La crítica de la Economía Política y los desafíos teóricos y políticos contemporáneos

Lo que sigue son algunas reflexiones para una intervención en la inauguración del Instituto de Economía Política en la Universidad Abierta de Recoleta, en Chile.[2] Como lo indica el título del Coloquio, lo que se pretende discutir es el papel de la Economía Política, más aún, de la crítica de la Economía Política en el proceso de trasformación social, nada menos que en contra la corriente principal de política económica contemporánea: el neoliberalismo.

No es formal agradecer la invitación a nombre de la SEPLA, una articulación intelectual regional que pretende interactuar con el movimiento popular en una dinámica de transformación social. En ese sentido, Chile, con la acumulación de luchas por años, especialmente los levantamientos del 2019 y la deriva política expresada en el cambio de gobierno y en el proceso constitucional en curso, genera expectativas en la región y en el mundo. Por ello, la SEPLA no debe estar al margen de este presente de creación, lleno de contradicciones y de esperanzadoras perspectivas más allá del territorio nacional chileno.

Medio siglo de liberalización

Vale destacar que cuando se habla de neoliberalismo se alude a las políticas económicas hegemónicas que se ensayaron bajo las sangrientas dictaduras del Cono Sur, la primera de ellas, la de Chile en 1973.

En el próximo año 2023 se cumplirá medio siglo de esos acontecimientos, que luego se generalizaron al mundo capitalista desde las restauraciones conservadoras en 1979 y 1980 en Gran Bretaña y en EEUU. Ni hablar de la ampliación de la liberalización gestada luego de la ruptura de la bipolaridad en 1989/91.

Así, el neoliberalismo, desde 1980, define la gran ofensiva del capital contra el trabajo, en réplica a las conquistas sociales derivadas del Estado benefactor (1920/30 en adelante), resultado directo de la amenaza comunista (Revolución rusa de 1917 y de la URSS desde 1922) ante la crisis del 30 del siglo pasado.

La ofensiva capitalista se extenderá en nuestros días sobre la naturaleza y el conjunto de la sociedad. El saqueo de los bienes comunes explicita el proceso, tanto como el consumismo exacerbado, estimulado por la obsolescencia programada. Por ello, la subsunción del trabajo en el capital que estudiara Marx se extiende desde el trabajo, a la naturaleza y a la sociedad.

Esa ofensiva capitalista neoliberal es la “gran revancha” a la impugnación teórica y política de Marx y el socialismo, tanto como de Keynes y la concepción reformista y desarrollista en el orden capitalista.

Marx criticó a la Economía Política y al capitalismo. Los neoclásicos le contestaron con nueva nominación de la disciplina, con Marshall en 1890 y desde entonces se pasó a hablar de “Economía”, como disciplina de los negocios, la ganancia y la acumulación, la producción y reproducción del capitalismo. También se cambió el objeto de estudio de la disciplina y se abandonó la búsqueda del origen del excedente económico. Ya no importó la teoría del valor trabajo, sino que el subjetivismo colonizó los estudios en la disciplina.

Keynes, neoclásico, contestó oportunamente a los neoclásicos, su referencia de origen, ante la crisis del 30 y la amenaza “comunista”. Propuso defender al capitalismo desde la intervención estatal en el proceso productivo, ya que no hacía falta seguir luchando contra la intervención estatal previa a las relaciones capitalistas. Observando el proceso soviético y para confrontarlo, Keynes sostuvo que se debía restablecer la capacidad de funcionamiento del régimen del capital y por ello las concesiones sociales o reformas y la intervención estatal. De ahí el “new deal” o nuevo acuerdo en EEUU y generalizado al mundo capitalista.

Los liberales en minoría criticaban a Marx, desde luego, pero también a Keynes, quien los había desplazado en la hegemonía del pensamiento y la formulación de políticas públicas en el sistema mundial entre 1930 y 1980.

Incluso algunos neoclásicos que confrontaron con Keynes, morigeraron sus juicios en una dinámica de adaptación a las corrientes mayoritarias en el plano político e ideológico. Fue el caso de Pigou, sucesor de Marshall en la cátedra de Economía, y conocido por sus aportes a la economía del bienestar. En 1952, Arthur Cecil Pigou[3] (1877-1959), sucesor de Alfred Marshall desde 1908 en la cátedra de “Economía”, aludió al pensamiento de su maestro en la nueva tendencia hacia el “socialismo”, denominación que apuntaba al intervencionismo estatal keynesiano, más que al modelo soviético en expansión con la revolución en China.

Luego de comentar los aportes de Marshall en el estudio y uso de los métodos matemáticos, la estadística, las elasticidades, la tasa de interés y las utilidades, en su adaptación a las nuevas regularidades del capitalismo de época, pasó a evaluar como leería el “maestro” liberal la realidad sobre temas más de la política cotidiana. Por eso dijo: “Para terminar esta discusión, ahora descenderé del estudio a la tribuna”. Queda claro que no alcanza con el academicismo y que es imprescindible asociar teoría con la práctica, discurso académico con la realidad que viven las personas en concreto.

Remitía al debate sobre el pleno al empleo y el socialismo. Sobre el primero se auto limitó, por ausencia de información fuerte, manifestó; pero sobre el “socialismo” intentó actualizar el pensamiento del maestro, adaptado a los tiempos que corrían, aun cuando finalizó señalando que “todo gran paso en el sentido del colectivismo constituye una gran amenaza contra el mantenimiento de nuestra moderada tasa actual de progreso”.

Estábamos en un tiempo de hegemonía keynesiana, desplegada entre 1945 y 1980, y un Pigou que ya no era tan crítico de Keynes, por lo que intentaba una síntesis entre Keynes y los neoclásicos, especialmente Marshall. Eran los tiempos políticos de la bipolaridad entre capitalismo y socialismo (1945-1989/91) y, por ende, del único momento “reformista” y concesivo del régimen del capital, entre 1930 y 1980. El único momento de debilidad del capitalismo en más de cinco siglos desde sus orígenes.

Por eso es importante ubicar al neoliberalismo como ofensiva del capital, política y teórica, contra Marx y el socialismo, como contra Keynes, las reformas y la socialdemocracia. Se buscaba restablecer la hegemonía “liberal”, de nuevo, por eso: neoliberalismo.

Los austríacos de ayer y su presente

Resulta de interés ubicar que el antecedente de Marshall y la ECONOMIA está en la Escuela Austríaca y en Carl Menger, con sus publicaciones desde 1871. Corría el tiempo de la COMUNA de París y de la aparición en 1867 del Tomo I de El Capital de Carlos Marx. Había que impugnar la teoría y el ensayo de la práctica trabsfdormnadora.

Incluso, ya publicados el Tomo II y el II, en 1885 y 1894 respectivamente, en 1906 von Bawerk intentará descalificar a Marx señalando contradicciones que animarán el debate, incluso hasta el presente.

En rigor, con Marx se termina el tiempo de la escuela clásica de la Economía Política y se inaugura el proceso de la Crítica de la Economía Política y, con ello, la impugnación teórica y práctica del orden capitalista. Lo que siguió desde el liberalismo, con la escuela neoclásica, en todas sus tribus, fue apologética.

Se convoca desde Marx a repensar la realidad, a criticarla y a transformarla, es algo que sigue constituyendo agenda en el presente y que este COLOQUIO promueve desde su título.

Es interesante analizar nuestro tema en un periodo largo, de más de 250 años de discusión, con hegemonía “clásica” por un siglo, entre Adam Smith (1776) y Carl Menger (1871); y neoclásica por siglo y medio (1871-2022), desde los austríacos a los neoliberales actuales. Más aún cuando los “austríacos” disputan hoy la preminencia ideológica de las corrientes liberalizadoras.

No existe innovación “esencial”, si no que actualizada se sigue discutiendo sobre el excedente, su origen, su destino y sentido de las relaciones socioeconómicas que explican el orden capitalista. Bajo nuevas condiciones los mismos problemas en esencia.

De hecho, crece el predicamento de los “austríacos” en la coyuntura actual, de gran incertidumbre en donde convive la crisis capitalista explicitada en el 2001 estadounidense, el 2007/09 en todo el mundo, y la tendencia a la desaceleración y bajo crecimiento de la productividad es un dato preocupante; junto a la pandemia en su tercer año y sin final concreto a la vista, más la guerra y su escalada como gasto militar en ascenso y peligro de deriva nuclear.

Además, necesitamos una mirada desde América Latina y el Caribe. En 1804 tenemos el antecedente de la lucha anti colonial, anti esclavista desatada en Haití que aun explica la revancha de la dominación sobre ese pueblo. También tenemos la convocatoria al mito de la “revolución socialista” realizada por Mariátegui a fines de los 20 del siglo pasado. Más reciente, la revolución cubana instaló la agenda por el socialismo en la región, una tarea pendiente y vigente tras más de 60 años de bloqueo y obstrucción de todo tipo.

Pero también se desplegó la lógica “desarrollista” en los 50/70, de la mano del debate impulsado desde CEPAL, con las discusiones del estructuralismo, los dependentistas, especialmente la corriente marxista y claro, la revancha neoliberal, con la influencia de la Escuela de Chicago orientada por Milton Friedman y sus seguidores locales. Desde esa orientación principal la agenda del poder privilegia las reformas a favor de la ganancia, la acumulación y la liberalización económica.

Cambios y alternativas

En el comienzo del Siglo XXI se habilitaron enormes expectativas de cambio en la región, con discursos impugnadores al neoliberalismo, no necesariamente al capitalismo, precisamente en el territorio de la emergencia del ideario y la práctica de la liberalización. Incluso pudo retomarse la perspectiva por el socialismo, sea del siglo XXI, o el comunitario, como otros paradigmas de re-significación de la tradición originaria indígena: el vivir bien o el buen vivir.

No terminó siendo la propuesta mayoritaria y que disputara la conciencia social hegemónica para relanzar un proyecto anti capitalista en la región, pero ante el escenario visible en 1991, era alentador retomar el debate por el rumbo socialista.

Ahora, en la tercera década del siglo XXI, con idas y venidas hay que continuar estudiando los procesos políticos, las políticas económicas y el orden económico social resultante para intentar avanzar en la crítica, que es la invariante en la concepción de Carlos Marx. A modo de síntesis programática, de una ruta para pensar debates y profundizar:

  1. La creciente desigualdad informada regularmente por organismos internacionales y organizaciones sociales, caso de OXFAM; los estudios de Piketty. La CEPAL alude a una nueva década perdida en el combate a la pobreza. La OIT y los organismos nacionales aluden a la pérdida de empleos, a la caída de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) y a la concentración de los ingresos y la riqueza. Ello supone el estudio y síntesis de las nuevas formas de organización y producción en defensa del ingreso popular y la reproducción de la vida cotidiana.
  2. Nuevas tendencias al crecimiento de la inflación y al estancamiento en el ámbito mundial, lo que potencia la respuesta neoliberal como en los 80 del siglo pasado, con aumentos de las tasas de interés y desestimulo a políticas activas. Con renovadas reaccionarias reformas laborales, previsionales, tributarias. Son nuevas formas del chantaje de la clase dominante para inducir cambios a favor de la ganancia y la acumulación de capitales, mientras profundizan el saqueo sobre los bienes comunes y la explotación de la fuerza de trabajo y muy especialmente discriminatoria contra las mujeres y diversidades.
  3. La ilusión reformista vestida de verde, con el New Green Deal, en un horizonte de espejo a las reformas de los 30 del siglo XX con Roosevelt, pero sin la amenaza comunista, aun cuando se visibilice la disputa por la hegemonía en EEUU y China, cada uno con sus aliados. En el mismo sentido apuntan las propuestas de “reformas” desde el Vaticano, de algunos “nobel de economía”, caso de Stiglitz y otros, incluso desde la izquierda demócrata en EEUU y un variado arco socialdemócrata. La ilusión imagina posible derrotar al neoliberalismo sin confrontar al capitalismo.
  4. La crisis y sus impactos sociales, el cambio climático y las luchas ambientales, las luchas feministas contra la discriminación y la doble explotación; junto a los diferentes mecanismos de una diversidad en que se explicita la disputa política de las trabajadoras y trabajadores, los pueblos originarios y todos aquellos sectores sociales subordinados a la lógica del capital. Estudiar los sujetos en lucha en contra del régimen del capital, las distintas formas de racismo y discriminación constituye el desafío del momento.
  5. La necesidad de pensar en la crítica y un nuevo orden: con des-mercantilización de la vida cotidiana; integración alternativa desde otro modelo productivo, sustentando el programa de las soberanías, alimentaria, energética, financiera. Un horizonte que haga realidad la crítica y la transformación socioeconómica, lo que supone modificar las relaciones sociales de producción.

Son solo algunos aspectos a relevar del necesario debate en el marco de la lucha de clases contemporánea, a más de tres décadas del fin de la bipolaridad y la ausencia de un imaginario alternativo que oriente el proceso de luchas cuantiosas que demandan la articulación de un rumbo político estratégico de cambio civilizatorio, en contra y más del capitalismo.

Por Julio C. Gambina | 25/05/2022

 

Notas:

[2] Al efecto se realizó el 18/05/2020, un Coloquio en la Universidad Abierta de Recoleta por la inauguración del Instituto de Economía Política: “El Potencial transformador de la Economía Política frente al pensamiento único neoliberal”. Fui invitado a exponer de manera remota, en un panel en donde intervino inaugurando el alcalde de recoleta Daniel Jadue, el Director de la Universidad, Rodrigo Hurtado, y expusieron Felipe Gajardo y David Debrott, Director del Instituto.

[3] A.C.Pigou. Alfred Marshall y el pensamiento actual, de 1953. Editado por Juarez editor S.A. en Buenos aires, 1969.

Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular en Economía Política, UNR. Integra la Junta directiva de SEPLA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. blog: www.juliogambina.blogspot.com 

Publicado enEconomía
Bolsonaro avanza con la privatización de Eletrobras

El gobierno de Brasil venderá la empresa eléctrica más grande de América Latina

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la compañía energética. 

El gobierno de Jair Bolsonaro se encamina hacia su primera gran privatización de una empresa estatal con la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil que dio el visto bueno para reducir de 72 por ciento a un 45 por ciento la participación del Estado en la brasileña Eletrobras. El mandatario brasileño espera que la privatización se concrete antes de los comicios de octubre.

Eletrobras es la mayor compañía eléctrica de la región y en los próximos meses se convertirá en la primera empresa estatal en ser vendida por la administración de Bolsonaro. El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU) avaló la privatización del gigante energético. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Estado permitirá que la venta se efectivice entre mediados de junio y mediados de agosto, pocos meses antes de los comicios en los que se prevé que el actual mandatario se presente como candidato presidencial.

La jueza Ana Arraes, presidenta del TCU, indicó que la propuesta obtuvo siete votos a favor y uno en contra tras más de cuatro horas de debate. El único magistrado que votó en contra fue Vital do Rego, que en abril pidió aplazar el proceso para consultar con especialistas porque aseguró que Eletrobras sería ofertada por un valor muy inferior al que tiene. Mientras que el relator de la propuesta, Aroldo Cedraz, calificó la sesión de histórica. “No tengo ninguna duda de que las próximas generaciones reconocerán los esfuerzos del TCU para proteger al Estado y a la sociedad con la posibilidad de modernizar el sector eléctrico brasileño", expresó el magistrado citado por el matutino Folha de Sao Paulo.

Los integrantes del tribunal remarcaron que a pesar de la aprobación, el ministerio de Minas y Energía y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), tienen que cumplir con las recomendaciones del TCU para avanzar con la venta. Según Folha, el gobierno brasileño se moverá a contrarreloj para completar la operación que incluye registrar la privatización en la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios, entidad encargada de supervisar el mercado) y en la SEC, la CVM estadounidense debido a las acciones que tiene Eletrobras en EE.UU.). El diario brasileño además indicó que la administración bolsonarista ya se reunió con posibles inversores para la fase que contempla atraer a interesados en comprar acciones de la empresa eléctrica.

La privatización de Eletrobras ya había sido aprobada por el congreso brasileño a mediados de 2021. La misma se realizará vía capitalización con la emisión de acciones nuevas que permitan achicar la participación del Estado del 72 por ciento actual al 45 por ciento. Brasil mantendrá el poder de veto sobre decisiones estratégicas en la compañía que genera un tercio de la energía del país.

El recientemente nombrado ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, celebró la decisión del TCU. “Es un día histórico para Brasil. El MME (el ministerio) sigue comprometido con cumplir de manera diligente y a tiempo, las próximas etapas del proceso. Con la gracia de Dios, seguimos adelante”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lula da Silva, favorito en las encuestas para suceder a Bolsonaro, se había expresado en contra de privatizar la empresa eléctrica. "Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde gran parte de su soberanía y seguridad energética. Las facturas de electricidad serán aún más caras. Sólo los que no saben gobernar intentan vender empresas estratégicas, más aún apurándose para vender en liquidación", afirmó el líder de izquierda. 

La estatal fue fundada en 1962 y tiene casi la mitad de las líneas de transmisión de electricidad en el país, con más de 70 mil kilómetros de tendidos eléctricos y la capacidad de generar unos 50 mil megavatios (MW). La expectativa del Gobierno es de captar hasta 67.000 millones de reales (13.500 millones de dólares al tipo de cambio actual), 25.000 millones de los cuales irían a las arcas del Tesoro, mientras el resto se destinará a programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo, según estimaciones de expertos.

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Representación visual de la criptomoneda digital Bitcoin, realizada el 23 de diciembre de 2017 en París, Francia. Las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Lightcoin, experimentaron un crecimiento sin precedentes en 2017, a pesar de seguir siendo extremadamente volátiles. (Foto de Chesnot/Getty Images)

Consecuencia de la decepción que produjo la crisis financiera de 2008, el Bitcoin también fue una respuesta a las políticas monetarias neoliberales que postulan que el dinero está por encima de la política. Pero sucede que indagar en cuestiones de política monetaria es indagar en los problemas de la democracia.

Los defensores de las criptomonedas proclaman que la tecnología es una puerta de salida a los fracasos del sistema capitalista. De esa manera, reconocen hasta cierto punto algo que los bancos centrales y las instituciones internacionales ocultan hace mucho tiempo: el dinero es una realidad eminentemente política. La repolitización del dinero a partir de la crisis financiera de 2008 abrió una ventana para que la izquierda volviera a imaginar alternativas democráticas a los sistemas económicos modernos.

 
En una entrevista del podcast The Dig, Daniel Denvir conversó con Stefan Eich, profesor asistente de la Universidad de Georgetown y autor de The Currency of Politics: The Political Theory of Money From Aristotle to Keynes. Eich analiza en detalle la despolitización del dinero para explicar el ascenso del Bitcoin. La transcripción fue editada a los fines de la claridad.

DD

 
¿Qué son las criptomonedas? ¿Son realmente monedas?
 

SE

En realidad, Bitcoin y Ethereum no son monedas. El término «cripto» se convirtió en un paraguas que cubre muchas cosas distintas. Tenemos las criptomonedas clásicas, como Bitcoin; las aplicaciones más amplias de las tecnologías blockchain y token, que tal vez no cabría denominar criptomonedas, pero que operan en un espacio tecnológico similar, y, por último, lo que se conoce como stablecoins.

A pesar del hecho de que las primeras hayan sido bautizadas «criptomonedas», yo no creo que sean monedas de verdad. Tampoco lo son las aplicaciones fundadas en la tecnología blockchain o token. Las stablecoins se acercan bastante más al funcionamiento de una moneda real, aunque carecen de ciertas propiedades. Por lo tanto, el término criptomonedas remite a realidades muy distintas que habría que encasillar en esas tres categorías.
 
 

DD

¿Y la moneda qué es?
 

SE

Tendemos a pensar que la moneda es la encarnación material del dinero, su símbolo físico. No es el caso de Bitcoin, que prescinde de todo símbolo físico capaz de cambiar de manos. Pero también podemos pensar que la «moneda» es el dinero de cuenta que se utiliza para pagar cosas. En ese sentido, habría que decir que el dinero es unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. El Bitcoin se parece más a esa moneda de cuenta que a la moneda concebida como dinero contante y sonante.

Ahora bien, esa división obedece al pensamiento tradicional de ciertos economistas. Pero otros —entre los que me cuento— estamos tratando de pensar el dinero desde el punto de vista de la teoría política, y eso nos lleva a reformular las categorías.

Estoy interesado en el tipo de dinero de cuenta que utilizamos (entendiendo que somos una especie de colectivo definido en función del valor, de las políticas monetarias, etc.). En ese sentido tomo distancia de las definiciones que remiten al aspecto físico de la moneda y tiendo a pensar más en lo que suele denominarse moneda de cuenta.
 
 

DD

Es evidente que las criptomonedas no son una moneda, sino un activo especulativo. Pero ¿por qué sus partidarios insisten tanto en definirlas como una moneda, como si eso las hiciera más legítimas? En un artículo escribiste, «Planteo que las criptomonedas están suspendidas entre dos metas contradictorias: un intento político radical de despolitizar la apariencia del dinero y la utilización seductora como activos especulativos fuera del alcance de cualquier autoridad fiscal o monetaria».

Parece una descripción de la relación contradictoria entre la realidad efectiva de las criptomonedas, es decir, el activo especulativo, y el mito de las criptomonedas vinculado a cierta idea de emancipación.
 

SE

Las cosas cambiaron mucho. Hace diez años, cuando aparecieron las primeras criptomonedas como el Bitcoin, no estaba del todo claro que se convertirían en activos especulativos. Escribí ese artículo hace dos o tres años, entre 2018 y 2019, y aunque la naturaleza especulativa del Bitcoin estaba cada vez más definida, una buena parte de las tácticas utilizadas para legitimarlo recurrían a una concepción más antigua de la moneda.

Cuando nos retrotraemos a los orígenes, a las criptomonedas que emergieron durante la crisis financiera de 2008 y 2009, constatamos que se presentaban como el dinero del futuro y como monedas, no como activos especulativos. Si consideramos las primeras presentaciones públicas —desde el artículo anónimo hasta todos los grupos de fans y de inversores que empezaron a surgir como hongos— todas enfatizaban que estábamos frente a un acontecimiento importante porque las criptomonedas eran el dinero del futuro.

Ahora la cosa es completamente distinta. Si atendemos a la publicidad y a los modos de hablar de los inversores, nos damos cuenta de que casi nadie piensa realmente que las criptomonedas sean el dinero del futuro. Es un activo que creció un 5000 o 6000% en los últimos cinco o seis años y por eso hay tantos interesados. Es un activo raro porque no guarda ninguna correlación con otra actividad económica. Eso es lo que hay detrás del boom actual, y la etiqueta «criptomoneda» quedó como una cáscara vacía, un remanente.

Todavía hay algunos que creen que las cripto definirán el dinero del futuro, pero pienso que su función principal es evitar toda regulación. Esta brecha entre la apariencia, el nombre «criptomonedas», y la realidad especulativa termina protegiendo a los inversores de las formas más agresivas de política fiscal que tienen nuestras sociedades.

Las monedas están sometidas a regulaciones completamente distintas de las que rigen en el caso de los títulos financieros. Pasaron muchos años hasta que las criptomonedas entraron en el radar de la IRS [Servicio de Rentas Internas], que tiene la función de definir las actividades de mercado toleradas y los impuestos que deben pagar. Todavía estamos lejos de las regulaciones que aplican en el caso de otros títulos financieros o de los esquemas pump-and-dump típicos del mundo cripto. Todas estas personas estarían presas si intentaran hacer lo mismo con cualquier otro tipo de título, pero la etiqueta «moneda» los protege.

Durante el último año, las autoridades parecen haber despertado y reconocido que, si dejamos de lado el nombre, la realidad de las criptomonedas es bastante similar a la de los activos financieros. Se comportan como un activo financiero. Se publicitan como un activo financiero. Y las autoridades deberían tratarlas como un activo financiero.

Es evidente cuando miramos lo que sucede en China, en la Eurozona y en India. Pero, en cualquier caso —y a diferencia de lo que sucedía no hace tantos años—, las criptomonedas están empezando a entrar en la mira de la SEC [Comisión de Bolsas de Valores].
 
 

DD

En otro lugar dijiste que las criptomonedas suelen ser definidas como innovaciones tecnológicas orientadas hacia el futuro, que descentralizan el dinero liberándolo del gobierno central y de los tentáculos políticos del Estado. ¿Qué significa que estén «orientadas hacia el futuro» y por qué eso es importante?
 

SE

Esto comienza con la fachada ideológica. Cuando leemos el artículo anónimo que respaldó el surgimiento del Bitcoin o las declaraciones de los pioneros de otras criptomonedas importantes, nos topamos con la firme creencia de que no se trata simplemente de proyectos o rompecabezas criptográficos interesantes. En cambio, afirman que es una pequeña prueba de lo que nos espera en el futuro: estamos frente a una nueva tecnología, o, cuando menos, frente al uso novedoso de una nueva tecnología que remodelará en términos fundamentales todas las formas de intercambio económico porque definirá la forma que adoptará el dinero.

Todo eso fue esencial en los orígenes, especialmente en el contexto de la crisis financiera. El primer Bitcoin llegó en el invierno de 2008, en medio del rescate estatal de bancos enormes. Es el mismo contexto en el que surgió, por izquierda, el movimiento Occupy. Ese movimiento también estaba alimentado por la desconfianza en el sistema bancario existente, tanto en el Estado como en los bancos centrales.

Como sea, esta nueva perspectiva sobre el futuro del dinero surgió en ese contexto. El Bitcoin se presentó como una ruptura radical con un sistema monetario que asigna un rol fundamental a los bancos centrales y a los bancos privados. Y propuso esta idea de dinero descentralizado capaz de abandonar toda forma de confianza: en el banco, en las regulaciones o en el sistema político. En teoría este dinero del futuro nos permitiría prescindir de las viejas instituciones.
 
 

DD

Otra tesis interesante que encontré mientras leía tus textos es esta: «No hay nada inherente a la tecnología blockchain que implique descartar la centralización, la supervisión regulatoria o el gobierno democrático. Tampoco hay nada en las criptomonedas que evite que se conviertan en apéndices del sistema bancario mundial que funciona en las sombras. Por eso no es sorprendente que tanto los bancos centrales como los bancos comerciales hayan desarrollado protocolos blockchain que combinan los libros de cuentas descentralizados con la posibilidad de supervisar y controlar las operaciones de forma centralizada. En cualquier caso, el escenario que emerja de todo esto no dependerá de ninguna fatalidad tecnológica, sino del consenso político y en última instancia del poder».

¿Cuáles son esos atributos inherentes atribuidos a la tecnología blockchain? ¿En qué medida el fetichismo de la blockchain es una parte constitutiva de la ideología cripto?
 

SE

La confianza en este futuro surge de la idea de que estamos operando sobre los hombros de una tecnología radicalmente nueva que de pronto determina el futuro de la economía. Escribí ese artículo hace pocos años y la tendencia no hizo más que profundizarse: hoy está claro que esa tecnología no está en absoluto atada a ninguna visión política específica, sino que puede servir a proyectos radicalmente distintos.

Eso nos lleva de nuevo a la brecha entre la cobertura ideológica, que fue el combustible del proyecto durante sus primeros años, y el modo en que este se desarrolló efectivamente. Era muy importante presentar esta tecnología como algo nuevo y afirmar que el proyecto estaba profundamente vinculado con la tecnología. La idea era que, de alguna manera, una vez que esto saliera al mundo, sería imposible deshacerlo y evitar sus consecuencias sociales y políticas. Contener el despliegue de las criptomonedas o regularlas sería como intentar deshacer el descubrimiento del neutrón.

Ahora bien, si asumimos otra perspectiva sobre la tecnología, más afín a las investigaciones actuales, tenemos que aceptar que en sí misma no es más que un lienzo donde es posible proyectar visiones políticas muy distintas. La tecnología responde a estructuras de poder y aunque es posible hacer predicciones sobre escenarios más o menos probables, eso no implica postular un impulso inherente que responde a fines predeterminados. El futuro responde más bien al espacio político, económico y social en el que se desarrolla la tecnología.

En vez de abrazar la descentralización, es más probable que los bancos centrales respondan creando proyectos de dinero digital propios fundados en la tecnología blockchain. De hecho, estos proyectos existen. Barbados tiene uno bastante desarrollado. Canadá, Suecia y muchos otros países están a punto de lanzar proyectos similares. Por lo tanto, la misma tecnología es capaz de producir visiones políticas muy distintas.

La tesis de la transformación tecnológica inevitable estaba estrechamente vinculada a la idea de que el nuevo dinero prescindiría de cualquier tipo de confianza, pero sobre todo, de cualquier tipo de política. Esa idea era fundamental. 

Cuando empecé a interesarme en todo esto, ayudé a organizar dos conferencias donde invitamos a abogados, sociólogos, politólogos y especialistas en informática. Lo primero que nos dijeron estos últimos fue, «Es una tecnología vieja que circula desde los años 1980. Solo que pensábamos que no tenía ninguna aplicación. Los nuevos usos son interesantes, pero no es en absoluto una tecnología innovadora, ni tampoco es necesario utilizarla de esta manera».

Entonces nos mostraron muchos usos posibles. No convenía que ese tipo de saber, común entre los especialistas, se manifestara en el paquete de las criptomonedas, que anunciaba la inevitabilidad del impulso tecnológico: la perspectiva y el postulado del dinero más allá de la política iba de la mano con la ideología del determinismo tecnológico.
 
 

DD

Me gustaría que repasemos tu argumento histórico sobre los «tres períodos»: primero, hubo una fase inicial de politización del dinero (1973-1979); después vino la emergencia de una política mundial de desinflación, conocida como la Gran Moderación (1980-2008), y, por último, después de la crisis financiera de 2008, entramos en el período actual, que dejó al descubierto la fragilidad de los pilares de la Gran Moderación y nos devolvió a las cuestiones irresueltas de los años 1970 (2008-presente).

¿Cómo se explica la despolitización del dinero que reinó hasta las crisis de los años 1970?
 

SE

No diría que antes de los años 1970 el dinero estaba despolitizado en el mismo sentido en que lo estuvo después de los años 1990 y 2000. Sucede más bien que su estatuto político era estable y podía considerarse como un hecho garantizado. En ese sentido, habría que decir que tenía una apariencia de despolitización. Pero cualquiera que estudiara el tema de cerca sabía que esa estabilidad era una construcción política.

Los acuerdos de Bretton Woods surgieron de la Segunda Guerra Mundial, durante esa famosa conferencia celebrada en 1944 en New Hampshire, en la que participaron John Maynard Keynes y Harry Dexter White, representante de Estados Unidos en la negociación del nuevo orden monetario. Ese orden monetario fue absolutamente político. La conferencia abordó los temas más difíciles de la posguerra: tuvo que resolver muchas cuestiones vinculadas al financiamiento de las economías nacionales, a las relaciones internacionales y a las políticas de bienestar.
 
 

DD

Keynes se oponía a que el dólar se convirtiera en la moneda de reserva mundial, ¿no?
 

SE

Claro. Keynes salió perdiendo en esas negociaciones. Logró incorporar algunos proyectos, pero me parece que perdió frente a los estadounidenses en los aspectos más relevantes. Su propuesta no asignaba ningún rol importante al oro, aunque estaba dispuesto a mantenerlo por nostalgia o por cuestiones estéticas. Comprendía que el tema podría preocupar a los no iniciados.

Su propuesta tampoco postulaba que el dólar debía ser la moneda de reserva mundial. En cambio, Keynes planteaba crear una nueva unidad de reserva. Durante varias semanas se obsesionó con la invención de un nuevo nombre y empezó a preguntarles a los lectores. Hubo propuestas muy buenas, como «orbe» o «delfín». Al final se contentó con «bancor», juego de palabras en francés que remite al «oro bancario», cuando en realidad el proyecto no asignaba ninguna función al oro. Es como un chiste keynesiano. Pero lo cierto es que la propuesta no prosperó.

En cambio, el resultado fue una construcción política que reflejaba el nuevo rol hegemónico que habían conquistado los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva de todo el bloque de Bretton Woods. El acuerdo ató el dólar al oro, una buena parte del cual estaba almacenado entonces en las entrañas de la FED de Nueva York y en Fort Knox. Se había mudado de Europa a Estados Unidos. En fin, todas las monedas que participaron del acuerdo quedaron atadas al dólar estadounidense.

Es obvio que se trata de una construcción política y la ausencia de política monetaria de los años 1950 y 1960 no deja de ser sorprendente. Los bancos centrales no tenían la misma preponderancia y centralidad política que tienen hoy después de la crisis financiera.

La conferencia de Bretton Woods no abordó el tema de las crisis. El sistema duró muy poco tiempo, en parte a causa de los defectos del plan original y de su negativa a incorporar los aportes de Keynes. Pero, en líneas generales, logró evitar las crisis durante cierto tiempo.

El sistema contaba con algunas herramientas que permitieron controlar la situación. De ahí que un teórico político como John Rawls hablara del dinero y del dólar como si no fuesen cuestiones políticas. Parecía una cuestión zanjada para cualquiera que la mirara desde afuera. En vez de definir este período como despolitizado en el sentido de los años 1980 y 1990, habría que decir que fue una época de estabilidad política.
 
 

DD

Después, por supuesto, las cosas se complicaron. ¿Qué fue la crisis de estanflación que explotó en los años 1970 y cómo repolitizó el dinero?
 

SE

La crisis del sistema de Bretton Woods es anterior a la estanflación. De nuevo, todo esto se originó en ciertas fallas vinculadas a los fundamentos del acuerdo. En primer lugar, Bretton Woods empezó a funcionar recién en 1958. Hasta cierto punto, Keynes, que murió en 1946, deseaba que la cosa no funcionara. Pero cuando el acuerdo se hizo realidad, no tardaron en surgir ciertas tensiones vinculadas al doble papel del dólar estadounidense, que funciona simultáneamente como la moneda de un país y como moneda de reserva a nivel mundial. Eso fuerza al gobierno de Estados Unidos y a la Reserva Federal a obedecer mandatos muchas veces contradictorios.

Y la situación empezó a hacerse obvia y a generar todo tipo de presiones en la década de 1960. Los primeros episodios de inflación y la guerra de Vietnam, que consumía cada vez más recursos, hicieron que esas contradicciones fueran difíciles de ignorar. Durante esa época hubo un intento tardío de complementar el sistema con una medida que tenía cierto parentesco con el bancor de Keynes, los Derechos Especiales de Giro (SDR), aunque su aplicación no tuvo consecuencias significativas. Era demasiado poca cosa. A esa altura era muy difícil mejorar el sistema desde adentro.

La situación llegó a su punto crítico en 1971, cuando Nixon, con los ojos puestos en su reelección, se negó a continuar el juego hegemónico que implicaba navegar entre los mandatos contradictorios del sistema de Bretton Woods y dijo, «Suficiente de este sacrificio por mantener un sistema monetario que no parece estar funcionando y que además no parece tener ningún interés. Vamos a cortar con este nudo gordiano y a liberar nuestras políticas económicas».

El plan era reemplazar la idea del sacrificio hegemónico estadounidense por un nuevo libreto de entusiasmo y dominación de la escena internacional. En esa época, fue célebre la ocurrencia del secretario del Tesoro de Nixon, que dijo: «El dólar puede ser nuestra moneda, pero ese es un problema tuyo». Se los decía principalmente a los aliados europeos y a todos los que estaban completamente impactados con la decisión que había tomado Nixon en agosto de 1971: cerrar la ventana del oro y desarmar consecuentemente todo el sistema de Bretton Woods.
 
 

DD

Hablemos del protagonista de esta historia, Friedrich Hayek, economista neoliberal que interpretó las crisis de los años 1970. Sobre él escribiste, «Responsabilizando por la inflación a cierta hubris epistemológica, Hayek planteó un desafío fundamental a las políticas de bienestar keynesianas y colocó la estabilidad monetaria en el centro de su liberalismo. Para Hayek, “las crisis económicas y la inflación resultaban de excluir de toda regulación mercantil el mecanismo de regulación de mercado más importante, el dinero”».

¿Por qué pensaba Hayek que someter el dinero al «control de mercado» podía convertirlo, según la expresión de Camino de servidumbre, en uno de los más grandes instrumentos de la libertad que haya inventado el hombre? ¿Por qué pensaba que el denominado control de mercado del dinero podía hacerlo más estable y menos proclive a la inflación? ¿Cómo se relaciona todo esto con la crítica del proyecto hubrístico del keyneianismo, que implicaba someter unas fuerzas de mercado que teóricamente solo podían comunicar los precios con claridad evitando toda interferencia política?
 

SE

Eso nos lleva unos años más adelante, a 1974. Es una cita del famoso discurso de Hayek en la Stockholm Nobel Academy, donde recibió el premio en 1974. El contexto era de inflación sostenida, una situación prácticamente sin precedente en tiempos de paz. Hay que remontar muchos años para encontrar algo parecido al impacto inflacionario de los años 1970. De hecho, más que un boom inflacionario, el fenómeno estaba vinculado con el desempleo y con lo que hoy se conoce como «estanflación». Hayek entra en escena en ese contexto y radicaliza su retórica y su posición.

Como sea, es importante reconocer que cambió de parecer a mediados de los años 1970. Durante los años 1950 y a comienzos de los 1960, había hecho las paces, aunque de mala gana, con los acuerdos políticos de la posguerra. Evidentemente no estaba entusiasmado, pero pensaba que no quedaba otra alternativa que asignar un rol determinante a los bancos centrales en la economía monetaria moderna. Por más que tuviera una idea nostálgica del patrón oro y pensara que Keynes se había equivocado en el Tratado sobre el dinero de 1930, hasta cierto punto logró amigarse con todo eso y se reconcilió con la situación.

Eso cambió en los años 1970, cuando empezó a radicalizar su postura y decir que su tesis sobre el mercado como medio eficiente de descubrimiento de la información no solo implicaba que los bancos centrales no eran necesarios, sino que los bancos centrales dirigidos por el Estado eran un obstáculo que impedía desarrollar su programa. Es un giro de noventa grados respecto de la posición que había sostenido poco tiempo atrás. En los años 1970, frente a la inflación, Hayek argumentó que la misma lógica que había desarrollado en su análisis de todos los otros mercados debía aplicar en el caso del regulador mismo del mercado, es decir, el dinero.

No es fácil definir si se trataba de una propuesta sincera o si buscaba simplemente ponerse a la vanguardia en términos ideológicos. Pero el plan era básicamente depositar todas las expectativas en la competencia, que supuestamente garantizaría la estabilidad y la eficiencia del dinero. Los trabajos con los que Hayek se comprometió después del Premio Nobel lo convirtieron en una persona muy prestigiosa. A comienzos de 1974 era un tipo bastante irrelevante, pero en 1975 se había convertido en una celebridad mundial.

En esa época empezó a diagramar programas que supuestamente ayudarían a rescatar el sistema monetario existente dirigido por los bancos centrales. Básicamente, la solución —articulada en un panfleto sobre la nacionalización del dinero publicado en 1976 con un think tank libertario de Londres— era que las monedas privadas compitieran hasta alcanzar la estabilidad que antes encomendábamos —Hayek también— a los bancos centrales.

Como en cualquier mercado, según esta perspectiva, la estabilidad y el valor son frutos exclusivos de la competencia. La idea de Hayek parece apuntar a la posibilidad de que un banco emita su propia moneda privada y sea castigado por el mercado en caso de sobrepasar sus límites. Entonces quedaría fuera del negocio o sus notas se cambiarían a un precio más bajo porque la competencia haría sentir todo su peso.
 
 

DD

Por el contrario, Gunnar Myrdal, economista sueco, apoyaba la propuesta de los países del Tercer Mundo de responder a las crisis de los años 1970 creando un Nuevo Orden Económico Internacional (NIEO). ¿En qué sentido diferían los diagnósticos de Hayek y de Myrdal? ¿Qué factores ideológicos había detrás de esas diferencias?
 

SE

La primera observación que cabe realizar refiere a la amplitud de la imaginación monetaria de aquella época. Estamos en un mundo de dinero fiduciario, un mundo en el que la promesa, la credibilidad y la recaudación de impuestos del Estado son los elementos que garantizan el valor del dinero. No importa el oro de Fort Knox. Ahora lo que importa es la política. Y, además, estamos en un momento de alta inflación. El conflicto entre las distintas propuestas monetarias es muy productivo.

El aporte de Hayek es solo uno entre muchos otros que surgieron de la derecha libertaria, y también encontramos propuestas sobre el dinero y la política monetaria del futuro por izquierda. Myrdal es un dispositivo útil para narrar esta historia porque —como consecuencia de un acto de compromiso de parte del comité— compartió el Premio Nobel con Hayek.

Existe un vínculo entre la propuesta de Myrdal y los proyectos del Sur Global, que buscaban rediseñar el sistema de comercio mundial y el sistema de intercambio de mercancías, igual que el NEIO, con el fin de reestructurar la política monetaria mundial, volver a la mesa de negociación después del fracaso de Bretton Woods y cumplir las promesas que habían surgido durante todo ese período.

En la época de la conferencia de Bretton Woods, la mayoría de los Estados miembro de las Naciones Unidas en los 1970 no existían. La descolonización todavía no se había producido. Hubo un intento de realizar una conferencia semejante a la de Bretton Woods, pero que incluyera a todos esos países. También hubo convocatorias para realizar una Asamblea General de las Naciones Unidas centrada en la constitución monetaria mundial, y otros tantos intentos de abordar las políticas de bienestar y de contención de la inflación a nivel internacional. Ese es el contexto en el que intervino Myrdal, interesado como estaba en la crisis del Estado de bienestar que había sido el trasfondo de los años 1950 y 1960.

A diferencia de Hayek, que quería deshacer el proyecto de bienestar nacionalista keynesiano, Myrdal estaba mucho más interesado en extenderlo al Sur Global y desarrollar una concepción mundial del bienestar. Eso iba de la mano con el rediseño de la constitución monetaria, que tenía que ser mundial y debía incluir a todos los miembros del G77. Myrdal participó activamente de esos debates. Junto al G77 intentó pensar la dimensión monetaria de la crisis, tanto antes como después del NEIO.
 
 

DD

En un principio, el NEIO no estaba centrado en la política monetaria. Fue la inflación de los años 1970 la que terminó imponiendo ese eje. Siempre pensamos la inflación de esa época en términos más bien benignos debido a las transformaciones que ocasionó en la economía y la política estadounidenses, pero las consecuencias en el Sur Global fueron considerables. ¿Cómo impactó la inflación en el Tercer Mundo? ¿Cómo fue que las grandes potencias económicas y políticas del centro capitalista transformaron la crisis de inflación en una crisis de deuda soberana en la periferia?
 

SE

El año crucial fue 1974, año en que Hayek y Myrdal tomaron la palabra en Estocolmo. Sucedió que la percepción de la crisis se fundió gradualmente con la conciencia de la crisis monetaria que afectaba tanto al Sur como al Norte. En parte esto se debió a que el NEIO retomó los debates de los años 1950 y 1960 sobre intercambio desigual, el comercio y la balanza comercial.

Esos debates abrieron una oportunidad única de volver a plantear cuestiones vinculadas a la distribución del ingreso a nivel mundial y a los términos del intercambio.

Pero son esas luchas que siempre terminan con ganadores y perdedores. Se percibía con claridad que el Norte Global, habiéndose beneficiado ilegítimamente de las políticas neocoloniales, debía renunciar a sus privilegios y redistribuir las ganancias. Por supuesto, era una propuesta atractiva. Pero también empezó a ser percibida como un obstáculo que estaba impidiendo el despegue del NEIO. El Norte Global, especialmente los Estados Unidos, reaccionó con animosidad: tenía mucho que perder.

En la segunda mitad de los años 1970, la reforma monetaria mundial empezó a presentarse, al menos entre los participantes del G77, como un tópico que no conduciría a un conflicto de suma cero, sino que comprometía las políticas de Norte y Sur. Entonces se aplicó una constitución monetaria mundial que funcionó y que reemplazó a Bretton Woods, o, más bien, a los no sistemas que habían tomado su lugar. Después del colapso de Bretton Woods, el G77 empezó a propagar la idea de una reforma monetaria mundial que mejoraría la situación de todos. No sería simplemente una lucha redistributiva, sino una victoria de todos en el combate contra la inflación.

Evidentemente, el Sur Global tenía mucho más que ganar, dadas las consecuencias devastadoras que tenía en su caso inflación, pero no por eso planteaba la necesidad de un sacrificio del Norte. El énfasis en los beneficios compartidos en vez de en el sacrificio se convirtió en un lema monetario importante durante la segunda mitad de los años 1970.
 
 

DD

Un elemento fundamental en el caso de países del Tercer Mundo como Tanzania y Jamaica —que bajo los gobiernos de izquierda de Julius Nyerere y Michael Manley respectivamente se convirtieron en importantes partidarios del NEIO— fueron los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), diseñados para forzar a los países pobres a reestructurar sus economías según los mandatos neoliberales. En ese sentido, escribiste, «Si bien la Asamblea General de las Naciones Unidas se había ampliado, el FMI siguió reflejando un mundo jerárquico más afín al Consejo de Seguridad. Aunque el Tercer Mundo representaba a más de cien países, que incluían a más de dos tercios de la población mundial, sus votos en el FMI no sumaban más del 35% y quedaban por debajo del 40% de las únicas cinco potencias industriales».

¿Estamos frente a un método de transformación del poder colonial en un sistema mundial poscolonial, no regido ya por la dominación directa de Europa, sino por el poder financiero y el dinero?
 

SE

Hay que hacer dos observaciones. La primera es que hablar del colapso de Bretton Woods es un poco engañoso. Lo que colapsó fue el sistema global que ataba el dólar al oro y que ataba formalmente otras monedas al dólar. Pero muchos elementos siguen vigentes, como por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial. Eso es significativo. Tenemos estos zombis raros, remanentes de la época de Bretton Woods, que durante los años 1970 empezaron a buscar nuevas tareas porque el marco en el que estaban incluidos originalmente y sus obligaciones políticas habían desaparecido.

Pero, más allá de sus imperfecciones, Bretton Woods era al menos un sistema político que admitía ciertos reclamos y en el que se definían obligaciones. Una vez que fracasó, también liberó a los países individuales miembros del FMI para que actuaran de formas incompatibles con el sistema original.

Así llegamos a este momento en que el FMI intenta redefinirse y redefinir a los países miembro, incluso a Estados Unidos, con el fin de garantizar la hegemonía financiera de la gran potencia del Norte sobre las ruinas de Bretton Woods. Los programas de ajuste estructural del FMI y los préstamos condicionados surgieron en un principio como un intento de imponer nuevas formas de disciplina en un sistema informal que había abandonado toda institución política. El método ahora pasaba por la movilidad del capital y la concesión de cuantiosos préstamos a los países en vías de desarrollo. El dólar seguía siendo dominante. A pesar del hecho de que había dejado de ser formalmente la moneda de reserva de la economía mundial, la mayor parte de esos préstamos de los años 1970 y de los años 1980 fue emitida en dólares.

En un primer momento, los países recientemente descolonizados se entusiasmaron porque, hasta cierto punto, estaba empezando a suceder algo que esperaban hacía mucho tiempo: inversiones reales que fluían de Norte a Sur. Sobre todo parecía importante para los países que pretendían autofinanciarse o que estaban explorando formas de independencia financiera. Como sea, una parte considerable de esa deuda fue contraída en dólares, y al principio no estaba del todo claro cuáles serían las consecuencias.

Terminó siendo algo muy significativo porque esos países se hicieron extremadamente vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio. Las monedas ya no estaban atadas unas a otras, sino que sus precios flotaban libremente. Eso es algo que casi nadie había anticipado. Si el precio de la moneda de un país flota libremente, pero ese mismo país contrajo una deuda denominada en una moneda distinta, enfrenta el riesgo de caer en lo que se conoce como descalce de monedas, es decir, que los activos y las obligaciones estén denominados en monedas distintas y que las obligaciones crezcan descomunalmente mientras el gobierno intenta controlar la moneda nacional.

Estos países empezaron a depender del FMI, surgido de pronto como una autoridad en cuestiones de préstamos y deudas y como un actor que expandía generosamente las inversiones. El panorama empeoró cuando el FMI mostró su verdadero rostro, es decir, el de una entidad que intenta dominar este nuevo mundo de préstamos internacionales fundado en tipos de cambio flotantes y deudas todavía denominadas en dólares, aun cuando esa moneda dejó de ser la moneda de reserva oficial de la economía mundial.

Desde la perspectiva de Julius Nyerere o Michael Manley —o desde la perspectiva de Tanzania y Jamaica, dos de los primeros países en probar los programas de ajuste estructural— los mandatos del FMI no eran más que una reedición de las típicas prácticas neocoloniales. El FMI llegó con medidas draconianas que pretendían imponer una disciplina y tomar el control de los presupuestos nacionales, uno de los elementos más delicados de toda política. Está claro que es una institución que opera en función de los acreedores del Norte.

Además —y esto quedó claro a fines de los años 1970, en una serie de conferencias celebradas en Kingston, Jamaica y en Arusha, Tanzania—, los países del Tercer Mundo eran conscientes de la retórica profundamente política de la que se servía el FMI. El FMI decía estar interesado únicamente en cuestiones de ajuste nacional y dejaba completamente de lado los temas vinculados a la economía política mundial y al enredado «no sistema» vigente. Decía estar implementando las mejores prácticas y una gestión económica sensata, cuando de hecho, en el Norte Global reinaba la falta de disciplina. Es decir que esos países que decían ser los más prudentes no lo eran en absoluto. Todo eso llevó a una enorme batalla política en torno al lenguaje y a la ideología.

De nuevo, ¿cuál fue el rol político del FMI en estos primeros programas de ajuste estructural y cómo hacemos para desarmar esa fachada política despolitizada?
 
 

DD

Cuando Hayek plantea la perspectiva del dinero privado, los defensores del NEIO, reunidos en Arusha, Tanzania, en 1980 llegan a una propuesta muy distinta. La declaración de Arusha dice, «El dinero es poder. Quienes tienen el poder, controlan el dinero. Quienes controlan y gestionan el dinero, tienen el poder. El sistema monetario internacional es a la vez la función y el instrumento de las estructuras de poder dominantes». ¿Cuáles son las diferencias entre las perspectivas de un sistema monetario mundial equitativo postuladas por esta declaración y la propuesta de Hayek?
 

SE

Es importante entender que estos dos extremos del espectro político de la imaginación monetaria son parte de la misma lucha por el futuro del dinero que se desarrolló en los años 1970. Son propuestas paralelas. Sabemos que entre 1979 y 1980, Hayek propagaba y difundía su idea de desnacionalizar el dinero. En simultáneo, tenemos a Nyerere y Manley reunidos en Arusha con una perspectiva completamente distinta.

Es importante distinguir la declaración de Arusha a la que hiciste referencia de la más famosa, la de 1967, en la que Nyerere estableció los principios del socialismo africano. Estamos en la misma ciudad pero en los años 1980. Suele denominársela Declaración Oficial o Iniciativa de Arusha. Desconozco si Myrdal tenía los documentos a mano, pero las actas aparecieron en un periódico sueco llamado Diálogo sobre el desarrollo.

Como sea, es importante reconocer todo lo que Hayek comparte con su oponente. Ambos piensan que el dinero en los años 1970 era un fenómeno eminentemente político y que existía un vínculo estrecho entre las distintas entidades que emitían y gestionaban el dinero y los intereses fundamentales de los distintos Estados. Hayek saca la conclusión de que necesitamos sacar el dinero de las manos del gobierno y desnacionalizarlo.

De ahí esta idea de monedas privadas que compiten entre sí. Políticamente plantea quitarle al gobierno el poder de emitir dinero. Ahora bien, Nyerere y Manley, y los participantes de la Iniciativa de Arusha, comparten la primera parte del análisis, es decir, que es obvio que la cuestión es política. Cuando el FMI llega y exige cambios estructurales, aunque dice que se trata de un proceso técnico, no político, en realidad sus medidas forman parte de una política monetaria mundial que responde a la problemática del crédito y la deuda que rige las relaciones entre el Norte y el Sur Globales y a la inflación de los años 1970. Quien niegue eso no es sincero.
 
 

DD

El problema del dinero asume características distintas cuando uno está en un país carente de soberanía monetaria y emplazado en la periferia de un sistema mundial controlado por otros.
 

SE

Exactamente, pero por eso nadie pensaría que se trata de un problema donde la política no juega un rol determinante. La falta de capacidades democráticas para definir las políticas nacionales es una patada en la cara y esos países tratan de resistir. Ningún gobernante de esos países piensa que enfrenta calamidades naturales. Son perfectamente conscientes de que es una política mundial y un sistema políticamente estructurado el que define el curso de las inversiones, protege a los acreedores y habilita al FMI a perseguir a ciertos países y no a otros. Es una cuestión política. El problema es que obedece a los intereses de un pequeño grupo de países del Norte Global, que tiene intereses bastante predecibles, y los países del Tercer Mundo son el último orejón del tarro.

La solución surgida de la Iniciativa de Arusha no es, como planteaba la fantasía hayekiana, escapar a la política, sino democratizar y mundializar esa política. En ese sentido la Iniciativa de Arusha es una especie de nueva conferencia de Bretton Woods celebrada en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la que participan todos los Estados recientemente descolonizados, comprometidos en una conversación de buena fe sobre las posibilidades de fundar un sistema monetario mundial más democrático. Estaban dispuestos a cambiar la política que domina el sistema político mundial.

Pero se encontraron con la negación de esa política, negación que adoptó la forma del FMI, que niega su carácter político y dice no haber estado involucrado en ninguna de esas luchas y tensiones políticas que definieron la época posterior a Bretton Woods. En ese contexto, Nyerere fue el más innovador. Filtró intencionalmente los documentos internos del FMI que exponían los debates y las tácticas que había adoptado la institución para presentar todo de manera despolitizada. Nyerere recurrió muchas veces a esa táctica y logró generar un enorme malestar en sus oponentes. Era una forma de develar a ese supuesto socio y dejar expuesta la mala fe de esa entidad que venía a negociar planes de ajuste estructural.
 
 

DD

¿El nuevo orden se adecuaba, al menos en parte, a lo que quería Hayek? Pienso en una entrevista que hice con Quinn Slobodian donde hablamos sobre su libro Globalists. Más allá de sus pretensiones libertarias antiestatistas, ¿era eso lo que querían los neoliberales, utilizar el Estado para poner el dinero a salvo de todo control democrático?
 

SE

Pasó un tiempo hasta que se completó el cuadro. Fue un proceso experimental bastante desordenado donde participaron muchos actores distintos, entre ellos Paul Volcker y la FED, pero también intelectuales que buscaban quedar bien posicionados y responder adecuadamente a una situación vertiginosa. Todo avanzaba hacia un mundo de capitales que se movían cada vez con más libertad. La financierización generalizada estaba en marcha.

Nadie tenía un plan que garantizara el éxito. Todo lo que escribo está muy influenciado por la obra de Quinn y la de Greta Krippner, que escribió un libro fantástico, Capitalizing on Crisis, donde articula las respuestas experimentales que, hasta cierto punto, tramaron los aspectos más neoliberales de la financierización mediante la declinación de la responsabilidad de los gobiernos y la intervención de instituciones como la Reserva Federal, que, sobre todo bajo el mandato de Volcker, logró blindarse a ante cualquier presión política democrática.

Volviendo al neoliberalismo, es realmente interesante la ruptura que se produce entre dos personajes como Milton Friedman y Hayek. Friedman parece encajar mucho mejor en esta imagen que nos muestra a los economistas tratando de averiguar lo que está sucediendo. Friedman estaba contento con la intervención de la Reserva Federal y con los distintos instrumentos monetarios que empezaba a desarrollar —muchos de ellos falaces y manipuladores—, siempre y cuando sirvieran para reintroducir la disciplina de mercado. Creía que el problema era que los años 1970 habían sufrido el impacto de pésimas políticas monetarias y que era momento de aplicar otras mejores. Básicamente estaba conforme con el uso experimental del poder del Estado y de la Reserva Federal con el fin de bajar la inflación y reintroducir la disciplina económica.

La posición de Hayek en los años 1980 era mucho más interesante. Tuve la oportunidad de estudiar muchos documentos conservados en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, entre los que están su correspondencia y una serie de discursos de la misma época. Lo primero que notamos es que a partir de 1981, tal vez a partir de 1980, Hayek acepta con mucha franqueza que su propuesta de desnacionalizar el dinero es utópica. Es perfectamente consciente de que es imposible aplicarla en términos políticos. De hecho, en 1981 participa de una charla con un grupo de ejecutivos de Visa en Atenas, Grecia, donde plantea que sus propuestas son ficciones surgidas de la frustración y de cierto tipo radicalización que debía quedar atrás.

Pero no retorna a su posición anterior, es decir, a la idea de que solo se necesitaban mejores políticas económicas. Afirma que la política monetaria nunca sirvió, que no es necesaria. No es una cuestión de buenas o malas políticas monetarias. Simplemente hay que prescindir de todas. Al mismo tiempo, considera que la desnacionalización del dinero es políticamente imposible.

Entonces, entre 1981 y 1986, actualiza sus ideas sobre la competencia de distintas monedas adaptándola a una realidad que estaba cambiando a toda velocidad. La propuesta que hace a los ejecutivos de Visa —y es un discurso que repetirá frente a las autoridades bancarias de Londres— es básicamente la creación de un sistema de unidades de cuenta que tienen la forma de giros bancarios que compiten entre sí.

Por lo tanto, el Estado puede prohibir la impresión de dinero, es improbable que renuncie a ese privilegio. Si uno intenta emitir sus propias notas bancarias, buena suerte, pero las posibilidades de éxito son escasas. El Estado puede controlar todas las operaciones de los bancos. Del mismo modo en que los bancos crean crédito y se benefician de la privatización de esa política, Hayek piensa que deberían poder crear cuentas denominadas, no en dólares o en libras, sino en nuevas unidades monetarias.

Dice que son las tarifas las que hacen que no abramos cuentas denominadas en otras monedas. Pero rechaza esa idea y propone una solución. Exige un input. Argumenta que tiene cierta idea de cómo hacerlo, pero que costará millones de dólares, que no puede decir el nombre del proyecto porque sus abogados recomendaron prudencia.

Está tramando un esquema para mantener la promesa de la desnacionalización del dinero, no bajo la forma de bancos que imprimen realmente su propio dinero, sino mediante la utilización de herramientas financieras, como las tarjetas de crédito, y otras que los bancos estaban empezando a utilizar en los años 1980.
 
 

DD

En otro lugar, escribiste, «Además de imponer deliberadamente límites a la negociación colectiva y al crecimiento del salario real, la nueva política de desinflación abrió simultáneamente las compuertas de las tarjetas de crédito destinadas al consumo privado». Entiendo que lo que sugiere esta cita es que el retroceso del poder obrero y la expansión del crédito para consumo privado son dos fenómenos que no coincidieron solo por azar. ¿Cuáles son sus vínculos?
 

SE

De nuevo, en este caso sigo el libro de Greta Krippner que trata el tema de manera impecable. No quiero que se me malinterprete como si estuviera proponiendo una relación causal o como si dijera que una cosa fue la respuesta coordinada a la otra. Recordemos que el período estuvo definido por una política experimental bastante desordenada. Una idea que emergió entonces es que la desregulación de las finanzas parece adecuarse a cierta solvencia política, pospone y potencialmente desplaza parcialmente algunos de los conflictos distributivos típicos de los años 1970.

Los años 1970 estuvieron definidos por la preocupación que generaba un sistema político sobrecargado, que luchaba por decidir reivindicaciones distributivas conflictivas. Los mercados financieros, la desregulación y la apertura de las compuertas del crédito parecían ser capaces al menos de ganar un poco de tiempo para maniobrar. Por un lado, permiten ciertas libertades que acrecientan la eficiencia, la movilidad del capital y ofrecen comodidades para que las instituciones financieras ofrezcan sus productos. Todo eso entra en la categoría de mejoras de liquidez y eficiencia.

Pero en términos políticos, también es una respuesta a la experiencia de los salarios estancados. Durante los años 1950 y 1960, el sistema político había llegado a depender del crecimiento económico y de las expectativas. Esa idea entró en crisis cuando irrumpió la estanflación. En ese contexto, el acceso a crédito barato se convirtió, al menos por un tiempo —hasta los años 1990— en un modo de navegar las corrientes del capitalismo financierizado. Se pensaba que las facilidades de acceso al crédito serían una solución alternativa y temporaria al retraso y al estancamiento de los salarios.
 
 

DD

Entonces, este desplazamiento —la expansión del crédito como compensación por el estancamiento de los salarios— facilitó la hegemonía de la Gran Moderación y la consecuente despolitización del dinero hasta la crisis financiera de 2008.
 

SE

Sí. Suele pensarse que la Gran Moderación es un fenómeno macroeconómico, o un sistema inflacionario dirigido por bancos centrales independientes, que habrían logrado dominar la situación. En ese sentido, muchos afirman que los bancos desarrollaron un kit de herramientas macroeconómicas capaces de limar las alzas y bajas y estabilizar la economía. Hay algo de eso.

Pero también es crucial lo que sucede con la movilidad del capital y con el crédito. En primer lugar, el proceso responde a una remoción de obstáculos a la movilidad del capital que no tiene precedentes. En los años 1970, la movilidad del capital era un fenómeno marginal. Bretton Woods había definido controles de capital rigurosos. En esa época, Estados Unidos, Alemania y en parte Japón estaban interesados en la movilidad del capital, pero muchos países —obviamente el Sur Global, aunque también una buena parte de Europa, y sobre todo Francia— se oponían enérgicamente a esa idea.

A fines de los años 1980 y principios de los 1990 la situación cambió. El Tratado de Maastricht colocó la movilidad del capital en el centro de la Constitución Europea. Ahora vivimos en un mundo completamente distinto, donde la movilidad del capital —su colocación eficiente y su flujo— es una parte fundamental del cuadro de la Gran Moderación.

Pero, si atendemos solo a la cuestión salarial, estamos dejando de lado otros beneficios que trajo la Gran Moderación, vinculados con el acceso a crédito barato. Sí, es probable que los salarios no hayan mejorado tanto como durante los años 1960, pero las hipotecas mejoraron y se multiplicaron los productos financieros disponibles. Todo esto es parte de la ampliación del mundo de las finanzas a partes de la sociedad que antes estaban excluidas de la ecuación.
 
 

DD

Todo eso obstaculizó, no solo el programa del NEIO, sino también cualquier experimento socialdemócrata en el Norte Global, como el de François Mitterrand en Francia.
 

SE

Definitivamente. Ese es un buen atajo para retomar la conversación sobre las criptomonedas. Todo ese proceso se amparó muchas veces en un hipotético programa de democratización del acceso al crédito. En el contexto de Estados Unidos, se generalizó la idea de que las familias afroamericanas, excluidas de toda forma de crédito —es uno de los factores determinantes de la brecha racial en este país— serían capaces de acceder al sistema financiero y superar la discriminación.

La idea de «democratización de las finanzas», para usar un término que se ha vuelto bastante común, es pasar de la exclusión a la inclusión. Los hogares antes excluidos, por discriminación o por capacidades económicas, están incluidos en la esfera de la creación de crédito. En consecuencia, el Partido Demócrata se subió al tren. Es un relato que funciona bien en términos electorales.

Ahora bien, es el mismo relato que encontramos en el mundo cripto: la publicidad apunta a la idea de nuevas oportunidades de inversión y de democratizar las finanzas. Es una especie de fenómeno Robinhood en el que cualquiera puede convertirse en corredor de bolsa, comprar acciones e invertir en criptomonedas. Los que antes estaban excluidos hoy son parte del mundo financiero y deberíamos estar celebrando.

Por supuesto, se ignora deliberadamente que se trata de capital y de crédito. Y el capital y el crédito no operan en función de la igualdad ni de la inclusión. La inclusión no significa nada si el crédito al que se accede es inferior al crédito al que acceden los otros.
 
 

DD

¿Cómo impactaron la crisis financiera y las políticas aplicadas después en la ideología dominante del dinero despolitizado?
 

SE

Es difícil pensarlo ahora a causa del impacto de la crisis financiera y las medidas monetarias de la pandemia. En cuanto a la crisis financiera, hay que decir que la mayoría de los modelos que usan los economistas —los que determinan las grandes decisiones macroeconómicas y modelan los escenarios que evalúan las instituciones financieras— básicamente dejan afuera el dinero y los bancos. Cuando aparecieron los bancos, los economistas los consideraron como meros intermediarios financieros en vez de como entidades creadoras de crédito. Y el rol complejo que juega el dinero en el mercado monetario recibió aún menos atención.
 
 

DD

Entonces, ¿esa ideología del dinero despolitizado también influye en los economistas?
 

SE

Exactamente. La neutralización del dinero en la economía se complementó y hasta cierto punto reflejó la neutralización del dinero que dominaba la esfera pública. Fue parte del relato de la Gran Moderación, fundado en la idea de que, durante los años 1970, el dinero se había politizado ilegítima y artificialmente. La independencia de las metas de inflación de los bancos centrales fue concebida con el fin de mantener el dinero a distancia de la política.

Esa idea del dinero está vinculada con los modelos y con la neutralización del dinero en la imaginación popular: el dinero empezó a ser visto como una cosa neutra, un medio técnico que había que separar de la política y que no respondía a ningún interés. Así quedó totalmente aislado de los problemas del poder. Esa fue la imagen dominante durante la crisis.
 
 

DD

En un artículo dijiste que la crisis mostró que los bancos centrales «se habían convertido en entidades de planificación centralizada que no osaban confesar su nombre. Las nuevas capacidades de los bancos centrales plantearon, no sin generar incomodidad, la posibilidad de tomar decisiones políticas en un sistema en el que supuestamente no había alternativas».

Sin embargo, también dijiste que «Aunque el dinero terminó siendo más político de lo que muchos habían asumido, la crisis también socavó rápidamente cualquier presunción de que obedecía directamente a la soberanía de los Estados y respondía sin conflictos a la política. En muchos sectores, la moneda había sido reemplazada por dinero privado mundial». ¿Cómo se relacionan estas dos evaluaciones que en principio parecen contradictorias?
 

SE

De nuevo, esto es algo tan importante en la concepción que tenemos hoy de los bancos centrales. Hay dos movimientos. El primero pasa simplemente por la toma de conciencia del enorme poder que tienen los bancos centrales. La idea está presente en muchos episodios de esta crisis.

Por ejemplo, cuando después del rescate de AIG, el gigante de los seguros, los periodistas presionaron a Ben Bernanke en la televisión para que dijera de dónde venía el dinero: ¿Era dinero de los contribuyentes? ¿Quién había autorizado ese cheque en el Congreso? Y de pronto llega el momento en que responde: «Nosotros no imprimimos dinero. Usamos la computadora. Solo agregamos ceros».

El público escuchó impactado porque estaba convencido de que la austeridad y la disciplina económica eran las únicas alternativas en el contexto del neoliberalismo. Todos tienen que ajustarse los cinturones. Tenemos que reducir nuestros gastos, igual que el gobierno.

Ese era el relato: no hay alternativa, no hay posibilidad de decidir. Pero resulta que Ben Bernanke puede añadir ceros en una computadora. Y es verdad: el banco central, como cualquier entidad, puede crear dinero simplemente añadiendo ceros.

Lo que convirtió a la crisis en una crisis es que la FED tuvo que intervenir, no como prestamista de última instancia, sino como proveedor de liquidez. A diferencia de los bancos, que operan en un contexto un poco más complejo, el Estado siempre puede cumplir esa función.

De ahí el sentimiento, todavía más evidente hoy, de que los bancos centrales toman decisiones arbitrarias, que pueden optar por hacer una cosa u otra, sobre todo cuando se trata de rescatar a los bancos privados, pero también en el caso de las metas de inflación y las tasas de interés. Es algo que hoy parece obvio, pero tardamos muchos años en comprenderlo y los banqueros no querían aceptarlo.

La FED sigue siendo bastante reacia a aceptar que está haciendo política, aun cuando aplican regímenes diferentes todo el tiempo y sus decisiones afectan a distintos sectores de la población. Cada vez es más difícil aceptar que su actividad es neutra, no destructiva y puramente tecnocrática. Es una ficción que no se sostiene.
 
 

DD

Recuerdo que una vez señalaste que Satoshi Nakamoto, seudónimo del creador de Bitcoin, había publicado su propuesta el 1 de noviembre de 2008, pocas semanas después de la quiebra de Lehman Brothers. Y también destacaste el mensaje que acompañaba el código del primer bloque de Bitcoin. Decía, «Times, 3 de enero de 2009, el ministro de Hacienda está a punto de concretar el segundo rescate en beneficio de los bancos». Eso es todo.

La seca publicación de Nakamoto llegó meses antes de que Rick Santelli, periodista de la CNBC, despotricara contra el Tea Party. En ese momento no prestamos mucha atención, pero ahora pienso que la secuencia es importante. Fueron las semillas de lo que terminaría siendo la respuesta popular a la crisis que estamos viviendo hoy: una respuesta reaccionaria a la repolitización del dinero que aparentemente es más duradera que la rama libertaria del Tea Party inspirada por Koch.
 

SE

No fue solo un anuncio que acompañó el lanzamiento de Bitcoin. Si tenemos en cuenta cómo funciona la blockchain y dado que la frase está incluida en el primer bloque del Bitcoin, hay que decir que forma parte de cada una de las transacciones. Es un elemento indivisible de la existencia de la blockchain del Bitcoin. Así que en el comienzo de todo, si remontamos la blockchain de Bitcoin, nos encontramos con el titular del London Times sobre el ministro de Hacienda que rescata a los bancos. Ese es el tipo de grito de guerra bajo el que se anunció esta nueva moneda, no fundada en la confianza, que prometía un nuevo futuro para el dinero más allá de la política y de los bancos.

Restituir el contexto —es decir, la crisis financiera y política que afectó las instituciones democráticas— es fundamental si queremos comprender la promesa de Bitcoin.
 
 

DD

Tu libro parece sugerir que la perspectiva de Nakamoto tiene cierta similitud con el fenómeno de GameStop, una especie de convergencia entre libertarianismo defensor del capitalismo de libre mercado y política populista antibancos.
 

SE

Hay que considerar una diferencia muy importante. Es muy tentador trazar una línea que una directamente a Hayek con las criptomonedas. Es muy tentador considerar que anticipó la idea o buscar en las promesas de las criptomonedas una concreción de su propuesta de desnacionalizar el dinero. Pero la diferencia más importante está en la función de los bancos. Los bancos son los héroes del panfleto publicado por Hayek en 1976 y siguen ocupando esa posición en sus proyectos posteriores. Hayek les hablaba directamente a los bancos, presentaba sus planes y sus propuestas ante sus funcionarios. Eran ellos los que nos rescatarían.

Pero eso cambió completamente en 2008. Entonces, Nakamoto —o el grupo que opera detrás de ese nombre— comprendió que el sistema bancario no está separado del Estado. Los investigadores especializados en el dinero, especialmente los juristas y los historiadores, venían diciendo lo mismo hacía muchos años: es un error pensar que los bancos son empresas privadas.

Son más bien franquicias de cierto tipo de derecho público. Operan en un espacio sometido a regulaciones estrictas en el que distribuyen básicamente bienes públicos o crédito por medios privados, pero siempre obedecen a obligaciones estrictas. Están respaldados por la Reserva Federal. Son parte de una especie de centro bancario estatal.

En un sentido, el Bitcoin diagnostica bien ese punto. Es inútil pensar que los bancos están en contra del Estado, incluso en tiempos de crisis. En realidad están íntimamente conectados.
 
 

DD

Considerando que el dinero es político y que asumió explícitamente ese rasgo después de la crisis de 2008, ¿qué dinero debería defender la izquierda? ¿Cuál sería una posición de izquierda en este momento de repolitización del dinero?
 

SE

Acabo de terminar un libro sobre la teoría política del dinero en el que trato ese problema. Intento hacer una genealogía para tomar un poco de distancia y analizar de dónde provienen las distintas concepciones del dinero, de dónde viene todo eso que vemos y no vemos cuando miramos el dinero. Como sea, me parece que el problema es la democratización.

En ese sentido, tenemos que entender que hablar de despolitización y repolitización del dinero es bastante confuso. En última instancia, esa idea parece asumir que el dinero sería capaz de prescindir de la política.

Estoy convencido de que es un punto de partida errado. El dinero siempre es político.

Pero entonces, ¿qué es lo que se despolitiza? No es el dinero en sí mismo. Es la apariencia del dinero, o, en otras palabras: la despolitización del dinero es en realidad una desdemocratización del dinero.

Cuando hablamos de los años 1980 como de un período de despolitización del dinero, deberíamos precisar la idea en dos sentidos. En primer lugar, hablar de la política de despolitización implica estudiar los modos de pensamiento que gobernaron la FED —las ideas de Paul Volcker, por ejemplo—, que fueron muy políticas y que apuntaron a crear una nueva apariencia y a presentar el dinero como una cosa que estaba más allá de la política.

En segundo lugar, eso obedece, antes que a la separación abstracta entre dinero y política, a la exclusión del dinero de la esfera del control democrático. Una vez que aceptamos esto es más fácil plantear la pregunta por la democratización del dinero.

 No deja de ser un problema muy difícil de resolver, pero es muy importante. Tenemos que enfrentarlo.

Para mí, democratizar el dinero significa dejar de hablar de repolitización o despolitización y empezar a analizar las estructuras que rigen la toma de decisiones en los bancos centrales y en el sistema monetario, que incluye a los actores privados o supuestamente privados y a los bancos centrales. Eso implica empezar a pensar dónde se genera realmente el crédito: ¿quién tiene derecho a crear dinero y por qué?

Aunque no tengo un plan sistemático, me parece que ese debería ser el punto de partida: pensar los bancos centrales como instituciones que podemos democratizar. Circulan muchas propuestas interesantes, como la inclusión de representantes sindicales en esas instancias. También podríamos someter los bancos centrales a distintas cámaras legislativas.

Todo eso es mejor que reducir la cuestión a la repolitización de los bancos centrales o anclar los bancos al Congreso, que no deja de ser una institución de legitimidad democrática dudosa. En síntesis, tenemos que pensar formas de democratización que no impliquen simplemente someter los bancos centrales al sistema político existente.

Por otro lado, tenemos que hablar del crédito, de si tenemos que complementar el crédito privado con la creación de crédito público y si tenemos que repensar las relaciones de poder que habilitan a los bancos a expandir el crédito sin ninguna obligación. Ese es otro aspecto: repensar todo el sistema monetario en términos más democráticos a través del lente de la liquidez.

Por Stefan Eich

Traducción: Valentín Huarte

 

Notas

1

Autor de «All-American Nativism» (Verso, 2020) y conductor de «The Dig», un podcast de Jacobin Magazine.

Publicado enEconomía
Maduro anuncia procesos de privatización en empresas de telecomunicaciones, petroleras y gasíferas

Aunque no es novedad el proceso privatizador del gobierno de Maduro, esta vez lo hace más abiertamente y en sectores donde hasta ahora no lo había iniciado como en telecomunicaciones. Se trata de un curso entreguista que sigue dando pasos agigantados.

 

Maduro anunció este miércoles que el país ofertará, a través de bolsas de valores, hasta el 10 % de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. “Vamos a sacar entre el 5% al 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional”, dijo en un discurso televisado.

La oferta, explicó, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas. “Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, detallaba Maduro. En otras palabras, en casi todos los sectores económicos que están bajo la órbita del Estado.

Cuando Maduro habla de un “5% al 10% de las acciones” de las empresas estatales, está diciendo que aunque de manera gradual, ira a un proceso de privatización mayor, todo dentro de un plan más acelerado y completo en el marco de la llamada Ley Antibloqueo (ley promulgada en 2020 donde con una retórica de defensa del país por las sanciones del imperialismo norteamericano, plantea una política aperturista y de reversión hasta de las nacionalizaciones chavistas -que recordemos: se hicieron pagando a los empresarios, como un premio por "las molestias ocacionadas"), con el secretismo de Estado hecho Ley, donde se hace público sólo aquello que el propio Gobierno decide.

De tal manera, Maduro sigue en carrera en su curso privatizador. Bajo el secretismo que le da la Ley “antibloqueo” el Gobierno opera aceleradamente y hasta los medios económicos internacionales lo remarcan como “positivo”. Tal como lo dijo en su momento cuando era promulgada: “La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!”.

Tras el anuncio de dicha Ley, escribíamos desde este mismo diario: “Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley ‘Antibloqueo’. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan. Aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa ‘transparencia’ del remate de entonces (que era un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.”

Luego de la total flexibilización de los controles de cambio y de precios y de la bendición por parte del Ejecutivo del uso de divisas extranjeras en el país, exoneración total de impuestos a transnacionales y empresarios locales, el gobierno de Maduro ha entregado a “inversionistas” privados extranjeros y nacionales el manejo de importantes compañías de sectores estratégicos. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se alegraba la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg.

Así lo decía Maduro en febrero del año pasado: "Con la Ley Antibloqueo vamos a buscar buenos socios internacionales que traigan capital, tecnología y mercado para la gran industria de Venezuela". Y luego de mencionar a los distintos países europeos así como asiáticos, rusos y de otras latitudes, también enfatizaba: "Quiero decirles a los inversionistas de los EE.UU. de Norteamérica que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense, para trabajar en una sociedad ganar-ganar".

Es sabido que en el sector agroindustrial, supermercadista y hotelería, son decenas las empresas que desde hace mucho tiempo han pasado a manos privadas. Entre las que han sido noticia se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio, que fue nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesadora de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) se conoce que la maneja un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en el Estado de Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.

Pero es en el sector petrolero donde el camino de las privatizaciones tiene un avance constante desde hace ya varios años. El Gobierno ha otorgado a las empresas locales y extranjeras más control sobre los activos administrados en campos petroleros y plantas de compresión de gas. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas como PetroSinovensa y Petrozamora, por solo mencionar algunas.

Todo este curso entreguista y privatizador de Maduro es festejado por las transnacionales y todos los grupos económicos del país. A nivel local van desde los tradicionales sectores económicos como los que emergieron con el chavismo y los propios burócratas -funcionarios- del Estado, que con el concurso de testaferros participan del festín.

Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo.

La Izquierda Diario Venezuela@LaIzqDiario_VE

Jueves 12 de mayo

Publicado enInternacional
¿Hacia dónde está mutando la derecha?

La derecha contemporánea ha heredado de la era neoliberal dos impulsos aparentemente contradictorios: la política antidemocrática y una ética personal libertaria. Wendy Brown, autora de En las ruinas del neoliberalismo, lo explica en esta entrevista.

 

Gran parte de su trabajo reciente se ha centrado en analizar el neoliberalismo como una forma específica de razón normativa y gobierno, un resultado de la modernidad capitalista que no puede reducirse a ella. ¿Qué cree usted que ha cambiado en el orden neoliberal desde que publicó Undoing the Demos? Las crisis sociales, ecológicas y políticas que vivimos actualmente ¿han dejado más claro qué elementos de la vida social se han integrado plenamente a la lógica del neoliberalismo y qué elementos no?

Sabemos que el neoliberalismo tiene que ver con el desmantelamiento del Estado social, la desregulación, la privatización, los impuestos regresivos y la sospecha hacia los bienes públicos, en favor de emprendimientos empresariales, privatizados y con fines de lucro. Sin embargo, hay otras dos cosas que quiero mencionar.

Foucault, entre otros, nos enseñó a pensar en el neoliberalismo como algo que excede un conjunto de políticas, más bien como una forma de razón gobernante. Con eso se refería a una forma de razón que moldea nuestra conducta en todas las dimensiones de la vida, desde la educación hasta la atención de la salud, cómo pensamos el ocio, el retiro o la mera supervivencia. Por ejemplo, ¿entendemos la educación como un bien orientado a construir democracia o como una inversión que hace un individuo para mejorar su capital humano? Al concebir el neoliberalismo como una forma de razón gobernante, podemos entender cómo orienta a los individuos como sujetos que invierten en ellos mismos.

Pero el neoliberalismo también rehace el Estado y la sociedad. Una de sus características cruciales como forma de razón es su idea del Estado como facilitador o sustentador de la economía. El neoliberalismo a menudo es entendido como antiestatista, pero a lo que se opone es al Estado regulador. El Estado es usado todo el tiempo para apuntalar o crear mercados en determinados campos. Eso está perfectamente legitimado en un orden de cosas neoliberal. Pero es más un Estado desdemocratizado que un Estado representativo, un Estado donde la igualdad política entre los ciudadanos se organiza en instituciones y prácticas a través de las cuales nos gobernamos. El Estado es un administrador de la vida económica y de lo que solemos llamar en la actualidad vida biopolítica.

El neoliberalismo, como en la célebre formulación de Margaret Thatcher (parafraseando a Hayek), busca desintegrar la noción de sociedad o de lo social. La famosa frase de Thatcher es: «No existe como tal la sociedad. Hay hombres y mujeres individuales y hay familias». En otras palabras, somos reducidos a unidades individuales no ligadas ni conectadas socialmente, ya sea en términos de ser responsables ante los asociados o de enfrentar los poderes de la sociedad (ya sean los poderes del capital, la raza, el género y la sexualidad). Solo hay individuos, y nuestra libertad radica en poder hacer lo que queramos como individuos.

Hay dos cosas importantes para decir aquí sobre los cambios más recientes. Uno es el surgimiento de formaciones y regímenes de extrema derecha, asociados con personajes como Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Narendra Modi, Viktor Orbán y Jair Bolsonaro. También vemos esas formaciones en movilizaciones y partidos políticos tanto en el Norte como en el Sur globales, incluso donde no han alcanzado el estatus de regímenes gobernantes. Estas formaciones populistas y nacionalistas son interpretadas a menudo como una reacción frente al neoliberalismo porque se oponen a la globalización y al libre comercio y defienden el etnonacionalismo. Se presentan como oponentes al ideal imaginado por el neoliberalismo: el flujo absolutamente libre de bienes, mano de obra y capital en todo el mundo.

Quiero impugnar esa idea. William Callison y Quinn Slobodian han afirmado con acierto que es un terrible error ver estos regímenes de derecha como abiertamente antineoliberales, como opuestos a una forma de lo que ellos llaman «neoliberalismo mutante». En En las ruinas del neoliberalismo sostengo que es necesario comprender la fuerza antidemocrática de estos regímenes de derecha. Como movilizaciones políticas, nacen en gran medida de la racionalidad neoliberal. Lo que los distingue del fascismo clásico es que son autoritarios en lo político y libertarios en lo cívico y lo personal.

Califico esto como una forma de liberalismo autoritario, que para muchas personas es una contradicción en términos. Sin embargo, creo que debemos verlos como una forma de liberalismo antidemocrático que valora las libertades y los derechos individuales casi ilimitados, ya sea el derecho a rechazar obligaciones sanitarias, el derecho a comprar cualquier tipo de objeto que se desee, independientemente de cómo deprede la Tierra, o el derecho a decir lo que uno quiera sin importar cuán violento y dañino pueda ser. Esa herencia libertaria nos viene del neoliberalismo. Estos regímenes de derecha tienen una fe absoluta en el capitalismo y un antisocialismo feroz, y suscriben un estatismo autoritario heredado del ataque neoliberal a la soberanía popular y al Estado democrático representativo.

Obviamente, la pandemia desafió las premisas de lo que deben ser «el Estado» y «la economía» en un orden neoliberal. Se apeló a los Estados de todas partes, ya fueran de derecha o izquierda, para que respondieran a la pandemia, hicieran testeos sanitarios, proveyeran vacunas, etc. Ni los antivacunas se oponen radicalmente al suministro por parte del Estado. La pandemia forjó una mezcla de torpes desafíos al neoliberalismo. Pero no creo en absoluto que haya acabado con el neoliberalismo.

Por otro lado, tenemos el surgimiento de movimientos sociales de izquierda que se oponen muy explícitamente a la privatización y despolitización neoliberal. Por ejemplo, en las elecciones más recientes en Chile, Gabriel Boric presentó un programa antineoliberal y un referéndum de 2020 estableció la necesidad de una nueva Constitución consagrada a borrar el legado neoliberal de la era de Pinochet.

En En las ruinas del neoliberalismo, usted caracteriza el neoliberalismo como facilitador de la creación tanto de un poder estatal antidemocrático desde arriba como de una cultura política antidemocrática desde abajo. ¿Cómo se potencian entre sí estos dos procesos y qué contradicciones existen entre ellos? Pareciera que a estos nuevos movimientos de derecha les parece bien desplegar el poder estatal con fines represivos, siempre y cuando su poder no se dirija hacia personas como ellos, los miembros de la comunidad política y social supuestamente auténtica, sino hacia el otro interno.

Yo diría que es un error considerar al neoliberalismo responsable de todo lo que asociamos con la derecha. Un análisis totalizador que sugiera que el neoliberalismo está en la base de todos los problemas sociales no nos ayudará a pensar nuestros dilemas actuales, desde el cambio climático hasta la política exterior de Estados Unidos, el ascenso de China, el continuo apoyo estadounidense a la ocupación de Palestina, etc.

Pero también es un error no entender la estructura o el marco neoliberal de una serie de posturas de derecha de la actualidad, o excluir por completo el neoliberalismo de nuestra idea de que, por ejemplo, en Estados Unidos está bien hacer redadas contra los inmigrantes, usar la brutalidad policial contra quienes no son blancos, usar la fuerza del Estado en todo tipo de formas para limpiar ciudades y barrios, y regular los cuerpos de las mujeres. El interrogante es cómo este rasgo antidemocrático del neoliberalismo, tanto en el plano del Estado como del ciudadano, condiciona la estructura y la energía de la derecha.

Me parece bastante significativo que, en la actualidad, cuando el periodismo habla de ciudadanía y votación, la mayoría de las veces use el lenguaje del electorado en lugar del de la ciudadanía. Es un lenguaje de votantes que deben ser organizados, administrados, dirigidos, manipulados, creados y orientados, en lugar de educados. Creo que la deseducación de la democracia en este momento crucial es fundamental para entender cómo se produce la desintegración de la sociedad. Una vez que la educación abandona la tarea de crear una democracia educada y se transforma en una inversión individual para tener un ingreso de dinero y un futuro, se empieza a perder la capacidad de educar a los ciudadanos para la ciudadanía. En su lugar, se produce la capacidad del poder –poder económico, poder político, poder tecnológico, poder financiero– para manipular, administrar y organizar a aquellos que son considerados incapaces de ser ciudadanos. Actuamos como si el voto –el derecho a votar y la legalidad– fuera lo que constituye la ciudadanía. Lo que hace valiosa a la ciudadanía en un orden democrático es que sea lo suficientemente reflexiva, deliberativa y educada como para poder decidir con otros quiénes debemos estar juntos y qué debemos hacer.

Debo agregar que hoy hablamos de neoliberalismo y financiarización sin desarticularlos. Está cada vez más claro que, aun cuando el neoliberalismo fuera rotundamente rechazado por naciones enteras o partes del mundo, no solo como política económica sino como una forma de gobierno de la razón, todavía estaríamos lidiando con las bestias que ha desatado, entre las que se encuentran la desregulación del dinero y los bancos. La financiarización es tanto un orden dominante como una forma de razón neoliberal, y que no fue anticipada por Hayek ni por ninguno de los arquitectos neoliberales de la Sociedad Mont Pelerin. Pero es algo que nuestra época puede ver claramente. The Asset Economy [La economía de activos], de Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings, ofrece la mejor discusión sobre este asunto. Es el mejor libro de introducción al tema de cómo el capital financiero está estructurando la política, la desigualdad y el porvenir para todo el mundo.

¿Qué tan exitosa ha sido la derecha en asegurarse un espacio autónomo a partir de la lógica neoliberal predominante? ¿Sigue fundada en la misma racionalidad social del neoliberalismo, aunque en un registro diferente?

Cuando hablamos de la derecha y la izquierda hoy, es extremadamente importante para nosotros ver que ambas están en total desorden. Puede parecer que la derecha tiene un proyecto coherente porque lo está haciendo terriblemente bien. Nosotros, en la izquierda, preguntamos: con una base demográfica que se reduce y esos idiotas en sus márgenes, ¿cómo ha tenido tanto éxito en las palancas del poder: poder económico, poder social, poder político? No puede ser solo la Iglesia evangélica, porque eso no nos ayuda a explicar otros casos, como la derecha musulmana o la derecha hindú, es decir, el ascenso de la derecha más allá de Estados Unidos. Y no puede ser solo el neoliberalismo, porque el neoliberalismo se ha resquebrajado de muchas maneras: la crisis financiera, la pandemia y las continuas recesiones han resaltado la necesidad obvia del Estado.

Es importante ver que no solo la derecha no es coherente, sino que existe una increíble fluctuación entre la inversión en canales globales de poder, especialmente el poder financiero, y el nacionalismo apasionado. Trump, como empresario de bienes raíces que convirtió deuda y quiebra en riqueza, trató de construir un nacionalismo a partir del capital financiero. Entonces, ¿dónde se sitúa la derecha en relación con la globalización y la financiarización? Está tratando de avanzar en el proyecto de reafirmar los intereses nacionales y jugar fuerte por esos intereses. Al mismo tiempo, las mejores mentes de la derecha están tratando de mantenerse al tanto de las formas en que funcionan las finanzas y otras fuerzas internacionales y transnacionales. No se hacen ilusiones de poder volver a meter al genio de la globalización en la lámpara. El racismo, el etnonacionalismo acérrimo, es una manera de movilizar una base, pero los plutócratas de la derecha se mueven entre un reavivamiento nacionalista de la política de poder en el escenario mundial y un ajuste de cuentas con Davos como el futuro.

En su ensayo “We Are All Democrats Now” [“Ahora somos todos demócratas”], señaló que uno de los efectos del neoliberalismo ha sido la cooptación y disolución del lenguaje de la democracia; ahora es un significante que puede ser usado para una cantidad de proyectos políticos incompatibles. ¿Cómo han afectado las condiciones de la emergencia pandémica y climática sus pensamientos sobre este tema? ¿Puede ser recuperada la «democracia» –o, para el caso, términos relacionados como soberanía popular, socialismo o comunismo– para un proyecto político emancipador, o estamos en el punto en que el legado de estos términos se ha agotado y necesitamos un nuevo vocabulario político?

Si renunciamos a la democracia, renunciamos a la aspiración a la democracia, la aspiración a gobernarnos a nosotros mismos. Democracia siempre significa posibilidad de que el pueblo se gobierne a sí mismo (incluso si sus diversas formas dificultan esa posibilidad), en lugar de ser gobernado por otro, ya sea a través del colonialismo, la tiranía, el despotismo o la dominación. Tampoco es lo mismo que ser gobernados por lo que soñaron los neoliberales: las fuerzas del mercado y la moral tradicional, esos «órdenes espontáneos» que tienen sus propias jerarquías y formas de dominación, pero que, según Hayek, nos dan libertad porque el Estado no nos obliga a estar de acuerdo con ellas.

Por lo tanto, soy reticente a renunciar al lenguaje o a la lucha por la democracia, pero no soy tan fetichista como para pensar que tiene que ser la palabra operativa. En muchos lugares del mundo, democracia equivale a hipocresía del imperialismo del Norte global, racismo, explotación y varios tipos de saqueo. Entiendo por qué la gente más joven la acoge con resignación. Y no tengo apego a lo que convencionalmente hemos llamado democracia constitucional o liberal: la he criticado durante mucho tiempo. Pero sí creo que vale la pena aferrarse y seguir luchando por la aspiración a que las personas se gobiernen a sí mismas.

Hay muchas preguntas difíciles: ¿qué nivel?, ¿qué lugar? ¿Cómo puede operar la democracia en un mundo globalizado? El experimento de la Unión Europea muestra el sinsentido de llamar democrático a ese foro transnacional: no lo es. Incluso a escala de Estado-nación, las limitaciones son enormes.

La democracia funciona mejor en pequeños órdenes de cercanía. Nos damos cuenta cuando nos sentamos en una habitación, ya sea un aula, un lugar de trabajo o una cooperativa colectiva, y decidimos juntos cómo tomaremos decisiones y cómo viviremos respetándolas. Esa fue la concepción de Rousseau. ¿Se puede ampliar ese orden de cosas de alguna manera modesta o conectarlo con otras formas democráticas? ¿Podemos tener muchas cápsulas democráticas conectadas entre sí que nos permitan un control honesto de las condiciones, los términos y principios, y las reglas que nos damos a nosotros mismos y al mismo tiempo lidiar con un mundo verdaderamente globalizado?

Esto es extraordinariamente importante para hacer frente a la crisis climática. Leviatán climático, de Geoff Mann y Joel Wainwright, intenta exponer diversos dilemas para reflexionar sobre la democracia en el contexto del cambio climático. Las probabilidades de que exista una respuesta democrática para ellos son bastante bajas. Pero algunas de las respuestas a la crisis climática más interesantes y prometedoras están ocurriendo en el nivel local. Sí, necesitamos estándares transnacionales y acuerdos serios para detener las emisiones de carbono, dejar los combustibles fósiles en el subsuelo y pensar en fuentes de energía renovables a las que podamos recurrir de modo que no haya un nuevo saqueo del Sur global. Pero también necesitamos formas de vida sostenibles en las que la gente pueda participar con alegría y entusiasmo, sin odios reaccionarios. Los nuevos modelos para este tipo de cosas son los lugares más pequeños, como Costa Rica, o partes de Montana o California, o lugares del Caribe, que luchan por proteger sus ecosistemas. No quiero que digamos que la democracia es incompatible con los estándares transnacionales exigibles para las emisiones. Pero la mayor parte de la tarea que tenemos por delante en la crisis climática va más allá.

Usted ha mostrado su profunda preocupación por la teoría y la política feministas en prácticamente toda su obra. ¿Cómo ve su relación con la teoría feminista ahora? ¿Cuál es el futuro de la política y el activismo feministas, particularmente dada la capacidad de los Estados y las corporaciones para cooptar el lenguaje feminista y los marcadores de identidad hacia fines neoliberales, y el carácter diverso y heterogéneo de las luchas feministas?

Ninguno de estos dilemas –la diversidad e incluso quizás el antagonismo entre las distintas luchas feministas, y la susceptibilidad a ser cooptado– es nuevo para el feminismo. Los peligros de la cooptación y la dificultad para generar un movimiento feminista «unificado» ya fueron discutidos interminablemente por las primeras feministas de la segunda ola. Desde el derecho a la educación de las niñas y la liberación de la violencia sexual hasta la renovada lucha en este país por el derecho a controlar nuestra vida reproductiva, todas pueden existir en sus respectivas realidades locales sin tener que estar integradas en un movimiento feminista unificado. Habrá antagonismos, como los hay hoy, entre ciertas luchas feministas y cierto afán queer y trans por repensar o renombrar lo que algunas de esas luchas feministas deberían estar haciendo o deberían enfatizar. Eso es parte de la política de izquierda.

Espero que no tengamos que reinventar la rueda cada vez que nos enfrentemos a este tipo de dificultades, pero también he terminado por aceptar que probablemente terminemos haciéndolo. Ahora entiendo mejor que cuando tenía 20 años por qué la vieja izquierda estaba tan irritada con la nueva izquierda. Pensábamos que estábamos haciendo una forma de política emancipadora, igualitaria, socialista democrática, feminista, ecológica. Los de la vieja izquierda pensaban que ya la habían hecho ellos, y nosotros creíamos que eran un montón de viejos leninistas, estalinistas y patriarcas blancos. Era un error; había más cosas allí, y nosotros estábamos reinventando la rueda. Pero eso es parte de lo que hacen los movimientos sociales.

Creo que lo que está pasando ahora mismo con el género y la sexualidad en los movimientos sociales es apasionante. La mayoría de los actuales movimientos feministas, desde #MeToo hasta las luchas en Afganistán y Turquía y, en realidad, en todo el mundo, pertenece a una generación más joven. Tenemos probablemente la mayor movilización feminista en la historia del mundo en los países latinoamericanos con el movimiento Ni Una Menos y todos sus derivados, que obviamente están peleando consigo mismos y pasando por luchas internas. Esas luchas pueden demoler esta ola, pero sigue siendo algo que, en parte a través de las redes sociales, ha generado acciones y movilizaciones similares en todo el mundo y ha logrado unir causas como los derechos reproductivos, la liberación de la violencia sexual y los derechos LGBTQ, con una agenda antineoliberal y socialista. Probablemente no vaya a tener éxito mañana, pero es una movilización feminista de izquierda no menor.

Su punto sobre las diferencias generacionales también es relevante para el renacimiento de la izquierda estadounidense durante la última década, que se produjo como consecuencia de una pérdida de conocimiento institucional, político y organizativo. Hemos perdido mucho conocimiento teórico y práctico desde el declive de la nueva izquierda, a fines de la década de 1970, hasta la primera década del siglo XXI. A medida que se deshacían los movimientos y las organizaciones, esa pérdida de memoria institucional creó también una brecha generacional.

Esa pérdida tuvo pros y contras. La desventaja es que cuando usted tiene entre 20 y 30 años, por lo general no sabe tanto como debería sobre cómo funcionan el mundo y los movimientos sociales. Noté eso en Occupy Wall Street. La gente no podía creer que se evaporara después de haber sido considerada como una fuerza revolucionaria que iba a transformar el mundo. Las personas experimentadas estaban menos sorprendidas porque habían visto cómo funcionan los movimientos espontáneos no institucionalizados, y tenían formas de explicar esa evaporación que no apelaban a la cooptación, el duro invierno o el agotamiento producido por demasiadas reuniones deliberativas. Por otro lado, hay una gran energía, creatividad e inventiva en las generaciones que están creando movimientos sociales, desde el Movement for Black Lives hasta los movimientos indígenas y feministas, Extinction Rebellion y, por supuesto, los Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Hay una explosión de energía y determinación política de la izquierda. Y se debe, en parte, a que muchas personas de entre 20 y 30 años no ven un futuro económico o ecológico. Para ellas solo queda luchar por un mundo diferente. La única forma de terminar con esa desesperación es a través de la actividad política.

Sin embargo, como usted dice, hubo un periodo en las décadas de 1980 y 1990 que se perdió, lo que hace que parezca que la era de la digitalización ha estado aquí desde siempre, como si fuera el suelo que pisamos y el aire que respiramos. Sabemos que no va a desaparecer, pero esta forma de ser humanos juntos es muy novedosa y no nos permite ver otras formas en que los humanos podríamos vivir, trabajar y cuidarnos. Haber perdido esas décadas anteriores le ha hecho algo perverso al pensamiento político contemporáneo.

La educación superior ha sido una de las instituciones más afectadas por la neoliberalización de la vida social. Si hace una evaluación en retrospectiva, ¿cuánto de su punto de vista en Undoing the Demos se basó en su experiencia en la educación superior? ¿Cree que la actual movilización de estudiantes de posgrado y docentes no titulares para ser reconocidos como trabajadores académicos esté acaso haciendo de la universidad un lugar de lucha social contra la racionalidad neoliberal?

Mi pensamiento sobre el neoliberalismo se ha visto muy afectado al observar la neoliberalización casi total de una gran universidad pública, a saber, la Universidad de California en Berkeley, y el sistema de la Universidad de California en su conjunto. El sistema de educación superior de la Universidad de California fue algo increíble. Nos llegó a través del llamado Plan Maestro de principios de la década de 1960, que iba a ofrecer una educación absolutamente gratuita a todos los estudiantes de secundaria del estado que la quisieran. Iba a hacerlo a través de un plan en tres niveles de universidades comunitarias, universidades estatales y la Universidad de California. Podías moverte con fluidez entre ellos. E iba a ser una infraestructura totalmente pública, pagada por los contribuyentes de California.

Funcionó brillantemente, hasta que el neoliberalismo comenzó a desmantelarlo. Precarizó la fuerza laboral, tanto de docentes, catedráticos y estudiantes de posgrado, por un lado, como de todos los demás trabajadores de la universidad, que perdieron puestos seguros con todos los beneficios, ya que esos trabajos fueron subcontratados y hechos de tiempo parcial. La desinversión pública reemplazó la inversión, el costo de matriculación de los estudiantes subió y subió, y eso cambió la orientación de los estudiantes a la educación. Se convirtieron en consumidores y luego en inversores. Lo que esperaban e imaginaban que era la educación también se transformó: de convertirse en una persona con habilidades más diversificadas a ganar más dinero (y estar dispuesta a endeudarse para ello). Temas como negocios, economía, ingeniería y otros campos CTIM se volvieron más deseables, mientras que las humanidades, las artes y el resto fueron trivializadas. Todos conocemos la historia, pero yo viví esos años: enseñé en la Universidad de California en Santa Cruz durante la década de 1990, y en Berkeley en las décadas de 2000 y 2010. Había una indiferencia general ante este fenómeno por parte de la mayoría de los docentes, a pesar de que quienes participábamos en la asociación de protosindicatos de docentes estábamos constantemente tratando de alertar a la gente de este fenómeno. Las personas empezaron a preocuparse cada vez más por su propio estatus, puntaje y remuneración. Mi perspectiva se vio afectada al presenciar cómo nos dominaba el lenguaje neoliberal y cómo la desinversión delegaba la responsabilidad de sobrevivir a los departamentos.

También agregaré un detalle personal, y es que provengo de un entorno de clase media baja del centro de California. Mis padres estaban divorciados y eran incapaces de negociar entre sí. Si la educación no hubiera sido gratuita cuando fui a la universidad, yo no habría podido concurrir y tener acceso a la universidad y a la vocación que, por fortuna, tengo. He sido muy consciente, a lo largo de mi carrera docente en la Universidad de California, de la diferencia entre la educación esencialmente gratuita a la que tuve acceso en la década de 1970 y la extremadamente costosa, sobrepoblada y degradada educación actual.

Aun así, la universidad es un lugar de lucha social. Es realmente importante que luchemos por salarios y condiciones para aquellos que están en la parte inferior de la jerarquía y para proteger lo que queda de las universidades públicas, incluso en un momento en el que están, en su mayoría, totalmente privatizadas. Pero también creo que es muy importante pensar en lo que podría ser la universidad en términos de educación para la democracia, y eso no siempre significa remitirse a enseñar lo que uno quiere o le interesa, o lo innovador. Es hora de que la izquierda se una al centro para pensar cuál es el lugar de las universidades en el trabajo de educar para el futuro, y no solo a través de la especialización y en los campos CTIM, ni solo a través de la protección de campos bajo coerción, como los lenguajes especiales y la poesía. Todo eso es importante, pero tenemos que tomar en cuenta lo que realmente creemos que los estudiantes universitarios necesitan saber, y cómo podemos tomar un lugar en la mesa para dar forma a los umbrales curriculares y de especialización para ese proyecto, más que limitarnos a estar a la defensiva sobre nuestra libertad académica, nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a impartir las clases que queramos impartir. Tenemos que ver la degradación de la educación superior como un problema nuestro.

Dados los desafíos que enfrentamos, como ciudadanos, sociedades y especies, ¿cuál debería ser la misión y el propósito de la teoría crítica? ¿Cómo podría dar forma a las luchas sociales actuales y cómo esas mismas luchas pueden permanecer abiertas a aprender de sus ideas?

La teoría crítica, tal como la entiendo, es cualquier trabajo teórico que no considera las relaciones de poder existentes –social, económico, político, psicológico– como dadas, sino que las entiende como contingentes, históricas y maleables. Tiene como tarea diagnosticar los peligros y los daños de esos poderes, y describir las posibilidades inmanentes a estos poderes que podrían llevarnos a otro lugar.

Es muy tentador en los círculos de teoría crítica, y yo misma me incluyo, hablar entre nosotros. Hemos leído más o menos los mismos libros, tenemos los mismos fundamentos y nos guiamos por las mismas estrellas. Es tentador, como lo es en todos los nichos académicos, permanecer dentro de ese orden lingüístico y disciplinario, pero es muy importante para nosotros salir de él. Necesitamos hacer esto para poder pensar mejor en lo que los estudiantes, aquellos para quienes escribiríamos y enseñaríamos, podrían necesitar aprender o saber para tener un efecto en este mundo.

También es importante no quedarse dentro de nuestros pequeños círculos porque la mayoría de las tradiciones de teoría política que hemos heredado, incluida la teoría crítica, contiene en su seno el masculinismo, la cuestión blanca, el colonialismo y, sobre todo, el antropocentrismo, que nos han llevado a nuestros dilemas actuales con el racismo, con la crisis planetaria, con la democracia y con el género, que sigue siendo siempre una consideración secundaria. Necesitamos tener encuentros profundos con las obras y los movimientos que presionan contra estas cosas para desprendernos nosotros mismos de esas tradiciones.

La teoría crítica es una órbita de la academia que resiste el positivismo predominante en la academia, pero quiero que sea una órbita que no patrulle sus fronteras, que permanezca porosa y se aleje de su centro todo el tiempo y aprenda de otros tipos de conversaciones.

Fuente: Dissent

Traducción: Carlos Díaz Rocca

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Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en San Pedro Sula.. Imagen: EFE

El canciller hondureño calificó de desacertada la intervención de la embajadora estadounidense

El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.

Diplomacia desacertada

El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. "Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU", advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. "La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora" de energía, escribió Dogu en Twitter.

La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE

La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.

Reacción al proyecto de Xiomara Castro

Sin embargo, la revisión de contratos puso en alerta a los principales generadores de energía que incluso amenazaron con un gran corte de suministro tras el envío del proyecto de ley. El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENEE, sino que en el país. Doce años donde se enquistó un modelo de corrupción”, aseguró a la televisión pública de Honduras. Tejada también cuestionó que a pesar de que desde marzo de 2021 la empresa estatal le debía alrededor de 800 millones de lempiras a Lufussa recién ahora a 45 días de la administración de Castro la privada arremete con amenazas.

 “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, sentenció el funcionario hondureño. Además, recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras. “La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió en referencia a los términos que el gobierno de JOH negoció y que fijaron precios muy por encima de los países de la región centroamericana. Según Tejada, desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Por su parte, la privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.

La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que suplen el 60 por ciento de la demanda energética del país el Estado de Honduras arrastra una deuda de mas de 3 mil millones de dólares. En el proyecto, Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.

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Foto Unicef

Dos años después de que el SARS-COV-2 fuera declarado emergencia de salud pública, las estimaciones mundiales de exceso de muertes del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria 1/ indican que entre 18,2 millones de personas habían muerto a causa de la pandemia a 31 de diciembre de 2021, tres veces más de lo que sugieren los registros oficiales. Según las estimaciones del Banco Mundial, 100 millones de personas se han visto sumidas en la pobreza extrema a causa de la pandemia. Mientras se desvela la verdadera carga del COVID-19, ¿está saliendo a la luz una crisis de salud mental? La pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de antiguas lagunas y una falta de inversión mundial en la atención y prevención de la salud mental, que afecta de forma desproporcionada a los jóvenes y a las mujeres. Según el Atlas de Salud Mental de la OMS 2/, el gasto medio mundial en salud mental sigue rondando el 2% del gasto sanitario público. Sin embargo, los casos de trastornos de ansiedad 3/ aumentaron un 25,6% y los casos de trastorno depresivo mayor aumentaron un 27,6% a nivel mundial en 2020. Es necesario tomar medidas inmediatas para reforzar los servicios de salud mental a fin de hacer frente a este fuerte aumento de la demanda y cubrir las necesidades de las personas.

Se han documentado resultados adversos para la salud mental y la morbilidad psiquiátrica en pacientes con COVID-19, y se mantiene la preocupación por los efectos de la COVID-19 a largo plazo sobre la salud. La afección posterior a la COVID-19 o COVID prolongada y sus secuelas psicológicas, potencialmente considerables, siguen siendo poco conocidas. Alrededor de 1,7 millones de personas en el Reino Unido habían autodeclarado padecer COVID prolongada, a 5 de marzo de 2022, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales. En este número de The Lancet Public Health, Ingibjörg Magnúsdóttir y sus colegas 4/ informan de que la gravedad de la enfermedad COVID-19 aguda (indicada por el número de días postrados en cama) se asocia con el impacto a largo plazo en la salud mental. Los individuos postrados en cama durante 7 días o más tenían un 50-60% más de probabilidades de experimentar síntomas de depresión y ansiedad.

Las intervenciones no farmacéuticas, el distanciamiento físico y las medidas de confinamiento han sido importantes herramientas de salud pública para suprimir la transmisión del COVID-19, pero también perturbaron la vida cotidiana de la gente. El cierre de las escuelas y el confinamiento afectaron al bienestar de los niños y adolescentes, que mostraron mayores niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, según UNICEF 5/. La pérdida de la escolarización y los efectos que puede tener en la salud mental -directamente, porque la pérdida de la educación podría suponer un déficit permanente de capital humano, e indirectamente, por la fractura de las redes sociales entre los niños y los jóvenes- deberían ser motivo de preocupación.

En un esfuerzo por desligar el impacto sobre la salud mental de los cierres y de los efectos directos de la pandemia, Peter Butterworth y sus colegas 6/ utilizaron un enfoque cuasi experimental, posibilitado por el cierre localizado en el estado de Victoria, Australia, y descubrieron que los cierres tenían un efecto pequeño, pero independiente, sobre la salud mental de la población. Sin embargo, el estudio también sugirió que las repercusiones en la salud mental podrían ser peores para algunos grupos y, por tanto, ampliar las desigualdades existentes.

Los países han utilizado diferentes niveles de rigor político para frenar la propagación de la COVID-19. Lara Aknin y sus colegas 7/ informan de la asociación entre las restricciones políticas del COVID-19 y la salud mental durante la pandemia. Las políticas más estrictas sobre la COVID-19 se asociaron con una peor salud mental, con un mayor malestar psicológico y una menor satisfacción vital. Estos hallazgos deberían ser importantes para informar sobre las futuras estrategias de respuesta a la pandemia, y el mayor apoyo que se necesita para equilibrar los posibles efectos negativos de las necesarias medidas de salud pública.

El contenido de este número de The Lancet Public Health 4/, 6/, 7/  y las investigaciones publicadas en otros sitios han supuesto un comienzo en la documentación de las repercusiones en la salud mental de la pandemia de COVID-19 y sus respuestas políticas asociadas, pero el conjunto de las implicaciones de la pandemia para la salud pública son amplias y queda mucho por comprender. La pandemia ha afectado a todos los ámbitos de la salud y el bienestar y no es sólo una crisis de salud pública, sino también social, económica y política. Hay que aprender las lecciones para garantizar que las futuras crisis de salud pública se afronten con resiliencia, unidad y equidad. Invitamos a presentar propuestas (puntos de vista o ensayos) que reflexionen sobre los retos y las oportunidades de la salud pública en la era posterior a la crisis de la COVID-19. Animamos a los autores a ser críticos y visionarios. Son bienvenidos los envíos de investigadores en fase de formación, trabajadores de salud pública de primera línea, académicos y responsables políticos. La fecha límite de presentación es el 1 de julio de 2022.

2 mayo 2022

Notas

1/COVID-19 Excess Mortality Collaborators. Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02796-3/fulltext

2/WHO. Mental Health ATLAS 2020

https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703

3/COVID-19 Mental Disorders Collaborators. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext

4/Acute COVID-19 severity and mental health morbidity trajectories in patient populations of six nations: an observational study

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00042-1/fulltext

5/Life in  lockdown: Child and adolescent  mental health and well-being  in the time of COVID-1

https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html

6/Effect of lockdown on mental health in Australia: evidence from a natural experiment analysing a longitudinal probability sample survey

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00082-2/fulltext

7/Policy stringency and mental health during the COVID-19 pandemic: a longitudinal analysis of data from 15 countries

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00060-3/fulltext

Publicado en The Lancet, Mayo 2022

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Lunes, 02 Mayo 2022 05:54

¿Hacia una geoeconomía bipolar?

¿Hacia una geoeconomía bipolar?

El sistema capitalista globalizado está en crisis. Vive una crisis económica, estructural, pero también política, de legitimidad de los estados y de la hegemonía capitalista. El actual conflicto entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia con epicentro en Ucrania, no es la causa sino la consecuencia de la crisis general del capitalismo global. Estados Unidos lucha por mantener la hegemonía intercapitalista, pero existen indicios sobre la inminente desintegración del sistema económico basado en el dólar y su sustitución por un nuevo orden socioeconómico internacional liderado por China, que combina la planificación estratégica centralizada y la economía de mercado, el control estatal sobre la infraestructura monetaria y la participación empresarial privada.

Como ha señalado el economista Michael Hudson, durante más de una generación destacados diplomáticos estadunidenses advirtieron sobre lo que creían representaría la última amenaza exterior del imperio: una alianza de Rusia y China que dominaría Eurasia. La guerra económica, las sanciones y la guerra híbrida de EU contra China y Rusia han terminado uniendo a ambos países, y están empujando a otros a su emergente órbita euroasiática. Lo que a mediano plazo podría configurar una geoeconomía bipolar: "Occidente" vs Eurasia.

Según Sergey Glazyev, miembro de la Academia Rusa de Ciencias y ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Económica de Eurasia, asistimos a un periodo de cambio de patrones tecnológicos y mundiales que siempre va acompañado de crisis económicas estructurales y guerras, respectivamente. El cambio de patrones tecnológicos comienza con un aumento de los precios de la energía, tras el cual las economías de los países desarrollados se sumergen en una depresión prolongada, de la cual se sale por una "tormenta de innovaciones". Durante ese periodo las tensiones político-militares se intensifican y la carrera armamentista impulsa a la economía a entrar en una nueva y larga ola de crecimiento basada en un nuevo orden tecnológico. Glazyev sostiene que hoy ese periodo se está cerrando con el salto de China e India al liderazgo del desarrollo técnico y económico mundial, con base en un nuevo orden tecnológico cuyo núcleo es un complejo de tecnologías nano, bioingeniería, información, digitales, aditivas y cognitivas.

Al mismo tiempo, se transita hacia un sistema alternativo de gestión de desarrollo económico, cuyo núcleo también radica en el sudeste asiático, y como ocurre siempre en esos periodos, apunta Glazyev, la élite dirigente de los países centrales provoca una guerra mundial para intentar mantener la hegemonía intracapitalista global.

En el marco de una estrategia planificada de histerización de la población (rusofobia), en la coyuntura la élite plutocrática y militar estadunidense está desplegando una guerra híbrida informacional-cognitiva y monetaria-financiera contra China y Rusia, para caotizar a ambos países, y también a India.

Michael Hudson y Sergey Glazyev coinciden en que la reciente confiscación (robo) del oro y de 300 mil millones de dólares en reservas extranjeras rusas en cuentas de custodia de los bancos centrales occidentales –como ocurrió antes con Venezuela, Irak, Irán y Afganistán−, junto con el asalto selectivo a las cuentas bancarias de multimillonarios rusos, socavaron el estatus del dólar, el euro, la libra esterlina y el yen como monedas de reserva global, lo que acelerará el desmantelamiento en curso del orden económico global, ya que es poco probable que algún país soberano continúe acumulando reservas en esas monedas, y busque remplazarlas por monedas nacionales y oro, o una nueva moneda de pago digital fundada a través de un acuerdo internacional.

La mayoría de las transacciones entre los países miembros de la Unión Económica de Eurasia ya están denominadas en monedas nacionales y se está produciendo una transición similar en el comercio con China, Irán y Turquía; tendencia que podría incluir a India. En forma paralela se impulsa el desarrollo de un sistema de pago digital no bancario, que estaría ligado al oro y otras materias primas negociadas en bolsa.

La crisis de los precios de la energía y los alimentos –Rusia y Ucrania son grandes exportadores de granos− está afectando a los países del sur global. Pero también a las economías de EU y Europa que tienen que encarar el boicot al gas ruso, y además necesitan cobalto, aluminio, paladio y otras materias primas básicas que podrían ser usadas por el Kremlin como medio de presión para la remodelación de la diplomacia y el comercio mundial.

La estrategia estadunidense de utilizar a Ucrania como cuña entre Rusia y China no ha funcionado. En cambio, el aluvión de sanciones contra Moscú ha tenido el impacto de reforzar la compleja integración integral de las economías rusa y china, que podría fortalecerse con la articulación de la Nueva Ruta de la Seda de Xi Jinping y la Unión Económica Euroasiática impulsada por Putin.

A su vez, como señaló Hudson, la diplomacia de fuerza de EU le ha refregado en la cara a la Unión Europea su "abyecto servilismo", por lo que el próximo enfrentamiento podría producirse dentro de Europa, cuando políticos nacionalistas traten de liderar la ruptura del telón de acero impuesto por la Casa Blanca para encerrar a sus satélites en la dependencia de los suministros estadunidenses de gas licuado con tarifas más altas.

En definitiva, en el marco de la actual fase de "acumulación militarizada" −como la llama William I. Robinson−, que a raíz del suministro masivo de armas a Ucrania dispararon las acciones de megacorporaciones militares y de seguridad estadunidenses como Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing, la maniobra del Estado profundo que controla a Joe Biden pudo ser garantizar que Europa contribuya más a la OTAN, compre más material bélico al complejo militar-industrial y se encierre más en la dependencia comercial y monetaria impuesta por EU.

Sin descartar, que como ha ocurrido históricamente con otros presidentes de EU, la administración Biden se involucre directamente en la guerra con fines electorales, o utilice a Polonia y Rumania para desestabilizar más el entorno ucranio.

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A puertas de la intensificación o reajuste neoliberal

El último día de marzo de 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) entregó el informe más amplio que haya realizado sobre la situación social y económica de nuestro país. Del mismo, los medios oficiosos de comunicación difundieron aspectos escandalosos, pero ya conocidos producto de estudios juiciosos que sobre nuestra realidad han realizado investigadores independientes y en los cuales queda al desnudo la profunda desigualdad y exclusión social que marca a nuestra sociedad, así como la escandalosa corrupción y concentración de la riqueza que la caracteriza, producto de lo cual salir de la pobreza y pasar a clase media le toma a quien padece tal realidad 11 generaciones, es decir, 3 siglos, tiempo superior en comparación a cualquier otro país en el mundo.

Pese a semejante despropósito, que desnuda la democracia formal –electoral– que predomina en Colombia, los medios oficiosos guardan silencio; la exclusión social y privación de derechos básicos no es tomado como una consecuencia de la negación del derecho humano a vida digna, y todo lo que el mismo implica. Colombia es un país donde no existe la movilidad social, el statu quo está blindado jurídica e ideológicamente y por la tradición y violencia (gráfico 1).

 

Gráfico 1

Nota: Estas estimaciones se basan en una simulación y pretenden ser ilustrativas. No deben interpretarse como el tiempo exacto que necesitará una persona de un hogar con bajos ingresos para alcanzar la renta media. Se basan en la persistencia de los ingresos (elasticidades) entre padres e hijos y el nivel actual de los ingresos familiares del decil inferior y la media, suponiendo elasticidad constantes, siguiendo a Bowles y Gintis (2002). La familia de bajos ingresos se define como el primer decid de ingresos, es decir, el 10% más bajo de la población. Fuente: Base de datos de distribución de la renta de la Ocde.

 

El estudio, tanto por su diagnóstico, como por las implicaciones que tendrá para millones de connacionales la concreción de las recomendaciones del “club” en el cual son dominantes los intereses de los países hegemónicos del sistema capitalista, tiene toda la pertinencia y debería ser pieza central de estudio de los movimientos sociales y eje del actual debate electoral.

Un documento, con su diagnóstico y “recomendaciones” que indica a todas luces que vendrán reformas y ajustes estructurales y con ellas el neoliberalismo ganará más espacio en Colombia. Fortalecimiento y ampliación del modelo quellevarán a profundizar las privatizaciones de las instituciones sociales y a una mayor apertura del mercado para la inversión y beneficio del capital global, con menos protección para los trabajadores formales, desmonte de beneficios que aún tienen para su seguridad social, eliminación de obligaciones que la patronal tiene para con los trabajadores –cubrimiento del llamado salario indirecto–, reducción del salario mínimo, ampliación de la obligación de declarar renta para millones que hoy no lo hacen por no contar con ingresos suficientes, etcétera. Son todas ellas medidas que arrasaran con los restos que aún quedan del clásico “contrato socialdemócrata”.

Todas estas medidas, afines al capital, que dan eco a los “profundos” diagnósticos y propuestas de reajuste económico que cada año presentan los gremios del empresariado nacional y los tecnócratas afines al neoliberalismo, una vez más apoyados por sus pares del capital global, serán parlante para presionar al próximo gobierno, con mayor razón si es alternativo.

Por todo ello vale la pena revisar este estudio y contextualizarlo en la condición actual del país respecto a las condiciones de bienestar en el mundo mediante el informe 2022 del Índice Anual de Miseria de Hanke.

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos DANE y FMI

 

 

El informe de la Ocde sobre Colombia 2022: hallazgos y recomendaciones

Principales hallazgos del estudio: i) la economía se ha recuperado bien, el crecimiento del PIB colombiano en 2021 estuvo por encima del promedio mundial (gráfico 2); ii) la ampliación de la protección social y la reducción de la informalidad son prioridades clave; iii) persisten los problemas de gobernanza; iv) la lucha contra la deforestación es clave para la sostenibilidad.

Los contenidos específicos de los hallazgos de la Ocde son:

• La deuda pública tendrá un nivel permanentemente más alto que antes de la pandemia, lo que reducirá el margen fiscal para reaccionar ante impactos negativos.
• Aunque la actividad económica ha experimentado un sólido repunte, el empleo sigue estando por debajo de los niveles de 2019.
• Los ingresos fiscales, de tan solo el 20 por ciento del PIB, son bajos incluso en el contexto de la región y resultan insuficientes para financiar las demandas sociales y la inversión pública.
• Colombia registra un problema estructural de concentración del ingreso y la riqueza en el decil más rico de la población; la medida de la desigualdad a través del coeficiente de concentración Gini es uno de los más altos a nivel mundial (gráfico 3).
• Su sistema fiscal contribuye poco a reducir las elevadas desigualdades de ingresos, con un impuesto a la renta de las personas que desempeña un papel menor y una fuerte dependencia del impuesto a la renta de las sociedades. El sistema tributario es excesivamente complejo, con múltiples regímenes especiales y gastos tributarios que provocan importantes pérdidas de ingresos, al tiempo que penalizan el crecimiento y la inversión.
• La corrupción reduce la eficiencia del gasto público, genera un terreno de juego desigual y potencia las desigualdades. Colombia no cuenta con una ley específica de protección de denunciantes, a diferencia de la mayoría de los países de la Ocde.
• La inflación ha comenzado a aumentar a pesar de la considerable capacidad ociosa existente y no está claro hasta qué punto estas presiones inflacionistas serán temporales.
• Los avances en la vacunación han sido continuos, si bien se sitúan por detrás de otros países de la región.
• Un 60 por ciento de los trabajadores están en una situación de informalidad laboral, la cual los excluye del acceso a la seguridad social y reduce la productividad y los ingresos tributarios.
• Las elevadas contribuciones sociales sobre el trabajo frenan la creación de empleo formal y mantienen una elevada informalidad laboral.
• La pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de importantes lagunas en el ámbito de la protección social, sobre todo en los trabajadores informales, y los programas de asistencia a los ingresos están muy fragmentados.
• La mitad de la población mayor de 65 años no recibe ningún tipo de pensión –una clara manifestación de un modelo productivo que no garantiza trabajo estable sino para la minoría, modelo cada vez más especulativo y extractivo, con mínima demanda de mano de obra–. Las prestaciones por pensiones contributivas son regresivas y existen distintos regímenes que proporcionan diferentes prestaciones para una misma trayectoria profesional y ofrecen coberturas especialmente bajas para las mujeres.
• Los trabajadores formales cotizan a un seguro de salud, mientras que los informales obtienen prácticamente el mismo paquete de prestaciones en servicios de salud de forma gratuita.
• La deserción escolar ha aumentado considerablemente debido a la pandemia, sobre todo entre alumnos de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
• El crecimiento de la productividad se sitúa por detrás del de sus homólogos regionales, y la competencia es débil. Las regulaciones sobre mercados de productos y las barreras administrativas restringen la entrada en el mercado y dificultan la competencia.
• El grado de apertura comercial es bajo. Las barreras no arancelarias han aumentado con fuerza, al tiempo que los elevados aranceles máximos ofrecen una alta protección a algunos productores nacionales, que a menudo se caracterizan por su baja productividad.
• La deforestación ha aumentado y es necesario contenerla para alcanzar los objetivos actuales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La existencia de un registro del suelo escasamente uniforme es uno de los motivos de la deforestación, que a menudo se acomete con el objetivo de obtener un título de propiedad en el futuro.

 

Gráfico 3

 

Nota: Los coeficientes de GINI se calcula sobre la base de los ingresos disponibles, después de impuestos y transferencias.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial; DANE; base de datos de pobreza de la Ocde.

 

Comentarios sobre las recomendaciones de la Ocde. En cuatro ámbitos se organizan las recomendaciones: i) Perfeccionar las políticas macroeconómicas y reformar la fiscalidad; ii) fomentar una recuperación más inclusiva; iii) reforzar la productividad y la competencia; iv) alcanzar un crecimiento más sostenible y más verde. El desarrollo específico de cada uno de estos temas es el siguiente:

• Reducir gradualmente la posición fiscal expansiva a partir de 2022 para reconstruir los colchones fiscales, y al mismo tiempo mantener las ayudas excepcionales a los ingresos hasta que se recupere el mercado laboral.

Comentario (C): El país afronta un problema estructural en las finanzas públicas: en la sustentación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 se reconoce que en los próximos años el país “afrontará el reto de asegurar que la financiación de su gasto estatal se cubra sin generar una trayectoria explosiva de la deuda pública”. Déficit fiscal, intereses y deuda pública, ampliación continua de la actividad estatal, gastos improductivos, subsidios a las pensiones de los ricos, corrupción e inflexibilidades en ingresos y gastos blindados jurídicamente por la clase dominante, constituyen los detonantes de esta carga explosiva. La Ocde no profundiza en estos aspectos estructurales ni considera que la naturaleza histórica de la Hacienda pública es el reflejo simple del funcionamiento del sistema político; este, desde la Colonia, está diseñado de tal manera que los pobres y la clase trabajadora pagan y sostienen a los ricos mediante diversos procedimientos tributarios.

• Recaudar más ingresos procedentes del impuesto a la renta de las personas mediante la reducción del umbral de ingresos a partir del cual los contribuyentes empiezan a tributar, eliminando exenciones y reforzando la progresividad de las tasas impositivas. Reducir el alcance de los gastos tributarios en el IVA, compensando al mismo tiempo a los hogares con bajos ingresos mediante prestaciones sociales.

(C): La Ocde recomienda rescatar la Reforma Tributaria Carrasquilla (en referencia al exministro de Hacienda de los gobiernos de Uribe y Duque, economista que postula la ortodoxia neoliberal, actual miembro de la Junta directiva del Banco de la República) que en 2021 provocó la chispa que inició el estallido social en Colombia: el foco puesto en ampliar la carga impositiva para los sectores de ingresos medios, aumento de los impuestos sobre la renta a todos los asariados o personas que ganen un sueldo mensual superior a dos salarios mínimos mensuales (SML), extender el cobro del 19 por ciento del Impuesto a todos los bienes y servicios de la canasta básica familiar y ampliarlo a productos y servicios básicos hasta ahora exentos, como las tarifas de electricidad, gas y agua, entre otros.

• Reducir el gasto por impuestos sobre las empresas al tiempo que se disminuye la presión fiscal y las distorsiones tributarias de las entidades.

(C): La Ocde propone elevar la tasa de ganancia del capital mediante la eliminación de tributos a las empresas y a los propietarios, haciendo que los pobres sostengan a los ricos mediante procedimientos que tienen un efecto redistributivo muy negativo: aumento de los impuestos al trabajo y al consumo.

• Continuar la lucha contra la corrupción por medio de una ley específica de protección de denunciantes y límites más estrictos a las contribuciones privadas a las campañas electorales.

(C): La Ocde no contempla que la organización capitalista de la sociedad actual es unilateral, es un gobierno de ricos y para los ricos. Las diferentes administraciones que han controlado el poder a partir de la década de 1990 hasta la actualidad, se han orientado a consolidar el tradicional proyecto societal de una oligarquía criminal, mafiosa y rentista. Es un país atrapado en un círculo vicioso que genera crónicamente violencia, pobreza, desigualdad, exclusión, corrupción y expoliación. La lumpen burguesía es un fenómeno que resume la época actual y revela el peligro que pesa sobre ella: la lumpen burguesía recluta sus miembros entre los nuevos ricos, pero, a diferencia de la burguesía clásica, estos no dudan ni ante la estafa, ni su asociación con organizaciones mafiosas; bajo esta categoría socioeconómica y política se fusionan terratenientes, narcoparamilitares, delincuencia organizada, partidos de extrema derecha, empresarios, medios de comunicación, miembros de las fuerzas armadas y transnacionales.

• Aumentar gradualmente las tasas de interés, si las presiones inflacionistas se intensifican.

(C): El capital financiero comanda la acumulación en el sistema económico contemporáneo y es hegemónico en las directrices que emanan del poder. Con el encarecimiento del dinero, los bancos acumulan mayores ganancias, se frenan proyectos productivos y se comprime la demanda.


• Acelerar el ritmo de vacunación contra el covid-19.

(C): debido a la pobreza y vulnerabilidad de las clases trabajadoras unido a la precariedad, burocratización e ineficiencia que caracteriza las instituciones públicas y privadas del sector salud, América Latina y el Caribe (ALC) presenta el mayor número de defunciones informadas por covid-19 en el mundo (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021). Estas representan el 28,8 por ciento del total de defunciones por covid-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4 por ciento del registro total mundial. Al finalizar 2021, Colombia sumaba 129.942 muertes a causa de la pandemia, esto es, 8,4 por ciento de los fallecimientos ocurridos en ALC, cifra superior a su participación en el total de la población regional: 7,8 por ciento.

• Establecer una estrategia comprehensiva para fomentar la formalización, por medio de reducciones en los costos no salariales, una mayor aplicación de las leyes laborales y mejoras en la administración tributaria. Reducir la presión fiscal sobre los ingresos laborales desplazando progresivamente la carga de financiamiento de la protección social hacia los recursos de tributación general.

(C): Esta recomendación de la Ocde sigue los lineamientos propuestos por la Misión de Empleo, creada en 2020 y que este año entregó una conclusión contundente: el mercado laboral en Colombia funciona mal y, como resultado, la mayoría de los trabajadores reciben una protección social deficiente y tienen empleos precarios. No solo eso, Santiago Levy, jefe de la Misión, explicó que aquellas disfuncionalidades generan exclusión social, castigan el crecimiento y la productividad, y llevan a tasas de desempleo persistentemente altas. La Misión señaló que mientras que todas las personas deberían acceder a servicios de salud, pensión, educación y vivienda, las pensiones contributivas complementarias y los seguros de invalidez deberían estar delimitados para todos los trabajadores; y los seguros de desempleo, de accidentes de trabajo y las compensaciones por despido solamente para aquellos trabajadores vinculados a empresas. Una vez que se delimiten los elementos de la protección social, los expertos aseguran que es necesario que se determinen las fuentes de financiación, lo cual evita que se subsidien algunos servicios con recursos que aportan las empresas y los trabajadores. Hay que alinear los usos y fuentes de financiación de la protección social, según estas recomendaciones. Ello implica un debate social: la democracia no existe a menos que la población tenga el control de las decisiones más importantes. La Ocde desconoce, además, que para un buen funcionamiento del mercado de trabajo se requiere industria, tanto fabril como agraria, y el capital que amasan los ricos en Colombia ahora no se orienta hacia estos sectores sino hacia la especulación y las actividades extractivas, a la par de la importación de todo tipo de bienes de consumo, lo cual les renta más rápido (ganancias ampalancadas por el contrabando y lavado de dinero), aunque eso no cree empleo y estimule la informalidad que ya marca a la sociedad.

• Fusionar los distintos programas de transferencias monetarias existentes en un único programa para los hogares más desfavorecidos, al tiempo que se mantienen las condicionalidad de acceso en caso que haya niños en el hogar.

(C): Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia los subsidios y transferencias no son progresivos, paradójicamente favorece a las clases más ricas. El gasto en subsidios sociales se realiza a través de 65 programas. El 59 por ciento de los subsidios es concentrado por dos sectores: educación (incluye formación para el trabajo) y pensiones (incluye Colombia mayor). El 74,2 por ciento de los subsidios a las pensiones son absorbidos por los quintiles 4 y 5 (los más ricos). De los subsidios a la educación los quintiles 4 y 5 se apropian el 39,5, en servicios públicos el 32,1 y en vivienda el 36,6. En promedio, los quintiles 4 y 5 se quedan con el 39 por ciento del total del gasto en subsidios sociales. El primer quintil, el más pobre, recibe 22,3 por ciento. Según la focalización de subsidios sociales por clase social por hogar, los pobres extremos reciben únicamente 8,4 por ciento del total. Una política de subsidios, que trascienda este concepto, con sus implicaciones de control social y clientelismo estatal, debería dar paso a un programa de Renta Básica Universal que garantice un SML a cada miembro del cuerpo social, sin importar su clase.

• Crear una prestación básica y universal para pensiones no contributivas y fusionar los distintos regímenes de pensiones contributivas existentes en un único régimen contributivo obligatorio que complemente la pensión básica universal.

(C): El sistema de pensiones colombiano es el espejo de una sociedad excluyente, clasista, estratificada, corrupta e injusta. La Ocde y los defensores de los ajustes neoliberales buscan privatizar totalmente el sistema de seguridad social y acabar con la institución estatal de pensiones. El gasto público en pensiones alcanzó $44,1 billones en 2021, equivalentes a 3,7 por ciento del PIB. Colpensiones sufragó $15,7 billones, 35,6 por ciento de ese total. A la extinta Caja Nacional se le asignaron $11,3 billones, las pensiones de las Fuerzas Militares y de Policía alcanzaron $8,4 billones y el magisterio, $6,2 billones. El régimen privado cuenta con el 73 por ciento de los afiliados, casi 18 millones de personas –contra 6,8 millones de Colpensiones–, pero apenas con el 12,8 por ciento de los pensionados, unos 220.000 de un total de 1,7 millones. Esto explica en parte la excelente rentabilidad que obtienen las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). Los pensionados de las AFP reciben en promedio solo 30 por ciento de su último salario, pero los rendimientos netos (descontando inflación y cobros por comisión) a favor de los fondos privados fueron de 6,7 por ciento anual entre 2001 y 2019, cifra superior a cualquier otro país de la Ocde. Contrario a lo indicado por esta institución, la reforma del sistema pensional debe garantizar una pensión digna para todas las personas que llegan a la edad de retiro. Colpensiones debe atender a una mayor parte de la población, pero reducir los privilegios que capturan los altos funcionarios del estado, magistrados y miembros de las fuerzas armadas. Las AFP serán encargadas de las personas más solventes que opten por ellas.


• Fusionar los dos sistemas públicos de salud en uno, financiado con recursos de tributación general. Proporcionar ayudas específicas a los jóvenes no escolarizados y a los que corren el riesgo de quedarse atrás, mediante la escolarización a jornada completa y el acceso a los comedores escolares, entre otras medidas.

(C): El mundo moderno democrático garante de la dignidad y los derechos humanos tiende hacia la creación de un sistema que garantice el “Ingreso ciudadano Universal” como política pública orientada a preservar la dignidad humana y la inclusión. Además, en el contexto de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad, independiente de ideologías y regímenes políticos, las sociedades establecen sistemas universales de salud, educación, vivienda y un básico pensional, gratuitos y financiados con el presupuesto público, que es el resultado del trabajo de todas y todos.

• Reducir las barreras regulatorias nacionales a la iniciativa empresarial y a la entrada en el mercado. Aminorar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, empezando por aquellos artículos en los que las barreras actuales son más altas.

(C): El capitalismo global está más preocupado por la expansión de las relaciones de mercado y el poder de las transnacionales que por el establecimiento de la democracia, la justicia social y las oportunidades sociales de los menos favorecidos. Para lograr su propósito presiona o condiciona a los gobiernos para que reduzcan la protección del mercado de sus países y así las multinacionales “compitan en igualdad de condiciones” por el control del mercado. Como lo ha explicado Amartya Sen, el problema central no radica en la globalización en sí, sino en la desigualdad que resulta del balance de los acuerdos globales institucionales, serviles a los intereses de los países centrales del sistema mundo capitalista y sus transnacionales, con una distribución bastante desigual de los beneficios de la globalización. La cuestión, por tanto, no se centra en si los pobres del mundo se benefician en algo del proceso de globalización, sino más bien en las condiciones que les hagan participes de oportunidades y beneficios realmente justos y democráticos.

• Aumentar los recursos dedicados a las actividades de aplicación normativa contra la deforestación y efectuar un seguimiento de un mayor número de los casos de deforestación detectados. Acelerar los avances en la ampliación del registro del suelo, sobre todo en zonas remotas.

(C): Tres circunstancias tienen que ver con esta parte del diagnóstico. Una, el desmonte que siguen haciendo los sin tierra en procura de un poco de ésta, lo cual va ampliando más y más la frontera agrícola; dos, el estímulo del narcotráfico para el sembrado de su materia prima, la cual en no pocos casos está asociado a la deforestación; tres, la prolongación del extractivismo, uno de los principales rasgos de la economía y la idiosincrasia colombiana, que también ha determinado el lugar en el mundo de nuestro sistema productivo y sociedad. Desde la Colonia se instaló un patrón de estratificación social basado en la hacienda latifundista y la minería, y sustentados en la ganadería extensiva y la extracción de recursos naturales y minero-energéticos que aún moldea las relaciones sociales. Las élites del país, al moldear de este modo el territorio y la cultura, finalmente crearon el sello de su propia identidad: una ética rentista-excluyente y un consumo imitativo y suntuario.
Sinsabores

Al tiempo que el país conoció el informe de la Ocde, también circularon por los medios de comunicación los resultados de 2022 del Índice Anual de Miseria de Hanke (Hami, por sus siglas en inglés)**, en el cual resaltan indicadores sobre inflación, pobreza, desempleo, tasas de interés de un listado de 156 países clasificados por su bienestar económico, y en el cual Colombia ocupa el puesto 62, con 19,5 puntos.

Esta nueva clasificación significa que el país, contrario a lo que viven y padecen sus pobladores, mejoró 21 puestos en el ranking, luego de ocupar el lugar 41 en el escalafón anterior. La causa de la mejora se relaciona únicamente en el crecimiento del PIB en 2021 de 10,6 por ciento y, en consecuencia, el aumento del PIB per cápita en 9,3. En este índice, la medición es inversa a la que usan otros estudios: el país mejor en el listado es el 156 y el 1 es el peor relacionado, esto es, comparativamente el de mayor miseria.

¿Cómo es esto? El índice entrega una puntuación a cada país luego de sumar la tasa de inflación, de desempleo y de interés nominal, considerados como factores negativos, y restar la tasa de crecimiento del PIB per cápita (el total de ingresos del país o PIB dividido en la población), un factor positivo. Las economías con mayor puntaje se consideran miserables y las de menos puntuación, como países “felices”. Regionalmente, Colombia se encuentra clasificada en una posición mejor que Cuba (puesto 1 en el ranking), Venezuela (2), Argentina (6), Brasil (9); pero está detrás de Perú (73), Guatemala (80), Nicaragua (85), Bolivia (86), México (91), El Salvador (97), Chile (113) y Ecuador (114).

En resumen, el índice que elabora Hanke surge de sumar las tasas de inflación, de desempleo y de interés nominal, consideradas factores “malos”, y restar, por tratarse de un factor “bueno”, la tasa de crecimiento del PBI por habitante, todos datos al cierre del correspondiente año. La inflación es una de las principales causas del aumento de la miseria en Colombia y en el mundo. La inflación en el área de la Ocde subió a 7,7 por ciento en el segundo mes de 2022, frente al 1,7 de 2021, alcanzando su tasa más alta desde diciembre de 1990. En Colombia, el aumento registrado de la inflación en febrero de 2002 fue de 8,01 por ciento.

Si bien las altas tarifas para acceder al “derecho” a la energía siguieron impulsando la inflación en la mayoría de los países de la Ocde, la inflación de los precios de los alimentos viene mostrando aumentos notables. Esta situación es más acelerada y grave en Colombia, los alimentos y los servicios públicos continúan comandando el alza en los precios generales para los consumidores. Para marzo de 2022, según el informe del Dane, la variación anual en los precios (o sea, en comparación con el mismo mes de 2021) se ubicó en 8,53 por ciento. Los alimentos son los principales protagonistas de las alzas porque tuvieron su mayor variación anual (25,37%). Las alzas en la comida tienden a golpear más los bolsillos de las personas con menores ingresos. La inflación es, hoy en día, una de las principales amenazas para el crecimiento económico nacional, por un lado, pero también para el bienestar de millones de colombianos que hoy encuentran más difícil acceder a servicios y bienes básicos de la canasta familiar.

El Banco Mundial asegura que la inflación provocada por la reactivación tras la pandemia y, ahora, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, provoca estragos en la población pobre del mundo. Los hogares de ingresos bajos y medios tienden a ser más vulnerables que los hogares ricos por el aumento de los precios, debido a las diferencias en los tipos de ingresos, activos y de la canasta familiar. El Banco Mundial explica que los hogares de ingresos bajos y medianos de los países desarrollados dependen más de sus salarios mensuales, lo que les reduce el poder adquisitivo, ya que la inflación generalmente sube más que el sueldo; sucede lo contrario con las familias ricas debido a que sus ingresos por ganancias aumentan al ritmo de la inflación, además de no depender para sus gastos de los ingresos por salarios y sí de la renta que les producen diversas inversiones.

En Colombia, el índice de pobreza por ingresos insuficientes alcanzó el 55 por ciento en el año 2000; en 2018 llegó al nivel más bajo con 34,7 y en los años siguientes volvió a escalar de manera sostenida: 35,7 por ciento en 2019; 42,5 en 2020; 44,0 en 2021 y en 2022 la mitad de la población, por lo menos, puede llegar a vivir bajo condiciones de pobreza, lo cual se refleja en disminuidas condiciones de existencia: desmejora en su alimentación diaria, deserción escolar, pérdida de la vivienda, desconexión del “derecho” a los servicios públicos, entre otros.
El desempleo es el segundo indicador que integra el Índice Anual de Miseria de Hanke. En Colombia, tras el impacto de la pandemia, el desempleo se ha convertido en una preocupación constante y aunque parece tomar un rumbo positivo, aún no se ha recuperado al nivel que había antes de marzo de 2020. Según los resultados publicados por el Dane respecto a la tasa de desempleo en el mes de febrero de 2022, ésta se ubicó en 12,9 por ciento en el total nacional y representó una caída de 2,6 puntos porcentuales frente a febrero de 2021 cuando registró 15,5. La población desocupada para el segundo mes del año fue de 3,21 millones de personas, cifra que es menor en 496.000 habitantes a la que se dio en el mismo periodo de 2021: durante ese lapso, el dato fue de 3,7 millones.

Estos resultados compensan los 1,18 millones puestos de trabajo que se habían perdido entre febrero de 2020 y febrero de 2021. Entretanto, la población ocupada para febrero 2022 en el total nacional alcanzó los 21,6 millones, cifra que equivale a un incremento de 1,5 millones de puestos adicionales. Esta dinámica se está concentrando sobre todo en las principales ciudades del país y en el trabajo informal, del cual, certifica el informe, Colombia ostenta la mayor tasa dentro de los países periféricos del sistema mundo capitalista (gráfico 4), algo que se traduce en precariedad del régimen pensional, con millones de personas que terminan su ciclo laboral y no cuentan con ingresos mensuales dignos y fijos, además de afectar las condiciones de vida digna de un significativo porcentaje de la población que a pesar de su esfuerzo diario no obtienen ingresos suficientes para llevar una vida con decoro. Cabe agregar que la tasa de desempleo en mujeres se ubicó en 16,5 por ciento, mientras que en hombres cerró en 10,3.

 

Gráfico 4

Nota: En el caso del empleo informal, el último año de datos disponibles es 2019, excepto para Argentina, Brasil y Perú (2018), México (2017) y Turquía (2015). La OIT define informalidad de trabajadores dependientes como aquellos cuyos empleadores no contribuyen a la seguridad social.
Fuente: Base de datos OIT-ILOSTAT sobre informalidad.

 

Adicional a las altas tasas de inflación y la precariedad en el mercado laboral, las tasas de interés de los préstamos bancarios en Colombia son de las más altas en América Latina y vienen incrementándose por parte de las autoridades monetarias como política y estrategia para contener la inflación. En su más reciente decisión, el 31 de marzo de 2022, la Junta directiva del Banco de la República elevó las tasas de interés en 100 puntos básicos, llevando el indicador hasta 5 por ciento, el incremento más duro en años.

La evolución de las tasas de interés muestra que a finales de 2020 se encontraba en 1,75 por ciento; el 30 de septiembre de 2021 aumentó a 2 y el 29 de octubre a 2,5. En diciembre de 2021, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementarla en 50 puntos básicos llevándola a 3,0 por ciento. En enero de 2022 volvieron a subirla hasta 4 por ciento y para marzo la tasa de interés llegó a 5 por ciento.

El emisor, consecuente con la filosofía neoliberal que lo guía, reiteró que está comprometido con el retorno gradual a una inflación de 3 por ciento anual, “para lo cual seguirá tomando las decisiones que sean necesarias”, sin importar la ralentización que pueda generar en la economía y el alza del desempleo. El capital financiero es el sector que más se beneficia con el dinero “caro”: con corte a diciembre de 2021, los bancos alcanzaron utilidades por $13,9 billones, lo que representó un crecimiento de $2,2 billones frente al acumulado en noviembre del año pasado; estos resultados se deben a que el comportamiento del crédito ha sido muy bueno, afirmó el presidente de Asobancaria.

El PIB per cápita, un factor positivo en el Índice Anual de Miseria de Hanke, para el año 2020 cayó 8,61 en Colombia (el PIB descendió en 6,8%). En 2021 registró un rebote de 10,6 por ciento y, por tanto, el PIB per cápita creció en 9,13 (la población crece a un ritmo anual del 1,35%). Para 2022 se proyecta un crecimiento del PIB en 4,7 por ciento y del PIB per cápita de 3,3.


El antagonismo político en una sociedad polarizada


La sociedad colombiana se encuentra en proceso de elegir al gobierno que regirá los destinos del país para el cuatrienio 2022-2026. El país está polarizado entre las fuerzas políticas y las ideologías de izquierda y derecha. La otra cara de esta confrontación es el antagonismo de clase capital/trabajo, que en Colombia se resume en la dialéctica: clases privilegiadas vs. pueblo.

Cualquiera sea la coalición política ganadora (ante la debilidad individual de los partidos políticos y los movimientos sociales por sí solos, todos confluyen en la “negociación y compra” de alianzas y colaboración), debe emprender las reformas que la crisis del capital y el reacomodo neoliberal exigen: reajuste del modelo de desarrollo, revisión de las relaciones internacionales, mayor flexibilización laboral, reducción de aranceles, reforma pensional, laboral y tributaria, así como ajustes a la matriz energética.

En estas circunstancias, buscando organismos como la Ocde, al igual que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros, favorecer al empresariado y con ello la acumulación de capital, la línea divisoria vuelve a encontrarse, de una parte entre los que propenden –para el caso de Colombia– por la profundización del neoliberalismo y el Estado de naturaleza lumpen oligárquico y, de otra, entre el neodesarrollismo o progresismo fundamentado en un papel más intervencionista del Estado y en la democracia participativa, sin preponder en momento alguno por una ruptura con el modelo capitalista.

En una constante histórica que se prolonga hasta el presente: violencia, opresión, explotación y expoliación conforman la base del poder y la forma de gobernar por parte de las clases hegemónicas en Colombia. Un régimen para proteger y garantizar el predominio del capital sobre el trabajo. Constante que hoy, en la pretendida reforma estructural que se asoma con las citadas “recomendaciones” de la Ocde, alcanza nuevos ribetes. Las tendencias son sombrías: la concentración del ingreso y la riqueza se agudizó con la pandemia y durante el período de rebote de la economía en 2021-22, el índice de pobreza retrocede en dos décadas hasta volver a afectar a la mitad de los hogares colombianos, la violencia homicida retoma su sendero alcista y el mercado laboral es más flexible y precario (gráfico 5). Todo a la sombra amenazante de la estanflación (momento o coyuntura económica en que, dentro de una situación inflacionaria, se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no cede) la cual empieza a delinearse en el horizonte cercano.

 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos y proyecciones DANE y Forensis-Medicina Legal

 

El gobierno que herede funciones a partir de agosto próximo, por tanto, deberá dar paso a las reformas en cuestión, atizando de esa manera la disputa entre quienes se benefician de estas reformas y quienes deben cargar con los costos.

Una disputa en la cual la correlación de fuerzas es desigual y no favorece a quienes venden su fuerza de trabajo. Pese a ello, el levantamiento social de los últimos años es el preludio de la posibilidad histórica del cambio y del inicio de la marcha colectiva por el sendero que conduce a una nueva sociedad. .

** El Índice de Miseria Económica es elaborado y publicado anualmente por el economista Peter Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, EEUU.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


 

La Ocde surgió de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), la cual se creó en 1948 con el apoyo de Estados Unidos y Canadá para coordinar el Plan Marshall y contribuir a la reconstrucción de las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo –formal y supuesto– es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. ¿Será posible o simples ilusiones?

Los 38 países miembros con los que cuenta en la actualidad abarcan todo el mundo, desde América del Norte y del Sur a Europa y Asia-Pacífico. La Ocde se viene acercando a la región de América Latina y el Caribe; son países miembros de la Organización: Chile, Costa Rica, Colombia (desde 2020) y México; el 25 de enero de 2022 el Consejo de la Ocde decidió iniciar las conversaciones de adhesión con Argentina, Brasil y Perú. En febrero de 2022, la Ocde entregó a los entes oficiales el estudio que realizó sobre Colombia.

 


 

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Publicado enColombia
Jueves, 28 Abril 2022 06:02

La gran restauración

La gran restauración

La historia del liberalismo es antigua. Sus vertientes iniciales se remontan al siglo XVII. Tres fueron sus momentos de consagración en el antiguo régimen: la revolución inglesa, la independencia de Estados Unidos y la caída de Luis XVI en Francia. No por casualidad acuñó el concepto de revolución. Erigir una sociedad basada en los principios de la igualdad, la libertad y la fraternidad justificaba el derrocamiento violento del Estado absolutista.

El siglo XIX asistió a su despliegue hegemónico. Pronto las sociedades occidentales descubrieron que no contenía ninguna de las premisas elementales que garantizaban las condiciones de la igualdad (ni ante la ley ni en la distribución de la riqueza) y que su concepto de libertad sólo volvía irrenunciable la libertad de la propiedad privada. Las dictaduras liberales del siglo XIX se encargaron de mostrarlo. Y, lejos de los nexos de la fraternidad, trajo consigo la incertidumbre moral, la insularización de los cuerpos, la soledad ciudadana, el capitalismo salvaje, el vértigo de la competitividad y la demolición de los valores de la colectividad. Todo ello basado en una doctrina que exaltaba la reducción de la relevancia del orden público (en particular del Estado) y la codificación del individuo como el nuevo primado de la sociedad.

Su resultado fue la Primera Guerra Mundial. En un sistema social que profesaba el culto al más fuerte, al más hábil, al más genial, a la competitividad y al darwinismo social, la guerra aparecía como su corolario inevitable. Su gran espectáculo. Años más tarde, la crisis de 1929 trajo consigo su primera muerte. Para evitar las revoluciones sociales, las viejas élites liberales promovieron el fascismo en Europa occidental y el corporativismo en América Latina. La Unión Soviética, ya atrapada en el estalinismo, se enfiló hacia un orden estatal. En Estados Unidos, el New Deal mostró otro camino para insertar el interés público en el ordenamiento de la sociedad. Sólo después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente encontró un camino que lo apartaba, simultáneamente, del capitalismo salvaje y del compulsivo socialismo de Estado: el estado de bienestar. Fue la forma política que garantizó la "época de oro" de la economía mundial y el detant entre las grandes potencias. "Si quieres paz, piensa en la justicia", reza un viejo proverbio del Talmud.

El auge terminó en los años 70. Para evitar un colapso de las dimensiones de 1929, surgió un movimiento, en particular en el mundo anglosajón –Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos– que desdibujó una extraña estrategia para evitar un colapso mayor, cuyo emblema aparecía como un auténtico oxímoron: la revolución conservadora. Más tarde, adquiriría la signatura de neoliberalismo.

Si el nombre es destino, el neoliberalismo nace como una doctrina de retorno: un proceso de restauración. Del viejo liberalismo adoptaría la máxima de la reducción al mínimo del interés público, el darwinismo social (ahora como filosofía de la diferenciación funcional), la competitividad desaforada y el arruinamiento de las formas de colectividad social. Y agregó nuevos ingredientes: la demolición del concepto de bienestar como responsabilidad de la esfera pública (cada quien debería velar por sí mismo), la entronización de la destrucción creativa (lo que se opone al mercado debe ser liquidado) y la transformación de las instituciones del Estado en dispositivos de las corporaciones globales y la banca mundial.

Medio siglo después del comienzo de esta restauración, ¿dónde estamos?

Aproximadamente ahí donde el mundo se encontraba en 1914, con el espíritu de guerra entrecruzando a los estados occidentales. En una doctrina que hace del más fuerte su máxima principal, la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania representa, digamos, su corolario natural. La posibilidad de una conflagración mundial, un choque directo entre las grandes potencias, empieza a formar una parte (delirante se podría decir) del sentido común.

Las razones son casi evidentes. Se lucha por recursos energéticos y naturales (Ucrania tiene una de las mayores reservas de litio en el mundo), por mercados y privilegios (la disputa por el gas europeo recuerda incluso conflictos coloniales) y, sobre todo, por mantener al dólar (ya muy erosionado) como la moneda de reserva por excelencia. Sin embargo, dos años de pandemia mostraron que la restauración neoliberal tiene límites bastante precisos: medio siglo de erosión de lo público no logró desbancar el principio de que toca a la esfera estatal garantizar los mínimos de bienestar de la población. Si los estados occidentales no hubieran sostenido los ingresos durante dos años de encierro, lo que habría seguido es la rebelión social (o algo más radical). Todo devino súbitamente keynesiano. Ahora, la consigna es volver a la lógica de la restauración. No será fácil.

Esta vez tocará a las sociedades occidentales realizar los sacrificios: empobrecimiento de amplias franjas de la población, quiebra de empresas, defaults por doquier. Sólo el espíritu de la guerra y el nacionalismo (o ese europeísmo de cartón de los últimos meses) pueden surtir el efecto. Pero el dilema es que la crisis actual no es de sobreacumulación, sino de subproducción. No de sobreabundancia, sino de definitiva escasez. ¿Habrá llegado a su fin la restauración neoliberal?

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