Fuentes: El tábano economista

Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre las redes sociales se queda (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Vendedor de casa, presentador de reality show, defensor de las libertades individuales y los derechos de los consumidores, de un día para el otro pasó a ser un obcecado regulador y querellante de las grandes empresas tecnológicas. La metamorfosis y los zigzagueos del expresidente Trump tienen apariencia peculiar, pero como veremos no son inocentes.

Después del ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de alborotadores empeñados en evitar que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Biden, todas las principales plataformas sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, desconectaron las cuentas del presidente Donald Trump. Las empresas citaron reglas internas sobre el uso indebido de sus plataformas para difundir información errónea e incitar a la violencia.

Las grandes tecnológicas actuaron como la computadora Multivac del cuento de Isaac Asimov “sufragio universal” (año 1955). El autor supuso para un lejano futuro en el momento de escribir el cuento, el sufragio universal en el que toda la población expresa su voluntad a través del voto, habría dado lugar a otro mecanismo en el cual el presidente sería elegido por un único elector en representación de todo el país. Este votante será elegido por una gran computadora llamada Multivac, un gran engaño de simulación democrática, al igual que las tecnológicas, ellas son las elegidas para censurar a un usuario en el nombre del país.

Dadas ciertas características, que veremos más adelante, las redes sociales se atribuyen la acción estatal de restringir el discurso de una persona, rol que extrañamente podrían ejecutar los privados por carecer del poder de policía para efectuarlo. Lo cierto es que, no sólo lo hicieron con el presidente de la mayor potencia mundial, sino que distrajeron la atención entre dos temas centrales. La capacidad monopólica de sus empresas por un lado y por otro su anhelo de autorregulación de publicaciones en sus redes, lo que la Corte Suprema americana llamo “La plaza pública moderna”, donde los oradores tienen derecho a exigir acceso a sus plataformas del mismo modo que tienen derecho a participar de debates en plaza pública. 

Comencemos con lo más oculto, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta permite a los operadores de sitios web elegir quién y qué aparece en sus páginas sin temor a ser responsables. En la Ley de Decencia en las Comunicaciones del año 1996 se encuentra una de las herramientas más valiosas para proteger la libertad de expresión y la innovación en Internet: la Sección 230 dice “Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el relator de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información” En otras palabras, los intermediarios en línea que alojan o vuelven a publicar discursos, están protegidos contra una serie de leyes que, de otro modo, podrían utilizarse para responsabilizarlos legalmente de lo que otros dicen y hacen.

Este marco legal y de políticas ha permitido que los usuarios de YouTube o cualquier plataforma carguen sus propios videos, Amazon ofrecen innumerables reseñas de usuarios, Facebook y Twitter albergar anuncios clasificados, gratis o pagos, para cientos de millones de usuarios de Internet. Dado el gran tamaño de los sitios web generados por los usuarios, Facebook tiene más de mil millones de usuarios, Twitter 340 millones. Los consumidores de YouTube cargan 100 horas de video por minuto, por lo que no sería descabellado que aparecieran contenidos objetables en sus redes sociales. Este sería el discurso ingenuo.

La capacidad de las redes sociales en intervenir en las elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de Brexit, Argentina, Brasil etc son conocidas. Los dueños de las redes tenían preferencia en la interna Demócrata, y una de ellas era deshacerse del ala progresista del partido y de Elizabeth Warren en particular, una de las candidatas favoritas allá por octubre del 2019. Ella proponía según una grabación filtrada de una reunión de la empresa publicada por The Vergesegmentar a las grandes empresas tecnológicas. Pero el problema no radicaba sólo en desmembrar los monopolios, sino que la candidata aseguraba que la plataforma le había dado a Trump rienda suelta para mentir “para después pagarle a Facebook enormes sumas de dinero para difundir esas mentiras a los votantes estadounidenses”, haciendo referencia a Fake News y Trolls.

En ese momento Kamala Harris se había retirado de la interna demócrata por tener sólo el 1% de los votos. Cuando fue convocada por Biden los magnates de las Big Tech respiraron tranquilos, Harris mantiene fuertes lazos con Silicon Valley más allá de haber nacido y haberse educado en San Francisco. De su cercanía surgió la idea de un acuerdo. Las tecnológicas apoyarían la campaña de los demócratas y ellos se comprometen a votar porque las empresas se autorregulen y no sea el gobierno quien ponga un marco regulatorio. El desmembramiento como veremos, judicializado a esa altura parece inevitable. Pero la pregunta sigue siendo ¿Por qué es tan importante conformar a los nuevos zares de los mediáticos?

Gran parte del público mundial se informa a través de las redes sociales y por lo tanto las mentiras y el apoyo de los dueños de las redes, puede inclinar la balanza hacia el partido elegido, multiplicando falsedades y eliminando cuentas de otras tendencias por contener información sospechosa, según ellos mismo. El escándalo de Cambridge Analytica, el ceder Google datos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), entre otras para beneficio de sus propios intereses forma parte del combo información y datos, que de hecho influye en las tendencias y los humores de los votantes.

El periódico NYT a través de un estudio, público el impacto que tuvo la suspensión de las cuentas en las redes sociales del ex presidente Trump. Nos resultará central en esta parte del artículo, para mostrar la fuerza de la gozan las redes sociales y el poder de digitar y modificar tendencias de opinión. Donald Trump antes de la suspensión de sus cuentas tenía: 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram. Para tener una idea, el programa de política en horario central más visto de la tv América en FoxNews tiene 3 millones de espectadores, es decir, Trump no necesita de los medios convencionales.

Cuando 17 plataformas entre ellas Facebook y Twitter inhabilitaron las cuentas de Donald Trump después del asalto al Capitolio, perdió el acceso directo a sus megáfonos más poderosos. El 4 de junio, Facebook anunció que al expresidente de Estados Unidos no se le permitiría regresar a su servicio hasta por lo menos enero de 2023, con el argumento de que su presencia en las redes representa un riesgo para la seguridad pública.

The New York Times examinó las casi 1600 publicaciones de Trump en redes sociales desde el 1 de septiembre hasta el 8 de enero, el día en que le suspendieron sus cuentas en las plataformas. Rastrearon la interacción de las redes sociales con decenas de declaraciones que escribió en su sitio web personal, en su sitio de recaudación de fondos para la campaña y en los correos electrónicos enviados a una lista de suscriptores.

Antes del veto, una publicación en redes sociales con interacción promedio generaba 501.000 “me gusta” y “compartir”, por lo que publicación al menos se duplicaba. Después del veto, dicha cantidad se desplomó a 36.000.  También se cerraron otras cuentas populares en las redes sociales a menudo tomaban sus mensajes y los publicaban. El hecho es que el presidente desapareció de la escena, ese es el riesgo de la autorregulación, los dueños de las redes pueden optar como Multivac, quien es digno de ser replicado y quien callado.

En cuanto al segundo tema El Subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó el 6 de octubre del 2020 los hallazgos de su investigación de más de 16 meses sobre el estado de la competencia en la economía digital, especialmente los desafíos presentados por el dominio de Apple, Amazon, Google y Facebook y sus prácticas comerciales.

El informe, titulado Investigación de la competencia en el mercado digital: informe y recomendaciones del personal mayoritario, totaliza más de 400 páginas, lo que marca la culminación de una investigación que incluyó siete audiencias del Congreso, la producción de casi 1.3 millones de documentos y comunicaciones internas, presentaciones de 38 expertos en antimonopolio y entrevistas con más de 240 participantes del mercado, ex empleados de las plataformas investigadas y otras personas. Si les interesa está aquí .

“Tal como existen en la actualidad, Apple, Amazon, Google y Facebook poseen cada uno un poder de mercado significativo en grandes sectores de la economía. En los últimos años, cada empresa ha expandido y explotado su poder de mercado de manera anticompetitiva”. “Nuestra investigación no deja lugar a dudas de que existe una clara y apremiante necesidad de que el Congreso y las agencias de aplicación de las leyes antimonopolio tomen medidas que restauren la competencia, mejoren la innovación y protejan nuestra democracia. Este informe describe una hoja de ruta para lograr ese objetivo”.

La lista de recomendaciones incluye:

  • Separaciones estructurales para prohibir que las plataformas operen en líneas de negocio que dependen o interoperan con la plataforma;
  • Prohibir a las plataformas participar en la auto-preferencia;
  • Exigir que las plataformas hagan que sus servicios sean compatibles con las redes de la competencia para permitir la interoperabilidad y la portabilidad de los datos;
  • Obligar a que las plataformas proporcionen el debido proceso antes de tomar medidas contra los participantes del mercado;
  • Establecer un estándar para proscribir adquisiciones estratégicas que reduzcan la competencia;
  • Mejoras a la Ley Clayton, la Ley Sherman y la Ley de la Comisión Federal de Comercio, para alinear estas leyes con los desafíos de la economía digital;
  • Eliminar las cláusulas de arbitraje forzoso anticompetitivas;
  • Fortalecimiento de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia;
  • Y promoviendo una mayor transparencia y democratización de las agencias antimonopolio.

Ambas disputas están relacionadas, tanto el poder monopólico como la autorregulación, pero esta última está más oculta por las consecuencias políticas y de espionaje que acarrea. Nadie sabe bien en que terminarán, pero en varios países de Latinoamérica, aun no regulado la captación de datos, las fake news, pueden producir mucho daño. Recuerden que si al establishment no le gusta a quien votaron, se agitará el fantasma del fraude. Quizás Multivac y las redes puedan digitar quien será el próximo defensor del statu quo según el país que corresponda.   

Por Alejandro Marcó del Pont | 15/07/2021

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Bolsonaro sancionó la ley para privatizar Eletrobras

Es la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó --con algunos vetos-- la Medida Provisional que reglamenta el proceso de privatización del gigante estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de capitalización de la compañía podría estar lista en febrero de 2022.

Según publicó este martes el Diario Oficial de la Unión, entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial se incluye el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.

Respecto al primer veto, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados "podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios", mientras que sostuvo que la obligatoriedad de mantener filiales "limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad".

Sobre el veto a la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos, el mandatario indicó que esa medida "viola el principio del concurso público --convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores-- y aumenta las despensas".

El mes pasado, el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares). Ese modelo prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.

Con esta privatización, remarcó la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año.

Actualmente, el Estado brasileño es el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.

Pese a la venta del control, dicen los medios locales, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

13 de julio de 2021

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Miércoles, 14 Julio 2021 05:37

Piratas pandémicos

Piratas pandémicos

Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones.  En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdfY subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.  (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos.  La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

14/07/2021

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza.

Publicado enEconomía
Stiglitz celebra las medidas que promuevan al menos una reducción de los paraísos fiscales. . Imagen: AFP

Aseguró que es una oportunidad para potenciar la equidad

El premio Nobel consideró que la tasa de al menos el 15 por ciento es un gran paso adelante. “Pero el diablo está en los detalles", agregó. 

 

El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz publicó una columna de opinión a favor del impuesto mínimo global a las multinacionales. En el portal Project Syndicate aseguró que es necesario reforzar los esfuerzos para evitar que las grandes corporaciones se aprovechen de grises legales y fiscales para eludir el tributo. La apuesta para poder reducir el rol de los paraísos fiscales e imponer un impuesto mínimo a las grandes multinacionales puede considerarse como una gran oportunidad para potenciar la equidad global.

“Las empresas pueden evitar pagar su parte justa de impuestos al registrar sus ingresos en jurisdicciones de impuestos bajos. En algunos casos, si la ley no les permite pretender que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de su negocio a estas jurisdicciones”, aseguró el premio Nobel.

El ex economista jefe del Banco Mundial consideró que un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15 por ciento es un gran paso adelante. “Pero el diablo está en los detalles. El tipo oficial medio actual es considerablemente más alto. Por tanto, es posible, incluso probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima”, consideró.

Agregó que una iniciativa que comenzó como un intento de obligar a las multinacionales a contribuir con su parte justa de impuestos podría generar ingresos adicionales muy limitados, mucho más bajos que los 240 mil millones de dólares pagados anualmente. Y algunas estimaciones sugieren que los países en desarrollo y los mercados emergentes también verían una pequeña fracción de estos ingresos.

“La prevención de este resultado depende de garantizar una definición amplia y completa de las ganancias corporativas, por ejemplo, una que limite la deducción de los gastos relacionados con los gastos de capital más los intereses y todos los recursos que agregan la empresas para evitar cumplir sus obligaciones. Probablemente sería mejor acordar una contabilidad estándar para que las nuevas técnicas de elusión fiscal no reemplacen a las antiguas”, consideró.

El economista se mostró muy crítico contra las multinacionales y en una segunda columna de opinión en el mismo portal continuó su crítica mencionando que estas empresas no sólo buscan maximizar ganancias sino que alientan prácticas inmorales en sus operaciones fuera de Estados Unidos. “Los peores abusos cometidos hoy por las corporaciones codiciosas se encuentra la esclavitud infantil. Es posible que los amantes del chocolate de todo el mundo no lo sepan, pero algunos de sus placeres culpables pueden haber sido producidos por niños esclavos”, mencionó.

Detalló que Nestlé, Cargill y otras compañías de alimentos que enfrentan tales acusaciones han evitado responder en audiencia pública. Como estas empresas o sus subsidiarias tienen su sede en los Estados Unidos, argumentó que no son responsables de las “fechorías cometidas en la lejana África”.

“Lo hacen sabiendo muy bien que no existe un sistema legal efectivo en los países donde se explota a los niños. Además, incluso si se emitiera un juicio legal contra estas empresas en el extranjero, pagarían poco. Simplemente trasladarían sus operaciones a otra parte, y sería difícil, si no imposible, para un país pequeño y pobre hacer cumplir cualquier sentencia dictada”, indicó el premio Nobel.

El economista mencionó que junto con Oxfam se presentó un amicus brief a la Corte Suprema norteamericana argumentando que es de interés económico de Estados Unidos responsabilizar a las empresas estadounidenses por conductas ilícitas dondequiera que se cometan. “La responsabilidad social corporativa da sus frutos a largo plazo, tanto para los consumidores como para las empresas, en los países que insisten en ella”, dijo.

Destacó que “los países y las empresas con buena reputación pueden atraer más capital y mejores trabajadores que los competidores menos éticos, y sus productos atraerán a una generación de consumidores más consciente. Los trabajadores jóvenes son especialmente sensibles a lo que hacen y defienden sus empleadores”. 

Stiglitz no dejó lugar a las dudas respecto de su posición de incrementar las regulaciones contra las grandes corporaciones. “¿Cómo podemos asegurarnos de que las empresas no hagan en el extranjero lo que nunca intentarían hacer en casa? La globalización ha impuesto esta cuestión en la agenda a medida que las empresas occidentales han ampliado su dependencia de países pobres con marcos legales muy limitados. La extraterritorialidad no es el problema. Lo que más importa es que terminemos la carrera hasta el fondo. Estados Unidos debería asegurar al mundo que él y sus empresas defienden la decencia”, precisó.

13 de julio de 2021

Publicado enEconomía
Branson creó la compañía aérea Virgin como embrión de lo que llegaría después, la conquista del espacio.

El fundador de Virgin consigue superar la barrera de los 80 kilómetros sobre la Tierra a bordo de su propia nave espacial y abre la vía a los viajes turísticos

“A los niños del mundo: yo soñaba de pequeño mirando las estrellas. Hoy miro a la Tierra. Si nosotros pudimos hacer esto, imaginad lo que podréis conseguir vosotros”. Esas fueron las palabras que Richard Branson (Londres, 1950) quiso dirigir a la Humanidad como el primero de la especie en protagonizar un vuelo espacial en su propia nave. Y con 70 años cumplidos. Visionario y genio del marketing, durante los cuatro minutos que duró la ingravidez, esculpió la primera piedra de una embrionaria iglesia dedicando la gesta a las generaciones que vendrán. Salvo en el caso del duelo Scott y Amundsen, rara vez se resaltan los méritos de quien llegó el segundo; así, el magnate inglés ya tiene un lugar en libros de Historia.

El fundador de Virgin Records jamás ha ocultado un sano narcisismo. En la web de su compañía –que abarca 400 marcas–, tras una breve sinopsis de su biografía, se resaltan las mayores proezas físicas del fundador (la travesía más rápida del Atlántico, cruzarlo varias veces en globo y atravesar en kitesurf el Canal de la Mancha) para finalizar destacando a Virgin Galactic, la primera línea espacial comercial del mundo, como “la mayor aventura de todas”. Es para presumir: en este desafío por la conquista del cosmos se ha adelantado a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk.

Branson nació en Blackheath, municipio de la circunvalación de Londres, y tiene dos hermanas menores. De su padre, Edward, abogado hijo de juez, aprendió que no llevaría nunca clavada una astilla como la suya, el sueño de haber sido arqueólogo. Su madre, Eve, fue corista antes de azafata de vuelo. Aunque ambos lo alentaron siempre, el pragmatismo de ella fue decisivo: “Siempre me fascinaron sus proyectos para hacer dinero, desde crear cajas de pañuelos de madera hasta papeleras. Me mostró que un revés nunca es una mala experiencia, solo otra de las lecciones de la vida”. El joven Richard estudió en tres buenos colegios de Surrey pero su dislexia e inquietud permanente no le permitían ser constante; el director de Stowe School profetizó que acabaría en prisión o se haría millonario.

Sus primeros empleos fueron vendedor de periquitos y de árboles de Navidad y su primer negocio, la autoedición de la revista juvenil Student (1968) –valorada en casi 60.000 euros un año más tarde– en la que comenzó a publicar novedades discográficas y entrevistas a artistas. Con los beneficios abrió una tienda de discos (1971) y luego, un sello. Tubular Bells (1973) fue el primer aviso de que semilla del futuro imperio estaba plantada. El nombre Virgin se debe, justamente, a su bisoñez en un mundo que terminaría por conquistar. En 1979 su patrimonio se estimaba ya en seis millones de euros; en 1984 invirtió en una aerolínea a la que llamó Virgin; en 1990 el conglomerado Virgin ya figuraba entre las empresas privadas más valiosas de Reino Unido y en 2004 nacía Virgin Galactic, con la que hace dos días conquistó el espacio.

Por Andrés Guerra

13/07/2021 06:50Actualizado a 13/07/2021 09:36

Publicado enInternacional
El G20 interviene tarde y tibiamente pero es mejor que nada

Impuesto a las multinacionales, distribución de dólares del FMI y acceso a las vacunas

En la peor crisis económica y sanitaria global de los últimos cien años no hubo hasta ahora voluntad de coordinación y cooperación de las potencias para atenuar los inmensos costos de la pandemia. El G20 avanza lento en dar respuestas. La mayoría de los países, entre ellos Argentina, padece agobio financiero y trabas para conseguir vacunas.

Aumentó la concentración de la riqueza, la recuperación económica es divergente y el acceso a las vacunas es desigual entre los países. Estas derivaciones de la peor crisis económica y sanitaria de, por lo menos, los últimos cien años no tuvo y, hasta el momento, no tiene una reacción contundente de coordinación y cooperación global.

Recién 18 meses después del estallido del coronavirus, el G20 intenta abordar las consecuencias dramáticas de la pandemia pero, por ahora, con tibias iniciativas que igualmente habrá que esperar si se concretan y cómo.

En este contexto pésimo para la periferia y, más aún, para países muy endeudados en moneda extranjera, la economía argentina arrastra la inmensa mochila de una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional, y suma también el daño de cuatro años de neoliberalismo del gobierno de la alianza macrismo-radicalismo. El entramado productivo y social debilitado recibió además el rigor de la pandemia, que agudizó la distribución regresiva del ingreso.

Como si todo eso fuera poco, la coalición política-mediática de derecha despliega un obsceno lobby a favor de laboratorios estadounidenses, en especial el de Pfizer (es fundamental tener todas las vacunas sin importar el origen y, ante la emergencia, por ahora no es motivo de debate público los tradicionales manejos turbios del negocio de los laboratorios).

Si no fueran por los oportunos acuerdos del gobierno de Alberto Fernández con Rusia (Sputnik V), China (Sinopharm) y con la alianza Oxford-AstraZeneca, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años hoy no estaría protegida con una efectiva primera dosis.

El incumplimiento de los contratos de abastecimiento por parte de los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer en América latina, y las restricciones aplicadas por las potencias a las exportaciones de insumos para la producción de vacunas y de vacunas, con una fuerza política de derecha desatada fomentando los contagios, hubiesen convertido la situación sanitaria local en un drama aún más terrible sin contar con la notable estrategia oficial para conseguir vacunas en cantidad.

El fracaso para mitigar la crisis

En esa debilidad relativa, Argentina participa en el G20, ámbito que empieza a debatir proyectos para salir de la crisis global pero que, por el momento, sólo da respuesta, directa e indirectamente, a los intereses de los países ricos, ya sea la ampliación del capital en DEG del Fondo Monetario Internacional o la definición de un impuesto mínimo a las multinacionales.

Este fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los países miembros del G20, y a fines de octubre habrá una cumbre de los respectivos Jefes de Estado, en Italia.

El objetivo argentino junto a otros es ampliar el alcance de esas iniciativas para aliviar la situación financiera y sanitaria de países pobres y también la de ingresos medio. Guzmán consiguió incluir en el comunicado final de ministros del G20 que el FMI revise los "sobrecargos" a la tasa de interés de sus préstamos, que para el caso argentino suman unos 1000 millones de dólares anuales por el crédito inédito y político entregado al gobierno de Mauricio Macri

El G20, club que está bajo el mando de las potencias y que al interior es conducido por el G2 (Estados Unidos y China), fracasó en estos meses trágicos en atenuar los inmensos costos económicos, sociales y humanos causados por la covid-19.

A diferencia de la debacle financiera de 2008 que colocó las economías desarrolladas de Occidente al borde de la cornisa, esta crisis no convocó a los miembros del G20 a buscar una salida conjunta. Por el contrario, las respuestas fueron individuales y esos comportamientos han sido uno de los principales motivos de la prolongación de la pandemia y la actual incertidumbre que existe para la superación plena en el corto plazo.

A nivel discursivo el G20 y el FMI intentan reparar en parte el actual descontrol ante la crisis económica y sanitaria, pero las propuestas que están deliberando son paliativos con escaso impacto para atender los profundos daños de la pandemia.

El debate se concentra en tres planes:

  1. Aplicar un impuesto mínimo global a multinacionales.
  2. Ampliar el capital en DEG del FMI.
  3. Discutir la forma de distribución de vacunas.

Qué países se beneficiarán con el impuesto a las multinacionales

Como se explicó aquí el domingo pasado, la idea de un impuesto mínimo global a las multinacionales altera el escenario de privilegio de los más poderosos, que además evaden el pago de ganancias transfiriendo gran parte de sus utilidades a guaridas fiscales.

Es un avance considerable para una estructura de poder económico mundial concentrada y para interpelar el consenso construido por la derecha acerca de que los ricos o grandes firmas no tienen que pagar muchos impuestos.

Este cambio se explica en que los Estados de los países ricos, luego de instrumentar multimillonarios paquetes de salvataje, quieren sumar recursos para la recuperación de sus economías, además de neutralizar la competencia fiscal de las guaridas. En esa lógica irrumpe el impuesto a las multinacionales.

En esta instancia, luego de remarcar la relevancia histórica de ese proyecto, aparece la discusión sobre cómo será y quiénes se beneficiarán de lo recaudado. Aquí la iniciativa empieza a flaquear en términos de los intereses de la periferia.

Por un lado, existen diferencias acerca de cuál debe ser la alícuota impositiva: el 15 por ciento plantea la OCDE, el 21 por ciento propone Estados Unidos (Argentina apoya esta moción) y el 25 por ciento reclaman países en desarrollo y organismos internacionales independientes. La diferencia de recaudación de cada uno de esos porcentajes es inmensa, que Marcelo Justo precisó en Página/12. Por ahora predomina la idea de una alícuota de 15 por ciento.

Por otro, no hubo avances en definir quiénes van a recibir los fondos que se recauden. Las potencias quieren que sea en los países de origen, mientras el resto sostiene que debe haber un mayor equilibrio en la distribución de esos recursos adicionales con los países en donde las multinacionales desarrollan sus actividades. De este modo, los países más vulnerables captarían parte de esos fondos fiscales, además de que los necesitan más que los países ricos.

Para qué quieren los DEG los países ricos

El FMI ampliará su capital en DEG por el equivalente de 650.000 millones de dólares. Los Derechos Especiales de Giro son la unidad de cuenta del Fondo, cuya cotización surge de una canasta de monedas integrada por el dólar, euro, yen, yuan y libra esterlina. Esos recursos están destinados para la recuperación pospandemia y para fortalecer la red de emergencia covid-19. Ese monto se repartirá entre 190 países y constituye la emisión de capital más elevado de la historia del Fondo.

El detalle no menor es que gran parte de esos recursos se girará a los países ricos. Si bien es mejor recibir esos dólares del FMI sin ningún costo que nada, por caso Argentina sumará unos 4550 millones a las reservas, la distribución es muy desigual.

El reparto se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en el FMI. Estados Unidos posee el 16,52 por ciento, le siguen China con el 6,15, Japón con el 6,09, Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno, e Italia con el 3,02 por ciento.

Siete países concentran 45,16 por ciento de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 millones de dólares del total de esos 650.000 millones, recursos que, en realidad, no necesitan.

La arquitectura financiera internacional se reafirma así desigual y regresiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, lo reconoce aunque no en toda su magnitud, porque solicita que la reasignación sea en forma voluntaria por unos 100 mil millones de los DEG de los países con solvencia financiera hacia los países vulnerables y de bajo ingreso. De esa forma deja fuera de ese reparto a los países de ingreso medio, como Argentina.

Guzmán llevó a la reunión de ministros de Economía del G20 la propuesta de una redistribución que incluya a economías de ingreso medio. El G20 respaldó la ampliación del capital, a la vez que pidió al FMI una propuesta de reasignación que, en realidad, ya la tiene, como se mencionó arriba. Argentina tendrá que seguir insistiendo para ser incluida en ese reparto adicional.

Sin vacunas para todos no hay salida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo puede enfrentarse a un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de los países pobres

El precio de este fracaso será pagado con vidas en los países más pobres del mundo, además dejando abierto el peligro de mutaciones del virus que eludan la efectividad de las vacunas y, por lo tanto, afecten la recuperación de la economía global.

No se trata sólo de la inmoralidad de los países ricos de acumular dosis por encima de sus necesidades, sino que exhiben una impactante miopía acerca del horizonte económico si no hay un control global de la pandemia.

Antes del encuentro de ministros del G20, Georgieva escribió en el blog del FMI "Urgent action needed to address a worsening ‘two-track’ recovery" ("Se necesitan medidas urgentes para abordar un empeoramiento de la recuperación de 'dos ​​vías'). En el texto advierte que las diferencias en la salida económica de los países "son dramáticas" por la disponibilidad de vacunas y las tasas de infección. Reclamó que "es un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y los responsables políticos de todo el mundo".

El FMI estima que un acceso más rápido a las vacunas para las poblaciones de alto riesgo podría potencialmente salvar más de medio millón de vidas sólo en los próximos seis meses. Pone como ejemplo el África subsahariana (49 países)donde menos de 1 adulto de cada 100 está completamente vacunado, en comparación con un promedio de más del 30 por ciento en las economías desarrolladas.

"Las poblaciones no vacunadas en cualquier lugar aumentan el riesgo de que surjan variantes aún más mortales, lo que socava el progreso en todas partes e inflige más daño a la economía mundial", dice Georgieva.

Plantea que el G20 debe tomar como objetivo la vacunación de al menos el 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021, y el 60 por ciento para la primera mitad de 2022.

Mientras los actuales liderazgos de las potencias no tomen conciencia de que no hay salvación individual en la pandemia parece que ese reclamo sólo es una simple expresión de deseos.

Por Alfredo Zaiat

11 de julio de 2021

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Publicado enInternacional
Buscando quitarle atractivo a los paraísos fiscales

El G20 dio su respaldo al impuesto mínimo global

Con la adhesión de 132 países, de los 139 del Grupo de Trabajo de la OCDE, se acordó establecer una tasa mínima global del impuesto a las ganancias a grandes corporaciones del 15%. 

 

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo "histórico" para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional "más estable y más justa", que establece un impuesto global de "al menos el 15%" sobre las ganancias de las multinacionales. El Gobierno argentino reconoció que "aunque queda mucho camino por recorrer, estamos frente a un momento histórico, una verdadera oportunidad para coordinar globalmente y terminar con las guaridas fiscales que perjudican a los pueblos de todo el mundo y a sus posibilidades de desarrollo".

Por supuesto, más sería mejor”, recalcó Martín Guzmán durante las deliberaciones. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo por una tasa mínima corporativa global es "un paso importante en la dirección correcta, pero todavía quedan aspectos por definirse antes de nuestra próxima reunión".

“Creemos que este año los acuerdos multilaterales tienen más contenido, ciertamente celebramos los avances en el frente de la tributación internacional, también hemos planteado una serie de inquietudes que esperamos se puedan abordar entre estas reuniones y las reuniones de presidentes en octubre", sostuvo el ministro. "A la hora de definir los detalles, las reglas específicas para la revolución fiscal global, pensamos que la idea de un impuesto global mínimo de al menos 15 % es un paso positivo. 

En reuniones anteriores, Argentina había planteado la conveniencia que la tasa que se fijara como impuesto mínimo global a las ganancias fuera del 21%, más lejos de la tasa que cobran algunas jurisdicciones para atraer la radicación de grandes corporaciones no operan desde esa localización, y más cerca de la tasa de impuestos que se cobran en los países donde esas empresas obitenen sus ganancias. 

El mecanismo de aplicación del futuro impuesto mínimo global busca dar respuesta a las maniobras de elusión fiscal que practican grandes corporaciones. Dado los acuerdos entre países para evitar la doble imposición, se contempla que una empresa que obtiene ganancias en un determinado país pero está radicado en otro, si paga su impuesto a las ganancias en el país de radicación, no deba hacerlo también en el que desarrolla su actividad. Ante esta facilidad, muchas grandes empresas globales se radican en países con muy baja tributación (guaridas fiscales), donde pagan un tributo mínimo (un país, por ejemplo, que cobre 6 %) y evitan pagar donde cobran más (Argentina, por ejemplo, 35%, o Estados Unidos, 28%). La radicación en un país de baja tributación resulta, en la mayor parte de los casos, una ficción para simplemente eludir el pago de parte del impuesto. 

El futuro impuesto mínimo obligará a la empresa a declarar cuánto paga en el país de radicación (en el ejemplo dado, 6 %), y estará obligado a pagar en el país donde se genere la ganancia una tasa equivalente a la diferencia entre esa tasa y la tasa mínima del 15% (en el ejemplo, 9 %). La propuesta de elevar la tasa mínima al 21% promovería, entonces, que aumente la obligación fiscal de la empresa multinacional con el país donde obtiene la ganancia (en el caso referido, pagaría 15%, la diferencia entre el 21 de tasa mínima y el 6 que pagará en el país de radicación).

Al exponer en la sesión sobre Tributación Internacional del G20, en Venecia, Guzmán destacó "el compromiso para celebrar este paso importante a nivel internacional para combatir la elusión fiscal por parte de corporaciones multinacionales".

Desde el punto de vista de las economías en desarrollo, afirmó, "un aspecto que debe abordarse es la prohibición de medidas unilaterales para el universo de corporaciones internacionales, que es más grande que el alcanzado por la propuesta". Guzmán confió en "poder trabajar juntos los detalles y crear un sistema que se adapte al mundo actual".

"Sin duda respaldaremos esa propuesta. Al final, todos queremos tener más capacidad de política pública para mejorar el bienestar de los pueblos de todas las naciones", concluyó.

Apoyo global

Los países que representan el 85% del PIB mundial quieren gravar de forma justa a los gigantes digitales que evaden en gran medida los impuestos.

Varios miembros del G20, como Francia, Estados Unidos y Alemania, hicieron campaña por una tasa superior a 15%, pero varios miembros del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como Irlanda o Hungría, siguen sin dar señales de respaldo.

Durante la jornada, las islas de San Vicente y Granadinas, en cambio firmó el acuerdo, según la página de OCDE, por lo que se llegaría a 132 países a favor.

En la declaración, los ministros lanzaron un llamamiento para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE que agrupa a países avanzados y emergentes.

La reforma se propone distribuir equitativamente entre países el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales y apunta a las "100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales", explicó Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y administración fiscal de la OCDE.

El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10.000 grandes empresas, es decir aquellas cuya facturación anual supere los 750 millones de euros (US$ 890 millones).

Una tasa mínima efectiva del 15% generaría ingresos adicionales de US$ 150.000 millones de dólares al año, según la OCDE.

10 de julio de 2021


Países emergentes con el FMI

Un mundo asimétrico

11 de julio de 2021

"La mayor preocupación a la que se enfrenta la economía mundial son las asimetrías entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo para lograr una recuperación sostenible", afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión de los países emergentes del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Los ministros y presidentes de bancos centrales respaldaron la propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares que contribuirá a inyectar liquidez internacional para potenciar la recuperación de la economía mundial post pandemia. Instaron a su rápida implementación antes de finales de agosto.

Además, pidieron al FMI que para incrementar significativamente el impacto de la asignación, presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes, inclusivas y sostenibles y gastos relacionados con la salud, por ejemplo, mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario.

En su intervención, Guzmán subrayó: "Vemos un mayor apoyo, un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG (derechos especiales de giro)".

"¿Qué podemos hacer al respecto desde el multilateralismo?", se preguntó, y señaló en ese sentido la cuestión de las asignaciones de DEG: "Celebramos una nueva asignación de US$ 650.000 millones y celebramos el liderazgo positivo que lo hizo posible y ahora es un momento en el que estamos discutiendo cómo se reasignarán los nuevos DEG", dijo.

Sobretasas

Pero también advirtió que "la política de sobrecargos está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios". Según el ministro argentino, "esta política es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio".

"El FMI impone sobrecargos de 200 puntos básicos para los créditos pendientes de pago por encima del 187,5 por ciento de la cuota y también de hasta 100 puntos básicos que dependen del tiempo que se tarda en pagar el crédito pendiente". "En algún momento, esta política fue una forma de abordar las preocupaciones sobre el riesgo moral; esto no es lo que está sucediendo ahora", consideró.

Para Guzmán, esta política está "penalizando" a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios, porque prácticamente todos los países de ingresos medios que soliciten un programa del FMI estarán pidiendo un acceso excepcional. "No vemos nada excepcional en el llamado acceso excepcional, por lo que es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio", enfatizó.

Guzmán sostuvo que "estas son acciones ciertas que podemos llevar a cabo para tener unas condiciones de recuperación más equitativa".

Desigualdad y vacunas

También hubo referencias durante el encuentro entre países emergentes y la conducción del FMI al impacto de la pandemia en la economía global. "Todos queremos volver a la normalidad, una mejor normalidad que la que teníamos antes del Covid-19", sostuvo Guzmán al respecto.

"Cuando se trata de políticas para la recuperación, queremos enfatizar que ahora estamos viviendo tiempos de tremenda incertidumbre, pero también tiempos de esperanza". Y remarcó que las mismas asimetrías que se dan entre economías avanzadas y en desarrollo para enfrentar la crisis económica, se replican frente a la crisis sanitaria. "Asimetrías en términos de acceso a vacunas, pero también en términos de capacidad de financiamiento de políticas para la recuperación económica en el corto y mediano plazo".

 

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Escándalo por los ingresos en el PSG francés: ¿cuánto ganan Neymar y Mbappé?

Este jueves se conoció cuánto ganan los astros del fútbol en ese club. Se trata de montos estrafalarios que desnudan los enormes negocios que hay detrás de ese deporte.

 

El París Saint-Germain (PSG) fue noticia en las últimas horas. No por lo logros deportivos sino por las cifras millonarias que perciben algunos de sus máximos astros. Kylian Mbappé o Neymar están entre ellos y reciben cifras que revelan el enorme negociado que se mueve al compás de la pelota.

Este jueves el sitio especializado Salary Sport publicó las cifras de toda la plantilla. Al hacerlo dejó al descubierto no solo los ingresos millonarios sino también la abismal diferencia que hay dentro del vestuario entre unos pocos futbolistas y el resto de los jugadores.

Neymar se lleva USD 61,5 millones anuales. Equivale a USD 168.628 por día o USD 7.026 por hora. Increíblemente, es más del doble de lo que recibe Mbappé, quien a pesar de estar segundo, cobra USD 28,8 millones.

La lista sigue con el argentino Ángel Di María, que se lleva USD 16,8 millones. Mauro Icardi, recibe USD 12 millones y Leandro Paredes, “solo” USD 10 millones. Cifras nada despreciables.

Las cifras, más allá de los destinatarios, ponen al desnudo los montos millonarios que se mueven de la mano del fútbol y sus grandes astros. Un gigantesco negocio que, muchas veces, poco y nada tiene que ver con la pasión que despierta ese hermoso deporte en multitudes.

Jueves 8 de julio | 19:58

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Nuevo impuesto global: Cuánto pagarían las multinacionales

El impacto país por país

El G20 avanzará en la creación de un nuevo tributo mundial a las grandes corporaciones. En Europa estimaron cómo impactaría.

Desde Londres

El mundo entero estará perdiendo miles de millones de dólares si se aprueba la actual propuesta impositiva a las grandes multinacionales de “por lo menos” un 15 por ciento. Este será uno de los puntos más álgidos del debate de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Venecia este fin de semana.

El G7 y 130 de los 139 países que forman el Marco Inclusivo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo (OCDE) respaldaron este 15 por ciento como un punto de consenso, pero queda claro que el “por lo menos” es un piso para la mayoría, no un techo. Argentina, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el apoyo de India, explicitó en una conferencia de prensa virtual que se debía cobrar más, una postura que está ganando peso en muchos miembros, incluso, según la agencia EFE en Roma, en los anfitriones del encuentro, Italia, que tienen la presidencia rotatoria del G20.

En la conferencia organizada por el G24, que representa a los países en desarrollo, y la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional (ICRICT), Guzmán señaló que le gustaría que se aplicara la propuesta original de Estados Unidos de un 21 por ciento y que si fuera un 25 “tanto mejor”. En términos de recaudación, las diferencias entre las tres tasas son siderales como muestra el estudio “Collecting the Tax Deficit of Multinational Companies” del Observatorio Fiscal Europeo que dirige uno de los nombres más reconocidos en estos debates, Gabriel Zucman, miembro del ICRICT al igual que Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

El Observatorio se concentra en los países europeos, pero incluye a otras naciones, desde ya a Estados Unidos, pero también a India, Japón, Corea del Sur y, por el lado latinoamericano, Brasil, Chile y México. Los resultados de la comparación entre las tres tasas -15, 21 y 25- son asombrosos. Medido en euros, Francia recaudaría 4,3 miles de millones de euros con el 15, prácticamente cuatriplicaría la cifra a 16 mil millones con el 21 y treparía a 26,1 mil millones con el 25. Todas las naciones europeas analizadas en el informe duplican o triplican su recaudación con un aumento mediano (21 por ciento) o más alto (25). Hasta paraísos fiscales europeos como Irlanda, Luxemburgo o Holanda se benefician notablemente de este aumento de las tasas.

Tampoco hay nada que pueda llamarse draconiano en el techo del 25. Entre 1985 y 2020 la tasa global nominal cayó de un 49 a 23 por ciento. Pero la tasa efectiva disminuyó mucho más de la mano de los paraísos fiscales y sus precios de transferencia, de las exenciones impositivas y la competencia a la baja por atraer inversiones extranjeras.

El impacto en Europa

En conjunto, la Unión Europea recaudaría unos 170 mil millones de euros si aplicara este año una tasa del 25 por ciento, 100 mil millones si aplica la propuesta estadounidense del 21 y dos veces menos si utiliza el 15. En las economías más grandes de la UE la recaudación aumentaría del 30 al 50 por ciento. En Alemania, un 42, equivalente a 29 mil millones de euros; en Francia, un 51 (26 mil millones); en España, un 44 (12,5 mil millones) y en la Italia del déficit, un 30 (11 mil millones).

El estudio del Observatorio Fiscal Europeo compara este ingreso adicional en las arcas fiscales con el impacto que tendrían en el financiamiento del servicio de salud, clave en estos tiempos de pandemia. Alemania es el país de la UE que más gasta en salud junto a Francia y Suecia: la recaudación adicional cubriría un 7,3 por ciento de sus gastos. En el caso de Francia sería un 9, en el de Suecia, un 9,2.

En el resto del mundo

La situación es similar en el resto del mundo. Con un 25 por ciento, Estados Unidos añadiría 165 mil millones de euros a sus arcas, un 5,1 de su gasto en salud. China recaudaría más de 30 mil millones (5,3 del gasto en salud). En los países de la región citados por el estudio, Brasil sumaría 7,4 mil millones de euros, un 4,4 de gasto adicional para su heroico y castigado SUS (Sistema Unificado de Salud). Con un impuesto del 21 por ciento recaudaría la mitad: con el 15 no llegaría a los mil millones de euros.

Chile sumaría 1.200 millones de euros con el 25 por ciento, un 5,6 de su gasto en salud: descendería a 800 con 21 y a 200 con el 15 por ciento de tasa mínima corporativa global. En el caso de México, la recaudación adicional de la tasa máxima sería 1,3 mil millones, equivalente a 2,1 del gasto en salud: esto bajaría a 0,9 con el 21 y a 0,5 con la actual propuesta.

En la conferencia de prensa virtual en la que Martín Guzmán agitó las aguas explicitando su apoyo al 21 o al 25, la comisionada del ICRICT señaló que la opinión pública debería jugar un papel mucho más importante. “Si la gente se enterara de esta información, si fuera pública y se debatiera, se daría cuenta de todo lo que está perdiendo en fondos públicos por el régimen actual impositivo de las multinacionales”, dijo Ghosh.

Es cierto que al debate público le falta todavía masa crítica, pero es la primera vez que el régimen impositivo de las multinacionales se ha convertido en un tema candente en los últimos 40 años. La cumbre del G20 este fin de semana y las negociaciones que seguirán hasta la siguiente cumbre en octubre con la OCDE, en la que se espera llegar a un acuerdo definitivo, agitarán más las aguas y quizás consigan algún aumento en este mínimo impositivo que, recordémoslo, se aplica a un número reducido de multinacionales, las que facturan más de 750 millones de dólares anuales.

Como señaló a PáginaI12, Sol Picioto, de la Universidad de Lancaster y asesor senior de Tax Justice Network, falta mucho más para un sistema fiscal global equitativo. “Lo que se está proponiendo ahora solo se aplica a unas 4000 multinacionales que llegan a esos niveles de facturación. Es un primer paso, pero todavía nos falta mucho”, indicó. 

Por Marcelo Justo

09 de julio de 2021

Publicado enEconomía
BMW, Volkswagen, Audi y Porsche multados por paralizar una tecnología para reducir emisiones

Bruselas multa con 875 millones de euros a las cuatro empresas. La sanción es la primera en Europa por restringir el uso de tecnología.

Estaban desarrollando la tecnología para reducir las emisiones contaminantes de los motores diesel, llamada AdBlue, pero decidieron coordinarse y pactar para frenar su desarrollo. Esa es la conclusión de la Comisión Europea (CE) que ha acabado con un multa de 875 millones de euros a BMW y Volkswagen, incluidas Porsche y Audi, que pertenecen al grupo de este segundo.

El grupo Volkswagen deberá pagar 502 millones de euros y BMW 370 millones, tras ver reducidas sus multas un 55% y un 10% por admitir su participación en el cartel y aceptar el pago. Otra empresa de coches, Daimler, también participó en el cartel de empresas, pero Bruselas le ha librado del pago por colaborar con la CE en la investigación.

Restringir el uso de tecnología

Esta sanción marca un hito histórico para las normas de competencia europea: es la primera vez que se multa a un cartel por restringir el uso de una tecnología. La responsable de Competencia europea, Margrethe Vestager ha sido clara: “Las compañías deben competir para beneficiar a los consumidores y no hacerlo es ilegal”. Según ha descubierto la investigación, “Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler y BMW tenían la tecnología necesaria para reducir las emisiones nocivas más allá de lo exigido legalmente por las normas sobre emisiones de la UE, pero evitaron hacerse competencia al no hacer uso de todo su potencial”, ha declarado Vestager.

El cartel se reunió varias veces entre 2009 y 2014 para pactar cuestiones sobre la tecnología AdBlue y sobre el consumo medio estimado de dicha tecnología. También se les acusa de intercambiar información comercial sensible sobre dicha tecnología.

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