Una botella de plástico en el Mar Rojo, en Egipto, en una imagen de archivo.- Andrey Nekrasov | ZUMA Press Wire / DPA

La conocida empresa de bebidas firma un acuerdo con el Gobierno de Egipto, organizador de la COP27 que se celebrará el próximo mes de noviembre en Egipto. Las organizaciones ecologistas reaccionan con indignación.

 

Madrid. Coca-Cola, la empresa que más basura plástica genera en el mundo, será uno de los patrocinadores de la próxima Cumbre del clima (COP27) que se celebrará entre el 6 y el 18 de noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh. La famosa empresa de bebidas no será la única patrocinadora del evento. Otras multinacionales como Vodafone o IBM también figuran como sponsors, según anunció el Gobierno de Egipto tras firmar la semana pasada acuerdos de colaboración con todas estas empresas.

El patrocinio de Coca-Coca ha sido acogido con escepticismo y mucha indignación por parte del movimiento ecologista. No en vano, la empresa de bebidas lleva cuatro años consecutivos siendo la que más basura de plástico genera en el planeta, según acredita un informe de la plataforma internacional Break free from plasticpublicado en octubre de 2021 (el último disponible hasta ahora) que agrupa a más de 11.000 organizaciones ecologistas y científicas de todo el mundo. 

Las organizaciones ecologistas han reaccionado con enfado en las redes sociales: los ecologistas están molestos porque Coca-Cola vende su apoyo a la COP27 como muestra de su compromiso para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y los residuos plásticos de aquí a 2030. En este sentido, son ilustrativas las palabras de Michael Goltzman, vicepresidente global de Políticas Públicas y Sostenibilidad de Coca-Cola, en el momento de firmar el acuerdo con las autoridades egipcias: "La COP27 nos brinda la oportunidad de continuar interactuando con los expertos, las organizaciones sin ánimo de lucro, la industria y los gobiernos para apoyar acciones hacia un cambio sostenible en toda nuestra cadena de valor".

La dura réplica llegaba poco después de la mano de Greenpeace: "Vergonzoso: Coca-Cola, el mayor contaminador por plásticos, patrocina la cumbre del clima COP27. El 99% de los plásticos está hecho de combustibles fósiles: esta colaboración socava el objetivo mismo del evento que patrocina", publicaba la organización ecologista en Twitter hace unos días. "Reducir la producción de plástico y terminar con el plástico de un solo uso contribuye a mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados centígrados, por lo que si Coca-Cola quiere ayudar de verdad a resolver la crisis climática, debe cerrar el grifo a los plásticos de un solo uso", añadía la organización ecológica.

El 'greenwashing'

"Coca-Cola y otras corporaciones utilizan este tipo de eventos para hacer greenwashing. Cada vez con más frecuencia, las grandes empresas nos intentan vender sus gestos verdes. Lamentablemente, esto ya forma parte del teatrillo en que se han convertido estas cumbres ", explica Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción y experto en la contaminación que generan los residuos plásticos. 

Lo cierto es que Coca-Cola –y otras multinacionales, también– hace mucho tiempo que practica ese greenwashing. No es nada nuevo, pero la Cumbre climática es un asunto muy sensible para el movimiento ecologista. 

"No sorprende tanto la actitud de Coca-Cola si tenemos en cuenta que los envases de plástico y las latas son los que más abundan en mares y playas", señala Arribas, quien apunta la cantidad gases de efecto invernadero que generan estos envases de plástico en su producción. 

La indignación es tal que incluso se ha organizado una recogida de firmas en la plataforma Chnge.org para pedir a la ONU que rechace el patrocinio de Coca-Cola, pues según los impulsores de esta campaña la cumbre del clima "no es una juerga multimillonaria para contaminadores corporativos". 

Público ha intentado ponerse en contacto con Coca-Cola para conocer su versión, pero a la publicación de este artículo la empresa aún no había respondido a las llamadas de este medio.

05/10/2022

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 31 Agosto 2022 04:51

FIFA, ética y el Mundial de Qatar

FIFA, ética y el Mundial de Qatar

La FIFA sigue siendo uno de los estamentos más opacos del mundo. Tal vez por eso volvió a cambiar su sede en 2006, a un edificio a las afueras de Zúrich, con siete plantas, cinco de ellas subterráneas.

En diciembre de 2010, en el 60 Congreso de la FIFA, el máximo organismo del mundo del fútbol iba a elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Las grandes favoritas eran la candidatura de Inglaterra, creadores del fútbol, con una basta red de estadios más que acondicionados y experiencia en la organización de eventos de este calibre, y la de Estados Unidos, un país en el que el fútbol había crecido mucho desde que organizó el Mundial del 94 y con una delegación encabezada nada menos que por el expresidente Bill Clinton. Para sorpresa de los asistentes al congreso, el Mundial de 2018 fue concedido a la candidatura de Rusia y el de 2022 a Qatar.

¿Qatar? Fue lo que se preguntó mucha gente. Nadie podía entender cómo la FIFA había elegido al pequeño país árabe, sin ninguna tradición en el mundo del fútbol, sin estadios, sin experiencia y con unas temperaturas que se acercarían a los 50° durante la celebración del evento.

Cinco años más tarde, agentes del FBI entraron en el hotel Baur au lac de Zúrich, detuvieron a varios de los asistentes al congreso de la FIFA y registraron su sede. La investigación policial ponía encima de la mesa toda una trama de fraude, pagos ilegales y sobornos en los contratos por los derechos de televisión y la elección de Rusia y Qatar como sedes de los próximos mundiales. Joseph Blatter se vio obligado a renunciar a su cargo y 22 de las 24 personas que habían tomado parte en la votación terminaron implicados en la operación. Por un momento, Rusia y Qatar temieron perder la organización, pero pasó el tiempo y la nueva dirección de la FIFA terminó por confirmarles su apoyo.

Rusia organizó finalmente su Mundial. “Ha sido el mejor de la historia”, declaró al término el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Qatar decidió cambiar a diciembre las fechas de su propio Mundial para evitar las altas temperaturas; un hecho sin precedentes en la historia de la competición. Aguantó impasible las acusaciones de corrupción, las denuncias por violaciones de los derechos humanos en el país y por la alta cantidad de trabajadores muertos en la construcción de los estadios. Al final, el país menos apropiado para organizar un evento de este calibre inaugurará su Mundial el próximo 20 de noviembre. Puede sorprender el apoyo incondicional de la FIFA, pero, si hacemos un breve repaso a la historia de la institución que gobierna el fútbol, vemos que es bastante coherente con su pasado.

La FIFA se fundó en 1904 con la participación de siete federaciones nacionales, todas ellas europeas. El objetivo no era otro que el desarrollo y promoción de un deporte que ya se extendía con mucho éxito por todo el mundo, así como la organización de partidos internacionales bajo un espíritu altruista que quedaba reflejado en una de sus siete normas iniciales: ninguna persona será autorizada a organizar partidos para su propio lucro.

Desde el mismo momento de su fundación, la FIFA tenía en mente la idea de una Copa del Mundo y para 1928, aprovechando los Juegos de Ámsterdam, realizó un congreso en el que se decidió organizar el primer Mundial de fútbol dos años más tarde. España, Italia o Suecia mostraron su interés por ser los anfitriones, pero el delegado uruguayo llegó con un mandato de su gobierno que resultó fundamental. Correrían con todos los gastos de transporte y alojamiento de las diferentes selecciones y se comprometían a la construcción de un estadio con capacidad para 100.000 espectadores, el actual estadio Centenario. Era una garantía para un torneo que todavía estaba por nacer y la FIFA no lo dudó. Uruguay, el ganador de los dos anteriores Juegos Olímpicos, sería el organizador del primer Mundial.

A pesar de la oposición de varias delegaciones europeas, la primera edición de la Copa del Mundo fue un éxito y permitió a la FIFA reforzar su posición. Dos años más tarde, con el mundo sufriendo las consecuencias de la Gran Depresión, de la que no escapó la propia FIFA, estableció su sede en Zurich y contrató a su primer empleado, encargado de gestionar las cuentas de la entidad. El Comité Olímpico Internacional (COI) también había trasladado su sede al país suizo en 1915, beneficiándose de su neutralidad en la guerra y de la exención de impuestos que regía para las organizaciones sin ánimo de lucro.

Si para la primera Copa del Mundo habían sido las garantías económicas del gobierno uruguayo las que determinaron la elección, para la segunda edición la FIFA se dejó encantar por el interés mostrado por Mussolini

Si para la primera Copa del Mundo habían sido las garantías económicas del gobierno uruguayo las que determinaron la elección, para la segunda edición la FIFA se dejó encantar por el interés mostrado por Mussolini. La organización desplegó toda la parafernalia fascista, incluyendo el saludo romano por parte de los futbolistas, con el objetivo de ensalzar el régimen del Duce. Para asegurar el éxito deportivo, la federación italiana reforzó su selección con la nacionalización de varios jugadores argentinos.

Jules Rimet y la FIFA establecieron en esas primeras ediciones una política que contribuyó a estabilizar su economía y a consolidar el Mundial. No tenían problema en que un gobierno utilizara el evento para su propio beneficio, siempre y cuando estuviera dispuesto a correr con los gastos y mostrara el suficiente interés por organizar una gran Copa del Mundo.

El prestigio del Mundial creció con cada edición y dos décadas después muchos países se mostraban interesados en acogerlo. Eran los años de la presidencia del inglés Stanley Rous, en los que se consagró la máxima de que la FIFA “no interviene en política”. Por eso, el presidente se negó a la expulsión de la federación de Sudáfrica tras la instauración del apartheid, a pesar de las protestas de los representantes africanos. Rous envió una delegación al país, que determinó que “la federación no hace más que seguir las políticas gubernamentales”, aunque la FASA terminó por ser expulsada. La postura del presidente defendía que, mientras un Estado fuera reconocido internacionalmente, la FIFA no debía juzgar su sistema político o sus condiciones sociales. Y ese mismo criterio fue el que siguió cuando aceptó como miembro a la federación de Taiwan, ante la oposición de los delegados chinos.

Años más tarde, la FIFA volvió a necesitar de una delegación cuando la selección de Chile debió enfrentarse a la de la Unión Soviética por una plaza en el Mundial del 74. Días antes, el ejército chileno había atacado el palacio de la Moneda, provocando el suicidio del presidente Allende e instaurando la Junta Militar comandada por Pinochet. La federación soviética denunció el uso del estadio Nacional como centro de detención y torturas y se negó a viajar a Chile. La delegación enviada por la FIFA determinó que “en base a lo que hemos visto y oído, la vida ha vuelto a la normalidad”. La Unión Soviética mantuvo su protesta y el partido terminó siendo una pantomima en el que la selección chilena saltó a un estadio sin rival, marcó un gol y se clasificó para el Mundial.

Cuatro años después, iba a ser otra Junta Militar la que se encargaría de organizar el mayor evento del mundo del fútbol. Fueron varias las voces que pidieron el cambio de sede, pero el nuevo presidente de la FIFA, el brasileño Joao Havelange, zanjó las críticas declarando que “Argentina está más preparada que nunca”.

Aquel Mundial fue, efectivamente, una gran campaña de propaganda, para la que el gobierno argentino contrató a la agencia estadounidense Burson-Marsteller y que culminó con la victoria de la selección dirigida por Menotti. El coste final del torneo se elevó a cifras escandalosas y el sospechoso enriquecimiento del presidente del comité organizador, el contralmirante Lacoste, terminó siendo objeto de investigación. Una vez más, Havelange salió en su defensa al declarar que él mismo le había prestado el dinero.

La figura de Joao Havelange resulta fundamental para entender el desarrollo de la FIFA en las últimas décadas. De hecho, son muchos los que lo acusan de dar inicio a la extendida corrupción dentro de la FIFA

La figura de Joao Havelange resulta fundamental para entender el desarrollo de la FIFA en las últimas décadas. De hecho, son muchos los que lo acusan de dar inicio a la extendida corrupción dentro de la FIFA. Llegó a su presidencia en 1974 y pronto cambió la vieja oficina de dos habitaciones en la Bahnhofstrasse de Zúrich, por un edificio más acorde con la nueva realidad de la institución. Había firmado unos primeros acuerdos de patrocinio con Adidas y Coca-Cola y se avecinaban tiempos de vacas gordas.

En las siguientes Copas del Mundo, la FIFA multiplicó sus ingresos gracias al crecimiento de los derechos de televisión y empezaron a cambiar las prioridades en la organización. Cuando en México 86, un grupo de futbolistas, liderados por Maradona y Valdano, se quejaron por tener que jugar a las doce del mediodía bajo un intenso calor, Havelange respondió “que jueguen y se callen la boca”. Maradona también le respondió: “Havelange jugó al waterpolo, no puede hablar de fútbol”. Y tenía razón, porque el presidente de la FIFA había llegado al mundo del fútbol desde la Confederación Brasileña de Deportes, donde participaba en calidad de jugador de waterpolo.

Lo cierto es que Havelange siguió con su política de expansión comercial y así concedió el Mundial de 1994 a los Estados Unidos y el de 2002 a Corea y Japón. Cuando abandonó el cargo, en 1998, le sucedió la persona que había cocinado los principales acuerdos de patrocinio, el suizo Joseph Blatter. Y con él se mantuvo la mima línea expansionista, incluyendo la designación de Sudáfrica como sede para el Mundial de 2010, la primera vez que el torneo viajaba a África, con el atractivo irresistible de vincular la figura de Nelson Mandela al mayor evento de la FIFA.

El sistema creado por Havelange y mantenido por Blatter pudo haber saltado por los aires cuando, en 2001, quebró la empresa ISL, fundada por Horst Dassler, dueño de Adidas, encargada de comprar y vender los derechos de televisión de los torneos FIFA. La investigación posterior demostró el pago de sobornos a altos cargos de la institución; Havelange, Teixeira (presidente de la Confederación Braseileña) y Leoz (presidente de Conmebol) fueron condenados, pero, para entonces, ninguno estaba vinculado a la FIFA. Blatter fue absuelto y pudo esquivar el escándalo.

En el fondo, el suizo escondía una ambición personal. Otorgar el Mundial de 2018 a Rusia, el de 2022 a Estados Unidos y el de 2026 a China, para retirarse con la concesión del Nobel de la Paz a la FIFA. Reconoció haber mantenido reuniones con los organizadores del premio y el plan parecía perfecto. La FIFA ofrecía su mayor escaparate a los gobiernos del mundo, para terminar, ella misma, blanqueada por la Fundación Nobel. Pero algo se torció en el camino y el FBI terminó por poner al descubierto toda la trama de sobornos alrededor del gigante del fútbol. Esta vez Blatter no pudo resistir. Cinco días después de haber sido reelegido, presentó su dimisión.

Ahora es Infantino quien preside la FIFA, un hombre con larga tradición en los estamentos del fútbol. Prometió limpieza, pero, por ahora, no se han visto grandes cambios. Ha atajado las críticas al Mundial de Qatar respaldándolo sin concesiones, igual que hizo Havelange con la Junta Militar argentina. Mientras tanto, la FIFA sigue siendo uno de los estamentos más opacos del mundo. Tal vez por eso volvió a cambiar su sede en 2006, a un edificio a las afueras de Zúrich, con siete plantas, cinco de ellas subterráneas. Un búnker que costó alrededor de 200 millones de dólares. Perfecto para esconder secretos.

Por Xabier Rodríguez

@xabierRodriguez

31 ago 2022

Publicado enSociedad
#Uberfiles: cómo Uber tuvo acceso a líderes mundiales y usó engaños para ganar el dominio global

Más de 124.000 archivos internos de la compañía revelan las tácticas que usó la empresa para ganar favores políticos y conseguir cambios regulatorios. El contacto con el expresidente Macri para desembarcar en Argentina.

 

La empresa estadounidense de transporte, viajes y entregas, Uber, adoptó múltiples estrategias para desviar la atención de las autoridades alrededor del mundo, reducir el pago de sus impuestos al mínimo y ganar favores para legalizar sus operaciones en varias ciudades. La información surge de correos y otros documentos internos de la multinacional filtrados al periódico británico The Guardian y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros medios asociados.

Más de 124.000 documentos que componen lo que se dio a conocer como Uber Files deja al descubierto las prácticas de la compañía, que dirigía entonces Travis Kalanick, y que pasaban por cortejar a primeros ministros, presidentes, milmillonarios, oligarcas y magnates de los medios de comunicación.

Las estrategias adoptadas por Uber incluyeron el armado de sociedades en varios paraísos fiscales, la reformulación constante de esas estructuras para confundir las investigaciones tributarias y el ofrecimiento de información de la facturación de sus conductores para desviar la atención de sus propios números.

La investigación revela que diferentes gobiernos y personajes destacados, como el presidente francés Emmanuel Macron o funcionarios del gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri, favorecieron el ingreso a de la empresa en diferentes países.

Los mensajes filtrados muestran cómo los ejecutivos de Uber al mismo tiempo no se preocupaban por la violación de la ley por parte de la compañía, en muchos países comenzó a operar sin permisos, un ejecutivo bromeando sobre que se habían convertido en "piratas" y otro admitiendo: "Somos jodidamente ilegales".

Entre los textos filtrados se puede ver la relación entre el CEO de la empresa, Kalanick, y el presidente francés Emmanuel Macron quien ayudó en secreto a la empresa en Francia cuando era ministro de Economía, permitiendo que Uber tuviera acceso frecuente y directo a él y su personal.

Macron parece haber hecho todo lo posible para ayudar a Uber, e incluso le dijo a la compañía que había negociado un "acuerdo" secreto con sus oponentes en el gabinete francés.

En Argentina el CEO de la compañía hizo todo lo posible para negociar con el entonces presidente, Mauricio Macri, junto a un lobby para presionar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para evitar el pago de impuestos y cargas patronales.

El lobby, según revela el DiarioAr fueron las opciones discutidas internamente en Uber para lograr convencer a funcionarios públicos de modificar las regulaciones y leyes a conveniencia de la empresa. En 2019, Uber logró un dictamen del Ministerio de Hacienda, entonces a cargo de Nicolás Dujovne, y de la AFIP, que le permitió reducir el pago del impuesto a las ganancias, pero la empresa ni siquiera tiene CUIT por un supuesto incumplimiento formal. Actualmente, el fisco le reclama $165,6 millones por cargas patronales sólo por el período 2016-2018.

Uber se registró en Argentina a los siete días de que Mauricio Macri asumiera como presidente. Sus socios eran Uber International Holding BV (10%) y Uber International BV (90%), con sede en los Países Bajos, controladas por Uber Technologies INC, radicada en Delaware, Estados Unidos, ese Estado del país norteamericano funciona como un paraíso fiscal.

Exponiendo a sus trabajadores para garantizar sus ganancias

Es conocido que Uber, como otras empresas, no reconocen los derechos de sus choferes al tratarlos como "autónomos" y de esa forma no reconocer sus derechos laborales. Esto generó en diferentes lugares reclamos y luchas de los choferes por ser reconocidos como trabajadores. En Inglaterra esta lucha empezó en 2016 cuando dos conductores iniciaron una demanda contra Uber protestando por la relación laboral.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, mientras los choferes hacían una intensa campaña por sus derechos. El fallo cambia el status laboral de 70.000 conductores en Londres, aunque vale aclarar que Uber ya dijo que no va a aplicarlo a UberEats. Ahí sigue la pelea.

Las filtraciones de los Uber Files muestran cómo la empresa fue más allá, directamente expuso a sus choferes a ser atacados, para poder sacar redito a su favor.

Cuando Uber se enfrentó a la oposición en varios lugares que no estaban dispuestos a darle acceso como competidor en el transporte legal, busco alimentar la narrativa de que su tecnología estaba alterando los sistemas de transporte anticuados e instando a los gobiernos a reformar sus leyes.

La empresa trató de usar el rechazo de diferentes sectores para mostrarse como la "agredida". Por ejemploe, en 2016 los intentos de Uber de alterar los mercados en Europa provocaron airadas protestas en Bélgica, España, Italia y Francia por parte de taxistas que temían por sus trabajos.

En medio de huelgas de taxis y disturbios en París, el Ceo de la empresa, Kalanick, ordenó a los ejecutivos franceses tomar represalias alentando a los conductores de Uber a realizar una contraprotesta.

Cuando los ejecutivos franceses advirtieron que de hacer eso se corría el riesgo de que los conductores de Uber fueran atacados por "matones de extrema derecha" que se habían infiltrado en las protestas de los taxis y estaban "buscando pelea", Kalanick pareció instar a su equipo a seguir adelante a pesar de todo. “Creo que vale la pena”, dijo. “La violencia garantiza el éxito. Y estos tipos deben ser resistidos, ¿no? Acordé que se debe pensar en el lugar y el momento correctos”.

Un exejecutivo senior de la compañía le dijo al diario The Guardian que la decisión de enviar a los conductores de Uber a protestas potencialmente volátiles, a pesar de los riesgos, fue consistente con lo que que era una estrategia de explotar la violencia contra ellos para “mantener la controversia encendida”.

Así la empresa ganaba millones gracias a la precarización de las condiciones laborales, mientras exponía a sus choferes a posibles ataques en su contra, solo para utilizar la situación como una forma de conseguir mayor repercusión e incluso para hacer lobby ante las autoridades.

Evadiendo y estafando

Los documentos que van de 2013 a 2017 muestran la forma en que la empresa evadía el pago de impuestos en los países en los que opera. Según los correos internos de Uber, sus ejecutivos explicaban a los gerentes regionales cómo adelantarse a las críticas de los gobiernos de sus países. Les sugirieron remarcar las “soluciones” que Uber había ideado para garantizarse que sus conductores pagaran impuestos.

Cuando en 2012 la compañía estadounidense hacia su debut europeo en Francia, Uber creó una empresa holandesa, Uber BV, para concentrar los pagos de los clientes que usan los coches de Uber en Buenos Aires, Londres, Sidney y centenares de ciudades más.

Luego de recibir esos fondos de cada usuario, Uber BV giraba hasta el 80% de cada viaje al conductor, mientras que la mayor parte del 20% restante se transfería a su filial en Bermudas, un paraíso fiscal, donde los ingresos de las empresas están exentos de impuestos.

Para explicar su accionar la compañía trató de argumentar que “Tenemos que demostrar que centenares de grandes empresas internacionales se han instalado en [Ámsterdam] durante décadas... Ámsterdam y el Gobierno holandés han demostrado que Países Bajos está ‘abierto a los negocios’” según indicaban sus directivos.

Con el fin de justificar su accionar, la empresa estadounidense respondía revelando que la práctica de evadir impuestos y estafar a las autoridades no era algo exclusivo, sino que se trataba de algo que hacán "centenares de grandes empresas internacionales".

La empresa que fue acaparando a lo largo de estos años el transporte, viajes compartidos y entregas, construyó su éxito lejos del supuesto "sueño emprendedor", la realidad es que lo construyó en base a la evasión, el lobby, los contactos con funcionarios de alto rango en varios países y principalmente, en la precarización y explotación de sus choferes.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Domingo 10 de julio

Publicado enInternacional
La censura de YouTube es una amenaza para la izquierda

El régimen de censura de YouTube pretendía erradicar la desinformación y evitar el aumento del extremismo. En cambio, ha supuesto un ataque a los medios de comunicación independientes y de izquierdas.

Hay algo raro que ocurre con los números en ciertos temas». Rania Khalek se acuerda de todas las veces en que YouTube pareció fastidiarla. Hubo una ocasión en la que Khalek, presentadora de Dispatches from the Underclass en Breakthrough News, una organización de medios de comunicación online de izquierda, contó con el historiador Vijay Prashad para discutir cómo la guerra en Ucrania estaba remodelando el orden global. La retransmisión en directo fue un éxito para el canal de noticias políticas sin ánimo de lucro —«Creo que fue la más vista que hemos tenido nunca en una retransmisión en directo», dice Khalek—, pero al día siguiente los miles de visitas por hora que había recibido se redujeron drásticamente.

No fue la única vez. Tras observar que toda la cobertura del canal sobre la guerra en Etiopía funcionaba especialmente bien, Breakthrough viajó allí para producir una serie de reportajes, visitando las zonas de guerra y hablando con la población local. «El primer par de reportajes funcionó bien, pero de repente hubo un gran bajón», recuerda. «O toda nuestra audiencia etíope desapareció por completo, o algo raro está ocurriendo». Una historia similar, dice, con su trabajo sobre temas relacionados con Palestina.

Las cosas no eran así normalmente en la plataforma. «Cuando un vídeo obtiene un cierto número de visitas en la primera hora, te haces una idea de lo bien que le va a ir durante la semana», dice. «Pero a veces, un vídeo tiene un rendimiento increíble en la primera o segunda hora, y luego baja».

Khalek es sólo una de las muchas figuras mediáticas de izquierdas que se han visto afectadas negativamente por las políticas de moderación de contenidos de la plataforma. Supresión, desmonetización, eliminación directa de contenidos: a medida que ha crecido el impulso de la censura tecnológica, aparentemente para apuntar a la «desinformación» y al extremismo en línea, los medios de comunicación independientes de izquierda han sufrido todo esto y más, atrapados en la red expansiva que los censores de YouTube, demasiado entusiastas, con exceso de trabajo o automatizados, han lanzado sobre el contenido de sus plataformas.

Postes en la máquina

Jordan Chariton conoce las políticas de «moderación de contenidos» de YouTube. El fundador y presentador del outlet independiente Status Coup ha visto cómo sus vídeos han sido eliminados y suprimidos en serie por la plataforma desde que lanzó el outlet en 2018, un patrón que, según él, se está intensificando.

«Creo que la supresión ha empeorado y la censura ha empeorado, específicamente después del 6 de enero y de COVID», dice.

Incluso antes de los disturbios en el Capitolio, dice Chariton, YouTube había retirado siete u ocho vídeos de él mismo o de su camarógrafo entrevistando a los partidarios de Trump y rebatiendo sus delirios de «Stop the Steal». Entonces, el 6 de enero, el videógrafo Jon Farina fue a DC para filmar una transmisión en vivo de la protesta del día para Status Coup, que resultó ser un gran triunfo. El número de espectadores en directo alcanzó los treinta mil, un récord para el medio, y, habiendo capturado lo que se convertiría en un clip icónico de un oficial de policía del Capitolio siendo atascado contra una puerta por los manifestantes, Status Coup licenció sus imágenes a un conjunto de medios de comunicación nacionales y extranjeros, incluyendo ABC, CNN y NBC, que, como Chariton le dijo a Matt Taibbi, utilizaron las imágenes y los recuerdos de Farina como base para su propia cobertura. Menos de un mes después, desapareció.

El material violaba la «política de spam, prácticas engañosas y estafas» de YouTube, según informó la plataforma a Chariton, recordándole que «no se permite el contenido que avance afirmaciones falsas de que el fraude generalizado, los errores o los fallos cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2020».

«Para colmo de males, los puntos de venta a los que concedimos la licencia pudieron colgarlo en YouTube sin problemas», dice Chariton. En abril de 2021, calculó que YouTube había retirado hasta diez vídeos de Status Coup de entrevistadores rebatiendo las afirmaciones de los partidarios de Trump sobre las elecciones, y les advirtió de que una nueva infracción les llevaría a una prohibición de una semana. «Sinceramente, no sé cuánto tiempo más podrá sobrevivir Status Coup», tuiteó entonces, con las vistas y el crecimiento de suscriptores cayendo en picado.

«Parece que se trata de un algoritmo robotizado que no sabe distinguir entre desmentir mentiras y avanzar en ellas», afirma.

Status Coup fue víctima de un cambio tardío en la política de la plataforma tecnológica, propiedad de Google, después de que YouTube recibiera fuertes críticas por no seguir el ejemplo de Twitter y Facebook a la hora de limitar el alcance de los contenidos que cuestionan el resultado de las elecciones. Ryan Grim, de The Intercept, se enfrentó al mismo problema cuando era el copresentador progresista designado de Rising, el programa matutino de política de The Hill, que fue suspendido en la plataforma por reproducir clips de dos discursos de Trump sin que los presentadores identificaran explícitamente que contenían afirmaciones falsas sobre las elecciones, incluso cuando se referían a Trump como un «loco».

«El propio algoritmo de YouTube ha creado todo un movimiento que cree en falsas teorías de la conspiración, pero si entrevistas a las personas reales que han envenenado, te opones y publicas las entrevistas, te quitan el canal», tuiteó más tarde Grim. No es ni mucho menos una práctica nueva de YouTube, que una vez retiró un vídeo que criticaba el revisionismo del Holocausto porque confundió el escrutinio del concepto con la promoción. Peor aún, ni siquiera fue eficaz: la creencia de que las elecciones de 2020 fueron robadas en realidad creció y se extendió a medida que YouTube y otras plataformas intensificaron sus esfuerzos de censura, probablemente porque, como concluyó el Centro Berkman Klein para Internet y la Sociedad, la campaña de desinformación sobre las elecciones de 2020 fue «dirigida en gran medida por las élites políticas y los medios de comunicación».

Pero la desinformación electoral no es el único tema al que parece dirigirse YouTube.

«Cuando hago algo con Amazon en el titular en un livestream, generalmente no supera los doscientos espectadores en directo, mientras que otros temas están entre los doscientos cincuenta y los cuatrocientos», dice Chariton. Cuando los espectadores se suscriben a un canal, se supone que reciben una notificación hasta tres veces al día cada vez que hay un nuevo vídeo o livestream, algo que los administradores del canal pueden ver en su extremo. Así es como Chariton sabe que YouTube ha tomado la costumbre de no enviar notificaciones sobre los vídeos de Amazon, Flint y el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

The Serfs, un podcast de comedia que cubre las noticias políticas desde una perspectiva de izquierdas, vio cómo sus dos canales de YouTube eran eliminados sumariamente sin una huelga o advertencia, la primera vez sobre esa misma base de estafas y malas prácticas, y más tarde, por acusaciones de «acoso, amenazas y ciberacoso». En otro incidente, cuando el podcast hizo un sketch sobre Mark Randazza, un abogado defensor de la libertad de expresión que representa a supremacistas blancos y otras figuras de extrema derecha, miles de usuarios lo marcaron al instante como discurso de odio.

«Las dos veces [que se retiraron los canales] fueron por lo que sospecho que fueron campañas de marcaje masivo», dice Lance, el presentador de The Serfs, y YouTube señala los vídeos de Serfs que apuntan a Joe Rogan, al YouTuber PewDiePie y al ex alumno de Infowars Paul Joseph Watson. «Por lo demás, es la muy habitual desmonetización que supone discutir cualquier cosa relacionada con LGBTQIA+».

Voces autorizadas

Al igual que con todas las plataformas tecnológicas, el régimen de censura de YouTube —o «moderación de contenidos», como lo llaman eufemísticamente sus defensores— se intensificó realmente en 2016 y después. A medida que los políticos y los medios de comunicación liberales recurrían cada vez más a la desinformación en línea para explicar las elecciones de 2016 y otras conmociones políticas, una serie de escándalos sobre contenidos infantiles extremistas e inapropiados produjeron una serie de revueltas de anunciantes denominadas «Adpocalypse». En respuesta, YouTube emitió una amplia orden de desmonetización contra todo el contenido «no apto para anunciantes», una categoría que incluía «temas controvertidos» y «eventos sensibles». Los canales de noticias y de política sufrieron un golpe inmediato.

«Pasé de ganar un dinero decente a ganar cero dólares y cero centavos de la noche a la mañana», ha declarado Kyle Kulinski, presentador del programa de entrevistas políticas de izquierdas Secular Talk.

Siguieron más escándalos sobre el discurso de odio y el extremismo, y YouTube intensificó su programa de censura en respuesta. En 2019, lanzó una política de promoción de lo que llamó «voces autorizadas» en la plataforma, que el jefe de producto Neal Mohan definió como «fuentes de noticias que tienen un historial de credibilidad y relevancia», una publicación en el blog de YouTube que señala a CNN y Fox como ejemplos. La consejera delegada Susan Wojcicki señaló igualmente «cualquier cosa que vaya en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» como ejemplo de lo que se eliminaría, una categoría que, en varias ocasiones, habría incluido otras voces autorizadas, como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

El resultado es un sistema de censura de dos niveles, confuso y opaco, en el que los medios pequeños e independientes tienen pocos recursos cuando se producen errores, lo que, como ha reconocido el propio YouTube, ocurre con regularidad.

Al haber pasado del programa Hill’s Rising al programa Breaking Points, financiado por los oyentes, Krystal Ball vio de primera mano cómo funciona esta dinámica. Ball agradece que ella y el copresentador Saagar Enjeti hayan podido «jugar en el cajón de arena del Capitolio” y aprender qué temas se desmonetizan y cuáles no, dice, lo que informó su decisión de optar por un modelo de negocio basado en los suscriptores. Pero la diferencia de trato desde que se independizó es palpable.

«Saagar y yo hacemos lo mismo que la Colina, en general nuestras opiniones son más o menos las mismas o incluso más altas, pero ya no recibimos los segmentos súper virales que antes», dice. «Si eres un periodista independiente y no tienes esa credencial de ‘fuente confiable’, te golpean. Lo negarán, pero hemos visto con nuestra propia experiencia la forma en que el contenido va en una dirección frente a cuando estás bajo el paraguas corporativo».

Los moderadores «te dan una explicación vaga o general» de por qué se ha censurado un vídeo, dice, mientras que el funcionamiento del algoritmo sólo se puede discernir con la experiencia. Ocasionalmente, obtendrán más información de un contacto directo que tengan en YouTube. Pero incluso eso es más que la mayoría de los canales independientes de la plataforma.

«Los controles y equilibrios para los canales más pequeños son abismales», dice Lance, de The Serfs. «Los canales con millones de suscriptores tienen representantes reales con los que pueden contactar. Pero si eres un pequeño izquierdista con quinientos suscriptores, lo más probable es que tu canal sea retirado simplemente si recibe unos cientos de informes porque alguien publicó un enlace en 4chan».

«Se limitan a citar la huelga y a decir que es desinformación electoral», dice Chariton. «No te dicen dónde estaba en el vídeo, qué se decía. Eso es casi censura en la sombra».

Cuando hablamos, Chariton había recurrido recientemente con éxito un «strike” dictado por los moderadores. Pero a los creadores de contenidos sólo se les concede una apelación. E incluso ese, sospecha, sólo ganó porque levantó un escándalo en Twitter, respaldado por otros nombres de la izquierda como Ball y Grim.

Los Serfs no tuvieron tanta suerte. Cuando publicaron un vídeo cómico en la manifestación de camioneros en Vancouver a principios de este año, donde Lance dice que «gritaron un montón de tonterías”, «cosas como: ‘Justin Trudeau está poniendo su semen en el suministro de agua. No te bebas su semen’», dice. El programa fue eliminado definitivamente de su canal por ser información médica errónea, y su apelación fue rechazada. Y aunque los grandes canales que tuvieron la oportunidad de construir su audiencia y establecerse antes de los cambios de YouTube después de 2016 podrían ser capaces de capear estos problemas, todo tiene un efecto escalofriante en los puntos de venta más pequeños y nuevos.

«A veces tengo que detenerme en historias que antes no habría detenido», dice Chariton. «Ni siquiera sabes qué es lo que puedes decir o hacer que puede violar los términos de YouTube». Debido a que el algoritmo parece enterrar la información real sobre el terreno —lo que Status Coup se enorgullece de hacer— Chariton dice que se ha encontrado con que tiene que «hacer cosas más tópicas y llamativas para que la gente entre por la puerta».

«Es mucho más difícil para las nuevas voces independientes”, dice Ball. «Hay un montón de voces maravillosas e inteligentes que pueden ofrecer un nuevo desafío al sistema y que simplemente nunca serán escuchadas».

Es hora de preocuparse

Hoy en día, la izquierda tiende a despreciar el tema de la censura tecnológica. Sacar a relucir este tipo de preocupaciones es muy probable que provoque apatía, si no un apoyo total a la política. Después de todo, la respuesta típica es que los centros de poder van a censurar inevitablemente a la izquierda pase lo que pase; así que, ¿por qué no seguir la corriente y al menos eliminar algunas voces nocivas de la extrema derecha en el proceso?

Pero la gente con la que hablé veía las cosas de otra manera. «Lo que acaba ocurriendo es que, aunque los gigantes de la tecnología supriman a la extrema derecha, la izquierda no tiene dinero detrás, y la derecha sí. Pueden crear su propia plataforma», dice Khalek. «Entiendo la inclinación, pero no vivimos en un país donde la izquierda manda. Vivimos en un país donde todo en Internet es propiedad de multimillonarios».

Chariton cambió de opinión sobre este mismo tema después de experimentar de primera mano los peligros de los esfuerzos de censura de las empresas. Después de pedir que los medios de comunicación que promovieran la campaña «Stop the Steal» de Trump fueran retirados del aire a raíz del 6 de enero, Chariton renunció al tuit un mes después, tras sus propias peleas con los censores de YouTube por sus imágenes del evento. Las corporaciones que controlan la prensa estadounidense, escribió, estaban ahora trabajando con Silicon Valley para purgar los pocos medios independientes de izquierda que existían.

«Una de las grandes razones por las que me he mantenido en la crisis de Flint durante años es porque los medios de comunicación dominantes han impulsado la mentira de que ya se ha acabado. He estado allí más de veinte veces y no es cierto», dice. «Una de las razones por las que los medios de comunicación dominantes son capaces de declarar narrativas es porque los medios independientes no tienen micrófono. Y cuando los medios independientes son censurados, sólo tienes un montón de ovejas».

«Es peligroso creer en una política que desafía al poder», dice Ball. «La izquierda será golpeada más consistentemente porque desafía más consistentemente al poder».

De hecho, los creadores de contenidos de derechas siguen prosperando en YouTube y otras plataformas tecnológicas, e incluso son favorecidos por ellas, y han recurrido a dinero de capital riesgo para poner en marcha sus propias plataformas libres de censura, como la competidora de YouTube, Rumble. Fuera de Internet, la derecha tiene ahora el mayor propietario de emisoras de televisión locales del país, y al menos tres redes de cable distintas, incluyendo, a través de Fox, varios de los programas de mayor audiencia en las noticias por cable.

También es imposible no notar que, a pesar de un régimen de censura en línea que ha aumentado radicalmente desde 2016, los problemas de desinformación y extremismo político parecen haber empeorado. Tampoco ha disminuido la creencia del público estadounidense en una variedad de falsedades. La censura tecnológica, al parecer, ha demostrado ser una solución inadecuada para los mismos problemas que justifican su existencia. Y para la izquierda, puede reflejar o incluso estar contribuyendo a un desorden posterior a 2020 que ha ayudado a alimentar una desilusión con la labor de persuasión y construcción de coaliciones.

«Creo que tenemos que creer en la democracia y tener confianza en que podemos participar, en que podemos debatir y en que nuestros argumentos son lo suficientemente fuertes como para ganar el día», dice Ball. «En el momento en que se va por el camino de pensar que el problema son las personas individuales que necesitan ser silenciadas en lugar de los grandes sistemas que necesitan ser reformados, se hace imposible la solidaridad y la acción colectiva». «Es una forma de antipolítica», concluye.

Por Branko Marcetic | 07/07/2022

Fuente: https://jacobinlat.com/2022/07/06/la-censura-de-youtube-es-una-amenaza-para-la-izquierda-2/

Publicado enSociedad
 Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

El máximo tribunal norteamericano ordenó que Bayer-Monsanto pague una condena de 25 millones de dólares a un ciudadano que contrajo linfoma no-Hodgking por el uso habitual del herbicida Roundup. A pesar del fallo, el órgano de control ambiental estadounidense mantiene la aprobación del uso de glifosato. En Argentina hay 44 eventos transgénicos aprobados resistentes al agrotóxico.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último recurso de Bayer-Monsanto, sin necesidad de revisión, y dio sentencia definitiva al emblemático caso de Edwin Hardeman, ciudadano norteamericano demandó a la empresa farmacéutica alemana por contraer linfoma no-Hodgkin a partir del uso habitual de Roundup, herbicida a base de glifosato. La condena indemnizatoria por 25 millones de dólares sienta jurisprudencia para otras 30.000 denuncias presentadas en el Poder Judicial norteamericano contra el agrotóxico estrella del modelo transgénico. 

En Argentina —donde se estima la tasa de uso de agrotóxicos más alta del mundo—, existen fallos similares como el caso de la docente Estela Lemes. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina, los organismos de control estatal siguen sosteniendo la habilitación comercial del agrotóxico, a pesar de las pruebas científicas sobre su impacto en la salud y el ambiente. 

El Ministerio de Agricultura autorizó en la Argentina 44 eventos transgénicos resistentes al glifosato. El primero fue la soja de la empresa Nidera, en marzo de 1996. El último es un maíz transgénico resistente a glifosato, dicamba y glufosinato de amonio —agrotóxico que generó debate por la aprobación del trigo transgénico HB4— de nada menos que Monsanto Argentina S.R.L. Monsanto cuenta con la última aprobación de un evento transgénico en el país, emitida por resolución en noviembre de 2021.

Las demandas contra Bayer-Monsanto comenzaron a multiplicarse en los tribunales norteamericanos en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida y el cáncer. Y lo categorizó como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. 

Hardeman, a quien la Corte Suprema le dio la razón este martes, vio la noticia de la IARC en su casa, cuando estaba atravesando las sesiones de quimioterapia por linfoma no-Hodgkin —tipo de cáncer que ataque el sistema linfático—, que le fue diagnosticado ese mismo año. La causa del hombre de 70 años —que usó el herbicida durante 26 años en su jardín— y otras cientos fueron tramitadas por el juez Vince Chhabria del Tribunal de San Francisco.

La de Hardeman fue elegida como la causa testigo y la investigación destapó los denominados Monsanto Papers, una serie de documentos internos —desclasificados por orden del juez de San Francisco— en los que se observa cómo era el modus operandi de la empresa para aprobar el uso del herbicida en las agencias de control estatales con estudios hechos por la propia Monsanto y cómo se organizaba el lobby ante los gobiernos y la propia IARC.  

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos —de mayoría conservadora—,  Bayer-Monsanto dijo “discrepar” con la decisión judicial y anunció contar con un fondo especial de 16.100 millones de dólares para seguir enfrentando el “riesgo legal” de la comercialización del agrotóxico de Monsanto (empresa que el grupo alemán compró por 63 mil millones de dólares en 2018). 

La empresa dispuso 11.600 millones en el inicio de los juicios y, en julio de 2021, anunció un incremento de esos fondos en 4.500 millones ante la posibilidad de que se rechazara su intento de un acuerdo colectivo por las demandas presentes y futuras. En su informe anual de marzo pasado, Bayer-Monsanto informó que resolvió unos 107.000 casos de un total de 138.000 demandas. 

En el comunicado del martes 21, replicado en las agencias Reuters y AFP,  la farmacéutica sostuvo “no admitir ningún fallo ni responsabilidad” y anunció que continuará vendiendo sus productos Roundup por ser “una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo”. El argumento más relevante de la empresa es que no debería estar siendo juzgada por un herbicida que mantiene la aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos. “Espero que este sea un cambio significativo en la historia de Monsanto”, se había ilusionado Hardeman en una entrevista con The Guardian en 2019, tras el fallo de primera instancia. 

El glifosato y la complicidad de los Estados

La aprobación vigente del Rondup por parte del EPA también comienza a ser cuestionada. En la previa del fallo de la Corte Suprema, el viernes pasado, el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, hizo lugar el reclamo de varios grupos de defensa del medio ambiente, de trabajadores agrícolas y de la seguridad alimentaria que denuncian que la EPA no consideró adecuadamente si el glifosato provoca cáncer y amenaza a especies en peligro de extinción, por lo que exigió que examine de nuevo si el ingrediente activo glifosato plantea riesgos irrazonables para los seres humanos y el ambiente. 

El glifosato, base del herbicida patentado por Monsanto en 1974, fue clasificado como “posible cancerígeno” por la OMS en 2015 basándose en una amplia prueba científica de que es cancerígeno para los animales. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”, sostuvo la OMS al recategorizar al herbicida y su vínculo con el cáncer. 

Gran parte de la prueba científica acumulada está presente en el informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, que reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. 

La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En el caso de Argentina, la creciente documentación de estudios científicos y casos relevados por los pueblos fumigados frente a la falta de control estatal sobre los agrotóxicos comenzó a generar luchas ciudadanas para conseguir ordenanzas municipales que alejen el uso de agrotóxicos de cascos urbanos, escuelas rurales y espejos de agua y demandas judiciales. Entre 2003 y 2019, se lograron al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. 

A nivel global, según la ONG Sustainable Pulse, existen más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. 

También hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y en Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). El último caso en la región es el de México, que prohibió el uso de glifosato y maíz transgénico para 2024. El glifosato también está prohibido en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza.

Por | 27/06/2022


Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/glifosato-la-corte-suprema-de-estados-unidos-confirmo-la-condena-contra-monsanto/

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Volkswagen, acusada en Brasil de esclavizar a miles de campesinos en la dictadura

Una denuncia por violaciones a los derechos humanos contra la automotriz alemana

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional.

La automotriz alemana Volkswagen (VW) adquirió tierras en la selva amazónica por recomendación de la dictadura militar para diversificar sus operaciones comerciales en Brasil entre 1970 y 1980 con el objetivo de desarrollar la ganadería, para lo cual ejerció tráfico de personas, torturas, muertes y sometió a miles de campesinos a la esclavitud, denunció este martes la fiscalía.

"Los trabajadores sometidos a la esclavitud llegaban a ser atados a los árboles para aceptar las condiciones", denunció el fiscal del fuero laboral Rafael García Rodrigues, a cargo del caso contra la multinacional alemana durante la dictadura de Brasil (1964-1985).

El caso, que había sido denunciado por la prensa alemana, se da en el marco de acuerdos de reparación histórica que la automotriz alemana está realizando en Brasil.

La empresa ya hizo un acuerdo de unos 7 millones de dólares de indemnización porque la compañía colaboró con la dictadura para detener a cinco trabajadores que encabezaban reclamos salariales y reconoció haber cedido la unidad de Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, para que se torturara a un trabajador.

Ahora, el Ministerio Público del Trabajo de Brasilia anunció una reunión el 14 de junio con directivos de VW para que la empresa ofrezca detalles de otro crimen cometido en la época por sus directivos: una suerte de campo de concentración en una hacienda del sur del estado de Pará, en la Amazonía brasileña.

"Concluimos que hay pruebas suficientes para caracterizar la responsabilidad de VW con las graves violaciones a los derechos humanos en la década del 70 en Pará", dijo el fiscal García Rodrigues.

Las denuncias surgieron a partir de un trabajo hecho por la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica en 2019, que recogió relatos de los trabajadores sometidos a la esclavitud, tras lo cual la fiscalía de Brasilia creó un grupo de investigación sobre esta violación a los derechos humanos.

Durante la presidencia del dictador Emilio Garrastazú Médici, Brasil lanzó el plan nacional llamado "integrar para no entregar", que consistió en enviar a cientos de miles de miserables campesinos del sur y centro del país a la selva amazónica.

Con la construcción de la ruta transamazónica, el objetivo era deforestar y crear grandes campos para la cría de ganado a cambio de la entrega de títulos de propiedad.

La Comisión de la Verdad indicó que 8.000 indígenas de pueblos originarios fueron asesinados para abrir paso a la transamazónica y al agronegocio. Este es considerado el momento fundacional de la devastación amazónica a gran escala.

El caso de la hacienda de Volkswagen está vinculado a una misma oferta del régimen de facto para que la compañía lleve adelante proyectos agropecuarios en Brasil y ayude al programa nacional de integración del Gobierno de Médici.

En el interior del estado de Pará hay todavía hoy una ciudad llamada Medicilandia, en homenaje al dictador que llevó allí a los llamados "pioneros" de otras regiones del país con la obligación de eliminar selva y criar ganado.

"El trabajo que hacía la empresa era derribar la selva y preparar el campo para el ganado. Volkswagen contrataba capataces para reclutar trabajadores golondrina a los que les prometía excelentes condiciones de trabajo", dijo el fiscal.

Según éste, los trabajadores llegaban a la hacienda de esa región, que todavía no estaba dividida en municipios sino que eran tierras fiscales federales, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y salud.

"Tampoco había acceso a comida, agua fresca o un médico", dijo, y apuntó que sobrevivientes relataron cómo sus compañeros murieron por malaria.

En un comunicado enviado a la TV Globo, Volkswagen informó que "refuerza su compromiso de contribuir con las investigaciones involucrando derechos humanos de manera muy seria", aunque aclaró que no quiere comentar el asunto hasta conocer toda la acusación de la fiscalía.

De acuerdo con la denuncia, VW había montado también una suerte de ejército particular para evitar la fuga de los esclavizados.

La única forma de salir era pagando una deuda a la que la empresa obligaba a adquirir a los trabajadores. El trabajador debía endeudarse para adquirir alimento y ropa y nunca lograba pagar esa deuda, con lo cual estaba impedido de salir.

"Los trabajadores que son parte de la denuncia narran las diversas formas de violencia, con el Estado ausente, y que hubo trabajadores asesinados intentando huir y que fueron atados a árboles por día como forma de tortura ejemplificadora", dijo a la prensa el fiscal, que cuenta con el testimonio de 20 sobrevivientes.

García Rodrígues aclaró que el caso es motivo de una audiencia con VW para intentar llegar a un acuerdo pre-judicial para indemnizar a las víctimas.

En Brasil, la Ley de Amnistía de 1979 sancionada por el entonces dictador Joao Baptista FIgueiredo permitió la apertura política y sindical, pero también evitó la apertura de procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad.

Es por ello que Brasil nunca juzgó a los represores, uno de los cuales es considerado un héroe nacional por el presidente Jair Bolsonaro, el coronel Carlos Eduardo Brilhante Ustra, jefe de los torturadores del régimen de facto.

El caso salió a la luz por primera vez en Alemania en 2017, con un libro del historiador Antoine Acker llamado Volkswagen en la Amazonía: La tragedia del desarrollo global en el Brasil moderno.

En el libro se aborda la responsabilidad de los directivos alemanes de la automotriz en Brasil para crear una suerte de "ganadería del futuro" colaborando con la colonización y devastación amazónica impulsada por el dictador Médici.

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Viernes, 29 Abril 2022 05:37

Atlas envanecido

En la gigafábrica de Tesla de Berlín, en marzo AFP, PATRICK PLEUL

El futuro nuevo dueño de la red social, uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, promete llevar la libertad a nuevos esplendores. Mientras tanto, crecen su poder y su billetera.

El señor Elon Musk no es solo el hombre más rico del mundo (o el segundo: intercambia posición con el dueño de Amazon, Jeff Bezos, según las cotizaciones en bolsa de sus respectivas empresas). Su hambre de poder es tan grande como sus delirios, que son enormes. Musk acaba de sumar Twitter a una corona que ya comprendía rubíes en los sectores del transporte (Tesla), la infraestructura (The Boring Company), las monedas digitales (activos en dogecoin y bitcoin), el aeroespacial (Space X), la comunicación informática cerebral (Neuralink, fabricante de chips cerebrales… Y dice que no se va a quedar ahí, que irá por otras joyas de esas que hacen a su poseedor sentirse con capacidad como para hacer lo que se le cante.

Allá por julio de 2020 alardeó de ese poder cuando por Twitter aseguró que, si se le antoja, puede «golpear» a quien quiera y donde quiera. Lo habían acusado de estar detrás del golpe contra Evo Morales para hacerse del litio que en Bolivia hay a raudales, un mineral indispensable para la fabricación de los autos eléctricos de Tesla y que interviene también en la construcción de naves espaciales. «Le vamos a dar un golpe a quien se nos ocurra, ¡bancátela!», le dijo entonces a otro tuitero.

Fanfarroneaba, porque después aclaró que su litio lo sacaba de Australia. Pero tampoco alardeaba tanto: luego de eso, dijo que sabía que Bolivia tiene las reservas más importantes de litio en el mundo y que algún día «habría» que echar mano de ellas. «Por el bien de la humanidad.» Y que no se ponga nadie, ningún gobierno, ninguna organización internacional, nadie a meterle trabas.

En marzo de este año, tres semanas después de la invasión rusa, Musk desafió a Vladimir Putin a un duelo «hombre a hombre». El premio del combate «entre potencias» sería Ucrania. Unos meses antes, Space X había sido la primera empresa privada en organizar un viaje a la Estación Espacial Internacional. «Siempre sentí que no tenía límites, que mi límite ni siquiera era el cielo, que iría más allá, por qué no hasta Marte, por qué no a montar la primera colonia humana fuera de esta Tierra, que puede llegar a volverse inhabitable», dijo entonces.

Hace unas pocas semanas le dio consejos a Pedro Sánchez sobre lo que tenía que hacer con la industria energética española: le dijo dónde debería invertir y dónde no. El socialista le tendió la alfombra roja para que fuera a Madrid a discutir con él. Y en cada cumbre sobre el cambio climático Musk se permite, como Jeff Bezos, como Bill Gates, plantear «soluciones» tecnológicas fabulosamente caras para un drama al que ellos mismos han contribuido como pocos y siguen contribuyendo (véase «Mundo Musk», Brecha, 7-I-22).

A Musk le gusta posar, le gusta bailar mientras inaugura una nueva planta de Tesla, hacer mohínes mientras anuncia un nuevo viaje de Space X del que él mismo formará parte. Le gusta provocar payaseando. Pero mal se haría en tomarlo como un payaso. El apenas cincuentón sudafricano pertenece a esa raza de magnates modernos que marca los rumbos de este mundo, como a comienzos del siglo XX lo marcaban los dueños de las siderúrgicas, del carbón, de la industria automotora.

«Musk es ahora más poderoso que muchísimos Estados. Controla el activo tecnológico más importante de Estados Unidos (Tesla) y probablemente uno de los activos más estratégicos del mundo (Space X). Con Twitter tiene en su poder, además, una de las herramientas de comunicación más importantes del planeta», comentó el inversor Ross Gerber (Mediapart, 26-IV-22). Gerber no lo estaba denunciando. Se congratulaba. Es un estrecho colaborador del multimillonario.

***

En apenas tres semanas, Musk se hizo de la red social. Primero anunció que aumentaba su participación en el capital de la empresa, luego dijo que la compraría toda, después se retractó y, finalmente, terminó poniendo sobre la mesa una millonada sideral para concretar su proyecto más ambicioso. Su desembarco había motivado protestas del personal de Twitter: Musk tiene una bien ganada fama de racista, de sexista, de explotador. También había provocado reacciones adversas entre usuarios y accionistas, temerosos de que el magnate, un «defensor absolutista de la libertad de expresión más irrestricta», como él mismo proclama, abra tanto el espacio de la red que se llene de «mensajes de odio y de campañas de desinformación», según expresó uno de los inversionistas en la red. Las mismas preocupaciones manifestaron movimientos antirracistas, como Black Lives Matter, organizaciones de derechos humanos, feministas, de defensa de las minorías.

Cuando se supo que Musk había tomado el control de casi el 10 por ciento de las acciones de la empresa, a principios de abril, y que no descartaba avanzar aún más, la dirección de Twitter intentó aventar los temores y las protestas e insinuó que se opondría a los planes del milmillonario. Pero Don Dinero todo lo puede, y al dueño de Tesla le sobra. Cuando la semana pasada Musk anunció que pagaría 44.000 millones de dólares por la compra de Twitter, ofreciendo una prima de 38 por ciento sobre el valor del título en bolsa al 1 de abril, el Consejo de Administración acabó cediendo y recomendando a los tenedores de capital que hagan lo mismo cuando, a fines de mayo, se reúna la junta de accionistas. «Elon es la única solución a la situación actual. Necesitamos urgentemente despegar», dijo Jack Dorsey, cofundador del grupo.

Twitter es una de las redes con mayor influencia entre políticos, financistas, medios de comunicación, gobernantes, pero está muy lejos de sus competidores en número de usuarios: 231 millones contra casi 3.000 millones de Facebook, bastante más de 1.000 millones de Instagram y 1.000 millones de Tiktok.

El plan de Musk será revisado por la Comisión Federal de Comercio, que deberá determinar si viola las leyes antimonopolio. El proceso puede durar unos meses, quizás hasta fin de año. Nada hace pensar que haya marcha atrás: Musk no es propietario de ninguna otra red social ni tiene hasta ahora empresas de telecomunicación.

***

En filas del Partido Republicano, la venta de Twitter no pudo caer mejor. Musk supo estar muy cerca de Donald Trump, un tuitero desenfrenado al que la red social «canceló» el año pasado por el contenido de sus mensajes (véase «Cuando la esfera pública es propiedad privada», Brecha, 15-I-21). Nieto de un canadiense de extrema derecha que abandonó su país por juzgarlo «demasiado comunista», para instalarse en la «paradisíaca» Sudáfrica de comienzos del apartheid, e hijo de un ingeniero que hizo su fortuna explotando minas de esmeraldas en Zambia, el dueño de Tesla tiene todo para ser considerado por Trump como «un tipo con buenos valores».

Al igual que al expresidente de Estados Unidos, a Musk, que se define como un «libertario», un neoliberal puro y duro, no le gusta que le cobren impuestos, por más que esté entre los más ricos del mundo. «Los empresarios estamos para emprender y para derramar hacia abajo con nuestra iniciativa y no para que los burócratas nos esquilmen», supo decir este hombre, que mudó la sede de Tesla de California a Texas para beneficiarse de leyes sociales y de un sistema fiscal mucho más favorables a los «emprendedores».

A Trump le preguntaron por estos días si volvería a Twitter si, como es muy probable, Musk impusiera un cambio de reglas. Respondió que no, que seguirá apostando a Truth, su propia red social, inaugurada en febrero. Pero algunos de sus allegados dicen que Trump «extraña Twitter» y que no le disgustaría tomarse revancha.

En todo caso, Musk ya anunció que «toda censura será abandonada, incluso para [sus] mayores detractores». Dijo también que hará públicos los algoritmos de la plataforma, que limitará al máximo los bots y que Twitter será «un paraíso libertario». Laverna Spicer, una republicana que será candidata a diputada por Florida en las próximas elecciones legislativas, tuiteó que «la compra de Twitter por Musk es el equivalente en el siglo XXI a lo que fue la liberación de los esclavos por Lincoln: un triunfo de la libertad».

Bernie Sanders, el veterano senador del ala izquierda del Partido Demócrata, no cree en espejitos de colores. «Musk es uno de los representantes por excelencia del capitalismo de casino. La libertad para él es la libertad de los dueños del dinero», escribió el año pasado. El verdadero objetivo de Musk, escribió, a su vez, el domingo pasado en el diario inglés The Guardian el profesor universitario Robert Reich, exsecretario de Trabajo de Bill Clinton, «nada tiene que ver con la libertad de expresión, [ya que] su objetivo es su propia libertad sin obstáculo alguno, la libertad de ejercer un poder enorme sin tener que rendir cuentas».

En 2020 Reich había acusado a Musk de negrero por obligar a los trabajadores de Tesla en California a volver al trabajo, a pesar de que en ese estado el covid-19 estaba haciendo estragos. Se lo dijo en Twitter. Musk lo bloqueó.

Por Daniel Gatti
28 abril, 2022

Publicado enCultura
El Gobierno de Pedro Castillo decreta estado de emergencia para reprimir a los comuneros de las Bambas

La medida durará 30 días y afecta a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui. El objetivo es acabar con la justa lucha de los comuneros que se oponen a los abusos de la minera Las Bambas.

Redacción LID Perú

Jueves 28 de abril

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) encabezada por Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo, oficializaron este miércoles 27 de abril la declaratoria de estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Esta medida de excepción que durará 30 días, permite la intervención del ejército y la policía para facilitar la represión de los campesinos y comuneros que se encuentran en pie de lucha contra la Minera MMG Las Bambas.

Esta medida antidemocrática y reaccionaria del ejecutivo, que pone de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial y servil del gobierno, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, que en su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los comuneros de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión de las fuerzas represivas para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros.

Como se recuerda, en la zona donde se declaró el estado de emergencia, se venía desarrollando un conflicto social entre los comuneros y el capital minero, el cual, con la complicidad del gobierno, se negaba a resarcir los daños ambientales y económicos provocados en las comunidades aledañas como consecuencia de la actividad extractiva que les reporta grandes ganancias a los empresarios. Es por esta razón que los comuneros de Fuerabamba, cansados de la inacción del gobierno, desde el 14 de abril tomaron los terrenos de la mina MMG Las Bambas.

Como bien lo han manifestado los dirigentes de los comuneros, esta toma de tierras es por compromisos incumplidos por la empresa minera Las Bambas desde el 2014, año en que la compañía compró los terrenos de la comunidad para sus operaciones extractivas. Los dirigentes de Fuerabamba sostienen que son más de 100 compromisos de la minera todavía sin concretarse. Debido a esta medida de lucha, la empresa minera se vio obligada a paralizar sus actividades desde el 20 abril.

Al cierre de esta nota, se tenía conocimiento que durante el día miércoles se dio una violenta intervención de las fuerzas represivas con la cual se buscaba desalojar a los comuneros de los predios de la empresa minera. Mientras tanto, se calcula que un poco más de 200 comuneros permanecen aún en la zona y otro contingente continúa sumándose.


Desalojan a campesinos de mina de cobre china en Perú

Ap y Arn

Lima. La policía desalojó ayer a cientos de campesinos quechuas de la más importante mina china de cobre en Perú, a la cual ingresaron hace 14 días en demanda de que la empresa cumpla la promesa de entregarles 180 hectáreas como contraprestación por la explotación de sus recursos naturales.

El campamento instalado en la mina paralizó la producción de cobre la semana pasada. Otro paro duró 13 días en diciembre pasado. La mina Las Bambas es controlada por la la estatal china Minmetals mediante su filial MMG Limited.

El desalojo con gas lacrimógeno representa un viraje al uso de la fuerza del gobierno del presidente, Pedro Castillo, que más temprano decretó el estado de emergencia, que limita la libertad de reunión y de protesta por 30 días en la zona. Hace una semana hizo lo mismo para frenar otro conflicto en importante mina de capitales mexicanos.

Más de mil agentes antimotines lanzaron bombas lacrimógenas, mientras los comuneros respondieron con piedras. Algunos medios locales transmitieron el desalojo y mostraron a dos mujeres tiradas en el piso, una de ellas con el ojo izquierdo lleno de sangre.

Los campesinos de Fuerabamba –cuyo territorio fue comprado por la mina– alegan que la empresa no ha cumplido con la entrega de la tierra prometida. La minera construyó una nueva ciudad en los Andes, adonde trasladó a los campesinos de la región, quienes realizaron la protesta.

Es el más reciente problema entre la población local y Las Bambas, que genera entre 1.5 y 2 por ciento de la producción mundial de cobre. La empresa acumula diversos conflictos con otras comunidades de lengua quechua descontentas con el polvo que generan cientos de camiones de la minera que transportan por una larga vía el cobre que sacan de las montañas de los Andes.

La zona donde ocurre el conflicto ocupa las regiones de Apurímac y Cusco, las cuales votaron de forma mayoritaria por Castillo para elegirlo presidente en 2021

Publicado enInternacional
Elon Musk. (EFE/EPA/Alexander Becher)

Durante las revueltas de la Primavera Árabe, en 2011, hubo una reunión de los máximos responsables de Twitter para debatir qué mejoras o cambios debían implementar en su invento/ empresa. De esa reunión salió una interesante conclusión: no sabían muy bien qué tocar porque no sabían muy bien para qué servía Twitter. La compra de Elon Musk de este invento/empresa no ha aclarado aún para qué va a servir la máquina/empresa, pero sí nos devuelve algunos elementos a tener en cuenta sobre lo que está pasando en el mundo que atraviesa economía, tecnología, atención, información, reputación y política.

El valor de compra de Twitter (44.000 millones de dólares) nos dice que es posible que eso que estábamos haciendo allá dentro podría ser algo parecido a trabajar. Al menos nos dice que algo de lo que producimos en Twitter tiene un valor muy importante, más todavía si tenemos en cuenta que es con muchísima diferencia la red con menos usuarios del mundo (322 millones), nada ver con Facebook (2900), Instagram (1000) o Tik Tok (800). La importancia de Twitter tiene que ver, fundamentalmente, con su capacidad para construir opinión pública internacional.

Elon Musk ya ha usado Twitter para intervenir directamente en el mercado. Eso quiere decir que valor, mercado y opinión son elementos interrelacionados y plantea la pregunta de si es razonable que la maquinaria digital de construcción de opinión pública más importante del mundo esté en manos de una única persona y que dicha persona sea un multimillonario con intereses económicos en muy diversos charcos en los que podrá intervenir gracias a aquello que acaba de adquirir.

Cory Doctorow, escritor, hacker y miembro de la Electronic Frountier Foundation publicó en agosto de 2020 un ensayo llamado ¿Cómo acabar con el capitalismo de la vigilancia? donde plantea una respuesta sencilla a una pregunta aparentemente difícil de resolver. Lo que está sucediendo con las redes y sus herramientas no es un problema nuevo, hipercomplejo e inabordable para los estados sino básicamente un problema de monopolios. Luchar contra los monopolios de la atención a través de la democratización de internet es la forma de abordar este problema general del que esta adquisición parece ser el último gran episodio.

Una forma de abordar dicha democratización pasa por recordar el papel que los estados tienen en la actual configuración de la red o la forma de abordar la libertad de expresión, etc. Cuando el dedo apunta a la Unión Europea, los idiotas miramos a Elon Musk. Por otro lado, ¿cómo no mirarle? Precisamente su condición de personaje tiene que ver con esas mismas formas de ir configurando la atención como monopolio. Hemos pasados de unas redes horizontales y anónimas a unas redes verticales y personalistas, donde atención equivale a valor y las mismas lógicas del lenguaje que invitan a ser disruptivo en los negocios invitan a serlo en la comunicación pública.

Pero, ¿qué querría decir democratizar internet? Voy a poner un ejemplo que creo puede resultar ilustrativo. Imagina que desde tu cuenta de Whatsapp mandas un mensaje a la cuenta de otro persona en Telegram y le llega. Imagina que una tercera amiga tiene Signal y que puede escribir a cualquiera de los dos anteriores, imagina que una cuarta persona tiene una pequeña empresa que dispone de un servicio de mensajería instantánea y también podría mandar mensajes sin hacer nada especial al resto. Esta es una arquitectura de red abierta e interoperable. Es como funciona el correo electrónico, que no te dice que solo puedas mandar correos de Gmail a Gmail o de Hotmail a Hotmail. Ahora imagina una arquitectura similar para servicios como Twitter. Pensemos que tú tuvieras un usuario en una red de microbloggin (Twitter, Parler, Mastodon, una creada por una pyme de tu ciudad natal, etc.) y pudieras mandar mensajes o seguir usuarios de cualquier de las otras. Eso haría que el elemento "atención" no fuera el determinante para elegir una u otra, sino otras cuestiones relacionadas con el servicio, el tipo de comunidad, la gestión del cuidado y la libertad de expresión, etc. Algo que hoy no puedes hacer porque irte de Twitter es como saltar de un avión sin paracaídas a una isla deshabitada.

Una parte del debate en las redes de personas preocupadas por las consecuencias que la presencia de Elon Musk podría tener en la red social ha llevado a la posibilidad de marcharse a otro "lugar". No es una propuesta nueva. Cuando Donald Trump fue expulsado de Twitter prometió generar su propia red social que, hoy por hoy, es un fracaso absoluto. El motivo es precisamente esa condición de monopolio de la atención. Salir de Twitter es salir de la relación social que produce Twitter, de los vínculos que genera. No quiere decir que tal cosa no sea posible, lo que ha sucedido con Netflix en los últimos meses es un ejemplo de deserción masiva que nos indica que estos fenómenos suceden en el momento en que existe competencia posible, pero mientras el movimiento sea entre herramientas cuya arquitectura reproduzca las lógicas del monopolio y la aceleración de la atención, habremos resuelto poco.

Por eso, la salida al problema que plantea Musk (o Facebook o Amazon) pasa por lo legislativo y también por la acción colectiva frente al gesto individual. El debate y las apuestas no se pueden encerrar entre irse o quedarse de Twitter, hay que abrir la mirada.

 

Por Guillermo Zapata. Guionista y escritor

26/04/2022

Publicado enCultura
Lunes, 18 Abril 2022 05:52

Twitter: un altavoz

Twitter: un altavoz

Hay un cierto contrasentido en la pretensión –sea real o no– de Elon Musk por comprar la empresa Twitter. Esta se define como "un servicio de micro-blogueo y redes sociales, en la que los usuarios envían e interactúan mediante mensajes conocidos como tuits".

Con esta transacción, Musk quisiera explícitamente tener su propia red social y ser el dueño único. Esto expresa una significativa contradicción de nuestro tiempo y destaca el papel creciente que tienen diversas formas de comunicación social.

¿Hasta dónde es compatible la noción de "red social" bajo la tutela de un hombre de negocios indudablemente audaz, como ha mostrado Musk y que es, igualmente, un especulador connotado, sofisticado y provocador?

Musk fundó Paypal (vendida posteriormente a e-Bay), SpaceX, Deep Mind Technologies, Tesla y The Boring Company. Forbes estima actualmente su fortuna en alrededor de 219 mil millones de dólares. El aumento de tal patrimonio ha sido vertiginoso en los dos años anteriores, pues en 2020 se estimó en 24.6 y en 2021 en 151 mil millones. Jeff Bezos, de Amazon, ha sido desplazado al segundo lugar y su riqueza se sitúa en 171 mil millones de dólares.

Musk ha usado la gran influencia que ha adquirido para sacar partido financiero provocando el alza del valor de las acciones de sus propias empresas. Recientemente lo hizo en Tesla, la compañía que produce autos eléctricos, y eso lo llevó a un serio conflicto con la Comisión de Bolsa y Valores, entidad reguladora del sector en Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Lo hizo también en Twitter cuando, recientemente, compró acciones hasta por el equivalente a 9.2 por ciento del capital y cuya valuación, cuando anunció la intención de compra, pasó de 2.89 mil millones de dólares a 3.7 mil millones, un aumento de 27 por ciento. Tras esa adquisición inicial tuvo la oportunidad de ocupar un lugar en el consejo, la que rechazó y en un tercer acto hizo una oferta de 43 mil millones de dólares para comprar Twitter y ser el dueño único.

La empresa reaccionó aplicando una fórmula conocida como "poison pill", literalmente una píldora envenenada. Esta es una forma defensiva para prevenir que otra entidad se haga del control accionario o, de plano, la compre íntegramente. Además, Vanguard, el segundo mayor inversionista, aumentó su posición accionaria y desplazó a Musk.

La oferta del magnate por cada acción de Twitter fue de 54.20 dólares. Antes, en 2018, Musk hizo una oferta por las acciones de Tesla en el mercado de 420 dólares por cada una. Ese número se asocia con el ambiente de consumo de cannabis y la misma SEC declaró que Musk había escogido ese número por aquella referencia y para divertir a su novia. En todo caso, este hombre ejerce una suerte de fascinación entre sus seguidores sea por una u otra razón y son 81 millones los que tiene en Twitter.

Hay un par de cuestiones en la polémica abierta entre Musk y Twitter. Una tiene que ver con el argumento del primero de que con la compra que ofrece hacer se ampliará la libertad de expresión en dicha red a la que ha señalado por imponer la moderación en la comunicación entres sus usuarios. Musk quiere que cada usuario pueda escoger o diseñar su propio algoritmo para decidir qué mensajes recibir. Esto mismo había sido ya considerado por Jack Dorsey, el fundador de Twitter.

Otro asunto se refiere a la afirmación de Musk de que él podrá explotar mucho más ampliamente las oportunidades que ofrece ese negocio, en términos del número de usuarios y de los ingresos derivados de la publicidad.

Se ha dicho que Musk encuentra valiosa a Twitter porque ahí se puede decir lo que se quiera sin mayores consecuencias, lo que Trump llevó al límite hasta que fue excluido de la red. Twitter es, en efecto, una plataforma muy influyente, un medio muy eficaz para difundir los mensajes de políticos, empresarios, celebridades, periodistas y otros personajes.

Musk quiere influir en cómo funciona Twitter y cómo modera a sus usuarios en el ámbito del discurso público. Lo que pone en evidencia la relevancia acerca de quién controla una empresa con ese poder actual y potencial.

Al respecto puede destacarse la dicotomía entre intemperancia y moderación que se advierte cada vez más en las redes sociales. Otra cuestión remite al sentido y las consecuencias de dejar en manos de personas como Musk y en un momento como el actual, el control de una red como Twitter.

Recientemente Musk declaró que: "Tengo la fuerte intuición de que tener una plataforma pública en la que hay mucha confianza y que es ampliamente inclusiva será extremadamente importante para el futuro de la civilización. Y no me interesa el aspecto económico". Algo de megalomanía parece haber en lo dicho. Cada quien podrá pensar el sentido que tiene todo esto. Pero abrir este camino a la par de los que ya existen, llenos de piedras es, cuando menos, algo en lo que habrá que reflexionar.

Cuando pienso en asuntos de este tipo, como el que ahora se plantea en torno a la figura y los modos de Musk con Twitter, o bien, en los que existen alrededor de Facebook, Google y demás, no dejo de recordar a George Orwell.

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