Branson creó la compañía aérea Virgin como embrión de lo que llegaría después, la conquista del espacio.

El fundador de Virgin consigue superar la barrera de los 80 kilómetros sobre la Tierra a bordo de su propia nave espacial y abre la vía a los viajes turísticos

“A los niños del mundo: yo soñaba de pequeño mirando las estrellas. Hoy miro a la Tierra. Si nosotros pudimos hacer esto, imaginad lo que podréis conseguir vosotros”. Esas fueron las palabras que Richard Branson (Londres, 1950) quiso dirigir a la Humanidad como el primero de la especie en protagonizar un vuelo espacial en su propia nave. Y con 70 años cumplidos. Visionario y genio del marketing, durante los cuatro minutos que duró la ingravidez, esculpió la primera piedra de una embrionaria iglesia dedicando la gesta a las generaciones que vendrán. Salvo en el caso del duelo Scott y Amundsen, rara vez se resaltan los méritos de quien llegó el segundo; así, el magnate inglés ya tiene un lugar en libros de Historia.

El fundador de Virgin Records jamás ha ocultado un sano narcisismo. En la web de su compañía –que abarca 400 marcas–, tras una breve sinopsis de su biografía, se resaltan las mayores proezas físicas del fundador (la travesía más rápida del Atlántico, cruzarlo varias veces en globo y atravesar en kitesurf el Canal de la Mancha) para finalizar destacando a Virgin Galactic, la primera línea espacial comercial del mundo, como “la mayor aventura de todas”. Es para presumir: en este desafío por la conquista del cosmos se ha adelantado a los dos hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk.

Branson nació en Blackheath, municipio de la circunvalación de Londres, y tiene dos hermanas menores. De su padre, Edward, abogado hijo de juez, aprendió que no llevaría nunca clavada una astilla como la suya, el sueño de haber sido arqueólogo. Su madre, Eve, fue corista antes de azafata de vuelo. Aunque ambos lo alentaron siempre, el pragmatismo de ella fue decisivo: “Siempre me fascinaron sus proyectos para hacer dinero, desde crear cajas de pañuelos de madera hasta papeleras. Me mostró que un revés nunca es una mala experiencia, solo otra de las lecciones de la vida”. El joven Richard estudió en tres buenos colegios de Surrey pero su dislexia e inquietud permanente no le permitían ser constante; el director de Stowe School profetizó que acabaría en prisión o se haría millonario.

Sus primeros empleos fueron vendedor de periquitos y de árboles de Navidad y su primer negocio, la autoedición de la revista juvenil Student (1968) –valorada en casi 60.000 euros un año más tarde– en la que comenzó a publicar novedades discográficas y entrevistas a artistas. Con los beneficios abrió una tienda de discos (1971) y luego, un sello. Tubular Bells (1973) fue el primer aviso de que semilla del futuro imperio estaba plantada. El nombre Virgin se debe, justamente, a su bisoñez en un mundo que terminaría por conquistar. En 1979 su patrimonio se estimaba ya en seis millones de euros; en 1984 invirtió en una aerolínea a la que llamó Virgin; en 1990 el conglomerado Virgin ya figuraba entre las empresas privadas más valiosas de Reino Unido y en 2004 nacía Virgin Galactic, con la que hace dos días conquistó el espacio.

Por Andrés Guerra

13/07/2021 06:50Actualizado a 13/07/2021 09:36

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El G20 interviene tarde y tibiamente pero es mejor que nada

Impuesto a las multinacionales, distribución de dólares del FMI y acceso a las vacunas

En la peor crisis económica y sanitaria global de los últimos cien años no hubo hasta ahora voluntad de coordinación y cooperación de las potencias para atenuar los inmensos costos de la pandemia. El G20 avanza lento en dar respuestas. La mayoría de los países, entre ellos Argentina, padece agobio financiero y trabas para conseguir vacunas.

Aumentó la concentración de la riqueza, la recuperación económica es divergente y el acceso a las vacunas es desigual entre los países. Estas derivaciones de la peor crisis económica y sanitaria de, por lo menos, los últimos cien años no tuvo y, hasta el momento, no tiene una reacción contundente de coordinación y cooperación global.

Recién 18 meses después del estallido del coronavirus, el G20 intenta abordar las consecuencias dramáticas de la pandemia pero, por ahora, con tibias iniciativas que igualmente habrá que esperar si se concretan y cómo.

En este contexto pésimo para la periferia y, más aún, para países muy endeudados en moneda extranjera, la economía argentina arrastra la inmensa mochila de una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional, y suma también el daño de cuatro años de neoliberalismo del gobierno de la alianza macrismo-radicalismo. El entramado productivo y social debilitado recibió además el rigor de la pandemia, que agudizó la distribución regresiva del ingreso.

Como si todo eso fuera poco, la coalición política-mediática de derecha despliega un obsceno lobby a favor de laboratorios estadounidenses, en especial el de Pfizer (es fundamental tener todas las vacunas sin importar el origen y, ante la emergencia, por ahora no es motivo de debate público los tradicionales manejos turbios del negocio de los laboratorios).

Si no fueran por los oportunos acuerdos del gobierno de Alberto Fernández con Rusia (Sputnik V), China (Sinopharm) y con la alianza Oxford-AstraZeneca, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años hoy no estaría protegida con una efectiva primera dosis.

El incumplimiento de los contratos de abastecimiento por parte de los laboratorios estadounidenses, especialmente Pfizer en América latina, y las restricciones aplicadas por las potencias a las exportaciones de insumos para la producción de vacunas y de vacunas, con una fuerza política de derecha desatada fomentando los contagios, hubiesen convertido la situación sanitaria local en un drama aún más terrible sin contar con la notable estrategia oficial para conseguir vacunas en cantidad.

El fracaso para mitigar la crisis

En esa debilidad relativa, Argentina participa en el G20, ámbito que empieza a debatir proyectos para salir de la crisis global pero que, por el momento, sólo da respuesta, directa e indirectamente, a los intereses de los países ricos, ya sea la ampliación del capital en DEG del Fondo Monetario Internacional o la definición de un impuesto mínimo a las multinacionales.

Este fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los países miembros del G20, y a fines de octubre habrá una cumbre de los respectivos Jefes de Estado, en Italia.

El objetivo argentino junto a otros es ampliar el alcance de esas iniciativas para aliviar la situación financiera y sanitaria de países pobres y también la de ingresos medio. Guzmán consiguió incluir en el comunicado final de ministros del G20 que el FMI revise los "sobrecargos" a la tasa de interés de sus préstamos, que para el caso argentino suman unos 1000 millones de dólares anuales por el crédito inédito y político entregado al gobierno de Mauricio Macri

El G20, club que está bajo el mando de las potencias y que al interior es conducido por el G2 (Estados Unidos y China), fracasó en estos meses trágicos en atenuar los inmensos costos económicos, sociales y humanos causados por la covid-19.

A diferencia de la debacle financiera de 2008 que colocó las economías desarrolladas de Occidente al borde de la cornisa, esta crisis no convocó a los miembros del G20 a buscar una salida conjunta. Por el contrario, las respuestas fueron individuales y esos comportamientos han sido uno de los principales motivos de la prolongación de la pandemia y la actual incertidumbre que existe para la superación plena en el corto plazo.

A nivel discursivo el G20 y el FMI intentan reparar en parte el actual descontrol ante la crisis económica y sanitaria, pero las propuestas que están deliberando son paliativos con escaso impacto para atender los profundos daños de la pandemia.

El debate se concentra en tres planes:

  1. Aplicar un impuesto mínimo global a multinacionales.
  2. Ampliar el capital en DEG del FMI.
  3. Discutir la forma de distribución de vacunas.

Qué países se beneficiarán con el impuesto a las multinacionales

Como se explicó aquí el domingo pasado, la idea de un impuesto mínimo global a las multinacionales altera el escenario de privilegio de los más poderosos, que además evaden el pago de ganancias transfiriendo gran parte de sus utilidades a guaridas fiscales.

Es un avance considerable para una estructura de poder económico mundial concentrada y para interpelar el consenso construido por la derecha acerca de que los ricos o grandes firmas no tienen que pagar muchos impuestos.

Este cambio se explica en que los Estados de los países ricos, luego de instrumentar multimillonarios paquetes de salvataje, quieren sumar recursos para la recuperación de sus economías, además de neutralizar la competencia fiscal de las guaridas. En esa lógica irrumpe el impuesto a las multinacionales.

En esta instancia, luego de remarcar la relevancia histórica de ese proyecto, aparece la discusión sobre cómo será y quiénes se beneficiarán de lo recaudado. Aquí la iniciativa empieza a flaquear en términos de los intereses de la periferia.

Por un lado, existen diferencias acerca de cuál debe ser la alícuota impositiva: el 15 por ciento plantea la OCDE, el 21 por ciento propone Estados Unidos (Argentina apoya esta moción) y el 25 por ciento reclaman países en desarrollo y organismos internacionales independientes. La diferencia de recaudación de cada uno de esos porcentajes es inmensa, que Marcelo Justo precisó en Página/12. Por ahora predomina la idea de una alícuota de 15 por ciento.

Por otro, no hubo avances en definir quiénes van a recibir los fondos que se recauden. Las potencias quieren que sea en los países de origen, mientras el resto sostiene que debe haber un mayor equilibrio en la distribución de esos recursos adicionales con los países en donde las multinacionales desarrollan sus actividades. De este modo, los países más vulnerables captarían parte de esos fondos fiscales, además de que los necesitan más que los países ricos.

Para qué quieren los DEG los países ricos

El FMI ampliará su capital en DEG por el equivalente de 650.000 millones de dólares. Los Derechos Especiales de Giro son la unidad de cuenta del Fondo, cuya cotización surge de una canasta de monedas integrada por el dólar, euro, yen, yuan y libra esterlina. Esos recursos están destinados para la recuperación pospandemia y para fortalecer la red de emergencia covid-19. Ese monto se repartirá entre 190 países y constituye la emisión de capital más elevado de la historia del Fondo.

El detalle no menor es que gran parte de esos recursos se girará a los países ricos. Si bien es mejor recibir esos dólares del FMI sin ningún costo que nada, por caso Argentina sumará unos 4550 millones a las reservas, la distribución es muy desigual.

El reparto se realizará de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en el FMI. Estados Unidos posee el 16,52 por ciento, le siguen China con el 6,15, Japón con el 6,09, Alemania con el 5,32, Francia y Gran Bretaña con el 4,03 cada uno, e Italia con el 3,02 por ciento.

Siete países concentran 45,16 por ciento de las cuotas del FMI. O sea, se repartirán cerca de 294.000 millones de dólares del total de esos 650.000 millones, recursos que, en realidad, no necesitan.

La arquitectura financiera internacional se reafirma así desigual y regresiva. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, lo reconoce aunque no en toda su magnitud, porque solicita que la reasignación sea en forma voluntaria por unos 100 mil millones de los DEG de los países con solvencia financiera hacia los países vulnerables y de bajo ingreso. De esa forma deja fuera de ese reparto a los países de ingreso medio, como Argentina.

Guzmán llevó a la reunión de ministros de Economía del G20 la propuesta de una redistribución que incluya a economías de ingreso medio. El G20 respaldó la ampliación del capital, a la vez que pidió al FMI una propuesta de reasignación que, en realidad, ya la tiene, como se mencionó arriba. Argentina tendrá que seguir insistiendo para ser incluida en ese reparto adicional.

Sin vacunas para todos no hay salida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo puede enfrentarse a un "catastrófico fracaso moral" si los países ricos acaparan las vacunas contra el coronavirus en detrimento de los países pobres

El precio de este fracaso será pagado con vidas en los países más pobres del mundo, además dejando abierto el peligro de mutaciones del virus que eludan la efectividad de las vacunas y, por lo tanto, afecten la recuperación de la economía global.

No se trata sólo de la inmoralidad de los países ricos de acumular dosis por encima de sus necesidades, sino que exhiben una impactante miopía acerca del horizonte económico si no hay un control global de la pandemia.

Antes del encuentro de ministros del G20, Georgieva escribió en el blog del FMI "Urgent action needed to address a worsening ‘two-track’ recovery" ("Se necesitan medidas urgentes para abordar un empeoramiento de la recuperación de 'dos ​​vías'). En el texto advierte que las diferencias en la salida económica de los países "son dramáticas" por la disponibilidad de vacunas y las tasas de infección. Reclamó que "es un momento crítico que requiere una acción urgente por parte del G20 y los responsables políticos de todo el mundo".

El FMI estima que un acceso más rápido a las vacunas para las poblaciones de alto riesgo podría potencialmente salvar más de medio millón de vidas sólo en los próximos seis meses. Pone como ejemplo el África subsahariana (49 países)donde menos de 1 adulto de cada 100 está completamente vacunado, en comparación con un promedio de más del 30 por ciento en las economías desarrolladas.

"Las poblaciones no vacunadas en cualquier lugar aumentan el riesgo de que surjan variantes aún más mortales, lo que socava el progreso en todas partes e inflige más daño a la economía mundial", dice Georgieva.

Plantea que el G20 debe tomar como objetivo la vacunación de al menos el 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021, y el 60 por ciento para la primera mitad de 2022.

Mientras los actuales liderazgos de las potencias no tomen conciencia de que no hay salvación individual en la pandemia parece que ese reclamo sólo es una simple expresión de deseos.

Por Alfredo Zaiat

11 de julio de 2021

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Buscando quitarle atractivo a los paraísos fiscales

El G20 dio su respaldo al impuesto mínimo global

Con la adhesión de 132 países, de los 139 del Grupo de Trabajo de la OCDE, se acordó establecer una tasa mínima global del impuesto a las ganancias a grandes corporaciones del 15%. 

 

Los ministros de Finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia un acuerdo "histórico" para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales y que deberá entrar en vigor en el 2023. Se trata de un acuerdo para una arquitectura tributaria internacional "más estable y más justa", que establece un impuesto global de "al menos el 15%" sobre las ganancias de las multinacionales. El Gobierno argentino reconoció que "aunque queda mucho camino por recorrer, estamos frente a un momento histórico, una verdadera oportunidad para coordinar globalmente y terminar con las guaridas fiscales que perjudican a los pueblos de todo el mundo y a sus posibilidades de desarrollo".

Por supuesto, más sería mejor”, recalcó Martín Guzmán durante las deliberaciones. El ministro de Economía aseguró que el acuerdo por una tasa mínima corporativa global es "un paso importante en la dirección correcta, pero todavía quedan aspectos por definirse antes de nuestra próxima reunión".

“Creemos que este año los acuerdos multilaterales tienen más contenido, ciertamente celebramos los avances en el frente de la tributación internacional, también hemos planteado una serie de inquietudes que esperamos se puedan abordar entre estas reuniones y las reuniones de presidentes en octubre", sostuvo el ministro. "A la hora de definir los detalles, las reglas específicas para la revolución fiscal global, pensamos que la idea de un impuesto global mínimo de al menos 15 % es un paso positivo. 

En reuniones anteriores, Argentina había planteado la conveniencia que la tasa que se fijara como impuesto mínimo global a las ganancias fuera del 21%, más lejos de la tasa que cobran algunas jurisdicciones para atraer la radicación de grandes corporaciones no operan desde esa localización, y más cerca de la tasa de impuestos que se cobran en los países donde esas empresas obitenen sus ganancias. 

El mecanismo de aplicación del futuro impuesto mínimo global busca dar respuesta a las maniobras de elusión fiscal que practican grandes corporaciones. Dado los acuerdos entre países para evitar la doble imposición, se contempla que una empresa que obtiene ganancias en un determinado país pero está radicado en otro, si paga su impuesto a las ganancias en el país de radicación, no deba hacerlo también en el que desarrolla su actividad. Ante esta facilidad, muchas grandes empresas globales se radican en países con muy baja tributación (guaridas fiscales), donde pagan un tributo mínimo (un país, por ejemplo, que cobre 6 %) y evitan pagar donde cobran más (Argentina, por ejemplo, 35%, o Estados Unidos, 28%). La radicación en un país de baja tributación resulta, en la mayor parte de los casos, una ficción para simplemente eludir el pago de parte del impuesto. 

El futuro impuesto mínimo obligará a la empresa a declarar cuánto paga en el país de radicación (en el ejemplo dado, 6 %), y estará obligado a pagar en el país donde se genere la ganancia una tasa equivalente a la diferencia entre esa tasa y la tasa mínima del 15% (en el ejemplo, 9 %). La propuesta de elevar la tasa mínima al 21% promovería, entonces, que aumente la obligación fiscal de la empresa multinacional con el país donde obtiene la ganancia (en el caso referido, pagaría 15%, la diferencia entre el 21 de tasa mínima y el 6 que pagará en el país de radicación).

Al exponer en la sesión sobre Tributación Internacional del G20, en Venecia, Guzmán destacó "el compromiso para celebrar este paso importante a nivel internacional para combatir la elusión fiscal por parte de corporaciones multinacionales".

Desde el punto de vista de las economías en desarrollo, afirmó, "un aspecto que debe abordarse es la prohibición de medidas unilaterales para el universo de corporaciones internacionales, que es más grande que el alcanzado por la propuesta". Guzmán confió en "poder trabajar juntos los detalles y crear un sistema que se adapte al mundo actual".

"Sin duda respaldaremos esa propuesta. Al final, todos queremos tener más capacidad de política pública para mejorar el bienestar de los pueblos de todas las naciones", concluyó.

Apoyo global

Los países que representan el 85% del PIB mundial quieren gravar de forma justa a los gigantes digitales que evaden en gran medida los impuestos.

Varios miembros del G20, como Francia, Estados Unidos y Alemania, hicieron campaña por una tasa superior a 15%, pero varios miembros del grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como Irlanda o Hungría, siguen sin dar señales de respaldo.

Durante la jornada, las islas de San Vicente y Granadinas, en cambio firmó el acuerdo, según la página de OCDE, por lo que se llegaría a 132 países a favor.

En la declaración, los ministros lanzaron un llamamiento para que se obtenga la aprobación de todos los 139 miembros del grupo de trabajo de la OCDE que agrupa a países avanzados y emergentes.

La reforma se propone distribuir equitativamente entre países el derecho a gravar las ganancias de las multinacionales y apunta a las "100 empresas más rentables del mundo, que por sí solas realizan la mitad de las ganancias mundiales", explicó Pascal Saint-Amans, director del Centro de política y administración fiscal de la OCDE.

El impuesto mínimo global afectaría a menos de 10.000 grandes empresas, es decir aquellas cuya facturación anual supere los 750 millones de euros (US$ 890 millones).

Una tasa mínima efectiva del 15% generaría ingresos adicionales de US$ 150.000 millones de dólares al año, según la OCDE.

10 de julio de 2021


Países emergentes con el FMI

Un mundo asimétrico

11 de julio de 2021

"La mayor preocupación a la que se enfrenta la economía mundial son las asimetrías entre las economías avanzadas y las economías en desarrollo para lograr una recuperación sostenible", afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión de los países emergentes del G20 con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Los ministros y presidentes de bancos centrales respaldaron la propuesta del Directorio del FMI de una nueva asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un importe equivalente a 650 mil millones de dólares que contribuirá a inyectar liquidez internacional para potenciar la recuperación de la economía mundial post pandemia. Instaron a su rápida implementación antes de finales de agosto.

Además, pidieron al FMI que para incrementar significativamente el impacto de la asignación, presente rápidamente opciones viables para que los países canalicen voluntariamente una parte de sus DEG asignados para ayudar a los países vulnerables a financiar recuperaciones económicas más resistentes, inclusivas y sostenibles y gastos relacionados con la salud, por ejemplo, mediante la creación de un nuevo fondo fiduciario.

En su intervención, Guzmán subrayó: "Vemos un mayor apoyo, un apoyo más fuerte para incluir a los países de ingresos medios en el grupo que consigue reasignaciones de los DEG (derechos especiales de giro)".

"¿Qué podemos hacer al respecto desde el multilateralismo?", se preguntó, y señaló en ese sentido la cuestión de las asignaciones de DEG: "Celebramos una nueva asignación de US$ 650.000 millones y celebramos el liderazgo positivo que lo hizo posible y ahora es un momento en el que estamos discutiendo cómo se reasignarán los nuevos DEG", dijo.

Sobretasas

Pero también advirtió que "la política de sobrecargos está penalizando a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios". Según el ministro argentino, "esta política es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio".

"El FMI impone sobrecargos de 200 puntos básicos para los créditos pendientes de pago por encima del 187,5 por ciento de la cuota y también de hasta 100 puntos básicos que dependen del tiempo que se tarda en pagar el crédito pendiente". "En algún momento, esta política fue una forma de abordar las preocupaciones sobre el riesgo moral; esto no es lo que está sucediendo ahora", consideró.

Para Guzmán, esta política está "penalizando" a los países que se encuentran en circunstancias más adversas y es cada vez más problemática para los países de ingresos medios, porque prácticamente todos los países de ingresos medios que soliciten un programa del FMI estarán pidiendo un acceso excepcional. "No vemos nada excepcional en el llamado acceso excepcional, por lo que es regresiva y procíclica, y depende de nosotros hacer ese cambio", enfatizó.

Guzmán sostuvo que "estas son acciones ciertas que podemos llevar a cabo para tener unas condiciones de recuperación más equitativa".

Desigualdad y vacunas

También hubo referencias durante el encuentro entre países emergentes y la conducción del FMI al impacto de la pandemia en la economía global. "Todos queremos volver a la normalidad, una mejor normalidad que la que teníamos antes del Covid-19", sostuvo Guzmán al respecto.

"Cuando se trata de políticas para la recuperación, queremos enfatizar que ahora estamos viviendo tiempos de tremenda incertidumbre, pero también tiempos de esperanza". Y remarcó que las mismas asimetrías que se dan entre economías avanzadas y en desarrollo para enfrentar la crisis económica, se replican frente a la crisis sanitaria. "Asimetrías en términos de acceso a vacunas, pero también en términos de capacidad de financiamiento de políticas para la recuperación económica en el corto y mediano plazo".

 

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Escándalo por los ingresos en el PSG francés: ¿cuánto ganan Neymar y Mbappé?

Este jueves se conoció cuánto ganan los astros del fútbol en ese club. Se trata de montos estrafalarios que desnudan los enormes negocios que hay detrás de ese deporte.

 

El París Saint-Germain (PSG) fue noticia en las últimas horas. No por lo logros deportivos sino por las cifras millonarias que perciben algunos de sus máximos astros. Kylian Mbappé o Neymar están entre ellos y reciben cifras que revelan el enorme negociado que se mueve al compás de la pelota.

Este jueves el sitio especializado Salary Sport publicó las cifras de toda la plantilla. Al hacerlo dejó al descubierto no solo los ingresos millonarios sino también la abismal diferencia que hay dentro del vestuario entre unos pocos futbolistas y el resto de los jugadores.

Neymar se lleva USD 61,5 millones anuales. Equivale a USD 168.628 por día o USD 7.026 por hora. Increíblemente, es más del doble de lo que recibe Mbappé, quien a pesar de estar segundo, cobra USD 28,8 millones.

La lista sigue con el argentino Ángel Di María, que se lleva USD 16,8 millones. Mauro Icardi, recibe USD 12 millones y Leandro Paredes, “solo” USD 10 millones. Cifras nada despreciables.

Las cifras, más allá de los destinatarios, ponen al desnudo los montos millonarios que se mueven de la mano del fútbol y sus grandes astros. Un gigantesco negocio que, muchas veces, poco y nada tiene que ver con la pasión que despierta ese hermoso deporte en multitudes.

Jueves 8 de julio | 19:58

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Nuevo impuesto global: Cuánto pagarían las multinacionales

El impacto país por país

El G20 avanzará en la creación de un nuevo tributo mundial a las grandes corporaciones. En Europa estimaron cómo impactaría.

Desde Londres

El mundo entero estará perdiendo miles de millones de dólares si se aprueba la actual propuesta impositiva a las grandes multinacionales de “por lo menos” un 15 por ciento. Este será uno de los puntos más álgidos del debate de la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Venecia este fin de semana.

El G7 y 130 de los 139 países que forman el Marco Inclusivo de la Organización de la Cooperación y Desarrollo (OCDE) respaldaron este 15 por ciento como un punto de consenso, pero queda claro que el “por lo menos” es un piso para la mayoría, no un techo. Argentina, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el apoyo de India, explicitó en una conferencia de prensa virtual que se debía cobrar más, una postura que está ganando peso en muchos miembros, incluso, según la agencia EFE en Roma, en los anfitriones del encuentro, Italia, que tienen la presidencia rotatoria del G20.

En la conferencia organizada por el G24, que representa a los países en desarrollo, y la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional (ICRICT), Guzmán señaló que le gustaría que se aplicara la propuesta original de Estados Unidos de un 21 por ciento y que si fuera un 25 “tanto mejor”. En términos de recaudación, las diferencias entre las tres tasas son siderales como muestra el estudio “Collecting the Tax Deficit of Multinational Companies” del Observatorio Fiscal Europeo que dirige uno de los nombres más reconocidos en estos debates, Gabriel Zucman, miembro del ICRICT al igual que Joseph Stiglitz y Thomas Piketty.

El Observatorio se concentra en los países europeos, pero incluye a otras naciones, desde ya a Estados Unidos, pero también a India, Japón, Corea del Sur y, por el lado latinoamericano, Brasil, Chile y México. Los resultados de la comparación entre las tres tasas -15, 21 y 25- son asombrosos. Medido en euros, Francia recaudaría 4,3 miles de millones de euros con el 15, prácticamente cuatriplicaría la cifra a 16 mil millones con el 21 y treparía a 26,1 mil millones con el 25. Todas las naciones europeas analizadas en el informe duplican o triplican su recaudación con un aumento mediano (21 por ciento) o más alto (25). Hasta paraísos fiscales europeos como Irlanda, Luxemburgo o Holanda se benefician notablemente de este aumento de las tasas.

Tampoco hay nada que pueda llamarse draconiano en el techo del 25. Entre 1985 y 2020 la tasa global nominal cayó de un 49 a 23 por ciento. Pero la tasa efectiva disminuyó mucho más de la mano de los paraísos fiscales y sus precios de transferencia, de las exenciones impositivas y la competencia a la baja por atraer inversiones extranjeras.

El impacto en Europa

En conjunto, la Unión Europea recaudaría unos 170 mil millones de euros si aplicara este año una tasa del 25 por ciento, 100 mil millones si aplica la propuesta estadounidense del 21 y dos veces menos si utiliza el 15. En las economías más grandes de la UE la recaudación aumentaría del 30 al 50 por ciento. En Alemania, un 42, equivalente a 29 mil millones de euros; en Francia, un 51 (26 mil millones); en España, un 44 (12,5 mil millones) y en la Italia del déficit, un 30 (11 mil millones).

El estudio del Observatorio Fiscal Europeo compara este ingreso adicional en las arcas fiscales con el impacto que tendrían en el financiamiento del servicio de salud, clave en estos tiempos de pandemia. Alemania es el país de la UE que más gasta en salud junto a Francia y Suecia: la recaudación adicional cubriría un 7,3 por ciento de sus gastos. En el caso de Francia sería un 9, en el de Suecia, un 9,2.

En el resto del mundo

La situación es similar en el resto del mundo. Con un 25 por ciento, Estados Unidos añadiría 165 mil millones de euros a sus arcas, un 5,1 de su gasto en salud. China recaudaría más de 30 mil millones (5,3 del gasto en salud). En los países de la región citados por el estudio, Brasil sumaría 7,4 mil millones de euros, un 4,4 de gasto adicional para su heroico y castigado SUS (Sistema Unificado de Salud). Con un impuesto del 21 por ciento recaudaría la mitad: con el 15 no llegaría a los mil millones de euros.

Chile sumaría 1.200 millones de euros con el 25 por ciento, un 5,6 de su gasto en salud: descendería a 800 con 21 y a 200 con el 15 por ciento de tasa mínima corporativa global. En el caso de México, la recaudación adicional de la tasa máxima sería 1,3 mil millones, equivalente a 2,1 del gasto en salud: esto bajaría a 0,9 con el 21 y a 0,5 con la actual propuesta.

En la conferencia de prensa virtual en la que Martín Guzmán agitó las aguas explicitando su apoyo al 21 o al 25, la comisionada del ICRICT señaló que la opinión pública debería jugar un papel mucho más importante. “Si la gente se enterara de esta información, si fuera pública y se debatiera, se daría cuenta de todo lo que está perdiendo en fondos públicos por el régimen actual impositivo de las multinacionales”, dijo Ghosh.

Es cierto que al debate público le falta todavía masa crítica, pero es la primera vez que el régimen impositivo de las multinacionales se ha convertido en un tema candente en los últimos 40 años. La cumbre del G20 este fin de semana y las negociaciones que seguirán hasta la siguiente cumbre en octubre con la OCDE, en la que se espera llegar a un acuerdo definitivo, agitarán más las aguas y quizás consigan algún aumento en este mínimo impositivo que, recordémoslo, se aplica a un número reducido de multinacionales, las que facturan más de 750 millones de dólares anuales.

Como señaló a PáginaI12, Sol Picioto, de la Universidad de Lancaster y asesor senior de Tax Justice Network, falta mucho más para un sistema fiscal global equitativo. “Lo que se está proponiendo ahora solo se aplica a unas 4000 multinacionales que llegan a esos niveles de facturación. Es un primer paso, pero todavía nos falta mucho”, indicó. 

Por Marcelo Justo

09 de julio de 2021

Publicado enEconomía
BMW, Volkswagen, Audi y Porsche multados por paralizar una tecnología para reducir emisiones

Bruselas multa con 875 millones de euros a las cuatro empresas. La sanción es la primera en Europa por restringir el uso de tecnología.

Estaban desarrollando la tecnología para reducir las emisiones contaminantes de los motores diesel, llamada AdBlue, pero decidieron coordinarse y pactar para frenar su desarrollo. Esa es la conclusión de la Comisión Europea (CE) que ha acabado con un multa de 875 millones de euros a BMW y Volkswagen, incluidas Porsche y Audi, que pertenecen al grupo de este segundo.

El grupo Volkswagen deberá pagar 502 millones de euros y BMW 370 millones, tras ver reducidas sus multas un 55% y un 10% por admitir su participación en el cartel y aceptar el pago. Otra empresa de coches, Daimler, también participó en el cartel de empresas, pero Bruselas le ha librado del pago por colaborar con la CE en la investigación.

Restringir el uso de tecnología

Esta sanción marca un hito histórico para las normas de competencia europea: es la primera vez que se multa a un cartel por restringir el uso de una tecnología. La responsable de Competencia europea, Margrethe Vestager ha sido clara: “Las compañías deben competir para beneficiar a los consumidores y no hacerlo es ilegal”. Según ha descubierto la investigación, “Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler y BMW tenían la tecnología necesaria para reducir las emisiones nocivas más allá de lo exigido legalmente por las normas sobre emisiones de la UE, pero evitaron hacerse competencia al no hacer uso de todo su potencial”, ha declarado Vestager.

El cartel se reunió varias veces entre 2009 y 2014 para pactar cuestiones sobre la tecnología AdBlue y sobre el consumo medio estimado de dicha tecnología. También se les acusa de intercambiar información comercial sensible sobre dicha tecnología.

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Cumbre de los dueños de la alimentación

No podemos vivir sin comer. Los alimentos y todo lo que les rodea están en la base de la vida de todas las personas. Por ello controlar ese mercado es un objetivo fundamental de las empresas trasnacionales. Al día de hoy, cuatro o cinco grandes empresas de agronegocios controlan más de la mitad del mercado global en cada eslabón de esa cadena industrial. Con la pandemia aumentó explosivamente la entrada de las gigantes tecnológicas y de comercio en línea, lo cual ha cambiado las estructuras de producción y quiénes controlan a productores y consumidores. Para legitimar este asalto digital y biotecnológico a nuestra comida y sentar nuevas normativas internacionales (leáse evitar regulaciones y control públicos), se concibió la llamada Cumbre de Sistemas Alimentarios, a realizarse en septiembre de 2021.

Aunque se presenta como una cumbre de Naciones Unidas, fue una iniciativa del Foro Económico Mundial (Foro de Davos en lenguaje popular, donde convergen las mayores empresas trasnacionales). António Guterres, secretario general de la ONU, anunció en 2019 su realización antes de que los propios órganos de Naciones Unidas relacionados a agricultura y alimentación –como FAO y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial– supieran de ésta. Pese a ser “oficial”, esta cumbre será un evento “público-privado”, donde el sector privado tiene más participación e influencia que los coorganizadores de Naciones Unidas (https://tinyurl.com/cd7rhptb).

La comida no es sólo nutrición, es además un pilar esencial de la organización de las sociedades y las culturas. Durante más de 99.9 por ciento de la historia de la humanidad los alimentos, la forma de obtenerlos, producirlos y procesarlos ha sido diversa y descentralizada según geografías y culturas, basada en sistemas locales y, en su vasta mayoría, sustentable social y ecológicamente. El capitalismo y su Revolución Verde (paquete tecnológico de semillas híbridas y transgénicas, maquinaria pesada, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos) junto a la globalización impuesta, logró dañar en algunas décadas parte de esa realidad milenaria, con una industria alimentaria basada en el lucro, en la uniformidad genética de plantas y animales, groseramente quimicalizada –agrotóxicos, conservantes, saborizantes, espesantes, colorantes, etcétera–, con cada vez más elementos sintéticos y artificiales. Industria que es también uno de los mayores factores de contaminación de suelos, agua y tierra y causante del cambio climático. Adicionalmente, también es el mayor factor de producción de epidemias y pandemias (https://tinyurl.com/1lydnlmh).

Es uno de los 10 mayores mercados industriales globales, lista en la que ha ocupado entre el primero y séptimo lugar en la década pasada. Esto pese a que esa contabilidad sólo toma en cuenta la industria y apenas parcialmente los alimentos que provienen de redes campesinas, pesca artesanal, huertas urbanas y recolección tradicional, que son quienes proveen alimento a 70 por ciento de la población mundial. (https://tinyurl.com/fjx7hm)

Desde hace pocos años, las gigantes de tecnología digital y de plataformas de venta en línea (como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera) han entrado en la agroalimentación. Han introducido programas de control digital del agro (ofertados por las empresas de agronegocios y maquinarias en sociedad con las tecnológicas) y diversos instrumentos para ello, como drones y sensores, a la vez que expanden y controlan las ventas en línea, tanto entre empresas como a consumidores (https://tinyurl.com/zw2xksxz).

Por todo ello, más allá de la retórica, los principales objetivos de esta Cumbre de Sistemas Alimentarios son: a) La promoción y avance a gran escala de la industria agroalimentaria digital o “Agricultura 4.0”, con nuevas biotecnologías, sistemas informáticos, extracción y acumulación masiva de datos del campo, de ecosistemas y de nuestras conductas alimentarias; b) establecer sistemas de gobierno alternativos sobre agroalimentación, donde las empresas tengan el papel principal junto a algunos gobiernos: “sistemas público-privados”, marginando incluso a Naciones Unidas y buscando eliminar a las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, trabajadores, que no puedan cooptar; c) establecer nuevos conceptos como “producción positiva a la naturaleza”, para conseguir subsidios y cooptar producción orgánica si les sirve para el lucro, y otros como “soluciones basadas en la naturaleza” que es una cobertura para abrir nuevos mercados de carbono en agricultura y mercados de “compensaciones” por destrucción de biodiversidad.

La Vía Campesina y la vasta mayoría de movimientos campesinos, ambientalistas, de agroecología, de mujeres y pueblos indígenas de todo el mundo rechazan esta cumbre y se han propuesto desmantelar las mentiras y maniobras que entraña (https://tinyurl.com/4atvcnf4).

Más graves aun cuando el mundo sigue en pandemia y el sistema agroalimentario industrial que pretende avanzar la cumbre es uno de los factores clave en la generación de epidemias. Por ello, realizarán una contracumbre a finales de julio, donde una gran diversidad de organizaciones y comunidades presentarán las realidades y propuestas que necesitamos para alimentar a todo el mundo, con justicia y cuidado del medio ambiente.

  • Investigadora del Grupo ETC
Publicado enMedio Ambiente
  El presidente de la OCDE, Ángel Gurría, en una imagen de archivo. — Dario Pignatelli / EP

130 países firman el acuerdo, pero desde organizaciones sociales critican que es un nuevo “colonialismo económico”.

Tras el G-7, hoy le ha tocado el turno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo ha acordado abordar una reforma del sistema fiscal global. Entre otras medidas, se ha acordado el Impuestos mínimo de sociedades del 15% para todo el planeta. Hasta 130 países de los 139 que conforman el organismo han firmado el documento, entre las que se encuentran las grandes potencias y España. 

El acuerdo tomado abarca dos vías de actuación para poder atacar a las técnicas de Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y traslado de beneficios) practicadas por las grandes empresas para trasladar sus ganancias a territorios con bajas tributaciones. La primera línea incluirá a las multinacionales con ingresos totales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad por encima del 10%, excluyendo empresas extractivas y la industria financiera. El nuevo acuerdo asignará los ingresos a los países donde se consuma el bien o servicio.

La segunda vía será el impuesto acordado también por el G-7 de un 15% mínimo global en todos los Estados firmantes del acuerdo para las empresas que facturan 750 millones de euros o más nivel global. 

Según los cálculos de la propia OCDE, el pilar uno del paquete repartirá a los países que antes perdían ingresos mediante estas técnicas por unos 85.000 millones de euros. El segundo, aumentará los ingresos fiscales de los Estados en 126.000 millones de euros al año entre todos.

Aunque no todas las voces críticas ven que el acuerdo va a ser suficiente para “derrotar la desigualdad extraordinariamente alta y detener el colapso climático”. Según Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, “este acuerdo no es más que una apropiación de dinero por parte del G7, donde los países ricos están obligando a los países en desarrollo a elegir entre un trato injusto o la ausencia de trato”. La directora de Oxfam lo ha tildado de “colonialismo económico” y muy lejos de ser un acuerdo histórico: “Aquellos que amañaron descaradamente el sistema fiscal mundial en su beneficio hace más de un siglo, han vuelto a acotar el juego para ellos”, ha lamentado.

En cuanto a la incomprensible limitación a las empresas con rentabilidades superiores al 10%, desde Oxfam critican que se aplicará “solo a 100 de las empresas más rentables, y las lagunas jurídicas podrían dejar libres a grandes infractores como Amazon”, que debido a su modelo de negocio de bajos costes y continua expansión no llega a tener rentabilidades superiores al 10%. También han criticado las excepciones de la norma, incluida la presión que está del Reino Unido para dejar fuera a la industria financiera y, por ende, a la City londinense.

Con esta reforma, explica Bucher, “el G7 y la UE se embolsarán más de dos tercios del nuevo dinero que producirá un tipo impositivo mínimo del 15%. Los países más pobres del mundo recuperarán menos del 3%, a pesar de albergar a más de un tercio de la población mundial”.

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

1 jul 2021 21:25

Publicado enEconomía
Andreas Malm durante la entrevista con 'El Quinze'. — Montse Giralt

Andreas Malm (Fässberg, Suecia, 1977) ya no es a estas alturas ningún desconocido. Las obras de Malm, profesor de ecología humana en la Universidad de Lund y miembro del consejo editorial de la revista Historical Materialism, han sido traducidas a varios idiomas. El año pasado aparecieron Qui apagarà aquest incendi? Història i perspectives davant l’emergència climàtica (Tigre de Paper) y El murciélago y el capital: coronavirus, cambio climático y guerra social (Errata Naturae). Investigador sobre la emergencia climática, escritor y periodista, estuvo en Barcelona la semana pasada para presentar Capital fósil (Capitán Swing).

De Malm dijo Naomi Klein que es "uno de los pensadores más originales" sobre el cambio climático. El Quinze habló con Malm de su último libro y de las relaciones entre ecologismo y socialismo.

En 'Capital fósil' emplea el término de "economía fósil". ¿A qué se refiere?

"Economía fósil" es el tipo de economía que hemos tenido en los últimos dos siglos. Es una economía de crecimiento autosostenido basado en la extracción y el consumo de energía fósil, lo que permite el crecimiento económico, pero también produce la emisión de CO2. El motivo por el que la llamo "economía fósil" y no "capitalismo fósil" es porque puede incluir a los Estados estalinistas, la Unión Soviética y sus Estados satélite.

En el libro reconstruye con detalle la historia de esta economía. ¿Hasta qué punto se encuentra detrás de los problemas actuales?

El cambio climático es un problema histórico. Su impacto es el resultado de todo el CO2 que se ha acumulado en la atmósfera. Antes de la revolución industrial había 280 partes por millón (ppm) de CO2 en la atmósfera y ahora nos acercamos a las 420 ppm. Esto es el resultado de una acumulación en el tiempo. Esto no significa que una gran parte del CO2 proceda específicamente de mediados y finales del siglo XIX, de hecho, probablemente se trate de una pequeña parte. La mitad de esas emisiones se han realizado desde mediados de los noventa. Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los combustibles fósiles se convirtieron en la base del crecimiento. Eso puso en marcha el mecanismo que ha ido continuando año tras año, década tras década.

¿Qué papel desempeña el movimiento obrero en esta historia?

Tuvo un papel complejo. El intento de los capitalistas por mecanizar y automatizar la producción industrial en la industria británica, empleando los combustibles fósiles para ello, fue, en buena medida, una respuesta al movimiento obrero organizado. Existe una historia fascinante de protestas obreras contra este complejo tecnológico. Los luditas son los más famosos. Pero sigue existiendo un universo de protesta y resistencia, prácticamente desconocido, de varios grupos obreros organizados contra la introducción de esas máquinas.

En ocasiones resulta imposible no ver paralelismos con la actualidad, como cuando describe los intentos de la burguesía inglesa por minimizar el problema de la contaminación en Manchester, alegando que no se habían demostrado efectos negativos sobre la salud. ¿Existen otros paralelismos?

Hay muchos paralelismos, pero también algunas diferencias. Por supuesto, el Manchester de este período y otras ciudades industriales de Reino Unido pueden verse como un microcosmos de lo que hoy experimentamos a una macroescala: los niveles de polución y desigualdad social o los problemas de salud y sanitarios. Desde entonces se ha magnificado. Hoy puede estudiarse en China o India, pero a una escala mucho mayor.

Afirma que el capital es cuantitativo por su propia naturaleza y que no admite un punto final. ¿La única solución es el cambio de sistema?

Sí.

Esa es la respuesta corta, imagino.

Bueno, esa crítica del capitalismo es algo que yo apoyo. Pero no implica necesariamente que cualquier tipo de progreso en la cuestión medioambiental presuponga la abolición completa del capitalismo. No es como me gusta presentarlo. Termina pasando del modo de producción capitalista a algo diferente, pero comienza con la reducción de las energías fósiles y las industrias basadas en ella.

Recientemente hay quien ha pedido a los países africanos que no empleen energías fósiles para su desarrollo, lo que choca con la voluntad de sus gobiernos de proporcionar a sus ciudadanos un mayor nivel de bienestar.

Obviamente, EEUU tendría que limpiar su propio patio trasero antes de decirle a otros países qué hacer. A China, por supuesto, no le falta razón cuando dice: "¿Por qué nos acusáis de las emisiones que proceden de vuestras fábricas, que han sido deslocalizadas a China?". El problema actual es que hay tanta contaminación en la atmósfera, se ha quemado tanto combustible fósil, que todo el mundo tiene que poner fin a su uso. Eso también vale para el Sur de África, no porque haya contribuido al problema, porque no lo han hecho de ningún modo, sino porque los países ricos han quemado tanto que el medio ambiente ya no puede aceptar más si no queremos tener una desestabilización total del planeta.

Afortunadamente, eso no significa que no pueda haber desarrollo en el Sur global. En el África subsahariana, la India rural, América Latina o el Sureste de Asia lo que necesitan no son combustibles fósiles per se, sino energía. Hoy puede obtenerse la electricidad más barata de la historia con energía solar y eólica. Las energías renovables no son un obstáculo al desarrollo, son un obstáculo para las compañías energéticas que obtienen beneficios de la producción de combustibles fósiles.

La mayoría de los gobiernos europeos ha aprobado en los últimos meses medidas para la transición ecológica. A usted se le considera uno de los principales críticos, desde la izquierda, del llamado New Green Deal y el European Green Deal. ¿Por qué?

En el caso del New Green Deal impulsado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez en realidad estoy a favor. Formo parte de ese proyecto. Obviamente, puede decirse que no es lo suficientemente ambicioso, pero nos encontramos en una situación en la que hay que poner las cosas en marcha. La mayor virtud del New Green Deal es que vincula la transición ecológica con los intereses de los trabajadores. Tal y como lo propone la izquierda del Partido Demócrata y otros sectores de la izquierda estadounidense, se trata de un programa que buscar ir a las raíces de la crisis: disminuir el uso de energías fósiles al mismo tiempo que se redistribuye y desplaza el poder del capital al trabajo.

En cuanto al Green Deal de la Comisión Europea, ésa es otra cuestión. Lo conozco sólo parcialmente. Pero no veo signos de una transición real en Europa. Hay pequeños ejemplos aquí y allá. Pero no veo una reducción anual del 5-10% de CO2 en Europa hasta que lleguemos a cero al mismo tiempo que una inversión masiva en soluciones tecnológicas alternativas.

Ha criticado en varias ocasiones el énfasis en la responsabilidad individual, la reducción del ecologismo a una opción de consumo más. ¿Cómo ha ocurrido esta transformación?

Tiene que ver con la ideología del neoliberalismo, la idea de que puede ejercerse algún tipo de influencia como consumidor. Lo que significa que quien tiene más dinero va a tener una mayor influencia que quien no lo tiene. Una política basada en opciones de consumo es antidemocrática en sí misma, porque presupone una forma de voto en la que la gente con poco dinero tiene, por definición, menos capacidad para decidir. Por ese motivo resulta tan atractiva para el neoliberalismo: es algo que puede venderse como producto de consumo.

Una cuestión central en este debate son las inversiones, que determinan si las energías fósiles –petróleo, carbón y gas– se expanden o no en relación a las energías renovables. Y las decisiones de inversión no las realizan los consumidores. Las hacen los inversores, los propietarios de las empresas. Las compañías petrolíferas o gasísticas tienen sus propios consejos directivos, que responden ante sus accionistas y que toman decisiones de inversión que no tienen ningún tipo de control público. Como consumidor no tengo ninguna capacidad de influir en esas decisiones. Debería ser una solución política, no pedir a la gente que tome decisiones a título individual.

Para eso tenemos ya a Al Gore, imagino.

Exacto. No ha funcionado muy bien. El problema con Bill Gates, por poner otro ejemplo, es que produce la impresión de que la gente más rica del planeta tiene un plan para evitar el caos climático. Y eso envía una suerte de mensaje calmante, tranquilizador: "Estamos al mando, tenemos un manual para resolver esto".

En cualquier caso, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El ecologismo en los setenta era una idea radical.

Había una situación política completamente diferente a la actual. Si la cuestión medioambiental hubiese explotado en los años setenta, la situación actual sería hoy muy diferente. En los setenta aún existía cierta confianza en la capacidad de influir en la sociedad y cambiarla. Había una práctica revolucionaria viva en Europa.

Un comentarista alemán, Peter Nowak, ha calificado a Los Verdes alemanes del partido "de la nueva fase de acumulación". ¿Se ha convertido el ecologismo en una ideología que justifique un nuevo proceso de acumulación por desposesión y nuevas políticas de austeridad?

Alguien ha descrito a Los Verdes alemanes en la revista Jacobin como "neoliberales con bicicleta". Es una descripción bastante adecuada. Además de tener políticas sociales insuficientes, en cuestiones medioambientales carecen de políticas lo radicalmente necesarias. Ha habido tensiones con sectores del movimiento ecologista. Los Verdes gobiernan en Baden-Württenberg, donde apoyaron la expansión de una autovía para la que hubo que talar un bosque, y son próximos a la industria automovilística. Si Los Verdes llegan al gobierno este otoño habrá una gran desilusión del movimiento ecologista y los votantes. Algo parecido ha ocurrido en Suecia. Los partidos verdes en Europa tienden a ser liberales, no anticapitalistas.

Lo que ocurra en Alemania es importante. Es el motor económico de Europa, pero también se trata del país con mayores emisiones. Si tiene que haber una transición de las energías fósiles a las renovables, Alemania será clave. No se trata sólo del carbón de lignito, sino de la industria automovilística, que es la columna vertebral de la economía industrial alemana, que tiene que transformarse a fondo.

Lo que nos lleva al coche eléctrico, del que sin embargo sabemos que no es tan ecológico: para su producción es necesario invertir grandes cantidades de energía y no deja de ser un vehículo de transporte individual.

No soy un experto en coches eléctricos. Mi impresión es que puede sustituirse una pequeña parte de la flota automovilística actual con coches eléctricos, pero cambiar toda la flota a coches eléctricos generará enormes problemas ecológicos y aún quedaría por resolver la emisión de CO2 por la producción misma de los coches. La transición en el sector del transporte, y diría que hay bastante consenso al respecto, no es sólo pasar de motores de combustión a eléctricos, sino en cambiar los modos de transporte para reducir el tráfico, incrementando el transporte público y, en las ciudades, con la bicicleta y las vías peatonales. Eso quiere decir que tenemos que replantear las ciudades y la relación entre el puesto de trabajo, los hogares y los mercados de alimentos. En Francia, el país del que acabo de llegar ha sido una cuestión central en torno al movimiento de los chalecos amarillos’ ya que, debido a la manera en que han evolucionado las ciudades francesas, los trabajadores tienden a vivir en los suburbios y han de desplazarse hasta la ciudad, sin más opción que el coche.

Hemos visto estos últimos años reacciones en forma de protesta, como los chalecos amarillos en Francia, e incluso la defensa, desde algunos sectores de la izquierda que se hacen llamar "aceleracionistas'"del productivismo de posguerra, la expansión de las capacidades industriales y hasta de las centrales nucleares...

La revolución rusa puso en marcha iniciativas en muchos frentes, incluyendo el ecológico. De hecho, formo parte de un proyecto que traducirá al inglés textos soviéticos, la mayoría por primera vez, de los años veinte y treinta sobre ecología. El volumen se titulará October ecologists [Los ecologistas de Octubre]. En él descubrimos esfuerzos verdaderamente pioneros en conservación medioambiental, reforestación, reconstrucción ecológica, ciencias del medio ambiente... con debates sorprendentes, como si debiera mantenerse la industria petrolífera o si ésta era una fuente de energía capitalista y había que aprovechar la energía solar.

Podemos debatir el historial ecológico de los primeros bolcheviques. Es una cuestión compleja. Hay paralelismos entre la situación de entonces, de guerra, y la actual. A comienzos de la pandemia vimos una retórica bélica, de guerra contra el virus. También podemos ver similitudes con la Primera Guerra Mundial como la catástrofe que puso en marcha el siglo XX. Hoy nos encontramos ante una situación en la que un desastre ecológico precede al siguiente, y una pandemia tras la cual puede haber otras pandemias. Cada vez que hay un desastre ecológico, la tarea estratégica para la izquierda y para el movimiento ecologista y sus aliados es ese paso leninista de transformar esos mismos desastres en una crisis para sus responsables. No podemos centrarnos en combatir solamente los síntomas. Hemos de ir a la raíz del problema.

BARCELONA

18/06/2021 11:57

Ángel Ferrero

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 19 Junio 2021 06:12

La internacional ultracapitalista

Escultura de Atlas en el Rockefeller Center, Nueva York AFP, TIMOTHY CLARY

Red Atlas en América Latina

Prolijamente organizada y generosamente financiada por las industrias farmacéutica, petrolera y tabacalera de Estados Unidos, la red libertariana reúne a políticos, empresarios y comunicadores decididos a extender el reino del mercado a todas las áreas de la vida social.

La semana pasada comenzó a difundirse en Argentina una investigación sobre la «reacción conservadora», es decir, sobre el entramado de asociaciones, partidos políticos, think tanks, medios de comunicación y corporaciones que forman parte de la nueva derecha en ese país, así como sobre sus vínculos regionales e internacionales. Reproducida parcialmente en Eldiario.ar y en Página 12, hacía referencia, con nombre y apellido, a políticos, periodistas, empresarios e influencers. Los aludidos denunciaron, como era previsible, una «caza de brujas», «espionaje», «terrorismo». Y a quienes hicieron el trabajo –cinco mujeres y un hombre– algunos de los mencionados los trataron globalmente de feminazis, aludiendo a que la principal fuente de financiación de la investigación había sido la Federación Internacional de Planificación Familiar, un «lobby abortista», según dijeron. Entre los aludidos aparecían grupos e individuos que en los últimos años han formado parte de campañas públicas contra la llamada agenda de derechos.

Eldiario.ar denunció que los seis periodistas fueron amenazados y sus datos personales publicados, y que el sitio web en el que se colocó el trabajo en su totalidad (reaccionconservadora.net) fue hackeado y desde el domingo 13 está caído. Cerca de un millar de colegas –de Argentina y la región– se solidarizaron de inmediato con los periodistas. «El solo hecho de revelar el mapa de articulaciones, sus dinámicas, sus organizaciones de apoyo y sus protagonistas les valió un amedrentamiento pocas veces visto en redes y hasta la condena de un partido político (Juntos por el Cambio), algunos de cuyos integrantes son investigados por [ejercer] espionaje ilegal desde el Estado», escribieron en un comunicado. Y apuntaron: «Todo lo publicado es información de acceso público, documentada, sobre eventos que sucedieron y se pueden chequear. […] Nos llama la atención también que algunxs colegas no quieran entender la diferencia entre vigilancia y datos abiertos y que caigan en la reproducción del marco que estas ideologías de derecha le dan a la investigación; no son listas, es un sociograma; no es espionaje, es periodismo; no está hecho desde el Estado, sino desde el oficio de investigar».

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Entre quienes aparecen citados como parte de los tentáculos de la nueva derecha en Argentina figuran personas e instituciones relacionadas con la Atlas Economic Research Foundation (Fundación Atlas para la Investigación Económica), hoy conocida simplemente como Atlas Network (Red Atlas, en español), algo así como una internacional de los llamados libertarians, esos defensores a ultranza del libre mercado y la propiedad privada que gustan identificarse como «anarcocapitalistas».

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Creada en 1981 por el empresario británico Antony Fisher, un gurú del thatcherismo y fiel entre los fieles del ultraliberal premio nobel de economía austríaco FriedrichvonHayek, la Red Atlas es una suerte de federación de fundaciones, centros de reflexión e instituciones académicas que se proponen difundir las políticas de libre mercado a lo largo y ancho del planeta. «Tapizar el mundo con think tanks pro libre mercado» fue la misión que le asignó Fisher desde su propio nacimiento. La reducción de los impuestos para los malla oro (o su mantenimiento en un nivel bajo bajo bajo, según el caso, para estimularlos a crear empleo), la privatización de empresas públicas y del sistema educativo, el achique del Estado, el ataque al «poder» o la influencia de los sindicatos y el desmantelamiento de los sistemas de previsión social figuran expresamente entre los objetivos de sus principales dirigentes.

La Fundación Ecuador Libre, creada por el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y premiada por la Red Atlas años atrás por sus «aportes» a «soluciones de libre mercado para la pobreza», tiene en su página web un documento que resume el pensamiento de los individuos y las organizaciones relacionados con este entramado. «Lamentablemente, en nuestra idiosincrasia latina, el odio a los ricos es muy común. […] El discurso de nuestros políticos mueve fibras sensibles que exacerban el odio a los ricos y a la riqueza, explotando la lucha de clases para la obtención de votos y/o popularidad. […] El odio a los ricos y a la riqueza parece ser parte del ADN latinoamericano y contribuye enormemente al retraso de nuestros países. […] Ojalá entendiéramos que la acumulación de la riqueza es positiva y es la única vía segura hacia la disminución de la pobreza», dice el artículo, firmado por Paola Ycaza, una milipili ecuatoriana que dirigió el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo de Quinto.

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La Red Atlas subvenciona think tanks; financia becas; imparte y banca cursos, reuniones y seminarios, y organiza concursos. «Este es un proyecto de persuasión», decía un documento elaborado a comienzos de 2020 por tres referentes de la red: su director ejecutivo, Brad Lips; el director de su Centro para América Latina, Roberto Salinas León, y el empresario chileno y presidente de la Fundación para el Progreso, Nicolás Ibáñez Scott. Tres años antes, el entonces director de la red, el argentino Alejandro Chafuen –empresario con fuertes vínculos con las dictaduras militares de su país e integrante de la Sociedad Mont Pelerin, un think tank ultraliberal creado por el propio Von Hayek–, había sido muy claro en cuanto a las definiciones de la red: «Somos una organización sin fines de lucro que nació para proponer soluciones privadas a problemas públicos».

La red tiene el apoyo financiero de otras fundaciones; de grandes corporaciones (Pfizer, Shell, Exxon Mobil, Philip Morris, Procter & Gamble…), a las que, de cuando en cuando, retribuye con «encuestas de mercado» e «investigaciones»; de milmillonarios, como los hermanos Charles y David Koch, integrantes de una de las diez familias más ricas del mundo, y del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Fundación Nacional por la Democracia, una organización washingtoniana privada, alimentada con fondos del Congreso, que en su página web dice que desde su creación, en 1983, «se ha mantenido en la vanguardia de las luchas democráticas en todos lados». En 1985, a poco de ponerse en funcionamiento, la red contaba con 27 instituciones asociadas en 17 países. El año pasado ya eran más de 500, diseminadas por 98 países. Brad Lips dijo, en enero de 2020, que el presupuesto anual agregado de la Red Atlas se acercaba a los 909 millones de dólares y que la media del de sus integrantes era de algo menos de 500 mil.

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Durante mucho tiempo la Red Atlas permaneció en una zona oscura. A mediados de 2017, el joven periodista estadounidense Lee Fang publicó en la revista digital The Intercept (25-VIII-17) una detallada investigación que comenzó a echar luz sobre sus orígenes, su financiación, su estructura, sus definiciones, sus vínculos y su crecimiento exponencial, sobre todo en América Latina. Otros informes –por ejemplo, los de los periodistas Aram Aharonian y Álvaro Verzi Rangel (rebelión.org, 9-X-17) y la filial española de la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 24-V-21)– aportaron luego nuevos datos sobre la red.

«El modelo de Atlas que se disemina por América Latina se basa en un método perfeccionado durante décadas en Estados Unidos y Reino Unido, en el que los libertaristas se esforzaron por contener la marea favorable al Estado de bienestar que se dio tras la Segunda Guerra Mundial», escribió Fang. En marzo de 2017 el periodista cubrió el Foro para la Libertad en Latinoamérica, una fastuosa reunión organizada por la Red Atlas en el recoleto hotel Brick de Buenos Aires, en la que participaron exponentes de la nueva derecha política, social y empresarial regional. El foro tuvo tres invitados especiales: el presidente argentino de entonces, Mauricio Macri; el escritor peruano y presidente de la Fundación Internacional por la Libertad, Mario Vargas Llosa, y el exministro de Hacienda de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, Hernán Buchi. Para el director de la época de la Red Atlas, el argentino Chafuen, que se estaba retirando de la escena tras casi dos décadas de estar al frente de la organización, el foro representaba «una mezcla de regreso a casa y festejo triunfal», señaló Fang. «Chafuen […] había dedicado su vida adulta a desacreditar los movimientos sociales y los gobiernos de izquierda en América del Sur y América Central, y a impulsar, en su lugar, una versión business-friendly del libertarismo. Por décadas fue un trabajo solitario, pero ya no», detalló.

El encuentro del hotel Brick dio pie a que la red se decidiera a crear una dirección específica para esta zona del mundo, donde tenía una presencia ascendente pero no coordinada. Lo hizo a fines de 2018, cuando surgió el Centro para América Latina, conducido por el empresario mexicano Roberto Salinas León, del Grupo Salinas, propietario de TV Azteca. Para mediados de 2020, señala el ecuatoriano Miguel Ruiz Acosta en una nota publicada el 31 de agosto del año pasado en el sitio web Rutakritica, la red ya contaba en esta región con alrededor de un centenar de organizaciones. Aunque la mayoría de sus instituciones asociadas siguen estando en los países centrales (204 en Estados Unidos y Canadá, y 135 en Europa),América Latina es hoy uno de sus principales polos de crecimiento. En Uruguay tiene vínculos con el Centro de Economía, Sociedad y Empresa, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro de Estudios para el Desarrollo y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, así como con la Universidad de Montevideo y los diarios El País y El Observador.

***

La red se cuida de financiar directamente a organizaciones políticas establecidas. «No es adecuado ni eficaz», dijo en su momento Chafuen. Pero se mueve discretamente en la órbita de gobiernos liberales, apoyando la implementación de políticas promercado. The Intercept mostraba cómo Atlas tuvo estrechos lazos con think tanks y organizaciones relacionados con el golpismo hondureño, venezolano y brasileño; los tiene con el fujimorismo, en Perú, y está ligada carnalmente a la Fundación Ecuador Libre, el macrismo, en Argentina, y el trumpismo, en Estados Unidos (en la anterior administración estadounidense había prominentes integrantes del Atlas Network). Hoy los cultiva también con el entorno del presidente colombiano, Iván Duque. Propuesta Republicana, sin ir más lejos, nació de la Fundación Pensar, una de las ramas de Atlas en Argentina. La hondureña Fundación Eléutera fue, a su vez, muy activa en el respaldo a los gobiernos posteriores al golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, y sus «expertos» inspiraron la creación en ese país de unas zonas especiales de desarrollo que los empresarios privados manejan a su antojo, sin atenerse a las leyes nacionales. También apoyó a los gobiernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro en sus reformas liberales y sus iniciativas para debilitar económicamente a los sindicatos brasileños.

Fang expuso las características de la «labor de persuasión» promovida por los impulsores de la red. Tanto Fisher como Chafuen y otros eran conscientes de que el libertarismo no tenía buena prensa: demasiado evidentes eran sus lazos con los más ricos. Había que «democratizarlo», transformarlo en una «ideología del bien común», «preocupada por la situación de los más pobres», alentando las actividades de beneficencia y filantropía de sus miembros, sin dejar, ni por un segundo, de machacar con «la idea de libertad» ni de atacar a los defensores del Estado de bienestar. «El 95 por ciento de las fundaciones de Atlas lleva en su nombre la palabra libertad», como la llevan los eventos (foros y seminarios) que organiza, comentó recientemente el investigador Julián Macías, que participó en un informe sobre la nueva derecha española elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo (Público, 25-V-21). Progreso y democracia son otros de los sambenitos de los fundados por Fisher, a quien Margaret Thatcher llegó a reconocer como uno de los inspiradores intelectuales de su revolución conservadora.

***

En mayo lo más granado de la Red Atlas se dio cita en Ecuador para presenciar la asunción de Lasso. Antes de la ceremonia, la red –por medio de tres de sus fundaciones asociadas: la Fundación Ecuador Libre, del propio Lasso; la Fundación Internacional por la Libertad, de Vargas Llosa, y la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, de Alemania– organizó en un hotel de la cadena Hilton en Quito el Foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad. Entre los ponentes presenciales y virtuales estuvieron el colombiano Duque, la peruana Keiko Fujimori, la golpista venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al margen del foro, José María Aznar, histórico dirigente del ala más ultra del Partido Popular español, anunció la creación de una filial latinoamericana de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que él preside. La FAES Latam estará a cargo del expresidente colombiano Andrés Pastrana, un derechista duro que impulsó el Plan Colombia y se opuso a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la reunión, Aznar no ocultó su preocupación por la debacle de la derecha chilena, la situación en Colombia y la posibilidad que entonces se vislumbraba (ahora se concretó) de que Pedro Castillo derrotara a Fujimori en Perú. Dijo que al gobierno de Duque había que defenderlo con uñas y dientes, y ahora también al de Ecuador, la nueva cabeza de playa del liberalismo en la región.

Nuestro Luis iba a ir a la asunción de Lasso. Se lo impidió la muerte de Jorge Larrañaga. No se sabe si hubiera participado en el foro, pero se puede deducir que con los postulados de la red tiene no pocas coincidencias. Y en la red lo aprecian. No en vano dictó varias conferencias en eventos organizados por ella y tuvo en su gabinete a tres ministros (dos defenestrados, Ernesto Talvi y Pablo Bartol, uno sobreviviente, Pablo da Silveira) ligados a fundaciones afines al think tank neoliberal.

Por Daniel Gatti
18 junio, 2021

Publicado enInternacional