“No le va a quedar tan fácil al gobierno que llega echar para atrás lo acordado.” Imagen: Adrián Pérez

Pizarro ingresó en la política por la necesidad de un relevo generacional y un cambio de valores en una Colombia que, según aseguró, estuvo gobernada por el género masculino. Ahora enfrenta el desafío de sostener el proceso de paz.

María José Pizarro es hija de la insurgencia colombiana. Su padre, Carlos Pizarro, integró el grupo guerrillero M-19, y pocos días después de abandonar las armas, siendo candidato a presidente por la Alianza Democrática, fue asesinado por un sicario en un crimen que aún no se esclareció. En su juventud María José se dedicó a las artes. Recientemente consiguió un escaño como diputada por Bogotá en la coalición Colombia Humana, liderada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro. Pizarro ingresó a la política por la necesidad de un relevo generacional y un cambio de valores en una Colombia que, según aseguró, estuvo gobernada por el género masculino. Luego de las últimas elecciones, Colombia Humana tiene por delante el desafío de sostener el proceso de paz. “El país necesita que sobreviva una generación de lideres para que podamos de alguna manera iniciar un proceso de transformación” afirmó Pizarro a PáginaI12, en su reciente visita a Buenos Aires.

–¿Qué la motivó a ingresar a la política en el espacio Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro?
–Mi ingreso a la política tiene que ver con la necesidad de un relevo generacional, un cambio de valores y la participación activa de las mujeres en este campo, y Colombia Humana es un espacio que promueve estos principios. Sentí la necesidad de expresar las inquietudes de una nueva generación que fue empoderada por las mujeres que asumieron el liderazgo y que sobrevivieron a los años de guerra mientras los hombres eran asesinados. En estas últimas elecciones fue Gustavo Petro quien permitió que lleguen nuevos nombres y que una mujer encabece la lista. Además Petro impulsa un proceso transformador que pelea por romper las brechas de inequidad, por empezar un proceso de protección de territorios y por distribuir la tenencia de la tierra, que es el origen de la guerra colombiana.

 

–En contraposición a las propuestas de Colombia Humana, ¿cuál es el modelo de país que lidera Iván Duque?

–Son dos modelos en disputa. A diferencia de lo que representa Petro, Duque es la voz de los grandes terratenientes que concentran la tierra para monocultivos. Duque simboliza la continuidad de una oligarquía que se educó para ser poder y perpetuarse sin acudir a las dictaduras. Este gobierno resurgió los discursos más reaccionarios y lo peor es que tienen el acompañamiento de grandes sectores de la sociedad colombiana.

 

–¿Cuál es el reto de la izquierda después de las últimas elecciones?

–Nosotros tenemos que hacer de la paz un proceso sostenible. Colombia necesita que sobreviva una generación de lideres para que podamos de alguna manera iniciar un proceso de transformación. Se intentó en estas elecciones y tristemente lo hemos tenido que postergar cuatro años más. Pero creemos que Colombia está lista. La paz va ser ese detonante, porque de alguna manera permite que voces que han estado silenciadas irrumpan en la realidad colombiana.

 

–¿Cómo evalúa la gestión de Juan Manuela Santos conforme a la paz?

–Creo que fue una política que estableció los mínimos para iniciar ese proceso de paz social que es lo que sigue pendiente en Colombia. Se sentaron las bases para la desmovilización de las FARC, y Santos logró el fin de una era de conflicto entre esta guerrilla y el Estado. Hubiésemos querido que fueran unas bases muchísimo más sólidas pero sin embargo creemos que es un proceso imparable. De alguna manera no le va a quedar tan fácil al gobierno que llega echar para atrás lo acordado. Además las nuevas generaciones no están dispuestas a empeñar su futuro. Es difícil decirlo, pero creo que Colombia va a extrañar a Santos. Lo que se viene, ojalá no sea peor.

 

–¿Se sostuvo lo pactado en el acuerdo de paz de 2016?

–Yo creo que las bases del acuerdo están bien pero el problema es otro. Desde que se firmó la paz se tenían que desencadenar una serie de procesos y eso no sucedió, por el contrario, están intentando quitarle legitimidad a lo construido. Sabemos que el acuerdo de paz no está arraigado en el conjunto de la sociedad y eso se ve en el plebiscito y en el triunfo de Duque en las últimas elecciones. A pesar de que el acuerdo esté blindado jurídicamente, eso no quiere decir que no haya sectores reaccionarios y muy poderosos que intentarán desarmarlo.

 

–¿Falta voluntad política para sostener el acuerdo?

–Sucede que los que hoy gobiernan tienen otra concepción de paz. En su discurso nunca dicen que no están de acuerdo con la paz, sería una puñalada. El problema es que la paz que ellos imaginan es una paz que deja por fuera sectores que han estado eternamente perseguidos, proscriptos o excluidos. Nosotros queremos una paz integral.

 

–¿Hubo un real proceso de integración de los desmovilizados de las FARC?

–No, el Estado colombiano tiene una tradición de incumplimiento sistemático a los acuerdos de paz. No ha sabido nunca cómo reintegrar efectivamente a las personas desmovilizadas. No hay una implicación real de los gremios económicos o del sector empresarial para otorgarles a estas personas un puesto de trabajo, algo mínimo para que ellos pudieran recomponer su proyecto de vida.

 

–¿Por qué continuó el asesinato a líderes sociales después del acuerdo?

En Colombia, los líderes sociales se asesinaron sistemáticamente a lo largo de la historia. En ese marco es que fue exterminado un partido político completo, como la Unión Patriótica y tantos otros líderes sociales como el caso de mi padre. Lo que sucede ahora, es que después del acuerdo, los homicidios se volvieron más visibles. Además, lo más grave de los últimos asesinatos son los crímenes contra los líderes ambientales. Somos el segundo país del mundo, después de Brasil, con el mayor número de asesinato a líderes ambientales y eso da cuenta del conflicto nuevamente por la tierra en Colombia y en particular por las que dejaron las FARC y que ahora quieren ocupar otros grupos armados, incluidas las disidencias de la guerrilla.

 

–¿Qué responsabilidad tiene el Estado en esa disputa por la tierra?

–Si el Estado no está presente, la disputa por la tierra se agravará. Esto solo se soluciona con una presencia integral del Estado, no con presencia armada. Sin el Estado sencillamente la gente va a quedar ahí en medio de un fuego cruzado, que es lo que sucedió siempre. Cuando la FARC se desmovilizó y abandonó los territorios, los grupos neoparamilitares, algunas disidencias y grupos narcotráficantes empezaron a ocuparlos. Ahora está aumentando la presencia de narcos y mafias internacionales, como por ejemplo el clan de Sinaloa que está comprando tierras en el sur del país. Si esto no frena, es caldo de cultivo para una nueva guerra.

 

–¿Cómo evalúa la vuelta de gobiernos neoliberales a la región latinoamericana?

–Veo que México es la esperanza. También estamos esperando ver qué sucede en Brasil con Lula y aquí mismo en Argentina. Veo con tristeza lo que está sucediendo en Ecuador, ese viraje, sobre todo por haber sido Lenin Moreno quien lo lideró. En la asunción de Duque estuvieron presentes Mauricio Macri y Peña Nieto, ello muestra que la derecha se están organizando para recuperar su poder y frente a ello nosotros tendremos que se profundamente creativos.

Publicado enColombia
Eduardo Esparza, de la serie “Palabra y memoria” (Cortesía del autor)

Los claroscuros en materia de Derechos Humanos, del gobierno que llega hasta el 6 de agosto, son notables. Todo parece indicar que la ausencia en Juan Manuel Santos de un espíritu realmente reformista, y de paz integral, le impidieron romper con lo heredado de su predecesor, del cual fue Ministro de Defensa por varios años, los mismos en que los llamados “falsos positivos” alcanzaron su mayor pico.

En la última etapa de la vida nacional, en aquella donde la guerra ha entrado en lo que pudiera ser su etapa de negociación definitiva, existen cuatro fechas que deben recordarse: el 26 de agosto de 2016, cuando fue suscrito el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” entre el Gobierno y las Farc; el 2 de octubre de 2016, cuando el No venció al Sí en el plebiscito refrendatario del Acuerdo; el 24 de noviembre del mismo año, al firmarse un nuevo Acuerdo, conocido como el Acuerdo de El Colón aprobado por el Congreso de la República una semana después, el 1 de diciembre.


Con la primera fecha culminaba un proceso de cerca de seis años de negociaciones entre los insurgentes y el Gobierno, concretando la promesa de Santos al momento de su reelección, de hacer realidad la paz en Colombia. Con la segunda realza la incapacidad de Santos para medir el poder del uribismo en la vida cotidiana del país; con la tercera sobresale la complacencia de todo el establecimiento con la derrota política, además de la militar, propinada al campesinado alzado en armas, y con la cuarta sale a la luz la farsa santista al no actuar con sus mayorías en el legislativo para neutralizar parte o todo aquello que desdecía de lo firmado originalmente en La Habana, como gesto de ética y de palabra empeñada, de honor y fidelidad con la lucha por una paz efectiva.


Del espíritu original del Acuerdo y algo más


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el 22 de marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe sobre Colombia durante el Examen Periódico Universal, EPU, dijo: “El Acuerdo de Paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos. Si se implementa de manera diligente, puede orientar al Estado hacia la superación de los desafíos estructurales relacionados con los derechos humanos”. Hasta ahora, el logro del Acuerdo con las Farc es formal más no real: la guerra y la desigualdad social continúa en nuestro país.


Hasta hacerlos morder el polvo. Ese parece ser el propósito de los sectores dominantes con respecto a las Farc. Veamos. Producto del Acuerdo fueron creados varios mecanismos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que a pesar de los críticos, ha sido una valiosa contribución al derecho internacional de los derechos humanos. En el mundo no se había logrado que una organización guerrillera, al pactar la paz, aceptara someterse a la justicia; tampoco que el Estado se comprometiera a crear un mecanismo y un procedimiento para el juzgamiento expedito y restaurativo de los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por sus propios agentes.


Por desfortuna, el Acuerdo inicial de La Habana fue hecho trizas por el Acuerdo del Teatro Colón, el Congreso y la Corte Constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con la JEP, primero, al excluir de su conocimiento a los civiles y a los agentes estatales que no fueran miembros de la Fuerza Pública, los llamados “terceros”, y segundo, convertirlo en un Tribunal contra la guerrilla, lo que es inconstitucional, al crear una Sala Especial para los militares y dejarlos en el limbo durante 6 meses. Esto a pesar que los militares activos estuvieron de acuerdo con la JEP a través del ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares.


Unos cambios que pueden tener consecuencias en el mediano plazo, pues tales enmendaduras pueden dejarles expuestos a la acción de la Corte Penal Internacional, CPI, a la vez que socavan a la verdad. De acuerdo al Ministerio de Defensa, 1.700 militares han manifestado su voluntad de ser juzgados por la JEP. Según informaciones de prensa se han acogido a esa jurisdicción los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uzcátegui, Henry William Torres Escalante, y Mario Montoya, y otros estudian la posibilidad de hacerlo como Jesús Armando Arias Cabrales –todos acusados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos–.


Con las modificaciones también quedan desconocidos los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, lo cual contradice un pilar fundamental del Acuerdo: la centralidad de las víctimas; aplaza y, eventualmente, deniega el derecho de ellas a la justicia. La CPI puede considerar inválida esta norma, lo que le abriría las puertas para actuar, al no existir una justicia genuina en Colombia, según lo previsto en los artículos 17 y 20 del Estatuto de Roma, cuando se considere que un Estado haya investigado o juzgado a una persona a través de procedimientos orientados a dejarla impune.


Por otro lado, se quiere convertir a la JEP en una notaria en materia de extradición, lo cual es violatorio de la Constitución, al reducir y limitar su función en el procedimiento a “determinar la fecha de la conducta”. Lo anterior, a pesar de que el Acto Legislativo 01 de 2017 dejó claro que su mandato es el de “evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” (c.m.). Limitar su rol a “determinar” la fecha, dejaría por fuera las otras dos atribuciones de “evaluar” y “decidir”. Esta norma tiene nombre propio: el ex guerrillero Jesús Santrich y fue adoptada con el propósito de forzar su extradición. ¿Complacencia de todo el establecimiento?


Pasados casi dos años de la firma del Acuerdo es evidente que en Colombia transitaríamos hacia una mejoría evidente en lo referido a la totalidad que implican los derechos humanos, pero en la acción desplegada desde el mismo poder contra el importante logro de desmontar la parte más sustancial de la guerra lo abierto es lo contrario, como queda claro con la ola de líderes sociales asesinados, al igual que de exguerrilleros farianos, así como de familiares de estos.


Todo lleva a reclamar el cumplimiento con las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz. Hay con que proceder: los organismos multilaterales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, cuyo mandato fue reforzado por el Acuerdo para hacerle seguimiento a la paz, al igual que la Comisión de Derechos Humanos, Cidh que firmó un convenio con el gobierno colombiano para tal fin, así como la CPI, entre otros, deben vigilar para que las obligaciones contenidas en el Acuerdo se cumplan. Así que estos organismos tienen mucho trabajo por hacer, y requieren para ello el apoyo decidido de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.


La violencia sociopolítica


A pesar del fin del conflicto armado con las Farc, al menos en lo formal, continúa la violencia sociopolítica. El paramilitarismo sigue existiendo, y con poder creciente. La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, entre 2003 y 2006 no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes; y sus mandos medios y diversas estructuras continuaron con su accionar delincuencial a lo largo de los años 2011-2018, cuando el “gobierno de la paz” decía estar actuando. A su par, sus financiadores y los políticos y empresarios beneficiados por el paramilitarismo no han sido efectivamente investigados, juzgados y sancionados, aumentando su capacidad militar y control territorial, a pesar de los mecanismos para su desmonte.


En paralelo, continúa el accionar el Ejército de Liberación Nacional, Eln, el Ejército Popular de Liberación, Epl, las disidencias de las Farc, y otros con diversas denominaciones, todos ellos expandidos territorialmente y reconfigurados. El Estado continúa sin hacer presencia en varias regiones del país y persiste la indiferencia de un sector de la sociedad en las grandes ciudades frente a la guerra.


Según el informe conjunto de organizaciones de derechos humanos para el Examen Periódico Universal, EPU 2013-2017, durante estos años, que cubren un buen segmento del gobierno Santos, aumentaron los homicidios, las desapariciones y los desplazamiento forzados, tortura, amenazas y violencia sexual. El desplazamiento forzado persiste y el número total de víctimas sigue en espiral. A pesar de toda la promesa gubernamental, nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo de víctimas de desplazamiento forzado. La Corte Constitucional mantiene vigente el “Estado de Cosas Inconstitucional” en la materia después de trece años. El Acuerdo ordena fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, SAT de la Defensoría, como mecanismo de prevención del desplazamiento forzado y otras violaciones, desafío pendiente.


Las defensoras/es de derechos humanos


El patrón y la grave situación de ausencia de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia son pan de cada día. La indiferencia social de una parte de la población hacia dicha labor persiste, aunque la sociedad comienza a despertar, como lo evidencia la luz desprendida por el “Velatón Nacional” que llenó de solidaridad diversas plazas del país y del exterior el pasado 6 de julio, luz en demanda de colocarle final a los asesinatos y amenazas sufridas por los liderazgos sociales existentes en el país, así como de superar la impunidad que encubre los cientos de crímenes ejecutados contra ellos.


Estamos ante cifras que no son menores. La Defensoría del Pueblo reportó que desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos. En este mismo periodo la mayor cantidad de muertes violentas tuvieron lugar en Cauca (75), Antioquia (38), Norte de Santander (17), Nariño (15), Valle del Cauca (15) y Chocó (14) –departamentos donde existen importantes procesos de organización social. Pero también operan grupos paramilitares, a pesar de la presencia masiva de las Fuerzas Armadas. Existen cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico y actividades extractivas legales.


Las cifras de asesinatos de defensoras/es de derechos humanos varían en montos y periodos con tendencia al alza. Para la Defensoría, desde la suscripción del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, hasta el 1 de julio de 2018, el número asciende a 311 defensoras asesinados. Según el programa “Somos Defensores”, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos, cifra que duplica los casos registrados en el mismo periodo en 2017. Por su parte y según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos.


La Cidh el 19 de julio de 2018, expresó su alarma y condenó esta secuencia de asesinatos. Reiteró su llamado al Estado de tomar medidas urgentes para proteger a las defensoras/es y llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.


Las cifras, datos y pronunciamiento parten del presupuesto de reconocer la amplia labor de defensa de los derechos humanos e incluye líderes y lideresas sociales, comunales, personas que trabajan por la paz, que ejercen actividades políticas y lideran procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y restitución de tierras. Mientras continúa la matanza, mientras se viola el derecho humano fundamental a la vida, y persisten las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (en especial las sistemáticas violaciones contra las defensoras/es que permanecen en la impunidad), no es posible hablar de paz.


La política de seguridad


Estamos ante una política de derechos humanos que demanda cambiar el rol del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, regulando la política de seguridad, en dos aspectos fundamentales: 1) En la misma relación entre la Policía Nacional y Ejército Nacional. Esta última fuerza continúa asumiendo tareas de seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social –que el gobierno Duque quiere regular– hasta la lucha contra el crimen organizado, que le corresponde a la Policía. La política del Ministerio de Defensa fue determinada a finales de 2016, cuando decidió no trasladar recursos financieros de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional. 2) Con respecto a las actividades de inteligencia estatal, activada de manera ilegal en contra de los magistrados de la Corte Suprema, los políticos de oposición, los periodistas, los sindicalistas y los defensores de derechos.


Todo esto con retos importantes para el Gobierno, el cual debe esclarecer el alcance y la regulación de la facultad para monitorear el espectro electromagnético prevista en la Ley de Inteligencia y el nuevo Código de Policía, como lo ha pedido la Oficina del Alto Comisionado en Colombia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con compromisos por cumplir por parte del gobierno, como la depuración de los archivos de inteligencia, compromiso vigente desde 1997 con las Ong de derechos humanos. A su vez, debe hacer públicas las recomendaciones que sobre este tema le formuló en julio del 2017 una Comisión creada por la ley de inteligencia.


La vida, la malvivencia


Aunque nuestra Carta Constitucional retoma todos los derechos humanos, incluyendo todos los convenios firmados por el país en este campo, el país no deja de ser uno de los países con mayores niveles de desigualdad en América Latina. El 29,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza por ingresos lo que en el campo se eleva al 33 en extrema pobreza. Las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del Pacífico son las más afectadas.


La brecha entre lo urbano y lo rural no se cierra. Los territorios habitados mayoritariamente por población afrocolombiana e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. Mientras en el 2003 el índice del Gini era de 0,554, en el 2016 es de 0,517248. La reforma tributaria de 2016 no afectó a los más ricos y si a las mayorías nacionales; el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, disminuyó el poder adquisitivo de los más pobres.
El aspecto que le dio origen al conflicto que ahora pretende cerrarse vía negociada, la tierra, persiste la desigualdad en su tenencia. Para el Censo Nacional Agropecuario, un 40.1 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8 está ocupada por el 69.9 por ciento de unidades productivas con cinco hectáreas o menos.


En ciudad y campo las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto, con un 9,8 por ciento en el total nacional, pero si se detallara por regiones el campo también mostraría mayor afectación. Hay un 54.0 por ciento de desempleo juvenil rural; el 25.6 de los jóvenes del campo no estudian y no trabajan. Existen diferencias de género acentuadas en zonas rurales en cuanto a empleabilidad y salarios. Este nivel de violación de derechos básicos, es aún más notable en departamentos como el Chocó y La Guajira, donde los índices de mortalidad infantil son alarmantes, así como la precariedad en educación, salud y agua potable.


No es casual, por tanto, que la Oficina del Alto Comisionado en Colombia pida “adoptar medidas para lograr el goce de los derechos económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad, y desarrollar indicadores para evaluar su realización progresiva, especialmente en las zonas rurales”. Es necesario gozar de vida digna y dejar de malvivir, es un derecho humano fundamental. Para la Oficina, “el Acuerdo de Paz, en particular los puntos relacionados con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, brinda la oportunidad para enfrentar estos desafíos de manera integral”.

 

*Abogado. Integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, su más reciente libro El Pacto del silencio, ediciones desde abajo, 2017.

 

 

 

 

 

Publicado enColombia
Diez puntos sobre lo que será el gobierno de Iván Duque

El domingo 6 de agosto de 2018 El Tiempo publicó un artículo del presidente electo titulado Duque propone pacto para superar las diferencias. Éste presenta buena parte de sus 203 propuestas de campaña. La nota del diario permite identificar al menos diez puntos de lo que serán rasgos centrales de la administración Duque, elementos que muestran el reacomodo y continuidad dentro de la clase dominante del sector que recoge lo que hoy se presenta como uribismo y que tiene como principal apuesta la instalación y perpetuación del régimen social y civilizacional del fascismo social.

El día de hoy inicia lo que algunos analistas han llamado el reinicio de la era Uribe, la era de la oscuridad y la persecución. Y no es para menos: el círculo más cercano al exmandatario ha esperado por más de cuatro años el retorno a la Casa de Nariño para cobrar venganza y recuperar lo que (creen) les pertenece y “corregir” el rumbo. “El juicio político criminal por su abuso de poder contra el ex presidente @JuanManSantos, a partir del 7 de agosto, deberá ser ejemplar”, trinó el Senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria en el 2014 y el expresidente y Senador Álvaro Uribe advirtió en el 2016 a través de su tribuna en Twitter que “Santos, maduro, Castro y las FARC, […] en este suelo no tienen futuro”.


Con exorcismo, políticos investigados y hasta un temblor comienza el mandato de Duque, el razonero de Uribe, el presidente de la guerra al terrorismo y el rechazo a la dictadura de Maduro, el que hace cabecitas mientras la clase política conservadora y retrógrada gobierna de la mano del empresariado. Esto se puede ver de la nota de El Tiempo de la que se destacan diez puntos sobre lo que nos espera para el periodo 2018-2022:


1. Muestra como “adversidad” lo que realmente ha sido el enriquecimiento de unos pocos (los de siempre), situación que oculta y ante la que pide al pueblo no desfallecer. Esto es, mientras la élite enriquece los pobres deben aguantar. No podía ser de otra forma: es un gabinete corporativo.


2. Vende el alcanzar la clase media como aspiración para las clases bajas. Un gobierno para la clase media, ese mito capitalista con el que se oculta la lucha de clases y que se muestra como adverso a otro mito creado por la academia del capital, la izquierda populista. Así, Duque pone va a poner a los pobres contra la izquierda, y lo hace sin mencionar a las clases altas: Éstas deben seguir siendo quienes son, se les blinda no nombrándolas.


3. Es reiterada la presencia en su artículo a referencias económicas como metas a alcanzar “como nación”: inversión, seguridad jurídica, competitividad, crecimiento.


4. La concentración del poder se presenta como horizonte en el nuevo gobierno. Ésta se expone como lucha contra la corrupción, eficiencia estatal, planeación, avance en competitividad.


5. El combate a la corrupción enfatiza en el corrupto (público, estatal) y no en el corruptor (particular, empresario, privado). Se ve en el cuatrienio que inicia la centralización de la corrupción.


6. Descaradamente el presidente electo cuestiona el incumplimiento a las víctimas cuando su partido se opuso a la representación política de éstas mediante las circunscripciones transitorias especiales de paz pactadas en La Habana.


7. Reafirma el interés del Centro Democrático de hacer trizas los Acuerdos con las FARC-EP, lo que vende como “corrección”. Claramente existe un interés por ligar a la dirección de la insurgencia con el narcotráfico de cara a su extradición; de igual forma se busca relacionar al partido político con las llamadas disidencias, para justificar la desaparición del partido FARC.


8. En su gobierno el campo será para la agroindustria, ésta orientará la política sectorial. A los campesinos (“pequeños productores”, dice Duque) se les propone su conversión en microempresario a partir de su subordinación (alianzas productivas) con el empresariado rural.


9. La prestación de los servicios de salud será por demanda (“un sistema basado en el paciente”) y tendrán como particularidad el aumento en la población cotizante al sistema y el saneamiento (salvavidas financiero) de las dificultades que presentan las empresas prestadoras del servicio.


10. Falacias como “un gabinete con 50 por ciento de mujeres”, “la primera mujer vicepresidenta”, “un gobierno de diálogo con la ciudadanía”, “de presencia constante en el territorio”, “de amor y representación regional”, “de rigor técnico”, “de nueva generación”, “sin revanchas” ocultan lo que será un gobierno de élite, corporativo, ideológicamente conservador que continuará con el despliegue y consolidación del fascismo social no sólo en el país, sino en la región. Quienes nos opongamos seremos considerados los parias que no fuimos capaces de unirnos “en propósitos comunes y superiores”, de suscribir “un acuerdo básico sobre el futuro de nuestro país por encima de las diferencias”. Así se aceptará y justificará socialmente lo que pueda ocurrir al ‘desviado’, su ausencia, su exclusión y hasta su eliminación.


Bienvenidos a la Era Duque, el reinicio de la Era Uribe.

Publicado enColombia
“He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”

Miles de excombatientes heridos están perdiendo la fe en el pacto al tener dificultades para acceder al debilitado sistema de sanidad pública de Colombia

 

 Pablo Jiraldo recibió un disparo en el maxilar en su cuarto día en el frente. Sucedió hace 10 años, cuando luchaba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la guerra que vivió el país durante décadas. El hombre, de 43 años, afirma que la bala la disparó un soldado del Gobierno.


“Fui a buscar mi arma, pero me disparó”, recuerda. “Fui valiente. Perdí la mitad de la cara”. Sobrevivió gracias al eficiente sistema sanitario clandestino de las FARC, pero Jiraldo ha quedado desfigurado y necesita atención médica frecuente. Es uno de los muchos excombatientes que tienen problemas de salud y lesiones sufridas durante los años de combate y la vida como fugitivos, según afirman médicos y trabajadores humanitarios.


Laura Villa, una excomandante de la guerrilla que lideraba el sistema de sanidad del grupo, calcula que más del 10% de sus cerca de 7.000 excombatientes viven con problemas de salud crónicos como consecuencia del conflicto.


Durante años, las FARC facilitaron tratamiento a sus combatientes heridos en el campo de batalla. Pero cuando se ratificó el Acuerdo de paz entre el grupo armado y el Gobierno, en noviembre de 2016, el servicio pasó a ser responsabilidad del sistema público de sanidad de Colombia. Ya de por sí limitado, este ha tenido hasta ahora dificultades para incorporar los casos de las FARC, pese a las promesas hechas bajo los acuerdos de paz, señala Villa, quien está ahora encargada de supervisar la reintegración y de coordinar los programas rurales de sanidad liderados por ONG.


La escasez de servicios sanitarios contribuye a la falta de confianza en un acuerdo que ya se mueve sobre arenas movedizas, a consecuencia de la falta de progreso en la aplicación de las reformas y de las alegaciones de corrupción en la asignación de los fondos para estos cambios.


Según las condiciones del Acuerdo de paz, las FARC debían dejar las armas y desmovilizarse, mientras que el Gobierno tenía que aplicar una serie de reformas y propuestas de medidas centradas en las causas fundamentales del conflicto, el cual, muchos reconocen, deriva de la desigualdad rural. Además de las propuestas de reforma agraria, los programas de sustitución de los cultivos de coca y la mejora de las infraestructuras y los servicios, a los combatientes de las FARC también se les prometió acceso al sistema de sanidad del país.


Los acuerdos también prevén que “excepcionalmente, para enfermedades graves de alto coste y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, el Gobierno establecerá un sistema especial con la cooperación nacional e internacional para su atención durante 36 meses”.


La atención sanitaria era una “parte muy importante del paquete”, según Ivan Briscoe, director de programas para América Latina del International Crisis Group. “La idea de que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas de estas personas para que puedan integrarse en la sociedad colombiana es fundamental”, añade Briscoe.


El problema de la atención sanitaria “plantea la cuestión fundamental que es transversal a todo el proceso de implementación del proceso de paz: ¿cuánto se ha sobrevendido el Estado colombiano?”
Los analistas advierten de que la desconfianza continuada hacia el proceso de paz podría alimentar la disidencia entre los excombatientes (aproximadamente 1.200 miembros de las FARC aún están activos) o aumentar su vulnerabilidad al reclutamiento por grupos criminales u otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra organización guerrillera marxista.


Las elecciones que tuvieron lugar el 17 de junio y llevaron a la presidencia a Iván Duque, un político de derechas que critica el histórico Acuerdo de paz del país, han incrementado esta sensación de intranquilidad. La legislación relacionada con el Acuerdo no podrá anularse en 12 años, pero Duque ha prometido efectuar algunas modificaciones al mismo.


No está claro si alguno de estos cambios afectará negativamente al acceso limitado de las FARC a la atención sanitaria. Si fuera así, traería más problemas a combatientes como Jiraldo que tienen problemas para recibir tratamiento médico.


“Me alegré cuando se firmó el proceso de paz; pensé que todo mejoraría. Pero me equivoqué. He perdido toda la ayuda que antes recibía de las FARC”, se lamenta Jiraldo, y añade que su comandante alega que su lesión es ahora responsabilidad del Gobierno.


Jiraldo, que también sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT), se ha sometido a 18 operaciones financiadas por las FARC desde que recibió el disparo, todas ellas antes de la firma del Acuerdo de paz. Pero muchas fueron chapuzas ―cuenta que un cirujano le estiró el párpado para tapar el espacio que antes ocupaba su globo ocular en vez de utilizar un injerto de piel— y sigue necesitando atención médica frecuente.


No ha podido conseguir tratamiento efectivo en el sistema de sanidad pública de Colombia desde la firma del acuerdo de paz y afirma que ha sido rechazado por cinco cirujanos diferentes del Estado. Solo logró recibir atención médica adecuada tras conocer a Claudia Luzar, que trabaja con la Comisión de Conciliación Nacional, un grupo de paz y reconciliación financiado parcialmente por el Gobierno alemán. Con su ayuda y la ayuda económica ha podido conseguir tratamiento privado.


“Durante cuatro años, padeció una infección por una superbacteria, el staphylococcus aureus resistente a la medicina (SARM), para la cual le estoy dando tratamiento actualmente”, explica el doctor Peter Jasinski desde su clínica privada en Bogotá. Luzar presentó a Jiraldo al médico, polaco de nacimiento, tras conocer su drama. En un intento de liberar a Jiraldo de la complicada infección, Jasinski ha estado administrándole diariamente inyecciones de una solución salina en su herida —que atraviesa su maxilar superior y la cara— antes de administrarle antibióticos.


Jiraldo tiene arcadas y respira con dificultad durante todas las intervenciones, pero estas son necesarias para prepararlo para una posible operación que se espera que acabe con el ciclo de reinfección. Aún no se sabe quién realizará la operación, ni quién la pagará.


“Pablo no tiene ninguna confianza”, afirma Luzar. “Se suponía que el proceso de paz iba a generar confianza, pero ha tenido el efecto contrario”.


El cambio abrupto a un sistema de atención sanitaria precario fue un aspecto inesperado del proceso de paz para muchos de los soldados rasos de las FARC. “Cuando estaban en las FARC, no era necesario pedir cita”, explica la excomandante Villa. “Para cualquier cosa que necesitasen, en cualquier campamento, había un profesional preparado para ayudar”. Y añade: “Así que cuando lo dejaron y pasaron a pertenecer al sistema colombiano de atención sanitaria… la transición fue muy dura”.


Pero el problema es simplemente que los excombatientes están experimentando ahora los mismos problemas con la atención sanitaria pública que el resto de la población, remacha Villa. Los analistas se hacen eco de esta opinión. “La atención sanitaria pública en la sociedad colombiana no es buena tal como está”, señala Briscoe, del International Crisis Group. “El hecho es que, en las zonas rurales, los servicios sanitarios públicos son deficientes. Eso no ha cambiado”.


La situación de la atención médica también presenta una paradoja, afirma Kristian Herbolzheimer, de Conciliation Resources. “Si el Gobierno atendiera a los excombatientes y no al resto de la población, ello generaría agravio”, explica. “Parecería que los que tomaron las armas son recompensados, y los que no lo hicieron, no”.
Para Jiraldo, su mala salud no es el único factor que refuerza su desconfianza hacia el proceso de paz. También le preocupa el sueldo escaso que percibe mensualmente ―que se acabará con el nuevo Gobierno― y su percepción de que no tiene posibilidades de futuro.


“No creo que el proceso de paz sea real”, admite Jiraldo. “Mucha gente está volviendo para seguir luchando”, añade. “Si yo tuviera salud, volvería ahora mismo. Continuar con la guerra no es la solución, pero no hay otra vía”.


La excomandante Villa admite que un retorno del conflicto es una posibilidad, dado que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones bajo los acuerdos. Pero mantiene la esperanza.


“Una de las principales características de la gente revolucionaria es que son muy optimistas”, afirma. “Las décadas de conflicto nos han hecho fuertes y ahora somos guerreros en busca de una paz a largo plazo”.


Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

Bogotá 5 AGO 2018 - 17:07 COT

Publicado enColombia
El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

Publicado enColombia
Mesa de negociación Gobierno - Eln, con funcionamiento en La Habana

Sin la concreción de un acuerdo de cese el fuego concluyó este miércoles en La Habana el sexto ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Aunque tampoco lograron la conciliación en lo referente al proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, ambas partes expresaron su satisfacción por el camino recorrido y ratificaron su voluntad de continuar, en aras de lograr la paz total en un ambiente solidario, justo y progresista.


En ese sentido, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, expresó su deseo de avanzar en el proceso con el gobierno entrante de Iván Duque, aunque aún no existe un pronunciamiento de la nueva administración sobre el futuro de las negociaciones.


Para el grupo guerrillero, el gobierno no se dispuso a pactar los compromisos de protección a los líderes y comunidades afectadas por la violencia durante un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y nacional.
Por su parte, el jefe negociador del ejecutivo, Gustavo Bell, sostuvo que la tregua “es necesaria para dar garantías a la sociedad de participar directamente en la construcción de la paz”.


Ambas delegaciones aseguraron en el comunicado emitido al concluir el sexto ciclo, que el diálogo continúa siendo el mejor camino para solucionar los conflictos, con la participación de la ciudadanía.
Las pláticas públicas entre el ELN y el gobierno colombiano comenzaron en febrero de 2017 en la capital de Ecuador, Quito, pero se trasladaron a La Habana cuando el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, retiró a su país como garante y sede del proceso de paz en abril último.


Cuba también fue sede del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, proceso que condujo a la firma de un pacto en noviembre de 2016, a la desmovilización de la guerrilla y al comienzo de la incorporación de sus miembros a la vida política y civil.

1 agosto 2018


(Con información de Prensa Latina)

Publicado enColombia
Miércoles, 01 Agosto 2018 07:51

Santos, preso de sus propias paradojas

Santos, preso de sus propias paradojas

Mientras el mundo aplaude el pacto de paz que terminó con una rebelión armada de más de medio siglo, en Colombia acumula un saldo rojo en las encuestas en parte por la negociación que lideró con la ya disuelta guerrilla FARC.

Juan Manuel Santos se acomoda la corbata lo mejor que puede. “Nada es perfecto”, se excusa. Y pocas frases englobarían tan bien el mandato del presidente que ganó la paz para perder la popularidad en Colombia.


En una de sus últimas entrevistas antes de dejar el poder el 7 de agosto en manos del opositor de derecha Iván Duque, Santos parece atrapado en las paradojas después de ocho años de mandato.


Mientras el mundo aplaude el pacto de paz que terminó con una rebelión armada de más de medio siglo, en Colombia acumula un saldo rojo en las encuestas en parte por la negociación que lideró con la ya disuelta guerrilla FARC. Además, Duque llegó al poder con la promesa de modificar el pacto que arrancó lágrimas de felicidad al mandatario saliente. Y que de paso le otorgó el Nobel de Paz en 2016.


Y aunque el expresidente Alvaro Uribe –su jefe en el gobierno cuando fue ministro de Defensa y mentor político de Duque– lo llama traidor, Santos cree que al final lo que hizo fue ejecutar con éxito sus políticas.
Santos, de 66 años, se defiende: deja un país sin la que fue la guerrilla más poderosa de América, con reducciones históricas de secuestros y homicidios, y avances en infraestructura y en la lucha contra la pobreza y la inequidad.


Incluso hoy espera que el régimen de Nicolás Maduro caiga lo más pronto en Venezuela, pese a que recibió y agradeció su ayuda en los exitosos diálogos con las FARC y las negociaciones en curso con el también grupo insurgente del ELN. Santos se va con la satisfacción de haber “hecho todo lo que se pudo”, y se permite darle un consejo a Duque, su antiguo aliado: “Haga lo correcto así sea impopular”.


–¿Falló en su búsqueda de una paz completa para Colombia?


–Lo que estamos entregando, y lo dicen todos los organismos internacionales, es una paz muy completa, muy profunda, el acuerdo con las FARC no tiene precedente en ningún otro país. Ahora con el ELN seguimos negociando, hemos avanzando mucho, vamos a ver si antes del 7 de agosto podemos firmar un cese al fuego, así sea temporal y un acuerdo marco, pero estamos en plenas negociaciones”.


–¿Tiene algo que reprocharle a la ex guerrilla a casi dos años de la firma de la paz?


–Se quejan mucho de que el Estado no ha cumplido. El Estado sí ha cumplido; sí hay retrasos, hay aspectos que en el Congreso se han modificado, pero en términos generales, lo dicen todos los organismos internacionales, los verificadores, este acuerdo se ha cumplido en una forma muy rápida, la implementación va bien, lo que pasa es que ellos también están haciendo política, eso es comprensible y bienvenido.


–¿Es posible la rendición de Otoniel, el mayor capo y líder del Clan del Golfo, antes del 7 de agosto?


–Ellos habían dicho que estaban listos a someterse y en los dos o tres últimos días, los abogados dicen que están en trámites, vamos a ver qué deciden. La ley de sometimiento ya se aprobó, está todo listo, la fiscalía está lista y ellos vienen insistiendo en eso hace algún tiempo. Vamos a ver si antes de una semana hacen algo o si prefieren esperar al próximo gobierno.


–Usted defendió un cambio de enfoque en la lucha antidrogas. ¿En qué alternativas piensa?


–Hay que tener unos enfoques más pragmáticos en materia de salud pública, de darles alternativas a los campesinos (cultivadores de coca) y ser más efectivos contra las mafias y contra el lavado de activos y contra los activos que se generan en un negocio como el narcotráfico.


–¿La legalización es la única alternativa?


–No es la única. Ya se está legalizando en muchos países. Hay países como Portugal que han tenido un enfoque pragmático y muy efectivo, pero este es un tema que tiene que resolverse a nivel multilateral. Un país solo no puede ganar la guerra contra las drogas.


–Y si se forma un bloque de países, ¿podría ser una opción?


–Pues si los países lo aceptan, por supuesto.


–Uribe lo considera su adversario. ¿No teme una cacería judicial después de dejar el poder?


–Espero que no, porque eso sería algo que no aceptaría el país. Creo que el país ya está demasiado polarizado, el propio presidente electo Duque me dijo aquí, en este palacio: ‘mire, yo voy a continuar las políticas que creo que están funcionando, voy a corregir las que no están funcionado y voy a tener algunos proyectos e iniciativas mías, y no voy a gobernar con espejo retrovisor’. Todo eso me pareció lógico, conveniente, y espero la pueda cumplir, porque esa es la actitud que debe tener todo gobernante.


–¿Va a defender su legado?


–El legado se defiende solo, ahí están los resultados. La paz está ahí, las FARC son partido político, ahí está. Y la paz la va a seguir defendiendo el pueblo colombiano, porque es que la paz no es mía, ni es de mi gobierno, es de todos los colombianos. Es el bien más preciado que puede tener cualquier sociedad y los colombianos tienen que defender la paz y la van a defender.


–¿A qué se va a dedicar?


–No voy a dedicar a defenderme en las redes sociales. En la parte académica sí, tengo muchísimas ofertas, me gusta. Voy a dedicarme a escribir. He sido periodista más que político durante mi vida. Voy a dedicarle más tiempo a mi familia, que es tal vez la más sacrificada en esta vida pública.

Publicado enColombia
Apartadó bajo el ordenamiento territorial y político del paramilitarismo

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte de los paramilitares que cada vez someten más a nuestra región al exterminio, acabando con todos los valores de la vida campesina y sometiendo al poblador civil a una guerra que, en lugar de extinguirse, se reactiva sin cesar.


La complicidad de organismos del Estado, como son la Brigada XVII del ejército, la Policía Urabá, la Alcaldía de Apartadó y las empresas promotoras del paramilitarismo, son las que han conllevado a que la región de San José de Apartadó esté ya sometida en su totalidad por los paramilitares que viven forzando al campesinado a ajustarse a sus intereses.


En los últimos días nuestra Comunidad ha sido informada de que en las veredas Mulatos y La Esperanza se está evidenciando una alta complicidad entre los militares del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII y los grupos paramilitares que controlan las veredas; allí los militares están tomándole fotos a miembros de nuestra Comunidad de Paz que viven en sus tierras y luego se las entregan a los paramilitares; estas informaciones las han suministrado los mismos paramilitares en las casas de los pobladores de las veredas La Esperanza y Mulatos.


Culpable es el Gobierno con sus instituciones militares y administrativas, que en vez de desmantelar el paramilitarismo lo están es fortaleciendo, pues ¿cómo es posible que la Brigada 17 del ejército tenga sus batallones al servicio de los paramilitares en las 32 veredas de san José de Apartadó? ¿Cómo es posible que en las últimas semanas los militares de los batallones Voltígeros, Vélez y Bejarano Muñoz estén tomándoles fotos a los campesinos y se las estén entregando a los paramilitares? Es claro que no hay un verdadero interés del gobierno por terminar este fenómeno de muerte.


Ya algunos funcionarios que tienen cargos públicos están lanzando calumnias infames contra de nuestra Comunidad de Paz, como es el caso del concejal de Apartadó Carlos Betancur, quien manifiesta que: la Comunidad de Paz se opone a la inversión y al desarrollo del corregimiento de San José de Apartadó; que los campesinos son personas de bien y gente muy noble pero sólo difaman y cuestionan a las instituciones, pero que la verdad es muy diferente. Afirma perversamente el Concejal: “en lo personal considero que la Comunidad de Paz se sostiene con el ostracismo de sus habitantes y la desinformación y el cuestionamiento a la institucionalidad y su único fin es poder captar recursos de ayuda en algunos países internacionales”.


Le recordamos, señor concejal, que nuestra Comunidad de Paz nunca se ha opuesto al desarrollo sino que ha cuestionado de dónde provienen los planes de desarrollo. ¿Será usted capaz de justificar las carreteras ilegales que han ido abriendo los paramilitares desde Nuevo Antioquia hasta la vereda La Esperanza y hasta Rododoxalí y La Hoz y los proyectos de ganadería, de mejoramiento de vivienda en Rodoxalí, el arreglo de caminos en las veredas, el reclutamiento de menores, el sometimiento de las Juntas de Acción Comunal, la explotación minera, entre otros proyectos diseñados y ejecutados por los paramilitares? ¿Según usted, el campesino de la zona tiene que aceptar esos proyectos y someterse sin reacción alguna a los intereses que esos proyectos esconden? ¿Ignora usted, Concejal Betancur, que en los últimos 21 años en San José de Apartadó el “desarrollo” lo ha diseñado y gestionado el paramilitarismo y que muchas empresas que buscan su lucro y la ruina y extinción o sometimiento del campesinado y agentes del mismo gobierno se escudan en dicho “desarrollo”? Es evidente que La Brigada 17 del ejército y la Policía de Urabá han hecho todo un trabajo de encubrimiento a la gestión impune de ese falso “desarrollo” por parte del paramilitarismo y que tratan de taparlo con festejos, fiestas y promesas falsas que le hacen al campesinado en el centro urbano de San José de Apartadó. A nuestro juicio, personas que están tan comprometidas en favor de los proyectos del paramilitarismo no debieran tener cargos públicos.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes.


• El domingo 15 de julio de 2018, llegaron 12 paramilitares uniformados y portando armas largas y se quedaron en la corraleja de ganado de la finca vecina que colinda con la Comunidad Paz en la vereda La Esperanza; varias horas después se ubicaron muy cerca a la casa de un poblador, allí se tomaron 15 cajas de cerveza y al momento de irse obligaron al campesino a guardarles un fusil y un millón quinientos mil pesos (1.500.000). El mando de esta tropa se hace llamar Aquiles. A las 02:00 de la madrugada se fueron a la finca del señor Muñoz, finca donde han estado acantonados por muchos meses sin ser molestados por ninguna autoridad.

• El lunes 16 de julio de 2018, llegó un grupo de paramilitares a la casa de la mamá de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Mulatos y preguntaron por el hijo, diciendo que ellos ya sabían que él vivía allí; de igual manera manifestaron que: “en esta vereda hay tres sapos, entre ellos un menor de edad y uno de esos sapos le impidió el paso por esa Aldea a los soldados del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada XVII, todo esto lo sabemos porque los mismos soldados en ese momento le tomaron fotos y nos las enviaron a nosotros los paramilitares”. También afirmaron: “Estamos cansados de las denuncias que hace la Comunidad de Paz en contra nuestra y si siguen denunciando les vamos a hacer un daño no menor sino mayor”. Quisieron decir que todas las amenazas e intentos de asesinato de los cuales hemos sido víctimas como Comunidad de Paz sí han sido de su autoría.

• Este mismo lunes 16 de julio de 2018, en otro lugar de la vereda Mulatos Medio, un mando paramilitar que se hace llamar “Cementerio” amenaza con mucha contundencia a los miembros de nuestra comunidad de paz que viven en la Aldea Luis Eduardo Guerra, manifestando; desde esta aldea nos están denunciando cada vez que nosotros pasamos por ahí, pero que cualquier día de estos nos vamos a entrar allá y vamos a ver quién es quién, porque ya tenemos la orden para matar estos sapos que nos denuncian en esa “hp” Comunidad de Paz. Este tipo de amenazas dejamos en constancias en año 2004 sobre la presencia de paramilitares en conjunto con tropas militares en Mulatos y luego el 21 de febrero de 2005 fue la masacre de ocho personas entre ellos 3 menores de edad, perpetrada por paramilitares y militares. Según nuestro análisis es la misma estrategia pues la fuerza pública hoy protege estos grupos paramilitares que controlan todo y utilizan a la población civil a su antojo. Como Comunidad de Paz cada día enfrentamos nuevas amenazas, que no paran de hacernos daño pero que aun así seguimos adelante en nuestra resistencia civil.

• El jueves 19 de julio de 2018, pasaron 8 paramilitares vestidos de camuflados y portando armas largas por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra y así se la pasan todos los días transitando por este espacio enmarcado como propiedad privada de nuestra Comunidad de Paz.

• El viernes 20 de Julio de 2018, nuestra Comunidad fue informada de un supuesto plan de los paramilitares que controlan el área urbana de Apartadó, según el cual, mandarían un grupo de limpieza social para las veredas La Balsa y La Victoria, paso obligado para llegar a nuestros asentamientos, por la carretera que conduce de Apartadó a San José, con la mira de acabar con nuestra Comunidad de Paz. En años anteriores colocaron en esa zona retenes militares y paramilitares donde asesinaron a cantidad de gente, coordinaron los cercos de hambre destruyendo y robando todo alimento o bebida que transportaran los chiveros, amenazaron, torturaron, desaparecieron y agredieron de mil maneras a los campesinos, cobijados por una impunidad absoluta.

• El sábado 21 de julio de 2018, llegaron 40 paramilitares armados al Resguardo Uradá Jiguamiandó, en el Departamento Del Chocó, allí cercaron ilegalmente a los pobladores por varias horas. Hechos como estos dejamos en nuestras constancias semana a semana y el Gobierno siempre ha negado todo este accionar paramilitar protegido por las Brigadas militares.

• El domingo 22 de Julio de 2018, por informaciones de pobladores de la región de San José de Apartadó, los paramilitares habrían realizado una serie de reuniones con la población civil en la vereda Arenas Bajas y en el punto conocido como Caraballo de la misma vereda; dicha reunión fue coordinada por el paramilitar alias “Chiquito Malo”.

• El viernes 27 de julio de 2018, a las 8:40 am pasaron por nuestra Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos medio, 6 paramilitares portando uniformes militares y armas largas. Allí se encontraba una delegación de nuestra comunidad de paz con acompañamiento internacional los cuales fueron testigos de la presencia paramilitar. Estos grupos paramilitares aún siguen allí transitando las propiedades privadas de los campesinos, y se dejan ver como si fuera una tropa de militares, pues dejan en evidencia el poder que tienen para controlar y someter al campesinado.


En las últimas semanas se ha comprobado que los paramilitares que operan en el corregimiento de San José de Apartadó han ido recogiendo a todos sus miembros, tanto a los ya antes ingresados como a los recién reclutados en el corregimiento y las veredas, para entrenarlos y para planear objetivos y estrategias. Los centros de entrenamiento están en diferentes veredas como: Arenas Bajas, Playa Larga, Naín y Saiza (esta última en Córdoba).


En las veredas se mueven los paramilitares en grandes grupos con uniformes militares y portan armas largas; la fuerza pública lo sabe y lo que ha hecho es ubicar tropas militares en puntos específicos por tiempos prolongados, en lugares donde no molesten el desarrollo paramilitar y donde puedan brindarles informaciones y fotografías a los paramilitares.


Como Comunidad de Paz, que ha sobrevivido en estos 21 años en medio de amenazas, desapariciones, torturas, agresiones de todo tipo, estigmatizaciones, calumnias, despojos y masacres, aún seguimos aquí con nuestro anhelo de algún día ver una verdadera paz. La vida la hemos consagrado durante estos años a la defensa de la vida y de la tierra, por eso no pararemos de dejar constancias de la barbarie que estamos viviendo, pues ni a este Gobierno ni a los anteriores les ha importado la vida del campesinado sino defender sus propios intereses económicos y políticos.

Agradecemos muy profundamente desde nuestros corazones a todos aquellos amigos y amigas, organizaciones hermanadas del país y del mundo que saben de nuestro dolor y están dispuestos a resistir junto a nosotros, con su acompañamiento físico y espiritual y nos hacen levantar cada día con más ganas de vivir para fortalecer nuestro proceso de vida comunitaria. Los seguimos invitando a no parar de confrontar a este Gobierno, al que cada día le importa menos la vida digna de la gente que amamos vivir en paz en nuestros territorios.


Comunidad de paz San José de Apartadó


Julio 31 de 2018

 

Publicado enColombia
Nueve asesinados en El Tarra: A sangre fría, a plena luz del día, ante los ojos de la Fuerza Pública

Un desangre que se ahonda y se prolonga, ahora sus hilos llegaron al Catatumbo, al municipio de El Tarra. En plena luz del día del 29 de julio, cuando la diversión y el compartir desprevenido llenaba uno de los billares con que cuenta este municipio en su zona central, en donde varios amigos compartían recuerdos y visiones sobre el presente, la presencia inesperada de un grupo de sicarios encapuchados, transportados en motocicletas, y dotado de fusilería, interrumpió con ráfagas de 5.56 y 7.62 el rodar de las bolas de billar, así como la vida de nueve de los allí presentes; otros dos quedaron tendidos en el piso, impactados sobre su humanidad.

“[…] entre las nueve personas asesinadas había un líder social perteneciente a la Asociación campesina del Catatumbo. Se trata de Frederman Quintero presidente de la junta acción comunal de la vereda el 84, responsable del Comité veredal de Ascamcat”, informó a desdeabajo, en conversación telefónica, Juan Quintero vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo.

Según informa Ascamcat en su página, este líder social participaría el próximo 3 y 4 de agosto en la Audiencia Popular Regional a celebrarse en el municipio San Calixto de la región del Catatumbo. Las audiencias permiten a la población opinar políticamente y llevar a cabo lo que constitucionalmente está reglamentado: ejercer el estado social de derecho, para buscarle solución a la problemáticas existentes en la región.

Juan Quintero nos narra parte de los hechos ocurridos ayer en El Tarra:

“Según versiones de la autoridad departamental, entre este grupo de personas se encuentran tres ex integrantes de las Farc acreditados por el Comisionado de paz”, lo que permite entrever que la masacre fue fríamente calculada, buscando golpear en dos direcciones de manera simultánea: liderazgos sociales y personas con capacidad y experiencia militar, y tal vez disposición para retomar su batalla si los incumplimientos del Gobierno Nacional con lo firmado en La Habana y luego en el Teatro Colón, prosiguen.

Otras de las víctimas que registra este ataque sicarial, a las cuales Juan Quintero se refiere como “[…] personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado (son): “un joven que vendía lotería y está por establecerse la identidad de las otras personas que se encontraban en el establecimiento”.

Las horas pasan, un aire de temor y zozobra expande aires amargos sobre este territorio, y pese a ello las autoridades no se atreven a confirmar el grupo responsable de la autoría de este ataque. Algunos especulan con la posibilidad de que la autoría de los hechos recaiga sobre alguna de las estructuras armadas que con más evidencia ejercen control sobre esta parte del país, sin embargo el Eln y el Epl, pocas horas después de conocido este insuceso, dejaron en claro que no participaron en los hechos. Como es conocido, ambas agrupaciones sostienen una confrontación abierta desde hace varios meses, la cual ha dejado como resultado varios muertos, el secuestro de líderes sociales por espacio de varios días, la imposición de paros armados como evidencia de control territorial y el temor entre la población que habita esta parte del país de quedar en medio de combates que toman forma en la parte rural a distinta horas del día.

Sobre este particular enfatiza nuestro entrevistado: “[…] hay una incertidumbres de quienes pudiesen haber sido; están circulando unos comunicados del Eln y el Epl desvinculándose del hecho, rechazándolo, se está verificando la veracidad de los hechos, pero lo que hay que preguntarse es, ¿cómo es posible que se desarrolle una masacre a plena luz del día, en un casco urbano de los más custodiados del Catatumbo y la fuerza pública no se de por enterada”.

Es una realidad que genera una suspicaz duda en relación a cómo sucedieron los hechos, técnicamente en las narices de la Fuerza Pública que copa el casco urbano de esta localidad.

Preguntado sobre amenazas recibidas en días pasados, Juan Quintero confirma que no sabían de ningún tipo de amenazas en contra del líder social, y hasta el momento las autoridades tampoco han explicado algo sobre los posibles responsables. Según ellas, están esperando a la reunión del Consejo municipal de paz, reconciliación y no estigmatización, del municipio de el Tarra para esclarecer los hechos.

“[…] y lo de siempre, lo que hemos expresado es un anuncio de desmilitarización. Nosotros pensamos que hay que ir más de fondo a este tema, hay unos escenarios propicios para ayudar a resolver los conflictos sociales y armados que tenemos en la región, y esperamos que esas voluntades existan en los grupos armados, en las autoridades y en el Gobierno”.

Al despedirnos, recordamos que esta parte del país, fuertemente azotada por el paramilitarismo hace dos décadas, no vivía un hecho similar desde hacía dos décadas. Eran tiempos donde no se sabía cuál sería la próxima víctima, pero donde muchos temían por su vida. Hoy parece volver tal temor, ahondado por la ofensiva paramilitar vivida desde hace cerca de dos años en contra del movimiento social.

Es un recuerdo y un temor que también hace temer por el futuro del Acuerdo de Paz, deshecho en varios de sus principales apartados, y marcado por la sangre de decenas de sus actores medios y de base. Sin duda alguna, Santos se va el próximo 7 de agosto sin haber cumplido con su promesa de paz completa y manchado por la sangre de los liderazgos sociales asesinados en distintas partes del país.

 

Artículo relacionado

Interrogantes y escenarios, periódico desdeabajo No. 248

Publicado enColombia
El río Samaná, un tesoro oculto que pretenden acabar

“La legalidad de las licencias ambientales, deben ser más que legales con el gobierno, 

legales con la comunidad y el ambiente”, 

Gustavo Wilches-Chaux.

 

Aunque a primera vista no parece así, y aunque nunca es reconocido por sus impulsores, la construcción de represas representa un riesgo inminente tanto para los ecosistemas como para las poblaciones asentadas en tales territorios.

 

El reclamo que actualmente elevan las poblaciones en defensa de sus territorios, a través de diversidad de consultas populares, refleja que más que un progreso impuesto, estas prefieren conservar el medio ambiente, al tiempo que les respeten el derecho a vivir en paz.

 

Tales son las exigencias de los pobladores afectados con la central hidroeléctrica Porvenir II que pretenden construir en el río Samaná una obra que, además de generar un importante desplazamiento de personas (re-victimización de población retornada), atenta contra un ecosistema valorado como único por su riqueza biológica, y de importancia para la conservación de especies endémicas con presencia en esta región del país.

 

“Más vale prevenir que curar”

 

Colombia cuenta con 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas, ubicándose, después de Brasil, en el segundo país con mayor número de especies de peces de agua dulce; asimismo ocupa el segundo puesto entre los países más biodiverso del mundo. Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, el 25 por ciento de los peces del mundo (incluidos los peces marinos) están en territorio colombiano.

 

La conservación de estas especies, en palabras del profesor Jaime Aguirre Ceballos, es prioritaria, no sólo por el papel que desempeña en la diversidad total del país y del mundo, sino también por “su importancia socioeconómica y de la seguridad alimentaria de amplias zonas del país y, generalmente de aquellas de mayor pobreza”.

 

No obstante, un estudio de la Universidad Nacional determinó que los peces en los mares y ríos colombianos han disminuido a una tercera parte en la última década, en comparación con la cantidad de los mismos en los años 70 del siglo XX. Las causas, según varios autores, son atribuidas a diferentes fenómenos como la deforestación y transformación de ecosistemas, la construcción de represas, la minería y contaminación con mercurio, así como la sobreexplotación pesquera.

 

Comprendiendo que los planes para la conservación de los hábitats, y de quienes los habitan, deben ser integrales, aquí en este artículo se abordan únicamente los temas de transformación de los ecosistemas y construcción de represas por su carácter urgente y, sobre todo, porque son prevenibles.

 

A diferencia del resto de causas que podrían entenderse como enfermedades ya adquiridas, y que deben tratarse desde políticas de salud animal en general, la construcción de más represas aún puede prevenirse. La vitalidad de nuestros ecosistemas depende de nuestro cuidado. Como bien hemos aprendido desde la misma medicina: “más vale prevenir que curar”.

 

El río Samaná, el último río libre y limpio de Antioquia



De los 8 ríos principales y 125 afluentes que recorren el departamento de Antioquia, el río Samaná es el único en su magnitud que cumple con dos condiciones: no estar obstruido por represas y estar limpio; su historia reciente, marcada por la presencia sobre su cuenca de actores armados, y su ubicación geográfica, lo han conservado como un joya intacta en medio de la devastación ambiental: La totalidad de ríos que conforman su cuenca han sido intervenidos con hidroeléctricas, a saber, los ríos Guatapé, Nare, San Carlos, Cocorná, Caldera y Santo Domingo.

 

Es esta realidad la que le otorga mayor importancia al cañón del río Samaná, ya que tiene la particularidad de ser un ecosistema valorado cómo único por su riqueza biológica y de importancia para la conservación de especies endémicas de Colombia, específicamente de la región del Magdalena Medio.

 

Es así como el Río Samaná es actualmente un refugio de conservación de las especies del Río Magdalena, el cual registra, con 53, la mayor cantidad de especies de peces amenazadas en el país. La declinación de sus pesquerías ponen en evidencia esta amenaza: “En los últimos 40 años se ha registrado un descenso cercano al 90 por ciento de las capturas, pasando de 80.000 toneladas anuales en la década de 1970 a menos de 10.000 a finales del siglo pasado”.

 

Por su parte, en la cuenca del Río Samaná se han detectado 30 especies de peces que se encuentran en algún estado de amenaza: En peligro crítico (1), en peligro (4), vulnerables (11), casi amenazadas (10), preocupación menor (2) y no aplica n/a (2). De estas 30, quince especies son migrantes y 24 son endémicas de Colombia. (Ver tabla 1).

 

Una realidad con afectación inmediata y de alto impacto también en lo económico y dieta alimenticia, pues para el 90 por ciento de los pobladores del cañón del Samaná la pesca es parte fundamental de su actividad económica, además de ser su base nutricional. Los habitantes del cañón están distribuidos en 35 veredas pertenecientes a 4 municipios (sólo considerando los de la parte alta del cañón). San Luis (10), San Carlos (11), Caracolí (5), puerto Nare (9), adicional de dos centros poblados: Puerto Garza (Narices) y La Pesca.

 

Además, y más allá de las especies acuáticas, la intervención del río para construir en su lecho una represa, también afectaría de manera grave otras especies que habitan su cuenca. Según un reporte de investigación realizado con el apoyo de diferentes organizaciones, se han registrado en la zona 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica). Con el embalse, se talarían más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos).

 

Las represas no son sinónimo de energías limpias

 

La construcción de represas genera una transformación de los ecosistemas, con la cual, tanto las especies de peces migrantes como no migrantes sufren un proceso de desplazamiento o adaptación a los nuevos hábitats.

 

Al modificarse los ecosistemas cambian las dinámicas del entorno por lo que podría ocurrir un desplazamiento o, en el peor de los casos, extinciones locales de las especies nativas; riesgo que se acrecienta con la llegada de otras especies que se acondicionen mejor a estos nuevos ambientes y que entran a competir con las especies locales.

 

Tal fue el caso con el ya extinto Runcho (Rhizosomichthys totae) en la laguna de Tota. Tras la introducción de la trucha arcoíris en los años 50 y otras especies foráneas que le sirvieran de “forraje”, se produjo la desaparición de esta especie por competición ecológica. Lo que confirma, una vez más, que la evolución de las especies que tan sabiamente identifico y procesó Darwin no es un cuento.

 

Para el caso del Río Samaná, las especies de peces que más se verían afectadas con la construcción de la represa serían las migratorias, ya que el levantamiento de paredes y otros obstáculos de cemento forrado implica un obstáculo en sus ciclos de vida naturales. De las 1.450 especies de peces dulceacuícolas registradas en Colombia, 106 son especies migrantes: aquellas que hacen desplazamientos a través de los ríos principales y/o tributarios de Colombia; algunas de ellas, como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), entre otras especies de importancia económica y alimentaria, migran en periodos cíclicos, lo que conocemos como las “subiendas” y “bajanzas”; Estas migraciones han potenciado la cultura nacional, tal es el caso de las fiestas del Bocachico celebradas en Puerto Garza, en el municipio de San Carlos.

 

De estas 106 especies migratorias, 15 recorren las aguas del Samaná (de las 30 registradas en amenaza para esta cuenca). Peces migrantes como la Dorada, Jetudo (pataló), Sabaleta, Picuda, Bocachico, Comelón, Vizcaína, Bagre, Capaz, Nicuro, entre otros, tenderían a desaparecer tanto río arriba como río debajo de la represa.

 

El ciclo de vida de estas especies migratorias se caracteriza por migraciones masivas o de pequeños grupos, dependiendo de la familia; las cuales parten desde las ciénagas donde se crían, hasta las cuencas altas donde se reproducen y desovan. Al interponer una barrera en sus travesías quedan bloqueadas, y se fragmenta el hábitat, quedan aisladas las especies nativas y transformado el flujo natural de los ríos. Todo esto se refleja en que los peces río abajo dejan de remontar sus aguas (por falta de sedimento, y/o alimento, represado en el embalse, o bien porque la variación de las corrientes (geomorfología fluvial) no coincide con el patrón de comportamiento de nado de estas especies. Asimismo, río arriba también queda interrumpido su ciclo reproductivo, por lo que no abrían condiciones apropiadas para el desove e incubación de los huevos, lo que terminaría en posibles extinciones locales de estas especies. Toda una catástrofe para la naturaleza, que no es ajena a nosotros pues somos parte de ella, es decir, todo un desastre para nosotros como especie, a pesar de que algunos empresarios se llenen sus bolsillos con la energía que venderán.

 

Además de fragmentar el hábitat, transformándolo en otro, hay una ruptura en la intercomunicación de diferentes ecosistemas, con lo cual serían afectadas no sólo las especies migrantes sino todas. Muchas especies, por ejemplo, que no son migrantes y viven en las cuencas altas dependen indirectamente de las ciénagas, pues depredan las especies que migran desde allí en las “subiendas”.

 

En intentos por mitigar estos impactos, algunas hidroeléctricas han dispuesto rampas o pasajes para peces migratorios que reconecten las rutas interrumpidas por la represa, sin embargo hasta la fecha no han sido exitosas.

 

Por su parte, según advierte El Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, “llama la atención que a pesar de la enorme diversidad íctica, el país no cuenta con Parques Nacionales Naturales que incluyan a los peces dulceacuícolas entre sus objetos de conservación, así como tampoco existen áreas protegidas dedicadas específicamente a su protección y aprovechamiento sostenible”.

 

Si gana el medio ambiente ganamos todos

 

No es válido hablar de progreso si éste conlleva repercusiones tan negativas en los territorios. La ciencia y tecnología han demostrado que estamos a la altura de generar progreso en las regiones, en conciliación con las comunidades y el medio ambiente. Asunto que parece no interesarle al gobierno, ni a Celsia (Filial de Grupos Argos y promotores del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II), Su sordera ante las reiteradas inconformidades de la comunidad afectada es notable.

 

Pero se hace camino al andar. Como alternativa al impacto negativo que produciría la represa, la Fundación Yumaná propone la creación del Parque Río Samaná, donde se promueva “un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, haciendo provecho de los recursos naturales, culturales y arqueológicos”. Su pretensión es combinar la economía local, turismo e innovación, con otras formas de generación de energía “realmente sostenibles”.

 

La propuesta invita a la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, en donde se desarrollen “estrategias de inclusión socioeconómica”, convirtiéndose este en un “referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz”.

 

Es una propuesta, pueden levantarse otras, lo importante y urgente es reconocer que está en nuestras manos abogar por la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria; y que para salvar al Río Samaná es necesaria la movilización social, a la par de acciones jurídicas y de propuestas creativas alternas y realmente amigables con el medio ambiente y las comunidades allí asentadas. La apuesta está en construir el bienestar futuro a partir de un modelo social participativo, consciente y en armonía con nuestro más preciado tesoro: nuestro medio ambiente, para así lograr vida digna para todos y todas.

 

 

 

Publicado enEdición Nº248