Domingo, 14 Marzo 2021 05:04

La expansión de las ‘big tech’

Una empleada revisa una CPU en un centro de datos de Google en Oregon; tiene 21 por todo el mundo

La mayoría de los seres humanos utiliza algún servicio de la compañía: unos 4.000 millones de personas del total de 7.800 millones de la población mundial

 

Google es un gigante que no puede parar de crecer. Como ejemplo, tomemos una unidad de prueba para prensa de un teléfono Android nuevo que todavía no ha salido al mercado y que es de una compañía ajena. En la pantalla de inicio se encuentra en posición preeminente un cuadro de texto para hacer búsquedas con Google. Debajo, el primer icono es una carpeta con 15 apps de sus servicios y al lado aparecen 3 apps más. En la parte inferior, en una posición centrada, está el icono de su navegador Chrome. ¿Se puede vivir sin Google? Una respuesta rápida podría ser: sí con un iPhone, pero no es cierto. El buscador por defecto en los móviles de Apple es Google y, entre su numerosa cartera de servicios, es fácil acabar por hacer uso no de uno, sino de varios de ellos.

La mayoría de los seres humanos utiliza alguno de los servicios de Google: unos 4.000 millones de personas del total de 7.800 millones de la población mundial actual. Alphabet es la empresa matriz creada en el 2015 para reorganizar el conglomerado de compañías que giran en torno a los servicios de Google, fundada a partir del buscador de internet lanzado por Sergey Brin y Larry Page en 1998.

El principio ético con el que se fundó de la compañía fue “Don’t be evil” (no seas malvado), pero unos tres años después de la reorganización bajo el paraguas de Alphabet, en el 2018, el lema bienintencionado de los idealistas ingenieros de software de Silicon Valley desapareció del código moral para adaptarse al de la matriz: “Haz lo correcto”. Una parte del idealismo se diluyó por el ­camino.

Para entender la forma en que Google crece imparable, hay que repasar cómo ha crecido y absorbido áreas de negocio en las que es el dominador absoluto. Su cifra de ingresos mantiene un crecimiento sin freno desde su creación –ver gráfico–, y cada año dispara sus beneficios. La publicidad no ha dejado de ser la principal fuente de ingresos de una compañía que ofrece a miles de millones de personas sus servicios ¿gratuitos?

A medida que Google empezó a tener éxito como buscador frente a las empresas que dominaban internet a finales del siglo XX, como Altavista y Yahoo!, fue abriendo siempre su perspectiva bajo la idea de “organizar la información del mundo”. Para Page y Brin, Google debía ser siempre una compañía lejos de las tradicionales, con la innovación como objetivo esencial, y con una estructura horizontal, muy abierta a la opinión de sus empleados. La aversión a la organización jerárquica vertical forma parte de su cultura empresarial.

Cuando uno visita unas oficinas de Google, no puede reprimir cierta envidia hacia quienes trabajan allí. Los empleados de la compañía californiana no solo gozan de los mejores sueldos del sector, sino también de unas libertades que rompen esquemas tradicionales. Disponen de comida y bebidas gratuitas, zonas de juegos y de relax, para dormir la siesta y ni siquiera tienen horarios rígidos, aunque eso pueda implicar que muchos puedan trabajar finalmente más tiempo que si los tuvieran.

La nueva sede que Google está construyendo en Mountain View, muy cerca de la actual, es un espacio de fantasía con carpas gigantes, espacios abiertos, paredes y techos transparentes y jardines. Todo en la línea inicial.

Ese espíritu de compañía diferente se ha ido transformando a lo largo de los años. En el 2001, el volumen del negocio de Google empezaba a desbordar a sus fundadores, que admitieron que necesitaban una “supervisión adulta”, por lo que ficharon a Eric Schmidt, un reputado ingeniero y directivo de empresas de Silicon Valley, como consejero delegado. Estuvo diez años en ese cargo, cuando lo relevó Page, que cedió el puesto en el 2015 a Sundar Pichai. Schmidt dirigió los pasos iniciales de Alphabet hasta que en el 2018 Pichai fue nombrado también consejero delegado de la empresa matriz.

Pichai ha delegado desde entonces en directivos de su confianza para llevar las riendas de las diferentes divisiones de Alphabet. Sencillamente, es un gigante muy grande que debe reportar beneficios a sus accionistas. No puede dejar de crecer. Las estimaciones de consultoras son que Google alcanza a gestionar alrededor del 60% de la publicidad digital, un mercado que no parece haber llegado ni mucho menos a su techo aunque su ritmo de crecimiento se halla ralentizado en los últimos ejercicios.

Otro indicio de que Google ya no es la empresa idealista en la que los trabajadores tenían una gran posición decisoria es el hecho de que en enero pasado, después de un año de organización en secreto, se presentó el primer Sindicato de Trabajadores de Alphabet (AWU), con una afiliación inicial de 400 personas, lejos a aún de los más de 120.000 empleados de la compañía.

Lo que no ha variado son los hitos que va logrando la compañía en esa “organización de la información” mundial. La mayoría de los vídeos que existen en internet pasan por YouTube, compañía de su propiedad. Cada día se suben más de 50 años de vídeos a esta plataforma, y se visualizan unos 90.000 cada segundo.

En las búsquedas –donde solo China se le resiste, por su política restrictiva–, Google es de lejos el motor más utilizado en el mundo. En conjunto es el 65% del mercado mundial —por esa ausencia del mercado chino, que le hace perder una importante cuota—, pero en numerosos países rebasa el 90%. Durante un día laboral, el número de búsquedas que se hacen en Google está cercano a los 7.000 millones de consultas.

La telefonía móvil es fundamental. Google no solo posee Android, el sistema operativo más popular, sino también una buena parte de los servicios asociados. Android está en el 71,9% de los móviles. El 27,3% es iOS de Apple. Las proporciones varían por países, mientras en Estados Unidos está muy equilibrado (50,7% iOS y 48,8% Android), en España la diferencia es más abrupta (78,8% Android y 20,5% iOS).

Google tiene también una importancia capital en la forma en que nos desplazamos. Google Maps ha cartografiado cada metro de las vías y caminos de buena parte del mundo. Además dispone del planeta virtual Google Earth y de Waze, la app colaborativa de navegador para carretera.

Después de dos décadas de perseguir la utilización de los enlaces de los periódicos sin pagar por ello y a partir de legislaciones claras como la de Australia, Google está dispuesta a abrir ahora una vía de pago a los editores para ­crear un nuevo agregador, Google News Showcase.

Su última incursión puede revolucionar el sector del turismo. Ofrece a los hoteles anuncios gratis en el buscador. Podría romper el duopolio Booking/Expedia y crear, quizás, otro monopolio.

Por Francesc Bracero

Barcelona

14/03/2021 02:31

India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

www.alfredojalife.com

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:26

Impuesto global a las corporaciones

Impuesto global a las corporaciones

Propuesta de reconocidos economistas a Joe Biden

 

Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh, con el apoyo de otros economistas como Thomas Piketty, le escribieron una carta abierta a Joe Biden pidiendo remodelar el sistema tributario internacional para garantizar una fiscalidad justa de las multinacionales y eliminar "uno de los aspectos más tóxicos de la globalización: el fraude fiscal y la evasión de las corporaciones multinacionales".

"Una tributación justa de las multinacionales es necesaria para crear el tipo de sociedades a las que aspiramos, y debe ser una parte central de cualquier sistema fiscal progresista destinado a impulsar el crecimiento económico y crear altos estándares de vida para todos. Poner fin a la evasión impositiva de las empresas también es una de las mejores maneras de hacer frente a la creciente desigualdad de riqueza e ingresos".

Los economistas calculan que con las desviaciones de ganancias a paraísos fiscales, las grandes empresas privan a los gobiernos en todo el mundo de por lo menos 240.000 millones de dólares por año en ingresos fiscales: "Este déficit afecta no sólo a Estados Unidos, donde alrededor del 50 por ciento de las ganancias en el exterior generadas por multinacionales norteamericanas se transfiere a paraísos fiscales cada año, sino también al Sur Global, donde las fuentes de ingresos son más limitadas y donde, en consecuencia, la dependencia de la recaudación impositiva corporativa para financiar los servicios públicos es mayor", agregan los economistas.

La propuesta más fuerte en este sentido es la de imponer un impuesto mínimo global: si los países del G20 acordaran imponer un impuesto corporativo mínimo del 25 por ciento sobre el ingreso global de sus empresas multinacionales, más del 90 por ciento de las ganancias mundiales automáticamente estaría gravado con el 25 por ciento o más. "Por supuesto, también es esencial que un impuesto de estas características esté diseñado para asignar potestad tributaria de manera justa entre los países de origen y los países receptores de las empresas", explica la carta.

Los economistas reforzaron que no existe ninguna evidencia de que la tendencia reciente hacia tasas más bajas del impuesto corporativo haya estimulado una inversión y un crecimiento productivos. "Está plenamente en nuestro poder construir un mundo post-pandemia que sea más sustentable, cooperativo y justo, donde las multinacionales paguen los impuestos que deberían pagar", concluyen. 

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Un país en remate: transnacionales y empresarios locales festejan las políticas de Maduro

Se hacen concesiones, se privatizan o directamente se rematan. Maduro sigue en carrera en su curso privatizador y entreguista. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro.

Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley “Antibloqueo”. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa “transparencia” del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.

En medio de una flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo al uso de divisas en el país, el gobierno de Maduro ha entregado a inversionistas privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jacta en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Hace menos de seis días, el viernes 19 de febrero Maduro anunció que el país tomará "medidas audaces" para la "recuperación integral y definitiva" de la industria petrolera. Recalcando que toda la industria de hidrocarburos del país está abierta a la inversión extranjera. "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela", sostuvo. Un país llevado a la quiebra se pone en venta.

Al mismo tiempo indicó que ya están en marcha las negociaciones de contratos para inversionistas internacionales, especialmente con empresas de Turquía, India, China, Rusia y algunos países de Europa, por lo que también extendió la invitación a empresarios estadounidenses para sumarse a estas propuestas de “negocio”. "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar", manifestó.

Se trata de todo el curso entreguista y privatizador de Maduro, como lo hemos venido denunciando desde este diario, e incluso impulsando campañas unitarias contra todo este curso de remate del país en medio de la catástrofe económica que se vive durante ya más de siete años.

Además de las transnacionales todos los grupos económicos del país lo celebran. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas del Estado que con el concurso de testaferros participan del festín.

Mientras hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata el país, mientras un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, llevando la buena vida.

Y lo constatan los propios empresarios. El pasado miércoles 27 de enero también hubo otro festejo, esta vez en la sede de la principal cámara empresarial del país. La llamada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz de la nueva Asamblea Nacional (AN) encabezada por Jorge Rodríguez, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) se reunieron en la propia sede de Fedecámaras. El mismo presidente de Fedecámaras lo decía, “jamás una comisión de tan alto nivel se ha reunido con nosotros, y menos en nuestra casa”.

Es claro, y así lo han hecho resaltar, que el encuentro entre los jerarcas del chavismo y dirigentes empresariales es para darle continuidad a nuevas reprivatizaciones -como las que han ocurrido sobre todo desde el año pasado con compañías que estaban en manos del Estado. Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles, entre otras empresas, han sido transferidas a operadores privados en las así llamadas alianzas estratégicas.

En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Empresarios destacan el giro gubernamental. “El Gobierno de Maduro dio un giro en U a multas de 2019 al promover un capitalismo salvaje”, se da el lujo de decir el jefe de la Red de Alimentos de Venezuela, Rodrigo Agudo. Este empresario resalta que el Ejecutivo “dejó de recaudar impuestos sobre determinadas empresas, otorgó licencias de importación y convenció a funcionarios militares y a otros actores comerciales a invertir de origen desconocidos en empresas locales”.

Asimismo, puntualiza que “Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. La publicación del año pasado de la Ley antibloqueo otorgó a los acuerdos una base legal, eludiendo regulaciones como los procesos de licitación”.

Pero no todas las empresas seleccionadas por el gobierno para asociarse están generando interés, tampoco lo fue en los ‘90. Ni tontos que son los capitalistas para hacerse de empresas en las que consideran que no es un negocio rentable.

El gran negocio petrolero [1]

Pero hasta aquí hemos mencionado toda una serie de empresas que no tienen la envergadura de la industria petrolera, del sector hidroeléctrico, telefonía o industrias básicas como las de Guayana. Justamente es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones se ha venido en un avance constante desde hace ya varios años.

El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, para solo mencionar algunas.

Sobre la privatización en la industria petrolera hemos escrito por extensión un artículo titulado “Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela” en el cual hacemos un recorrido de los últimos seis años a todo este proceso de “apertura”, donde además del sector petrolero abordamos el gasífero y petroquímico.

En el mismo indicamos cómo en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Incluso señalamos que, con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso.

Pero se trata de un curso que sigue dando pasos agigantados, ahora amparados por la Ley “antibloqueo” en el mayor secretismo de Estado, que no permite seguirle el paso minucioso con detalle a todo este proceso entreguista. Peor aún, se puede penar con años de cárcel si alguien se atreve a publicar todos estos entramados y negociatas que se llevan a cabo.

Y Maduro vuelve a recalcar en este mes de febrero “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense”. "La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!", expresa Maduro. Se trata de un gran pillaje que implica un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China, Turquía y diversos pulpos petroleros europeos.

Como concluíamos en el artículo antes señalado, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

 

[1] Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquíaquí y aquí.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Miércoles 24 de febrero | 20:00

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Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas

La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público.

 

Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. 

La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".

"Una exigencia extrema"

El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite.

"En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más"

En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más", le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.

Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. "Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", comentó un miembro de la administración peronista. 

De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado"Pfizer se portó mal con Argentina". En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo. 

"Abusivos"

Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al 'Gigante de Sudamérica' le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como "abusivos" por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada. 

De todos modos, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa. 

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. "Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad", subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.

Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan por una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Consultado para esta investigación, Pfizer manifestó: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021".

Entre tanto, esa empresa espera vender este año vacunas contra el coronavirus a un valor total de 15.000 millones de dólares. BioNTech, la firma asociada a Pfizer, ya recibió subvenciones del Gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares. 

Publicado:24 feb 2021 17:49 GMT

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Domingo, 07 Febrero 2021 05:51

Asaltantes con patente

Afp, Justin Tallis

Recorrida por las trampas del big pharma

Astrazeneca y Johnson & Johnson, que anunciaron la venta «al costo» de sus vacunas para la covid-19, no sólo mantienen sus precios en la oscuridad, sino que encabezan la lista de empresas que abusan de la normativa en materia de patentes.

 

Hace un año, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se quejaba de que ninguna gran compañía farmacéutica se hubiera comprometido aún a intensificar la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2. En 2019 sólo cuatro compañías estaban haciendo vacunas para el mercado estadounidense, cuando en la década del 70 eran 20 (Kaiser Health News, 25-VIII-20). Según estimaciones de Morgan Stanley y Credit Suisse (Financial Times, 4-IV-20), el mercado de vacunas de covid-19 podría crecer a 10.000 millones de dólares por año (en el supuesto de que la vacunación deba repetirse anualmente). Pero, antes de la millonaria inyección de recursos públicos para estimular la investigación y de la cobertura de riesgos garantizada por las compras públicas anticipadas del producto, las compañías mostraban un escaso interés en las vacunas, que suelen requerir más tiempo –excluyendo la excepción de la pandemia– para ser aprobadas y se administran en muchos casos una sola vez en la vida o una vez al año. En cambio, otros rubros, como la producción de medicamentos y tecnología médica, les proporcionaban mayores ganancias.

EL PRECIO DE LO PRIVADO

Esta semana, Newsweek y el boletín digital The Daily Poster informaron que en diciembre Pfizer y Johnson & Johnson habían presentado dos solicitudes («casi idénticas, preparadas por el mismo abogado») a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para que esta las eximiera de presentar, ante sus respectivos accionistas, información sobre el modo en que fueron fijados los precios de sus vacunas. El pedido de Pfizer y Johnson & Johnson era en respuesta a una resolución presentada por miembros del Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés), una organización que incluye grupos religiosos, sindicatos, fondos de inversión y ONG que participan como accionistas en cientos de compañías, «en un esfuerzo por fomentar la responsabilidad empresarial». Las farmacéuticas adujeron que sus accionistas demuestran que quieren «microgestionar» las empresas al solicitar «un informe intrincadamente detallado». Pero, según retrucan desde el ICCR, la idea no es conocer algoritmos complejos de formación de precios, sino tener una respuesta a estas preguntas: al fijar los valores de venta de las vacunas, «¿han tenido en cuenta las empresas la financiación estatal recibida?, ¿y cómo la tuvieron en cuenta?».

La ONG Oxfam, que firma la resolución dirigida a Johnson & Johnson, afirmó que la farmacéutica no ha aclarado qué significa su anunciada distribución «sin fines de lucro» de la vacuna, cuando es el Estado el que ha financiado buena parte de su investigación. Sin transparencia en su proceso de establecimiento de precios, la ausencia de lucro es incomprobable también en el caso de Astrazeneca, que ya ha vendido su vacuna a Sudáfrica al doble del precio que a la Unión Europea (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). Pergeñada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la asociación entre Astrazeneca y la Universidad de Oxford cambió radicalmente el modelo de distribución que había anunciado previamente esa casa de estudios –financiada en buena medida por el Estado inglés–, que fue la que aportó el grueso de la investigación detrás de esa vacuna. Tras la intervención de la farmacéutica anglo-sueca, la vacuna de Oxford pasó de tener una licencia abierta, diseñada para estar disponible libremente para cualquier fabricante, a tener una licencia exclusiva controlada por Astrazeneca.

Además de la milmillonaria financiación pública directa recibida por las principales vacunas que hoy compiten en el mercado abierto por la covid-19 (Estados Unidos les ha otorgado unos 13.000 millones de dólares de fondos públicos a las empresas que desarrollan las vacunas, según cifras oficiales), ciertos aspectos fundamentales de al menos cinco de ellas dependen del conocimiento científico previo financiado mediante años de inversión pública. Las proteínas espiga que dan nombre al coronavirus, contra las cuales se desarrollan los anticuerpos de la mayoría de las vacunas, son muy inestables aisladas en su forma natural. De acuerdo a un reciente informe de la ONG Public Citizen, antes de la pandemia el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) había desarrollado una técnica inédita para estabilizar las proteínas del coronavirus que provoca la enfermedad del MERS. El NIH patentó el procedimiento y, cuando este año se reveló útil también para el SARS-CoV-2, patentó también este uso. La mayoría de las principales vacunas de primera generación contra la covid-19 –incluidas las de Pfizer-Biontech, Johnson & Johnson, Novavax, Curevac y Moderna– utilizan esa técnica desarrollada públicamente, tras adquirirla a un precio confidencial (Public Citizen, 10-XI-20). En agosto del año pasado, en conversación con Kaiser Health News, el diputado demócrata por Texas Lloyd Dogget resumió lo que significan los millonarios acuerdos de compras de vacunas que ya por entonces el gobierno federal había comenzado a firmar con las farmacéuticas: «Se trata de dar a los contribuyentes el privilegio de comprar una vacuna por la que ya han pagado».

SIEMPREVIVAS

En setiembre de 2020 el Centro de Innovación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (UC) hizo pública una base de datos sobre patentes de fármacos basada en los registros del Orange Book, de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), agencia que regula la propiedad intelectual de la industria farmacéutica. Esta base de datos –«la primera en hacer un seguimiento exhaustivo de las protecciones de patentes presentadas por las empresas farmacéuticas», según la web de la UC– se nutre de las investigaciones de la profesora de derecho Robin Feldman (véase entrevista) sobre la estrategia de evergreening (o de perennidad)1 en torno a las patentes. Según explica la autora, las patentes de medicamentos están pensadas como protecciones de mercado garantizadas por el Estado por tiempo limitado –unos 20 años–, para incentivar a las compañías farmacéuticas a que innoven con medicamentos nuevos que mejoren la salud de la población. Una vez vencido ese período monopólico en el que las compañías farmacéuticas pueden obtener ganancias en exclusividad, los competidores deberían poder entrar al ruedo y reducir así los precios de los medicamentos a niveles competitivos. Pero las farmacéuticas han perfeccionado más de diez mecanismos (minuciosamente detallados en el estudio de Feldman) para posponer reiteradamente la caída de sus patentes y poner barreras a la competencia, con la complicidad, por acción u omisión, de la FDA.

Uno de los métodos usados consiste en agregarle patentes «secundarias» a un medicamento antes de que caduque la patente original. Como cada droga puede tener asociadas varias patentes de distinto tipo, las compañías registran sucesivamente, sobre la propiedad intelectual del componente químico original, nuevas patentes de elementos auxiliares, como la formulación de la droga y el método de uso. Estas patentes se registran luego de la original; por tanto, sus 20 años de gracia empiezan a correr más tarde y caducan también más tarde. Muchos de esos nuevos elementos patentados son modificaciones insignificantes, pero, cuando un productor de genéricos quiere comenzar a producir un medicamento cuya patente ha sido extendida de esta manera, debe demostrar la invalidez de cada patente asociada, a través de un litigio largo y caro, que de por sí desestimula estos intentos. Estos procedimientos están regulados en Estados Unidos por un complejo sistema creado en 1984, llamado Hatch-Waxman. Entre otras cosas, este sistema estipula que el primer genérico que impugne con éxito una patente o su aplicación será el único permitido en el mercado por seis meses, durante los cuales queda establecido un duopolio entre la compañía que patentó el medicamento y la que producirá su primer genérico. La disposición ha devenido en permanentes arreglos, conocidos como pay-for-delay, en los que las primeras desarrolladoras pagan a las productoras de genéricos interesadas en sus fármacos para que retrasen sus solicitudes.

Otra trampa descrita por Feldman fuerza la disposición que protege a los «medicamentos huérfanos», diseñados y aprobados para tratar enfermedades que afecten a poblaciones de 200 mil personas o menos. Como estímulo a la inversión en campos desatendidos de investigación, asociados fundamentalmente a enfermedades raras, desde 1983 se concede a estos medicamentos una exclusividad por siete años. Al día de hoy, sin embargo, más del 40 por ciento de los medicamentos aprobados por la FDA son declarados huérfanos. Durante estos períodos de exclusividad las empresas han incrementado los precios hasta provocar un escándalo nacional. Una vez que lo hacen, entra en juego otro truco, conocido como spillover pricing, que consiste en estimular a los médicos a prescribir el medicamento para usos distintos a los aprobados por la agencia, extendiendo el número de personas que pagan los inflados precios muy por encima del blanco inicial de 200 mil.

Como resultado de estos y otros procedimientos, Robin identifica «un sorprendente alejamiento de la conceptualización clásica de la protección de la propiedad intelectual en los productos farmacéuticos». «En lugar de crear nuevas medicinas, las farmacéuticas están reciclando y reutilizando las viejas. […] El 78 por ciento de las drogas asociadas a nuevas patentes en los registros de la FDA no son nuevos medicamentos que llegan al mercado, sino medicamentos ya existentes», concluye el estudio para el período 2005-2015. El fenómeno es especialmente fuerte entre los medicamentos más vendidos. Entre los primeros 100, el 70 por ciento ha sido extendido al menos una vez y más de la mitad se ha extendido más de una vez. Entre los que han recibido extensiones se encuentran la insulina y medicamentos que tratan el VIH y la adicción a los opiáceos. La práctica, considerada endémica y creciente en la industria, supera, en el caso de algunas compañías, las 20 extensiones. Quienes encabezan –junto con Gilead, productora del medicamento contra la covid-19 Remdesivir– el ranking de las empresas que más practican el evergreening son Astrazeneca y Johnson & Johnson.

  1. Robin Feldman, «May your drug price be evergreen», Journal of Law and the Biosciences, volumen 5, número 3 (XII-18). Páginas 590-647.

Con Robin Feldman1

—En el rubro de las vacunas, ¿se producen las mismas prácticas anticompetitivas que en el de los medicamentos?

—Las vacunas contra la covid-19 son poco menos que milagrosas. Sin embargo, siempre está el riesgo de que el Estado gaste el dinero pero desperdicie la oportunidad. Tenemos que asegurarnos de que las empresas farmacéuticas no se aprovechen de la crisis. Y hay algunas señales de alarma. Consideremos los siguientes ejemplos.

A principios de marzo, cuando la pandemia ya hacía estragos en todo el mundo, la empresa Gilead solicitó el estatus de medicamento huérfano para su fármaco Remdesivir como tratamiento para la covid-19. Gilead podría, entonces, bloquear durante siete años la posibilidad de que cualquier otra persona fabrique el medicamento.

Este estatus está pensado para medicamentos que sirven a poblaciones de pacientes muy pequeñas y funciona como una minipatente. Pero la FDA [Administración de Medicamentos y Alimentos] respondió afirmativamente al pedido de Gilead apenas unas semanas después. Bajo una intensa presión pública, finalmente Gilead renunció a sus derechos.

Hace tres años, en octubre de 2017, la compañía Sanofi pagó 61,5 millones de dólares para resolver una demanda antimonopolio relacionada con sus vacunas. La demanda alegaba que, cuando un competidor planeaba entrar en el mercado para competir con la vacuna contra la meningitis pediátrica de Sanofi (Menactra), la firma cobraba precios hasta un 34,5 por ciento más altos en sus vacunas, que aún tenían protección de patente, a menos que los compradores aceptaran adquirir exclusivamente las vacunas de Sanofi.

Además, durante esta pandemia, hemos visto cómo las empresas se han dedicado a bloquear la posibilidad de que otras compañías más pequeñas también hicieran pruebas.

—En vistas de la escasa información que ha sorteado las cláusulas de confidencialidad de los actuales contratos de compras de vacunas, ¿cómo evalúa lo relacionado a la propiedad intelectual?

—La transparencia es esencial tanto para la confianza del público como para el funcionamiento eficiente del mercado. Los contratos que he visto, incluso en sus versiones censuradas, ceden a las empresas todo tipo de derechos de propiedad intelectual en formas que uno no esperaría normalmente. Lo más preocupante es que los contratos especifican que la empresa puede mantener como secreto comercial cualquier tecnología que desarrolle a través del acuerdo. Con los secretos comerciales, a diferencia de las patentes, la información nunca entra en el dominio público.

—¿Los modelos dominantes de propiedad intelectual en el mundo están amenazando la salud de la población?

—La pandemia de covid-19 ha ejercido presión sobre muchos sistemas nacionales e internacionales, desde la propiedad intelectual hasta la distribución de suministros y la salud mundial. Pero esta no es la última pandemia a la que se enfrentará el mundo. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para replantearnos cómo pueden funcionar mejor nuestros sistemas a la hora de enfrentarnos a futuros retos mundiales.

1. Profesora de derecho de la Universidad de California, especialista en propiedad intelectual e industria farmacéutica.
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Miércoles, 03 Febrero 2021 06:15

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

¿China va ganando la "guerra de las vacunas"?

Estamos atravesando una guerra de las vacunas, en la cual las farmacéuticas occidentales atacan a sus pares china y rusa, y viceversa. Pero también hay una guerra por las vacunas, que en este momento se han convertido en un bien escaso por el cual disputan los países.

 

Luego de que varias personas fallecieran en Noruega tras recibir la vacuna de Pfizer, científicos y medios chinos dijeron que "la comunidad sanitaria china se pronunció en contra del uso de la vacuna de Pfizer en los adultos mayores".

Por su parte, The New York Timesasegura que la vacuna china, Sinovac, "no puede detener el virus tan bien como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, las farmacéuticas estadounidenses", aunque acepta que es eficiente y segura.

La polémica está servida. Global Timesasegura, en base a datos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, que hubo "casi 4.400 reacciones adversas después de que las personas recibieron la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19".

Más allá de datos que sólo estudios científicos podrán confirmar en el largo plazo, lo cierto es que las vacunas china Sinovac y la rusa Sputnik V están siendo desprestigiadas por los más variados motivos en Occidente, mientras las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son también fuertemente criticadas aunque por motivos diferentes.

La Fundación kENUP publicó cifras que revelan la escala de la inversión pública en Occidente en vacunas y medicamentos contra el COVID-19. En los últimos once meses los gobiernos gastaron más de 100.000 millones de dólares en vacunas y medicamentos contra el COVID-19.

El 95% de los fondos públicos se destinaron a vacunas y sólo el 5% en medicamentos. Por su procedencia, 32% de los fondos destinados a los productores de vacunas procedían de Estados Unidos, 24% de la Unión Europea y 13% de los gobiernos de Japón y Corea del Sur.

Como puede apreciarse, cuando hay mucho dinero en juego la industria farmacéutica se empeña en buscar soluciones rápidas. Sin embargo, los gobiernos financiaron con algunas condiciones: utilizaron Compromisos de Mercado Anticipados (CMA), para tener el derecho a adquirir un número determinado de dosis de vacunas en un período de tiempo determinado.

Un informe de France 24señala que mientras "los occidentales compraron el 90% de las dosis de las dos vacunas estadounidenses", lo que "dejará huellas y rencor entre los países del Sur", China hizo lo contrario y definió sus vacunas como un "bien público mundial".

El medio destaca que en estos momentos se respira "un aroma de guerra fría" y que "la geopolítica de la vacuna vuelve a trazar las líneas de fractura que se creían pertenecientes al pasado". Este medio europeo cree que China está ganando la guerra de las vacunas por las mismas razones que encumbraron al Dragón al sitial adquirido.

"China tiene ventajas extremadamente importantes teniendo varias vacunas, capacidades de producción considerables, vacunas que a veces son más fáciles de utilizar y, sobre todo, una prioridad muy clara: distribuirla con bastante rapidez a los países en desarrollo", explica a France 24 Antoine Bondaz, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica.

Al tener una incidencia muy baja de COVID-19 en su población, donde los contagios no superan los 100 al día, China tiene las manos libres para exportar la casi totalidad de su producción de vacunas.

El Dragón está llevando vacunas a países de África, Asia y América Latina, pero también a países europeos como Hungría, Serbia y Turquía. Llama la atención el acuerdo con Brasil para fabricar vacunas, a través del gobierno del estado de Sao Paulo, ya que se trata del más cercano aliado de EEUU en la región.

Para el diario financiero españolEl Confidencial, China será "la ganadora de la guerra mundial de las vacunas". Del mismo modo que al comienzo de la pandemia encabezó la "diplomacia de las mascarillas", ahora puso en marcha una ofensiva geopolítica para "inundar el mundo con millones de dosis de vacunas".

Según este medio, las dos vacunas chinas "no son ni tan seguras ni tan eficaces como las equivalentes occidentales, pero son eficaces y más baratas. De momento son las más utilizadas en el mundo".

En medio de las polémicas sobre retrasos en el traslado de las vacunas, Global Timesinforma que la empresa china CanSino Biologics está lanzando "una nueva que garantiza una doble protección después de una sola inyección".

Según los datos proporcionados, la vacuna de CanSino utiliza un vector de adenovirus recombinante, una tecnología similar a las que usan la rusa Sputnik V, la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Sin embargo, lo más importante es que "la vacuna se puede almacenar y transportar a temperaturas que oscilan entre 2 y 8 grados, y la producción no necesita el laboratorio de nivel 3 de bioseguridad como lo requiere la fabricación de vacunas inactivadas, lo que según los expertos las hace más accesibles para los países en desarrollo con instalaciones limitadas".

El éxito de China no debe sorprender. Cuenta con la más pujante industria del mundo y con fuertes inversiones en investigación y desarrollo, con científicos y técnicos de primer nivel. Se trata de las mismas características que explican el ascenso de la potencia asiática que esta década se convertirá en el primer PIB del mundo.

Pero con eso sólo no le alcanzaría, ya que las tecnologías occidentales siguen siendo muy potentes, como lo demuestra la enorme capacidad de EEUU para liderar desde la innovación militar hasta la sanitaria.

China ha desarrollado aquellas vacunas que los países de ingresos bajos y medios del mundo están en condiciones de sufragar que, en los hechos, es donde vive la mayor parte de la población mundial. Pero a la vez, está consiguiendo ingresar en espacios como la Unión Europea, que hasta ahora eran coto exclusivo de las grandes empresas occidentales.

18:52 GMT 02.02.2021URL corto

Por Raúl Zibechi

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Cómo los dogmas neoliberales están obstaculizando la resolución de la pandemia

Estamos inmersos en una de las mayores crisis sociales y económicas que el mundo haya vivido jamás. La evidencia científica que apoya tal observación de la realidad es abrumadora. Indicador tras indicador (desde los de mortalidad de la población hasta los de empleo) muestran el enorme dolor y sufrimiento que la pandemia está causando. Y la gente lo sabe. Los niveles de cansancio, frustración y enfado que la mayoría de la población está alcanzando en gran parte de los países a los dos lados del Atlántico Norte preocupa en gran medida a los mayores centros de reflexión de los establishments económicos y financieros, así como a los fórums políticos y mediáticos que les son afines en cada país.

De lo que no se habla en los debates sobre la pandemia

Y, en consecuencia, está teniendo lugar un gran debate y discusión sobre cómo responder a esta pandemia. Pero en este debate se empiezan a tocar temas que eran intocables hasta ahora. Me explicaré. Hay un dato que no se aborda en tales fórums políticos y mediáticos y que, sin embargo, es de una gran importancia. Sabemos ya cómo controlar, contener y, por lo tanto, superar la pandemia. Disponemos de los conocimientos científicos y de los recursos necesarios para solucionar algunos de los mayores problemas que existen y evitar tantas muertes. Es más, conocemos cómo podría controlarse la pandemia para recuperar cierto grado de normalidad. El lector debería conocer esta realidad. La ciencia sabe hoy cómo podría ir resolviéndose. Y no me refiero solo a la ciencia virológica y epidemiológica y otras ciencias básicas en salud pública, sino también a las aplicadas, como las ciencias sociales y económicas. Sé de lo que hablo. Soy también profesor de la Johns Hopkins University, incluida su bien conocida Escuela de Salud Pública, desde donde se realizan los bien conocidos estudios sobre la pandemia, conocidos y citados a nivel internacional. Y le puedo asegurar que sí, se sabe cómo controlar la pandemia. Sabemos, por ejemplo, que no podrá haber recuperación económica sin antes contener la pandemia. Ignorar lo segundo para corregir lo primero, como hizo la administración Trump, ha llevado a un desastre económico, social y de salud. No hay ningún país que lo haya conseguido. De nuevo, hay miles de datos que muestran el gran error de ignorar esta realidad. Ahora bien, el lector se preguntará: ¿si conocemos cómo controlar la pandemia y tenemos los recursos para hacerlo, por qué no se hace? Y otra pregunta que deriva de la anterior es: ¿por qué los medios no están informando sobre ello y los gobiernos no están actuando?

El silencio ensordecedor sobre por qué no se resuelve lo que es resoluble

La respuesta al último interrogante es fácil de conocer, y tiene que ver con la ideología y cultura dominantes en estos países, lo que dificulta ir más allá de lo que el pensamiento hegemónico permite considerar. Uno de estos obstáculos es, por ejemplo, el sacrosanto "dogma de la propiedad privada", que se considera fundamental para la pervivencia del orden social, marcado este último por otro dogma, el de las también sacrosantas "leyes del mercado" como mejor sistema de asignación de recursos. Estos dogmas rigen el comportamiento de los establishments político-mediáticos de la mayoría de grandes países a los dos lados del Atlántico Norte, y han jugado un papel esencial en obstaculizar el control de la pandemia.

Un claro ejemplo de ello. El porqué de la escasez de las vacunas

Tal y como indiqué en un artículo reciente ("¿Por qué no hay suficientes vacunas anti-coronavirus para todo el mundo?, Público,30.12.20), el mayor problema que existe en el control de la pandemia hoy en el mundo es la falta de las vacunas contra el coronavirus, escasez que incluso se da en los países considerados ricos a los dos lados del Atlántico Norte, lo cual es absurdo, pues los países ricos (y, por cierto, un gran número de países pobres tienen los recursos para producir tales vacunas). En realidad, el desarrollo de la parte más esencial en la producción de las vacunas más exitosas (Pfizer y Moderna) se ha hecho con fondos públicos, en instituciones públicas, en los países ricos (y, muy en especial, en EEUU y en Alemania). Esto lo reconoce nada menos que el presidente de la Federación Internacional de Industrias Farmacéuticas, el Sr. Thomas Cueni, en un artículo publicado en el New York Times hace unas semanas, "The Risk in Suspending Vaccine Patent Rules", 10.12.20, en el que afirma que "es cierto que sin los fondos públicos de agencias [instituciones públicas del gobierno federal estadounidense] como la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority o del ministerio federal alemán de Educación e Investigación, las compañías farmacéuticas globales no habrían podido desarrollar las vacunas COVID-19 tan rápido". El Sr. Cueni podría haber añadido que ello ocurre también con la mayoría de grandes vacunas que se han ido produciendo desde hace muchos años (véase el artículo citado anteriormente para ver los millones de dólares y euros públicos invertidos). La parte fundamental en el desarrollo de cualquier vacuna es el conocimiento básico, que suele investigarse en centros públicos o con fondos públicos de investigación sanitaria y salubrista. La industria farmacéutica, que sin este conocimiento básico no podría desarrollar las vacunas, utiliza dicho conocimiento para avanzar en su dimensión aplicada, es decir, la producción de las vacunas. Pero lo que el presidente de tal federación internacional olvida mencionar es que, además de utilizar el conocimiento básico que los Estados han financiado, esos mismos Estados ofrecen a las farmacéuticas un gran regalo al garantizarles el monopolio en la venta del producto durante muchos años, que pueden llegar hasta veinte, lo que les asegura unos beneficios astronómicos (los más elevados del sector empresarial de cualquier país).

Ahí está el origen de la escasez de vacunas. Es tan simple como esto. La propiedad intelectual, garantizada por los Estados y por las leyes del comercio internacional y sus agentes, es la que crea una escasez "artificial" de vacunas, lo cual genera unos beneficios astronómicos a costa de no tener suficientes vacunas para paliar las graves consecuencias de la pandemia y prevenir la muerte de millones de seres humanos.

¿Qué podría hacerse?

Lo más lógico sería, que, como ha propuesto Dean Baker (el economista que ha analizado con mayor detalle, rigor y sentido crítico la industria farmacéutica internacional), los Estados que ya financiaron el conocimiento básico expandieran su intervención para incluir, además del conocimiento básico, el aplicado, produciendo ellos mismos las vacunas, lo cual sería mucho más barato (puesto que no habría que incluir en los costes de producción los enormes beneficios empresariales).

Y el lector se preguntará: ¿por qué no se hace lo que parece lógico? Pues la respuesta también es fácil. Por el enorme poder político y mediático de la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional. Dean Baker documenta muy bien la naturaleza de estas conexiones (ver el vídeo "Dean Baker On Beating Inequality & COVID-19: Tackle Patent and Copyright Monopolies", 20.01.21, The Analysis News). En realidad, entre un gran número de expertos en salud pública en EEUU hay una postura generalizada de que el legítimo objetivo del mundo empresarial privado de poner como principal objetivo el conseguir optimizar sus beneficios económicos debería limitarse o incluso rechazarse en las políticas públicas que tienen como objetivo el optimizar la salud y minimizar la mortalidad. Esta percepción deriva del hecho que el propio EEUU muestra claramente que la privatización de la sanidad, gestionada por empresas con afán de lucro (que es la situación más común en aquel país), ha provocado un enorme conflicto entre los objetivos empresariales y la calidad y seguridad de los servicios. EEUU es el país que tiene un mayor gasto en sanidad (la mayoría, privado), y en el que hay más gente insatisfecha con la atención recibida, con un 32% de la población con enfermedades terminales preocupada por cómo sus familiares pagarán por su atención médica. La optimización de la tasa de ganancias es un principio insuficiente y enormemente peligroso para la salud de la población (la escasez de vacunas es un ejemplo de ello).

¿Estamos o no estamos en una situación de guerra, como se dice?

El lenguaje que constantemente utilizas las autoridades que están imponiendo enormes sacrificios a la población es un lenguaje bélico. Estamos luchando, se nos dice, "en una guerra contra el virus" (que la ultraderecha cataloga de "chino", intentando recuperar la Guerra Fría, sustituyendo la URSS por China). En realidad, en EEUU el número de muertes por COVID-19 es mayor que el número de muertes causadas por la II Guerra Mundial. Lo que ocurre es que los que así hablan no se lo creen. Es un recurso que utilizan para forzar un control de los movimientos de la población (lo cual me parece lógico y razonable), pero, en cambio, siguen conservando meticulosamente los dogmas liberales de la propiedad privada y las leyes del mercado, dogmas dejados de lado en el pasado en situaciones de guerra de verdad. ¿Cómo puede justificarse que los gobernantes de las instituciones de la UE (la mayoría de los cuales son conservadores y liberales) respeten el copyright de las empresas farmacéuticas que han producido la vacuna contra el coronavirus? Durante la II Guerra Mundial toda la producción industrial se orientó a la fabricación del material de guerra necesario. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo? Si se forzara la producción masiva de tales vacunas por parte de las empresas farmacéuticas en todos los países o en grupos de países, se podría vacunar rápidamente a la población no solo de los países ricos, sino de todo el mundo.

Como era predecible, la Unión Europea, desde su Parlamento hasta la Comisión Europea y sus otros órganos de gobierno (la mayoría gobernados por partidos conservadores y liberales), se ha opuesto a ello, pues es cautiva de sus dogmas, que ya han demostrado ser fallidos durante el período neoliberal y que, a pesar de su gran fracaso, continúa siendo dominantes en los establishments político-mediáticos a los dos lados del Atlántico Norte. Al menos en EEUU, la nueva administración federal del gobierno Biden, presionado por la comunidad científica (y por las fuerzas progresistas dirigidas por Bernie Sanders), está hablando de forzar a la industria farmacéutica a anteponer el bien común a los intereses particulares. Veremos si se lleva a cabo. Sería bueno que pasara lo mismo en Europa. Ni que decir tiene que las derechas de siempre -desde Trump hasta las derechas de España (incluyendo Catalunya)- acusan a los que quieren forzar dicha producción de "sociocomunistas". Pasa en todo el mundo. De ahí que la ciudadanía debería movilizarse para cuestionar tanto dogma que está haciendo tanto daño a la población. Animo a los lectores a que se organicen y envíen textos y cartas de protesta a tales instituciones, pues de poder hacerse sí que se puede. Lo que ocurre es que su dogmatismo y creencias les impiden verlo

Por Vicenç Navarro, profesor de Health & Public Policy, School of Public Health en The Johns Hopkins University; Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; y Director del JHU-UPF Public Policy Center

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En la pandemia fortuna de firmas deportivas de EU sube en 92 mil mdd

En un año marcado por la pandemia y las medidas que obligaron a los estadios a cerrar o tener aforo limitado, 64 propietarios de 68 franquicias deportivas en Estados Unidos incrementaron su fortuna en 92 mil millones de dólares, mientras millones de personas perdían empleo, ingresos o caían en la pobreza en ese país, revela un estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y Americanos por la Equidad (ATF).

Los 64 multimillonarios que poseen las franquicias deportivas tenían una riqueza de 326 mil millones de dólares hasta el 18 de marzo de 2020; al finalizar enero de 2021 asciende a 418 mil millones de dólares, un alza de 28 por ciento desde que se iniciaron las primeras medidas de confinamiento a nivel global para aminorar los contagios de Covid-19.

Reciben elevados subsidios

"La ganancia privada de los multimillonarios deportivos, en medio de tanto dolor público, es irritante, pues muchas franquicias han sido beneficiarias de las donaciones de los contribuyentes", enfatizó el estudio.

Detalló que en las últimas décadas, según datos de Field of Schemes, firma especializada en temas deportivos, 25 equipos profesionales propiedad de 26 multimillonarios, han recibido 8 mil 900 millones en subsidios de los contribuyentes para ayudar a construir o actualizar estadios y hacer otras inversiones. "Estos propietarios de equipos subvencionados públicamente han visto aumentar su riqueza 20 mil millones durante la pandemia y 48 mil millones desde marzo de 2016", precisó.

"Sólo en cinco años, cuando se recortaron acuerdos fiscales, la riqueza colectiva de los multimillonarios del deporte se disparó 171 mil millones de dólares, o casi 70 por ciento. Su riqueza combinada, de 247 mil millones en marzo de 2016, había crecido a 418 mil millones para finales de enero de este año", refirió.

La ganancia de 92 mil millones entre los 64 multimillonarios dueños de franquicias deportivas desde marzo de 2020 podría pagar un estímulo para el alivio de la pandemia de 275 dólares por cada uno de los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, calculó el estudio.

"El monto representa casi una tercera parte del costo de 290 mil millones al proporcionar 400 dólares por semana a los beneficiarios de programas de desempleo existentes hasta septiembre en ese país. Esa larga racha ganadora es sólo parte del dominio de una dinastía nacional de 660 multimillonarios estadounidenses, cuya riqueza ha crecido 1.2 billones de dólares, o 40 por ciento, durante la pandemia, pues pasó de de 2.9 billones a 4.1 billones", señaló.

El estudio fue hecho por las dos organizaciones, a propósito del Supertazón de futbol americano profesional, que enfrentará el próximo domingo a Kansas City y Tampa Bay. Al respecto, detalló que tanto la familia Hunt, propietaria de Jefes de Kansas City, como la Glazer, de Bucaneros de Tampa, continuarán su largo reinado en Estados Unidos.

Se estima que el patrimonio de los Hunts es de 6 mil 200 millones de dólares, un alza de 400 millones de dólares durante la crisis de Covid-19, mientras los propietarios de Kansas City recibieron 250 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes para renovar el estadio en 2006.

"Todo eso mientras los fanáticos en casa están perdiendo sus vidas y sus medios de subsistencia. El trabajo en equipo real requeriría que los multimillonarios paguen su parte justa de impuestos", dijo Frank Clemente, director ejecutivo de ATF.

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Terminó la época de los intentos por construir un mundo unipolar y centralizado, tal monopolio atenta contra la pluralidad cultural, asegura Vladimir Putin.Foto Ap

En su calidad de ser una de las dos superpotencias nucleares y la máxima potencia hipersónica, cobra trascendental relieve la participación del zar Vlady Putin en la Agenda 2021 de Davos (https://bit.ly/3amikOe), del globalista Foro Económico Mundial (FEM) que controlan el suizo Klaus Schwab y el megaespeculador George Soros (https://bit.ly/2KZVfrJ).

Dos días después, Putin firmó “una ley que ratifica el acuerdo de extensión del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Start) por cinco años (https://bit.ly/36k9O0T)”.

Justamente un día después de su ponencia muy "realista", que para otros sería muy pesimista, el presidente Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso donde acordaron la extensión del Start que contribuye notablemente a la "estabilidad estratégica" en el mundo (https://bit.ly/3pvR3iF).

Putin tocó los puntos nodales que afectan la situación mundial que, a su juicio, tiene mucho parecido con la década de los 30 del siglo pasado que desembocó en la Segunda Guerra Mundial y que ahora, con la pletórica letalidad de las nuevas armas tecnológicas, significaría el "fin de la humanidad" que calificó de "ominosa distopía".

El presidente Putin fustigó a la globalización: "causó un aumento significativo en los ingresos de las compañías trasnacionales, en primer lugar, estadunidenses y europeas". Pues sí: ¡Era una intensa "guerra financiera"!

Puntualizó que tales ingresos de las compañías los recibe "uno por ciento de la población".

También fustigó al deletéreo Consenso de Washington (https://bit.ly/3t8aD6K) –que de "consenso" sólo tiene el apodo, ya que fue una imposición de Wall Street y su marioneta Bill Clinton (https://bit.ly/3peRH3E).

En un diagnóstico impecable cuan implacable, el zar ruso afirmó que "la época de los intentos de construir un mundo unipolar y centralizado ha terminado". Precisó que "tal monopolio, por su naturaleza, iba en contra de la histórica pluralidad cultural de nuestra civilización".

A mi juicio, la ontología y biología abogan por la "biodiversidad de todas las especies vivientes de la creación": axioma que la barbarie globalista pretendió sepultar.

Putin comentó que la crisis de la globalización financierista exacerbó la desigualdad e incrementó la escisión de la sociedad y el paroxismo migratorio: "esto provoca una fuerte polarización de la opinión pública, causa el crecimiento del populismo (sic), el radicalismo de derecha e izquierda y otros extremos".

En referencia a la postura del ex canciller alemán Helmut Kohl –quien aseveró que Europa occidental y Rusia deben caminar juntas para que la cultura europea permanezca como uno de los centros de la civilización global en el futuro–, Putin enfatizó que "Rusia y Europa forman una misma civilización y comparten geografía, cultura, ciencia y tecnología". Sin embargo, el presidente ruso resaltó que las relaciones actuales de Rusia y los países europeos "obviamente no son normales", por lo que instó a Europa a dejar de utilizar todos los problemas de los siglos pasados en la política interna y mirar hacia el futuro.

La postura de Helmut Kohl es muy significativa por haber sido el promotor de la canciller Merkel, quien, debido a sus vivencias en la otrora Alemania del Este, padece rusofobia aguda.

El zar ruso arremetió contra los gigantes tecnológicos de Silicon Valley –Gafam (Google/Amazon/Facebook/Apple/ Microsoft)/Twitter–que "en algunas áreas compiten de hecho con los estados" cuando "sus audiencias consisten de miles de millones de usuarios que pasan una parte considerable de sus vidas en estos ecosistemas". Se preguntó si tal monopolio cibernético cumple con el interés público cuando "sustituyen las instituciones democráticas legales y usurpan esencialmente o restringen el derecho natural de las poblaciones a decidir por sí mismos cómo vivir, qué seleccionar y qué postura expresar libremente".

A mi juicio, los gigantes tecnológicos de Silicon Valley constituyen hoy el "ciber-Caballo de Troya" del siglo XXI con el que pretenden propinar un golpe global de Estado.

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