reivindicaciones que han sido ignoradas o desestimadas por décadas. Esto significa que el anhelo de cambio rápido y real es muy elevado; la impaciencia es notoria. Por ello, el momento actual es clave, pues aunque muchos actores sociales entienden que el cambio tiene sus ritmos y procesos, el camino a recorrer es estrecho y arduo, por la complejidad de los retos.

Múltiples retos, en un contexto de violencia sociopolítica

En primer lugar, la multitud de temas y debates que surgieron en los pasados paros nacionales y en el ciclo de protesta, evidencian una serie de retos apremiantes, sobre los cuales se moviliza una parte importante de la sociedad colombiana. Pueden mencionarse, como cascada y sin ser exhaustivos: la redefinición del modelo de desarrollo agrario ante el incremento de la pobreza rural; la reforma agraria y rural que ha enfrentado muchos obstáculos y retrasos, así como la redistribución de la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que no ha recibido el empuje y el financiamiento previsto en el marco del Acuerdo de Paz; el debate sobre la transición energética y la reorientación de la economía basada en recursos minero-energéticos y primarios, ante la fuerte contestación del modelo extractivista y del fracking en particular, como se evidenció en las consultas populares de 2017-2018 en contra de varios proyectos de extracción con altos impactos sociales y ambientales; la discusión en torno del empleo informal y de la pobreza urbana que afecta con especial realce a la población femenina, realidad más agravada durante la pandemia, lo que llevó a ampliar el debate sobre un posible ingreso básico en el paro de 2021, sin olvidar la situación precaria de los jóvenes sin estudio ni empleo, o de la población de la tercera edad con una jubilación muy escasa, o dependiente de un precario subsidio estatal. Todo lo cual obliga a repensar la redistribución social de la riqueza, en un país altamente inequitativo como lo es Colombia.

A esos retos económicos se suman otros, de índole cultural, social y política. Existe un debate creciente en torno a la definición cultural y política de la nación colombiana, como se vislumbró con el derrumbe de varias estatuas de invasores y fundadores de ciudades de la época colonial, cuyas estatuas fueron tumbadas en el paro de 20211. Este debate puede ampliarse, por su magnitud, tanto en el sector educativo como académico y en la sociedad en su conjunto, con el aporte e impulso de los actores tradicionalmente excluidos por motivos de racismo y discriminación.

A ello deben añadirse dos retos políticos tal vez aún más contundentes e inmediatos: uno tiene que ver con la agravación en los últimos años de la violencia social y política, con el regreso notorio, durante la pandemia, de la modalidad de masacres, en particular contra los jóvenes2, en muchos territorios marginados (algunos abandonados por las Farc después de su desmovilización) y copados por múltiples actores armados. La mayoría de estos grupos armados están relacionados con el narcotráfico y controlan gran parte del territorio nacional, como lo ilustró el “paro armado” del Clan del Golfo (5-9 de mayo de 2022) en casi una cuarta parte del país.

Finalmente, el segundo reto surge cuando se presenta ante el país el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que fue entregado el 28 de junio de 20223 y por socializar durante los próximos dos meses; lo que puede generar, entre diversos sectores sociales y políticos, álgidos debates sobre los contenidos relativos a la historia del conflicto y la persistencia hasta la fecha de los patrones de violencia; particularmente la violencia sexual, la desaparición forzada y los “falsos positivos”, que representan los temas más sensibles y sin resolver en la mayoría de casos.


Proteger los líderes y garantizar el derecho a la protesta pacífica

Por la magnitud, diversidad y complejidad de los retos y debates mencionados, y a pesar del contexto violento, puede existir, en el próximo gobierno, un conjunto de movilizaciones sociales en torno a la defensa de los derechos de los más marginados y excluidos –en parte representados o cercanos a la vicepresidenta electa– a los que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez podrían incorporar mejor en el debate y la vida pública. También es probable que se amplíen las movilizaciones en pos de defender y promover la paz –en consonancia con lo anunciado por los gobernantes electos, al hablar de una “paz total” y de la posible reanudación de las negociaciones con el Eln– y por la defensa del medio ambiente.

La posibilidad de lograr ser escuchados es mayor para los actores sociales, dado que el presidente electo ya mencionó el abandono del fracking en la explotación de recursos mineros-energéticos, y del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos. No obstante, para los defensores de la paz y del medio ambiente, el primer y más inmediato reto es lograr que se protejan efectivamente los líderes sociales movilizados en estas temáticas, que han sido entre los más afectados por la violencia socio-política. Tarea nada fácil ante la persistencia, incluso posterior a la elección del nuevo gobierno, del asesinato de líderes y de desmovilizados de las Farc, pese al aparente consenso político en torno al “Gran Acuerdo Nacional” convocado por Petro.

Más ampliamente, el derecho a la protesta pacífica, que entró en el debate público sobre todo desde el paro de 2019, debe volverse objeto de un debate legal amplio y más apaciguado, en aras a despenalizar la protesta, la cual debe ser el derecho, garantizando lo consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991, Constitución que el gobierno entrante ha llamado a cumplir a cabalidad. Ello implica, a más largo plazo, desmontar un complejo andamiaje judicial que ha penalizado la protesta (incluyendo la última Ley de Seguridad Ciudadana votada en diciembre 2021), y fomentar una reforma de la institución policial mucho más efectiva y profunda, como fue reclamado ante el nivel de represión del paro de 2021. Un propósito que podría generar fuertes roces con las instituciones que aún se rigen por la Doctrina de Seguridad Nacional y siguen estigmatizando la protesta como violenta y subversiva, aunque las investigaciones recientes evidencian una baja continua desde los años 1970 del nivel de violencia en la protesta social, con escasas excepciones4.

Movimientos sociales, oportunidad única

Finalmente, si bien el nuevo mandatario recogió en parte el sentir y las demandas de ciertos sectores del Paro nacional de 2021, principalmente en el ámbito socioeconómico, la relación entre el gobernante electo y los múltiples actores sociales presentes en la sociedad colombiana, dista de ser siempre consensual o armónica.

Francia Márquez, en tanto lideresa afro-descendiente y vicepresidenta electa, puede ayudar a apaciguar un poco la relación con varios sectores feministas que no apoyan la coalición del gobernante electo, escépticos con diversos líderes del Pacto Histórico (PH). Pero es de esperar que surjan disensos entre las agendas feministas diversas y las propuestas del futuro gobierno en este ámbito.

También podrían surgir discrepancias entre las diversas tendencias agrupadas en el PH, algunas más cercanas al los movimientos sociales y otras a la clase política tradicional con la que Petro ha buscado tejer alianzas para tener mayoría legislativa, y que tienen prácticas y trayectorias políticas distintas. En cualquier caso, las alianzas hacia dentro y hacia fuera son claves para garantizar el “Gran Acuerdo Nacional” promovido por Petro, en temas de paz, de justicia social y de justicia ambiental, tres ejes fundamentales del proyecto político del gobierno entrante.

En este sentido, tanto los movimientos y actores sociales afines o pertenecientes al PH, como los que están más distanciados de él, tendrán que definir su estrategia, entre la participación en debates legislativos y otros espacios de contienda política local y nacional, o más bien la autonomía y distancia crítica hacia el gobierno, que deberá aceptar, a su vez, la crítica constructiva a medida que va implementando las reformas anunciadas. Hay una inmensa responsabilidad social y política para los movimientos sociales, pues está en juego la implementación real del proyecto político alternativo, en un contexto excepcional de apertura política democrática.

Esta oportunidad de apertura política, que se perdió en el momento del Plebiscito por la Paz, en el que el “no” ganó por 50.2 por ciento de los sufragios expresados (y con 63 por ciento de abstención) en octubre de 2016, o que se esfumó otra vez con el fracaso del referéndum para reformar la clase política y luchar contra la corrupción, en agosto de 2018, es por ende ineludible para los actores sociales y para el nuevo gobierno. Las expectativas altísimas que hay alrededor de esta alternancia política, al ser defraudadas, tendrían un altísimo costo político para la sociedad colombiana.

Aceptar las divergencias, el disenso, el conflicto entre adversarios como lo ha planteado el nuevo Presidente, abandonar la doctrina del “enemigo interno”, proteger a los líderes sociales y excombatientes desmovilizados que promueven la paz, fomentar la justicia ambiental, la lucha por los derechos de los excluidos, la igualdad entre los géneros, la diversidad social y cultural y finalmente, propiciar la aceptación del pasado y de las responsabilidades históricas mutuas y compartidas en el conflicto, dejar de lado los silencios y los tabúes, reconocer a todas las víctimas por igual, son algunas de las tareas pendientes para el nuevo gobierno, sus aliados y sus oponentes, para hoy, mañana y pasado mañana. No hay tiempo que perder.

1 Saade M. «Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia», en: Las 2 orillas, 25-05-2021.
2 Indepaz (2020). Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Bogotá: Informe-Masacres.pdf (indepaz.org.co)
3 Disponible en varios capítulos temáticos y transversales, accesibles aquí: Inicio | Informe Final Comisión de la Verdad (comisiondelaverdad.co)
4 Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político, enero-abril, nº 98, pp. 167-190.

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Argentina: Anular el acuerdo con el FMI

1-La nueva ministra Batakis inició su gestión con un plan de ajuste disfrazado de tecnicismos. Anunció un drástico recorte del gasto público mediante la anulación de todas las partidas subjecutadas durante el primer semestre. Lo que no se gastó queda desechado y convertido en ahorro fiscal. Es lo mismo que hacía Guzmán en forma silenciosa (o escalonada) y que el año pasado desembocó en la derrota electoral del oficialismo.

Batakis anunció el congelamiento de los ingresos a la administración pública y una nueva versión del manoseado déficit cero (“se gasta lo que ingresa”). Se hizo eco de las exigencias de la ortodoxia neoliberal que presenta las erogaciones productivas o sociales del Estado, como la gran causa de los males del país. Omitió que ese drama radica en los impuestos que eluden los poderosos, los subsidios que reciben sus empresas y los despilfarros en el pago de una deuda fraudulenta, ilegitima y odiosa. Con la atención puesta en la “respuesta del mercado”, Batakis no expuso ninguna medida de compensación al terrible deterioro de los ingresos populares.

2-La nueva ministra repite las mismas recetas que su antecesor priorizando el sometimiento al FMI. Se reunió con los intermediarios del Fondo, ratificó el cumplimiento del acuerdo y abonó el vencimiento de una cuota del fraude (1.285,9 millones de dólares). Prometió recortar el gasto público en el porcentual exigido por los inspectores (7,5% en el segundo semestre) y puso en marcha la letra chica del convenio en materia de tarifas. También aquí mantuvo la mascarada de segmentación para encubrir que afectará al grueso de los usuarios. Desde Washington emitieron el esperado comunicado aprobatorio, alabando la “consistencia” de esas medidas.

3-Algunos oficialistas justifican la nueva agachada ante los acreedores con el repetido argumento de la urgencia. Afirman que es prioritario “calmar a los mercados” implementando las exigencias del establishment, para encarar posteriormente la agenda social. Con ese mismo pretexto han pulverizado en los últimos años los ingresos populares. La herencia de Macri y la pandemia sólo agravaron el ajuste, que demuele a los salarios por medio de la inflación. Es totalmente ridículo repetir que las concesiones a los poderosos constituyen el primer paso de una futura redistribución del ingreso. Lo que no se implementa ahora tampoco se instrumentará en el futuro. Al igual que Guzmán, Batakis debutó aplicando el libreto acordado con el FMI. Si mantiene ese guion se obtendrán los mismos resultados.

4-Para convalidar el acuerdo se evitaron las irrisorias medidas de compensación de la carestía, que el gobierno solía decretar frente a cada pico del desastre inflacionario. Hasta ahora no hay IFE, ni bono, ni aumento de emergencia. Tampoco se sugiere alguna aproximación al “salario universal” de 14.400 pesos, que no resuelve la desigualdad social pero es un aporte a quienes están en el nivel de indigencia. La aplicación de esa mejora en la versión más ambiciosa implicaría un gasto del 1% del PBI, es decir un porcentual semejante al que Batakis recortará en el próximo semestre. Es absurdo argumentar que ‘no hay plata”, en una coyuntura tan floreciente para el agro-negocio y las grandes empresas. Basta con observar los balances de esos sectores para notar dónde están los recursos para recuperar los ingresos populares.

5-Al igual que su antecesor Batakis convalida un desbordado nivel de superinflación, que los capitalistas utilizan para aumentar sus ganancias. El FMI convalida esta confiscación para subordinar la economía argentina a sus prioridades. Con un porcentual de carestía del 5.3% en junio y un piso del 7% en julio, el promedio anual ya se ubica en torno al 80% con riesgos de ascender y deteriorar aún más los ingresos populares. Se ha instalado una alocada remarcación cotidiana por parte de los formadores de precios que se ha difundido a todas las cadenas de productos y servicios. La incontenible cotización del dólar blue es el pretexto de ocasión para justificar este saqueo, mediante una falsa imagen de costos ascendentes en divisas para toda la cadena de precios. Los grandes capitalistas simplemente tienen piedra libre, porque cuentan con la inoperancia, la impotencia y la complicidad del gobierno.

Batakis repite la misma ceremonia de Guzmán en sus reuniones con las grandes empresas, para mendigarles alguna contención de la escalada inflacionaria. Esa farsa ya es tan inútil como la batería de precios cuidados o cotizaciones máximas para ciertos productos. La ministra ni siquiera propone alguna tregua para frenar la desatada inercia de aumentos. Tampoco repite la ficción de controles o la parodia de advertencias que ensayó Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Se ha estabilizado una descarada connivencia de todos los funcionarios con los capitalistas que aprovechan la ausencia de todo control para engrosar su enriquecimiento. El acuerdo con el FMI no sólo motoriza explícitamente esta carestía, a través de las minidevaluaciones de la paridad oficial, los incrementos de las tarifas y la tasa de interés. También propicia la escalada inflacionaria para incrementar la recaudación por encima de las erogaciones fiscales, De esa forma intenta reducir el déficit para acumular y pagar la deuda.

6-La crisis actual bordea el estallido por el vaciamiento de reservas que afronta el Banco Central. Al cabo de tres años de elevados precios internacionales de las exportaciones y gran superávit comercial, los 31.000 millones de dólares que ingresaron al país se evaporaron a través de la conocida “fuga de capitales”. El descontrol de esa dilapidación es responsabilidad directa de Guzmán y sus mandantes del FMI. Facilitaron los autopréstamos de las empresas con el exterior, el festival de injustificadas importaciones y las conocidas maniobras de evasión del agro-negocio. Sólo en los últimos 18 meses, la AFIP detectó subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por más de 4000 millones de dólares. Como la brecha con el dólar blue intensifica la presión devaluatoria, los exportadores retienen ahora la liquidación de 9.000 millones a la espera de una mejor retribución.

En lugar de efectivizar algún control real del comercio exterior, Batakis recurre a los pequeños parches en la supervisión del turismo o los gastos personales fuera del país. Los inspectores del FMI vetan cualquier intervención significativa en el ingreso o la salida de las divisas que manejan las grandes empresas. La única solución que propone el Fondo es una mega devaluación que destrozaría el salario y que el gobierno resiste (o demora).

7-La nueva ministra debutó con una refinanciación de la monumental deuda pública en pesos, que insume mayores pagos de intereses a los bancos que se lucran con el festival de las Leliqsi. Renovó los enormes vencimientos de títulos en moneda nacional, canjeando papeles con remuneraciones más onerosas y promesas de pago atadas a la cotización del dólar. Este nuevo escalón del endeudamiento del Estado fue festejado por el oficialismo como un gran logro, que elude constatar la simple prórroga de algún default de esos compromisos. La continuidad de esa bicicleta alimenta las fortunas de los financistas y acentúa el aprisionamiento de los bancos a la madeja parasitaria. Además, el BCRA facilitó la medida con garantías de recompra de los títulos públicos a la banca inversora en la deuda pesificada.

Todo el crédito que deberían destinar a proyectos productivos es canalizado hacia la inmanejable bola de nieve de las Leliqs y otros títulos de la deuda pública. El “ingreso universal” podría por ejemplo solventarse con lo que se derrocha en los intereses de esos títulos. Su refinanciación al borde del impago induce al periódico rescate por medio de un torrente de emisión, que a su vez acrecienta el descontrol inflacionario. Los economistas del oficialismo miran para otro lado o afirman sin ningún fundamento que ese monumental endeudamiento en pesos es indoloro para la economía e irrelevante para la inflación. Con ese argumento justifican el parasitario negocio de los banqueros, que por enésima vez esquilman las finanzas públicas sin aportar un sólo peso de inversión genuina. Mientras suscriben este saqueo de guante blanco, presentan a Batakis como una gran exponente del productivismo desarrollista.

8-El cumplimiento del cronograma que inspeccionará el FMI obstruye también la continuidad del alza del PBI que sucedió a la pandemia y amenaza con una recaída en la recesión. Georgieva no oculta esa recaída en su aval a las próximas acciones “dolorosas” que afrontará el gobierno. El recorte del gasto frenará como mínimo el plan de obras públicas, que sostiene el nivel de actividad, en un contexto de fuerte retracción del poder adquisitivo popular. El gran momento del agro-negocio y el continuado consumo de la clase media-alta, acrecientan la desigualdad y no alcanzan para disipar las presiones recesivas. Además, la dilapidación del superávit comercial ha pulverizado los dólares requeridos para sostener las importaciones necesarias en los ciclos de recuperación industrial.

9-Guzmán se fue, pero el FMI quedó instalado en todas las oficinas del Ministerio de Economía. Y no existe ninguna forma de implementar un giro hacia una política popular, si no se rompe ese encadenamiento. Las dos medidas básicas para contener la inflación sin ajustes contra el pueblo son vetadas por el Fondo. Rechazan la introducción de las retenciones para divorciar las cotizaciones internacionales de los precios locales de los alimentos, puesto que esperan cobrar la deuda con mayores incrementos de las ventas externas. Por eso se oponen a cualquier iniciativa que afecte al agro-negocio. También objetan la aplicación de la ley de Abastecimiento, para disciplinar a los remarcadores que se enriquecen con la carestía. Afirman que ese drástico corte de la inercia inflacionaria deterioraría la “confianza”, aumentaría la “incertidumbre” y alteraría los “mercados”. Con estas elegantes denominaciones presentan la empobrecedora fijación de precios desorbitados por parte de los capitalistas, que utilizan el respaldo del FMI para reforzar su oleada de remarcaciones. Han difundido, además, una falsa imagen de inutilidad de los controles de precios (“que siempre han fracasado”), omitiendo que nunca fueron implementados con decisión y eficacia. Lo que siempre ha imperado es un salvajismo de mercado que deprecia los salarios y los auxilios asistenciales.

La solución transita por instaurar controles reales en la cadena de formación de los precios, no sólo mediante inspecciones. Es necesario instrumentar intervenciones en las gerencias de las empresas para imponer un freno inmediato a la carestía. Ese control será efectivo, si actúan organizaciones populares de control de precios y comisiones internas de control de costos en las empresas formadoras, utilizando todos los medios tecnológicos actualmente disponibles, para garantizar una fijación racional de los precios básicos.

10-La anulación del acuerdo con el FMI es también indispensable para recomponer las reservas mediante un efectivo control del comercio exterior, que actualmente maneja una decena de grandes empresas. Esas compañías administran las exportaciones y las importaciones por el colador de los puertos, perpetuando la millonaria evasión impositiva que padece el país. El Fondo pretende cobrar la deuda, sin modificar la estafa al fisco que consuman sus socios capitalistas con la pasiva tolerancia del gobierno.

La retención por parte del Banco Central de las divisas generadas en el país y fugadas al exterior, exige poner fin a las auditorias trimestrales del Fondo que avalan ese vaciamiento. La libre movilidad de los capitales es un credo neoliberal, que el FMI pretende restaurar en Argentina eliminando paulatinamente los controles de cambios que el propio macrismo debió reinstalar para evitar un colapso. El gobierno actual los mantiene sin ninguna convicción y en los hechos ha delegado en los financistas el manejo real de las divisas. No se le ocurre decretar por ejemplo una emergencia cambiaria, que permitiría racionalizar el uso de los dólares que el país necesita, no los emite y los despilfarra.

Resulta factible compatibilizar esa estabilización de la economía con la redistribución del ingreso, si se efectiviza el control de los precios, el comercio exterior y el sistema financiero. Con esos resortes, la recuperación del salario dejaría de ser un simple mensaje electoral, para tornarse una conquista visible. Pero ese logro requiere un insoslayable paso previo de ruptura con las ataduras del FMI.

11-Sin recuperar la soberanía nacional de los mandantes del Fondo tampoco se podrá resolver la dramática carencia de trabajo genuino. Esa falta obedece a una estructura económica primarizada que multiplica las cosechas, la generación de energía y la extracción de minerales sin crear empleos equivalentes a ese aumento. Basta observar el divorcio existente entre el incremento de la superficie incorporada a la producción agroexportadora y la generación de nuevos trabajos en esas actividades para constatar, que sólo el crecimiento industrial y la expansión del mercado interno permitirán ampliar la dotación laboral.

Pero el FMI no sólo propicia el extractivismo y la primarización, también apadrina un modelo de recuperación pos-pandémica asentado en el deterioro del nivel de vida popular. Con el mismo nivel de desempleo que en 2017 hay 6 millones más de pobres y el trabajo informal se ha estabilizado en el 40% de la población. El asalariado pobre -que no alcanza a cubrir con su ingreso la canasta familiar- ya es un dato corriente de este escenario, que el FMI pretende eternizar. Sus voceros son enfáticos partidarios de una reforma para sepultar los derechos laborales conquistados en el último siglo. Presentan a los desocupados como culpables de sus propios sufrimientos y difunden la ilusión que el empleo brotará con la destrucción de las conquistas sindicales. Olvidan todas las fracasadas experiencias que desde el menemismo han recortado derechos sin generar un solo puesto de trabajo.

La última versión de ese atropello es propagada por los sectores del oficialismo que promueven el traspaso de los planes sociales a gobernadores y municipios. Por ese camino inducirían el pasaje de trabajadores al sector privado, con contratos más flexibilizados y mayores tasas de explotación.

Los tres cursos alternativos para crear empleo genuino -mejorando el salario y ensanchando las conquistas laborales- son inconcebibles con la auditoría del FMI. Los inspectores del Fondo rechazan un ambicioso plan de obras públicas complementado por empresas estatales, para motorizar la creación de millones de puestos laborales. Mucho menos aceptan la reducción de la jornada de trabajo, en las actividades que esa disminución permitiría engrosar la fuerza laboral. Finalmente se oponen en forma terminante a multiplicar las subvenciones y créditos a los emprendimientos de los movimientos sociales, que han puesto en pie cierto entramado de la economía cooperativa.

12-El acuerdo con el FMI se firmó hace tan sólo tres meses, en un clima de chantaje que equiparaba el rechazo de ese convenio con el abandono del planeta. Se anunciaba que la oposición a ese compromiso conducía a la corrida cambiaria y a la disparada del dólar. Es lo que finalmente ha ocurrido por aceptar el torniquete de los acreedores. El fantasma del fin del mundo vuelve a irrumpir por haber suscripto lo que exigió Washington en connivencia con el poder económico local. Conviene recordar que el FMI no es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. El escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad, fue concedido abruptamente mediante una simple llamada de Trump, ratificando que Estados Unidos maneja todas las decisiones estratégicas de esa institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar soberanía económica hay que lidiar con esa tensión.

El próximo incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo y la consiguiente necesidad de un “perdón’ para renegociarlas, ratifica la necesidad de otra alternativa. El temido default nunca se efectivizaría con el FMI, puesto que esa cesación de pagos sólo se tramita con acreedores privados. Gracias al socorro que el gobierno de Alberto y Cristina aportaron al Fondo legitimando la estafa concertada con Macri, los directivos de ese organismo continúan disimulando el agujero que representa la deuda argentina (61% de las acreencias del organismo).

Ese muerto constituye un problema mucho más grave para ellos que para el país y sólo la temerosa mentalidad del gobierno ha impedido registrar ese dato. En el escenario creado por la guerra de Ucrania ya es disparatado afirmar que Rusia y China estrecharán un frente con Estados Unidos contra la Argentina, si el país decide anular el acuerdo con el FMI. Desde hace décadas Argentina sufre pobreza, desigualdad y estancamiento por pagar las estafas. Las pocas veces que resistió esa presión, el país logró cierto respiro y algún crecimiento. Por eso conviene reconocer las dramáticas desgracias que padecemos por aceptar el ajuste, antes que dar vueltas en torno a las eventuales adversidades que afrontaríamos por derogar el convenio.

13-Es hora de anular lo suscripto con el FMI poniendo también fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que fugaron los principales capitalistas. Antes de esperar recaudar ese monto en el exterior se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas. Y antes de buscar afuera desconocidos montos de dinero habría que recuperar los 20 mil millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados.

Esa misma ilusión condujo al inmovilismo esperando la benevolencia del FMI, el resultado está a la vista. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron.

14-La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistada en la calle a través de la acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo. Ese logro exige revertir la desmovilización y la naturalización del ajuste que imperó en los últimos años.

Por fortuna, la gran novedad actual es la recuperación de la resistencia, a través de una embrionaria convergencia de los movimientos sociales oficialistas con las formaciones piqueteras de la izquierda que han mantenido sin pausa su admirable y tenaz espíritu de lucha. Esta confluencia comenzó en la reacción común contra la criminalización de los dirigentes, que alienta la derecha, propician los medios y concretan los jueces con el guiño oficial. Desde la cúspide del gobierno se intenta debilitar a los movimientos sociales, traspasando los planes al manejo corrupto y discrecional de los gobernadores y los intendentes.

La resistencia a esa ofensiva se ha proyectado a la lucha social, con importantes gestos para unificar un plan de lucha común por el aumento del salario mínimo, la reapertura de los planes y la obtención de un bono de emergencia. El movimiento piquetero es el gran protagonista actual de la movilización y su acción tiende romper la pasividad que imponen las burocracias oficialistas en el movimiento sindical.

15-El potencial resurgimiento de una resistencia masiva modificaría el escenario actual, reabriendo la esperanza en una salida a la crisis favorable a las mayorías populares. En un lejano país que afronta una asfixia de endeudamiento similar a la Argentina, el pueblo acaba de tumbar al gobierno del ajuste. El primer mandatario de Sri Lanka escapó mientras los manifestantes invadían el Palacio presidencial.

En otra experiencia más cercana, en Ecuador, la sostenida movilización de organizaciones indígenas derrotó la represión. También impuso sus demandas a un gobierno sometido al mismo programa que el FMI impone a nuestro país. Estos dos datos recientes confirman que Argentina no resiste en soledad la cirugía que exigen los acreedores. La batalla por anular un acuerdo infame gana adeptos, conquista seguidores y logrará su cometido, si ese estandarte se convierte en la bandera central de todas las movilizaciones en curso.

Buenos Aires, 18 de julio de 2022

Claudio Katz, Eduardo Lucita y Julio Gambina son miembros de Economistas de Izquierda (EDI).

20 julio 2022

 

Notas

1/ Las leliqs (letras de liquidación) son instrumentos financieros emitidos en pesos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que consisten en deuda a descuento que solamente pueden adquirir los bancos. [nota de la editora].

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Urge encuentro nacional autónomo de movimientos sociales

En un nuevo escenario se adentran los movimientos sociales de nuestro país. Es un escenario novísimo, siempre deseado pero que, sin haberlo vivido antes de manera directa, abre un abanico de riesgos e interrogantes.

El marco de esta realidad surge del triunfo electoral del Pacto Histórico y de la apertura a un nuevo gobierno, y tal vez régimen, a partir del 7 de agosto.

Como es de conocimiento general, los movimientos sociales criollos inician un accionar dinámico, izando banderas de justicia, respeto a los Derechos Humanos, superación de la impunidad y cumplimiento de acuerdos firmados con varios gobiernos, entre otros aspectos, por lo menos desde 2013.

De aquella fecha y hasta el año 2021, el país vivió numerosas jornadas de protesta nacional, de la mano del movimiento estudiantil, del campesinado, de los indígenas reunidos en el Cric y como oleada general por amplios segmentos urbanos –2019-2021.

En particular, las vivencias de 2019 y 2021, como saldo final, político y cultural, dejaron la sensación de que existe una sociedad cada vez más consciente de su realidad, del tipo de gobiernos que soporta y de la manera como debía proceder para asfaltar un camino por justicia real y vida digna. Sus contrarios estaban identificados y todo parecía indicar que, en años no más allá del 2023/2024, el país viviría un nuevo estallido, tal vez nuevos estallidos sociales. Era una proyección fortalecida por un escenario global, encadenado a crisis de diversas connotaciones e implicaciones –económica, financiera, ambiental, civilizatoria, imperial, etcétera– y resumidas como crisis sistémica. Sus coletazos ahora se sienten un día en un continente y al otro a miles de kilómetros de allí. Y su pivote no dejará de oscilar de aquí para allá.

Por tanto, teníamos a mediados de 2021 un acumulado social replegado, tomando fuerzas que en 2022 concentró en la contienda electoral. Ahora una organización que sintetiza muchas de las banderas plasmadas en las docenas de acuerdos firmados e incumplidos por los gobiernos de turno está en el gobierno. ¿Qué hacer?

“Dilema, complejo es el asunto […]”, entona Raúl Garcés en su recordado tango, para luego preguntarse “¿qué he de hacer…?”. Y en el caso de los movimientos sociales despejar la duda no es asunto de optar por uno u otro amor. En su particular va mucho más allá e implica no uno ni dos sino varios asuntos más ante los cuales decidir: 1. ¿Arriar por un tiempo determinado sus banderas en espera de que el Gobierno asuma y cumpla con los acuerdos engavetados por sus antecesores? Si así procediera, ¿por cuánto tiempo debiera esperar? 2. ¿Acompañar de manera acrítica al Gobierno –se supone aliado– en su gestión? 3. ¿O llevarle el ritmo pero de manera crítica? 4. Ante la falta de concreción de las agendas pendientes y necesarias de satisfacción para superar los niveles de injusticia que determinan la vida de millones de connacionales, ¿llamar a la sociedad colombiana a la protesta social? Y si esa sociedad acude a este llamado, ¿procurar la desestabilización gubernamental?

Los interrogantes pueden ser muchos más, pero en su base, desde el primero y hasta el último que se pueda plantear, reposa el principio de la autonomía de los movimientos sociales, un imperativo que no es menor y cuya satisfacción es prenda de garantía para que el cambio que empieza a vivir el país, plasmado en este caso en un gobierno no oligárquico, no sea flor de un día.

La experiencia de gobiernos del carácter que ahora experimentaremos en Colombia ya fueron vividos en Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador, entre otros países. En todos ellos, la experiencia tomó más de un mandato al final de los cuales, una vez las fuerzas de la tradición retomaron su dominio, encontraron que de aquellos movimientos sociales que les opusieron resistencia en años anteriores ahora quedaba muy poco. Un escenario que les dejaba el terreno abierto, casi en su totalidad, para llevar a cabo una agenda regresiva con respecto a lo realizado por sus antecesores: reprivatizar empresas, incrementar impuestos con afectación indistinta de la población, ampliar modelos represivos y de control social, endeudar en mayor escala el país, etcétera.

Y en todos estos países había sucedido que los actores sociales habían arriado sus banderas por darles un compás de espera a sus gobiernos, considerados aliados. El caso extremo es el venezolano, en el cual la frontera entre Estado, gobierno y movimientos sociales quedó borrada, de manera que, una vez que el Gobierno emprendió agendas neoliberales, no contó con oposición social digna de ser considerada.

En otros casos, esta realidad estuvo acompañada, como en Ecuador, de una agenda gubernamental represiva que, ante el intento de resistencia social a medidas económicas, ambientales y laborales contrarias al interés general, no dudó en criminalizar a los actores sociales, satanizarlos y encarcelarlos. Debilitar a toda costa los movimientos sociales fue el propósito del gobierno ‘amigo’, logrando su propósito. Varios años debieron pasar para que los mismos lograran superar los graves efectos de estas medidas esgrimidas desde el poder.
Una experiencia en algo diferente se vivió en Bolivia, vivencia en la que, a pesar de la cooptación de un segmento de los actores sociales por parte de los gobiernos encabezados por Evo Morales, la vitalidad del sujeto social, con décadas de experiencia, logró conservar fuerzas para saber denunciarlo y dejarlo solo cuando fue necesario pero también para resistir al golpe de Estado y quebrar el dominio neoliberal tras pocos meses de usurpación de la voluntad popular.

Existen experiencias aún más delicadas, similares a la venezolana pero con impacto todavía más nefasto, como las que vivieron las sociedades del llamado “socialismo real”, incluida China, donde los movimientos sociales son simples parlantes de los partidos únicos, y con ello del Estado, lo cual los aleja del sentir social, así en apariencia, por estar integrados por millones, proyecten lo contrario. El devenir final de tales sociedades corrobora el error de no respetar la frontera que debe existir entre Estado, gobierno, partidos y movimientos sociales.

Tomando en cuenta lo ya vivido en otras coordenadas y en procura de tender fronteras desde ahora entre tales movimientos y el Gobierno que abre período el 7 de agosto, para traducir en acción la voluntad y la expectativa que bulle en amplios segmentos de Colombia por lo que viene, extendiendo las cartas sobre la mesa, es que se debe citar con carácter urgente un encuentro nacional autónomo de los movimientos sociales. Una cita que, precedida de una agenda abierta que recorra al país desde lo local/regional, haga realidad lo asegurado por quien habitará la Casa de Nariño al afirmar el día de su proclamación por el voto popular que lo definido en esos diálogos tendrá fuerza de mandato.

El reto no es menor, pues no se trata solamente de encontrarse entre los activistas, deliberar y definir qué y cómo hacer. El reto es mayor: corresponde buscar, convocar y garantizar que a la cita reflexiva y construcción de agenda por el cambio social llegue una parte no menor del electorado que votó por el cambio, incluidos quienes identificaron en Rodolfo Hernández el agente de tal sueño y, ojalá, quienes no se sintieron concitados ni por uno ni por otro de los candidatos.

De modo que el reto es concretar el encuentro del país nacional para dibujar y sellar la Colombia que queremos y la manera de hacerla realidad. Seguro en ello y para ello aportará el nuevo gobierno, pero con seguridad es necesario ir mucho más allá del mismo, seguridad que se desprende de la agenda conciliadora desplegada en procura de gobernabilidad, que le dará frutos en ese tópico pero menguará el tenor de las reformas que ostentamos como la segunda sociedad más desigual de la región y una de las primerísimas en todo el mundo.

Tomando como referencia el primer corte de gobierno que ya es norma por doquier, la fecha de ese encuentro, previo el ejercicio local/regional, ¿será a los cien días de iniciado el nuevo mandato?

Todas y todos tenemos la palabra.

 

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Urge encuentro nacional autónomo de movimientos sociales

En un nuevo escenario se adentran los movimientos sociales de nuestro país. Es un escenario novísimo, siempre deseado pero que, sin haberlo vivido antes de manera directa, abre un abanico de riesgos e interrogantes.

El marco de esta realidad surge del triunfo electoral del Pacto Histórico y de la apertura a un nuevo gobierno, y tal vez régimen, a partir del 7 de agosto.

Como es de conocimiento general, los movimientos sociales criollos inician un accionar dinámico, izando banderas de justicia, respeto a los Derechos Humanos, superación de la impunidad y cumplimiento de acuerdos firmados con varios gobiernos, entre otros aspectos, por lo menos desde 2013.

De aquella fecha y hasta el año 2021, el país vivió numerosas jornadas de protesta nacional, de la mano del movimiento estudiantil, del campesinado, de los indígenas reunidos en el Cric y como oleada general por amplios segmentos urbanos –2019-2021.

En particular, las vivencias de 2019 y 2021, como saldo final, político y cultural, dejaron la sensación de que existe una sociedad cada vez más consciente de su realidad, del tipo de gobiernos que soporta y de la manera como debía proceder para asfaltar un camino por justicia real y vida digna. Sus contrarios estaban identificados y todo parecía indicar que, en años no más allá del 2023/2024, el país viviría un nuevo estallido, tal vez nuevos estallidos sociales. Era una proyección fortalecida por un escenario global, encadenado a crisis de diversas connotaciones e implicaciones –económica, financiera, ambiental, civilizatoria, imperial, etcétera– y resumidas como crisis sistémica. Sus coletazos ahora se sienten un día en un continente y al otro a miles de kilómetros de allí. Y su pivote no dejará de oscilar de aquí para allá.

Por tanto, teníamos a mediados de 2021 un acumulado social replegado, tomando fuerzas que en 2022 concentró en la contienda electoral. Ahora una organización que sintetiza muchas de las banderas plasmadas en las docenas de acuerdos firmados e incumplidos por los gobiernos de turno está en el gobierno. ¿Qué hacer?

“Dilema, complejo es el asunto […]”, entona Raúl Garcés en su recordado tango, para luego preguntarse “¿qué he de hacer…?”. Y en el caso de los movimientos sociales despejar la duda no es asunto de optar por uno u otro amor. En su particular va mucho más allá e implica no uno ni dos sino varios asuntos más ante los cuales decidir: 1. ¿Arriar por un tiempo determinado sus banderas en espera de que el Gobierno asuma y cumpla con los acuerdos engavetados por sus antecesores? Si así procediera, ¿por cuánto tiempo debiera esperar? 2. ¿Acompañar de manera acrítica al Gobierno –se supone aliado– en su gestión? 3. ¿O llevarle el ritmo pero de manera crítica? 4. Ante la falta de concreción de las agendas pendientes y necesarias de satisfacción para superar los niveles de injusticia que determinan la vida de millones de connacionales, ¿llamar a la sociedad colombiana a la protesta social? Y si esa sociedad acude a este llamado, ¿procurar la desestabilización gubernamental?

Los interrogantes pueden ser muchos más, pero en su base, desde el primero y hasta el último que se pueda plantear, reposa el principio de la autonomía de los movimientos sociales, un imperativo que no es menor y cuya satisfacción es prenda de garantía para que el cambio que empieza a vivir el país, plasmado en este caso en un gobierno no oligárquico, no sea flor de un día.

La experiencia de gobiernos del carácter que ahora experimentaremos en Colombia ya fueron vividos en Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador, entre otros países. En todos ellos, la experiencia tomó más de un mandato al final de los cuales, una vez las fuerzas de la tradición retomaron su dominio, encontraron que de aquellos movimientos sociales que les opusieron resistencia en años anteriores ahora quedaba muy poco. Un escenario que les dejaba el terreno abierto, casi en su totalidad, para llevar a cabo una agenda regresiva con respecto a lo realizado por sus antecesores: reprivatizar empresas, incrementar impuestos con afectación indistinta de la población, ampliar modelos represivos y de control social, endeudar en mayor escala el país, etcétera.

Y en todos estos países había sucedido que los actores sociales habían arriado sus banderas por darles un compás de espera a sus gobiernos, considerados aliados. El caso extremo es el venezolano, en el cual la frontera entre Estado, gobierno y movimientos sociales quedó borrada, de manera que, una vez que el Gobierno emprendió agendas neoliberales, no contó con oposición social digna de ser considerada.

En otros casos, esta realidad estuvo acompañada, como en Ecuador, de una agenda gubernamental represiva que, ante el intento de resistencia social a medidas económicas, ambientales y laborales contrarias al interés general, no dudó en criminalizar a los actores sociales, satanizarlos y encarcelarlos. Debilitar a toda costa los movimientos sociales fue el propósito del gobierno ‘amigo’, logrando su propósito. Varios años debieron pasar para que los mismos lograran superar los graves efectos de estas medidas esgrimidas desde el poder.
Una experiencia en algo diferente se vivió en Bolivia, vivencia en la que, a pesar de la cooptación de un segmento de los actores sociales por parte de los gobiernos encabezados por Evo Morales, la vitalidad del sujeto social, con décadas de experiencia, logró conservar fuerzas para saber denunciarlo y dejarlo solo cuando fue necesario pero también para resistir al golpe de Estado y quebrar el dominio neoliberal tras pocos meses de usurpación de la voluntad popular.

Existen experiencias aún más delicadas, similares a la venezolana pero con impacto todavía más nefasto, como las que vivieron las sociedades del llamado “socialismo real”, incluida China, donde los movimientos sociales son simples parlantes de los partidos únicos, y con ello del Estado, lo cual los aleja del sentir social, así en apariencia, por estar integrados por millones, proyecten lo contrario. El devenir final de tales sociedades corrobora el error de no respetar la frontera que debe existir entre Estado, gobierno, partidos y movimientos sociales.

Tomando en cuenta lo ya vivido en otras coordenadas y en procura de tender fronteras desde ahora entre tales movimientos y el Gobierno que abre período el 7 de agosto, para traducir en acción la voluntad y la expectativa que bulle en amplios segmentos de Colombia por lo que viene, extendiendo las cartas sobre la mesa, es que se debe citar con carácter urgente un encuentro nacional autónomo de los movimientos sociales. Una cita que, precedida de una agenda abierta que recorra al país desde lo local/regional, haga realidad lo asegurado por quien habitará la Casa de Nariño al afirmar el día de su proclamación por el voto popular que lo definido en esos diálogos tendrá fuerza de mandato.

El reto no es menor, pues no se trata solamente de encontrarse entre los activistas, deliberar y definir qué y cómo hacer. El reto es mayor: corresponde buscar, convocar y garantizar que a la cita reflexiva y construcción de agenda por el cambio social llegue una parte no menor del electorado que votó por el cambio, incluidos quienes identificaron en Rodolfo Hernández el agente de tal sueño y, ojalá, quienes no se sintieron concitados ni por uno ni por otro de los candidatos.

De modo que el reto es concretar el encuentro del país nacional para dibujar y sellar la Colombia que queremos y la manera de hacerla realidad. Seguro en ello y para ello aportará el nuevo gobierno, pero con seguridad es necesario ir mucho más allá del mismo, seguridad que se desprende de la agenda conciliadora desplegada en procura de gobernabilidad, que le dará frutos en ese tópico pero menguará el tenor de las reformas que ostentamos como la segunda sociedad más desigual de la región y una de las primerísimas en todo el mundo.

Tomando como referencia el primer corte de gobierno que ya es norma por doquier, la fecha de ese encuentro, previo el ejercicio local/regional, ¿será a los cien días de iniciado el nuevo mandato?

Todas y todos tenemos la palabra.

 

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Publicado enEdición Nº293
28 de abril 2021, Vía twitter.

Aunque existan o surjan a futuro disensos legítimos entre el gobierno entrante y los actores sociales, todos tienen la responsabilidad ante su sociedad de aportar, construir, defender e implementar el proyecto progresista, promoviendo numerosos ejes de debate antiguos o recientes. La protesta social, tradicionalmente estigmatizada y criminalizada, debe ser reconocida y protegida. Se precisa aprovechar los espacios de contienda política, ante una excepcional apertura política.

Expectativas versus enseñanzas: movimientos sociales y gobiernos progresistas

Suele ser un momento de esperanza y efervescencia, para la protesta social, la llegada al poder de un gobernante que, aunque no directamente vinculado con los actores sociales, ha recogido en gran parte sus aspiraciones. Los gobiernos llamados progresistas en Ecuador (Rafael Correa, 2006-2017) y Bolivia (Evo Morales, 2005-2019), evidencian, al menos en sus primeros mandatos, la apertura de nuevos espacios de debate, participación o deliberación social, cultural y política, mediante canales institucionales y a través de dispositivos específicos (presupuestos participativos, leyes de participación, ampliación de poderes locales descentralizados u autónomos).

También se dieron procesos de reforma constitucional (consultas, asambleas constituyentes), que sin embargo mostraron el desfase que puede existir entre una fuerte movilización social y su traducción en términos electorales. A su vez, el texto constitucional, sin perjuicio de sus contenidos progresistas, no resuelve las fuertes tensiones sociales, políticas y culturales en sociedades tan fragmentadas en múltiples ámbitos. Sin mencionar los desencuentros posteriores entre los gobernantes electos y la franja mayoritaria de actores sociales que los “llevaron al poder” y luego se sintieron abandonados, olvidados o acaso traicionados por los mismos. El caso chileno actual también evidencia la tensión entre una fuerte movilización (octubre de 2019), y las dificultades para llevar a cabo el proceso constituyente, cuyo resultado final (la aprobación del nuevo texto constitucional) resulta aún incierto.

Este “recorderis”, más que una profecía de mal augurio, puede servir de enseñanza para el caso colombiano con la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez. Pues, aunque recién inicia el proceso de transición antes de su posesión el próximo 7 de agosto, ya existen muchas expectativas y una legitima preocupación respecto a la orientación, la velocidad y sobre todo el alcance o profundidad del cambio que propiciará el nuevo gobierno, en el corto o mediano plazo.


En efecto, se trata de responder con cambios concretos a una multitud de aspiraciones, demandas y reivindicaciones expresadas por una gran diversidad de actores, entre ellos pacifistas, ecologistas, feministas, actores organizados en contra del racismo, la discriminación o la exclusión socio-racial. Colombia experimenta un ciclo de protesta desde 2011, con múltiples momentos cruciales de movilización: paros estudiantiles (tanto del sector público como privado) en 2011 y 2018, Paro Nacional Agrario en 2013-2014, Paro Cívico en Buenaventura en 2017, paros multisectoriales en 2019 y 2021, así como las “jornadas del 9S” en septiembre de 2020 contra la violencia policial, por mencionar solo los procesos más nacionales.

Todos estos actores y procesos de movilización expresan reivindicaciones que han sido ignoradas o desestimadas por décadas. Esto significa que el anhelo de cambio rápido y real es muy elevado; la impaciencia es notoria. Por ello, el momento actual es clave, pues aunque muchos actores sociales entienden que el cambio tiene sus ritmos y procesos, el camino a recorrer es estrecho y arduo, por la complejidad de los retos.

Múltiples retos, en un contexto de violencia sociopolítica

En primer lugar, la multitud de temas y debates que surgieron en los pasados paros nacionales y en el ciclo de protesta, evidencian una serie de retos apremiantes, sobre los cuales se moviliza una parte importante de la sociedad colombiana. Pueden mencionarse, como cascada y sin ser exhaustivos: la redefinición del modelo de desarrollo agrario ante el incremento de la pobreza rural; la reforma agraria y rural que ha enfrentado muchos obstáculos y retrasos, así como la redistribución de la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que no ha recibido el empuje y el financiamiento previsto en el marco del Acuerdo de Paz; el debate sobre la transición energética y la reorientación de la economía basada en recursos minero-energéticos y primarios, ante la fuerte contestación del modelo extractivista y del fracking en particular, como se evidenció en las consultas populares de 2017-2018 en contra de varios proyectos de extracción con altos impactos sociales y ambientales; la discusión en torno del empleo informal y de la pobreza urbana que afecta con especial realce a la población femenina, realidad más agravada durante la pandemia, lo que llevó a ampliar el debate sobre un posible ingreso básico en el paro de 2021, sin olvidar la situación precaria de los jóvenes sin estudio ni empleo, o de la población de la tercera edad con una jubilación muy escasa, o dependiente de un precario subsidio estatal. Todo lo cual obliga a repensar la redistribución social de la riqueza, en un país altamente inequitativo como lo es Colombia.

A esos retos económicos se suman otros, de índole cultural, social y política. Existe un debate creciente en torno a la definición cultural y política de la nación colombiana, como se vislumbró con el derrumbe de varias estatuas de invasores y fundadores de ciudades de la época colonial, cuyas estatuas fueron tumbadas en el paro de 20211. Este debate puede ampliarse, por su magnitud, tanto en el sector educativo como académico y en la sociedad en su conjunto, con el aporte e impulso de los actores tradicionalmente excluidos por motivos de racismo y discriminación.

A ello deben añadirse dos retos políticos tal vez aún más contundentes e inmediatos: uno tiene que ver con la agravación en los últimos años de la violencia social y política, con el regreso notorio, durante la pandemia, de la modalidad de masacres, en particular contra los jóvenes2, en muchos territorios marginados (algunos abandonados por las Farc después de su desmovilización) y copados por múltiples actores armados. La mayoría de estos grupos armados están relacionados con el narcotráfico y controlan gran parte del territorio nacional, como lo ilustró el “paro armado” del Clan del Golfo (5-9 de mayo de 2022) en casi una cuarta parte del país.

Finalmente, el segundo reto surge cuando se presenta ante el país el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que fue entregado el 28 de junio de 20223 y por socializar durante los próximos dos meses; lo que puede generar, entre diversos sectores sociales y políticos, álgidos debates sobre los contenidos relativos a la historia del conflicto y la persistencia hasta la fecha de los patrones de violencia; particularmente la violencia sexual, la desaparición forzada y los “falsos positivos”, que representan los temas más sensibles y sin resolver en la mayoría de casos.


Proteger los líderes y garantizar el derecho a la protesta pacífica

Por la magnitud, diversidad y complejidad de los retos y debates mencionados, y a pesar del contexto violento, puede existir, en el próximo gobierno, un conjunto de movilizaciones sociales en torno a la defensa de los derechos de los más marginados y excluidos –en parte representados o cercanos a la vicepresidenta electa– a los que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez podrían incorporar mejor en el debate y la vida pública. También es probable que se amplíen las movilizaciones en pos de defender y promover la paz –en consonancia con lo anunciado por los gobernantes electos, al hablar de una “paz total” y de la posible reanudación de las negociaciones con el Eln– y por la defensa del medio ambiente.

La posibilidad de lograr ser escuchados es mayor para los actores sociales, dado que el presidente electo ya mencionó el abandono del fracking en la explotación de recursos mineros-energéticos, y del glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos. No obstante, para los defensores de la paz y del medio ambiente, el primer y más inmediato reto es lograr que se protejan efectivamente los líderes sociales movilizados en estas temáticas, que han sido entre los más afectados por la violencia socio-política. Tarea nada fácil ante la persistencia, incluso posterior a la elección del nuevo gobierno, del asesinato de líderes y de desmovilizados de las Farc, pese al aparente consenso político en torno al “Gran Acuerdo Nacional” convocado por Petro.

Más ampliamente, el derecho a la protesta pacífica, que entró en el debate público sobre todo desde el paro de 2019, debe volverse objeto de un debate legal amplio y más apaciguado, en aras a despenalizar la protesta, la cual debe ser el derecho, garantizando lo consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991, Constitución que el gobierno entrante ha llamado a cumplir a cabalidad. Ello implica, a más largo plazo, desmontar un complejo andamiaje judicial que ha penalizado la protesta (incluyendo la última Ley de Seguridad Ciudadana votada en diciembre 2021), y fomentar una reforma de la institución policial mucho más efectiva y profunda, como fue reclamado ante el nivel de represión del paro de 2021. Un propósito que podría generar fuertes roces con las instituciones que aún se rigen por la Doctrina de Seguridad Nacional y siguen estigmatizando la protesta como violenta y subversiva, aunque las investigaciones recientes evidencian una baja continua desde los años 1970 del nivel de violencia en la protesta social, con escasas excepciones4.

Movimientos sociales, oportunidad única

Finalmente, si bien el nuevo mandatario recogió en parte el sentir y las demandas de ciertos sectores del Paro nacional de 2021, principalmente en el ámbito socioeconómico, la relación entre el gobernante electo y los múltiples actores sociales presentes en la sociedad colombiana, dista de ser siempre consensual o armónica.

Francia Márquez, en tanto lideresa afro-descendiente y vicepresidenta electa, puede ayudar a apaciguar un poco la relación con varios sectores feministas que no apoyan la coalición del gobernante electo, escépticos con diversos líderes del Pacto Histórico (PH). Pero es de esperar que surjan disensos entre las agendas feministas diversas y las propuestas del futuro gobierno en este ámbito.

También podrían surgir discrepancias entre las diversas tendencias agrupadas en el PH, algunas más cercanas al los movimientos sociales y otras a la clase política tradicional con la que Petro ha buscado tejer alianzas para tener mayoría legislativa, y que tienen prácticas y trayectorias políticas distintas. En cualquier caso, las alianzas hacia dentro y hacia fuera son claves para garantizar el “Gran Acuerdo Nacional” promovido por Petro, en temas de paz, de justicia social y de justicia ambiental, tres ejes fundamentales del proyecto político del gobierno entrante.

En este sentido, tanto los movimientos y actores sociales afines o pertenecientes al PH, como los que están más distanciados de él, tendrán que definir su estrategia, entre la participación en debates legislativos y otros espacios de contienda política local y nacional, o más bien la autonomía y distancia crítica hacia el gobierno, que deberá aceptar, a su vez, la crítica constructiva a medida que va implementando las reformas anunciadas. Hay una inmensa responsabilidad social y política para los movimientos sociales, pues está en juego la implementación real del proyecto político alternativo, en un contexto excepcional de apertura política democrática.

Esta oportunidad de apertura política, que se perdió en el momento del Plebiscito por la Paz, en el que el “no” ganó por 50.2 por ciento de los sufragios expresados (y con 63 por ciento de abstención) en octubre de 2016, o que se esfumó otra vez con el fracaso del referéndum para reformar la clase política y luchar contra la corrupción, en agosto de 2018, es por ende ineludible para los actores sociales y para el nuevo gobierno. Las expectativas altísimas que hay alrededor de esta alternancia política, al ser defraudadas, tendrían un altísimo costo político para la sociedad colombiana.

Aceptar las divergencias, el disenso, el conflicto entre adversarios como lo ha planteado el nuevo Presidente, abandonar la doctrina del “enemigo interno”, proteger a los líderes sociales y excombatientes desmovilizados que promueven la paz, fomentar la justicia ambiental, la lucha por los derechos de los excluidos, la igualdad entre los géneros, la diversidad social y cultural y finalmente, propiciar la aceptación del pasado y de las responsabilidades históricas mutuas y compartidas en el conflicto, dejar de lado los silencios y los tabúes, reconocer a todas las víctimas por igual, son algunas de las tareas pendientes para el nuevo gobierno, sus aliados y sus oponentes, para hoy, mañana y pasado mañana. No hay tiempo que perder.

1 Saade M. «Cuando caen las estatuas: acciones públicas para hacer historia», en: Las 2 orillas, 25-05-2021.
2 Indepaz (2020). Informe de masacres en Colombia durante el 2020. Bogotá: Informe-Masacres.pdf (indepaz.org.co)
3 Disponible en varios capítulos temáticos y transversales, accesibles aquí: Inicio | Informe Final Comisión de la Verdad (comisiondelaverdad.co)
4 Barrera V. & Hoyos C. (2020). “¿Violenta y desordenada? Análisis de los repertorios de la protesta social en Colombia”. Análisis político, enero-abril, nº 98, pp. 167-190.

Publicado enEdición Nº293
Las dos caras de un mismo drama: El país en la deriva confrontacional

Ante el agotamiento y decadencia del modelo masista

“La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo crecen en una suerte de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven”. Eric Hobsbawm., Historia del Siglo XX.

  1. INTRODUCCIÓN.

En una extraña situación paradojal y como queriendo ir a contramarcha de procesos e insurgencias que están ocurriendo en países vecinos que anuncian esperanzadores avances y cambios (como en Colombia, Chile, Ecuador insurgente, y tal vez Brasil); nuestro país, Bolivia, parece como si estuviese empeñado en cumplir aquel extraño karma por el cual, como en el pasado, habiendo sido protagonista del primer grito libertario republicano de Latinoamérica aquel 16 de Julio de 1809, terminó siendo uno de los últimos países en lograr la independencia en 1825.

Es como como si se hubiese perdido el rumbo, porque habiendo marcado la ruta ya a inicios de este nuevo siglo, cuando sucesivamente se produjeron la guerra del agua en abril del año 2001, la guerra del gas en octubre de 2003 (que terminaron expulsando al neoliberalismo y transnacionales del país), y posteriormente la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado (cosa que países vecinos se encuentran recién emprendiendo luego de prácticamente dos décadas); ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre confrontacional, sin haber cumplido el mandato encomendado, ni haber realizado las tareas planteadas en aquella coyuntura performativa.

Por ello, si bien a poco más de una década y media de tiempo desde que se estableció el actual régimen de gobierno, quizás no exista aún la distancia y serenidad necesarias para ejercitar una evaluación histórica; pero a cambio, si se tienen ya elementos, factores y hechos que pueden permitir realizar un ejercicio prospectivo de lo que podría suceder a futuro.

En esa perspectiva, aleccionado por esa dura sentencia de Eric Hobsbawm con respecto de aquella juventud de fines del siglo XX, y precisamente para evitar y revertir esa suerte de rompimiento con el pasado (cuya cita se transcribe al inicio de este trabajo), la idea es alertar y prevenir acerca de lo que previsiblemente nos depara el actual curso de los acontecimientos y la forma de cómo se está encarando el proceso nacional. Al efecto, aludiendo al anverso y reverso de una moneda, ensayaré un análisis crítico acerca de lo que podemos llamar las dos caras del mismo proceso: el régimen de gobierno y la oposición política.

  1. EL RÉGIMEN DE GOBIERNO DEL MAS.

No es posible entender la deriva del régimen masista luego de los más de 15 años que lleva en el gobierno, sin hacer referencia a la decadencia y agotamiento del modelo que decidió adoptar e imponer. Asumiendo el criterio de Octavio Paz en referencia al concepto de decadencia en ese su tan lúcido análisis sobre la colonización española en México, también “baste con decir que el signo inequívoco de todas las decadencias es la pérdida de un proyecto nacional” 1/.

Y esto es precisamente lo que sucedió con el MAS. A lo largo de algo más de la década y media que ya lleva gobernando, si bien por ahora no se conocen ni es posible entender las razones de fondo que motivaron su accionar, en cambio sí existen hechos y decisiones incontrovertibles que dan cuenta de la decadencia y agotamiento de su modelo, en vista del extravío del proyecto nacional.

¿Cómo se explica esta situación que más allá de endilgar una grave responsabilidad respecto de un régimen de gobierno, en realidad evidencia la pérdida de aquel instrumento principal de construcción del futuro y el destino del país?. Lamentablemente la extensión de este trabajo no permite desarrollar con el detenimiento necesario cada una de las manifestaciones del proceso seguido en esta última década y media. Sin embargo, a efecto de ejemplificar y mostrar con claridad los hechos que dan cuenta semejante deriva, se hará mención a los hitos y expresiones más destacables.

Un Proyecto Nacional no es un asunto puntual que se construya a similitud de lo que se hace con un programa de gobierno o un plan de desarrollo. Es más, se trata de procesos de maduración, e inclusive conflicto y crisis, que no se circunscriben a un episodio circunstancial, menos burocrático, en el desempeño de la sociedad. Por ello, para contar con un proyecto nacional, no basta con disponer de un diseño o una propuesta para la gestión de gobierno. En realidad implica un acuerdo y un compromiso de carácter nacional que emerge de momentos constitutivos 2/ generalmente excepcionales que no surgen en situaciones de regularidad normal ni cotidiana, y que además demandan el involucramiento decisivo del todo el conjunto del país.

Ahora bien, después de la revolución de 1952 que también dio paso a uno, esto es lo que sucedió con el país aproximadamente desde inicios del año 2000 hasta que la Asamblea Constituyente aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Se trata de un proceso donde se condensan y asumen todo el conjunto de aspiraciones, luchas y propuestas (incluyendo por ejemplo la histórica agenda nacional de Octubre 3/) que en principio se habían expresado como movimientos de insurgencia y rebelión popular en las guerras del agua y del gas, para terminar siendo plasmadas y traducidas en una versión equivalente de mandato constitucional, que deviene como resultado del debate y la concertación nacional alcanzada en la Asamblea Constituyente, pocos años después. Por eso puede sostenerse que la nueva Constitución contiene el mandato soberano y es equivalente a lo que se entiende por un Proyecto Nacional que terminó desplazando, expulsando y derrotando al proyecto neoliberal que (influenciado por la corriente mundial de la llamada escuela de Chicago) se había adoptado en Bolivia desde 1986.

Este es el Proyecto Nacional que el régimen del MAS abandona, traiciona y termina envileciendo. Tanto es así que llega al punto no solamente de cerrar y negarle al país la oportunidad de resolver los problemas nacionales y saldar las deudas históricas que le aquejan, sino también al dar continuidad a aquellos perversos ciclos de expoliación, enajenación antinacional y usurpación de nuestros recursos naturales tan dramáticamente denunciados por Sergio Almaraz 4/. A diferencia de los ciclos anteriores, en el caso del régimen del MAS han llegado inclusive al extremo de la destrucción de la naturaleza y la vida, la pérdida de inmensas extensiones de bosques, recursos genéticos y la biodiversidad del patrimonio nacional, para terminar recalando en el litio, como el nuevo recurso a disposición.

Aunque evidentemente ningún proceso histórico tiene carácter lineal ni es mecánicamente ordenado en vista de los cambiantes factores y fuerzas que intervienen, en este caso el abandono, la traición, y el envilecimiento al que hicimos referencia, se expresaron como una sucesión paulatina, acumulativa y sistemática de hechos y decisiones que terminaron extraviando y perdiendo aquel Proyecto Nacional popular que se había pergeñado con tanto sacrificio.

El primer peldaño y muestra del abandono del Proyecto Nacional, se exteriorizó por medio de aquella negociación congresal que dio curso al cambio de varios aspectos del contenido de la Constitución aprobada en Asamblea Constituyente 5/. Ese hecho constituye el antecedente primigenio de un proceso que, independientemente de la responsabilidad del régimen masista de entonces, ha terminado dejado desguarnecido al país.

Junto a ello, es imposible dejar de mencionar el abandono y tácito incumplimiento de tareas como la descolonización (que vaciada de toda perspectiva se ha convertido en una vergonzosa función de folclorización y negocio cultural, en la más optimista de las visiones), la despatriarcalización, o la construcción de un estado intercultural, etc., solo para mencionar ejemplos de una larga lista de asuntos nacionales que fueron a parar en el olvido, o que sencillamente adoptan el rostro de la farsa.

Después del abandono (aunque no necesariamente en forma cronológica sino inclusive simultánea), se patentizó la traición. Ello lleva a preguntarse: ¿Dónde quedó el gobierno de los pueblos indígenas que se decía representar y defender?. ¿Cómo se explican las violentas represiones, los enfrentamientos, cercos militares, etc., como en Chaparina, Takovo Mora o Caranavi donde al margen de atentar flagrantemente contra derechos constitucionales inclusive se cobraron muertos y delitos que quedaron en la impunidad?. Tampoco puede dejar de mencionarse la aprobación de normas como la de deslinde jurisdiccional, o las autonomías por ejemplo. En ellas, a contra ruta de cumplir el mandato constitucional reafirmando el carácter plurinacional por medio de la promoción de la interculturalidad y el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas; más bien terminan distorsionando, supeditando y anulando toda posibilidad de ejercer plenamente derechos como a la consulta previa, la autodeterminación, la autonomía y hasta inclusive el respeto a sus territorios y su forma de vivir que sistemáticamente son avasallados, intervenidos y hasta destruidos 6/.

La traición no solo es la ausencia, incumplimiento o falta de correspondencia entre la palabra o el compromiso ofrecido y su realización; también es un delito cometido contra un deber u obligación pública que se ha jurado respetar y hacer respetar. Por eso, también se comete traición cuando se quebranta o transgrede una norma (mandato legal), que viene a representar y entraña un compromiso de cumplimiento. En ese sentido, la sustitución y suplantación del Proyecto Nacional contenido en la Constitución, por la imposición de Planes Nacionales de Desarrollo, no puede ser comprendida sino como un acto de traición evidente, porque no solo deja de lado un mandato y una obligación constitucional, sino que la suplanta con una versión que altera y es ajena (muy a pesar de que pueda alegarse amplios espacios de consulta y participación, porque ellos estaban alejados y despojados de los fines y objetivos constitucionales). Para ello, basta ver la mutación paulatina pero totalmente evidente que se produjo en el contenido de los planes nacionales de desarrollo, para terminar imponiendo el modelo desarrollista y salvajemente extractivista, denominado como agenda patriótica 2025.

Ello marca otra de las características del extravío y la pérdida del Proyecto Nacional. Se trata de su envilecimiento y distorsión hasta un punto en el que ya no basta haberlo dejado de lado, sino que se impone otro, no solo diferente, sino completamente antagónico. Mandatos como el Vivir bien en armonía con la naturaleza, descolonización, independencia y soberanía nacional, o cualquiera de los valores enunciados en la Constitución 7/, mismos que se encuentran en la antípoda de la competencia, el individualismo y la explotación que caracterizan al sistema imperante; solo han pasado a ser letra muerta, sin ninguna correspondencia con lo que sucede en la práctica y el Estado aplica actualmente.

En los hechos no se trata únicamente de la sustitución conceptual y terminológica, sino de la injerencia de una voluntad política impostora que suplanta la Constitución (convirtiéndola en una quimera inútil), a cambio de un sucedáneo de contenido y enfoque diferentes. La aplicación del modelo impuesto así lo demuestra claramente, porque en los hechos se traduce en la destrucción de la naturaleza, los territorios, áreas protegidas y bosques; la pérdida y enajenación del patrimonio nacional; el extractivismo salvaje de los recursos naturales; el avasallamiento ilegal, el tráfico de tierras, y la usurpación de derechos; la contaminación y envenenamiento de la tierra y los recursos acuíferos por mercurio y explotación salvaje del oro; el uso indiscriminado de agroquímicos venenosos, la pérdida de recursos biogenéticos, semillas nativas y diversidad natural; la creciente e incontrolada dependencia y sometimiento a los intereses corporativos internacionales; la pérdida de soberanía e independencia alimentaria; la enajenación de recursos estratégicos; la imposición de normas que legalizan lo ilegal (como la quema y los chaqueos extensivos de grandes extensiones de bosques), o la ampliación de la frontera agrícola y la flexibilización de normas que garantizaban la conservación y sostenibilidad en el manejo de recursos, inclusive yendo en contra de la vocación natural de la tierra y el suelo… En fin, una cadena destructiva y salvajemente extractivista que también está íntimamente vinculada con la corrupción y el aliento de actividades ilegales. Así, la degradación y extravío del Proyecto Nacional ya no se manifiesta únicamente como vacío o ausencia en un proceso decadente; en realidad puede traducirse como inviabilidad nacional. Más adelante veremos, las implicaciones de tal situación.

  1. LA OPOSICIÓN POLÍTICA.

En consonancia a un concepto tradicional y estrictamente representativo, los partidos políticos han sido entendidos como la expresión máxima de la democracia. Esta distorsión ha sido predominante a lo largo de los años. Tratándose efectivamente de uno de los factores principales de contrapeso al poder del Estado y requisito importante de la vida democrática (no más), inclusive se les otorgó un rol determinante y hasta exclusivo que implica el establecimiento de un régimen partidocrático, en el que no se puede ejercer los derechos políticos, sin intermediación de estas organizaciones. De esa manera, la participación y el ejercicio político quedan secuestrados y los partidos actúan cual si fueran dueños de la voluntad política del pueblo y la ciudadanía. Es decir, se dio paso a un régimen que no toma en cuenta otras y diferentes formas de ejercer la democracia, la relación Estado-sociedad y las nuevas formas de decidir, participar y elegir; como es el caso de la democracia directa y participativa, o la comunitaria, que están contempladas en la Constitución. La democracia quedó deformada y los derechos políticos cercenados.

Ahora bien, en la última década y media transcurrida en Bolivia, esta realidad sufrió algunas mutaciones que vale la pena destacar.

Luego de la derrota ideológica y la expulsión material del neoliberalismo que se produjo a inicios del nuevo siglo en nuestro país, aquella corriente económica y política pasó a convertirse en la principal fuerza de oposición nacional; la misma que se expresaba mediante y por medio de diferentes siglas partidarias que van desde sus extremos más reaccionarios y racistas, hasta las versiones liberal republicanas, pero igualmente conservadoras y vinculadas a los intereses empresariales y patronales de carácter tradicional.

Debilitados y derrotados en lo político, así como despreciados y rechazados por el sentimiento popular mayoritario que los identifica con las privatizaciones, la enajenación de los recursos nacionales y la subordinación a intereses antinacionales; todavía contaban con un poder económico importante que les permitía defender sus intereses privados y empresariales, inclusive promoviendo movimientos de resistencia y rechazo a medidas que consideraban atentatorias a su visión de país. Sin embargo, esa resistencia opositora predominantemente neoliberal no duró mucho tiempo. Al estado de debilidad, derrota y desprecio nacional que sufría, se sumó su división y fraccionamiento.

Sucede que a medida que pasaron los años desde las elecciones nacionales de 2005 (incluyendo episodios muy oscuros que no terminaron nunca de esclarecerse completamente) 8/, no solo se produjo el encarcelamiento o la huida de varios y connotados líderes políticos y cívicos de esa oposición conservadora que quedó desguarnecida; sino que muy sugestivamente (con un gobierno que teniendo dos tercios determinantes en la Asamblea Legislativa no descuidó la aplicación de la política del palo y la zanahoria con la oposición), también derivó en la cooptación y el establecimiento de alianzas, precisamente con una parte de aquellos sectores conservadores y reaccionarios que hasta entonces fungían de oposición.

Maltrecha y sufriendo en carne propia el resultado de sus propias acciones y aventuras, así como el abandono y descabezamiento de sus líderes y referentes más connotados, pero también aleccionada por aquella conseja gubernamental amenazante que les había dicho que respetaría cualquier iniciativa empresarial y económica privada mientras no se meta en política, una buena parte de esa oposición neoliberal y empresarial (especialmente los acostumbrados a cuotearse y negociar el poder), entendió que no le quedaba otra que aliarse al oficialismo si no quería desaparecer.

Para comprobar este extremo, basta revisar las listas de candidatos presentados en las elecciones nacionales y subnacionales que se sucedieron, la propia composición de autoridades elegidas en diversos departamentos y municipios, o inclusive el contenido de diversas normas, las graciosas concesiones, los incentivos y hasta perdonazos ilegales que se negociaron y aprobaron en favor de sus intereses.

Este recuento breve sirve para entender mejor lo que sucede actualmente con la oposición política en Bolivia. Especialmente el por qué (a pesar de la prevalencia de un criterio partidocrático), durante varios años los partidos políticos de oposición pasaron a ser prácticamente unas organizaciones vaciadas de representatividad, huérfanas de apoyo, e inclusive sujetas del desprecio mayoritario del país. Pero como nada es estático, en el discurrir de los acontecimientos y mientras la oposición política partidaria se debatía intentando salir y recuperarse del ostracismo en el que se encontraba; la sociedad civil comenzó a articular y organizarse de una manera inédita y autoconvocada. Lo hizo a través de plataformas, grupos de solidaridad, organizaciones de activistas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres que adquirieron un rol protagónico fundamental, etc. El motivo principal de esta inédita insurgencia social estaba alimentada fundamentalmente por el rechazo y la resistencia intransigente frente a la intención anticonstitucional y antidemocrática que buscaba perpetuar en el gobierno a Evo Morales. Pero también expresaba el malestar social acumulado frente a las medidas antipopulares y contra la inocultable tendencia del gobierno que ya para entonces había tomado un rumbo que no correspondía con el mandato constitucional recibido, y tampoco atendía las justas demandas sociales por derechos y libertades conculcados.

Los movimientos sociales espontáneos, autoconvocados y de resistencia, fueron el germen y principal canal de las luchas pacíficas y las victorias democráticas que el pueblo movilizado logró a partir del referéndum nacional del 21F de 2016. Arropados en la fuerza de las causas justas que emprendieron, pero con la debilidad y la limitación de su espontaneidad que se circunscribe al logro de objetivos concretos e inmediatos, estos movimientos y movilizaciones sociales tomaron tal protagonismo político nacional, que no solo permitieron echar de menos a los partidos políticos que se suponía debían encarar la oposición, las luchas y las reivindicaciones sociales, sino que se convirtieron en una real preocupación para el gobierno, que despreciativamente los consideraba marginales e irrelevantes por su dispersión, diversidad y ausencia de cohesión orgánica.

Como todas las cosas no tienen solamente una faceta positiva, aquí es importante realizar una breve digresión para destacar un fenómeno que a la postre tendrá enorme significación en la forma cómo se canaliza el curso de los acontecimientos. Se trata del hecho de que junto al carácter fundamentalmente espontáneo, inmediatista y reactivo frente a los acontecimientos de coyuntura (lo cual delata la ausencia de un proyecto, o de objetivos mayores que no sean los meramente circunstanciales); estos movimientos sociales tienen una conformación fundamentalmente urbana y de clase media, que solo de manera ocasional (especialmente cuando se produce la confluencia de causas y luchas de interés común) se articularon con otros sectores populares. Es decir, que a tiempo de hacer prevalecer sus causas de lucha particulares y hasta excluyentes, nunca lograron una organicidad deseada y tampoco articular fuerzas con otros sectores (principalmente con los populares), que tuvieran un carácter permanente. Por eso, regularmente, una vez alcanzado el objetivo planteado y logradas las conquistas buscadas, estos movimientos tendieron a desarticularse y se desmovilizaron. Como podrá apreciarse más adelante, estas características de los movimientos de resistencia ciudadana autoconvocada, se convertirán en factores limitantes a la hora de encarar desafíos mayores.

Por ello, advertidos del riesgo que implicaban especialmente con respecto a las pretensiones de perpetuarse en el poder, el gobierno del MAS (en una maniobra de la más sucia astucia política), no dudó en aprobar a topa tolondras y con abuso de su mayoría legislativa la Ley 1096 de organizaciones políticas en el mes de septiembre de 2018.

Dicha norma, que a decir del entonces Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, había sido propuesta para que entre vigencia recién a partir de la subsiguiente gestión gubernamental; fue puesta en vigencia inmediatamente, precisamente para anular, impedir y coartar el protagonismo de las plataformas civiles (que ya le habían propinado importantes reveces a sus inclinaciones autocráticas y algunas medidas que pretendía imponer), pero que además devolvía a la vida política y reinstalaba un régimen partidocrático, orientado a usurpar, concentrar y monopolizar todos los derechos y la actividad política en sus manos 9/.

De esa forma se asestaba un golpe demoledor a todos los movimientos sociales espontáneos que hasta entonces se habían encargado de dar la cara por la sociedad frente a los abusos del poder, porque al devolverles protagonismo a los partidos políticos tradicionales y reinstalar la partidocracia, también inseminó la tentación del poder y la ambición política, que solo puede canalizarse a través de candidaturas en esos partidos políticos que para entonces eran una especie de zombies cadavéricos. La trascendencia de este ardid tenía otras consecuencias mayores y más graves. Al inducir y obligar a que los derechos y la actividad política transite mediada exclusivamente por medio de los partidos políticos, lo que en verdad se estaba provocando es que todas las controversias y diferencias políticas sólo podían resolverse en el plano electoral. Es decir, un escenario en el que lo determinante ya no son las causas, propuestas o proyectos de las tendencias, sectores sociales o corrientes ideológicas; menos el abordaje y solución de los problemas nacionales, sino la mera y mezquina disputa por el poder.

El resultado inmediato fue la desmovilización, desarticulación y la rápida desaparición de muchos grupos y plataformas, muchas de las cuáles (incluidos sus comprometidos representantes), pasaron a formar parte de las coaliciones y candidaturas electorales. Más allá de la legítima aspiración o ambición política para alinearse detrás de cualquier corriente ideológica que se puede argüir como razón para transitar a los partidos políticos y sus listas de candidaturas; lo cierto es que a tiempo de hacer prevalecer mezquinos intereses de poder por encima de la causa democrática que decían abanderar y defender, también traicionaron las luchas de resistencia y recuperación de la democracia en la que se habían involucrado. Es más, al oficializar sus candidaturas y entrar en la farsa electoral, lo que provocaban era la legalización fáctica de la repostulación anticonstitucional y antidemocrática contra la que se había luchado.

La trampa no podía haber dado mejores resultados. La nueva norma de organizaciones políticas imponía la primacía de los partidos políticos, pero también sembraba una semilla para abonar el camino de la confrontación, con el añadido de que la oposición partidista y los movimientos autoconvocados ya no estarían dispersos en varios frentes de atención, sino que al tener como único canal de expresión a la partidocracia tradicional, el esfuerzo se concentraba y acotaba en dos únicos antagonistas. Nótese que al perder independencia de criterio y terminar adscribiéndose a un determinado partido, lo que sucedía es que se perdía una oportunidad para conformar, diferenciarse y representar otras alternativas que no sean el neoliberalismo partidocrático, ni el populismo autocrático pseudo izquierdista.

Después de las elecciones de 2019 y de la insurgencia pacífica que paralizó el país como consecuencia del rechazo al fraude electoral que derivó en el abandono y huida de Evo Morales y la casta autocrática de su gobierno 10/; a esa trama urdida se sumó la creación del falso relato sobre el golpe de Estado. El falso discurso al margen de servir de coartada para la manipulación de la justicia, el abuso de poder, la venganza política, la persecución y la búsqueda de condena y cárcel para sus enemigos opositores; también está destinado a radicalizar aquella polarización confrontacional que constituye la herramienta principal de su forma de entender la política.


El problema tiene varias aristas y radica en que la oposición política nacional (incluidas plataformas, comités cívicos e inclusive CONADE), han decidido priorizar ese juego y actuar en forma conjunta como un solo bloque sin diferenciaciones. Importa y se impone la beligerancia y el rechazo al régimen, por encima de cualquier otra causa. De esa manera no solamente pierden y disuelven en la práctica sus identidades propias, la independencia de acción y alguna diferenciación de criterio y posicionamiento que podría albergar la esperanza de alguna alternativa diferente; sino que refuerzan y confirman el criterio (tan hábilmente aprovechado y subrayado por el oficialismo), de que se trata de una oposición predominantemente neoliberal y reaccionaria. Es decir, se configura una oposición que habiendo abandonado otras perspectivas de lucha, y dando las espaldas a los problemas nacionales que atingen a los sectores más vulnerables y mayoritarios, solo atina a entrar y responder el juego confrontacional propiciado e inducido por el MAS. Entrampados en dicha disputa confrontacional (que a lo largo de los varios años transcurridos ya ha dado suficiente muestra de su inutilidad e impotencia), aquel movimiento de resistencia ciudadana autoconvocada queda subsumida por los partidos políticos tradicionales, con lo cual refuerza el sistema partidocrático reinstalado por el régimen del MAS. Las consecuencias e implicaciones nacionales y políticas que ya se intuyen de este escenario descrito, las veremos en el acápite final de análisis prospectivo.

Al efecto, antes de entrar en el acápite final de este trabajo, efectuaré un breve punteo sobre el falso debate golpe de Estado/fraude electoral. En primera instancia, el falso debate instalado por el MAS para encubrir y salvaguardar en la impunidad a su cúpula autocrática beligerante, además de haberse convertido en su método preferente para proseguir con la confrontación y la polarización nacional; no es sino un artilugio inventado (que buscando imponer un falso relato sobre los hechos históricos sucedidos, transformando los hechos en ficción y la historia en farsa), no tiene otro propósito que ocultar, distraer y falsear el verdadero sentido que los bolivianos (y especialmente esa boba oposición partidocrática tradicional) no logran ver con claridad. Me refiero a que independientemente y más allá de la sórdida y falsa argumentación que han utilizado para defender y sustentar su despropósito acerca de que se produjo un golpe de Estado, sucede que el factor determinante que se impuso fue la reafirmación (insurgente, movilizada y al mismo tiempo pacífica), de que el verdadero poder no residía en un caudillo autócrata que quiso controlar y perpetuarse en el gobierno, sino en la voluntad y la fuerza de un pueblo movilizado en las calles, que le hizo saber que si no quería respetarse su voluntad soberana en las urnas, también estaba dispuesta a hacerla prevalecer en las calles. En otras palabras, es la cancelación del respaldo a una manera de dirigir el Estado que había devenido en autocrática, para hacer prevalecer la indeclinable decisión popular de gobernarse en libertad.

Por tanto y como segundo apunte, lo que verdaderamente terminó detonando aquella paralización total del país con pititas, no fue de ninguna manera alguna oscura intención por derrocar, conspirar o realizar algún golpe contra el gobierno constituido (porque para ello no se habría llegado hasta el punto de acudir masivamente a las urnas), cuanto el haber tomado finalmente conciencia de la amenaza y el ya inocultable riesgo de que un régimen autócrata termine usurpando libertades y derechos, así como anulando la precaria democracia que todavía quedaba. Es el triunfo de la voluntad indeclinable por vivir en libertad, frente a un aparato de poder que se ensañaba en usurpar y secuestrar la democracia para imponer sus intereses autocráticos. El fraude fue el detonante de tal insurgencia. Lo que nunca entró en sus cálculos, fue el hecho de que este mismo episodio histórico en el que desplegaron todos sus esfuerzos confrontacionales y belicosos con tal de retener el poder a cualquier costo, iba a convertirse en el germen de las disputas intestinas y la división interna de su propio instrumento político, que irónicamente conspira, atenta contra la credibilidad e idoneidad gubernamental, y está poniendo en riesgo la propia estabilidad de la gestión de su gobierno. Los golpistas son ellos mismos.

  1. ANÁLISIS PROSPECTIVO.

Resultado de la dinámica de los acontecimientos del reciente proceso histórico seguido hasta aquí, se puede constatar que Bolivia ha perdido y desperdiciado la oportunidad de efectivizar el Proyecto Nacional que había construido tan sacrificadamente a inicios del presente siglo. A cambio, lo que se ha impuesto como consecuencia, está circunscrito a una beligerante confrontación de dos fuerzas que, compartiendo esencialmente el mismo modelo desarrollista y salvajemente extractivista que se ha impuesto en suplantación de aquel Proyecto Nacional (salvo diferencias en la forma de ejecutarlo), en el fondo lo único que disputan es el acceso al poder y la definición de la forma cómo se acomodarán las castas dominantes.

Tampoco existe un liderazgo diferenciado, alternativo y dirimidor 11/ que plantee una oportunidad para la esperanza, porque ninguna de las corrientes en pugna se ha planteado siquiera debatir una visión de país diferente, encarar la raíz (no los síntomas) de los problemas nacionales, y menos de construir un Proyecto Nacional.
Consiguientemente la única alternativa que surge y es posible visualizar en ese escenario, está limitada a escoger cuál de las ofertas electorales será la menos dañina (en el marco de la continuación del modelo depredador), porque sabiendo perfectamente los límites y alcances de las propuestas ideológicas que actualmente discurren en el contexto nacional, ni siquiera es posible tener la esperanza de que atiendan y aborden los problemas nacionales que aquejan al país.

Tal es la deplorable situación en la que se encuentra el país, que enzarzados en esa disputa confrontacional que da las espaldas a los problemas y verdaderas angustias del país, no resultaría extraño que se termine adoptando un régimen similar a los que imperan en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no existe, la crisis es endémica y sistémica, la vida es un drama donde no parece existir esperanza de futuro, y es el pueblo en su generalidad que sufre el estado calamitoso en el que se encuentra su país 12/.

Allí, lo mismo que en Bolivia, puede señalarse que sus oposiciones a los regímenes despóticos existentes (precisamente porque solo quieren sustituir al régimen imperante y están lejos de abanderar el verdadero sentimiento nacional), no han logrado la fuerza ni el respaldo nacional necesario, y tampoco la sociedad ha alcanzado el estado de disponibilidad indispensable para resolver su problemática. Su encrucijada es similar: las dos fuerzas enfrentadas no son, no representan, ni tienen una alternativa real.

Aquí, ensimismados en una pugna interminable (que ocasional, pero oportunamente se rompe por la rebeldía, irreverencia y hastío popular sobre el estado de cosas), no se logra percibir (menos preocuparse) porque el mundo, la naturaleza, la vida y la esperanza de avizorar algún futuro, ya han llegado a un límite de soportabilidad tal, que de no cambiar la lógica de nuestro relacionamiento con ellos, solo podremos esperar la catástrofe. Es cuando menos preocupante, porque cuando deberíamos encontrarnos en un plano de mayor libertad y profundización de un Proyecto Nacional, irónicamente sucede que estamos en un contexto de recuperación de las libertades básicas, los derechos y la propia democracia. Es como si hubiésemos perdido el futuro y el horizonte estuviese secuestrado.

El panorama se muestra oscuro y sombrío para el país, pero como algo tiene que ocurrir indudablemente, con seguridad encontrará algún cause de solución (que sólo habrá que esperar que sea otro diferente al que actualmente se perfila dadas las condiciones). En todo caso y utilizando para el final otra cita textual de Eric Hobsbawm, lo que queda claro hasta aquí es que: “No sabemos a dónde vamos, sino tan sólo que la historia nos ha llevado hasta este punto y(…)por qué. Sin embargo, una cosa está clara: si la humanidad ha de temer un futuro (y a nuestro turno el propio país, n.p.), no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad” 12/.

La decisión libre (no aquella “pueril” intención de pretender elegir un desenlace como si “la historia fuese un escaparate” a decir de Sergio Almaraz 13/), está en manos del pueblo, como siempre. Sin embargo, debemos estar concientes que el estado de ánimo de la población (extraña y adicionalmente alterada por las airadas disputas internas de poder del propio MAS), está llegando a un punto de ebullición que podría adoptar causes insospechados.
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(+) Sociólogo, boliviano. Cochabamba, Bolivia. Julio 1 de 2022.
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1/ Octavio Paz., Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Ed. Fondo de cultura económica. México, 2018.

2/ “Por momento constitutivo se podría entender al punto originario de las sociedades en su sentido más remoto, por ejemplo Egipto y el riego del Nilo o la conquista del hábitat en el Ande. En el sentido que lo usamos nosotros, tiene referencia a la manera que adquiere el tono ideológico y las formas de dominación del Estado, es decir, al momento de su construcción. Ver: René Zavaleta Mercado., Lo nacional-popular en Bolivia. Ed. Siglo XXI. México 1986.

3/ La agenda de Octubre de 2003 surge como consecuencia de la llamada guerra del gas. En ella se definen y establecen las siguientes tareas principales: rechazo a la venta del gas a Estado Unidos vía Chile; nacionalización de empresas estratégicas y recursos naturales; convocatoria a la Asamblea Constituyente; y renuncia y expulsión del gobierno de Sanches de Lozada (entendido como representación del neoliberalismo repudiado).

4/ “Bolivia enfrenta su destino de país oprimido en un nuevo ciclo. La opresión extranjera describe círculos: plata, salitre, goma, estaño, petróleo. Con cada nuevo ciclo se va un girón de vida nacional, cada etapa llega a su término con una nueva mutilación de la independencia nacional”. Ver: Sergio Almaraz., Petróleo en Bolivia, pág. 335. En: Obra reunida. Biblioteca del bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

5/ Entre fines del año 2007 (cuando se aprueba la nueva Constitución en Asamblea Constituyente), y febrero de 2009 cuando vía Referéndum Aprobatorio se admite el texto final; el Congreso Legislativo con mayoría del MAS se arrogó una competencia totalmente al margen de sus atribuciones. Ella consistió en introducir modificaciones al texto y contenido de la Constitución Política del Estado aprobada en Asamblea Constituyente (la única instancia competente). Lo hicieron sobre la base de acuerdos y negociaciones entre el oficialismo mayoritario y la oposición conservadora y neoliberal, bajo el argumento de viabilizar el Referéndum constitucional aprobatorio de 2009. En perspectiva y a la vista de lo sucedido en años posteriores, esta práctica (que al principio fue hecha con los sectores conservadores y tradicionalmente dominantes que se encontraban en férrea oposición, pero que después pasaron a formar parte aliada del gobierno), se ha convertido en el mecanismo recurrente para favorecer y privilegiar esos mismos intereses antinacionales, por encima y en contra del mandato constitucional y de aquellas tareas de transformación y cambio que debieron haber sido encaradas. Es decir, se trata del antecedente primigenio de lo que a la postre se convirtió en uno de los mecanismos más recurrentes de la traición y el abandono del Proyecto Nacional.

6/ Para aproximarse a una revisión de la problemática a través de diversos enfoques y especialistas, sugiero Ver: OEP-TSE, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Autonomìas, CONAIOC, PNUD., Diversidad Institucional. Autonomías indígenas y Estado Plurinacional de Bolivia. Ed. PNUD La Paz, Bolivia 2018.

7/ Constitución Política del Estado. Capítulo Segundo. Principios, valores y fines del Estado. Art. 8. Inc. II) “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

8/ Se hace referencia a la masacre de El Porvenir en Pando y el operativo militar de asalto violento en el hotel Las Américas de Santa Cruz, que cobró varias muertes y se conoció como parte de la lucha contra el terrorismo internacional vinculado con sectores políticos nacionales. Para ampliar el contexto y acercarse al significado de esta coyuntura tan especial, Ver: Boris Miranda., La mañana después de la guerra. Ed. El cuervo. La Paz, Bolivia 2012.

9/ La ley 1096 de organizaciones políticas tiene un innegable carácter, regresivo, partidocrático e inclusive colonial que debería merecer un análisis más circunstanciado que en este trabajo no es posible abordar.

10/ Para una aproximación y consulta de fuentes analíticas, testimoniales y documentales sobre el tema, se sugiere Ver: Jan Souverein y José Luis Exeni R. (coordinadores)., Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e incertidumbre (2019-2020). Ed. FES Bolivia. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.; Roberto Navia, Marcelo Suarez., Nadie se rinde. Una epopeya boliviana. Grupo editoral La Hoguera. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 2020.; Página Siete., La revolución de las pititas. Compañía editora Luna Llena S.A.La Paz, Bolivia 2019.; Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB)., Relato de un pueblo. Derechos humanos y resistencia democrática en 2019. Plural editores. La Paz, Bolivia 2021.

11/ Entendiéndose que un liderazgo nacional no es lo mismo que la consabida aparición de varias candidaturas que, desgajadas y separadas ‘oportunamente’ del bloque opositor que funge ‘unificado’, establecen sus propias tiendas (como ya ha sucedido tantas veces en las coyunturas electorales), cuya característica principal es el sectarismo y la exclusión, al punto de rechazar y negarse rotundamente a conformar alianzas frente al adversario común, como ha sido su costumbre en forma recurrente. La ambición de poder no es privativa ni exclusiva de ninguna sigla política.

12/ Para tener una crónica testimonial actualizada de lo que ocurre en Latinoamérica (incluidos estos países y Bolivia), sugiero muy especialmente el libro de: Jon Lee Anderson., Los años de la espiral. Crónicas de América Latina. Ed. Sexto piso S.A. Madrid, España 2020.

13/ Eric. Hobsbawm., Historia del siglo XX. Ed. Critica, grupo editorial Planeta. Buenos Aires, Argentina 2021.

14/Sergio Almaraz., Réquiem para una república. p, 547. En: Obra reunida. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La Paz, Bolivia 2017.

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Leonidas Iza, interviene en medio de las negociaciones

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, admitió que el acta no incluye todas las demandas aunque destacó que tiene "importantes logros". Advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador llegaron este jueves a un acuerdo que permitirá levantar el paro y las movilizaciones que desde hace 18 días sacuden al país. En el documento, presentado por la Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, el gobierno aceptó reducir el precio de los combustibles más que lo anunciado previamente, derogar el estado de excepción reinstalado el miércoles y establecer mesas de negociación sobre otros reclamos del movimiento indígena. Esto supone un triunfo moderado para la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que logró que se atiendan varias de sus demandas.

18 días de protestas y reclamos

Los indígenas iniciaron el reclamo el 13 de junio para exigir una reducción del precio de combustibles, el control de precios de productos agrícolas y la suspensión de actividades mineras y petroleras en territorios nativos. El gobierno, atendiendo a los reclamos, bajó en diez centavos el valor del diesel (1,80 dólares) y la nafta corriente (2,45), pero la Conaie lo consideró insuficiente y obtuvo esta reducción adicional.

El acuerdo incluye también los decretos que ya firmó Lasso durante el paro: hacer que los gobernadores intensifiquen y fortalezcan los controles de precios en sus provincias, declarar en emergencia al sector salud y duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe. Se agregaron la derogación del decreto 95, que establece la política petrolera del gobierno y la reforma que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero, dejando establecido que esas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica.

A poco de sellarse el acuerdo el presidente de la podera Conaie, Leonidas Iza, insinuó la necesidad de incorporar nuevos puntos que no estaban consensuados ni se habían discutido, y pidió un plazo para debatir con sus allegados. Esa pausa de 30 minutos empujó al Ejecutivo a sumar otro punto: el compromiso de elaborar una propuesta de focalización de subsidios. "De acuerdo al acta que hemos firmado, vamos a suspender esta medida de hecho", expresó Iza, confirmando el fin de las protestas con bloqueo de rutas a nivel nacional.

Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses y en medio de la crisis política se salvó de ser destituido por el Congreso, manifestó en su cuenta de Twitter: "Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país". El mandatario de derecha agregó: "Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos".

A la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la que se reunieron las partes asistieron el ministro de Gobierno, Francisco Giménez, el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, informó el diario El Comercio. Mientras que en representación del movimiento indígena estuvo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

También participaron de la reunión el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Luis Cabrera, y los presidentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador (Fenocin), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), y los rectores de la Universidad Salesiana, entre otros.

"Nos hemos equivocado porque muchas veces nuestra actitud es violenta, pero eso no significa que siempre vayamos a tener esa actitud. (...) Las dos partes nos hemos equivocado, pero es de valientes reconocer los errores", dijo Eustaquio Toala, presidente de Feine.

A su vez, Leonidas Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros", a la vez que pidió que no haya criminalización en la justicia contra los participantes en las protestas. "Ya basta de seguir estigmatizando y racializando a los luchadores sociales. Basta de llamarnos terroristas", planteó el líder indígena, quien advirtió que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

Un diálogo con vaivenes

El Ejecutivo rompió hace dos días las negociaciones con la Conaie luego de acusar al movimiento indígena de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos. En ese choque un militar murió y otros 12 resultaron heridos. En el contexto de las protestas también murieron cinco o seis manifestantes, según las fuentes que se consulten.

Los diálogos habían empezado el lunes luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes de la semana pasada en Quito. "Reiteramos que la voluntad del gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la constitución a esa paz tan anhelada", apuntó el ministro de Gobierno, Francisco Giménez.

Aunque el gobierno había dicho el miércoles que no estaba dispuesto a dialogar con Iza, después señaló que no pretende "poner condicionamientos" a este nuevo acercamiento. Poco antes el presidente Lasso había decretado el estado de excepción en cuatro de las 24 provincias del país, una medida que el gobierno se comprometió a derogar gracias al esperado acuerdo con el movimiento indígena.

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