Durante 2022 la ONU ha documentado el asesinato de 43 líderes sociales

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado el asesinato de 315 excombatientes de la desmovilizada de la guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz

 

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó este martes el informe trimestral del secretario de seguridad, que da cuenta del asesinato de 43 defensores de derechos humanos, líderes y lideresas en el país en lo corrido de 2022.

El documento, que recoge información de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh),detalla que cuatro de las víctimas eran mujeres, 13 eran indígenas y siete afrocolombianos, también registra el asesinato de 315 excombatientes de la desmovilizada de la guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz, once de los cuales se han perpetrado durante este año.

“Las y los excombatientes también se han visto afectados por el recrudecimiento de la violencia en Arauca, donde un excombatiente fue asesinado en enero y más de 60 huyeron, abandonando sus proyectos productivos y el antiguo Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Arauquita”, indicó la ONU.

Asimismo, señaló que en febrero un grupo de firmantes sufrió un ataque por parte de sujetos armados en el departamento de Putumayo mientras adelantaban una reunión de su cooperativa en el que falleció el líder de reincorporación y de sustitución de cultivos ilícitos, Jorge Santofimio, y resultaron heridos dos mujeres excombatientes y uno de sus hijos de 13 años. Asimismo, el informe registra que más de 30 escoltas abandonaron el antiguo ETCR de San José del Guaviare por amenazas por las disidencias.

Por otra parte, el informe documenta que durante este periodo se han perpetrado 25 masacres, cuatro de las cuales han sido verificadas con 12 víctimas y 20 en proceso de verificación, así como el desplazamiento forzado de 13.821 personas, y el confinamiento de 48.331, de las cuales 42.000 víctimas de este crimen se encuentran en el departamento del Chocó, en su mayoría comunidades indígenas y afrocolombianas.

“La Defensoría del Pueblo emitió siete alertas tempranas identificando riesgos para Bogotá y otros 20 municipios de Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, y una alerta temprana electoral nacional, que advirtió sobre riesgos para 521 municipios. Se han intensificado los niveles de violencia que afectan a la población civil en varios departamentos, como Arauca, Chocó y Putumayo”, señaló el informe trimestral de la ONU.

Con relación a las elecciones legislativas, el documento destacó que la mayoría de los excombatientes pudieron ejercer el derecho al voto y los incidentes registrados en medio de la jornada electoral se lograron resolver mediante mecanismos articulados entre las instituciones gubernamentales y estatales, la misión y representantes de los excombatientes.

“Este es el segundo periodo del Congreso en el que el partido Comunes (antes FARC) tendrá garantizadas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes”, concluyó la ONU.

Estas cifras de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas evidencian el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país y la constante vulneración de los derechos de las personas en proceso de reincorporación y que velan por los derechos de sus comunidades, haciendo evidente que los esfuerzo del gobierno no han sido suficientes para garantizar su seguridad y el desarrollo de sus ejercicios con las comunidades.

6 de Abril de 2022

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Sábado, 29 Enero 2022 06:07

Los pueblos y la guerra entre potencias

Los pueblos y la guerra entre potencias

Suenan tambores de guerra con una intensidad desconocida desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La tensión en Ucrania puede desembocar en un conflicto entre la OTAN, capitaneada por Estados Unidos, y Rusia, que no acepta el despliegue de armas en sus fronteras, al igual que Washington no toleró en la década de 1960 el despliegue de misiles en Cuba.

La situación en el mar del Sur de China y entre China y Taiwán es igualmente grave, aunque los frentes de guerra abiertos son numerosos: Yemen, Siria y Libia, entre los más destacados. Sin entrar a considerar las guerras contra los pueblos (Colombia, Guatemala y México entre las más destacadas en América Latina), el planeta atraviesa una situación muy peligrosa.

La pregunta es qué deben hacer los movimientos y los pueblos en movimiento ante un conflicto entre grandes potencias, en concreto Estados Unidos y Europa frente a China y Rusia. ¿Abstenerse? ¿Tomar partido? ¿Construir una agenda propia?

En la Primera Guerra Mundial (1914-18) la inmensa mayoría de las izquierdas se posicionaron con "sus" gobiernos y, por tanto, con "sus" clases dominantes para atacar a otros pueblos, en lo que fue la primera gran carnicería mundial, con saldo de 17 millones de muertos, 20 millones de heridos y mutilados, y una enorme cantidad de personas afectadas en su salud mental.

Antes de la guerra, Lenin afirmaba que una clase revolucionaria "no puede dejar de desear la derrota de su gobierno en una guerra reaccionaria". Cuando estalló la guerra defendió el "derrotismo", la derrota de la propia nación para acelerar la revolución. Transformar la guerra imperialista en guerra civil para derrocar a la clase dominante, fue la ruta trazada por Lenin y seguida, al principio, sólo por un puñado de internacionalistas.

Esta línea de actuación permitió a los revolucionarios rusos la conquista del poder en octubre de 1917, gracias al masivo levantamiento de obreros, soldados y campesinos, cansados de la guerra y del hambre.

¿Pueden los pueblos tomar un camino similar en estos tiempos en que se anuncia una guerra entre potencias nucleares?

Me parece evidente que no es deseable.

En primer lugar, desde los abajos debemos afirmar que no hay potencias buenas y potencias malas, que no apoyamos ni a Estados Unidos ni a Rusia ni a China. En la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas optaron por apoyar a la URSS en vez de repetir la táctica de Lenin en la guerra anterior, porque dieron prioridad a la defensa de la "patria socialista".

Aclaración necesaria porque muchas personas creen que es mejor que ganen aquellos que se oponen al imperialismo estadunidense, lo que los lleva a apoyar a Rusia y China y, en ocasiones, a Irán o a cualquier nación que se oponga a las potencias occidentales.

En segundo lugar, creo que los movimientos y los pueblos deben oponerse a la guerra para profundizar su propia agenda: el arraigo territorial para ejercer la autonomía y el autogobierno, construyendo "mundos otros", nuevos y diferentes al capitalista, patriarcal y colonial.

En las guerras siempre pierden los pue­blos y ganan las grandes empresas capitalistas que se aprestan a rediseñar los territorios conquistados en su beneficio, explotando los bienes comunes para mercantilizarlos. Por eso es necesario boicotear las guerras, porque no existen las guerras justas, ya que las realmente existentes son guerras de despojo a través del genocidio.

Si es cierto que la guerra es la continuación de la política por otros medios, como dijo Clausewitz, el principal rasgo de la actual política de arriba es el despojo de los pueblos originarios, negros, campesinos y mestizos para acelerar la acumulación de capital.

En tercer lugar, los pueblos deben defenderse, lo que no es igual que participar en un guerra que no eligieron. Por lo que venimos aprendiendo del EZLN, de los pueblos mapuche, nasa/misak y otros de América Latina, así como de comunidades negras y campesinas, el mejor camino no consiste en responder a la guerra con guerra, porque la simetría nos desfigura como pueblos.

Porque "ellos" tienen armas muy sofisticadas y enormes ejércitos, estatales y privados, con formas militares tradicionales y con modos narcoparamilitares, que están atacando a los pueblos. Si respondemos con la violencia (que éticamente sería irreprochable), tomarán la iniciativa que más desean: el genocidio de pueblos enteros, como sucedió en el pasado reciente. Por propia experiencia de cinco siglos, los pueblos sólo confían en sus autodefensas: guardias indígenas, cimarronas y campesinas; policías comunitarias, rondas campesinas y guardianes de las lagunas, por mencionar apenas un puñado de defensas comunitarias. La tarea de los pueblos, en este periodo de guerras del capital, no es tomar el poder sino preservar la vida y cuidar la madre tierra, eludir los genocidios y no volvernos iguales a "ellos", que sería otra forma de ser derrotados.

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Corte Constitucional declara que hay violación masiva del Acuerdo Final de Paz

La figura de Estado de Cosas Inconstitucional la utiliza el alto tribunal cuando hay una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas

27 de Enero de 2022

En la tarde de este jueves 27 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un fallo en el que declara un Estado de Cosas Inconstitucional por las fallas en la implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que se sometieron al acuerdo de paz.

La figura del Estado de Cosas Inconstitucional se usa en casos de vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas.

La decisión se tomó tras el estudio de cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad personal. Una situación que corroboró el alto tribunal y determinó que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La Corte dictó órdenes puntuales para restablecer estos derechos considerando el alto número de firmantes del Acuerdo Final de Paz que han sido víctimas de homicidio y el bajo nivel de implementación de las normas sobre garantías de seguridad para los desmovilizados.

Dichas órdenes son las siguientes:

- Ordenar a la UNP que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la presente decisión revalúe el riesgo que enfrentan las y los firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación y quienes integran el partido comunes así como otras personas que se encuentren en situaciones similares de riesgo.

- Reevaluar los riesgos de los esquemas de protección colectiva en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación para mantenerlos o fortalecernos de ser necesario nuevos esquemas para ello empezar con la contratación y la formación de los agentes escoltas para suplir las necesidades.

- Declarar el Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento y la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes.

- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación crear un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia con el auxilio de la Defensoría del Pueblo. La Corte también creará una sala especial de seguimiento y cumplimiento hasta que se logre la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

- En el término de tres meses el Gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento.

- Ordenar al Gobierno nacional adopte las medidas que le permitan cumplir las garantías de seguridad previstas en el acuerdo de paz, de modo que se facilite la reinserción efectiva y pronta a la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.

- Ordenar al Gobierno nacional disponer de la asignación presupuestal suficiente para asegurar que las personas firmantes del acuerdo de paz que ejerzan liderazgo político o social tengan la protección requerida en el marco de las actividades que están llamadas a desarrollar.

- Priorizar a los municipios y regiones especialmente afectadas por la violencia de grupos armados y la ausencia del Estado (Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca) para descongestionar los análisis de riesgos represados en la UNP.

- Aplicar con rigor los principios de presunción del riesgo extraordinario y realizar un análisis detallado del contexto para evitar actuaciones dilatorias que aumenten innecesaria el riesgo de seguridad que enfrentan las personas desmovilizadas.

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Lunes, 17 Enero 2022 05:37

De espectros y vencidos

De espectros y vencidos

 

Tres espectros se encontraron en Colombia en la conmemoración de los cinco años de la firma de los acuerdos de paz, a finales de 2021. Un primer espectro viene del pasado y llegó como un comentario reiterado de los ex combatientes de las FARC: "¿Y todos los que cayeron en esta guerra?¿Los muertos que dieron su vida para terminar en esto?". La primera vez que lo escuché fue con un ex guerrillero que recordó a su compañera asesinada en un bombardeo del que él se salvó por minutos. La última vez, en diciembre, como en forma de autorreproche, cómo se iba a justificar toda la sangre de sus camaradas que habían caído en combate ante esto.

Un segundo espectro llegó en forma de unas FARC acusadas de "esclavismo" por la justicia transicional, cuando la Sala de Reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz concluyó que esta guerrilla había obligado a trabajos forzados a secuestrados y poblaciones que estaban en zonas donde operaban.

El tercer espectro llegó del futuro en forma de un laboratorio de guerra recreado por ejércitos contrainsurgentes conformados por ex combatientes desertores, entrenados por militares nacionales y extranjeros, ubicados estratégicamente en áreas de interés geopolítico, como Arauca, Cauca o Putumayo. En unas áreas sería el petróleo, en otras las economías de la cocaína, en una más proyectos económicos como los puertos privados en el Urabá colombiano. Nacidos como una escisión política a los acuerdos, posteriormente aprovechados como una fuerza paramilitar, éstos disputan no sólo con los insurgentes que quedan, sino con la población, aplastada en la mitad. En el futuro, más que nunca, se sentían como ejércitos invasores.

En el libro Melancolía de izquierda, de Enzo Traverso, transitamos de la utopía a la memoria. Vamos leyendo cómo, tras la última gran derrota encarnada en la caída del Muro de Berlín, parece haberse aplastado el horizonte de expectativa de la izquierda, por lo menos de la europea. Y surge, en este escenario, un nuevo sujeto histórico: la víctima. Ese maniquí despolitizado, amorfo, limpio de contradicciones, carente de agencia, objeto de inversión. Bajo esta sombra, se enterró la discusión antifascista, anticolonial, revolucionaria, arrodilladas ante el "deber de la memoria", advierte. Yo agrego que apareció el otro actor, "el terrorista".

El tema es que en un país como Colombia, donde el humanitarismo internacional ya es un rubro del PIB y la injerencia de Estados Unidos ha transformado la narrativa y el oficio de la guerra, la comprensión de la nuestra, como una pelea entre buenos y malos, es insuficiente.

Se ha discutido que lo que se negoció no fue tan radical como se creía, cómo lo que se negoció no se cumplió, cómo el país se rearma y sigue habiendo botas para la guerra, cómo la paz no importa en el debate electoral, lo que no fue, lo que no será. Urge alejarse de la nostalgia de la guerra perdida, sin sentido y cultivar un proyecto revolucionario en una era no revolucionaria –como dice Traverso–, o en este caso, en una transición adversa en la que la izquierda –la armada, la no armada o la desmovilizada–, vuelve a recibir tratamiento de "terrorista". Pensar en tiempos del pos-Muro de Berlín, en el que la búsqueda de una paz justa es revolucionaria y la agenda imperial es la guerra.

Aún hay guerra en los campos en Colombia y tres actores tienen responsabilidades diferentes. Una institucionalidad transicional que parece sembrar los cimientos de la siguiente confrontación al estrechar los espacios de comprensión del conflicto armado y volver al marketing del "terrorismo". Intentar aplastar y negar desobediencias siempre será una forma de alimentarlas.

En otra orilla, pienso en el relato de Walter Benjamin cuando rememora los disparos contra los relojes en las torres que hacen los revolucionarios de la Comuna de París. Los espectros del tiempo pasado, presente y futuro de una u otra forma requieren ser demolidos. La izquierda armada y no armada sabrá que eso no pasa con un disparo, sino con reconocer que el horizonte de la expectativa seguirán siendo las luchas. Y éstas no están representadas en la víctima abstracta y negociada, sino desde la intensidad del duelo concreto, el despertar de unos vencidos y vencidas emancipadas, invencibles.

Estefanía Ciro*

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana AlaOrillaDelRío. Su libro más reciente es Levantados de la selva

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El candidato a las elecciones en Colombia, Gustavo Petro, durante su entrevista con 'Público'. — Jairo Vargas

Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país.

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

"A las élites les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan para evitarlo y eso nos pone en riesgo"

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz.

madrid

12/01/2022 21:39 Actualizado: 13/01/2022 09:27

 

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Militares patrullan en el aeropuerto internacional de Nursultán, Kazajistán, 6 de enero de 2021.Abzal Kaliyev / Sputnik

Kazajistán ha pedido ayuda a sus socios del bloque, integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, para hacer frente a las masivas protestas en el país.

La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ha anunciado este jueves el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz a Kazajistán, que solicitó asistencia militar al bloque en medio de violentas protestas antigubernamentales para estabilizar la situación en el país.

El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáev, denunció ante el bloque militar, del que su país forma parte junto con Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán, que los disturbios representan una amenaza para la seguridad nacional y soberanía de Kazajistán y que percibe los acontecimientos como el resultado de una invasión de grupos criminales preparados en el extranjero.

La alianza acordó enviar por un período limitado sus fuerzas de pacificación, que se encargarán de proteger importantes instalaciones gubernamentales y militares y que asistirán a las fuerzas kazajas en su esfuerzo por normalizar la situación. El contingente de paz cuenta con unidades rusas de las Tropas Aerotransportadas.

Las protestas estallaron el 2 de enero a raíz de la drástica subida de los precios del gas licuado del petróleo, utilizado en la región como combustible en la mayoría de los autos, y han desembocado en disturbios y enfrentamientos con agentes de la Policía.

Los momentos de mayor tensión se viven en la antigua capital del país, Almatý, donde una turba enfurecida asaltó este miércoles el edificio de la Administración y la antigua residencia presidencial, causando incendios en la sede del Gobierno regional y en los edificios de la Fiscalía y del canal estatal Qazaqstan.

Los manifestantes también tomaron el control del aeropuerto internacional de Almatý, donde causaron destrozos en la terminal y en la tienda de Duty Free. Los aeropuertos de Aktau, Aktobé y Almatý fueron cerrados.

El Ejército kazajo ha tomado posiciones en el centro de Almatý, donde la noche del 5 al 6 de enero perdieron la vida decenas de manifestantes, según el recuento policial. Actualmente se desarrolla una "operación antiterrorista" en la ciudad.

Las autoridades siguen bloqueando el acceso a internet en todo el país, donde rige el estado de emergencia con toque de queda desde el miércoles, quedando prohíbidos todos los eventos de masas y limitándose la libertad de movimiento por el territorio nacional y entre las distintas regiones.

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El papa Francisco se pronunció este 1 de enero en el marco de la Jornada Mundial por la Paz (Fuente: EFE)

Con motivo de celebrarse el 1 de enero la Jornada Mundial por la Paz, Francisco emitió un documento en el retoma los grandes postulados de su pontificado, denuncia la continuidad de los conflictos bélicos, la carrera armamentista y pide acción política para encontrar soluciones.

“El ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras se propagan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medio ambiente, empeora la tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un modelo económico que se basa más en el individualismo que en compartir lo solidario”, diagnosticó el papa Francisco en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada 1 de enero desde hace 55 años. En el mismo documento Jorge Bergoglio esbozó una propuesta sobre la base de tres ejes: diálogo entre generaciones para construir la paz; la instrucción y la educación como motores de la paz y promover y asegurar el trabajo.

La cuestión de la búsqueda de la paz en el mundo ha sido una preocupación permanente del pontífice católico desde su elección en marzo de 2013. Tras ese objetivo Bergoglio ha desarrollado una estrategia que involucra no solo a su Iglesia Católica, sino a líderes de otras confesiones monoteístas y en forma constante instala el tema de la paz en sus diálogos con líderes políticos de todo el mundo.

Para el Papa la paz tiene que ser el resultado de un compromiso compartido entre las instituciones y las personas. En esa línea Bergoglio propone avanzar en un diálogo sincero, que “aunque no esté exento de una dialéctica justa y positiva, requiere siempre una confianza básica entre los interlocutores”. Por eso, sigue diciendo Francisco, “debemos recuperar esta confianza mutua” sin perder de vista que “la actual crisis sanitaria ha aumentado en todos la sensación de soledad y repliegue sobre uno mismo”.

En el mismo texto Bergoglio afirma que “dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”, una tarea que –dice el pontífice- se debe fomentar entre generaciones, a sabiendas de que ello significa “labrar la dura estéril tierra del conflicto y la exclusión para cultivar allí las semillas de una paz duradera y compartida”.

Abogando por el diálogo entre generaciones Francisco afirma que los grandes retos sociales y de construcción de la paz “no pueden prescindir el diálogo entre (los mayores) depositarios de la memoria y (los jóvenes) continuadores” de la misma.

Más adelante el Papa retoma otro de sus temas predilectos: el cuidado de nuestra casa común, refiriéndose a la preservación del medio ambiente. Y señala que “la oportunidad de construir juntos caminos hacia la paz no puede prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo intergeneracional”.

Sobre el punto Francisco denuncia que “el presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años”, no obstante que ambas son “bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso”. Advierte que, en contraposición, “los gastos militares han aumentado, superando el nivel registrado al final de la ‘Guerra fría’, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante” frente a lo cual reclama “un proceso real de desarme internacional” que libere recursos financieros que se empleen para la salud, la escuela, las infraestructuras y el cuidado del territorio.

En otro apartado el Papa sostiene que el “trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz” porque desde una perspectiva social “el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y más hermoso”.

Al respecto Jorge Bergoglio sostiene que “la situación del mundo del trabajo, que ya estaba afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por la pandemia de covid-19” y como consecuencia de ello “millones de actividades económicas y productivas han quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables; muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política; la instrucción a distancia ha provocado en muchos casos una regresión en el aprendizaje y en los programas educativos”. Sin dejar de señalar que el “impacto de la crisis en la economía informal, que a menudo afecta a los trabajadores migrantes, ha sido particularmente devastador” cuando, por otra parte, a muchos de ellos “las leyes nacionales no los reconocen” y es “como si no existieran”.

Entiende Francisco que “es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación”, que la política promueva un “justo equilibrio entre la libertad económica y la justicia social”.

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Hoja de coca sembrada en el municipio de Tibú, vereda Km 25 (Colombia). — Oriol Daviu

Las consecuencias de estos incumplimientos se ven traducidas en asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos, en la proliferación de actores armados en los territorios abandonados por la exguerrilla y en un aumento de los cultivos de hoja de coca.

En el Catatumbo, las dinámicas de violencia responden a la presencia de actores armados, al ser fronterizo con Venezuela, conforma un corredor de la droga. Se trata de una región rica en recursos naturales (carbón, petróleo, coltán, esmeraldas, agua...), donde también destaca el monocultivo de palma africana y alberga el oleoducto Caño Limón-Coveñas.

En total, fueron 99.097 familias productoras de coca, de las más de 200.000, las que se inscribieron al PNIS en todo el país. "Muchas no llegaron a tiempo porque el registro cerró antes de que se pudieran apuntar", destaca Quintero. El incumplimiento a estas familias y la proliferación de los grupos armados vinculados al narcotráfico ha conllevado durante estos años un aumento de la coca en todo el país.

Según UNODC, la producción potencial de coca ha  aumentado en un 8% en 2020 en zonas donde múltiples actores compiten porcontrolar los territorios donde se cultiva la hoja de coca y se procesa la pasta básica. Así lo recalca también un informe de International Crisis Group , que menciona a otra de las guerrillas presentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que "se ha expandido considerablemente", así como a las organizaciones herederas del paramilitarismo y disidencias de las FARC-EP.

En el Catatumbo están estos grupos y también tiene presencia un reducto de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizada en 1991. El informe de la UNODC destaca la influencia de cárteles mexicanos, como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con incidencia directa sobre la siembra y la salida de la pasta básica hacia los mercados internacionales.

Asimismo advierte de que las comunidades no están seguras de cuáles son los grupos armados presentes. "Antes del Acuerdo sabíamos quiénes eran nuestros enemigos. Nos cuidábamos del Ejército, de los paramilitares que entraban asesinando, quemándonos nuestros caseríos y desplazando al campesinado. Hoy en día nos toca saber bien qué decimos, con quién discutimos y a quién le exigimos los respetos y los acuerdos comunitarios", explica Irene Ramírez, presidenta de la Asociación del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización que se encuentra en otra de las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito, el Magdalena Medio, al nororiente del país.

Desde la firma del acuerdo, han sido asesinadas más de 1.200 lideresas y líderes sociales y cerca de 300 exguerrilleros han sido asesinados, todos ellos  trabajaban en pro de los acuerdos de paz, muchos en lo relativo a la sustitución de cultivos. "Convencimos al campesinado para arrancar las matas y ahora el Gobierno no cumple, ¿cómo no vamos a recibir amenazas?", explica Dairo Alberto Vallejo, exguerrillero y coordinador del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio en el Catatumbo, uno de las 24 zonas habilitadas para la reincorporación de las y los exguerrilleros.

"El Gobierno trata de resolver el problema del narcotráfico desde un enfoque de guerra y estigmatización del campesinado. Hasta Barak Obama dijo que no servía la guerra contra el narcotráfico. Y el Acuerdo de Paz habla sobre políticas de reconstrucción económica de los territorios, de soluciones para las familias y de políticas concertadas de sustitución", expresa Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La erradicación forzada y la persecución al campesinado

"Estamos luchando para que se cumpla el cuarto punto de los Acuerdos de la Habana. El campesinado tiene la voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero con garantías, porque no es arrancar por arrancar y dejar a la gente aguantando hambre", afirma María Carvajal, lideresa de Ascamcat.

"Cuando conocimos los Acuerdos nos ilusionamos", reconoce Carvajal. "Pensamos que iba a ser un éxito, que de verdad el Gobierno quería sustituir la coca. Soñamos con las cooperativas y la comercialización de los productos. Por eso le explicamos a la comunidad que se acogiera a la sustitución voluntaria, que vivir de la coca nos traía problemas. Y si la gente hoy en día ha vuelto a sembrar coca es porque el Gobierno la ha obligado. Porque, ¿qué más hace? Si se siembra yuca, no da para vivir. Si se siembra cacao, no hay carreteras para sacar la producción".

Carvajal ha liderado, entre otros procesos, la sustitución voluntaria y ahora ve, no solo como el Gobierno no cumple, sino como desde 2019, y especialmente durante la pandemia de la covid-19, envía al Ejército para llevar a cabo operativos de erradicación forzada que crean enfrentamientos con la comunidad. En uno de estos enfrentamientos fue asesinado Alejandro Carvajal, su sobrino.

"A Alejando Carvajal le disparó un soldado cuando estabahablando por teléfono y también asesinaron a Emérito Buendía alegando que tenía un palo. Un palo contra un fusil", resalta Quintero, quien denunció durante su intervención como invitada de las XIX Jornadas de la Mesa Catalana por Colombia en Barcelona, que desde el 26 de octubre el Ejército ha llegado a varias veredas del municipio de Tibú para erradicar de manera forzada. "Cuando entran los operativos militares la comunidad, obviamente, reacciona exigiendo el cumplimiento del Acuerdo si quieren arrancar las plantas de coca, organizándose en asentamientos humanitarios para no dejar pasar a los soldados".

 Quintero cuenta cómo en uno de estos operativos la comunidad llamó a Ascamcat para que mediara en materia de derechos humanos con el Ejército, pero cuando Elizabeth Pabón, presidenta de Ascamcat y Jhunior Maldonado, líder de la organización, llegan al lugar el general al mando les acusa de secuestrar a 180 militares. "Ni siquiera las FARC-EP, cuando estaban alzadas en armas, logró retener a tantos militares con sus fusiles. Esta es una estrategia para desprestigiar a la organización y hacernos pagar por la firme defensa del Acuerdo de Paz", dice Quintero.

Además de las erradicaciones y las persecuciones, este año el Gobierno de Duque pretende reactivar la aspersión con glifosato, pese a la oposición de la ONU y que este herbicida fue prohibido en 2015. Como concluye Carvajal: "También nos asusta la fumigación con glifosato porque ya hemos vivido esa experiencia y eso envenena la tierra; no solamente la coca, sino todos los cultivos, las aguas, los animales, la fauna y los seres humanos".

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El congresista colombiano, cuando participó en el seminario internacional Los partidos y una nueva sociedad, con el tema Crisis del neoliberalismo, el 23 de octubre pasado.Foto José Antonio López

El legislador esboza el ambiente que floreció en su país a la sombra del tratado que puso fin a la guerra que duró casi medio siglo. Por ejemplo, con los paramilitares –expone– se busca no una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley

 

Se acerca el quinto aniversario de los Acuerdos de Paz en Colombia, pactos que el presidente Iván Duque y el entorno de Álvaro Uribe han intentado destruir, bloquear, desprestigiar. Y que, sin embargo –asegura el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda– han tenido efectos políticos, culturales y sociales que permiten pensar, "por primera vez en la historia republicana del país, en la posibilidad del triunfo de una coalición de centroizquierda" en las elecciones de marzo de 2022.

Cepeda, quien forma parte del directorio del Pacto Histórico, una de las dos coaliciones que enfrentarán a conservadores y uribistas en los próximos comicios, describe en entrevista con este diario el nuevo ambiente que floreció en Colombia bajo la sombra del acuerdo que puso fin a la guerra que se prolongó casi medio siglo: un realineamiento de todas las fuerzas en favor o en contra de la paz; un clima de continuas movilizaciones y protestas sociales; un sistema de justicia transicional inédito que, pese a navegar a contracorriente, ha tenido grandes avances.

El simple hecho de que los acuerdos se mantengan, luego del asesinato más de 300 ex guerrilleros y líderes sociales, "es un triunfo del pueblo colombiano", que lo sostiene "a pesar de todo". Y ese "a pesar de todo" significa que de enero a septiembre de 2021 se registran al menos 50 masacres, centenares de asesinatos de defensores del ambiente y los derechos humanos. "Lo que el gobierno llama paz con legalidad son palabras huecas."

Lo que propone para las elecciones del año próximo: apuntalar un proceso de paz que ponga en marcha procesos que incluyan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a grupos del paramilitarismo que sobreviven y a sectores del narcotráfico. "No a través de una negociación política, por supuesto, sino de procesos de sometimiento pacífico a la ley."

(El Pacto Histórico es una amplia alianza de fuerzas de izquierda que van desde Colombia Humana, del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, hasta el partido de las ex FARC, pasando por Polo Democrático, Unión Patriótica y otros. Coalición de la Esperanza agrupa a liberales, verdes y fuerzas de centro, e incluye a figuras como Ingrid Betancourt.)

Lo que falta: paramilitares y narcotráfico

–En la ecuación para ampliar los efectos de los Acuerdos de Paz incluye al paramilitarismo. ¿Cómo?

–En el discurso de Uribe, este proceso de los acuerdos paz ha sido como entregarles el poder a los ex guerrilleros. Pero lo cierto es que Uribe, en su momento, quiso entregar literalmente el país a los paramilitares. De ello resultó que hubo entre 30 y 40 por ciento de los congresistas elegidos por los paramilitares. Y que terminó con 70 de ellos en las cárceles. Si se logró juzgar por sus crímenes a los paramilitares fue por los movimientos de víctimas, jueces y fiscales honestos, los periodistas valientes, que promovieron el examen de la verdad y que logramos parar la paramilitarización de Colombia.

–¿Y cuál es el proceso que se propone con ellos?

–No una negociación política, sino un diálogo para que acaten la ley. Si dejan las armas, dejan el negocio y contribuyen a reparar a las víctimas, obviamente el procedimiento judicial tiene que ser benigno.

–Sobre el tema de la configuración política ¿Cómo va el proceso con las ex FARC?

–El balance es variopinto. [El partido] Comunes es el resultado político del acuerdo de paz. Su incorporación ha tenido problemas y retrocesos, no sólo por los ataques, sino por la propia lógica después de 50 años de guerra. Pero la realidad es que están en el Congreso y las otras fuerzas políticas, incluso la extrema derecha, han tenido que acatar.

–El acuerdo de paz colom­biano no se pactó sobre amnistías ni a guerrilleros ni a represores del Estado. ¿Cómo va ese proceso de justicia transicional?

–Es un sistema de justicia inédito. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal con una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, fruto de un acuerdo entre adversarios que vienen de una guerra muy larga.

“Se le ha querido mostrar como un tribunal sin garras y ni dientes y no es así. En sus salas se están procesando siete macrocasos. Están siendo juzgadas 13 mil personas ligadas a los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado, en su mayoría guerrilleros, pero también 2 mil 500 militares y civiles.

“Ya hay resultados muy importanes. Por ejemplo, el juicio contra los jefes de las FARC por secuestro ha permitido documentar hasta 20 mil casos, algo que no había podido ser establecido. Los ex guerrilleros han hecho una petición pública de perdón a las víctimas y lo que sigue es la sanción.

“Hay otro auto que se sigue contra el ejército por los falsos positivos. Son 6 mil 402 personas, en su mayoría jóvenes que fueron prácticamente secuestrados por el ejército, ejecutados, vestidos con uniformes de la guerrilla y sus cadáveres presentados como bajas terroristas. Además se ha documentado que los cementerios en las zonas de conflicto fueron utilizados para esconder en fosas comunes los cuerpos de víctimas. La unidad de búsqueda ha desenterrado e identificado a centenares de personas. Yo mismo, con mi equipo, investigué seis de esos cementerios con más de dos mil casos.

“La comisión de la verdad es el tercer elemento de este sistema y se apresta a presentar su informe, al menos 10 mil testimonios de víctimas del conflicto armado.

“Cuando terminen su trabajo vamos a tener, yo no diría que toda la verdad, pero sí avances supremamente importantes. Por eso es una mentira impúdica lo que dicen Uribe y Duque de que los acuerdos de paz crearon un sistema de impunidad. Es exactamente lo contrario.

“Uribe teme a la JEP. Cuando se termine este proceso se revelará lo que ocurrió durante su gobierno con los falsos positivos, algo monstuoso. Por eso ha emprendido una batalla feroz contra los magistrados y la Corte Suprema de Justicia.

“Por otra parte, su pupilo, Duque, ha conducido un gobierno desastroso. Todas las políticas que ha querido poner en marcha han recibido un rotundo rechazo popular. Como su intento de gravar los alimentos básicos en un país con 40 por ciento de pobreza y 15 por ciento de desempleo.

"Esto desató un ciclo de protestas sociales que sigue hasta ahora. Y a ello respondió con una violencia inusitada, echando mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que ya es sinónimo de violación a los derechos humanos, que ha dejado sin ojos, muertos o asesinados a decenas de jóvenes."

–Muy importante también hacer el balance de lo que ha significado el movimiento por los derechos humanos en Colombia.

–En pocas palabras: sin el movimiento de los derechos humanos en Colombia muchas comunidades habrían desaparecido, muchas más personas habrían muerto. El movimiento ha sido un cinturón de protección y contención para muchas poblaciones y ha develado el rostro criminal del poder político y del conflicto armado en Colombia.

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Raúl Arias las ilustraciones del Cuaderno sobre Tecnoética del número 109 de TELOS

La política que podemos calificar de contemporánea, consolidó una tradición a propósito de la experiencia de la revolución. Hubo un momento en el que ocuparse de la revolución era pensar en dirigentes políticos de izquierda y en el que mencionar a la derecha era pensar en un proyecto político fuertemente jerarquizado y sin imaginación para promover transformaciones en la sociedad.

Esta tradición político-cultural alcanzó su modo pleno de existencia a principios del siglo XX. La revolución que liquidó el imperio zarista fue el arquetipo de esa tradición. Octubre de 1917 se reconoció como un acontecimiento histórico universal, el cierre de un proceso, pero también como un nuevo punto de partida, una aurora para la política de derecha.

En los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la revolución también se asumió como proyecto político por la derecha. La idea de una revolución conservadora se convirtió en algo posible y el fascismo y el nacionalsocialismo la volvieron realidad. La revolución conservadora tuvo filósofos eminentes como Heidegger y políticos tenebrosos como Hitler y Mussolini, y teóricos de la política como Karl Schmidt, quien redefinió la política como la capacidad de distinguir entre el amigo y el enemigo. Y la guerra como la quinta esencia de la experiencia política: “Es en la guerra donde se contiene el meollo de las cosas. El tipo de la guerra total determina el tipo y la estructura de la totalidad del Estado. Y la guerra total deriva su sentido del enemigo total”.

La Segunda Guerra Mundial fue el escenario en el que el vínculo entre guerra total y revolución tanto de derecha como de izquierda quedó disuelto. El horror de esa confrontación (y especialmente de su rúbrica norteamericana en Hiroshima y Nagasaki) colocó la idea de la revolución y la guerra total en el congelador. La expectativa de una guerra nuclear aplazó cualquier aventura bélica total y mantuvo suspendida durante casi cuatro décadas las iniciativas tendientes a desencadenar revoluciones planetarias de derecha o de izquierda.

Pero mientras fue perdiendo vigor el concepto y la práctica de la guerra total y la revolución, se volvió permanente y planetaria otro tipo de revolución: la tecnológica-científica. Las premisas administrativas, tecnológicas y teóricas que la primera bomba atómica evidenciaron, se convirtieron en núcleo catalizador de una revolución que trastornó todos los modos de pensar e imaginar dominantes en las actividades creativas propias de las comunidades científicas. En esas condiciones, aunque hubo revoluciones y guerras de izquierda como de derecha, estas se dieron siempre en escenarios locales. Tanto los Estados Unidos como la desaparecida URSS, usaban esas revoluciones y guerras locales para dirimir las crisis políticas y económicas en sus zonas de influencia. Esto cambió radicalmente entre los diciembres de 1989 y de 1991.

En el trascurso de esos meses el sistema del llamado socialismo real y la URSS, se vino estrepitosa y pacíficamente al suelo gracias a una serie de revoluciones locales sin guerra. Esta doble experiencia de revolución pacífica: la que dio al traste con la Unión Soviética y el llamado campo socialista, y la científico-tecnológica, crea premisas culturales decisivas para plantear la tarea de pasar de la guerra a las vías de la paz y superar la idea de la violencia como partera de la historia.

Estas nuevas premisas son especialmente evidentes en el caso de las revoluciones científicas y tecnológicas. Ninguna de estas revoluciones es el resultado de una guerra a muerte entre quienes están comprometidos en la empresa. En el esfuerzo por alcanzar una revolución en el conocimiento o en el diseño de un innovador dispositivo tecnológico, hay pasiones e injusticias de todo tipo pero lo dominante es el espíritu de cooperación. El éxito de una empresa científico-tecnológica es imposible si sus integrantes operan con la lógica de la eliminación de quienes manifiestan su desacuerdo. Hoy se puede formular la tesis de la posibilidad de realizar revoluciones pacíficas, tecno-científicas, para superar situaciones de crisis de orden planetario.

En el periodo de la llamada Guerra Fría, las revoluciones y las guerras locales estuvieron asociadas a grandes crisis económicas. En el caso de la que echó abajo el llamado sistema socialista mundial y a la URSS, el punto de partida fue una gran crisis cultural y psicológica. La actual crisis planetaria desencadenada por el Covid-19 es del mismo tipo. La ausencia de una cultura del cuidado de la Tierra y de todas las especies que la habitan, y el precario desarrollo de políticas públicas de salud orientadas por las ciencias de la vida, está en la base de la actual pandemia.

Cuando colapsó el experimento de la URSS se puso al orden del día la retórica del fin de la historia, ahora está emergiendo la intuición de la necesidad de asumir conscientemente la experiencia de un cambio de época.

También está la propuesta de la élite global que se reúne anualmente en Davos de un Gran Reinicio (Reset) del capitalismo. Es evidente que el futuro será distinto según la propuesta que se vuelva dominante. El compromiso con las vías de la paz y las revoluciones tecno-científicas permitirá avanzar en la solución de los problemas asociados al cambio de época. No así la propuesta del reinicio de un capitalismo cuyo carácter depredador amenaza la existencia misma de la vida en la Tierra y alienta posiciones racistas y xenófobas como las asumidas por Trump y sus seguidores en Estados Unidos y grupúsculos Nazis en la Unión Europea.

 

 

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Publicado enEdición Nº284
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