Un dron de ataque terrestre, expuesto en la primera Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) en Madrid en mayo de 2019. — Eduardo Parra / EUROPA PRESS

El conflicto, que se mide ya en un alto número de víctimas, anima los discursos de instituciones y 'lobbies' del ámbito de Defensa que promueven un incremento de las partidas destinadas a estos fines.

 

Desgracia de muchos, negocio de otros. La guerra necesita armas para matar, las armas valen dinero y cada vez hay más gobiernos dispuestos a pagar lo que haga falta para conseguirlas. ¿Irán todos a esta o a otra guerra? La balanza se inclina hacia el no. ¿Gastarán igualmente grandes toneladas de billetes en este ámbito? El peso cae de forma rápida y rotunda hacia el sí. 

Esas preguntas –sobre todo sus respuestas– movilizan hoy a militantes antimilitaristas de diversos países bajo el paraguas de la Campaña de Acción Global sobre el Gasto Militar que impulsa a nivel global el International Peace Bureau (IPB) y que coordina desde Barcelona el Centre Delàs de Estudios por la Paz.

La campaña tiene lugar este año bajo un escenario aterrador: desde el pasado 24 de febrero, Ucrania pasó a formar parte de la lista de países que sufren bombardeos contra la población civil, una realidad que también padece Yemen desde marzo de 2015. 

"Este año, el mundo cosechó los horrores sembrados al invertir en herramientas para la guerra. La violencia que se ejerce sobre las personas de todo el mundo a manos de Estados militarizados ha tenido un impacto devastador sobre la humanidad y el medio ambiente", destaca una declaración firmada por los impulsores de esta campaña contra el gasto militar.

En esa línea, destacan que los 1,98 billones de dólares gastados en ejércitos en 2020 "no nos proporcionaron una verdadera seguridad, sino que esos hinchados presupuestos para armas y guerra nos dejaron sumidos en un ciclo de violencias".

"Es hora de que nos unamos y pidamos a los gobiernos de todo el mundo que recorten el gasto militar y que, en su lugar, inviertan en seguridad común y humana. Es momento de darle un presupuesto a la paz", afirman. 

Esos temas estarán sobre la mesa en un encuentro que organiza la Fundación Espacio Público junto al Centro Delàs y que se emitirá este martes a las 19.00 a través de PúblicoTV. El debate, que girará en torno a las "respuestas pacifistas a la guerra", contará con la participación de Jordi Calvo, vicepresidente de International Peace Bureau; Pere Ortega, investigador del Centro Delàs; e Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Virginia Pérez Alonso, directora de Público, moderará el evento. 

El precio de la guerra

Un reciente informe de la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT, por sus siglas en inglés) y el Instituto Transnacional (TNI) incide precisamente en el asunto del gasto militar al calor de la invasión rusa en territorio ucraniano. 

"En un momento decisivo, en respuesta a la guerra de Ucrania, la UE ha anunciado que, por primera vez, financiará y proveerá armas letales a Ucrania a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Si bien este movimiento no tiene precedentes, tampoco es inesperado. La UE ha estado trazando un camino militarista desde hace bastantes años", destaca el documento.

Entre otros puntos, señala que el Fondo Europeo de Defensa (EDF) tiene un presupuesto sin precedentes de 8.000 millones de euros para la investigación y el desarrollo de productos militares, mientras que uno de sus programas precursores, la Acción Preparatoria para la Investigación en
Defensa, cuenta con una dotación de 90 millones de euros.

La cifra se eleva hasta los 500 millones de euros en el caso del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa, dirigido a "financiar el desarrollo de equipos y tecnología" del ámbito militar.

Como consecuencia de estas líneas presupuestarias, "se concedieron
casi 600 millones de euros de fondos públicos europeos a empresas privadas muy lucrativas en el comercio de armas y tecnología militar, así como a centros de investigación privados, entre otros beneficiarios".

"Estos proyectos piloto exponen tendencias profundamente preocupantes con respecto al militarismo impulsado por Europa", destacan los autores del informe, que lamentan que "a través del aumento de un enorme 1.250% de la financiación para la investigación y el desarrollo militar de un ciclo presupuestario a otro, la UE está ahora cada vez más decidida a invertir en la guerra en vez de construir y mantener la paz". 

"Ya veíamos una clara tendencia de aumento del gasto militar, pero la guerra de Ucrania servirá para reabrir a nivel mundial no solo el gasto gasto militar, sino también el rearme", afirma Tica Font, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz. El camino está abierto.

24/04/2022 23:36

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El Mundial revela sus grupos, a la espera de los repechajes

Doha. La primera ronda del Mundial promete emociones y sorpresas, con un posible mano a mano entre Lionel Messi y Robert Lewandowski, además del choque entre Espa-ña y Alemania, a partir de la jornada inaugural del 21 de noviembre en la que el anfitrión Qatar enfrentará a Ecuador.

A diferencia de otras ediciones, el sorteo tuvo algo peculiar: un total de 37 equipos estuvieron presentes ayer, dado que tres de las plazas en el lote final de 32 selecciones aún no se han definido. Al igual que la repesca europea, dos repechajes intercontinentales demorados por la pandemia covid-19 se completarán en junio.

En el Grupo A, el anfitrión Qatar se estrenará contra Ecuador, después de que Senegal enfrente a los Países Bajos. "La verdad es que no sé si ha sido un buen sorteo, no sé mucho sobre estos países", confesó el técnico Louis van Gaal.

Por su parte, Inglaterra, Estados Unidos e Irán esperarán al ganador del repechaje europeo en el sector B, que involucra a Gales, Escocia y Ucrania. "Todo el mundo alienta a los ucranios por lo que está pasando", afirmó el técnico estadunidense Gregg Berhalter.

Lionel Messi y Robert Lewandowski, los más recientes ganadores del Balón de Oro y del premio Best de la FIFA, respectivamente, se verán las caras cuando Argentina y Polonia choquen en el Grupo C, donde también están México y Arabia Saudita.

El campeón reinante Francia y Dinamarca compartirán la llave D con Túnez y el ganador entre Perú y Australia o Emiratos Árabes. Los franceses llegarán a su cita con dos de los mejores goleadores del mundo: Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Entretanto España, campeona en 2010, se enfrentará contra Alemania, monarca en 2014, en la revancha de la semifinal que ganó La Roja antes de conquistar su primer Mundial. Japón, además de Costa Rica o Nueva Zelanda, completarán al resto de clasificados en el sector E.

"¿Grupo fácil?", bromeó el técnico español Luis Enrique. "Es un Mundial ¿Qué esperaban? Tranquilidad absoluta".

Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá serán los contendientes del F, mientras Brasil, Suiza, Serbia y Camerún integrarán el G. "La preparación física será fundamental", advirtió el timonel brasileño Tite. "Trabajar más días con los jugadores es una ventaja".

Finalmente, el capitán y estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, pondrá en marcha su quinta Copa del Mundo enfrentándose a Ghana, Corea del Sur y la renovada Uruguay en el Grupo H.

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  El presidente de Rusia, Vladimir Puti, recibe al primer ministro israelí, Naftali Bennett, antes de su reunión conjunta el 22 Octubre de 2021. — Kremlin / dpa / Europa Press

El primer ministro Naftalí Bennett está en contacto continuo con los presidentes Vladimir Putin y Volodymir Zelensky. Con el segundo mantiene unas excelentes relaciones mientras que con el primero hay un choque de intereses y una aparente desconfianza mutua.

 

La actitud de Israel respecto a la crisis de Ucrania no deja de ser curiosa y contradictoria. Mientras el primer ministro Naftalí Bennett mantiene hilo directo con el presidente Vladimir Putin, habla con él con regularidad, y hasta ha sido el único mandatario "occidental" que ha visitado Moscú en una ocasión durante la guerra, otros ministros, empezando por el titular de Exteriores Yair Lapid, se muestran muy críticos con Rusia.

Un reciente sondeo muestra que más del 80% de los israelíes, con un porcentaje más elevado entre los israelíes judíos, que son los que cuentan, apoyan a Ucrania. Pero esto no impide que Bennett siga haciendo equilibrios con unos y otros.

Quizás el hecho de que el presidente Volodymir Zelensky sea judío, como repiten a menudo los medios hebreos, tenga algo que ver, aunque no es el único judío en la cúpula de poder de Ucrania. El mismo ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, también lo es, así como un nutrido grupo de asesores del presidente, algunos de los cuales incluso hablan hebreo, como bien les consta a los israelíes que siguen las televisiones locales.

Los contactos entre Bennett y Putin no impiden que se observe un recelo entre las partes. No debe olvidarse, que pese a sus más y sus menos ocasionales con Washington, Israel impulsa de una manera definitiva las políticas norteamericanas en el llamado mundo libre, es decir el mundo occidental que baila al unísono al compás de lo que dicta la partitura de EEUU.

Rusia es el mayor enemigo de los intereses del tándem EEUU-Israel que se presenta como defensor del llamado mundo libre y defiende la democratización forzosa y a su gusto del planeta. Sin embargo, a diferencia de EEUU, Israel cuida el trato con Rusia, algo que no es nada nuevo y que ha sido así por lo menos desde la caída de la Unión Soviética hace tres décadas.

Al igual que ocurre con miles de ucranianos, judíos y en menor medida no judíos, millares de rusos judíos, y algunos no judíos, incluidos oligarcas y personas muy relevantes de la cultura y la televisión rusa, han buscado refugio en Israel durante esta crisis. Se trata de un goteo constante del que los medios hebreos dan cuenta puntualmente.

El viernes el Yediot Ahronot reveló que "ex-militares" israelíes están adiestrando a los ucranios en una base secreta del oeste de Ucrania y que las autoridades israelíes lo saben y no han querido interferir. El periódico de Tel Aviv confirmó tanto la existencia de los "ex-militares" israelíes en Ucrania como el conocimiento que las autoridades israelíes tienen de esas actividades nada amistosas para con Moscú.

Un elemento no menor de la ecuación, que en su momento pasó casi desapercibido, pero del que sin duda tomaron nota en Tel Aviv, fue el anuncio del ministerio de Defensa ruso de que ha enviado a su base en la localidad siria de Hmeimim tres bombarderos Tu-22M3 con capacidad para armas nucleares.

Esto ocurrió el pasado 25 de mayo. Ciertamente a ningún país le gusta tener por su barrio aviones con capacidad para armas nucleares e Israel no es una excepción. Una circunstancia similar ha desencadenado la guerra en Ucrania, ya que Moscú dejó claro que la no nuclearización de su vecino es prioritaria para su seguridad. Aunque Israel debió tomar buena nota del anuncio de Moscú, prefirieron no crear una crisis en aquel momento.

Es evidente, aunque no lo manifieste públicamente, que entre los intereses de Israel está la debilitación de Rusia, lo que está sucediendo con la guerra y va a seguir sucediendo en el futuro más inmediato, con la vista puesta en el desgaste de Putin, considerado por Occidente como el mayor enemigo del llamado mundo libre solo por detrás de China.

Que las relaciones entre Moscú y Tel Aviv son peculiares quedó demostrado el jueves de esta semana, cuando el embajador ruso en Damasco, condenó de la manera más clara posible las actividades del estado judío. Lo hizo en unos términos sin precedentes y con la amenaza de responder de manera apropiada.

El embajador Alexander Efimov no estableció un vínculo con la guerra de Ucrania, aunque no puede descartarse que el vínculo esté implícito. Efimov dijo que las continuas actividades de Israel en Siria están "provocando una reacción" de Rusia. Si bien Moscú ha advertido a Israel repetidamente en las últimas semanas contra sus incursiones, nunca lo había hecho de una manera tan explícita y determinante. Por parte de Israel no ha habido reacción oficial.

Poco después de esta seria advertencia, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció una visita a Israel para este fin de semana. Distintos medios hebreos han indicado que el principal objetivo del viaje consiste precisamente en explorar las posibilidades de la "mediación" israelí entre Rusia y Ucrania. No debe descartarse que Rusia esté usando la baza de su presencia en Siria con elemento de presión en la negociación.

Sin embargo, esa mediación depende tanto de Israel como de EEUU. Los americanos están interesados en el desgaste de Putin y el desarrollo de la guerra todavía juega a su favor, de manera que lo más lógico es que continúen sin responder a las demandas de Moscú respecto de su seguridad. Por su parte, Israel, aunque mantiene buenas relaciones formales con Putin, también está interesada en un debilitamiento de Rusia.

La guerra no solo está reforzando políticamente al presidente Joe Biden y a Occidente en general, sino que a esas ganancias políticas hay que sumar las enormes ganancias que tendrá la industria armamentista americana durante la guerra y muy especialmente en la posguerra. Esto significa que en las actuales circunstancias Washington tiene poco interés en poner fin al conflicto.

26/03/2022 21:39

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Patricia Bolinches



La crisis climática se ha convertido en un nuevo mercado financiero donde se especula con la extinción de las especies y las catástrofes climáticas. Las corporaciones han conseguido que los mecanismos de mitigación sean rentables, flexibles y voluntarios.

Genoveva López

@genolomo

24 mar 2022 04:51

¿Cuál es la diferencia entre catástrofe y cataclismo? Pues 4.975 millones de dólares, según las aseguradoras. Es decir, si la cantidad de dólares perdidos en un evento dramático es mayor de 25 millones de dólares, es una catástrofe. Pero si cuestan más de 5.000 millones, el evento se define como cataclismo. En los últimos años, los eventos más caros para las aseguradoras han sido provocados por huracanes, lluvias torrenciales, tifones o sequías. En definitiva, por el clima.

El precio de la naturaleza

Que el cambio climático supone grandes pérdidas económicas es irrebatible. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en los últimos 40 años se han perdido 458.970 millones de euros por catástrofes climáticas en una treintena de países en Europa. Sin embargo, tampoco hay duda de que el cambio climático se ha convertido en un grandísimo negocio. Los mercados de carbono, los green bonds, cat-bonds y los multicat-bonds o los weather derivatives son instrumentos financieros que se han creado al albor del marco conceptual que sitúa a la naturaleza como un bien de mercado. Un trabalenguas nada inocente que hace de esta nomenclatura una nueva manera de objetivar, cuantificar, tasar y especular con la naturaleza.

Esta tendencia se inició en el año 2009 en un documento para las negociaciones de las Naciones Unidas en la COP15, donde apareció por primera vez el término “soluciones basadas en la naturaleza”, según el World Rainforest Movement, una iniciativa internacional que trata de apoyar las luchas, reflexiones y acciones políticas de las personas que dependen de los bosques, tanto personas indígenas como campesinas y campesinos. Nele Mariën, coautora de La Naturaleza en Venta, cómo las empresas se benefician de la financiarización de la naturaleza, es coordinadora de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional y lleva los orígenes de esta mercantilización más atrás en el tiempo, a los años 90 y el Protocolo de Kioto, donde ya se hablaba de mecanismos off-setting y emissions trade market. Todos estos mecanismos no solo permiten tasar la naturaleza, sino que la convierten en un bien de mercado, con el que se puede comerciar y especular.

Frédéric Hache, cofundador y director ejecutivo del Green Finance Observatory, afirma que el uso del capital natural como medida económica “es tremendamente simplista y parcial”. Este nuevo marco metodológico toma en consideración lo que se llaman los pagos por servicios ambientales (PSA) o pago por servicios (o beneficios) ecosistémicos y es un sistema que promueve el cuidado de la naturaleza asignándole un valor de mercado. Por ejemplo, el valor de un río sería medido por sus posibilidades para la pesca recreativa y un bosque sería reconceptualizado como un servicio de captura de carbono, un servicio de hábitat para algunas especies o con suerte, como instrumento de lucha contra la deforestación, según este investigador. Para Hache, “tan solo pueden prestar atención a uno o dos servicios ecosistémicos porque si no serían demasiado caros o complejos. Por supuesto, todas las interdependencias entre especies y la gran complejidad de los ecosistemas queda fuera”.

¿Por qué se produce este cambio de marco? Razmig Keucheyan, doctor en sociología, profesor investigador titular en la Universidad de París-Sorbona Paris-IV y autor del libro La naturaleza como campo de batalla (Clave Intelectual, 2014), afirma que, en la actualidad, y dentro del marco de crisis económica que se arrastra desde los años 70, existe un declive en la tasa de ganancia económica, ante lo cual el capital reacciona de dos maneras: “Por un lado, privatizando todo lo que hasta entonces escapaba al mercado, como biodiversidad, genoma humano, etcétera. En este caso, privatizar significa someter a la lógica de la ganancia para tratar de que vuelva a ascender. Y, por el otro, mediante la financiarización, es decir, no invirtiendo en la llamada economía real o productiva, sino en las finanzas que permiten la realización de ganancias —ficticias— importantes, hasta el momento en que sobreviene la crisis”. El comercio con la naturaleza también supone un nicho tremendamente interesante para las corporaciones ahora que hay mayor preocupación social con el cambio climático, y son esas mismas compañías las que piden más acción, sin poner en riesgo sus beneficios. Como señlan Mariën, “se está viendo en tiempos recientes que son las empresas que piden ese tipo de medidas, porque la presión de la sociedad es muy fuerte y ven que las cosas tienen que cambiar, pero, a la vez, buscan formas de poder seguir haciendo lo que siempre han hecho”.

Mecanismos voluntarios de corrección

La misma autora realiza un análisis crítico sobre la evolución de las medidas y ha habido una tendencia a la flexibilización y a la implementación de los mecanismos voluntarios, que, según señala, son menos estrictos, y tienen menos control. “Las empresas están asumiendo cada vez más medidas de offsetting, lo que significa que pueden destruir mientras paguen por el derecho a destruir”, afirma la investigadora.

El mecanismo de offsetting o de compensación consiste en que un país o empresa reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero para compensar las emisiones efectuadas en otro lugar. Esa reducción se puede llevar a cabo de diversas maneras: por un lado, incluyendo medidas reductoras o, por otro, medidas compensatorias. Estas últimas pueden abarcar actividades como llevar a cabo proyectos de energía renovable, o plantar árboles, que es el mecanismo más frecuente al ser el más barato. Sin embargo, no hay cara sin cruz y “cada vez hay un tema más punzante con la falta de tierra disponible”, señala Hache. “Lo que está ocurriendo es un problema de acaparamiento de tierras y de uso de la tierra. Dedicar la tierra a la agricultura es menos rentable que plantar árboles, lo que podría tener un impacto en el precio de los alimentos”, afirma.

Otra de las políticas para mitigar el impacto de las corporaciones son las listas de clasificación vinculadas a incentivos económicos. En este sentido, en el año 2020 se aprobó la Regulación Taxonómica de la Unión Europea, que supuso la creación de la primera “lista verde” del mundo para las finanzas. Un sistema de clasificación de aquellas actividades económicas consideradas sostenibles. La Unión Europea catalogó el gas y la energía nuclear como sostenibles el pasado mes de febrero, lo que ha creado un grandísimo revuelo entre organizaciones ecologistas y algunos países miembros. “Si consideramos que las finanzas tienen un rol clave en las negociaciones sobre el cambio climático, entonces ponemos a las finanzas en el centro, y el resultado es que negocian el precio de la conservación a través de subsidios o tratados financieros”, critica el cofundador de Green Finance Observatory. 

Este economista vaticina un futuro inquietante en cuanto a las medidas climáticas que, según él, se van a potenciar especialmente a partir de mayo de este 2022, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP15) que tendrá lugar en China. El investigador cree que veremos, a partir de este año, un “mercado de la destrucción de la diversidad”. Por ejemplo, imaginemos que una empresa quiere llevar a cabo un aeropuerto en el sur de España, en un hábitat de flamencos. Según esta regulación, se podrá llevar a cabo, a condición de que se recree un hábitat de flamencos en las inmediaciones. “Obviamente todos sabemos que eso no se puede hacer —afirma con sorna Fédéric Hache—, pero es todavía peor”. Según él, la tercera opción “por la que llevan las empresas presionando diez años es la versión extrema de esto”: se podrá construir un ecosistema de servicio con el mismo valor monetario que el ecosistema de los flamencos pero en otro lugar, por ejemplo, plantar árboles en Rumanía o un hábitat para conejos en Grecia. “Lo importante es que sea equivalente económicamente”, explica Hache.

“Ganancias ficticias”, mercados secundarios

Un derivado financiero es, por definición, una apuesta a futuro. La apuesta puede ser por el precio de algo, por ejemplo, el del carbón. En el contexto de colapso actual puede ser el futuro precio de la destrucción de un ecosistema o el futuro deterioro del mercado a causa de una pandemia. Los más típicos son los bonos catástrofe (cat bonds) y los derivados climáticos. Ambos son productos finales de un proceso conocido como securitización que transforma factores de riesgo con los que no es posible comerciar, como las catástrofes naturales o las relacionadas con el clima, en activos financieros comercializables. Por ejemplo, según Mandel, Donland y Armstrong, los autores del artículo “Un enfoque para los derivados de conservación de especies” (Frontiers in Ecology and the Environment, 2009), teniendo en cuenta que se han desarrollado nuevos productos de seguro basados en derivados que permiten a los inversores asegurar el riesgo a cambio de pagos fijos, los gobiernos deberían emitir contratos de derivados para vender el riesgo de extinción de las especies, de tal manera que se pudiera “apostar” por las mismas. En definitiva, para los autores, la extinción de especies es un nicho lucrativo y asegurable, no una pérdida de biodiversidad que habría que intentar frenar. 

Sin embargo, según Hache, los cat bonds son un caso legítimo, ya que los desastres naturales se están volviendo tan caros que van más allá de la capacidad de las aseguradoras privadas. La envergadura de las cifras las proporciona el grupo Swiss Re, uno de los principales proveedores mundiales de reaseguros y seguros que publica, desde 1970 y de manera anual en su revista Sigma, las pérdidas que han supuesto las catástrofes humanas, naturales y, como categoría aparte, los terremotos.

En dicho informe se observa un incremento muy acusado de catástrofes naturales desde 1990, con dos picos tremendamente abruptos: uno en el año 2005, con un coste en pérdidas de 317.240 millones de dólares, y otro en el año 2017 con 355.760 millones de dólares. ¿Qué ocurrió aquellos años? En 2005 tuvo lugar el huracán Katrina, que según la nomenclatura anterior sería un cataclismo, pero también hubo inundaciones en Suiza e India, además de fuertes tormentas en Dinamarca, Reino Unido, Canadá y China. En el año 2017 ocurrieron los huracanes Harvey, Irma y María, además de inundaciones en Perú y Sri Lanka, fuertes tormentas en Australia y China, tormentas de granizo en Alemania y olas de frío en Francia. 

El año 2020 tampoco se quedó corto en catástrofes climáticas, ya que ocurrieron inundaciones en China, Japón e India y fuertes tormentas en Nicaragua, Japón, India y Alemania. Por supuesto, estos datos no son totalmente precisos, ya que la industria del seguro está más desarrollada en economías de las llamadas avanzadas. Por ejemplo, en los años revisados por Swiss Re se recogen muy pocos datos del continente africano, lo que significa que los desastres climáticos son, de hecho, mucho más frecuentes. “Sin embargo, estos cat bonds deberían ser regulados para asegurar que la aseguración se mantiene continua y asequible para la gente”, comenta el investigador francés. 

El rol del Estado

Los mecanismos para cuidar la naturaleza están cada vez más privatizados, son cada vez más flexibles, voluntarios y, además, generan beneficios para las corporaciones. ¿Es esta la senda adecuada? Para Frédéric Hache, la respuesta es sencilla: “Lo que está claro es que hay ambición o no la hay [por parte de los Estados], da igual la herramienta que se use, pero pensar que estos instrumentos abordan el cambio climático es tremendamente naíf”, añade.

Para el cofundador de Green Finance Observatory, “no se necesita un indicador de precio para tomar decisiones políticas” y recuerda el ejemplo del ganador del premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, el Nobel de Economía en 2018, William Nordhaus, el cual estimó que el punto óptimo de calentamiento global para que los costes y beneficios de la mitigación del cambio climático se optimicen es de 4ºC, asunción totalmente contraria al Acuerdo de París, que establece el máximo soportable en 1,5ºC. “Menudo payaso”, sonríe entre dientes el investigador. Lo que está claro es que poco podemos esperar después de los pobres compromisos adquiridos en la última conferencia del clima, la COP26. “Si ponemos el precio por delante significa que hacerse cargo del cambio climático tiene que ser rentable, y eso tiene graves consecuencias en la calidad de nuestras democracias”, sentencia Hache.

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El boicot a los Juegos de Pekín y la geopolítica olímpica

Hace tiempo que los Juegos Olímpicos son una expresión política y también un gran negocio. El COI trata de proteger su producto por encima, muchas veces, de los intereses de los deportistas, mientras que las principales potencias mundiales convierten el evento en una más de las piezas de su tablero de juego.

 

Hoy, 4 de febrero, en medio de la indiferencia de la población española, darán comienzo unos nuevos Juegos Olímpicos. Sí, los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Y no es ningún error. Beijing, o Pekín si lo prefieren, volverá a ser sede de unos Juegos, los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno. Tras muchas dudas por la fortaleza de la variante ómicron, la antorcha finalmente se encenderá, aunque las pruebas se disputarán sin la presencia de público y bajo estrictas medidas de seguridad.

Por el camino se han quedado los mejores jugadores estadounidenses de hockey sobre hielo, a los que la NHL —la liga profesional de este deporte en EE UU y Canadá— no permitió participar por el riesgo de contagio y cuya selección formara con deportistas universitarios, como en los tiempos en que el Comité Olímpico Internacional (COI) hacía equilibrios extraños entre el amateurismo que pregonaba y la realidad del deporte profesional.

La delegación española contará con 14 deportistas, entre los que Lucas Eguibar y Queralt Castellet parten como las mayores opciones de medalla. Y en medio de toda esta incertidumbre provocada por el covid, el pasado diciembre la Casa Blanca anunció el boicot de la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022. Pero no un boicot como el que se dio en Moscú 80 o la respuesta del bloque comunista en Los Ángeles 84. Esa fórmula, que dejaba a los deportistas en casa, sin llegar a hacer demasiado daño al país organizador, hace tiempo que demostró no ser eficaz a nivel político.

El gobierno de Estados Unidos anunció un boicot diplomático en protesta por “el genocidio y crímenes de lesa humanidad que se están produciendo en la provincia de Xinjiang y otros abusos contra los derechos humanos”. Esta decisión se traduce en que la administración Biden no enviará ninguna representación oficial o diplomática a Pekín. “No vamos a contribuir a la fanfarria de los Juegos… Levantarse a favor de los derechos humanos está en el ADN de los americanos. Tenemos un compromiso fundamental en promocionar los derechos humanos. Seguiremos tomando acciones para promover los derechos humanos en China y más allá”, declaró la secretaria de prensa del gobierno, Jen Psaki.

El anuncio puede parecer insignificante, pero la realidad es que Pekín tardó unas pocas horas en responder y lo hizo con contundencia. Zhao Lijiang, portavoz del ministerio de exteriores chino, declaró que “los Juegos Olímpicos no son un espacio para la política y la manipulación. El boicot es una violación grave del espíritu de la carta olímpica y una descarada provocación. Estados Unidos pagará el precio de su decisión”.

Mientras planeaba en el aire la posibilidad de que China respondiera con un boicot similar a los Juegos de verano de 2028, que se disputarán en la ciudad de Los Ángeles, los gobiernos de Australia, Reino Unido y Canadá decidieron sumarse al boicot estadounidense. “Lo hago por el interés de Australia”, declaró su primer ministro, Scott Morrison. No queda claro si el interés de Australia es apoyar el boicot o la denuncia del genocidio en la provincia de Xinjiang del que se acusa a las autoridades chinas. Un viejo conflicto entre la población Uigur, de mayoría musulmana, y el Gobierno de Pekín, en la provincia que oficialmente se denomina Región Autónoma Uigur de Xinjiang. La población local viene denunciando desde hace décadas las medidas del gobierno chino para atraer población de etnia Han a su territorio y que están cerca de hacer de los Uigures una minoría en su propia región. Los enfrentamientos han sido frecuentes desde los años 50 y en los meses previos a los Juegos de Pekín de 2008 ya se produjeron atentados con numerosas víctimas. En los últimos años ha aumentado la presión del gobierno chino en la zona, al tiempo que se han extendido las acusaciones de abusos sobre la población uigur. Acusaciones que incluyen el encierro en campos de reeducación, torturas, destrucción de mezquitas… Esta es la situación que denuncia el gobierno de Estados Unidos como determinante para declarar el boicot diplomático.

Con motivo de los Juegos de verano de 2008 se puso el foco en la situación del Tíbet, aunque no se llegó a concretar ningún boicot. Durante los Juegos de Invierno de Sochi, en 2014, Obama decidió no acudir por la persecución, por parte del gobierno ruso, hacia los homosexuales. Este año se ha optado por declarar un boicot, al tiempo que, desde los sectores más conservadores del partido republicano, se pedía elevar la medida al ámbito deportivo y no enviar a ningún atleta estadounidense. Decisiones que encajan dentro del maniqueísmo de la política exterior de su gobierno, que presenta a Estados Unidos como un garante de la libertad y la democracia y a sus principales rivales como una amenaza para los derechos humanos.

Siguiendo esta línea, el veterano periodista de la NBC Bob Costas, presentador de la cadena en nueve Juegos Olímpicos, declaraba recientemente que “el COI merece todo el desprecio y repulsión que reciba por haber vuelto a China. Estuvieron en Pekín en 2008, en Sochi en 2014 y lo vuelven a hacer ahora sin ninguna vergüenza”. En mitad de esta tensión, el COI trata de hacer equilibrios manteniendo el principio, un tanto inocente, de que los Juegos no son un acto político, a pesar de que hace más de cien años ya tomaron la decisión de que los deportistas compitieran representando a sus Estados, desfilaran detrás de su bandera y escucharan el himno nacional al recibir la medalla de oro. Tampoco tienen problema en destacar las oportunidades que se presentan para una ciudad o un país a la hora de ser elegida como sede de unos Juegos. Cuando Pekín fue seleccionada como organizadora de los Juegos de 2008, el COI aseguró que se trataba de una oportunidad para que el país mejorara en el cuidado de los derechos humanos. El propio gobierno chino prometió que tomaría medidas que, a la hora de la verdad, nunca llegaron a concretarse. Algo que no fue impedimento para que, en 2015, la ciudad volviera a ser elegida, esta vez, como sede de los Juegos de invierno. Por precaución, en esta ocasión los líderes del movimiento olímpico prefirieron no asumir ningún compromiso alrededor de los derechos humanos.

Las contradicciones en las decisiones del COI aumentan si tenemos en cuenta que, desde los Juegos de Río en 2016, incluyen un equipo de refugiados para que, aquellos deportistas que sean reconocidos como tales por ACNUR, puedan participar bajo bandera olímpica. Un gesto que muestra un posicionamiento claro, pero que queda en evidencia cuando, al mismo tiempo, no dudan en conceder la organización de los Juegos Olímpicos de 2022 a una sede que en la última década ha multiplicado por siete el número de refugiados huidos de su país. Más recientemente, tras las declaraciones de la tenista Peng Shuai acerca de unos abusos por parte de un miembro del gobierno chino y la falta de información acerca de su paradero en los días siguientes, el presidente del COI, Thomas Bach, mantuvo una videollamada de 30 minutos con la tenista, tras la que aseguró que se encontraba en perfectas condiciones y que ningún deportista olímpico corría peligro por su participación en los Juegos. Esta declaración despertó las críticas de quienes veían en la actitud de Bach un gesto que buscaba asegurar la organización de los próximos Juegos, más que un sincero interés por el bienestar de la tenista, a lo que el COI respondió anunciando que su presidente aprovecharía su estancia en Pekín para reunirse con Peng Shuai.

Y en el último escalón de toda esta polémica alrededor del boicot y de las acusaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China, aparecen los verdaderos protagonistas de los Juegos Olímpicos. El COI pregona con orgullo su lema “Poniendo a los atletas en primer lugar”, sin embargo, nadie les consulta a la hora de elegir la sede de unos Juegos, a pesar de que ellos también sufren las consecuencias de los boicots políticos. En los años 80, deportistas como Edwin Moses, Serguei Bubka, Arvidas Sabonis o Javier Sotomayor se vieron privados de la posibilidad de disputar unos Juegos Olímpicos por las decisiones de sus respectivos gobiernos. Ahora los deportistas podrán competir, pero igualmente se verán envueltos en la polémica y deberán responder las preguntas acerca de la idoneidad de la ciudad que los acoge. Al final, igual que ocurre con el Mundial de fútbol, los Juegos Olímpicos hace tiempo que son una expresión política y también un gran negocio. El COI trata de proteger su producto por encima, muchas veces, de los intereses de los deportistas, mientras que las principales potencias mundiales convierten el evento en una más de las piezas de su tablero de juego.

4 feb 2022

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 "Alto al crimen climático", clama un manifestante en las inmediaciones de la sede de la COP26, encuentro que concluye este fin de semana.Foto Afp

Esas empresas cuentan con la delegación más numerosa

 

Las negociaciones para las conclusiones finales de la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático de Glasgow (COP26) están bloqueadas y la mayoría de las organizaciones ecologistas e indígenas señalan a un principal responsable: la industria de los combustibles fósiles, que paradójicamente cuenta con la delegación más numerosa de todas, hasta 503 representantes. De nuevo los escollos están en el calendario de la reducción o anulación de este tipo de combustibles altamente contaminantes en las economías del planeta y, también, en la forma en que se financiará la transición energética de los países en desarrollo. Todos auguran un fin de semana de intensas negociaciones.

La COP26 finalizó, oficialmente, ayer a las seis de la tarde (hora británica) y no había ni de lejos un acuerdo para las conclusiones finales, por lo que la reunión continuará hoy. Mientras, los negociadores, que son en su mayoría representantes de los gobiernos y de la iniciativa privada vinculada a la "economía verde", se reunían a puerta cerrada. En las calles, afuera de la sede de la cumbre, se registraban expresiones de malestar, de hartazgo ante lo que la activista sueca Greta Thunberg calificó como "bla, bla, bla..."

Dos imágenes resumen muy bien esta sensación de la sociedad civil presente en Glasgow: una, la de un grupo de activistas de la organización Extinction Rebellion, que se bañaron en pintura roja en el interior de la COP26 para "dar una representación visual de toda la gente que ha muerto por la crisis climática, pero sobre todo de la gente que va a morir en el futuro por la inacción y la pasividad de los responsables de la COP26".

La otra imagen es el lamento y la decepción de la joven que dio el discurso más emotivo en la sesión inaugural, Anita Soina, de Kenia, quien intentó apelar al "corazón" de los poderosos para evitar el desastre. Después de dos semanas en Glasgow, vuelve a su patria con una constatación: "Regreso a mi país donde millones de personas están sufriendo los efectos negativos del cambio climático. Y les diré que fui a la COP26 y pedí a los poderosos que abrieran su corazón, pero ninguno de ellos sintió su dolor".

El presidente de la COP26, el británico Alok Sharma, apeló a los representantes de las 197 delegaciones a que "estén a la altura de la ocasión" para cerrar un acuerdo "ambicioso" y que recoja las reivindicaciones centrales para alcanzar el gran objetivo sobre el que se congregó la cumbre: evitar que el calentamiento del planeta supere 1.5 grados a final de siglo. Y en luchar por la superación gradual de la industria del carbón y los combustibles fósiles en las economías del mundo, sobre todo en las regiones y países más contaminantes, que son a su vez algunas de las más ricas: China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, India, Australia, Arabia Saudita y Brasil.

Pero las negociaciones están en un punto muerto, sobre todo por la enorme influencia de los representantes de la industria de los combustibles fósiles, que tienen a su vez la delegación más numerosa de todas, de 503 personas, superior incluso a la de Brasil, que es la mayor por países, con 479 miembros. Estos delegados presionan a favor de los intereses de las industrias del petróleo y el gas, y ahora, según señalan otras delegaciones y representantes de la sociedad civil, son los principales responsables de que no haya acuerdo, ya que intentan prolongar lo más posible la vida de la industria que representan.

Se encienden las alarmas

El último borrador del texto final de la COP26 se filtró por la mañana y fue precisamente lo que encendió las alarmas de la sociedad civil, ya que se incluían acuerdos "insuficientes" sobre combustibles fósiles. Catherine Abreu, directora ejecutiva de Destination Zero, explicó: "intentar detener el cambio climático sin mencionar la eliminación gradual de todos los combustibles fósiles es como intentar detener la pandemia sin mencionar el virus Covid-19. Por eso no entendemos esta situación, creada sobre todo por los delegados de la industria contaminante".

La activista Kumi Naidoo, presente en Glasgow, también explicó que "no es sorprendente que estemos viendo una conversación en quiebra en la COP26, dado que la industria de combustibles fósiles es la delegación más grande. Es como organizar una conferencia de Alcohólicos Anónimos e invitar a la industria del alcohol a ser el mayor contribuyente. Llamémoslo como es. Los subsidios a los combustibles fósiles son impuestos. Impuestos que estamos invirtiendo en nuestros hijos y la muerte de sus hijos. No podemos seguir jugando al póquer político con nuestro futuro".

Jean Su, director del Programa de Justicia Energética del Centro para la Diversidad Biológica, señaló por su parte que, "sorprendentemente, (en) la COP26 es la primera vez que se mencionan los combustibles fósiles en el texto de un acuerdo de negociaciones climáticas globales. Eso muestra que la marea se está volviendo contra las compañías de petróleo, gas y carbón que, a sabiendas, causaron la crisis climática y bloquearon las soluciones. Pero nuestros líderes, especialmente el presidente Joe Biden, deben actuar más rápido para remplazar el petróleo, el gas y el carbón con energía renovable. No hay forma de evitar una catástrofe climática, sin limitar su causa raíz, que son los combustibles fósiles".

Carroll Muffett, presidente y director ejecutivo del Center for International Environmental Law, explicó: "una decisión apresurada sobre el artículo 6 plagada de reglas débiles, traspaso, doble conteo y ninguna protección para los derechos humanos, socavará la ambición, hará un agujero del tamaño de Exxon Valdez en cualquier progreso hacia una eliminación gradual de combustibles fósiles y dañará a las personas. Y el último borrador propuesto abre la puerta a una caja de Pandora de soluciones falsas como la captura de carbono, que bloqueará nueva infraestructura fósil, acelerará la emergencia climática y pondrá los derechos humanos y las vidas humanas en mayor riesgo en todas partes".

Alex Rafalowicz, director de la plataforma Tratado de Combustibles Fósiles, añadió: “el lenguaje en el borrador del texto sobre combustibles fósiles se ha debilitado severamente. Ahora la reducción del carbón es sólo para fuentes ‘incesantes’ y la eliminación de subsidios para combustibles fósiles se restringe a ‘fuentes ineficientes’. Estos calificativos socavan completamente la intención”.

Mientras, Cansin Leylim, directora asociada de 350.org, explicó: "el borrador del acuerdo no nos encamina a mantener las temperaturas por debajo de 1.5 grados centígrados y no apoya a los menos responsables y más vulnerables a la crisis climática. A menos que estas conversaciones terminen comprometiéndose firmemente a eliminar de manera gradual todos los combustibles fósiles, poner fin al financiamiento de los fósiles y aprovechar la financiación climática necesaria para apoyar una transición global justa, esas líneas rojas se cruzarán. Esto significa que la COP debe comprometerse con reducciones de emisiones reales y mensurables, no vagas emisiones netas cero en 2050 o más adelante".

Joseph Siklu, líder indígena de Guerreros del Clima del Pacífico, remató con un mensaje: "los que luchan por dentro y los que luchan por fuera son parte de un mismo movimiento: siempre hemos estado en la COP con un pie adentro y otro afuera. Este podría haber sido un acuerdo mucho peor y los intensos esfuerzos de los movimientos indígenas, feministas, sindicales y de justicia climática han impedido que los grandes contaminadores manipulen por completo la agenda de la COP. Pero aún queda un largo camino por recorrer, el trabajo apenas comienza"

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La amenaza científica de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

KUALA LUMPUR – Las oportunas intervenciones de la sociedad civil, incluidos los científicos preocupados, han evitado muchos posibles abusos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, el 23 de este mes. El secretario general de la ONU debe evitar ahora que el organismo mundial secunde la agenda corporativa de los líderes políticos.

La amenaza de la Cumbre

La narrativa sobre los desafíos alimentarios ha cambiado en los últimos años. En lugar del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y la malnutrición, la agricultura sostenible y etcétera, se están promoviendo soluciones sistémicas que suenan neutrales. Estas fomentarán la influencia, los intereses y los beneficios de las empresas transnacionales.

La convocatoria de la Cumbre, que finalmente sesionará mayormente en forma virtual, provino supuestamente de la oficina del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres. La consulta previa con los responsables de las agencias alimentarias de la ONU, con sede en Roma, fue escasa o nula.

Sin embargo, este aparente descuido fue rápidamente abordado por Guterres y dio lugar a la reunión preparatoria de la Cumbre, realizada en Roma entre el 26 y el 28 de julio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue creada por el sistema multilateral dirigido por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los problemas alimentarios. Posteriormente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) también se establecieron en Roma bajo los auspicios de la ONU.

El unilateralismo soberanista impuesto en Estados Unidos por el presidente Donald Trump (2017-enero 2021) aceleró las tendencias anteriores que socavaban el multilateralismo liderado por la ONU, especialmente tras la invasión de Iraq dirigida por Washington.

La proliferación de iniciativas supuestamente multisectoriales, financiadas normalmente por empresas agrícolas transnacionales y fundaciones filantrópicas, también ha marginado el multilateralismo dirigido por la ONU y las agencias alimentarias de Roma.

Hasta ahora, el proceso de la Cumbre se ha resistido a las acciones multilaterales de seguimiento dirigidas por la ONU. Sin duda, la marginación del sistema de las Naciones Unidas ha sido sutil y tampoco ha sido un obstáculo.

Además del trío de Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU y su Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) han sido otras víctimas de esa marginación.

El CSA ha evolucionado en los últimos años para implicar a un amplio abanico de actores del sistema alimentario, incluidos los intereses empresariales privados y la sociedad civil. Esta última incluye a los movimientos sociales de los agricultores, otros productores de alimentos y partes interesadas de la sociedad civil que en gran medida han sido dejadas de lado por los procesos de la Cumbre.

A través de la Cumbre, el Foro Económico Mundial (FEM) y otras iniciativas similares se han presentado como de la ONU. De hecho, estas han involucrado mínimamente a los líderes del sistema de la ONU, y menos aún a los Estados miembros. Muchos se refieren a la Cumbre sin el prefijo de la ONU para rechazar su legitimidad, ya que cada vez más personas la llaman cínicamente el FEM-FSS (sigla en inglés de Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios).

Toma de posesión del nexo ciencia-política

La propuesta de un nuevo nexo entre ciencia y política, ya sea “ampliando el mandato del Grupo Científico de la Cumbre o estableciendo un nuevo panel permanente o un mecanismo de coordinación a su molde”, es especialmente preocupante.

El Grupo Científico de la Cumbre está compuesto en su mayoría por científicos y economistas elegidos por los principales impulsores de la Cumbre, integrantes del FEM. Además de marginar a muchas otras partes interesadas en el sistema alimentario, sus prejuicios son contrarios a los valores de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sus evaluaciones apenas tienen en cuenta las consecuencias de las innovaciones para los más vulnerables. Al dar prioridad a las innovaciones técnicas sobre las sociales, no han sido transparentes, y mucho menos han rendido cuentas públicamente.

Su enfoque pretenciosamente científico es condescendiente y, por lo tanto, es poco probable que aborde eficazmente los complejos retos del sistema alimentario contemporáneo que implican a múltiples partes interesadas.

Extender el mandato de su Grupo Científico más allá de la Cumbre, o hacerlo permanente, traicionaría el compromiso de que la SFS apoyaría y fortalecería, no socavaría, al CSA. El CSA debe ser el lugar donde se discutan y evalúen en última instancia los resultados de la Cumbre, utilizando sus mecanismos de participación inclusiva.

Un nuevo organismo de este tipo socavaría directamente la función establecida del Ganesan y su cometido de proporcionar orientación científica a los Estados miembros a través del CSA. En julio, cientos de científicos advirtieron que un nuevo panel científico socavaría tanto la gobernanza del sistema alimentario como al propio CSA.

Salvar el multilateralismo liderado por la ONU

Al igual que los preparativos de la Cumbre han desplazado al CSA, la propuesta de interfaz científico-normativa marginaría al HLPE – la sigla en inglés por la que también se conoce al Ganesan-, socavando la reforma del sistema de la ONU que más éxito ha tenido hasta la fecha en el avance significativo y productivo del multilateralismo inclusivo.

Tras la crisis de los precios de los alimentos en el bienio 2007-2008, el CSA se reformó en 2009 para proporcionar una plataforma inclusiva que garantizara la legitimidad de un amplio abanico de grupos de interés y mejorara la coherencia de diversas políticas relacionadas con la alimentación.

Al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo de Alto Nivel consulta amplia y abiertamente a las partes interesadas sobre sus evaluaciones de investigación y sus prioridades de trabajo.

Sus informes se someten a extensas revisiones por pares para garantizar que responden a las necesidades de los constituyentes del CSA, siguen siendo relevantes para las políticas y abordan diversas perspectivas.

Este mismo mes, varios líderes cruciales de la sociedad civil, que trabajan estrechamente con el sistema de la ONU, advirtieron que los resultados de la Cumbre podrían erosionar aún más el apoyo público y la legitimidad de la ONU, así como la capacidad de las agencias de Roma para guiar la necesaria reforma del sistema alimentario.

En el llamamiento también participaron el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, a su predecesor Olivier De Schutter, actual relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, al presidente del CSA, Thanawat Tiensin, y al presidente del Ganesan, Martin Cole.

Sus preocupaciones reiteran las de cientos de científicos, expertos en gobernanza global, grupos de la sociedad civil y el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), entre otros.

La principal preocupación es “la amenaza que supone para el papel de la ciencia y el conocimiento en la toma de decisiones del sistema alimentario”, plantean.

Conscientes de la controversia que rodea a la Cumbre desde el principio, los cuatro instan a Guterres a que una vez que se realice, “será imperativo restablecer la fe en el sistema de la ONU… Por lo tanto, sería inestimable un compromiso claro de apoyar y reforzar el HLPE y el CSA”.

Subrayan también que hay mucho que hacer para garantizar que el Ganesan del CSA esté equipado para seguir desempeñando su papel crucial en la interfaz de la ciencia y la política del sistema alimentario.

Tras estos reveses previos a la Cumbre, el secretario general de la ONU debe defender el progreso que el CSA y el HLPE representan para un multilateralismo significativo dirigido por la ONU y que valorice el compromiso con la sociedad civil.

22/09/2021

Por Jomo Kwame Sundaram, profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

T: MF / ED: EG

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En el Congreso Mundial de la Naturaleza se mezclan debates sobre ecología con negocios

La trastienda de la cumbre en Marsella

La Unión Mundial por la Naturaleza, organizadora del evento, ya cerró acuerdos con Huawei, la OMT y el gobierno alemán. Grandes compañías como BMW, Volvo, Google y Samsung reciclan sus discursos ante acusaciones de contaminar. 

 

Para entrar al Congreso Mundial de la Naturaleza que se desarrolla en Marsella entre el 2 y el 11 de septiembre y que organiza la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN) en el Centro de exposiciones Chanot, hay que atravesar dos controles de seguridad y sanitarios. Se puede entrar gratis hasta los más de 500 stands de gobiernos, empresas y ONG 's. El objetivo de cada stand es “generar conciencia”. En un rincón de uno de los nueve pabellones, una soprano coreana emula el canto de las ballenas que aparecen en una pantalla detrás de ella. En otro rincón la gente descansa en unas reposeras organizadas en círculo alrededor de parlantes que reproducen el sonido de pájaros del Amazonas. Para tener acceso a las conferencias -de las que en total al finalizar el congreso habrán participado más de 1400 panelistas- hay que pagar una acreditación que sale 1500 euros. Quienes lo hacen en su mayoría no llegan aquí para aprender a reciclar sino para cerrar tratos y dar debates alrededor de la conservación.

Los debates

Los temas a discutir están organizados en siete categorías: paisaje, agua dulce, derecho y gobernanza, sistemas económicos y financieros, innovación, océanos y cambio climático. Hay mesas redondas, plenarios, debates, monólogos, conferencias y algunas cumbres: de la juventud, de jueces, de jefes de empresa y de indígenas.

En la “Cumbre de la juventud'', Brighton Kaoma, director de juventud de ONU Sustentable, le habló a “los viejos”: “estamos cansados de sus palabras, todo lo que necesitamos es que entren en acción. Si ustedes no pueden actuar dejen a los jóvenes que lo hagan”.

La “Cumbre de Jefes de Empresa” nuclea a líderes industriales para “explorar los pasos que pueden dar para acelerar la transformación hacia una sociedad sostenible”. Allí una representante del Banco Mundial dijo por qué le parecía importante: “más de la mitad del PIB mundial está generado por industrias que dependen en gran parte o de forma moderada en los servicios de los ecosistemas, tales como la polinización, el filtrado de aguas y las materias primas”. WWF aprovechó para recordar que “el costo real de producir plástico y soportar su contaminación” es superior al PIB de la India.

A las 9.25 de la mañana del martes en Francia, las 4.25 en Argentina, en un encuentro titulado “Jueces y el medio ambiente” expuso por videollamada el juez de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti. Frente a pares de México, Barbados, Costa Rica, Pakistán y la Unión Europea, no se mostró nada conservador: “Debemos cambiar lentamente nuestra concepción de derechos basados puramente en la propiedad y en lo individual y abrir un paradigma legal diferente, un enfoque ecocéntrico y sistémico".

El financiamiento

Un representante de la COMIFAC (la Comisión de Bosques de África Central) se acerca a este cronista para dejar un folleto. Está promocionando el stand de la Cuenca del Congo que tiene un slogan: “Un capital de biodiversidad excepcional”. Justo en esa región es donde se denuncia que la ONG conservacionista WWF quiere expulsar a los indígenas baka para crear el parque nacional Messok Dja. Paul Kanyinke Sena, un camerunés que dirige el Comité de Pueblos Indígenas de África y que articula con la UICN dialogó con PáginaI12 en una conferencia de prensa tras la cumbre de pueblos indígenas y desafió: “esas denuncias las estamos investigando pero las organizaciones de derechos humanos que las hicieron necesitan que haya problemas, si no hay violaciones a los derechos humanos no tienen cómo financiarse”.

El líder indígena guatemalteco Ramiro Batzin, de la Asociación SOTZ´IL, tomó la palabra tras Kanynke: “yo sé que los conservacionistas, como con este proyecto del 30% de la tierra como área protegida para el 2030, tienen buenas intenciones, pero tienen que respetar el consentimiento previo libre e informado de los indígenas”. Los conservacionistas se defendieron en primera persona: “Nuestras metas globales de proteger la Tierra y conservar la biodiversidad no pueden lograrse sin el liderazgo, el apoyo y la colaboración de los Pueblos Indígenas”, dijo Bruno Oberle, Director General de la UICN.

Como se contó en este diario el sábado, el proyecto “30 x30”, que impulsa la ONU y consiste en tener dentro de 10 años a la tercera parte del planeta como área protegida, es el eje de este congreso y fue el disparador de una contra cumbre la semana pasada. Para Lara Domínguez del Minority Rights Group es un proyecto político pero no científico: “no hay estudios serios de impacto económico y social y 300 millones de personas podrían ser desplazadas”.

Los tratos

Algunas grandes empresas aprovecharon este encuentro global para reciclar su discurso sobre acusaciones que pesan sobre ellas. BMW, Volvo, Google y Samsung se comprometieron a "no utilizar minerales extraídos de aguas profundas o financiar la explotación minera en aguas profundas hasta que se haga un nuevo estudio de impacto”. La UICN, por su parte, ha cerrado varios tratos en lo que va de su Congreso. Hizo un acuerdo con la tecnológica china Huawei para “mejorar la conectividad digital en 300 áreas protegidas”, un covenio con la Organización Mundial del Trabajo para fomentar la creación de “empleo verde” y otro con el gobierno alemán, que invertirá 17 millones de euros en fomentar el ecoturismo en áreas protegidas.

El antecedente

En enero de 1994 este mismo Congreso Mundial por la Naturaleza se realizó en Argentina. Fue en el Sheraton del barrio de Retiro y lo inauguraron Menem y la entonces Secretaria de Ambiente María Julia Alsogaray. Así lo recuerda Raúl Montenegro, el ecologista cordobés laureado con el Premio Right Livelihood (conocido como el premio Nobel alternativo): “entre quienes fueron mencionados por su aporte económico, o asimilable, a ese Congreso figuraron Cemento Avellaneda, Loma Negra y Celulosa Argentina, no precisamente paladines de la conservación ambiental”.

Para Montenegro, que dirige la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) en la provincia de Córdoba, la UICN “no cuestiona los estilos de vida ni las peores fuentes de disturbio ambiental y social” (como la desigualdad o las guerras) y “ofrece un modelo sesgado e ineficaz donde coexisten la conservación que excluye a las personas y registros muy serios del creciente deterioro de la biodiversidad clasificada”.

En un comunicado divulgado este martes la UICN informó que “ha estudiado 138.374 especies, de las cuales 38.543 se clasifican bajo amenaza”. Por ejemplo: el 37% de las especies de tiburones y rayas en el mundo están en peligro.

Para Raúl Montenegro “el concepto de biodiversidad nativa manejado por la UICN y la mayoría de los gobiernos es fragmentario e inexplicablemente incompleto. En Argentina por ejemplo no tenemos mapas de biodiversidad. Solo mapas de algunos grupos dominantes y visibles de la biodiversidad, por ejemplo árboles y vertebrados”. Además recuerda que hay una biodiversidad “no clasificada”: “son entre 10 y 100 millones de especies, solo a nivel de virus se han clasificado algo más de 6.000 especies y se estima que existen unas 900.000 a 1.000.000 de especies de virus sin clasificar”.

Para el director de la FUNAM esta no es una cumbre por la naturaleza, sino un encuentro de miembros gubernamentales y no gubernamentales. Ya desde la época en la que este Congreso se hizo en Argentina Montenegro insistía en algo que aún no se hizo: “la necesidad de una Convención de Naciones Unidas sobre estilos de vida y conducta humana”.

10 de septiembre de 2021

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Vacuna covid-19: ¿protección, negocio o violación de derechos?

La regulación legal, base para la vacunación en Colombia, es la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, en la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones. Es importante resaltar que en ningún momento se regula en esta Ley sobre la obligatoriedad de participación en el proceso de vacunación; lo que especialmente aclará la misma es el principio de gratuidad, particularidad que se menciona expresamente en el artículo nueve; otro principio fundamental que deja en claro es la Universalidad.

La Ley 2064, es una previsión del proceso de vacunación que en efecto se desarrolla desde la tercera semana de febrero de 2021, y la que no previó un desafío posterior, presentado justo en el momento que se desarrolla la vacunación por etapas, y sí contemplado en múltiples decretos que desarrollan la norma: la apatía, o el temor o el rechazo directo que puede tener un sector de la población y que los lleva a la decisión de no aceptar el biológico.

Un desafió que no es menor. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 44,2 por ciento de los colombianos dijo no estar interesado en aplicarse la vacuna, situación que genera tensión frente a los espacios de la convivencia común e incluso en el ámbito laboral. Algo que para algunos eran impensable sucediera en esa magnitud. El quid del asunto es que poco a poco se llega a una obligatoriedad encubierta que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, salvo insistir en la necesidad de lograr inmunidades de rebaño a partir de coberturas masivas en la población.


¿Vacunación obligatoria o no? Derechos involucrados

Para establecer una hipotética obligatoriedad de la vacunación, es necesario establecer de manera somera los derechos que se encuentran involucrados en tensión, para decidir si se obliga o no, y nos vamos a referir a derechos fundamentales desde la Constitución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El derecho a la vida (art. 11), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), libertad de conciencia (art. 18), el derecho al trabajo (art. 25), esto en relación con algunos derechos fundamentales involucrados conforme el capítulo I, del título II de nuestra Constitución, y también entra en tensión uno muy importante del capítulo II, de los Derechos Sociales, económicos y culturales: Derecho a la Salud (art. 49).


La valoración de los citados derechos involucrados, nos puede llevar al mismo tiempo a decisiones contradictorias, porque sobre la base de estos mismos derechos podría negarse o imponerse la obligatoriedad. De antemano obsérvese que la balanza la puede inclinar básicamente el derecho a la salud, frente a los fundamentales de la vida, la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, etcétera.

En este proceso hay que tener en cuenta que la vacunación requiere la introducción de una sustancia ajena al cuerpo, por lo que en principio necesita la voluntad de la persona que acepta o da su consentimiento para recibir el biológico. Desde este primer punto de vista, la vacunación nunca podría ser obligatoria ya que requiere una expresión voluntaria y libre de la personalidad del sujeto. En sentido contrario, al entenderse la vacunación como parte de un tratamiento que incluso puede considerarse preventivo, en libre expresión de su personalidad el sujeto también puede negarse a ser innoculado, blandiendo objeción de conciencia frente. Pero acá aparece otro importante derecho como obstáculo a este tipo de determinación: la salud pública, que como derecho colectivo podría imponerse sobre todo cuando es un sector amplio de la población el que se vería en riesgo frente a la actitud o el derecho de un solo individuo o en todo caso de un grupo minoritario. Consideramos entonces que esta podría ser la única excepción fuerte a la no obligatoriedad.

 

 

Que la OMS y todos los Estados hayan declarado que estamos en medio de una pandemia denominada covid-19 y que todos los Estados estén tomando medidas para contenerla, entre ellos la vacunación, y que ello obedezca a un riesgo ostensible para la salud de la mayoría deja en evidente ventaja el derecho a la salud frente a los derechos individuales en cuestión, ante una hipotética obligatoriedad de la vacuna que ya están aplicando o proyectando entre las medidas que toman los diferentes Estados.

En los derechos involucrados mencionamos expresamente el derecho al trabajo, porque este vive una tensión particular frente a los efectos de la pandemia, porque es en la población trabajadora que la tensión entre la obligatoriedad de la vacuna ha tomado un tono más fuerte, pues la consigna parece ser que la necesidad de trabajar cede frente a la voluntad de querer o no aceptar la vacunación; de hecho, es común que la empresa pública o privada envíe permanentemente links en plataformas digitales para que los empleados reporten en que momento se encuentra su proceso de vacunación.

Expertos en el área de derecho laboral se oponen abiertamente a que pueda amenazarse o derivarse algún tipo de sanción para los trabajadores que no accedan a la vacunación de forma “voluntaria” ya que atentarían contra la estabilidad laboral, y ni siquiera aceptan la imposición de otras modalidades como pasarlos a teletrabajo o a áreas que impliquen menor exposición a contagios, lo cual podría ser considerado un “castigo”. Sin embargo, en la práctica triunfa otra premisa y es que si el Gobierno o la empresa determinan que la vacunación es obligatoria, el empleado prácticamente no puede abstraerse de la obligación pues el Estado o la empresa privada resaltarán que deben garantizar un servicio no para el privilegio de uno sino de toda una comunidad. Por lo mencionado hasta este punto, todo indica que la tensión está a favor de los derechos colectivos y no de los individuales, y en tal punto podría prevalecer la obligatoriedad.


Vacunación y medias sanitarias: otro paso a la obligatoriedad


A medida que avanza la pandemia, y sobre todo la estrategia de vacunación mundial, con consecuentes desafíos y diferencias abismales entre Estados y poblaciones del primer y el tercer mundo, no hay duda que los países que imprimen la marcha en el orden mundial también van imponiendo poco a poco sus políticas públicas de obligatoriedad “velada” de la vacunación, como es el caso de la Unión Europea que a partir del 1 de julio de 2021 oficializó el Certificado covid digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo), lo que han dado en llamar implementación de los pasaportes sanitarios, que incluso ofrecen un reparo desde la cantidad de información personal que recaban de los ciudadanos pero que ellos aseguran “no realizaran tráficos indebidos con los datos personales” ya que solo es con fines de autenticación de la información sobre el estado de vacunación o cantidad de dosis aplicadas.

Sin embargo, con asombro puede observarse como en la aplicación de políticas dominantes, también desde el punto de vista sanitario, este bloque de países se da el gusto de aceptar o rechazar, para efectos de permitir la circulación en el territorio Schengen, entre las vacunas homologadas; según lo cual las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), son: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson.


Tras establecer el pasaporte que en principio no es obligatorio, pero que es un requisito a cumplir esté o no vacunado el ciudadano, muchos de los países europeos lo están considerando prácticamente obligatorio para poder realizar muchas actividades de ocio y turismo, en teoría con una finalidad absolutamente preventiva ante posibles contagios masivos en las actividades descritas.

Un protocolo que están retomando los demás países del orbe, incluso en nuestra realidad, ya es común exigir el certificado de vacunación covid 19 para poder asistir a espectáculos masivos como el fútbol, conciertos, entre otras actividades. Incluso se exige un esquema de vacunación ya completo, dejando cada vez más en entredicho la no obligatoriedad de la vacuna.

Estrategia que apunta a fomentar la vacunación masiva, con el objetivo de lograr la denominada “inmunidad de rebaño”, todo ello sin tener en cuenta la afrenta que implica frente a la violación de otros derechos fundamentales, como los ya listados supra, poniendo de presente la tensión entre la reactivación económica y la posibilidad que los “desjuiciados”, sobre todo población joven, hagan valer sus derechos y se sometan a los designios de las mayorías.

Estas medidas de política pública, de restricción de ciertos derechos y resumidas en los pasaportes sanitarios, o como se les quiera denominar, ante el privilegio alcanzado por la necesaria reactivación económica, lo que pretenden es evitar los confinamientos, lastre de la producción y el mercadeo. En este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesarias en una sociedad democrática donde la salud pública, como derecho colectivo, está por encima de unos de carácter meramente individual.


Vacunación y Bioética: qué dice la ciencia


Otro punto de vista que necesariamente debe tenerse en cuenta en este debate, es la posición de la ciencia desde la bioética, que aborda asuntos de fondo que muy posiblemente no tienen una respuesta segura en este momento, como: ¿Sí son eficaces las vacunas para prevenir la transmisión? ¿Hay en realidad acceso igualitario a la vacunación en el mundo?

Para ambientar brevemente esta discusión, nos parece oportuno referenciar al experto en Bioética Julian Savulescu, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien en su artículo: “Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?”* considera que sólo cabe proceder a la vacunación obligatoria cuando se dan cuatro condiciones fundamentales:

a. Hay una amenaza grave para la salud pública.
b. La vacuna es segura y efectiva.
c. Las políticas de vacunación obligatoria muestran una ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
d. El nivel de coerción impuesto es proporcionado.

Responder a cada uno de estos puntos que correctamente plantea el experto, podría llevarnos a otra columna sobre la materia, pero a groso modo podemos decir que prácticamente la única premisa que se cumple es la grave amenaza para la salud pública, porque sobre la seguridad y efectividad de las vacunas por ahora no hay estudios científicos unívocos; menos sobre el coste-beneficio de la obligatoriedad, y en cuanto a la coerción de derechos de manera proporcionada, en realidad está por verse.

Recordemos, incluso que, frente a la efectividad, recientemente nos enfrentamos a la “proposición” de una tercera dosis por parte de las farmacéuticas, como es el caso de la estadounidense Pfizer, con la justificación de proteger contra la nueva variante delta del coronavirus y según datos preliminares de un estudio, que como siempre son preliminares y en desarrollo.

Sobre lo anterior obliga decir que existen numerosas variantes del virus: Cepa alfa (Reino Unido), Beta (África), Gamma (Japón) Delta (India) y Delta Plus (varios países), por lo cual otras farmacéuticas propietarias de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, también están “sugiriendo” tercera dosis. En Colombia, y según datos del ministerio de Salud, con la variante Delta el país completó 61 linajes covid.

El problema de las variantes, advierte la OMS, es que las mismas están asociadas a un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología del covid-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles.

Lo anterior indica que ni el virus está resuelto, ni está completamente diagnosticado, pero que alguien está tomando ventaja en el comercio “obligado” de las vacunas, y que lo que podrían ser solo dos dosis para obtener un “pasaporte sanitario” podría convertirse en dosis periódicas y necesarias siempre frente a las nuevas fuentes de riesgo biológico y, por lo tanto, los derechos siempre estarán en permanente tensión frente a la obligatoriedad.

A todo lo expresado, el tema nos obliga volver al origen y preguntarnos sobre todo en estos países del trópico de una fuerte tradición ancestral indígena: ¿Por qué no volvemos a las hierbas y a las raíces de los árboles? ¿Por qué, aunque sin el supuesto sustento científico (como tampoco lo tienen ciertamente las vacunas hasta ahora homologadas) no ayudamos a enfrentar la pandemia con las recetas tradicionales y sus propiedades que también han salvado vidas, y sin obligar a nadie?

Es una opción viable, junto con otro tipo de medicinas, que ha evidenciado efectividad en barrios populares, penales, comunidades indígenas y campesinas en general, incluso aplicada de distinta manera por galenos de amplia trayectoria que actúan en silencio ante el temor de perder su licencia profesional. Todo lo cual evidencia que la solución no puede ser solo la obligatoriedad a la que nos conducen los intereses de las multinacionales farmacéuticas, del empresariado y de los gobernantes para obtener pasaportes sanitarios, que por lo visto y por el nivel de dificultad que ofrece el virus en cuanto a desarrollo y variantes, nunca serán suficientes.

* Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Disponible en: https://jme.bmj.com/content/47/2/78 BMJ Journal of Medical Ethics. Consultado 8(08/2021.

 

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Publicado enEdición Nº283
Miércoles, 14 Julio 2021 05:37

Piratas pandémicos

Piratas pandémicos

Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones.  En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdfY subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.  (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos.  La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

14/07/2021

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza.

Publicado enEconomía
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