Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

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Cuatro ejes de acción para abordar la situación del Caribe ante el cambio climático

La situación del Caribe en el contexto del cambio climático ilustra con claridad la asimetría estructural constitutiva del sistema-mundo capitalista. Por ejemplo, el área del Caribe insular emite alrededor del 1% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, pero sus habitantes y ecosistemas son ya una de las principales víctimas del cambio climático.

La poca efectividad de las políticas implementadas hasta el momento para hacer frente a esta situación se debe a: 1) Altos niveles de fragmentación regional interna como consecuencia de los reacomodos geopolíticos poscoloniales. 2) La urgencia por dar respuesta a otros problemas inmediatos como el peso de la deuda pública y 3)  La alta dependencia de capitales foráneos (Bishop and Payne, 2012).

Superar este escenario crítico supone, a su vez, coordinar acciones en tres grandes ejes. En primer lugar, políticas públicas pensadas ya no solo desde las divisiones político-administrativas existentes, sino fundamentalmente desde regiones climáticas dado el carácter transfronterizo de la crisis ambiental. En segundo lugar, la articulación de movimientos y organizaciones de base comunitaria dentro de la región con los movimientos globales de justicia ambiental y viceversa. Finalmente, la creación de redes y plataformas que posicionen la situación del Caribe en los foros internacionales para lograr una respuesta efectiva de la comunidad internacional (Laguardia Martínez y Gómez Palacios, 2020).

Aunado a estos tres ejes, en este breve escrito me atrevería a sugerir un cuarto eje o, tal vez, un punto transversal a los tres anteriores. Me refiero al diseño y puesta en marcha de repositorios digitales en acceso abierto que posibiliten una compilación del conocimiento ecológico-político existente sobre el área. Esto ayudaría a dilucidar el desconocimiento que en otras regiones existe sobre los problemas del Caribe y sobre la propia heterogeneidad e historia de la región.

En América Latina y el Caribe (ALC), según datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), se han registrado 937 conflictos socioambientales hasta septiembre de 2020, lo que representa un 29% del total mundial de 3.244 casos (Olmedo Neri y Gómez Liendo, 2020). No obstante, esta totalización no permite apreciar la especificidad caribeña. Cuando hacemos un énfasis en dicha área encontramos que del total de casos para ALC, los territorios caribeños que conforman los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés) representan un 3% (26 casos) del total de conflictos a nivel regional.

Como acertadamente han argumentado Scheidel et al. (2020), no debemos asumir la información presente en el EJAtlas como estadísticamente representativa de la globalidad del problema. De hecho, existen algunos países con un abordaje limitado. Por tanto, si unos países o áreas aparecen con más casos que otros, no es porque necesariamente tengan “más” conflictos y sus contrapartes sean “más” sustentables, sino por la poca o mucha disponibilidad de datos e información claves para su efectivo registro en el mapa.

Esta observación va en sintonía con el planteamiento de Bishop y Payne (2012) sobre la necesidad de una agenda de investigación enfocada en el cambio climático que coloque al ambiente en el corazón de los trabajos que sirven de insumo para el diseño de la política pública, la gobernanza y los planes de desarrollo en el Caribe. También con lo que señalan Laguardia Martínez y Gómez Palacios (2020) sobre la urgencia de “ambientalizar” los currículos universitarios. Ambas sugerencias deben, conforme a la tradición de la ecología política latinoamericana, asumir los conflictos socioambientales como una categoría central de análisis. Después de todo, si las economías de los territorios SIDS en el área del Caribe dependen de la actividad turística, entonces habrá que empezar por explorar las tensiones alrededor de este sector económico sin descuidar otros casos, por supuesto.

Establecer relaciones de colaboración con los coordinadores del EJAtlas puede ser un buen punto de partida para consolidar un nodo de información ecológico-política sobre el área, pero es vital que las propias universidades y centros de investigación del Caribe aúnen esfuerzos parar crear plataformas de investigación colaborativa propias, en las cuales puedan monitorear conflictos en sus territorios, analizar las causas e identificar actores y agendas involucradas. Igualmente, crear repositorios que faciliten la socialización de todos los datos levantados y de todo el conocimiento generado. En ese particular, tanto el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), como la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA),constituyen otros dos grandes aliados para posicionar la necesidad ineludible de atender los problemas socioambientales del Caribe y del conjunto de los SIDS en los foros internacionales.

A riesgo de sonar superlativo, los futuros de la política para la sustentabilidad, así como las políticas para los futuros sustentables, van a depender en gran medida de si se asume o no un compromiso ético-político explícito de toda la comunidad internacional para atender la emergencia ecosocial de zonas altamente vulnerables como el Caribe. 

Por Marx José Gómez Liendo | 14/09/2021

Referencias utilizadas

Bishop, M.L. y Payne, A. (2012). “Climate Change and theFuture of Caribbean Development”. The Journal of Development Studies, 48:10, 1536-1553. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220388.2012.693166.

Laguardia Martínez, J. y Gómez Palacios, A. (2020). “Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe. Hacia un diálogo interdisciplinario”. En: Laguardia Martínez, J. (coordinadora), Cambio Climático y sus impactos en el Gran Caribe (pp. 9-18). Buenos Aires: CLACSO.

Olmedo Neri, R.A. y Gómez Liendo, M.J. (2020). “Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: un análisis del panorama regional desde la ecología política”. Iberoamérica social: revista-red de estudios sociales, 8(XV), 30-54.

Scheidel, A. et al (2020). “Environmental conflicts and defenders: A global overview”. Global Environmental Change, Volume 63, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102104.

Marx José Gómez Liendo es sociólogo (Universidad Central de Venezuela), con maestría en estudios sociales de la ciencia (InstitutoVenezolano de Investigaciones Científicas, IVIC). Miembro del Laboratorio de Ecología Política del Centro deEstudios de la Ciencia del IVIC, del equipo editorial de la revista Iberoamérica Social y del Comité de Investigaciónde la Asociación Iberoamericana de Sociología (AIS). Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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¿Cuál es el verdadero significado de la política de “prosperidad común” en la China de Xi Jinping?

Xi Jinping, jefe de la burocracia de Pekín, ha encendido la señal de alarma llamando la atención de los factores de poder en China, y en el mundo. La prensa extranjera se apresuró a colorear sus últimas declaraciones en nombre de la estabilidad social y política: pidiendo la regulación de los altos salarios y patrocinando la noción de “prosperidad común” nacional. Los medios de comunicación estatales chinos informaron de que la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por Xi en el seno del Partido Comunista Chino, consagró en agosto la necesidad de “regular los ingresos excesivamente elevados y animar a los grupos y empresas de altos ingresos a devolver más a la sociedad”. En una de las sociedades más desiguales del planeta, cortesía del PCCh que ha capitaneado la restauración capitalista durante las últimas cuatro décadas y ha preservado su poder político en el Estado como administrador del “capitalismo con características chinas”, los temores aumentan. La orden es reducir gradualmente el abismo de beneficios materiales y económicos que separa a la burocracia dirigente de los cientos de millones de obreros, estudiantes y campesinos privados de los beneficios de su trabajo.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del PCCh aclaró que, si bien el Partido había difundido entre los chinos la orden de “enriquecerse primero” en las primeras décadas del periodo de reforma y apertura de la era Deng Xiaoping, ahora daba prioridad a la “prosperidad común para todos”. “Hay un cambio en la forma en que el Partido Comunista Chino ve su legitimidad”, dijo Yu Jie, un investigador de Chatham House, un think-tank con sede en Londres. “Si el PCCh defiende el actual statu quo que es descaradamente injusto en su distribución de la riqueza y las oportunidades, la confianza de la gente de a pie se derrumbará”.

Xi, a punto de iniciar un tercer mandato en 2022, está preocupado por la creciente desigualdad en China, que se disparó con la crisis mundial de 2008 y ha aumentado con la pandemia. El curso de esa tendencia podría desestabilizar el país, en un momento en que Xi ha hecho propaganda de que ha completado una campaña para eliminar la pobreza absoluta. El impulso a la prosperidad compartida abarca, según el discurso oficial, políticas que van desde el freno a la evasión fiscal y la limitación de las horas que pueden trabajar los empleados del sector tecnológico hasta la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos en materias escolares básicas y la limitación estricta del tiempo que los menores pueden dedicar a los videojuegos.

Estas medidas siguen la campaña llevada a cabo por el gobierno para disciplinar a algunas grandes empresas tecnológicas para que colaboren con el PCCh, como Alibaba de Jack Ma y Meituan de Wang Xing, y regular estrictamente la recolección de datos personales sensibles para la seguridad del Estado, como en el caso de Didi Chuxing y Caocao, empresas de viajes equivalentes a Uber. Empresas digitales como Tencent (propiedad de Ma Huateng, que al igual que Jack Ma es miembro del PCCh) y Pinduoduo también han sido puestas en el radar de la disciplina estatal. Los reguladores multaron a Alibaba con 2.800 millones de dólares como resultado de una investigación antimonopolio (después de haber prohibido la oferta pública inicial de Ant Group, su brazo financiero, en EE. UU.), y abrieron una investigación de ciberseguridad contra Didi, días después de su oferta pública inicial de 4.400 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York en EE. UU., que hizo que sus acciones se desplomaran. También siguen las represalias de algunos funcionarios de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, que tuvieron relaciones promiscuas con Jack Ma, en particular el secretario del partido local, Zhou Jiangyong.

Sobre la base de estos hechos, las especulaciones de supuestos “expertos” en la situación china han versado sobre lo que parece ser la voluntad del PCCh de “expropiar a la burguesía china”; otros, menos audaces pero igualmente incautos, utilizan unilateralmente el aspecto del "control" para exagerar los efectos de la regulación de los altos salarios empresariales. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja. China ha alcanzado en 2020 el rango de país con mayor número de multimillonarios del mundo: con 1.058 magnates del gran capital, supera incluso a Estados Unidos (que tiene 696). Los habitantes de la quinta parte de los hogares chinos disfrutan de una renta disponible más de diez veces superior a la de la quinta parte inferior, según las cifras oficiales. La renta disponible en las ciudades es dos veces y media mayor que en el campo. Y el 1 % más rico posee el 30,6 % de la riqueza de los hogares, según el banco Credit Suisse (frente al 31,4 % en Estados Unidos). Se trata de una de las sociedades más desiguales del mundo, sobre la que el propio Primer Ministro, Li Keqiang, admitió que en China todavía hay 600 millones de pobres que viven con apenas 1.000 renminbi al mes (154 dólares). La marca básica del riesgo a atacar está ahí, en el marco de las consecuencias de la crisis global. La retórica “social” que acompaña a los discursos oficiales pretende desactivar esta bomba de relojería en el gigante asiático.

Al mismo tiempo, el primer ministro aclaró que el plan de “prosperidad común” no significa un ataque a los capitalistas. Han Wenxiu, funcionario de la Comisión presidida por Xi, subrayó que el gobierno no quiere nada parecido a una persecución de los ricos en favor de los pobres, y que China debe protegerse del “riesgo de caer en el estado del bienestar” . El mismo Li Keqiang, jefe del Consejo de Estado, emitió una declaración oficial del gobierno chino en la que afirmaba que “seguiremos promoviendo un entorno empresarial orientado al mercado, en línea con los estándares mundiales, y el gobierno debe levantar todas las restricciones innecesarias a las entidades privadas para facilitar la competencia leal”, como “apoyar el empleo flexible a través de múltiples canales y el desarrollo de nuevas formas de empleo, exigiendo la eliminación de restricciones injustificadas”. La profundización de la precariedad y la flexibilidad laboral en China, lo que explica la restricción parcial, en el sector tecnológico, del régimen laboral servil 996 (trabajo de 9 a 21 horas, seis días a la semana –de hecho, el componente de represalia a Jack Ma, que había dicho que el modelo era una “bendición”, supera cualquier supuesta piedad laboral–. Estas declaraciones oficiales del gobierno chino desacreditan las precipitadas declaraciones de algunos “intelectuales”.   

La idea de “prosperidad común” no es nueva en China. Se remonta a milenios atrás, y fue apropiado por los líderes del PCCh tras la fundación de la República Popular en 1949 (fue utilizado por Mao Zedong en los años 50, y por Deng en los 80). En efecto, Xi citó una conocida frase de las Analectas de Confucio, que dice algo así como que a un líder sabio no le preocupa la pobreza, sino la desigualdad; no que su pueblo sea demasiado pequeño, sino que esté demasiado dividido. De hecho, la respuesta a la esencia de la razón que motiva este movimiento político en Pekín puede encontrarse mejor en Confucio que en los portavoces de la burocracia china: “donde hay satisfacción, no habrá revueltas”, decía el sabio. Sin necesidad de mucha sabiduría, miles de magnates en Estados Unidos anticiparon en 2019 el sentimiento que ahora inquieta a Xi. El multimillonario Alan Schwartz, de la firma de inversiones estadounidense Guggenheim, decía entonces, empapado de las luchas internacionales en América Latina y Oriente Medio, durante una reunión del Milken Institute que “Si miramos a la derecha y a la izquierda del espectro político, lo que estamos viendo es la llegada de la lucha de clases [...] A lo largo de los siglos, cuando las masas identifican que la élite tiene demasiada riqueza, sólo ha habido dos alternativas: una legislación para redistribuir la riqueza... o una revolución para redistribuir la pobreza”.

Como veremos, el plan de la burocracia china no se explica por una supuesta “voluntad socializadora” de Xi Jinping, sino por la necesidad de robustecer el mercado interno y la capacidad de consumo de la nueva clase media china, buscando generar un sector relativamente mejor remunerado de la clase trabajadora. Estratégicamente, se trata de preservar la fuerza del capitalismo ascendente chino y estabilizar los choques sociales en el marco de la disputa tecnológico-industrial con Estados Unidos en los marcos de la crisis global.

¿Por qué ahora?

El anuncio de las medidas coincidió con unos resultados económicos preocupantes en China, que vuelve a estar acechada por el regreso de la pandemia. En junio, uno de los indicadores más importantes de la actividad manufacturera de China registró una contracción por primera vez desde las primeras etapas de la pandemia. El índice de gestores de compras de la industria manufacturera Caixin, una encuesta independiente sobre la actividad manufacturera en China, alcanzó los 49,2 puntos en agosto, cayendo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la medición mensual de la expansión y la contracción de la industria manufacturera por primera vez desde abril de 2020. Además, El producto interior bruto de China se expandió un 7,9 % en el trimestre abril-junio desde 2020, desbaratando las expectativas de un aumento del 8,1 %.

Pero las peores noticias provienen del consumo interno. El gasto de los consumidores en China se ha retrasado en gran medida con respecto a la recuperación económica general del país tras la pandemia, y esa lentitud se debe al menor crecimiento de los ingresos de los hogares. “Los datos sobre el estancamiento del consumo interno en China han dejado claro que es urgente aumentar los ingresos de la población y centrarse más en la equidad de la distribución”, dijo Wang Jun en el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, en Pekín.

Los organismos gubernamentales informaron en junio que las ventas minoristas de China volvieron a incumplir las expectativas. Las ventas al por menor aumentaron un 12,4 % en mayo con respecto a hace un año, menos que el aumento del 13,6 % previsto. Estos son vientos en contra para Pekín, ya que el gobierno chino espera promover su política de “doble circulación”, que pone mayor énfasis en el consumo como motor económico clave. Chang señaló que los salarios de los trabajadores inmigrantes tampoco se han recuperado, mostrando un crecimiento de sólo el 2,5 % en comparación con el 6,5 % anterior a la pandemia.

Estos indices fueron uno de los signos más claros de la pérdida de impulso de la economía china, que ahora se enfrenta a una menor demanda de exportaciones, a los altos precios de las materias primas y a la ralentización del sector inmobiliario. En este contexto se inscribe el plan de "prosperidad compartida" de Xi.

Li Keqiang, en el comunicado oficial del Consejo de Estado en 2020, había descifrado algunas coordenadas de la preocupación gubernamental, vinculadas a la importancia del consumo y de las pequeñas y medianas empresas en China: “Debemos ser creativos en el diseño y ejecución de nuestras políticas. Como he dicho antes, nuestras políticas, que son de gran envergadura, están diseñadas para proporcionar un alivio vital a las empresas y revitalizar el mercado, con especial atención a la estabilización del empleo y la garantía de los medios de vida de las personas. No se centran en grandes proyectos de infraestructuras. Esto se debe a que se han producido importantes cambios en la estructura económica de China, donde el consumo es ahora el principal motor del crecimiento, y las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionan ahora más del 90 % de todos los puestos de trabajo en China. [...] Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra el COVID-19 es que los esfuerzos de contención han tenido un efecto moderador sobre el consumo. Por tanto, las medidas en este sentido también forman parte de nuestra reforma orientada al mercado”. También confesó que el problema del desempleo es real para millones de trabajadores urbanos, y que el gobierno “lanzará programas para estimular al sector privado a colaborar en el fortalecimiento del consumo”, estipulando que unas 100 millones de personas están empleadas en nuevas formas de negocio e industria, y unos 200 millones trabajan en la economía de plataforma. Aquí está la clave de la cuestión. El plan de regulación de los altos salarios y de redistribución de la riqueza, con todas las exageraciones terminológicas propias de la burocracia, pretende aumentar la capacidad de consumo de la población, reducir el desempleo (mediante la flexibilización laboral también), aumentando parcialmente los salarios de ciertas categorías (rama tecnológica). Esto se haría con la contribución financiera de los grandes monopolios, sin perjuicio de su propiedad y capacidad de explotación del trabajo, debilitando a través de mecanismos estatales ciertas prácticas monopólicas que estrangulan el surgimiento de nuevas, pequeñas y medianas empresas, que juegan un papel crucial en la ocupación de la fuerza de trabajo y la búsqueda de la innovación.

Observando las exigencias que se plantean a los grandes conglomerados económicos, generan poca preocupación desde el punto de vista de la preservación de su propiedad. Como escribe Kevin Yao, los dirigentes chinos se han comprometido a utilizar los impuestos y la financiación “colaborativa” (de hecho, condicionada) en forma de donaciones; y cualquier observador agudo sabe que la caridad capitalista nunca ha sido un tema de pesadilla para la clase dominante. Tanto es así que la respuesta de los magnates prudentes ha sido alinearse detrás de la agenda de Pekín. Wang Xing, de Meituan, ha donado 2.300 millones de dólares a un fondo filantrópico que apoya la educación y la ciencia. Tencent anunció un fondo de 7.700 millones de dólares dedicado a la “prosperidad común”, que definió como el aumento de los ingresos familiares de los grupos de bajos ingresos, la ampliación de la cobertura sanitaria, el desarrollo económico rural y la educación de los estudiantes desfavorecidos. "Como empresa tecnológica china bendecida por la reforma y la apertura de China, Tencent siempre ha pensado en cómo ayudar al desarrollo social con sus propias tecnologías y su poder digital." Alibaba se ha comprometido a donar 15.500 millones de dólares a lo largo de cinco años, y Pinduoduo se ha comprometido a donar 1.500 millones de dólares a los agricultores a partir de sus ganancias futuras en el segundo trimestre.

Para tener una dimensión de lo que se trata, el compromiso de Alibaba equivale a sólo el 15 % del beneficio neto que la empresa obtendrá en 2025, basándose en los beneficios de 2020. Los multimillonarios en su conjunto, si son más disciplinados, no pueden quejarse de una intrusión agresiva en sus intereses privados. La propuesta de imposición se trata como una leyenda en los círculos gubernamentales chinos; en 2015 se aplicó un plan piloto en Shanghái y Chongqing, sin ningún resultado plausible. Así, la fiscalidad de las grandes fortunas se trata en China como en Occidente. El aumento salarial para determinadas categorías debería elevar el nivel medio de ingresos, según los planes oficiales, de la provincia oriental de Zhejiang, que no es una de las más pobres, pero que ahora sólo ocupa el sexto lugar entre las provincias con mayor PIB per cápita, según el censo de 2020. La ruptura con el modelo de trabajo 996, una demanda de sectores cada vez más amplios de jóvenes trabajadores, que suscitaba peligrosos conflictos sociales, se presentaba como un objetivo para la rama tecnológica, y no se generalizaría frente a los agotadores ritmos de trabajo del proletariado del campo que opera en las plantas de montaje.

Como dijo Li Keqiang, este proyecto está dentro de las reformas orientadas al mercado, no en contra. “Se seguirá mejorando el entorno de las empresas, se promoverá la reforma administrativa y se construirá un entorno empresarial orientado al mercado y basado en la ley. Se fomentará la creación de empresas por parte de distintos grupos y se mejorarán los sistemas y plataformas de servicios empresariales”, según el comunicado del Consejo de Estado de agosto de 2021 tras la reunión de la Comisión presidida por Xi.   

El periódico oficialista Global Times, que responde a las estrictas directrices de Pekín, aseguró al capital extranjero que las medidas no supondrán ningún perjuicio para sus negocios. “Para las empresas extranjeras, independientemente de su origen y tamaño, deben respetar y cumplir las leyes y reglamentos de China y alinear activamente sus negocios con el desarrollo social y económico general de China si quieren operar y tener éxito en el mercado chino. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas extranjeras vayan a ser un objetivo. Las medidas reguladoras se dirigen a las prácticas comerciales ilegales, no a ninguna empresa en particular, ya sea extranjera o nacional. Esta actitud debe ser acogida con satisfacción por las empresas, ya que así se promoverá un entorno de mercado mejor y más justo. Y lo que es más importante, para las empresas extranjeras que operan en China o que buscan oportunidades de negocio en el país, deben estar tranquilas porque, a pesar de los recientes cambios importantes y de las medidas reguladoras, las políticas de reforma y apertura de China, de larga data, no cambiarán”.

Aquí podemos resumir lo que es realmente el difuso plan del gobierno chino aclarando lo que no es en primer lugar. Como explica el periódico británico The Economist: “El PCCh ha aclarado lo que no implica la "prosperidad común”: no significa que todos acaben disfrutando de la misma prosperidad. Hay que animar a los empresarios que crean su propia riqueza, “trabajan duro con integridad y tienen el valor de crear sus propias empresas”. El giro igualitario tampoco será brusco. Debe llevarse a cabo “paso a paso” de forma “gradual”, reiteró la Comisión este mes”. Se trata de ajustes dentro de las reformas capitalistas en la economía china, no a costa de ella.

Qué fundamentos generales tiene la política de “prosperidad común”

Como hemos dicho, el plan sin contornos claros de "prosperidad común" está lejos de apuntar a pérdidas estratégicas para el capitalismo chino. Podemos resumir la estrategia del Partido Comunista Chino en cuatro puntos: 1) Disminuir la pronunciada desigualdad social en China para evitar explosiones sociales que socaven la estabilidad política en un momento delicado de conflicto entre Pekín y Washington; 2) ampliar la capacidad de consumo de la nueva clase media y el potencial mercado interno chino; 3) dividir las filas de los trabajadores registrando ciertos derechos salariales y laborales para un sector en detrimento de los demás; 4) disciplinar a ciertos grandes monopolios a los designios políticos del PCCh, para que no ahoguen la aparición de nuevos capitales en el campo de la innovación tecnológica (las start-ups), con el fin de desbloquear el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, responsables de la inmensa mayoría de los empleos en China, y hacerlos convivir con los mismos multimillonarios que conservarán su riqueza, sin las mismas facilidades monopolísticas anteriores (es decir, de determinar la rentabilidad de las pequeñas empresas en función de su fidelidad a sus plataformas, en el caso de Alibaba y Tencent).

Lo más importante para el gobierno es desarrollar su mercado interior, la verdadera columna vertebral de la economía china. Xi Jinping necesita consumidores capaces de enfrentarse a la caída de la economía mundial y a la fragilidad del comercio internacional, que impide a China mantener su ritmo de crecimiento centrado en el “esquema exportador”. Un esquema que, recordemos, mantenía una relación simbiótica con Estados Unidos que se ha visto especialmente reforzada desde que China entró en la OMC en 2001. Esta contradicción es la que impulsa a China hacia un complejo y tortuoso giro hacia el mercado interior, hacia una complicada y contradictoria política de liberalización del renminbi (la moneda china), así como hacia la necesidad de acelerar el cambio en el contenido de su producción y de competir más agresivamente por los espacios mundiales de acumulación de capital –o de exportación de capital– y las áreas de influencia. Entre ellas, la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Nueva Ruta de la Seda.

Esta situación implica el inicio de la crisis de complementariedad chino-estadounidense, por la que se exporta de China a Estados Unidos una producción masiva con un valor añadido relativamente bajo, lo que refuerza la balanza comercial china, mientras que China contribuye a sostener los crecientes déficits de Estados Unidos. La crisis económica de 2008 rompió esta simbiosis relativamente armoniosa, sin poner fin a la dependencia mutua de las economías, que sostienen el destino de la otra en un escenario mucho más complejo de choques y fisuras geopolíticas (como vemos en Afganistán, donde a la humillante derrota de Estados Unidos le sigue la alianza de China con los reaccionarios fundamentalistas talibanes para incluir el país en la Nueva Ruta de la Seda y la extracción de minerales preciosos para Pekín). China, que en décadas anteriores se había presentado como un motor clave del crecimiento de la inversión, empezó a perder ese papel a partir de 2013-14. Deja de poner a disposición del capital internacional amplias fuentes de plusvalía absoluta –garantizando una alta tasa de rentabilidad interna y externa– y se convierte gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta con una producción cada vez más competitiva con la de Estados Unidos.

El gigante asiático siente la necesidad de basar su crecimiento cada vez más en el mercado interno, con la producción de bienes de alto valor añadido, mediante la aparición de un poderoso sector de clase media, de cientos de millones de personas, capaz de mover la economía y mantenerla relativamente a salvo de los choques de la demanda externa, que hacen a China excesivamente vulnerable. Como dijo Trotsky en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de producción de la economía capitalista tiene numerosos componentes, y está vinculado no sólo al desarrollo relativo de las fuerzas productivas, sino que también está limitado por el poder adquisitivo de la población. Siendo la segunda economía del mundo, en términos de PBI per cápita China está muy por detrás de las potencias centrales (lo cual es comprensible por el exorbitante tamaño de la población, pero también por la continua pobreza relativa de los estratos mayoritarios). Es este problema el que busca ser atacado por la burocracia, no en nombre de la clase obrera, sino en nombre de la revigorización del capitalismo nativo.

Según The Economist, en China hay unos 400 millones de personas que pertenecen a la clase media (o estrato de renta media, como la denominaba el anterior gobierno de Hu Jintao) y que viven con unos ingresos de entre 100.000 y 500.000 yuanes (aproximadamente entre 15.000 y 77.000 dólares) para una familia de tres miembros o su equivalente. Eso ya constituye una cifra notable. El gobierno central ha anunciado que quiere duplicar esa cifra hasta los 800 millones de personas en aproximadamente una década, según el Centro de Investigación del Desarrollo, un grupo de expertos adscrito al Consejo de Estado de China. El camino está plagado de dificultades internas, que tienen que ver con la compleja transformación del modelo de crecimiento económico de China, durante muchas décadas vinculado a los bajos salarios y a una mano de obra intensiva con inversión estatal. Por no hablar de la lucha de clases, el factor decisivo: el aumento de las aspiraciones de las masas chinas podría convertirse en combustible para la conflagración social de una nueva generación que no tiene mucho apego político o emocional al PCC. Sin embargo, si la hipótesis se cumpliera, en mayor o menor medida, es innegable que tal logro situaría a China en otro nivel de competitividad.

El mismo Global Times reflexiona sobre los beneficios que supone para las grandes multinacionales capitalistas occidentales el aumento del mercado interno chino: “El poder adquisitivo de los consumidores chinos ya ha sido un importante motor para muchas empresas extranjeras, desde los fabricantes de automóviles en Alemania hasta los agricultores en Francia y los productores de soja en Estados Unidos. En 2020, en medio de una pandemia mundial, los consumidores chinos gastaron 39,2 billones de yuanes (6 billones de dólares) en bienes de consumo. China ya está preparada para superar a Estados Unidos como mayor mercado de consumo del mundo. Si el grupo de renta media de China se amplía y los ingresos de todos los residentes aumentan en el marco del plan de prosperidad común, el mercado chino será aún más irresistible para cualquier empresa de tamaño considerable”. El atractivo para el capital extranjero es evidente.

“Prosperidad común”... en el capitalismo, ¿o su superación en la lucha de clases?

La dialéctica del proceso que se opuso, en su forma, a ciertas tendencias de los monopolios chinos en los intereses políticos particulares de la burocracia de Pekín, también desvela su verdadero contenido. En la lucha por salvaguardar la estabilidad política del régimen bonapartista del PCCh, que depende estratégicamente del rápido ascenso capitalista al que también sirve de soporte, la burocracia de Xi Jinping se ha visto obligada a ir en contra de ciertos intereses inmediatos de una parte de la clase dominante. ¿Qué intereses inmediatos? La rentabilidad a corto plazo, que carece de proyección y está separada de la compleja situación económica, no sólo nacional sino internacional, en la que se encuentra China. El encuadramiento, dentro de ciertos límites, del impulso al enriquecimiento de los grandes monopolios, para ciertas ramas, puede llevarse adelante en beneficio de los intereses estratégicos del propio gran capital chino. En efecto, es con la ayuda del sector privado más poderoso que el gobierno chino quiere promover el fortalecimiento del mercado interno y el poder de consumo de las nuevas clases medias, lo que debería servir de base para el creciente poder de estos conglomerados económicos. La proyección internacional de China depende de la estabilidad social interna y, en primer lugar, de la asfixia de la lucha de clases, una amenaza real para la política burocrática del PCCh. Ésta es una primera dimensión del problema. A esto se añade una segunda dimensión, necesariamente interrelacionada: el choque entre la burocracia del PCC y ciertos sectores reticentes del gran capital, en el sector de los gigantes tecnológicos, que podría representar una amenaza para el control estatal de los aspectos más sensibles de la administración capitalista. El “contrato social” entre la burocracia bonapartista de Pekín y el gran capital chino, que se nutre de ella y se beneficia de su riqueza, depende del respeto de la clase dominante al poder político indiscutible del PCCh. Para preservar este contrato –que Xi ve como la colaboración del sector privado con el proyecto de “rejuvenecimiento nacional de China”– el gobierno ha tenido que frenar ciertas extrapolaciones, como las críticas de Jack Ma al "arcaico" sistema financiero estatal en nombre de la primacía de las fintechs (empresas digitales que prestan servicios financieros). Una vez que la simbiosis entre la riqueza y el poder se “armonice” bajo el mando del PCCh, no habría impedimentos para los negocios de siempre de esos mismos magnates que ahora se pliegan a las exigencias de Xi.

El principal efecto de la medida, al fin y al cabo, era el examen minucioso de la lealtad de los grandes monopolios al régimen encabezado por Xi, que les pedía lealtad empresarial a cambio de la garantía de sus enormes beneficios. De hecho, el presidente chino, unos meses antes, había tomado una de las medidas más antiobreras y proempresariales de la historia reciente de China, cuando autorizó al gobierno municipal de Shenzhen a permitir que los capitalistas locales redujeran el pago de las horas extras y ampliaran el plazo de pago de los salarios, que pueden retrasarse durante un tiempo más generoso. El objetivo es reducir los crecientes costes laborales y frenar el éxodo de las empresas a mercados más baratos del sudeste asiático. Una medida que apenas tiene en cuenta la “prosperidad común”, salvo ... de los propios empresarios. Es esencial comprender que en la medida en que los trabajadores traten de combatir la explotación de estos magnates chinos, se encontrarán con el muro del gobierno autoritario de Xi Jinping y la burocrática Federación China de Sindicatos. La lucha de clases es la única forma de enfrentarlos.

Un buen número de los multimillonarios señalados son miembros del Partido Comunista, o tienen una relación indirecta con él. Los "capitalistas rojos" pueblan los niveles dirigentes del Partido, en las distintas regiones y provincias, algunos de los cuales se convirtieron en propietarios en el proceso de restauración capitalista que les permitió hacerse con los bienes públicos, y otros que ascendieron a las filas del partido habiéndose incorporado ya a la empresa privada antes de pertenecer al Partido, que ahora sirve de puente ineludible para influir en el sistema político, como analiza Bruce Dickson en su Wealth Into Power: the Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector. Elias Jabbour, uno de los exóticos especímenes que ofician de portavoces oficiosos de la burocracia china, imagina un poder político suspendido en el aire, y olvida que el gobierno que lleva a cabo estas reformas se fundamenta en la propiedad capitalista de los medios de producción (aunque un capitalismo sui generis, distinto del occidental, resultado de la apropiación de las conquistas sociales de la revolución de 1949). Además, agrava el papel de los multimillonarios “en la construcción del socialismo en China”: como “estamos lejos” del socialismo que defendía Marx, con el poder de los trabajadores sobre las fuerzas productivas, la expropiación del capital y la planificación racional de la economía y la vida, más vale ajustarse a un “socialismo” que “se acerca a eso”, y que en realidad es lo contrario de todo lo que el marxismo caracterizó como socialista: un país de multimillonarios, de esclavización salvaje de la clase obrera por parte de capitalistas nativos y extranjeros, y de una burocracia autocrática que ahoga cualquier tipo de libertad de pensamiento y opinión. A nadie se le puede negar el derecho a la ignorancia, y la tradición estalinista siempre ha salido a buscar sumisamente las supuestas “alas progresistas” de la burguesía; si en los años 1920 querían integrar al campesino rico (kulak) en el socialismo, ahora quieren integrar al multimillonario en la fantasía del socialismo que en realidad es el capitalismo salvaje. El nombre de Marx no tiene ninguna relación con la filosofía de los “pragmáticos”. El socialismo no tiene nada que ver con que la “Razón” (un poder suprahistórico por encima de las clases, como en la vieja filosofía de la Ilustración del siglo XVIII) comande un proceso de producción fundado en la propiedad privada. Para el fundador del socialismo científico, su premisa básica es la superación revolucionaria de la propiedad privada por parte de la clase obrera, y no la comunión con ella, por mucho que duela a los oídos pragmáticos del postulado ilustrado del estalinismo...

Un viejo general prusiano solía decir que un salto corto es más fácil de realizar que un gran salto, pero no por ello, cuando se trata de superar un abismo, se empieza saltando por el medio. Los cortesanos del mandarinato chino están en la categoría de esos empíricos que se lanzan a la nada.

Yendo al grano: la política del Partido Comunista Chino debe inscribirse en su marco global, el de una burocracia capitalista de Estado que busca participar en el reparto de los espacios de acumulación mundial, aún sin poder definir los destinos de otros países como Estados Unidos. Frente a los enfrentamientos geopolíticos reaccionarios que se preparan entre Pekín y Washington, lo decisivo serán los enfrentamientos en la lucha de clases. El modelo laboral 996 ya ha provocado el enfado de los trabajadores del sector tecnológico, y de una juventud que se opone ferozmente a la ideología neoliberal de Alibaba y los gigantes del comercio electrónico. Las huelgas y los conflictos laborales tienen lugar en algunas de las provincias más ricas, donde la industria y la construcción son fuertes: de las 1.082 protestas laborales registradas por China Labour Bulletin desde julio de 2020, 120 (11 %) tuvieron lugar en la provincia de Henan, seguida de Guangdong con 95 (8,6 %) y Shandong (7 %).

Las protestas contra los atrasos salariales en Xian y Pucheng, en la provincia de Shaanxi, o en Wuchuan y Guangzhou, en la provincia de Guangdong, se combinan con las protestas de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Henan, que ha experimentado un importante cambio demográfico con un enorme salto en la “población flotante” (流动人口), predominantemente trabajadores rurales migrantes que viven y trabajan lejos de sus ciudades de origen (Henan tenía una población flotante de 21,2 millones en 2020, un 164 % más que en 2010). Esto es ilustrativo de las nuevas generaciones de trabajadores, que o bien no tienen su inscripción en el partido en el mismo lugar en el que trabajan o ni siquiera tienen relación con el PCCh, y pretenden ganar sus derechos contra la explotación patronal.

Son estos signos, en el marco de las dificultades económicas y la escasa recuperación industrial desde abril en China, los que encienden las señales de alarma de Xi. En esto nos basamos para vislumbrar las perspectivas de China, que puede aprovechar las disputas en la superestructura político-económica para emerger. Parafraseando lo que dijo Marx en 1850 en la Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, también en China "para el proletariado no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de eliminar las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva".

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Jueves, 09 Septiembre 2021 06:03

El poder oculto

El poder oculto

La división de poderes, la existencia de un sistema de partidos políticos y el cambio periódico de autoridades se consideraron como el modelo más acabado de organización política que aseguraba la democracia; sobre todo en el mundo occidental.

No doblaba aún el siglo XX cuando se percibió que tal modelo no daba más y que debía fortalecerse con una fórmula que ampliara esas características de los gobiernos capitalistas. Algunas de ellas, como el desarrollo económico y social, que antes ya eran consideradas, requerían una relujada conceptual ante movimientos sociales de descontento registrados en diversas regiones. Así nace la idea del necesario equilibrio entre la gestión de la cosa pública y la sociedad civil (los ciudadanos rasos y los "actores del mercado"): la participación de ésta se ve como necesaria en el ámbito de las decisiones gubernamentales. Y de esa idea se derivan otras: "empoderamiento" ciudadano; gobierno abierto, plural, incluyente y dispuesto a la deliberación con los ciudadanos; observatorios ciudadanos, contralorías sociales y otras formas de vigilancia y corrección de la burocracia pública por la ciudadanía organizada. Con estas formas se supone que se consolida la descentralización, la autonomía y la sostenibilidad de ciertos recursos y organismos de interés público.

Con toda esa parafernalia conceptual se ha pretendido asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y una respuesta más sensible a las necesidades y demandas de la población por los equipos tripulantes del hemisferio público del Estado. La categoría de gobernabilidad, uno de los componentes del modelo, se ha visto un tanto desplazada por la de gobernanza. En esta categoría se finca la apuesta al fortalecimiento de la democracia representativa y de la vida institucional.

La paradoja. Mientras el discurso de los políticos y las elaboraciones teóricas de académicos, filósofos y periodistas se han encargado de ampliar y socializar esos conceptos en las tres últimas décadas, el poder oculto se ha dedicado a sistematizar y profundizar la rapacidad, la simulación, el robo y la depredación.

En ese arco infame, el público se va enterando, a través de una información fragmentada, de que la mitad de la población mundial no podrá salir de la pobreza porque su gobierno dedica más de 50 (y hasta 80 y 100 por ciento) del PIB al pago de la deuda pública. Se entera de que uno por ciento de la población acapara más de 80 por ciento de la riqueza del planeta. Se entera de que de este porcentaje, un segmento evade un monto de impuestos mayor al que la ONU pretendió establecer en los vanos objetivos del milenio para reducir la pobreza extrema y el hambre en África, Asia, América Latina y el Caribe. Y de que una sola familia, la Walmart (extendió sus tiendas en nuestro país durante el sexenio de Salinas) agregó a su fortuna, en un solo año, la quinta parte de esa cifra: 25 mil millones de dólares. Se entera de que la globalización es la de una docena de países capitalistas de Europa, Es­tados Unidos y Canadá, más China, y que las empresas y bancos que representan a esa minoritaria parte del mundo sobrexplotan los recursos naturales y financieros del resto.

También se entera de que los capitales se relocalizan y crecen a costa de una mano de obra barata. Y que su crecimiento se potencia con la "flexibilización del trabajo", giro que da por resultado la desaparición de derechos laborales mediante el outsourcing, la reducción o evaporación de las pensiones, el sindicalismo libre, la represión a la huelga, etcétera. Se entera de que los trabajadores, a pesar de que la riqueza producida alcanza cimas históricas, no encuentran empleo y tienden a emigrar por millones hacia los países ricos causantes directos de su pobreza. Se entera de que reyes, dictadores, sátrapas, presidentes y funcionarios menores son corrompidos por varias empresas (las congéneres de Odebrecht) y que el dinero robado por ellos va a dar a los países ricos o a los paraísos fiscales.

Se entera igualmente de que las grandes empresas trasnacionales, y algunas nacionales, tienen al planeta al borde del colapso por la explotación irracional e incontenible de sus recursos naturales, así como por la contaminación que esa explotación produce.

Y acaso llegue a enterarse de que el poder oculto, a nombre de la libre empresa, está detrás de todos esos fenómenos que entrañan la mayor desigualdad e injusticia que haya conocido el mundo en los últimos 100 años de su historia. No sólo, sino que la información que le llega –o no le llega– está controlada por las empresas periodísticas, de Internet y de las redes sociales; es decir, por el poder oculto.

Ese poder logró que los gobiernos modificaran las llamadas políticas públicas en favor suyo. Logró que una gran parte de la riqueza pública pasara a su dominio. Y que la ciudadanía más influyente, integrada por sus líderes, se apropiara de los comités, consejos y principales órganos ciudadanos que condicionan las líneas estratégicas de gobierno de la burocracia política.

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BMW, Mercedes y Volkswagen podrían ir al banquillo por alimentar la crisis climática

Greenpeace Germany y Deutsche Umwelthilfe protagonizarán acciones legales contra el corazón del sector automovilístico alemán. Quieren obligar a la industria a que acelere sus planes para dejar de fabricar motores de combustión interna.

 

Nuevo proyectil legal lanzado al corazón de la industria contaminante, esta vez en Alemania. Las organizaciones ecologistas Greenpeace Germany y Deutsche Umwelthilfe (DUH), junto a activistas de Fridays for Future, han anunciado acciones legales contra el corazón del sector automovilístico del país. El objetivo es conseguir que los fabricantes aceleren sus planes para dejar de fabricar motores de combustión interna y paren de fabricarlos antes de 2030 para descarbonizar las empresas en un 65% en dicho año.

Las organizaciones ecologistas han puesto la mira fija en el segundo mayor constructor de automóviles del planeta, Volkswagen, así como en los otros dos grandes gigantes del sector en el país: BMW y Mercedes-Benz. “Cualquiera que retrase la protección del clima daña a otros y, por lo tanto, actúa ilegalmente”, señalaba la abogada de los demandantes, Roda Verheten.

Los colectivos defensores del clima hacen uso así de una vía que ya les ha dado frutos: en abril el Tribunal Constitucional alemán obligó al Ejecutivo de Angela Merkel ha mejorar su ley climática, declarándola parcialmente inconstitucional, un hecho que se produjo tras la demanda de nueve jóvenes por la que afirmaban que la insuficiente protección del clima viola directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. “El derecho civil puede y debe ayudarnos a evitar que las corporaciones destruyan nuestros medios de subsistencia y priven a nuestros hijos y nietos del derecho a un futuro seguro”, continuaba la letrada.

Sin darse por aludidos

Los demandantes denuncian que, a pesar de los compromisos internacionales, el consenso científico y el evidente aumento de fenómenos climáticos extremos, la industria automovilística alemana continúa vendiendo millones de vehículos diésel y gasolina. Los datos que maneja la Unión Europea responsabilizan al sector del transporte de más del 30% de las emisiones de CO2 en la UE. De ellas, un 72% proviene del tráfico rodado.

 “Con nuestras demandas, queremos lograr la salida del motor de combustión interna”, apuntaba  Barbara Metz, de DUH. Son medidas que los ecologistas consideran clave para que Alemania se mantenga dentro de sus compromisos internacionales y cumplir así su parte para que la temperatura global del planeta no supere los 1,5ºC de aumento respecto a los niveles preindustriales.

 “Si bien la gente sufre inundaciones y sequías provocadas por la crisis climática, la industria automotriz, a pesar de su enorme contribución al calentamiento global, parece no verse afectada“, denunciaba Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania. Para el responsable, el fallo del Constitucional alemán “representa un mandato para hacer cumplir de manera rápida y efectiva la protección legal de nuestros medios de vida comunes”.

Frenar los yacimientos

Los gigantes automovilísticos no son los únicos los únicos señalados. Las organizaciones ecologistas alemanas Greenpeace y DUH también emprenderán acciones judiciales contra la petrolera Wintershall Dea, a la que pretenden forzar a que deje de abrir nuevas explotaciones de petróleo y gas para el año 2026. Las organizaciones ecologistas acusan a la multinacional fósil de ser responsable de 80 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año y de tener como objetivo aumentar su producción de combustibles fósiles en un 30 por ciento más durante los próximos dos años.

Precisamente, este lunes la petrolera alemana ha anunciado el hallazgo de una nueva acumulación de gas en el campo de Bergknapp (mar de Noruega) con entre 13 y 56 millones de barriles de petróleo equivalente.

Las cuatro corporaciones que se enfrentan a las acciones legales “contradicen los objetivos climáticos de París”, denuncian los activistas, remarcando que, según la sentencia del Constitucional, esos objetivos serían ilegales”.

Las compañías podrían sufrir el mismo varapalo que Royal Dutch Shell tuvo en mayo en los Países Bajos, cuando un tribunal de La Haya declaró culpable a la petrolera holandesa de la crisis climática, considerándola culpable del 2% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero a nivel global y obligándola a reducir sus emisiones un 45% en diez años.

6 sep 2021 12:59

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Los "virus fabricados" de los que hablaba Gadafi

Muamar el Gadafi estuvo al frente de Libia durante 42 años, desde que derrocó al al rey Idris I el 1 de septiembre de 1969 hasta que murió ejecutado el 20 de octubre de 2011. Había estudiado Derecho antes de autoproclamarse Líder y Guía de la Revolución. Se amparó en la defensa de un Estado socialista y se convirtió en uno de los líderes más activos entre los países de su entorno. Gadafi se alineó con la Unión Soviética y se enfrentó a los Estados Unidos, que acabarían apoyando, al frente de la OTAN, la rebelión a gran escala que le costó la vida hace diez años y que deparó una inútil guerra con multitud de actores.

El líder libio disponía a su antojo a la cabeza de un país cuya economía está basada casi exclusivamente en el petróleo, el 95% de sus exportaciones. Y obtenía resultados. Hasta el año de su muerte, 2011, Libia contaba con la esperanza de vida más alta de África, con 77,65 años, solo superada por las plazas españolas de Ceuta, Melilla​ y Canarias y la isla bajo control británico de Santa Elena.​ También tenía el PIB nominal per cápita más alto del continente africano y estaba en el podio en cuanto al Índice de Desarrollo Humano. El enorme país norteafricano trata ahora de salir adelante tras dos intensos conflictos bélicos, en 2011 y 2014, con un Gobierno que sigue siendo provisional y cuyo primer ministro es Abdul Hamid Dbeibah desde el pasado 15 de marzo.

Gadafi era un hombre inteligente. Se le ha tachado de visionario por predecir la Guerra de Libia de 2011, aunque para eso tampoco hacía falta ser un gran analista. Lanzo al mundo cosas que ahora no desentonan. Habló de "virus fabricados" para hacer negocio con las vacunas. Pero no "predijo la Covid-19 hace 20 años", como se llega a afirmar en las redes sociales. Lo de las profecías suele ser más cosa de Los Simpson.

Para tratar de probarlo, se recurre a imágenes de la intervención de Muamar el Gadafi ante la ONU el 23 de septiembre de 2009, un vídeo de hasta una hora de duración del que existen multitud de cortes y versiones, algunas dobladas al gusto, y que para algunos es "el discurso ante ONU que le costó su vida" dos años después.

En su intervención en Nueva York, Gadafi denunció los "virus fabricados" y fue rotundo: "Se crea un virus y se propaga por todo el mundo para que las empresas capitalistas puedan obtener ganancias gracias a la venta de medicamentos, esto es inaceptable". También llamó la atención sobre que "las vacunas y medicamentos no pueden venderse" y encontró la 'solución' contra la propagación de los virus:

"Las compañías capitalistas producen virus y vacunas en su deseo de obtener ganancias. ¿Por qué no son gratuitas las vacunas? (...) Anuncien medicamentos y medicinas gratis y los virus no se propagaran más".

No parecían tan descabelladas las conclusiones acusatorias de Gadafi, cuando la industria farmacéutica ya llevaba décadas bajo sospecha por acusaciones similares, algunas de ellas confirmadas. Es cierto que en 2009 Gadafi se refirió a "las epidemias naturales y las causadas por el hombre" y a esos "virus fabricados", lo que no es cierto es que predijera la Covid-19 "hace 20 años", como se afirma. Entre otras cosas porque desde su discurso en 2009 han pasado doce años, no veinte.

"Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control, y que originalmente se había concebido como un arma militar", señaló sobre la pandemía que asaltó ese año México. Gadafi albergaba muchas sospechas, pero le faltó decir que "están tomando tiempo para encontrar la solución que tienen antes", como se ve en Internet. Aunque tampoco hubiera desentonado.

Las propuestas de Gadafi difícilmente podían ser tomadas en cuenta, era como una norma a no ser que hablara de petróleo. Su discurso ante la ONU se tomó como otro más del 'excéntrico disidente habitual' y cayó en saco roto. Merece la pena escucharlo.

Es verdad que uno de los dirigentes más impopulares del planeta -aunque no para todos-, habló de "virus fabricados" hace doce años, no veinte. El coronavirus ha servido para devolver a Gadafi a la actualidad y para que se tomen en cuenta sus palabras, que antes a muchos les sonaban a ciencia ficcion solo porque eran suyas.

El discurso del mandatario libio era bastante elocuente hace doce años y ahora también. Si en las redes sociales se adereza es solo porque si no añadieran algo propio, no serían las redes sociales.

Por Luis M. García

7 septiembre, 2021

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Sábado, 14 Agosto 2021 07:01

¿Estamos fritos?

¿Estamos fritos?

Esta semana, un nuevo informe del Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) volvió a mostrar que el desequilibrio climático global es muy severo y que las cosas están peor de lo que ya habían advertido en su informe anterior en 2013.

El ritmo del calentamiento global, desde el periodo industrial, no tiene precedentes y la mayoría ocurrió desde fines de la década de los 90. Estiman que el calentamiento no había sido tan alto en 125 mil años; en ese caso, debido a cambios en la órbita de la Tierra. Esto se traduce en aumento de huracanes, lluvias y sequías extremas; derretimiento de glaciares y otros hielos permanentes; acidificación y aumento del nivel del mar, así como disrupción de corrientes oceánicas que regulan la temperatura en países costeros.

En suma, los datos muestran que el capitalismo como sistema y un centenar de sus empresas trasnacionales han logrado desequilibrar en tiempo récord el clima global que para estabilizarse se llevó millones de años de coevolución, con un calentamiento que podría llevar al planeta, en pocas décadas, a puntos de no retorno, lo cual nos afectará a todos, pero fundamentalmente a quienes menos recursos tienen para enfrentar la crisis.

Ha sido un proceso a sabiendas de los causantes del caos climático. Setenta y uno por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son responsabilidad de 100 empresas trasnacionales, principalmente de la industria de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Esa industria es la que más tempranamente comenzó a estudiar el cambio climático (mucho antes del IPCC), para entender lo que estaban causando y buscar formas de prevenir las demandas que podrían enfrentar, demandas que aún no se materializan, pese a algunos avances como la que ganó Amigos de la Tierra contra Shell este año, que exige a la petrolera reducir sus emisiones en 45 por ciento (https://tinyurl.com/4j76kj7c).

Por ahora, como explica John Saxe-Fernández, la industria de la energía fósil, brutalmente devastadora de comunidades y del ambiente, sigue siendo la que más subvenciones públicas recibe, con más de 5.3 billones de dólares anuales (https://tinyurl.com/3ry4j6sp)

Pese a todo esto, la declaratoria de "emergencia climática" o "código rojo para la humanidad" como la llamó el Secretario de Naciones Unidas António Guterres, no nos ayuda a enfrentar la situación. Para empezar, porque desde el IPCC al propio Guterres, en lugar de promover acciones para lograr reducciones de GEI reales, lo cual conlleva necesariamente cuestionar a esas industrias de altas emisiones y al modelo de producción y consumo masivo e injusto, aceptan que las empresas que más contaminan (energía, agronegocios, alimentaria, aviación, construcción, minería, automotriz y financiera, tecnológica, entre otras) avancen en consolidar una nueva trampa llamada "emisiones netas cero" .

Esas empresas afirman que aunque van a aumentar sus emisiones (la industria petrolera y gasera en forma exponencial), las van a "compensar" con megaplantaciones de árboles y monocultivos, con mercados de carbono y con técnicas de geoingeniería (almacenamiento de carbono, captura directa de aire, manipulación de la química oceánica, cultivos transgénicos, etc.) que no funcionan para cesar el cambio climático; son de alto riesgo y provocan mayor desplazamiento de comunidades y acaparamiento de tierras. Estados Unidos ya aprobó nuevos subsidios millonarios para el desarrollo de estas técnicas "captura de carbono", que irán a parar fundamentalmente a las arcas de las empresas petroleras, las cuales, paradójicamente, las usan para extraer más petróleo de reservas profundas a las que no podían acceder. (https://tinyurl.com/35e6j2sz)

Sin cuestionar las causas estructurales ni señalar claramente a los culpables del caos climático, llamar a imponer un estado de "emergencia climática" crea un ambiente de desesperación e incertidumbre y prepara el terreno para que no nos opongamos a esas y otras medidas inaceptables, que sólo van a favorecer a las mismas empresas y perpetuar el caos.

Tom Goldtooth, navajo, director de la Red Ambiental Indígena y miembro de la Alianza por Justicia Climática declaró: "La gravedad de la crisis climática ha sido denunciada incansablemente por las comunidades indígenas y de base afectadas durante décadas. Debemos presionar al IPCC antes de que se publique el siguiente informe sobre mitigación el año que viene, para que escuchen las voces y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y pongan fin a las propuestas de falsas soluciones, como poner precio al carbono, la captura de carbono y la geoingeniería solar, que facilitan que se siga extrayendo combustibles fósiles".

Aunque la situación es grave, desde los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y por justicia climática, las comunidades rurales y urbanas tenemos una gran diversidad de propuestas, experiencias y conocimientos hacia la justicia climática y social, como la producción campesina y agroecológica de alimentos, el cuidado y restauración de bosques, manglares y ecosistemas con los pueblos y comunidades, la construcción y organización colectivas urbanas, sistemas de transporte colectivos y muchas más, que son las que realmente urge apoyar y fortalecer, porque no sólo pueden absorber parte del carbono excedente sino sobre todo prevenir futuras emisiones.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 13 Agosto 2021 05:43

El diablo está en los detalles

El diablo está en los detalles

EL IMPUESTO GLOBAL A LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES

 

Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales. Era hora de que sucediera –pero tal vez no sea suficiente.

Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de tributos si registran sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus operaciones a estas jurisdicciones.

Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 12,5 por ciento que rige en Irlanda. Pero Apple no ha estado sola a la hora de dirigir la creatividad que pone en los productos que amamos hacia nuevas formas de evasión fiscal con respecto a las ganancias que obtiene al vendérnoslos. Ha dicho, con razón, que pagaba cada dólar exigido; simplemente estaba sacando plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía.

Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos un 15 por ciento es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. En la actualidad, la tasa oficial promedio es considerablemente más alta. De esta forma, es posible, y hasta probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría terminar cosechando un ingreso adicional muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares por año que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no se pagan. Y algunas estimaciones sugieren que, además, los países en desarrollo y los mercados emergentes verían solo una pequeña fracción de esta recaudación.

Impedir este desenlace depende no solo de evitar esa convergencia global a la baja, sino también de garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas (una que limite, por ejemplo, la deducción por costos relacionados con gastos de capital, más interés, más pérdidas previas a la entrada, más…). Probablemente, lo mejor sería acordar una contabilidad estándar para que nuevas técnicas de evasión impositiva no reemplacen a las viejas.

Particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE el 1 de julio es el llamado Pilar Uno, que busca abordar las potestades tributarias y aplica en forma exclusiva a empresas globales muy grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia en la que las ganancias son asignadas a cada estado mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, el empleo y el capital.

Los países en desarrollo y los desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de qué fórmula se use: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes digitales. Y para las grandes empresas tecnológicas, el valor de las ventas debería reflejar el valor de los datos que recaban, que es crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en todas las industrias. De todas formas, hay que reconocer los avances en las propuestas actuales, incluida la eliminación de la prueba de presencia física para imponer tributos, algo que no tiene ningún sentido en la era digital.

Algunos consideran que el Pilar Uno es un respaldo al impuesto mínimo y, por ende, no les preocupa la ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Solo una pequeña fracción de las ganancias por encima de un cierto umbral serán asignadas entre las jurisdicciones implicadas, lo que supone que el porcentaje total de ganancias a ser asignadas sea, por cierto, pequeño. Pero si a las empresas se les permite deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es, realmente, un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar disponibles para ser asignadas a las diferentes jurisdicciones implicadas en el proceso. En consecuencia, la demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias corporativas sea objeto de esta reasignación es más que razonable.

Hay otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede saber (ha habido menos transparencia, menos discusión pública de los detalles de lo que uno habría esperado). Un aspecto tiene que ver con la resolución de disputas, que, claramente, no se puede llevar a cabo usando los tipos de arbitraje que prevalecen hoy en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse la resolución de disputas en manos del país «de origen» de una corporación (en especial frente a corporaciones sin ataduras que buscan constantemente hogares más favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI.

Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de tomar medidas unilaterales, algo, al parecer, destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera del radar del Pilar Uno, ¿y quién sabe qué vacíos legales podrán encontrar los abogados tributarios inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vistas de lo difícil que es concluir los acuerdos internacionales y lo poderosas que son las multinacionales–, los responsables de las políticas públicas tal vez deban recurrir a medidas unilaterales. No tiene sentido que los países renuncien a su potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no tienen punto de comparación con los beneficios otorgados.

Los líderes del G20 harán bien si llegan a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15 por ciento. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta reforma, sería mejor si por lo menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, de manera unilateral o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, planea una tasa del 21 por ciento (véase en este número la nota de Jorge A. Bañales).

Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya voz no siempre ha sido escuchada lo suficiente. Pero, principalmente, será esencial revisar la cuestión en cinco años, no siete, como se propone en la actualidad. Si los ingresos impositivos no aumentan como se promete y si los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los derechos fiscales entre los países deberán ser revisadas.

Joseph E. Stiglitz
13 agosto, 2021

(Publicado originalmente en Project Syndicate.

Traducción de Brecha.)

Publicado enEconomía
Viernes, 13 Agosto 2021 05:38

El hambre desata pasiones

El hambre desata pasiones

La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”

 

Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.

La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.

Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.

El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (https://www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).

La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.

Publicaciones en grandes medios, como la británica BBCAl Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros,  ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.

Maratón contestatario

Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores  recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (https://www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.

“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.

La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.

El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos:  la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.

Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.

Próximos pasos resistentes

La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.

En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.

Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas. Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son:  semillas portadoras de un nuevo modelo.

 

Publicado el: 10 agosto, 2021

Por Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

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El presidente Joe Biden, delante de dos camionetas eléctricas en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, DC, comenta los pasos que tomará su administración para que Estados Unidos sea líder en la producción de autos limpios. La imagen es del 5 de agosto pasado.Foto Afp

El maniqueo mega radical Joe Biden resultó un óptimo mercadólogo a sus 78 años al exponer, a poco más de seis meses en el poder, proyectos muy ambiciosos, susceptibles de trastocar la geopolítica en Estados Unidos y el planeta, como la "energía verde" –que sepultaría quizá utópicamente a los fósiles en 2050 (sic)– y su intensa propaganda de los derechos humanos, que no practica Estados Unidos tanto con su maltrato a los migrantes enjaulados como a sus opositores del WASP (White AngloSaxon Protestant).

Ahora el temerario Biden acaba de impulsar los automóviles eléctricos (EV) mediante una orden ejecutiva que deberán constituir, quizá también de manera utópica, 50 por ciento (sic) en 2030 (sic) (https://reut.rs/37GwxVj).

Uno de los principales problemas –cuando Biden ya no esté en el poder dentro de nueve años– será conseguir el financiamiento de miles de millones de dólares del gobierno, que hoy ha entrado a un vertiginoso tobogán deficitario cuando los otrora gigantes automotrices –dejados muy atrás por Japón y Alemania– General Motors, Ford y Chrysler luchan para su transformación eléctrica –lo cual afectará inevitablemente al T-MEC. ¡Todo un tema trinacional, regional y global!

Elon Musk, pionero de los EV con Tesla –que representa más de las dos terceras partes de las baterías de los EV en Estados Unidos– quizá no fue convidado a la ceremonia de Biden por su intimidad con Trump (https://bloom.bg/3AltX33).

The New York Times (NYT) exulta que el plan de los EV de Biden "podría ayudar a Tesla (sic) y asfixiar a Toyota" (https://nyti.ms/3xv82Vr), la mayor automotriz global.

Según NYT, el giro de Biden "es una oportunidad de los EV de China para expandirse a nuevos mercados con el vigoroso apoyo de su gobierno". Asimismo, comenta que la impactante jugada de Biden "forma parte de la competencia geopolítica (sic) en la tecnología emergente para intentar rebasar a China", que tiene cerca de 50 por ciento del mercado global de baterías y le lleva una delantera de 10 años” a Estados Unidos; incluso hoy, Europa se encuentra muy por delante del país norteamericano.

Uno de los mayores riesgos de la "revolución EV" de Biden se centra en la "dislocación económica y en la pérdida de empleos", en caso de que las automotrices de antaño no sepan adaptarse.

¿Dónde conseguirá Estados Unidos tantas fábricas de baterías de las que carece hoy? Pregunta tonta: ¿dónde conseguirá Biden el litio requerido, si no es en su patio trasero y de Latinoamérica?

Otro proyecto ambicioso de Biden es hacer de su nación el “líder mundial de baterías del "ion de litio" (https://bit.ly/37GxQnb).

¿Podrá superar Estados Unidos a China, que lleva un avance descomunal? Se esperan mirificas ganancias y Global Times no oculta que el "objetivo de los EV de Biden impulsará a los proveedores chinos, pero queda la sospecha de eventuales asociaciones en medio de las tensiones" (https://bit.ly/3jAg62g).

Según Zhang Xiang, investigador automotriz de la Universidad de Tecnología del Norte de China, la "industria de las baterías de China probablemente se beneficiará del auge de los EV en Estados Unidos, ya que la batería representa 30 a 40 por ciento de su costo".

China desea construir fábricas de baterías en Estados Unidos, pero se antoja difícil en la fase presente, mientras persista la alta tensión entre Washington y Beijing.

Hoy los proveedores de baterías chinas como CATL y Eve Energy ya tienen presencia en Europa. También las empresas chinas BYD y CATL han iniciado el abasto de sus baterías a Tesla (sic), lo cual hoy suena anatema tanto para Trump como para Biden.

Sea como fuere, las acciones chinas, después de haber duplicado y hasta triplicado su cotización de las acciones en un año, un día después al anuncio de Biden se incrementaron más de 4 por ciento, en particular las firmas relacionadas con el litio: el "oro blanco".

México ostenta el primer depósito mundial del litio (https://bit.ly/3yJRHhb) en Bacadéhuachi y, sin tomar posesión aún, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, incursionó en las fauces de los chacales neoliberales neo malthusianos del Tridente de Neptuno (https://bit.ly/3xwyptS). ¿A sabiendas de sus hipotecas pretéritas desde el asesinato de Colosio o por su temeraria ingenuidad geoestratégica?

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