BMW, Mercedes y Volkswagen podrían ir al banquillo por alimentar la crisis climática

Greenpeace Germany y Deutsche Umwelthilfe protagonizarán acciones legales contra el corazón del sector automovilístico alemán. Quieren obligar a la industria a que acelere sus planes para dejar de fabricar motores de combustión interna.

 

Nuevo proyectil legal lanzado al corazón de la industria contaminante, esta vez en Alemania. Las organizaciones ecologistas Greenpeace Germany y Deutsche Umwelthilfe (DUH), junto a activistas de Fridays for Future, han anunciado acciones legales contra el corazón del sector automovilístico del país. El objetivo es conseguir que los fabricantes aceleren sus planes para dejar de fabricar motores de combustión interna y paren de fabricarlos antes de 2030 para descarbonizar las empresas en un 65% en dicho año.

Las organizaciones ecologistas han puesto la mira fija en el segundo mayor constructor de automóviles del planeta, Volkswagen, así como en los otros dos grandes gigantes del sector en el país: BMW y Mercedes-Benz. “Cualquiera que retrase la protección del clima daña a otros y, por lo tanto, actúa ilegalmente”, señalaba la abogada de los demandantes, Roda Verheten.

Los colectivos defensores del clima hacen uso así de una vía que ya les ha dado frutos: en abril el Tribunal Constitucional alemán obligó al Ejecutivo de Angela Merkel ha mejorar su ley climática, declarándola parcialmente inconstitucional, un hecho que se produjo tras la demanda de nueve jóvenes por la que afirmaban que la insuficiente protección del clima viola directamente las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía. “El derecho civil puede y debe ayudarnos a evitar que las corporaciones destruyan nuestros medios de subsistencia y priven a nuestros hijos y nietos del derecho a un futuro seguro”, continuaba la letrada.

Sin darse por aludidos

Los demandantes denuncian que, a pesar de los compromisos internacionales, el consenso científico y el evidente aumento de fenómenos climáticos extremos, la industria automovilística alemana continúa vendiendo millones de vehículos diésel y gasolina. Los datos que maneja la Unión Europea responsabilizan al sector del transporte de más del 30% de las emisiones de CO2 en la UE. De ellas, un 72% proviene del tráfico rodado.

 “Con nuestras demandas, queremos lograr la salida del motor de combustión interna”, apuntaba  Barbara Metz, de DUH. Son medidas que los ecologistas consideran clave para que Alemania se mantenga dentro de sus compromisos internacionales y cumplir así su parte para que la temperatura global del planeta no supere los 1,5ºC de aumento respecto a los niveles preindustriales.

 “Si bien la gente sufre inundaciones y sequías provocadas por la crisis climática, la industria automotriz, a pesar de su enorme contribución al calentamiento global, parece no verse afectada“, denunciaba Martin Kaiser, director ejecutivo de Greenpeace Alemania. Para el responsable, el fallo del Constitucional alemán “representa un mandato para hacer cumplir de manera rápida y efectiva la protección legal de nuestros medios de vida comunes”.

Frenar los yacimientos

Los gigantes automovilísticos no son los únicos los únicos señalados. Las organizaciones ecologistas alemanas Greenpeace y DUH también emprenderán acciones judiciales contra la petrolera Wintershall Dea, a la que pretenden forzar a que deje de abrir nuevas explotaciones de petróleo y gas para el año 2026. Las organizaciones ecologistas acusan a la multinacional fósil de ser responsable de 80 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año y de tener como objetivo aumentar su producción de combustibles fósiles en un 30 por ciento más durante los próximos dos años.

Precisamente, este lunes la petrolera alemana ha anunciado el hallazgo de una nueva acumulación de gas en el campo de Bergknapp (mar de Noruega) con entre 13 y 56 millones de barriles de petróleo equivalente.

Las cuatro corporaciones que se enfrentan a las acciones legales “contradicen los objetivos climáticos de París”, denuncian los activistas, remarcando que, según la sentencia del Constitucional, esos objetivos serían ilegales”.

Las compañías podrían sufrir el mismo varapalo que Royal Dutch Shell tuvo en mayo en los Países Bajos, cuando un tribunal de La Haya declaró culpable a la petrolera holandesa de la crisis climática, considerándola culpable del 2% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero a nivel global y obligándola a reducir sus emisiones un 45% en diez años.

6 sep 2021 12:59

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Los "virus fabricados" de los que hablaba Gadafi

Muamar el Gadafi estuvo al frente de Libia durante 42 años, desde que derrocó al al rey Idris I el 1 de septiembre de 1969 hasta que murió ejecutado el 20 de octubre de 2011. Había estudiado Derecho antes de autoproclamarse Líder y Guía de la Revolución. Se amparó en la defensa de un Estado socialista y se convirtió en uno de los líderes más activos entre los países de su entorno. Gadafi se alineó con la Unión Soviética y se enfrentó a los Estados Unidos, que acabarían apoyando, al frente de la OTAN, la rebelión a gran escala que le costó la vida hace diez años y que deparó una inútil guerra con multitud de actores.

El líder libio disponía a su antojo a la cabeza de un país cuya economía está basada casi exclusivamente en el petróleo, el 95% de sus exportaciones. Y obtenía resultados. Hasta el año de su muerte, 2011, Libia contaba con la esperanza de vida más alta de África, con 77,65 años, solo superada por las plazas españolas de Ceuta, Melilla​ y Canarias y la isla bajo control británico de Santa Elena.​ También tenía el PIB nominal per cápita más alto del continente africano y estaba en el podio en cuanto al Índice de Desarrollo Humano. El enorme país norteafricano trata ahora de salir adelante tras dos intensos conflictos bélicos, en 2011 y 2014, con un Gobierno que sigue siendo provisional y cuyo primer ministro es Abdul Hamid Dbeibah desde el pasado 15 de marzo.

Gadafi era un hombre inteligente. Se le ha tachado de visionario por predecir la Guerra de Libia de 2011, aunque para eso tampoco hacía falta ser un gran analista. Lanzo al mundo cosas que ahora no desentonan. Habló de "virus fabricados" para hacer negocio con las vacunas. Pero no "predijo la Covid-19 hace 20 años", como se llega a afirmar en las redes sociales. Lo de las profecías suele ser más cosa de Los Simpson.

Para tratar de probarlo, se recurre a imágenes de la intervención de Muamar el Gadafi ante la ONU el 23 de septiembre de 2009, un vídeo de hasta una hora de duración del que existen multitud de cortes y versiones, algunas dobladas al gusto, y que para algunos es "el discurso ante ONU que le costó su vida" dos años después.

En su intervención en Nueva York, Gadafi denunció los "virus fabricados" y fue rotundo: "Se crea un virus y se propaga por todo el mundo para que las empresas capitalistas puedan obtener ganancias gracias a la venta de medicamentos, esto es inaceptable". También llamó la atención sobre que "las vacunas y medicamentos no pueden venderse" y encontró la 'solución' contra la propagación de los virus:

"Las compañías capitalistas producen virus y vacunas en su deseo de obtener ganancias. ¿Por qué no son gratuitas las vacunas? (...) Anuncien medicamentos y medicinas gratis y los virus no se propagaran más".

No parecían tan descabelladas las conclusiones acusatorias de Gadafi, cuando la industria farmacéutica ya llevaba décadas bajo sospecha por acusaciones similares, algunas de ellas confirmadas. Es cierto que en 2009 Gadafi se refirió a "las epidemias naturales y las causadas por el hombre" y a esos "virus fabricados", lo que no es cierto es que predijera la Covid-19 "hace 20 años", como se afirma. Entre otras cosas porque desde su discurso en 2009 han pasado doce años, no veinte.

"Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado en un laboratorio que quedó fuera de control, y que originalmente se había concebido como un arma militar", señaló sobre la pandemía que asaltó ese año México. Gadafi albergaba muchas sospechas, pero le faltó decir que "están tomando tiempo para encontrar la solución que tienen antes", como se ve en Internet. Aunque tampoco hubiera desentonado.

Las propuestas de Gadafi difícilmente podían ser tomadas en cuenta, era como una norma a no ser que hablara de petróleo. Su discurso ante la ONU se tomó como otro más del 'excéntrico disidente habitual' y cayó en saco roto. Merece la pena escucharlo.

Es verdad que uno de los dirigentes más impopulares del planeta -aunque no para todos-, habló de "virus fabricados" hace doce años, no veinte. El coronavirus ha servido para devolver a Gadafi a la actualidad y para que se tomen en cuenta sus palabras, que antes a muchos les sonaban a ciencia ficcion solo porque eran suyas.

El discurso del mandatario libio era bastante elocuente hace doce años y ahora también. Si en las redes sociales se adereza es solo porque si no añadieran algo propio, no serían las redes sociales.

Por Luis M. García

7 septiembre, 2021

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Sábado, 14 Agosto 2021 07:01

¿Estamos fritos?

¿Estamos fritos?

Esta semana, un nuevo informe del Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) volvió a mostrar que el desequilibrio climático global es muy severo y que las cosas están peor de lo que ya habían advertido en su informe anterior en 2013.

El ritmo del calentamiento global, desde el periodo industrial, no tiene precedentes y la mayoría ocurrió desde fines de la década de los 90. Estiman que el calentamiento no había sido tan alto en 125 mil años; en ese caso, debido a cambios en la órbita de la Tierra. Esto se traduce en aumento de huracanes, lluvias y sequías extremas; derretimiento de glaciares y otros hielos permanentes; acidificación y aumento del nivel del mar, así como disrupción de corrientes oceánicas que regulan la temperatura en países costeros.

En suma, los datos muestran que el capitalismo como sistema y un centenar de sus empresas trasnacionales han logrado desequilibrar en tiempo récord el clima global que para estabilizarse se llevó millones de años de coevolución, con un calentamiento que podría llevar al planeta, en pocas décadas, a puntos de no retorno, lo cual nos afectará a todos, pero fundamentalmente a quienes menos recursos tienen para enfrentar la crisis.

Ha sido un proceso a sabiendas de los causantes del caos climático. Setenta y uno por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son responsabilidad de 100 empresas trasnacionales, principalmente de la industria de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Esa industria es la que más tempranamente comenzó a estudiar el cambio climático (mucho antes del IPCC), para entender lo que estaban causando y buscar formas de prevenir las demandas que podrían enfrentar, demandas que aún no se materializan, pese a algunos avances como la que ganó Amigos de la Tierra contra Shell este año, que exige a la petrolera reducir sus emisiones en 45 por ciento (https://tinyurl.com/4j76kj7c).

Por ahora, como explica John Saxe-Fernández, la industria de la energía fósil, brutalmente devastadora de comunidades y del ambiente, sigue siendo la que más subvenciones públicas recibe, con más de 5.3 billones de dólares anuales (https://tinyurl.com/3ry4j6sp)

Pese a todo esto, la declaratoria de "emergencia climática" o "código rojo para la humanidad" como la llamó el Secretario de Naciones Unidas António Guterres, no nos ayuda a enfrentar la situación. Para empezar, porque desde el IPCC al propio Guterres, en lugar de promover acciones para lograr reducciones de GEI reales, lo cual conlleva necesariamente cuestionar a esas industrias de altas emisiones y al modelo de producción y consumo masivo e injusto, aceptan que las empresas que más contaminan (energía, agronegocios, alimentaria, aviación, construcción, minería, automotriz y financiera, tecnológica, entre otras) avancen en consolidar una nueva trampa llamada "emisiones netas cero" .

Esas empresas afirman que aunque van a aumentar sus emisiones (la industria petrolera y gasera en forma exponencial), las van a "compensar" con megaplantaciones de árboles y monocultivos, con mercados de carbono y con técnicas de geoingeniería (almacenamiento de carbono, captura directa de aire, manipulación de la química oceánica, cultivos transgénicos, etc.) que no funcionan para cesar el cambio climático; son de alto riesgo y provocan mayor desplazamiento de comunidades y acaparamiento de tierras. Estados Unidos ya aprobó nuevos subsidios millonarios para el desarrollo de estas técnicas "captura de carbono", que irán a parar fundamentalmente a las arcas de las empresas petroleras, las cuales, paradójicamente, las usan para extraer más petróleo de reservas profundas a las que no podían acceder. (https://tinyurl.com/35e6j2sz)

Sin cuestionar las causas estructurales ni señalar claramente a los culpables del caos climático, llamar a imponer un estado de "emergencia climática" crea un ambiente de desesperación e incertidumbre y prepara el terreno para que no nos opongamos a esas y otras medidas inaceptables, que sólo van a favorecer a las mismas empresas y perpetuar el caos.

Tom Goldtooth, navajo, director de la Red Ambiental Indígena y miembro de la Alianza por Justicia Climática declaró: "La gravedad de la crisis climática ha sido denunciada incansablemente por las comunidades indígenas y de base afectadas durante décadas. Debemos presionar al IPCC antes de que se publique el siguiente informe sobre mitigación el año que viene, para que escuchen las voces y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y pongan fin a las propuestas de falsas soluciones, como poner precio al carbono, la captura de carbono y la geoingeniería solar, que facilitan que se siga extrayendo combustibles fósiles".

Aunque la situación es grave, desde los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y por justicia climática, las comunidades rurales y urbanas tenemos una gran diversidad de propuestas, experiencias y conocimientos hacia la justicia climática y social, como la producción campesina y agroecológica de alimentos, el cuidado y restauración de bosques, manglares y ecosistemas con los pueblos y comunidades, la construcción y organización colectivas urbanas, sistemas de transporte colectivos y muchas más, que son las que realmente urge apoyar y fortalecer, porque no sólo pueden absorber parte del carbono excedente sino sobre todo prevenir futuras emisiones.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 13 Agosto 2021 05:43

El diablo está en los detalles

El diablo está en los detalles

EL IMPUESTO GLOBAL A LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES

 

Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales. Era hora de que sucediera –pero tal vez no sea suficiente.

Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de tributos si registran sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus operaciones a estas jurisdicciones.

Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 12,5 por ciento que rige en Irlanda. Pero Apple no ha estado sola a la hora de dirigir la creatividad que pone en los productos que amamos hacia nuevas formas de evasión fiscal con respecto a las ganancias que obtiene al vendérnoslos. Ha dicho, con razón, que pagaba cada dólar exigido; simplemente estaba sacando plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía.

Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos un 15 por ciento es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. En la actualidad, la tasa oficial promedio es considerablemente más alta. De esta forma, es posible, y hasta probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría terminar cosechando un ingreso adicional muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares por año que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no se pagan. Y algunas estimaciones sugieren que, además, los países en desarrollo y los mercados emergentes verían solo una pequeña fracción de esta recaudación.

Impedir este desenlace depende no solo de evitar esa convergencia global a la baja, sino también de garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas (una que limite, por ejemplo, la deducción por costos relacionados con gastos de capital, más interés, más pérdidas previas a la entrada, más…). Probablemente, lo mejor sería acordar una contabilidad estándar para que nuevas técnicas de evasión impositiva no reemplacen a las viejas.

Particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE el 1 de julio es el llamado Pilar Uno, que busca abordar las potestades tributarias y aplica en forma exclusiva a empresas globales muy grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia en la que las ganancias son asignadas a cada estado mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, el empleo y el capital.

Los países en desarrollo y los desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de qué fórmula se use: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes digitales. Y para las grandes empresas tecnológicas, el valor de las ventas debería reflejar el valor de los datos que recaban, que es crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en todas las industrias. De todas formas, hay que reconocer los avances en las propuestas actuales, incluida la eliminación de la prueba de presencia física para imponer tributos, algo que no tiene ningún sentido en la era digital.

Algunos consideran que el Pilar Uno es un respaldo al impuesto mínimo y, por ende, no les preocupa la ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Solo una pequeña fracción de las ganancias por encima de un cierto umbral serán asignadas entre las jurisdicciones implicadas, lo que supone que el porcentaje total de ganancias a ser asignadas sea, por cierto, pequeño. Pero si a las empresas se les permite deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es, realmente, un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar disponibles para ser asignadas a las diferentes jurisdicciones implicadas en el proceso. En consecuencia, la demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias corporativas sea objeto de esta reasignación es más que razonable.

Hay otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede saber (ha habido menos transparencia, menos discusión pública de los detalles de lo que uno habría esperado). Un aspecto tiene que ver con la resolución de disputas, que, claramente, no se puede llevar a cabo usando los tipos de arbitraje que prevalecen hoy en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse la resolución de disputas en manos del país «de origen» de una corporación (en especial frente a corporaciones sin ataduras que buscan constantemente hogares más favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI.

Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de tomar medidas unilaterales, algo, al parecer, destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera del radar del Pilar Uno, ¿y quién sabe qué vacíos legales podrán encontrar los abogados tributarios inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vistas de lo difícil que es concluir los acuerdos internacionales y lo poderosas que son las multinacionales–, los responsables de las políticas públicas tal vez deban recurrir a medidas unilaterales. No tiene sentido que los países renuncien a su potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no tienen punto de comparación con los beneficios otorgados.

Los líderes del G20 harán bien si llegan a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15 por ciento. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta reforma, sería mejor si por lo menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, de manera unilateral o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, planea una tasa del 21 por ciento (véase en este número la nota de Jorge A. Bañales).

Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya voz no siempre ha sido escuchada lo suficiente. Pero, principalmente, será esencial revisar la cuestión en cinco años, no siete, como se propone en la actualidad. Si los ingresos impositivos no aumentan como se promete y si los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los derechos fiscales entre los países deberán ser revisadas.

Joseph E. Stiglitz
13 agosto, 2021

(Publicado originalmente en Project Syndicate.

Traducción de Brecha.)

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Viernes, 13 Agosto 2021 05:38

El hambre desata pasiones

El hambre desata pasiones

La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”

 

Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.

La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.

Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.

El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (https://www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).

La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.

Publicaciones en grandes medios, como la británica BBCAl Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros,  ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.

Maratón contestatario

Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores  recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (https://www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.

“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.

La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.

El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos:  la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.

Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.

Próximos pasos resistentes

La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.

En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.

Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas. Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son:  semillas portadoras de un nuevo modelo.

 

Publicado el: 10 agosto, 2021

Por Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

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El presidente Joe Biden, delante de dos camionetas eléctricas en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, DC, comenta los pasos que tomará su administración para que Estados Unidos sea líder en la producción de autos limpios. La imagen es del 5 de agosto pasado.Foto Afp

El maniqueo mega radical Joe Biden resultó un óptimo mercadólogo a sus 78 años al exponer, a poco más de seis meses en el poder, proyectos muy ambiciosos, susceptibles de trastocar la geopolítica en Estados Unidos y el planeta, como la "energía verde" –que sepultaría quizá utópicamente a los fósiles en 2050 (sic)– y su intensa propaganda de los derechos humanos, que no practica Estados Unidos tanto con su maltrato a los migrantes enjaulados como a sus opositores del WASP (White AngloSaxon Protestant).

Ahora el temerario Biden acaba de impulsar los automóviles eléctricos (EV) mediante una orden ejecutiva que deberán constituir, quizá también de manera utópica, 50 por ciento (sic) en 2030 (sic) (https://reut.rs/37GwxVj).

Uno de los principales problemas –cuando Biden ya no esté en el poder dentro de nueve años– será conseguir el financiamiento de miles de millones de dólares del gobierno, que hoy ha entrado a un vertiginoso tobogán deficitario cuando los otrora gigantes automotrices –dejados muy atrás por Japón y Alemania– General Motors, Ford y Chrysler luchan para su transformación eléctrica –lo cual afectará inevitablemente al T-MEC. ¡Todo un tema trinacional, regional y global!

Elon Musk, pionero de los EV con Tesla –que representa más de las dos terceras partes de las baterías de los EV en Estados Unidos– quizá no fue convidado a la ceremonia de Biden por su intimidad con Trump (https://bloom.bg/3AltX33).

The New York Times (NYT) exulta que el plan de los EV de Biden "podría ayudar a Tesla (sic) y asfixiar a Toyota" (https://nyti.ms/3xv82Vr), la mayor automotriz global.

Según NYT, el giro de Biden "es una oportunidad de los EV de China para expandirse a nuevos mercados con el vigoroso apoyo de su gobierno". Asimismo, comenta que la impactante jugada de Biden "forma parte de la competencia geopolítica (sic) en la tecnología emergente para intentar rebasar a China", que tiene cerca de 50 por ciento del mercado global de baterías y le lleva una delantera de 10 años” a Estados Unidos; incluso hoy, Europa se encuentra muy por delante del país norteamericano.

Uno de los mayores riesgos de la "revolución EV" de Biden se centra en la "dislocación económica y en la pérdida de empleos", en caso de que las automotrices de antaño no sepan adaptarse.

¿Dónde conseguirá Estados Unidos tantas fábricas de baterías de las que carece hoy? Pregunta tonta: ¿dónde conseguirá Biden el litio requerido, si no es en su patio trasero y de Latinoamérica?

Otro proyecto ambicioso de Biden es hacer de su nación el “líder mundial de baterías del "ion de litio" (https://bit.ly/37GxQnb).

¿Podrá superar Estados Unidos a China, que lleva un avance descomunal? Se esperan mirificas ganancias y Global Times no oculta que el "objetivo de los EV de Biden impulsará a los proveedores chinos, pero queda la sospecha de eventuales asociaciones en medio de las tensiones" (https://bit.ly/3jAg62g).

Según Zhang Xiang, investigador automotriz de la Universidad de Tecnología del Norte de China, la "industria de las baterías de China probablemente se beneficiará del auge de los EV en Estados Unidos, ya que la batería representa 30 a 40 por ciento de su costo".

China desea construir fábricas de baterías en Estados Unidos, pero se antoja difícil en la fase presente, mientras persista la alta tensión entre Washington y Beijing.

Hoy los proveedores de baterías chinas como CATL y Eve Energy ya tienen presencia en Europa. También las empresas chinas BYD y CATL han iniciado el abasto de sus baterías a Tesla (sic), lo cual hoy suena anatema tanto para Trump como para Biden.

Sea como fuere, las acciones chinas, después de haber duplicado y hasta triplicado su cotización de las acciones en un año, un día después al anuncio de Biden se incrementaron más de 4 por ciento, en particular las firmas relacionadas con el litio: el "oro blanco".

México ostenta el primer depósito mundial del litio (https://bit.ly/3yJRHhb) en Bacadéhuachi y, sin tomar posesión aún, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, incursionó en las fauces de los chacales neoliberales neo malthusianos del Tridente de Neptuno (https://bit.ly/3xwyptS). ¿A sabiendas de sus hipotecas pretéritas desde el asesinato de Colosio o por su temeraria ingenuidad geoestratégica?

www.alfredojalife.com

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https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:38

Vender al mensajero

El presidente Jair Bolsonaro entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (sentado a su derecha), el proyecto de ley que transforma Correios en una sociedad de economía mixta, en febrero de este año. FOTOS PÚBLICAS, ISACNÓBREGA

LA PRIVATIZACIÓN DEL CORREO BRASILEÑO

Bolsonaro y sus aliados decidieron vender Correios, empresa pública estratégica y esencial en tiempos de comercio electrónico. Codiciada por Amazon, es superavitaria y la única en su ramo en cubrir todo Brasil.

a historia de lo que en Brasil se conoce como Correios se confunde con la propia historia del país. Originado en 1663, cuando la Corona portuguesa creó el Correio-Mor, lleva varios siglos administrando el servicio postal del país, ahora con el nombre Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. Cien por ciento estatal y responsable no solamente de los servicios postales y logísticas, sino también de etapas clave de ejecución de varias políticas públicas, es la única empresa que llega a todos los municipios brasileños y cuenta con casi 100 mil trabajadores. En abril de este año, a través de un decreto, el presidente del país, Jair Bolsonaro, incluyó a Correios en el Plan Nacional de Desestatización, aprobado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997, el mismo año en que fue privatizada la minera Vale. La idea del Ejecutivo es vender, lo más rápido posible, la totalidad de la empresa a una sola compañía privada. Este jueves, en régimen de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó la privatización, que ahora deberá pasar por el Senado.

MITOS

A Bolsonaro sus fanáticos le gritan: «¡Mito, mito!». En el diccionario de portugués, mito significa ‘relato de las proezas de dioses o de héroes’, pero también ‘algo o alguien cuya existencia no es real, o que no puede ser comprobada’, y ‘conocimiento sin fundamento’. De esta segunda acepción parece estar hecha la propuesta del presidente de privatizar el servicio postal. El lunes 2 el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, aseveró que «la privatización es la última opción para garantizar la supervivencia de Correios». Sin embargo, en 2020 la empresa obtuvo ganancias por 1.500 millones de reales (295 millones de dólares). De los últimos 20 años, cerró 16 con saldo positivo. Entre las empresas públicas brasileñas, según el último boletín que mide la participación en el Tesoro Nacional, Correios tiene el tercer mejor índice de retorno con relación a lo invertido (69,3 por ciento). Es decir, le sale barato al Estado y, además, le da ganancias.

Faria también dijo este lunes que sin la privatización la empresa no podría sostener la universalización de sus servicios. Para Igor Venceslau, que obtuvo un magíster en Geografía Humana en la Universidad de San Pablo por su estudio de la historia y la situación actual de Correios, «es un mito que la logística de mercado que atiende al comercio electrónico y las grandes empresas es incompatible con un servicio postal entendido como derecho que tiene que ofrecerse a la ciudadanía sin fines de lucro». La empresa estatal, explica a Brecha, «trabaja actualmente en estos dos frentes, y si fuera como el gobierno dice, sería deficitaria y la actividad estaría en ruinas, lo que no se condice con la realidad».

Los argumentos de Faria tienen algo de fantasioso. Según el jerarca, la estatal ganaría en «eficiencia, agilidad y puntualidad» con la privatización. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión publicado en febrero de 2020 afirma que el año anterior el índice de entregas en tiempo y forma fue de un 97 por ciento. Según el documento, «hubo inversiones sustanciales que permitieron adquirir máquinas para clasificación, renovar más del 30 por ciento de la flota para entregar objetos y modernizar las entregas con la utilización de smartphones, que tornan el proceso más ágil, eficiente y confiable».

Estos últimos años, Correios ha sido una figura destacada en los premios World Post &ParcelAwards, algo así como los Oscar del servicio postal, que año a año reconocen a nivel mundial a las mejores empresas del ramo, tanto públicas como privadas. En 2019 y 2020, Correios venció en la categoría de servicio al cliente y en 2020 ganó en la de crecimiento transfronterizo tras implementar un modelo electrónico de importaciones. Venceslau agrega: «Si la empresa no fuera eficiente, no tendría esa porción del mercado que tiene, que es casi el 75 por ciento de las encomiendas. El 25 por ciento restante se lo disputan más de 200 compañías. Que esté en todos los municipios ya es una prueba de la capacidad y la competencia del Estado. Eso no depende de si el vehículo es de 2018 o 2020. La capacidad tecnológica es la capacidad de acción de la empresa, y Correios es la única empresa del país que tiene capacidad de acción universal, en todo el territorio nacional».

EL GRAN BOTÍN

La pandemia del covid-19, que ya causó la muerte de 560 mil personas en el país, produjo un aumento significativo de los envíos y las entregas. Según la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico, el crecimiento en las ventas por ese medio fue del 68 por ciento. Esta tendencia llegó para quedarse y las grandes empresas internacionales lo saben mejor que nadie. Las compañías extranjeras como Amazon están interesadas en dominar el mercado brasileño y ampliar sus negocios en el país. Según dijo Faria en setiembre de 2020, la de Jeff Bezos es una de las empresas interesadas en comprar Correios, así como DHL, Fedex y algunas firmas locales. En su momento, esto suscitó especulaciones sobre el interés de Mercado Libre, otro gigante de las ventas.

Para estas empresas, apropiarse de la estatal brasileña significa un paso gigantesco para dominar la distribución de productos en el país. En la década del 90 era común afirmar que el servicio logístico que brinda una empresa estatal de correos era algo del pasado frente a las sociedades de la información y lo digital que se venían, un discurso que se utilizó para justificar privatizaciones, como ocurrió en Argentina. Sin embargo, hoy es evidente que estos servicios son una etapa crucial para que se concrete el comercio electrónico. «Ese mismo tipo de comercio hizo que hoy la empresa más valiosa del mundo sea Amazon y en América Latina Mercado Libre, que en 2020 superó en su cotización a Vale. Para estar en el centro de la disputa por estos mercados se precisa controlar el servicio postal, porque en su versión pública –como la que existe en Brasil, Uruguay y la mayoría de los países de América Latina– tiene principios democráticos que no interesan a las empresas hegemónicas del capitalismo global», analiza Venceslau.

EL CAPITAL INVISIBLE

«Lo que aparece en los grandes medios es la discusión sobre la viabilidad económica de Correios en 2021, sobre cuánto vale la empresa y quién la quiere comprar. Pero Correios tiene un valor político y geopolítico que también tiene que entrar en la cuenta, por más que no lo acepte la racionalidad neoliberal, que trata de ocultar esa dimensión», explica el geógrafo. El correo público es fundamental como brazo logístico del Estado. Garantiza, por ejemplo, la viabilidad del ENEM, el examen nacional para ingresar a las universidades públicas que se realiza el mismo día y a la misma hora en todos los estados del país; la distribución de materiales didácticos para la educación; la distribución de vacunas e insumos sanitarios, y hasta la distribución de las urnas electrónicas de votación, hoy cuestionadas por los bolsonaristas.

Correios es esencial para el Sistema Judicial y fue fundamental para el Programa Hambre Cero, creado por el gobierno de LuizInácio Lula da Silva en 2003. «El riesgo inmediato de la privatización es inviabilizar algunas políticas públicas. En un futuro próximo, cualquier proyecto que la imaginación política permita elaborar estaría en riesgo. En casi todas las áreas de gobierno en las que se precisa mover cosas de un lugar a otro participa Correios. Tras su venta, esas políticas públicas serían, como mínimo, encarecidas», dice el investigador. El gobierno de Bolsonaro todavía no presentó cómo mitigaría esas consecuencias en el caso de que el proyecto se aprobara en el Senado.

«Haber acumulado esta estructura durante siglos le da a Brasil una condición estratégica, no solamente por el hecho de tener un correo público, sino también porque este es de gran tamaño y muy robusto en un país tan desigual en tantos sentidos y tan diverso territorialmente», afirma Venceslau. Y agrega: «Esta condición le permite al país no solamente crear políticas públicas, sino también regular el accionar de las grandes empresas de comercio electrónico, como Amazon, por ejemplo, a través del control de los precios y los plazos de entrega».

EL DISCURSO VACÍO

«Los datos objetivos son tan explícitos y claros que el discurso del gobierno para vender se convierte en un discurso vacío», sostiene Venceslau. A corto plazo, en lo político, cree «que el gobierno quiere cumplir una promesa de campaña para agradar a sus mecenas del mercado financiero, que esperan hacer caja con estas políticas». Para el experto, «no tienen un interés especial en privatizar Correios, sino en privatizar lo que sea, al punto de que en la lista de privatizaciones hay empresas de todo tipo: empresas que dan ganancias, empresas deficitarias, empresas estratégicas y empresas desconocidas».

Es, asegura Venceslau, un fanatismo ideológico que va más allá de las consecuencias y que no implica necesariamente un cálculo por detrás. A diferencia de la derecha tradicional, explica –y cita al expresidente Fernando Henrique Cardoso–, «que tenía una racionalidad económica, perversa pero coherente y explícita», este «ultraliberalismo actúa de otra forma, mucho más violenta: busca privatizar lo que sea, la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible». Este gobierno, afirma, «está en la vanguardia del discurso y las prácticas neoliberales y exacerba los principios de esta corriente ideológica». Y cierra: «Incluso, si los otros 219 países del mundo hubiesen privatizado sus correos públicos, yo te insistiría con que Brasil no tiene que hacerlo: no le conviene hacerlo. Y, a decir verdad, son muy pocos los países que han privatizado este servicio: menos de 20. Actualmente Correios cumple con sus funciones y, encima, es superavitario. No hay ninguna justificación para privatizarlo, salvo la ideológica».


SAQUEO LEGALIZADO

La aplanadora bolsonarista en la Cámara de Diputados logró aprobar el martes el polémico proyecto de ley 2.663/2020, conocido como PL da Grilagem. El mote viene de una vieja práctica de los estancieros para apropiarse de tierras ilegalmente: guardar escrituras en cajas con grillos para darles apariencia de antigüedad y legitimidad. El proyecto aprobado aumenta la extensión de terrenos públicos pasibles de ser regularizados como privados sin la aprobación del Instituto de Colonización y Reforma Agraria, y con la sola declaración del propio ocupante. En la práctica, facilita la legalización de tierras robadas, estimadas hoy en 65 millones de hectáreas, unas cuatro veces el tamaño de Uruguay.

En una nota publicada en abril de este año, el Instituto Socioambiental, una de las organizaciones ambientales no gubernamentales más importantes del país, aseguró que «esta propuesta legitima la práctica del robo de tierras y el desmonte ilegal; promueve desajustes entre las políticas agraria y ambiental, especialmente en lo que hace al destino de tierras públicas, y beneficia a medianos y grandes productores en detrimento de agricultores familiares, pueblos indígenas y comunidades tradicionales». El Observatorio del Clima afirmó que con esto «el gobierno abrió la portera a la amnistía eterna al robo de tierras» y que el proyecto «tiende a propulsar la actual corrida por tierras públicas en la Amazonia, cuya ocupación ilegal es el principal motor del desmonte y la causa de más de un tercio de la devastación».

La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil repudió esta «absurda e irresponsable señal emanada de aquella casa que se autodenomina Casa del Pueblo». Para la organización, con la aprobación de este proyecto, «la Cámara de Diputados demuestra que se está convirtiendo en la casa de los ruralistas, los taladores y los ladrones de tierras, de todos estos menos del pueblo». El proyecto seguirá su camino al Senado.


FAKE NEWS Y URNAS ELECTRÓNICAS

En otro orden de cosas, Jair Bolsonaro pasó a ser investigado en la causa por las fakenews que lidera el Supremo Tribunal Federal (véase «Clan Fake», Brecha, 5-VI-20)La decisión, tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, responde a un pedido unánime hecho el lunes por los integrantes del Tribunal Superior Electoral. La solicitud se hizo en momentos en que Bolsonaro radicaliza su cruzada contra el voto electrónico, despertando desde ya sospechas de fraude de cara a la elección presidencial de 2022. Moraes citó 11 posibles crímenes de Bolsonaro al atacar en sus últimos discursos el sistema de urnas electrónicas y el proceso electoral. La transmisión en vivo del presidente a través de Facebook el jueves 29 de julio fue, según Moraes, «una nueva ocasión en la que el mandatario se posicionó de forma criminal y ofensiva contra las instituciones». Blindado por la Cámara de Diputados, a la que le corresponde habilitar su eventual procesamiento, parece, sin embargo, bastante difícil que Bolsonaro sufra consecuencias inmediatas por este proceso judicial.

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El negocio de las vacunas: Pfizer ganó 10.440 millones de dólares en seis meses

Pfizer anunció este miércoles una ganancia récord impulsado por las vacunas anticovid. El avance de la variante delta y la posibilidad de inocular una tercera dosis de la vacuna sube aún más las expectativas a futuro. Mientras el mundo atraviesa una grave crisis económica, social y sanitaria, los grandes laboratorios suman ganancias millonarias en base a aportes y contratos anticipados de los Estados, y el lobby para evitar que se liberen las patentes.

 

La farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que ha obtenido un beneficio neto de 10.440 millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 53 % más respecto al mismo tramo del año pasado, impulsada por su vacuna contra la covid-19 que desarrolló junto a la alemana BioNTech, y además mejoró sus previsiones de negocio.

Con la variante delta aumentando los contagios en Asia y Europa, las farmacéuticas especulan con vender millones de dosis extra a medida que algunos países evalúan una tercera inoculación de la vacuna, mientras que gran parte de los países más pobres aún no avanzaron con la primera dosis.

Pfizer reveló que su facturación en los primeros seis meses de 2021 ascendió a 33.559 millones, un 68 % más interanual, por las ventas de la vacuna anticovid en el segundo y más reciente trimestre.

"El segundo trimestre ha sido extraordinario de varias maneras. Más visiblemente, la velocidad y eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech para ayudar a vacunar al mundo contra la covid-19 no tienen precedentes, y se han distribuido más de 1.000 millones de dosis de BNT162b2 globalmente", señaló su máximo ejecutivo, Albert Bourla.

De acuerdo con el desglose de sus cuentas, en el segundo trimestre Pfizer logró 7.800 millones en ventas directas e ingresos conjuntos de la vacuna contra el coronavirus, un buen resultado que ha llevado a la firma a revisar al alza sus estimaciones para el conjunto del año.

La compañía anticipa ingresar este año 33.500 millones de dólares solo gracias a la vacuna, atribuibles a las 2.100 millones de dosis que se ha comprometido a entregar según sus contratos firmados hasta mitad de julio.

"Según las proyecciones actuales, Pfizer y BioNTech esperan fabricar en total hasta 3.000 millones de dosis hasta finales de diciembre de 2021, sujetas a procesos continuados de mejora, a la expansión de sus instalaciones actuales y a la suma de nuevos suministradores y fabricantes contratados", sostiene la nota.

En las previsiones del conjunto de la empresa para 2021, Pfizer ha elevado sus estimaciones de ingreso hasta un rango entre 78.000 y 80.000 millones, notablemente superior a los 72.500 millones que manejaba antes.

El negocio del Covid

A Pfizer y el resto de las farmacéuticas no les importa el efecto devastador de la pandemia sino las ganancias que se pueden asegurar. Para esto cuentas con tres armas infalibles: la financiación estatal, las compras anticipadas y el bloqueo de la liberación de patentes.

El conglomerado Pfizer/BioNTech recibió un 13% de subsidios del Estado Alemán para la investigación y desarrollo de la vacuna. El 50% del total que los subsidios que el estado alemán destinó a los laboratorios fue a parar al desarrollo de la Pfizer. Unos 400 millones de dólares del total de los 3.000 millones invertidos por la empresa.

Si bien este número puede parecer bajo, incluso en relación al financiamiento estatal (es decir pagado con los aportes de los aportes e impuestos de la población de esos países) de otras vacunas, Pfizer logró contratos millonarios por anticipado, empezando por Estados Unidos.

Ese país fue uno de los que más impactó en el negocio y las ganancias de Pfizer. Antes de saber siquiera si la vacuna sería efectiva o no, Estados Unidos había comprometido en compras por anticipado $2.000 millones por las primeras 100 millones de dosis. A este contrato le siguieron las sucesivas aprobaciones de otras regiones, como Reino Unido o la Unión Europea, también vinculadas a programas de compras masivas.

Es decir, su inversión estaba 100% asegurada incluso antes de conocer su efectividad. Además, a estos contratos de compra por anticipado se puede sumar el financiamiento de deuda privada, como sucedió con la UE y BioNTech, por 100 millones de euros.

Por último, los grandes laboratorios y farmacéuticas cuentan con una tercera carta que les garantiza sus ganancias, incluso cuando esto significa retrasar la vacunación para gran parte del mundo. Se trata de la negativa de la Organización Mundial de Comercio a liberar la patentes de las vacunas. Este pedido, solicitado por India y Sudáfrica el año pasado fue desestimado primero y luego enviado a una comisión y nunca prosperó.

La liberación de las patentes permitiría la producción masiva de vacunas en todos los laboratorios del mundo que estén en condiciones de hacerlo y por lo tanto un aceleramiento de la vacunación en todo el planeta. Pero esto no ocurre por la presión ejercida por las empresas del llamado Big Pharma, que han ganado la pulseada aún cuando eso significa no solo un faltante de vacunas a nivel mundial sino la aparición de nuevas variantes más contagiosas como la actual variante delta.

Esto hizo que hasta ahora el 75% de las vacunas producidas se administraran en apenas 10 países, mientras que el 1% de las personas de los países con menores ingresos han recibido solo una dosis (y el 99% nada), lo que ya ha provocado el surgimiento de variantes como la delta.

Mientas que los empresarios farmacéuticos ven en las nuevas variantes del virus la posibilidad de aumentar aún más sus ganancias con una tercera dosis, esto genera un nuevo desabastecimiento al renovarse el circulo vicioso por el que las principales potencias comienzan a acaparar más vacunas. Esto permite que en los países en los que la vacunación es baja o inexistente la alta circulación del virus pueda provocar nuevas mutaciones que terminen por volver obsoletas a algunas de las vacunas actuales.

La irracionalidad capitalista, que pone por delante las ganancias por sobre la vida de millones de personas en todo el mundo, no solo es responsable por la administración desastrosa de la pandemia, sino por la lentitud en la vacunación al privilegiar el negocio de los laboratorios y no liberar las patentes.

Juan Andrés Gallardo@juanagallardo1

Miércoles 28 de julio | 11:41

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El costo humano de los juegos olímpicos bajo la pandemia

La pesadilla que muchos responsables médicos temían sobre los Juegos Olímpicos, se viene cumpliendo, tal como lo predijeron también muchos responsables médicos.

Se necesitaría una hoja de cálculo Excel para enumerar todos los casos de Covid-19 que ya están afectando los Juegos, incluso dentro de la villa olímpica. Y hemos podido apreciar la triste indiferencia del presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ante la posibilidad de que el virus perturbe los Juegos o infecte a la población vulnerable de Tokio. La doctora Annie Sparrow resumió la opinión de muchos expertos reducidos al silencio en un tuit: «Sólo palabras y nada de acción». Sobre el COI, Annie Sparrow dijo: «en todo el proceso, la ciencia ha sido ignorada».

Esta «indiferencia» pone en peligro vidas humanas no sólo dentro del recinto olímpico, sino también fuera de él. Según las estadísticas del gobierno, sólo el 22% de la población japonesa está totalmente vacunada. A medida que se acerca la ceremonia de inauguración de Tokio 2020, el viernes 23 de julio, los niveles de Covid en la ciudad anfitriona siguen aumentando en lo que constituye una quinta oleada, agravada por la invasión de la cepa Delta, altamente transmisible. Las olimpiadas son sumamente impopulares en el área metropolitana de Tokio, de 37 millones de habitantes,  por una muy buena razón: podrían provocar una cantidad de muertes y enfermos totalmente evitables.

Mientras tanto, para esquivar los llamados a la anulación de los Juegos, Thomas Bach utilizó a los atletas participantes en las Olimpiadas como escudos humanos: «El COI no abandonará nunca a los atletas, si hubiéramos anulado los Juegos habríamos perdido a toda una generación de deportistas. Por lo tanto, para nosotros, la cancelación  no era realmente una opción». Sin embargo, muchos atletas ya quedaron «perdidos» para estos juegos por culpa del Covid, entre ellos un miembro del equipo de gimnasia de Estados Unidos, la estrella del tenis Coco Gauff y varios jugadores de básquetbol estadounidenses, entre los cuales las estrellas Bradley Beal y Zach Lavine. Y no hablemos de la pérdida de vidas que podría producirse en Tokio después de que los 80.000 «invitados» olímpicos hayan vuelto a sus casas y que las lentejuelas y oropeles hayan sido barridos.

Por una parte, Thomas Bach admitió que, con respecto al Covid, «no alcanzaremos el 100% de eficacia». Eso sería poner el nivel demasiado alto. El asombro de los responsables médicos y de los defensores del sentido común fue grande cuando afirmó que el riesgo de que un atleta que haya contraído el virus lo transmita a otros en la villa olímpica o en otras partes del país es «nulo».

Thomas Bach añadió: «Estamos convencidos de que una vez que el pueblo japonés vea a los atletas japoneses desempeñarse en estas Olimpiadas, la actitud va a ser menos agresiva.» En otras palabras, es probable que algunas

personas tengan que sacrificar su salud -y tal vez incluso su vida-, pero los Juegos deben continuar.

El COI insiste en que su papel es «celebrar a los atletas» y dice que los pone en primer lugar. Pero la realización de los Juegos Olímpicos durante una pandemia sanitaria mundial los deja en último lugar. Como un loro ensayando para el «Día de la Marmota» [una comedia fantástica de Harold Ramis, 1993, también llamada «El hechizo del tiempo»], el COI dice que los Juegos Olímpicos de Tokio son «seguros». Que se lo digan a los futbolistas sudafricanos que dieron positivo por coronavirus en la villa olímpica. O a las 71 personas -atletas o miembros de delegaciones olímpicas [87 oficialmente el 21 de julio]- a las que se les diagnosticó el virus desde que aterrizaron.

El COI es responsable de poner en peligro la vida de los participantes en los Juegos. Sólo el COI tiene la facultad de cancelar los Juegos, gracias al contrato leonino firmado con la ciudad anfitriona. Thomas Bach dijo: «Lo que hará que estos Juegos sean históricos es la demostración de que pueden celebrarse con seguridad, incluso en las circunstancias planteadas por esta pandemia».

Decir que esto suena a hueco para los japoneses es quedarse muy corto. Satoko Itani, profesora de la Universidad de Kansai (Japón), declaró a The Nation: «Estoy muy preocupada por el desastre que estos Juegos Olímpicos ya han provocado en la sociedad japonesa. Todas las pruebas circunstanciales sugieren que, por ser Japón el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, el gobierno minimizó la gravedad de esta pandemia y por lo tanto, no logró frenar la propagación del virus cuando tenía la posibilidad de hacerlo, lo que ya ha causado demasiadas muertes. Ahora, la población japonesa observa cada día nuevos casos de Covid-19 relacionados con los visitantes olímpicos. También estamos viendo que la llamada «burbuja» olímpica no funciona. Estoy consternada. Tokio 2020 está poniendo en peligro vidas humanas porque propaga el virus y porque absorbe los recursos públicos que necesitamos desesperadamente para recuperarnos de la pandemia y de otras catástrofes naturales que tienen lugar con frecuencia en nuestro país.» [Por no mencionar la política gubernamental que multiplica los esfuerzos, pero son esfuerzos para ocultar los efectos aún muy presentes de la catástrofe de Fukushima, como ilustran los documentales emitidos en el canal franco alemán Arte – Nota de A l’encontre].

Los Juegos de Tokio tendrían que servir de advertencia a los anfitriones olímpicos de todo el mundo. Los Juegos no sólo llamaron la atención sobre los problemas olímpicos endémicos (los gastos, el desplazamiento de los habitantes populares, la militarización del espacio público y el «greenwashing»), sino que también pusieron de manifiesto la supresión de toda ética por parte de la banda itinerante de los barones del deporte que dirige el COI y la corrupción, tanto legal como ilegal, permitida por ese grupo. Con la organización de los Juegos, el COI le demuestra al mundo entero el carácter microscópico de su ética.

Satoko Itani, refiriéndose a Thomas Bach, refleja un amplio sentimiento en Japón cuando dice: «La gente aquí estaba furiosa por su arrogancia y su negligencia. Lo que resulta particularmente chocante es que fue a Hiroshima y a Nagasaki sin respetar un periodo de cuarentena de dos semanas, pese a la oposición de los hibakusha [sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas por EE.UU. en Hiroshima y Nagasaki]. No quieren que su experiencia sea utilizada para «pacificar» los Juegos Olímpicos. Si Bach quiere de verdad crear un mundo pacífico, debe empezar por escuchar a la gente. El hecho de imponer su propia voluntad a alguien o de hablar sin conocer lo que siente profundamente la gente no es más que lo contrario de cualquier pacificación».

Lejos de ser un acto de «pacificación», se trata de un probable caso de contagio masivo que puede afectar a una población que, en su mayoría, no está vacunada. No es un acto de paz. Es un acto de guerra. (Artículo publicado en The Nation, 21-7-2021 https://www.thenation.com/)

 

Por Dave Zirin, Jules Boykoff | 28/07/2021

Dave Zirin es redactor responsable de deportes en The Nation y es también autor de varios libros, entre los que podemos citar Game Over: How Politics Has Turned the Sports World Upside Down (The New Press, 2013).

Jules Boykoff es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Pacífico en Oregón. Ha publicado cuatro libros, el más reciente es NOlympians: Inside the Fight Against Capitalist Mega-Sports in Los Angeles, Tokyo (Fernwood Publishing, abril 2020)

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El capitalismo camina hacia el tecnofeudalismo

Alarma en las potencias occidentales y hasta en el FMI por el poder cada vez más impresionante de las grandes corporaciones

 

Mientras la derecha política y mediática local repite eslóganes y prejuicios contra el Estado, el debate mundial apunta a fortalecerlo, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital. Señales para la economía argentina acerca de la necesidad de intervenir sobre empresas que abusan de la posición dominante de mercado.

 

Tres ideas se están debatiendo en los máximos niveles políticos de las potencias, que necesariamente deberían tener influencia en países periféricos como Argentina:

  1. Las multinacionales contabilizan ganancias extraordinarias y, para financiar a un Estado que ha destinado muchos recursos para atender la pandemia, deben pagar un impuesto adicional.
  2. La posición dominante de grandes empresas monopólicas u oligopólicas deriva en aumentos de precios excesivos y en ausencia de competencia.
  3. El cada vez mayor poder de mercado y financiero de las grandes empresas está limitando la efectividad de tradicionales instrumentos de política monetaria, como la suba de la tasa de interés por parte de las bancas centrales para atender tensiones inflacionarias.

 

No se trata de diagnósticos y propuestas de una plataforma de gobiernos de izquierda, sino que es la reacción de un sistema estatal que, desde su origen, estuvo aliado y, a la vez, condicionado por las corporaciones, pero ahora las firmas dominantes directamente se están independizando de ese circuito político y de control económico tradicional.

Esta emancipación se expresa en la utilización de guaridas fiscales para pagar poco o nada de impuestos en los países de origen; los aumentos de precios por encima del promedio luego de eliminar por absorción a la competencia; y la abundancia de recursos financieros líquidos que hace que no les importe la estrategia monetaria de las bancas centrales.

Son más grandes que el Estado

La pandemia dejó al descubierto la actual fase histórica del capitalismo concentrado cuando, por primera vez, una extraordinaria crisis económica-financiera global no afectó en forma negativa el negocio bursátil.

Por el contrario, el índice promedio de las principales bolsas mundiales está en niveles record, mientras las economías se derrumbaron y están tratando de recuperar lo perdido, la desocupación se ha disparado y el drama sanitario y social ha sido fulminante.

Este comportamiento divergente entre la economía real y la evolución de las cotizaciones de grandes firmas es uno –no el único- factor que refleja la nueva etapa del capitalismo. En ésta se está desvinculando la histórica asociación entre los Estados y las corporaciones dominantes del sistema de organización tradicional de las fuerzas de producción.

Las tres menciones arriba indicadas sobre las multinacionales sólo son la reacción del mundo político de las potencias, en especial las de Occidente, para tratar de no ver disminuida la capacidad de intervención e influencia de los Estados o, en los hechos, la pretensión de no perder importancia en las relaciones de poder.

Cuál será el legado de la pandemia

No deja de sorprender el análisis rústico de economistas locales, con sus habituales amplificadores, dedicados a debilitar y desacreditar el rol del Estado en la economía.

Hasta la revista conservadora The Economist se hace eco de la nueva etapa y del papel central que está ocupando el Estado, espacio que aspira a preservar pese a la expansión de las corporaciones globales, en especial las vinculadas al negocio digital.

En el texto "Después de la enfermedad. El largo adiós a la covid-19" se asegura que, con la vacuna, están surgiendo destellos de vida poscovid, pero se advierte que existen dos cuestiones claras. Una, que la última fase de la pandemia será prolongada y dolorosa, y dos, que la covid-19 dejará atrás el mundo conocido.

Ese mundo nuevo que presenta The Economist seguiría el patrón establecido por pandemias pasadas, identificando tres cambios, definidos por el sociólogo y médico greco-estadounidense Nicholas Christakis de la Universidad de Yale:

 

  1. La amenaza colectiva impulsa un crecimiento del poder estatal.
  2. El vuelco de la vida cotidiana conduce a la búsqueda de sentido.
  3. La cercanía de la muerte que trae precaución mientras la enfermedad se agita estimula la audacia cuando ha pasado.

 

La gente se atrinchera con el Estado

 

El artículo describe que cuando la población de los países ricos se refugiaba en sus casas durante los cierres, el Estado se atrincheró con ellos.

Detalla que durante la pandemia, los gobiernos han sido el principal canal de información, los que establecieron las reglas, fueron la fuente principal de dinero en efectivo y, finalmente, se han convertido en los proveedores exclusivos de vacunas.

Calcula que los Estados de los países ricos pagaron 90 centavos por cada dólar de producción perdida.

Menciona que existe un vigoroso debate académico sobre si los encierros "valieron la pena, pero el legado de la pandemia del gran Estado ya está a la vista".

Apunta en forma crítica –vale recordar que The Economist es una fuente destacada del conservadurismo- que "sólo hay que mirar los planes de gastos de la administración Biden". Para concluir que "cualquiera que sea el problema (desigualdad, crecimiento económico lento, seguridad de las cadenas de suministro), un Estado más grande y más activista parece ser la solución preferida".

 

Hasta el FMI se sorprende del poder de las corporaciones

 

Algo está cambiando en el marco analítico, por lo menos en la voluntad de reflexionar sobre la dinámica de la economía en la fase de la globalización pospandemia.

Un reciente documento del Fondo Monetario Internacional "Taming Market Power Could (also) Help Monetary Policy", de los investigadores Romain Duval, Davide Furceri y Marina M. Tavares, explica que, ante la amenaza de la inflación, las bancas centrales de los países desarrollados están estudiando aplicar la receta conocida: subir la tasa de interés.

Esta medida es lo que la ortodoxia local está reclamando que haga el Banco Central, para imitar al resto de las autoridades monetarias de la región que ya subieron las tasas.

Como se sabe, el alza de las tasas incrementa la renta de inversores y encarece el crédito, una forma de restringir así la demanda y, por lo tanto, controlar los precios. Es la receta monetarista clásica.

La idea de la suba de la tasa de interés, además, busca influir sobre las expectativas futuras de consumidores y empresas y, de ese modo, lograr eficacia en la política monetaria contractiva.

Sin embargo, esos economistas del Fondo se sorprendieron con un factor que, aseguran, el análisis convencional pasa por alto: el poder de mercado de las grandes empresas.

La investigación que presentaron revela que empresas cada vez más grandes y poderosas están haciendo de la política monetaria una herramienta menos efectiva para administrar la economía.

Lo dicen para países ricos, pero se puede extender a economías en desarrollo con mercados muy concentrados, en los cuales operan empresas con posición dominante y abundantes recursos financieros (en Argentina, por ejemplo, corporaciones de telecomunicaciones con ramificaciones en medios de comunicación).

 

Apple y Google tienen tanto dinero en efectivo que son Amo y Señor

 

El estudio del FMI describe que las empresas con mayor poder de mercado responden menos a las acciones de la política monetaria debido a que contabilizan ganancias abultadas.

Esas utilidades, que se incrementaron pese a la tragedia de la pandemia o, para ser precisos, las aumentaron gracias a la pandemia, hacen que esas empresas sean menos sensibles a los cambios en las condiciones de acceso al financiamiento por decisiones de las bancas centrales.

Esos economistas fondomonetaristas ponen por ejemplo que, en marzo de 2021, Apple tenía más de 200.000 millones de dólares en efectivo y en inversiones en acciones y bonos, mientras que Alphabet (Google) tenía más de 150.000 millones de dólares.

O sea, esas empresas tienen un colchón de efectivo tan grande que pueden decidir inversiones y otros proyectos sin preocuparse por la facilidad con la que podrían acceder a otras fuentes de financiación. Es decir, dejan de depender de cuál es la tasa de interés de referencia que fija la banca central.

En cambio, las empresas que enfrentan mayores restricciones crediticias, como pymes o firmas con un margen de rentabilidad reducido, quedan condicionadas por la política monetaria.

Por lo tanto, la investigación concluye que "el poder de mercado excesivo también puede obstaculizar la capacidad de las bancas centrales para estimular la actividad económica durante las recesiones y enfriarla durante las expansiones". Lo dice el FMI, no un economista de izquierda.

 

El FMI pide más control a las corporaciones

 

Luego de ofrecer esta sorprendente definición teniendo en cuenta de donde proviene, esos economistas se destapan con la siguiente recomendación: 

"En un lugar destacado de la agenda se encuentran las mejoras en los marcos de políticas y leyes de competencia. Estos incluyen, dependiendo de las jurisdicciones, un control más estricto de las fusiones, particularmente cuando se trata de empresas dominantes, una aplicación más estricta de sanciones por los abusos, una mayor dependencia de las investigaciones de mercado y medidas más específicas para hacer frente a la economía digital en rápida evolución".

 

Joe Biden versus las corporaciones

 

Esta investigación del FMI no es casual. El gobierno demócrata de Joe Biden decidió intervenir en este escenario de expansión económica y de poder de las corporaciones.

El 9 de julio pasado, Biden firmó una orden ejecutiva (decreto) con 72 medidas que busca limitar el poder de las grandes compañías para que bajen los precios de los productos y aumente la competencia.

Los sectores alcanzados van desde tecnología y transporte hasta salud y bancos, pasando por la agricultura y el negocio farmacéutico.

Biden quiere reforzar la aplicación de las leyes antimonopolio para combatir "prácticas anticompetitivas". Apunta, por ejemplo, a las fusiones o adquisiciones, algo común entre gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Apple y Amazon.

El objetivo expuesto por Biden es potenciar una mayor competitividad en la economía estadounidense, así como lograr "precios más bajos y aumentos de salarios".

"No más tolerancia a las acciones abusivas de los monopolios. No más fusiones perversas que conducen a despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores", afirmó Biden.

 

El abrazo de la derecha con EE.UU. debería ser completo: Pfizer + antimonopolio

 

La derecha local hace lobby para el laboratorio Pfizer, no sólo por privilegiar la elección de esa vacuna, sino por una evidente opción para promover la subordinación del país a los Estados Unidos.

Si esta es la manifiesta preferencia geopolítica de la alianza política y mediática conservadora, también debería tomar nota de que el actual gobierno de Estados Unidos impulsa una política antimonopolio, que si se aplicara en Argentina afectaría la principal base mediática de propaganda y difusión de la derecha.

Si la decisión entonces es subordinarse a Estados Unidos, el abrazo de sometimiento debería incluir a Pfizer y también a su actual política contra las empresas con posición dominante de mercados.

El economista griego y ex ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis publicó "El tecnofeudalismo se está apoderando", en Project Syndicate, texto que permite profundizar el análisis acerca de lo que está pasando en la economía con la expansión de las corporaciones.

Es un interesante aporte para eludir análisis rústicos que circulan y para escapar de las vulgaridades de la secta de economistas ortodoxos. Varoufakis afirma que "así como el capitalismo desplazó al feudalismo de forma gradual, subrepticia, hasta que un día la mayor parte de las relaciones humanas se basaron en el mercado y el feudalismo fue barrido, el capitalismo actual está siendo derrocado por un nuevo modo económico: el tecnofeudalismo".

 

¿Qué es el tecnofeudalismo?

 

Varoufakis explica que las transformaciones radicales tuvieron repercusiones trascendentales (la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Recesión y el Largo Estancamiento posterior a 2009) no alteraron la característica principal del capitalismo: un sistema impulsado por ganancias privadas y rentas extraídas a través de algún mercado.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook y Amazon, que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino más bien como feudos.

Ofrece una definición provocadora del actual estadio del capitalismo: "Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps".

Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

El desafío para economías periféricas como la argentina, en este mundo en transformación y de pospandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia, y encontrar espacios para el desarrollo nacional entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa de la globalización.

 

Por Alfredo Zaiat

24/07/2021

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Publicado enInternacional