Lunes, 11 Marzo 2019 14:57

Carta al Secretario General de la ONU

Carta al Secretario General de la ONU

El 10 de marzo, el Presidente Duque anunció seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y la presentación de una reforma para modificar el acto legislativo que la crea.

 

Bogotá D. C., 11 de marzo de 2019.

 

Señor

António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

Nueva York

 

Apreciado señor Secretario:

 

El 17 de septiembre de 2016, el entonces presidente de Colombia llevó a la Organización de Naciones Unidas dos copias del acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC-EP “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; una de ellas se le entregó al Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, y la otra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como había sido convenido por los equipos negociadores.

El quinto punto de ese acuerdo está consagrado a los derechos de las víctimas y, en particular, al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. El Congreso de Colombia incorporó a la Constitución Política los elementos estructurales del mencionado Sistema y de la Jurisdicción Especial para la Paz, ratificando así que ésta sería la institución encargada de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos durante y en relación con el conflicto armado

El 24 de enero del presente año, luego de examinar el informe de la Misión de Verificación de la ONU para el proceso de paz en Colombia, los miembros del Consejo de Seguridad “[r]eiteraron la necesidad de respetar plenamente la independencia y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y subrayaron la importancia de que se le de apoyo político y práctico que le permita alcanzar su objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. También expresaron su apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuyo papel es esencial para el establecimiento de la verdad y la reconciliación”[1].

De la misma manera, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, ha respaldado la construcción de la paz entre el Estado y las FARC-EP, y ha afirmado que el Acuerdo Final “[r]econoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia”. También ha recordado que “[e]stas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”, y que “[s]e espera que la Jurisdicción Especial para la Paz […] lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz”[2].

En desarrollo del examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la CPI con relación a la situación colombiana, en diversos pronunciamientos ha llamado a las autoridades de nuestro país a que sin dilación ni obstáculos se impulse el funcionamiento de la JEP. De esta forma, el señor James Stewart, vicefiscal de la CPI, en visita realizada a Colombia el 1º de noviembre de 2018, insistió en la necesidad de permitir “que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”[3].

A pesar de la claridad de todos estos mensajes de influyentes instancias de la comunidad internacional, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos, o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional. La más reciente de esas trabas es el conjunto de objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que ha presentado el Presidente de la República al Congreso, pese a que dicha ley ya fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Esto es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley. En otras palabras, recurriendo a la figura de la objeción por inconveniencia, se pretende desconocer la decisión a través de la cual la Corte declaró constitucionales algunas normas de la ley, con la condición de que fueran interpretadas en la forma como la propia sentencia indica.

El pasado 20 de febrero, frente a lo que entonces era solo una posibilidad de que la ley fuera objetada por el presidente Duque, el vicefiscal Stewart subrayó “la importancia de que la JEP tenga un marco legal definitivo”, y fue enfático en advertir que “[d]e no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”[4].

Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave. El Gobierno y su bancada en el Congreso han anunciado la radicación de proyectos de reforma constitucional y legal para modificar la nueva jurisdicción, lo que no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP.

Uno de los temas en los que quieren hacer ajustes es en el concerniente a la investigación y juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública. El Centro Democrático, partido de gobierno, ha dicho de tiempo atrás que los miembros de la Fuerza Pública no tienen garantías de imparcialidad en la JEP. Tanto el Acuerdo de Paz como la Constitución Política de Colombia establecen el carácter inescindible de la JEP, por lo que ésta sería la única competente para investigar, juzgar y sancionar tanto a los excombatientes de la guerrilla como a los integrantes de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos en desarrollo del conflicto armado. Si bien es cierto que la Constitución también dice que al interior de la JEP el tratamiento de los miembros de las fuerzas armadas deberá ser simétrico, equilibrado, equitativo, simultaneo, y diferenciado en algunos aspectos, la Corte Constitucional ya precisó que el alcance de esta última expresión no significa que se pueda crear una jurisdicción ad-hoc encargada exclusivamente de investigarlos y juzgarlos a ellos.

Para que la JEP logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea. De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas. Como ejemplo de los riesgos que lleva consigo la actitud del presidente Duque, vale la pena recordar que es en esa ley que ahora está objetando, donde se garantiza la autonomía financiera de la JEP, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto.

Señor Secretario:

Quienes suscribimos esta comunicación somos integrantes de las delegaciones que en nombre del gobierno de Colombia y de las FARC-EP elaboramos el Acuerdo de Paz; congresistas que hacemos parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos por la paz y la reconciliación nacional. Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas. Somos conscientes del significado que tiene para nuestro país y para el mundo el éxito del proceso de paz y de su modelo de justicia transicional. Por todas estas razones, pedimos que en el próximo informe de la Misión de Verificación de la ONU al Consejo de Seguridad se de cuenta de los hechos mencionados en esta misiva.

PS. Remitimos copia del presente escrito a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Atentamente,

Equipo Negociador del Gobierno Nacional en los Diálogos por la Paz

– Humberto de la Calle Lombana

Exjefe del equipo de paz y exvicepresidente de la República

– Sergio Jaramillo

Exalto comisionado de paz

-Oscar Adolfo Naranjo Trujillo

Gral (r) y exvicepresidente

– María Ángela Holguín

Exnegociadora de paz y excanciller de la República

– Juan Fernando Cristo Bustos

Exnegociador de paz y exministro del Interior

-Luis Carlos Villegas

Exnegociador y exministro de defensa

– Rafael Pardo

Exnegociador de paz y exministro

– Frank Pearl

Exnegociador de paz y exalto comisionado para la paz

– Roy Leonardo Barreras Montealegre

Exnegociador de paz y senador Partido U

Equipo Negociador de FARC en los Diálogos por la Paz

– Rodrigo Londoño Echeverri

Presidente del partido FARC

– Pablo Catatumbo

Exnegociador de paz y senador del partido FARC

– Pastor Alape

Exnegociador de paz y dirigente del partido FARC

– Julián Gallo Cubillos

Exnegociador de paz y senador partido FARC

– Victoria Sandino

Exnegociadora de paz y senadora del partido FARC

– Marcos Calarcá

Exnegociador de paz y representante del partido FARC

– Rodrigo Granda Escobar

Exnegociador de paz y dirigente partido FARC

Otras personalidades que suscriben:

– Abad Colorado Jesús

Periodista y fotógrafo documental

-Agudelo Yasmín

Veedora nacional REDEPAZ

-Alhach Ocampo Julián

Empresario

-Angarita Robles Mayerlis

Representante legal Narrar para Vivir

– Antequera José

Activista defensor de derechos humanos

-Aragón María Inmaculada

Socióloga

-Ardila Carlos

Representante Partido Liberal

– Arenas Ana Isabel

Consultora

– Argote Muñoz Álvaro

Presidente Polo Democrático

– Arias Cano MariaLeón

Actriz y Gestora

– Arévalo Julián

Decano Facultad de Economía Universidad Externado

-Arias Luis Fernando

Consejero mayor Organización Nacional Indígena de Colombia

– Arias Wilson

Senador Polo Democrático Alternativo

– Arias Fernández Mónica

Representante Legal Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz OIAP*,

-Aristizabal Ricaute Gladys

Coordinadora Colectivo Nacional Restableciendo Derechos

– Avella Esquivel Aida Yolanda

Senadora Coalición Lista de la Decencia

– Ávila Martínez Ariel

Subdirector Fundación Paz y Reconciliación

– Barrios Alejandra

Directora Misión de Observación Electoral (MOE)

-Bedoya Betancur Yenny Astrit

Coordinadora Colectivo de Mujeres Tejiendo Red

– Bejarano Guzmán Ramiro

Columnista de opinión y abogado

– Bernal Luz Marina

Líder de las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’

-Bibiana Berrío

Redepaz Antioquia

-Bibliowicz Azriel

Escritor

– Bolívar Gustavo

Senador Coalición Lista de la Decencia

-Bonilla Edna

Profesora Universidad Nacional

-Bonnet Piedad

Escritora

– Borja Díaz Wilson Alfonso

Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

– Botero Catalina

Exrelatora Especial de Libertad de Expresión de la CIDH/OEA y abogada

-Caballero Argaéz Carlos

Exministro de minas y energía

– Cabrera Mauricio

Economista

-Caicedo Carlos

Exalcalde de Santa Marta

– Cala Suarez Jairo Reinaldo

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Calle Noreña Andrés

Profesor Universidad de Manizales

-Colón Rafael

Gral (r) y exdirector Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

-Camacho Adriana Gladys

Consultora proyectos socioambientales

-Cano Arango Rosa Stella

Escuela de Paz del Eje Cafetero

– Cárdenas Jhon Jairo

Representante Partido U

– Carrascal Mafe

Activista política

-Carreño Carlos

Representante Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC

-Carvajal María Eugenia

Educadora

– Castilla Alberto

Senador Polo Democrático Alternativo

– Castillejo Alejandro

Docente Universidad de Los Andes

– Celis Luis Eduardo

Analista en temas de paz y conflicto armado

– Cepeda Castro Iván

Senador Polo Democrático Alternativo

– Cerón Ángela

Directora Iniciativa de Mujeres por la Paz

-Córdoba Marino

Presidente Afrodes

-Correa Gómez Humberto

Secretario de derechos humanos CGT

– Cristo Bustos Andrés

Senador Partido Liberal

-Cuervo Fernando

Presidente, Corporación Nuevo Arco Iris

– De Gamboa Camila

Profesora universitaria

-De la Hoz Yoemis Paola

Presidenta Asociación para el Desarrollo de la Mujer Urbana y Rural

– Díaz Uribe Eduardo

Exministro de salud y exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos

-Díaz Fabio Andrés

Investigador, Universidad de Rhodes, Sudáfrica

-Díaz Jaime

Director, Corporación Podión

– Duque Lisandro

Director de cine y columnista de opinión

– Dussan Jaime

Exsenador de la República y dirigente político

-Duzán María Jimena

Columnista Semana y directora Semana en Vivo

– Escobar Ángela María

Coordinadora Red de Mujeres Víctimas y Profesionales

-Escobar Luis Montero

Red Nacional en Democracia y Paz

– Estupiñan Liliana

Profesora universitaria

-Fajardo Sergio

Excandidato presidencial

– Fries Martínez Bertha Lucia

Víctima del atentado al Club El Nogal

– Galán Juan Manuel

Exsenador y dirigente político

-Gallego Marina

Coordinadora nacional Ruta Pacífica de Mujeres

– Garcés Córdoba Mariana

Exministra de cultura

– García Lidio Arturo

Senador Partido Liberal

– García Peña Daniel

Exalto comisionado para la paz y columnista de opinión

– García Realpe Guillermo

Senador Partido Liberal Colombiano

-Garzón Luis Eduardo

Exalcalde de Bogotá

– Gaviria Alejandro

Exministro de Salud

– Gil Andrés

Presidente Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina

– Gil Laura Gabriela

Directora Portal La Línea del Medio

-Girón Claudia

Defensora de derechos humanos

– Goebertus Estrada Juanita María

Representante Partido Alianza Verde

-Gómez Andrei

Director, Rodeemos el Diálogo

– Gómez Londoño Luis Ernesto

Exviceministro del Interior

-Gómez Yiya

Viva la Ciudadanía

-González Jorge Iván

Profesor Universidad Nacional

– González Arana Roberto

Historiador y profesor universitario

– González Benedicto de Jesús

Representante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– González Posso Camilo

Exministro de salud e investigador

– González Roberto

Profesor universitario

-Guerrero Luis Guillermo

Director, CINEP

-Guerrero Rodrigo

Exalcalde de Cali

– Henao Juan Carlos

Expresidente de la Corte Constitucional

-Hernández Gerardo Andrés

Director, Transparencia por Colombia

– Herrera Botta Adriana

Empresaria

-Herrera Duque Diego

Presidente, Instituto Popular de Capacitación

– Hommes Rudolf

Exministro de Hacienda y columnista de opinión

– Hurtado María Cristina

Consultora

-Jaramillo Diana

Redepaz, Tolima

-Jiménez Álvaro

Campaña Colombiana contra las Minas

– Juviano Catherine

Periodista y activista social

– Kohon Mariela

Exasesora de la delegación de paz de las FARC y exdirectora de Justice for Colombia

– Lara Salive Patricia

Escritora y columnista

– Leal Buitrago Francisco

Profesor e investigador universitario

-Lenis Luis Fernando

Empresario

– León Magdalena

Socióloga y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional

– Leyva Durán Álvaro

Exministro y exconstituyente

– López Alexander

Senador Polo Democrático Alternativo

– López Montaño Cecilia

Exministra de salud, exministra de medio ambiente

– López Obregón Clara

Exministra de Trabajo

– López Claudia

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenadora

– Lozada Vargas Juan Carlos

Representante Partido Liberal Colombiano

– Lozano Correa Angélica Lisbeth

Senadora Partido Alianza Verde

– Mantilla Ignacio

Exrector de la Universidad Nacional de Colombia

– Márquez Mina Francia Elena

Integrante del Proceso de Comunidades Negras y Ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente

– Martínez Diego

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

– Marulanda Gómez Luis Iván

Senador Partido Alianza Verde

– Medina Uribe Henry

General (r)

– Medina Fernando

Académico y Consultor

-Medina Gallego Carlos

Profesor Universidad Nacional

-Mejía Claudia

Directora Sisma Mujer

-Mesa John Fernando

Redepaz, Antioquia

– Miranda Peña Katherine

Representante Partido Alianza Verde

– Mockus Antanas

Senador Partido Alianza Verde

– Monsalve Darío de Jesús

Arzobispo de Cali

-Moreno Néstor

Director, Corporación Córdoba Diversa

-Múnera Ruiz Leopoldo

Profesor, Universidad Nacional

– Muñoz Lopera León Fredy

Representante Partido Alianza Verde

-Murillo Luis Gilberto

Exministro de medio ambiente

– Navarro Antonio

Dirigente del Partido Alianza Verde y exsenador

– Navarro Xinia

Concejal de Bogotá

– Navas Talero Germán

Representante Polo Democrático Alternativo

-Nieves Herrera Celio

Concejal de Bogotá, Polo Democrático

– Orejuela Libardo

Exrector de la Universidad Libre del Valle

-Orgulloso Alberto

Director, Escuela Nacional Sindical

-Ossa Escobar Carlos

Excomisionado de paz y excontralor

– Pardo Alberto

Director MundiPaz

-Parra Ernesto

Director, Corfas

– Paz Carlos Arcesio

Empresario

– Parra Gabriela

Periodista

–Petro Gustavo

Senador Coalición Decentes

– Pizarro Rodríguez María José

Representante Coalición Decentes

– Quintero Calle Daniel

Exviceministro

-Quintero Criado Ufley

Director Ejecutivo Corporación Colombiana de Investigaciones Jurídicas, Económicas y Sociales – RESARCIR

– Racero Mayorca David Ricardo

Representante Coalición Decentes

– Ramírez Sandra

Senadora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

– Restrepo Álvaro

Director del Colegio del Cuerpo

-Restrepo Juan Camilo

Exministro de agricultura

-Restrepo Laura

Escritora

– Restrepo Manuel

Profesor Universitario UPTC

– Reyes Alvarado Yesid

Exministro de Justicia

– Ríos José Noé

Exviceministro y exnegociador de paz con el ELN

– Rivera Flórez Guillermo

Exministro del Interior

– Robledo Gómez Ángela María

Representante Colombia Humana

– Robledo Jorge Enrique

Senador Polo Democrático Alternativo

– Robledo Patricia

Docente Universitaria

– Rodríguez Roosevelt

Senador Partido de la U

– Rojas Jorge E.

Exsecretario de Integración Social

– Romero Marco

Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes

– Rozo Rengifo Juan Sebastián

Exministro de TICS

– Sáez de Ibarra María Belén

Directora de Patrimonio de la Universidad Nacional

– Salcedo Doris

Escultora

– Saldarriaga Óscar

Académico e investigador de la Universidad Javeriana

– Saldias Carmenza

Docente y Consultora

– Sanabria Luis Emil

Director de Redepaz

– Sanguino Páez Antonio

Senador Partido Alianza Verde

-Sánchez César Emilio

Mesa de derechos humanos y territorios del César

– Sánchez Gonzalo

Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario

– Sánchez María Eugenia

Casa de la Mujer

– Sánchez Olga Amparo

Casa de la Mujer

– Sanín José Luciano

Director de Viva la Ciudadanía

– Santiago Enrique

Integrante Comisión Jurídica constituida en las conversaciones de paz

-Sarmiento Clara

Redepaz, Valle

– Sarmiento Manuel

Concejal de Bogotá

– Serpa Horacio José

Senador Partido Liberal

-Serpa Uribe Horacio

Exconsejero de paz y exministro del interior

– Socarrás Reales Fredys Miguel

Exviceministro de Trabajo

-Toloza Campuzano Amparo

Representante legal ASOMUTCO Mujeres víctimas y trabajadoras del César

– Toloza Francisco Javier

Exvocero de paz

-Trujillo Guillermo

Empresario

– Ungar Bleier Elizabeth

Exdirectora de Transparencia por Colombia

– Valencia Agudelo León

Director Fundación Paz y Reconciliación

-Valencia Fernando

Director Conciudadanía

– Vargas Velásquez Alejo

Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz – Universidad Nacional

-Velandia Nelly

Presidenta ANMUCIC

– Velasco Luis Fernando

Senador Partido Liberal

-Velásquez Fabio

Presidente, Foro Nacional por Colombia

-Villa Martha

Directora, Corporación Región

-Wills María Emma

Exasesora del Centro Nacional de Memoria Histórica

 

[1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad, Nueva York, 24 de enero de 2019: https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia.

[2] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16689738.

[3] Recuperado de: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

[4] Comunicado 019 de 2019: “Corte Penal Internacional insiste en que JEP tenga un marco legal definido”: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Comunicado-019-de-2019—Corte-Penal-Internacional-insiste-en-que-JEP-tenga-un-marco-legal-definido.aspx.

Publicado enColombia
Viernes, 22 Febrero 2019 06:52

Réquiem por las FARC-EP

Réquiem por las FARC-EP

El partido FARC observa pasivamente, desde la oscura zanja del incumplimiento estatal, cómo Rodrigo Londoño y su círculo: Lozada y Alape entre otros, entierran en una tumba sin nombre 50 años de lucha del pueblo colombiano y el legado de Jacobo, Manuel, Alfonso y miles más que entregaron su vida en la lucha contra la más bárbara oligarquía de Latinoamérica. 

La constitución y la ley colombianas, es decir, la voluntad escrita de ésa oligarquía nacional, los manuales de buenos modales y de diplomacia, la corrección política y doctrinas del capitalismo con rostro humano son ahora las fuentes de pensamiento de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No ya el marxismo-leninismo, no el pensamiento bolivariano, ahora rige en este partido la biblia de la fraternidad y de la obediencia, el “Acuerdo Final para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.


Del principio de crítica y autocrítica nada queda, no hay crítica contra el Estado y la oligarquía, como tampoco hay autocrítica respecto a lo que ya se sabe: el proceso de paz ha fracasado y fue un “error” entregar las armas sin que hubiese dado cumplimiento alguno del Acuerdo Final: 18% de implementación, falseamiento total a lo acordado en La Habana por la contraparte, 0.0 metros cuadrados de tierra para el campesinado y los exguerrilleros, más de 88 exrebeldes y sus familiares asesinados. ¿Qué pasará cuando a estos les deje de llegar el subsidio (menos de un mínimo) que solo cubre dos años del cual ya pasó uno?


El discurso de la reconciliación ha llegado a su límite, ha hastiando al movimiento social porque la reconciliación equivale a la conciliación. Sólo se puede construir un sujeto para la revolución creando antagonismos, no suavizándolos. La oligarquía con su Estado ha dejado claro que no tiene voluntad de ceder en nada y cuenta con plena determinación de revertir lo que está escrito. Duque no ha mostrado la más mínima intención de poner a andar la implementación y no tiene por qué hacerlo, pues no hay contraparte que lo obligue. Ha sido un “proceso de paz” mezquino, uno que consiste solo en la desmovilización de la guerrilla y ningún cambio real para los miserables de Colombia.


Resulta que el partido FARC es el ÚNICO partido de Colombia que se acoge plenamente a la ley de la burguesía nacional, no sólo de palabra sino también de hecho, ¡ley que ni esa burguesía cumple! Ello equivale al sometimiento absoluto de la organización a la voluntad de las clases dominantes en poder del Estado, a la sumisión del pensamiento. El partido no se piensa más allá de los límites institucionales. Cumple bien su mandato la línea hegemónica de la dirección del partido.


Cual señores feudales, rodeados del aura de la burocracia neoliberal, abrazados con la ONU, con “exparamilitares” y funcionarios del Estado, dirigentes del partido hicieron cumplir la voluntad de su majestad Juan Manuel Santos (ahora lo harán con Uribe 3): prohíben la protesta y la lucha de clases a sus propias bases bajo amenaza de represión estatal, censuran paros campesinos mientras hacen negocios con multinacionales en el sur del país, negocios que van en contra de los intereses de las poblaciones que durante décadas acogieron y protegieron a las FARC-EP. Recientemente hacen acuerdos electorales con el fascismo para “tener un candidato único”.


La fracción reformista de la dirigencia nacional del partido FARC, encabezada por sujetos que cada vez pierden mayor legitimidad interna y ganan más poder mediante su intermediación en los recursos para la reincorporación, recorre el país de foro en foro, legitimando unos acuerdos cuyo primer beneficiario de facto es el Estado y la burguesía internacional. Los excombatientes se mantienen en el partido no porque crean en él, sino porque los recursos de su reincorporación están atados a esa organización política y es ella la que nombra gente en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Cualquier opinión no autorizada puede significar quedar por fuera de la reincorporación.


Una mentira mil veces repetida se hace verdad, el credo del uribismo, hoy es usado por dirigencia hegemónica del partido FARC para engañar a su militancia. Se repite cual cántico en iglesia evangélica que las cifras de muertos y de violencia propia del conflicto armado se han reducido, de allí se deriva maliciosamente que el “Acuerdo Final” y su implementación es un éxito. Este argumento es falso, la única cifra de muertos que ha bajado significativamente es la de los militares estatales, considerando que van más de 88 ex guerrilleros asesinados. Es falsa, además, porque no reconoce distinciones en el ejercicio de la violencia, asemeja la lucha popular al terrorismo de Estado y al paramilitarismo, con ello se oculta la naturaleza social y política del conflicto armado, su historia, desconociendo que hay dos grandes bloques o clases en confrontación que no son evidentemente iguales, por eso su ejercicio de la violencia tampoco es equiparable. La reducción de muertes producto del conflicto se muestra como distractor, su precio no se muestra, como no se muestra que esa violencia simplemente toma otra forma mucho más degradada, se oculta la entrega de las comunidades al terror paramilitar, la impunidad de los criminales de Estado, la aceptación de la versión oficial de la historia, los incumplimientos del Estado, etc.


El Dr. Londoño llama hoy “arrepentidos” a quienes mantenemos una postura crítica frente al acuerdo, habría que pedirle que cuide sus propias redes, pues en el canal de YouTube del partido de la rosa consta una conferencia de Jacobo Arenas en 1990, en que dice esto exactamente:


“Hay gente que viene al movimiento revolucionario y al año está cansada o considera que se equivocó de vehículo y entonces pide que lo releven de esa tarea, pide que le cambien de frente de trabajo o simplemente plantea que él quiere irse para su casa, donde su mamá y su papá, cosas de esas, y otros a los 5 años, y otros a los 10 y otros a los 20, y otros a los 25 aun cuando se percaten de que ese es un grave error, pero su condición de clase no les permite que prolonguen su vida en un proceso revolucionario que puede que asuma muchos años, porque ellos no se casan con el proceso revolucionario, no hacen el compromiso con el proceso, sino como que hacen el compromiso de llegar al poder y cuanto antes mejor. Los verdaderos revolucionarios no hacemos ese tipo de compromiso, los verdaderos revolucionarios hacemos el compromiso de vanguardiar las luchas de nuestra clase y las luchas de nuestro pueblo… Por eso los otros se cansan de la lucha y con relativa facilidad caen envueltos en la promesas del gobierno, que puede que los vuelvan gobierno y después los sacan a patadas cuando la oligarquía considere que ya no les son útiles… Si asume el gobierno un compromiso para cambiar el medio ambiente de la vida económica, de la vida social, de las expresiones culturales de la nación colombiana, y en ese entorno nuevo, en ese medio ambiente distinto, entonces encaramos el problema del movimiento armado… Cuando hay plenas libertades democráticas, si para todo el mundo hay trabajo en Colombia y no hay hambre, miseria, desocupación, violencia, terror, hay educación para los hijos de todo el mundo… por qué no desmovilizamos la guerrilla… Porque se ha cumplido la esencia del planteamiento que hicimos nosotros desde un principio… Ese planteamiento no lo entendieron los que están hoy negociando con el gobierno y les dieron dádivas y además se cansaron de la lucha revolucionaria porque no tenían en su consciencia una elaboración ideológica de lo que significa el compromiso del revolucionario”.


Son los “arrepentidos” a que se refería Jacobo Arenas, los que nunca construyeron una verdadera conciencia, los que hoy agachan la cabeza ante los medios, a los que les da penita lo que hicieron por 50 años. Nada le molesta hoy más a la dirigencia de la FARC que los llamen por su nombre de guerra, les molesta porque se avergüenzan de su historia. ¿Qué pensaría Jacobo Arenas al ver que se desmovilizó una guerrilla a cambio de nada, de unos puestos en el Gobierno?


Jesús Santrich ha mantenido una posición limpia, honesta frente a lo que hoy son unos acuerdos fallidos, tuvo el carácter para denunciar el incumplimiento deliberado y prevenir al ELN, fue el único capaz de observar con verdadero criterio objetivo los “errores” del proceso de paz y por eso está preso. A los hoy todopoderosos integrantes de la dirección nacional del partido FARC les incomodaba mucho una voz que hiciera ver lo evidente, por eso se hizo necesario deshacerse de él inmediatamente (útil sería la DEA), curiosamente fue el ciego el que más vio.


A Iván Márquez le espera el mismo destino, hoy lo pretenden reducido, según Sandra Ramírez sus opiniones son personales y no expresan el sentir de la mayoría de exguerrilleros, algo improbable para quien conoce el estado del partido. Lo que se sabe con certeza es que las posturas políticas de la dirección dominante del partido encarnan bien las preocupaciones de la oligarquía y el Estado colombiano. Algún día sabremos por qué Juan Manuel y Enrique Santos se sintieron más cómodos llevando a Timochenko a La Habana para “agilizar el diálogo”, al parecer con Iván Márquez como jefe negociador no les resultaba posible alcanzar sus fines.


El argumento de moda en el partido FARC es que “ahora tenemos más aliados que los que teníamos en la guerra”, vale la pena preguntarle doctor Londoño, ¿qué entiende por “aliados” y a quién considera como tales, a la ONU acaso, o a los empresarios que algo dan para la reincorporación? Pero más importante es preguntarle: ¿qué costo tienen esos aliados, acaso no es otro que el de renunciar a cualquier proyecto de cambio, renunciar a transformar el orden, serían igualmente aliados si la FARC hubiera tomado alguna acción política en ése sentido?


¿Ha parado la oligarquía de usar todas las formas de lucha contra el pueblo, se ha roto con la estigmatización y los medios de guerra propagandística para llegar a la “batalla de ideas”? Es una tesis cuestionable, cuando se siguen lanzando sobre la población por la contraparte mentiras nuevas y viejas que profundizan representaciones sociales negativas sobre las FARC, por ejemplo, la supuesta acumulación de tierras por la guerrilla, su condición de guerrilla millonaria o las fantasías sobre las violaciones masivas. Esa guerra mediática se encuentra casi intacta, no es posible afirmar que los acuerdos de paz hayan contribuido a democratizar la sociedad en este sentido.


Para evidenciar lo anterior es bueno tomar un ejemplo. Muchos exguerrilleros se han quejado del monumento hecho con sus armas por la artista Doris Salcedo, el monumento es brillante porque refleja la realidad de lo que fue el acuerdo: pisotear a las FARC-EP. La obra sirve como un piso para que la oligarquía, el lumpen de las ciudades y funcionarios de organismos internacionales vayan a tomarse fotos, celebren su victoria y tal vez dejen algún centavo para la implementación del proceso de paz. ¿Y las palabras oficiales del partido al respecto? Seguramente las de felicitación a la artista. Como prístino detalle, hubo un “ritual de sanación” por el cual las “víctimas” martillaron las láminas de metal que salieron de las armas fundidas de las FARC-EP, creyeron que martillaban las armas de sus victimarios, pero fueron las armas de las FARC-EP las únicas que se fundieron, como consecuencia lógica, la guerrilla es la victimaria en el conflicto y el Estado y los paramilitares las víctimas. Primero se pisotea una historia y luego se implanta otra a martillazos.


Por otro lado, nos enseña con sus reproche y llamados de atención el señor Londoño que de la noche a la mañana los exguerrilleros han tomado la decisión individual, libre y autónoma de volverse delincuentes, así, introduce la tesis útil a los intereses estatales de que el Acuerdo es “excepcional” en su letra e implementación, que no existen incumplimientos, que lo que hubo fue un generoso regalo de la oligarquía a la guerrilla, de modo que cualquiera que disienta de la realidad objetiva del Acuerdo Final se convierte, necesariamente, en un disidente narcotizado. Como los exguerrilleros disfrutan hoy de las mejores condiciones de vida posible, no tienen ningún motivo válido para retirarse del proceso en pro de sobrevivir a la pobreza. Todo esto equivale a reemplazar el pensamiento histórico de las FARC-EP con el idealismo, liberal burgués: si según el máximo líder de la FARC, cada militante es responsable de su situación, pues su realidad es producto de su voluntad y no de la historia y la sociedad colombiana ¿qué diferencia hay entre esto y el pensamiento digno de cualquier centro de ideas neoliberales?


Se ha introducido la tesis de que existen “trabas burocráticas” a la implementación, según las cuales el partido de la rosa rosada se ha “enredado” ante su inexperiencia en los trámites estatales, de lo que se deduce que la implementación de los acuerdos tiene problemas técnicos, no políticos, haciendo creer que el Estado colombiano “no tiene la capacidad” de cumplir los acuerdos, pero que una vez se superen (por alguna razón mágica) las barreras administrativas, las mieles del acuerdo van a fluir a plenitud. Esta tesis sirve en esencia para ocultar una incómoda verdad: no existe tal cosa como una “traba burocrática”, existe la voluntad y las acciones concretas dirigidas tanto a no cumplir el acuerdo como reversarlo por parte del Estado.


Irónicamente, después de 50 años, no fue la oligarquía colombiana ni fueron los gringos los que acabaron con las FARC-EP, sino gente de “adentro”. Pero las mareas cambian y no se echa por tierra la dignidad de un pueblo y su legado tan impunemente. El pueblo colombiano es contradictorio, más sumiso que rebelde, pero como todos los pueblos tiene su punto de quiebre y allá hay que ir.

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Cumbre sobre Siria: Putin, Rohaní y Erdogan reunidos en Sochi

Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán, Vladímir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Hasan Rohaní, respectivamente, iniciaron una cumbre trilateral sobre Siria con el deseo de dar un impulso a la resolución del conflicto en el país.


Al comienzo de la cita en el balneario ruso de Sochi, a orillas del mar Negro, la cuarta reunión al más alto nivel de los Estados garantes del alto el fuego decretado en diciembre de 2016 en Siria conocido como proceso de Astaná, Putin consideró que “prácticamente en todo el país se cumple el cese de hostilidades y que el nivel de la violencia disminuye constantemente”.


No obstante, dijo, es necesario acordar “cómo garantizar la rebaja de la tensión en Idlib”, la única región importante aún en manos de las milicias rebeldes.


Esta provincia, indicó Putin, mantiene el cese de hostilidades, pero “esto no significa que tengamos que resignarnos a la presencia de grupos terroristas”.


Por ello, propuso “examinar pasos prácticos concretos” que Rusia, Turquía e Irán puedan dar conjuntamente “para destruir totalmente el foco terrorista” en Idlib.


Rusia y Turquía habían acordado en septiembre pasado, sin éxito hasta ahora, el establecimiento de una zona de seguridad y la creación en torno a ella de un área desmilitarizada.


El anfitrión de la cumbre también mencionó el reciente anuncio de la retirada de los soldados estadounidenses del noreste de Siria, al afirmar que los problemas de seguridad en esa zona “deben ser resueltos únicamente sobre la base del respeto estricto a la soberanía y la integridad territorial del país árabe”.


Moscú ha abogado en su lugar ante Erdogan por el diálogo entre Damasco y los kurdosirios para que el régimen del presidente de Siria, Bachar al Asad, tome el control del territorio una vez que Estados Unidos lo abandone.


Turquía está negociando con Estados Unidos crear y controlar una franja de seguridad de 32 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera turco-siria, expulsando de ella a las milicias kurdosirias YPG, aliadas de EE.UU. en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).


Ankara considera terrorista a las YPG por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y quiere acabar con la administración autónoma que las milicias kurdas han establecido en el norte de Siria.


El mandatario iraní manifestó, por su parte, que quedan pocos territorios controlados por los terroristas en Siria, pero que hay que establecer la paz en Idlib y el noreste del país.


“La presencia de fuerzas extranjeras, incluidas la estadounidenses, sin la autorización del Gobierno de Siria debe concluir cuanto antes”, sostuvo.


Rohaní señaló que entiende las preocupaciones de Turquía, pero subrayó que estas inquietudes pueden ser resueltas a través de la cooperación de Ankara con Damasco.


“Desde luego, hay que tomar en consideración la preocupación del Gobierno de Turquía. Entendemos esa preocupación, pero, sin embargo, consideramos que la cooperación con el Gobierno legítimo de Siria y el emplazamiento de fuerzas sirias en la frontera internacional es el mejor camino para eliminar esa preocupación”, recalcó.


A juicio del líder iraní, esta tarea “debe cumplirse conservando los derechos de todos los ciudadanos que viven en Siria, y también de los kurdos, que llevan viviendo desde hace muchos años en este territorio y son parte inalienable del pueblo sirio”.


Mientras, Erdogan expresó su deseo de que la cumbre de Sochi permita a las partes encontrar puntos de consenso para seguir acabando con las fuerzas destructivas en Siria.


“Durante ocho años, los sirios han intentado sobrevivir bajo las bombas. Esperan buenas noticias de nosotros acerca de una solución permanente”, según el presidente turco.

 

14 febrero 2019 | 10 |
(Tomado de El Diario)

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Jueves, 14 Febrero 2019 08:01

En 2019 el terrorismo llegó de mañanita

Adriana Gómez, detalle Simulación, mixta sobre lienzo, 30 x 90 cms, 2013 (Cortesía de la autora)

Los dolorosos hechos del 17 de enero han disparado de nuevo la insensatez: han puesto a decir cosas incoherentes a las autoridades. Al dolor, al llanto y a la soledad de los padres que perdieron sus hijos, se suma otra pena, que invita al examen y a la reflexión: la falta de madurez y la carencia de estatura de los líderes políticos. El poder enceguece y perturba. Por eso, quienes lo ejercen actúan como orates: el Presidente, el Fiscal, los ministros, los legisladores, los generales, en fin.

 

El pasado 17 de enero, el Eln estalló un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, dejando sin vida a 21 personas. Desde ese mismo momento los ecos de la explosión crecen en todos los ámbitos de la sociedad, por dos motivos. En primer término, se destapó un debate que parecía congelado en el tiempo –el significado del terrorismo–. Y, en segundo lugar, le permitió al Gobierno tender una espesa bruma sobre los episodios de corrupción que lo tenían apercollado, facilitándole tiempo y espacios mediáticos, para superar la improvisación que lo caracteriza. Las ondas de esta acción también golpearán a los activistas sociales, quines verán afectados sus derechos en muchos aspectos, si se tiene en cuenta lo dicho por los más cercanos colaboradores del presidente Duque, con relación a las redes sociales, donde se propaga la “desinformación”.


Terrosimo, esbozo del concepto


No existe un concepto de terrorismo universalmente aceptado por la academia o por los estudiosos de sociología política, pero en la actualidad los estamentos oficiales y sus voceros, los medios de comunicación, presentan este vocablo como un simple acto de violencia ejecutado por criminales y desadaptados. Según este punto de vista, el terrorismo no es más que la expresión de los “agentes del mal”, ignorando el terrorismo ejercido desde el poder, tan antiguo como el poder mismo, a la hora de juzgar su antítesis, el terrorismo insurreccional. En efecto, el terrorismo que hoy conocemos no es un hecho aislado sino un fenómeno dialéctico que obedece a múltiples factores. Es la respuesta a la represión del Estado, a las injusticias sociales, a los enormes desequilibrios, a los agresivos desarrollos económicos, a la confrontación de fuerzas políticas.


En su accionar el terrorismo es una forma de violencia que persigue, en esencia, dos fines. En primer término, generar unos efectos psicológicos, tales como reacciones emocionales de ansiedad y miedo entre los miembros de la población. Y, en segundo lugar, enviar un mensaje. Es decir, el miedo y las amenazas mismas se convierten en un medio de comunicación. Aunque el impacto terrorista ocasione pérdida de vidas humanas y daños físicos en las edificaciones y en las cosas en general, estos, en todo caso, por graves y numerosos que resulten, siempre serán inferiores a los efectos psicológicos y de comunicación que se persiguen.


Para el caso colombiano, el terrorismo tiene múltiples expresiones: las bandas oficiales o paraoficiales que pretenden preservar la injusticia social y el orden político establecido; el terrorismo de mafias organizadas que buscan amedrentar a las autoridades, y a los sectores de la sociedad que no les dejan el camino libre para desarrollar sus actividades ilícitas, como, por ejemplo, los carteles del narcotráfico; las minorías étnicas sometidas, que aspiran a la autonomía política y cultural; los movimientos armados de liberación o guerra de guerrillas de países subdesarrollados, y finalmente, el terrorismo ideológico, de grupos políticos sin poder que, mediante la lucha armada, quieren transformar de forma radical el orden existente.


Prescindiendo del terrorismo proveniente de la delincuencia organizada, todas las demás expresiones violentas de esta modalidad, se pueden agrupar en dos categorías: el terrorismo de Estado y el terrorismo insurgente. El primero busca acallar cualquier voz disidente, para consolidar o afianzar en el poder al régimen político existente, mediante agencias oficiales especializadas o por medio de individuos y grupos que reciben el apoyo directo e indirecto del gobierno. El segundo pretende sustituir o alterar sustancialmente la distribución de poder.


El terrorismo insurgente a su vez, tiene dos modalidades: individual, o terrorismo puro, y el de insurrección colectiva. El terrorismo puro o individual es un recurso personal o de sectas muy pequeñas, desesperadas y desconectadas de toda lucha política, sin una formación teórica capaz de construir un movimiento de masas para buscar un cambio real.


Aunque a cualquier demostración de inconformidad o manifestación de disidencia se le endilgue el terrorífico título de “terrorista”, aquél no pasa de ser un acto de rebelión, simples sabotajes o actos de guerra, como una emboscada, el asalto a una base militar o policial o la voladura de puentes, torres eléctricas o edificios del Estado. Si estas acciones alcanzan el grado de terrorismo, pertenecen al terrorismo de insurrección colectiva.


Contextos del atentado


Está claro que los hechos acaecidos el 17 de enero en la Escuela de Cadetes, se enmarcan dentro del terrorismo de insurrección colectiva. Ahora bien, cabe preguntar, ¿en qué momento ocurren? En el preciso momento en que las élites del establecimiento afrontan el más grande escándalo de corrupción de toda la historia, han perdido el norte y no encuentran la manera de salir del atolladero, que les permita seguir editando cuatrienio tras cuatrenio. Duque lleva seis meses en el Palacio de Nariño y aun no se halla como presidente. Nada le sale bien: ni siquiera los saludos que a nombre de Uribe debe darle a la monarquía española, ni el servilismo con que trata al Secretario de Estado de Estados Unidos, haciendo apología de los méritos, que los “padres fundadores” de esa nación, no tienen en la independencia de la Nueva Granada.


Uribe, como mentor y jefe de Duque, se quedó sin discurso que le aporte votos, porque las Farc se desarmaron, y se convirtieron en partido político. A esa falta de oxígeno, al líder del sector más retardatario y ultramontano del establecimiento, se le reduce el espacio, porque la Corte Suprema lo ha llamado a indagatoria, en uno de los 289 procesos que en su contra cursan en Colombia.


Néstor Humberto Martínez, puesto en la fiscalía general por todas las élites para que las proteja, ha perdido legitimidad y respaldo en la opinión pública. En efecto, ha quedado al descubierto que defiende los intereses de su cliente Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de Odebrech, la empresa que sobornó a todos los gobiernos del continente para monopolizar los grandes contratos de infraestructura. Los compromisos del hombre más rico de Colombia con la compañía Odebrech, son tan de bulto que le han abierto investigación en Estados Unidos. En el marco de la pérdida de legitimidad, la población civil organiza mítines en contra de Martínez y le pide su renuncia. Entre tanto, un grupo de juristas demanda su elección ante el Consejo de Estado, porque fue desleal con la Corte Suprema, al no hacer explícito su conflicto de intereses.


En medio de todo ello, ahora el país se entera que los organismos de inteligencia sabían, que desde hacía diez meses se venía fraguando un atentado contra la policía. ¿Por qué no le avisaron a esa entidad para que tomara todas las precauciones? ¿Néstor Humberto Martínez sabía? ¿También obró con deslealtad? Más grave aún: ¿enterado de que estaba en marcha un atentado contra la Escuela de Cadetes no hizo nada para detenerla, con la certeza íntima de que le daría una tregua en medio de sus dificultades personales y políticas?


En ese contexto, en el que todas las élites del establecimiento han perdido credibilidad, y en la antesala de unas elecciones territoriales, en las que no tenían argumentos para capturar las mayorías y continuar en su carrusel de corrupción, se produce el hecho terrorista de la insurgencia del Eln.

Error estratégico: efecto contrario al buscado


Como no se sabe exactamente cuál era el efecto que buscaba el Eln, hay que encontrarlo en el comunicado en el que reconoce la autoría de los hechos. En esta declaración presenta varios argumentos: que el presidente Duque no le dio la dimensión a los gestos de paz que esa guerrilla realizó en Navidad; que la fuerza pública aprovechó la tregua para avanzar y bombardear; que la Escuela de Cadetes atacada es una institución militar, que por eso es “lícita” la acción que realizaron; que en sus campamentos también se da capacitación y que también han sido bombardeados; que han insistido en el cese bilateral de fuegos; que actuaron en legítima defensa; que los contendientes en la guerra deben respetarse; que proponen un debate político sobre estos temas. Finalmente, esa guerrilla le pide al presidente Duque que envié su delegación de diálogo a la mesa, para darle continuidad al proceso de paz.


Todo el contenido del comuncado se enmarca dentro de la lógica de la guerra, que será perversa siempre, porque ninguna guerra es limpia, ninguna es justa, ninguna guerra es humanitaria. Con esa lógica con la que actuó el Eln, quiso ablandar a Duque y al establecimiento para obligarlos a continuar el proceso de paz que habían iniciado con el gobierno Santos. Pero por no tener en cuenta los contextos sociales y políticos, y las circunstancias de tiempo y de lugar, esa agrupación guerrillera incurrió en un error de gran hondura. Logró el efecto contrario al buscado. El hecho fue de tal torpeza, que resultó demasiado perfecto para los intereses de las élites del establecimiento. Fue tan magnífico, que antes de que los insurgentes reivindicaran semejante despropósito político, muchos analistas pensaron que habría sido la extrema derecha la causante del crimen.


Sin proponérselo, con su actuación el Eln les dio un segundo aire a las élites del establecimiento. A partir del 17 de enero andan disparadas, dando lecciones de moral, y anunciando una lucha frontal contra el terrorismo y la corrupción. Es posible que ese hecho se convierta en el punto de quiebre para que Duque comience a gobernar con cabeza propia. Ojalá fuera para consolidar la paz, y no para reinventar la guerra total.


En efecto, Duque, que hasta hoy no es Duque sino Uribe, se ha endurecido en el discurso, y pronto lo será en los hechos. Vendrá una arremetida sin cuartel contra las propias estructuras de esa guerrilla, pero también contra todo aquel que se aparte de las posiciones del Centro Democrático, que son con las que en estos seis meses ha desgobernado al país. Duque ha reafirmado su discurso de unidad nacional, pero en la praxis contradice su propia narrativa. Hace estratagemas, convocando a todos los partidos políticos a su despacho, para engañar a la opinión pública, porque no hay ningún diálogo que permita el entendimiento de los diversos sectores de la sociedad. Entonces, todos nos damos cuenta de que no es unidad nacional lo que pretende, sino unanimismo en torno a su figura de bacán, que ejecuta bien la guitarra, baila como un trompo y hace mil cabecitas, mientras los líderes sociales, defensores de rechos humanos y excombatientes de las Farc son exterminados. Quizás entendiera que no es la hora de infundir más miedo, con el tableteo de las ametralladoras, sino el momento de negociar la paz: no sólo con quienes se hallan alzados en armas, sino con todos los sectores inconformes de la sociedad.


El discurso oficial es razonamiento de orates


No hay coherencia en la versión oficial relacionada con el ingreso de la camioneta Nissan Patrol gris, modelo 1993, con placas LAF–565, a la Escuela de Cadetes, e1 17 de enero. Unas versiones afirman que una vez que el vehículo llegó a la portería, el perro detectó el explosivo, y, que al verse descubierto, el chofer aceleró, llevándose por delante al vigilante, a quien “dejó ahí tendido”. Esa misma versión dice que tres policías corrieron tras la camioneta, pero que perecieron en el momento en que esta explotó. Otra versión señala que la puerta de entrada estaba fuera de servicio, y que el conductor de la camioneta aprovechó la salida de un camión para ingresar a los predios de la Escuela; que el vehículo se desplazó con toda tranquilidad por las calles internas, sin que nadie lo hubiera detenido. Sólo hasta cuando un policía se vino de frente hacia la camioneta, el conductor dio reversa, giró a la izquierda y luego se estrelló. Cuando alguien cuestiona la seguridad de la Escuela de Cadetes, el ministro de Defensa, en tono airado, contesta que no es hora de atacar la seguridad de ese establecimiento sino a quienes ingresaron el carro bomba.


Por otra parte, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en menos de veintidós horas después de ocurridos los hechos, el viernes 18 de enero a las 7:30 de la mañana, en rueda de prensa en la que también participaron el ministro de Defensa, la cúpula de la fuerza pública y el Comisionado de Paz, dijo que tenía plenamente identificados a los autores intelectuales de los hechos. Se le abona la eficiencia, que ojalá fuera en todos los casos. Lo que no es de rigor investigativo ni de procedimiento judicial, es que dijera, en vivo y en directo, que les imputaría cargos a la dirigencia del Eln. Por más flagrancia que haya, eso debe decirlo en una providencia, no ante los micrófonos.


Los más incoherente y desatinados de todos los agentes oficiales, han sido el propio Duque, su Canciller y su comisionado de Paz. Todos ellos a los gritos, le han exigido al gobierno cubano que entregue los diez delegados del Eln que están en La Habana. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo en su cuenta de Twitter que su gobierno “actuará en estricto respeto a los protocolos de paz firmados entre el Gobierno y el Eln, incluido el protocolo en caso de ruptura de la negociación”. Pero sigue sin reconocerse a sí mismo como jefe de Estado, en cuya cabeza está la responsabilidad de la política internacional, desconoce los protocolos y actúa como un particular guiado por la “ley de la selva”. Se siente herido, y quiere hacerse justicia por sí y ante sí: “Ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia”, afirma. Sus íntimos del Centro Democrático van más allá. Le aconsejan que le pida al gobierno de Cuba que extradite a los negociadores, y que si no lo hace rompa relaciones con ese país.


Duque, su Canciller y su comisionado de Paz reiteran que a ellos no le importa ningún protocolo. Como buenos alumnos de Uribe, pretenden confundir a la opinión pública, con argumentos, en los que no se sabe qué es más ofensivo: si las mentiras o su convicción de que todos somos imbéciles. Miguel Ceballos, comisionado de Paz, dice: “No hay ni puede haber ninguna manifestación de perdón ni de amparo a un grupo que ya reconoció la autoría criminal, de ese acto que no tiene justificación alguna” (1). El cumplimiento del protocolo nada tiene que ver con el perdón ni la justificación de los hechos, ni nadie en el país ha hablado de eso, pero Ceballos hace el oficio de confundir. Al respecto, El Espectador, anota: “Que el Eln incumpla no significa que el Estado colombiano pueda utilizar argucias retóricas para amañar la realidad y faltar a su palabra” (2).
Con sus actitudes y narrativas, el mensaje que transmiten Duque y su equipo de política exterior y de paz, es que con ellos se llegó al fin de la Historia. Se ignoran los protocolos, se desconocen los países garantes, porque ya nunca jamás habrá negociación. No habrá con quien hacerla, porque se ha consolidado la democracia y los grupos terroristas desaparecerán de la faz de la tierra para siempre.


Quien más réditos políticos le ha sacado al carro bomba, ha sido el senador Álvaro Uribe, siempre para echarle la culpa a Santos. Después del antentado trinó: “Que grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”. En la marcha del domingo 20 de enero, fue más explícito: “No podemos permitir que los eln sigan el ejemplo de los terroristas de la Farc”. Siempre tan hábil para convertir las mentiras en verdades y las verdaddes en mentiras, Uribe pretende hacerle creer a la opinión pública que el hecho terrorista acaecido el 17 de enero, es la consecuencia lógica del proceso de paz con las Farc, cuando es precisamente todo lo contrario: gracias a la firma de los acuerdos de paz con esa guerrilla, se han evitado muchos muertos. Y, si el Eln hubiera seguido el ejemplo de las Farc, y hubiera firmado un acuerdo de paz con Santos, no se hubieran presentado los dolorosos hechos, que hoy lamentamos y repudiamos todos.

 

1. El Espectador, “Protocolo al El: ¿aplicable o no?”, Bogotá, martes
22 de enero de 2019.
2. Ibíd., “El terror no es excusa para dejar de hacer lo correcto”, (editorial principal).

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Miércoles, 06 Febrero 2019 06:13

Rusia apuntala a los talibanes afganos

Rusia apuntala a los talibanes afganos

Representantes del grupo islámico confirmaron que una delegación viajaría a la tierra de su anterior enemigo. Se unirán a opositores como el ex presidente Hamid Karzai.

 

Desde Moscú. Moscú comenzó a celebrar ayer conversaciones de paz que han generado controversia aún antes de que haber comenzado. Hay enojo por el “diálogo intra-afgano” de dos días, tanto de los talibanes, que asistirán, como de la administración marginada del presidente Ashraf Ghani.


Representantes del grupo islámico fundado en la resistencia antisoviética confirmaron que una delegación arribó a la tierra de su anterior enemigo. Se unen a varias docenas de prominentes figuras de la oposición, entre ellas el ex presidente Hamid Karzai y Hanif Atmar, que se postula contra Ghani en las elecciones presidenciales de este año.


El gobierno afgano rechazado ha reaccionado enojado ante la perspectiva de conversaciones, describiéndolos como un intento de “ganar poder” y “no en los intereses de Afganistán”. Los talibanes, por su parte, se han negado durante mucho tiempo a comprometerse con el gobierno de Ghani, calificándolo de “títere” de los Estados Unidos.


Las tensiones y las controversias podrían explicar por qué el Kremlin se está distanciando de un evento que conserva claramente sus huellas dactilares. Oficialmente, Rusia afirma que las conversaciones están siendo organizadas por un oscuro grupo de refugiados afganos llamado Consejo para la Comunidad Afgana, con sede en Moscú, y no bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Kremlin o incluso una plataforma asociada.


Sin embargo, sería difícil que un evento de este tipo continúe sin el apoyo organizativo, de visas y de seguridad de las autoridades rusas. A los representantes talibanes les resultaría difícil pasar el control de pasaportes dado que su grupo sigue en la lista de organizaciones terroristas. Este detalle en particular se ha magnificado hasta el absurdo en los medios de comunicación rusos, que todavía están obligados a referirse al estado “prohibido” de los talibanes cuando informan sobre la invitación a Moscú.


El conflicto afgano liderado por Estados Unidos está ahora en su décimo octavo año. Durante mucho tiempo, Rusia no estaba dispuesta a involucrase. Pocos en Moscú se deleitaron ante la posibilidad de otra batalla prolongada en las montañas afganas; los recuerdos de la desastrosa campaña de la Unión Soviética en la década de 1980 aún están frescos en la mente. Pero en las etapas posteriores del conflicto, a medida que los talibanes fortalecían su posición y Estados Unidos debilitaba la suya, Rusia buscó recuperarse y cultivar una relación cercana con el grupo radical islámico.


Según varios informes, esa relación ahora tiene una dimensión militar. En 2017, el secretario de estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, acusó abiertamente al Kremlin de armar a los talibanes mientras combatía a las tropas estadounidenses. En marzo siguiente, el general John Nicholson, jefe de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, repitió la declaración.


* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

 

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Negociadores de paz del ELN niegan vínculo alguno con atentado en Bogotá

El comandante del guerrillero ELN Pablo Beltrán negó hoy cualquier vínculo de los miembros de su delegación de negociadores con el atentado ocurrido en Bogotá el 17 de enero que dejó una veintena de muertos.

La tarea nuestra en Cuba es sacar adelante la agenda de conversaciones, los hechos que ocurren en Colombia ni los conocemos ni tenemos injerencia o algo que ver con ellos, afirmó el dirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en declaraciones a Prensa Latina.


Beltrán insistió en que a su llegada a La Habana el gobierno cubano les dio la bienvenida y les ofreció su ayuda como garante y sede de la mesa de pláticas pero a la vez pidió a los voceros de esa agrupación insurgente limitarse exclusivamente a los diálogos de paz.


Nosotros hemos cumplido al pie de la letra eso y nos hemos centrado en adelantar las conversaciones, enfatizó.


El ELN se atribuyó la autoría del hecho a raíz del cual el presidente colombiano, Iván Duque, decidió suspender las negociaciones con esa agrupación, iniciadas por su antecesor Juan Manuel Santos en Quito y trasladadas luego a esta capital, adicionalmente el mandatario activó las órdenes de captura contra los 10 integrantes de la delegación de paz.


Esta comisión sigue activa trabajando para se reabran las rondas de debates, mientras los países garantes y acompañantes están interesados en que se mantengan los protocolos iniciales previstos en caso de una ruptura de las conversaciones, en darle un buen cierre al proceso para que los que hemos impulsado este esfuerzo no terminemos pagando lo que no debemos, añadió Beltrán.


El líder del ELN subrayó que tal acuerdo para el retorno seguro a las selvas del país sudamericano debe ser acatado por el actual ocupante de la Casa de Nariño por su carácter vinculante.


Hay un protocolo que dice que en caso de interrupción de las conversaciones el propio Estado debe dar garantías para nuestro regreso, entonces lo que debe es cumplir lo pactado en vez de pedirle cosas imposibles a Cuba, comentó Beltrán al referirse a la solicitud de Bogotá para que el país caribeño entregue a dichos voceros.


Respetamos la posición de la isla, país garante y sede de la mesa (…) cualquier actividad por fuera de ella no le incumbe y no tiene por qué responder por ella.


Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado, Cuba ha cumplido estrictamente su papel como Garante y Sede Alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el ELN, escribió el canciller Bruno Rodríguez en uno de sus tweets.


En diálogo con Prensa Latina el jefe del grupo del ELN nombrado para platicar con los representantes del gobierno colombiano consideró que no obstante las dificultades actuales hay que persistir en la salida política al largo conflicto armado, el cual causó la muerte a casi 300 mil personas.


En total la guerra interna ha dejado alrededor de ocho millones de víctimas, cifra que incluye también a unos siete millones de desplazados de sus lugares de origen y miles de desaparecidos.


Con el gobierno previo comenzamos estas reuniones bajo el entendido de que transcurrirían en medio de la confrontación, llegó esta administración pero demoró en acudir a la mesa porque esperaba debilitar al ELN con operaciones militares, estos seis meses que hemos estado esperando en La Habana han sido de una ofensiva militar en contra nuestra, dijo.
Frente a tal realidad -añadió- ha habido respuestas como la del jueves, pero por encima de los problemas y enfrentamientos hay que insistir en una salida concertada al conflicto, a nosotros nos critican por este ataque pero aun así mucha gente dice que tiene que seguir el proceso de paz y la presión de la sociedad logrará que se reanuden los diálogos, opinó.
Finalmente Beltrán anunció que entregarían los protocolos y acuerdos conseguidos para que sirvan como punto de partida de una futura negociación.


Millones de colombianos exigen tanto al gobierno como al ELN que volvamos a la mesa, manifestó.


Menos numeroso que las antiguas FARC-EP, ya desmovilizadas, el Ejército de Liberación Nacional está activo hace más de medio siglo.
(Información de Prensa Latina)

21 enero 2019


 "Esperamos que nos den garantías para volver"

 

Redacción Web Con AFP

El nuevo siglo

Bogotá

Enero 21, 2019 - 07:39 PM

Para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el ataque contra una academia policial en Colombia que dejó 20 muertos es una respuesta a las acciones del gobierno. Pese a ello, su jefe negociador en La Habana, Pablo Beltrán, dice que no han renunciado a un acuerdo de paz.


En la siguiente entrevista, Beltrán se refiere al fin de la mesa de diálogo decretada por el presidente Iván Duque y a los pedidos de este para que Cuba los entregue a la justicia.
P: ¿Por qué el ELN comete un acto de esta naturaleza mientras pregona un diálogo?


R: Hemos esperado seis meses. Hicimos liberaciones de soldados y policías. A fines de año hicimos un cese al fuego unilateral y en esa tregua recibimos ataques, bombardeos y, al terminar la tregua han venido habiendo combates, ataques, y dentro de esos hechos militares ocurre el que usted me dice. (...) Ojalá el diálogo (con Duque) se pueda hacer en medio de un cese bilateral para crear confianza.


P: ¿Hay acaso espacio para que el diálogo continúe?


R: En Colombia pasan cosas terribles todos los días. La agenda de diálogo dice que el objetivo uno es ponerle fin al conflicto armado interno. Ese objetivo hay que mantenerlo. Mientras que se logra por supuesto que habrán combates.


P: ¿Por qué atacar una escuela de alumnos de la policía?


R: En cualquier país del mundo la policía es un cuerpo de orden interno. Pero en Colombia existe una policía militarizada. La población no la quiere. Eso es algo común, es una parte más del plan contrainsurgente y es un objetivo.


P: ¿El comité central y la comisión de diálogos del ELN tenían información de que ese ataque iba a ocurrir?


R: No, por supuesto. Nosotros estamos en Cuba desde hace ocho meses.


P: En Colombia se habla de un sector del ELN descontento con las negociaciones de paz, responsable del ataque. ¿Hay disidencias?


R: No. Los acuerdos que hemos firmado en esta mesa, ejemplo, los acuerdos de cese (al fuego), han sido totalmente cumplidos por todos los frentes del ELN.
P: Este ha sido un ataque kamikaze, algo que no se veía en América Latina. ¿Lo planearon así o fue un accidente?


R: Pienso que estas cosas son irrepetibles. Esa no es la política del ELN, ni ese tipo de modalidades y, si ocurre una vez, me imagino que tendrá alguna explicación operativa que no conozco.


P: ¿Cómo se producirá su retiro?


R: En 2016 se firmó el protocolo en caso de ruptura (...) Se estipularon garantías para que el ELN vuelva a sus zonas y hay estados que avalan eso y esperamos que el gobierno dé las garantías para el retorno.


P: Duque ha dicho que ese protocolo fue firmado por otro gobierno y que no puede respetarse después del atentado. Además le han pedido a Cuba que los entregue.


R: La paz para que funcione tiene que ser una política de Estado. Lo que avanza un gobierno debe tener continuidad con el otro. Nosotros firmamos con el Estado y le exigimos a ese Estado que cumpla ese protocolo de retorno del ELN.


P: Pero tiene a una ciudadanía marchando en contra del ELN...


R: Vemos que muchos sectores en Colombia critican esta acción militar del ELN, pero exigen que se le de continuidad al proceso de paz. Esa es la realidad política hoy de Colombia (...) Con ese criterio de que lo que firmó Santos no vale para Duque, dónde van a quedar los acuerdos firmados con las FARC.


P: Cuba, anfitriona, condenó el ataque pero queda en una posición complicada tras confiar en ustedes..

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R: El gobierno cubano fue explícito en decir que con mucho gusto brindaba el territorio para ser sede de la mesa pero nos pidieron que no se proyecte de aquí ningún tipo de actividades aparte de las del proceso de paz. Hemos cumplido eso y lo que haga el ELN en territorio colombiano no tiene por qué afectar a un gobierno amigo de la paz.


P: ¿Cuba les ha pedido que se retiren?


R: El protocolo dice que hay 15 días para el retorno de la delegación (vence el 2 de febrero) y vamos a actuar dentro de ese protocolo.


P: ¿Han evaluado pedir asilo en otro lugar, entonces?


R: Descartamos cualquier posibilidad de asilo y vamos a mantener el retorno dentro de los 15 días contemplados en el protocolo.


P: Colombia ha pedido a Cuba que los entregue...


R: La Cancillería cubana ha dicho que va a aplicar el protocolo y nos atenemos a eso.


P: Después de lo ocurrido, qué le diría a los colombianos que lloran la muerte de 20 estudiantes de la escuela policial por un atentado del ELN.

..
R: Pese a los ambientes bélicos y ataques que haya, la decisión del ELN es no apartarse de un camino de solución política. Y si en este momento hay una situación más tirante, tenemos la disposición a esperar y a crear condiciones para una reanudación de las conversaciones.


P: Ante lo ocurrido, la imagen del ELN en la comunidad internacional ha perdido credibilidad..

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R: Es posible (...) Tenemos que persistir en el diálogo. En Colombia hay respuestas que no dependen de esta delegación. Nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Aspiro a que ese ambiente se distensione y que se puedan reanudar las conversaciones.

 

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Sábado, 19 Enero 2019 05:18

Duque rompe con el ELN

Duque rompe con el ELN

Para el gobierno, se trató de una demostración de fuerza de la guerrilla del ELN. Sin embargo, otros creen que podría ser un autoatentado como los provocados por el ejército colombiano durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez.

Un poco después de las 11 de la mañana, la cuenta de Twitter de la Delegación de Paz del ELN fue suspendida. Están acusados de ser los responsables del atentado al corazón de la Policía de Colombia en Bogotá que dejó 20 policías muertos, más de 60 heridos, un sospechoso capturado y varias hipótesis. La del gobierno es que se trató de una demostración de fuerza de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Otros creen que podría ser un autoatentado como los provocados por el ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.


Para el Ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, ungido de Uribe, este acto terrorista es uno de los más graves que ha sacudido a la capital. La intensidad del conflicto armado se ha visto disminuida en los últimos años por cuenta del fin de la guerra con las Farc. Un proceso de Paz con esa ex guerrilla logró la deposición de más de once mil armas en 2017, y el regreso a la vida civil de 7 mil combatientes. Algo así se esperaba del desenlace de la Mesa de Conversaciones del gobierno con los rebeldes del ELN. El gobierno puso fin a estos diálogos ayer, horas después de que la Fiscalía General de la Nación imputara cargos de terrorismo a los integrantes del COCE (Comando Central del ELN). Según las autoridades judiciales José Aldemar Rojas, quien habría ingresado a la escuela policial la camioneta Nissan Patrol cargada de explosivos y resultó inmolado, habría estado en la guardia de alias Gabino, el número uno del ELN. Era conocido con el alias de “Mocho” o “Kiko”.


Además un hombre fue capturado en un barrio popular bogotano. Ricardo Andrés Carvajal fue acusado de haber participado “en grado de autor en el acto terrorista”, explicó el cuestionado Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a quien miles de personas le exigieron la renuncia del cargo en multitudinarias marchas en las ciudades capitales. Según el fiscal sus enemigos le interceptaron algunas conversaciones telefónicas comprometedoras.


Sobre “El Mocho” el gobierno asegura que desde hace 25 años se desempeñaba como miliciano de este grupo insurgente, y habría sido cabecilla de diversos frentes, entre ellos el Frente Domingo Laín. En los últimos años se volvió cabecilla y entrenador explosivista, detalló el Ministro de Defensa, que ofreció una versión muy detallada a los medios la tarde de ayer. A continuación, el Alto Comisionado para la Paz dio a entender que los Diálogos llegaron a su fin.


“El ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz, y a las luces de estos eventos, el Gobierno sabe y entiende que no tiene voluntad de paz. Por eso el señor Presidente, luego de conversar otros detalles, hará un anuncio sobre la decisión de sobre los diálogos con ese grupo”, puntualizó Miguel Ceballos. Al cierre de esta edición el presidente Duque no se había manifestado públicamente. Sin embargo Ceballos dijo que no habría más diálogo. El Alto Comisionado increpó a los elenos a no usar el terrorismo y devolver a la libertad a los secuestrados.


Esta guerrilla, hoy la más poderosa del país, que podría contar con unos cuatro mil combatientes, había decretado varios ceses unilaterales al fuego. Desde que se sentó en la Mesa de Conversaciones en Quito, Ecuador, en 2017, todos los fines de año la organización alzada en armas se declaraba en tregua. Sin embargo, continuaron secuestrando militares y civiles, y según denuncias del gobierno y las comunidades también reclutando adolescentes para sus filas.


Entre tanto, la derecha utilizó el dolor del atentado para tergiversar la situación y, por extraño que parezca, justificar la violencia contra la policía en la búsqueda de la paz. Las víctimas y la sociedad civil progresista colombiana insistieron en que hay que seguir adelante con la paz. Los representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición expresaron su rechazo frente al atentado contra la Escuela General Santander e hicieron un llamado por la defensa de la construcción de paz.

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Gobierno de Colombia sindica al ELN como autor de atentado que deja 21 muertos

En declaraciones ofrecidas en Bogotá a partir de las 7:48 de la mañana del 18 de enero, el gobierno colombiano confirmó que el ataque a las instalaciones de la Escuela General Santander de la Policía Nacional y que arrojó un saldo final de 21 muertos, corresponde al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Los asesinados producto del ataque con explosivos, en su mayoría eran policías nacionales o provenientes de países como Ecuador y Panamá, en su mayoría jóvenes con edades menores a los 25 años; pero también fueron impactados por la onda explosiva, y perdieron la vida, hijos de éstos.

De acuerdo a pruebas presentadas por el ministro de defensa, Guillermo Botero, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, el director de la Policía Nacional, mayor general Óscar Atehortúa Duque y otros integrantes del gobierno nacional, el autor directo del ataque fue José Aldemar Rojas Rodríguez, que según lo explicado por los voceros oficiales era un veterano integrante de esa organización insurgente, experto explosivista, y quien también perdió la vida al momento de activar los explosivos con que fue cargado el automotor que condujo hasta el sitio de los sucesos.

En la acción oficial contra los posibles autores del ataque, en primeras horas del día 18 de enero fue detenido Ricardo Andrés Carvajal, habitante del barrio Los Laches, un sector populoso del nororiente bogotano, y quien, de acuerdo a los voceros del gobierno, reconoció su participación en los hechos.

El atentado, presentado en momentos en que la negociación de paz entre Gobierno-insurgencia, con Mesa en La Habana, está bloqueada por un conjunto de exigencias interpuestas por el gobierno de Iván Duque, las mismas que su contraparte denuncia como que no hacían parte de lo estipulado para abrir la negociación de paz entre las partes.

Este ataque, por tanto, favorece la pretensión oficial y lleva la Mesa a su final. alejando, al menos mientras cumple su periodo el gobierno encabezado por Iván Duque, una negociación de paz que lleve al final del conflicto armado en Colombia, proceso iniciado por el acuerdo logrado con las Farc.

El ataque sufrido por la instalación policial, por tanto, es una contradicción en sí misma, ya que durante meses la delegación del grupo insurgente para estos diálogos se negó a reconocer que la Mesa estaba moribunda, mucho menos que estaba muerta, manteniendo así viva la esperanza en una resolución dialogada a la guerra que afecta al país, desde décadas atrás.

 

Interrogantes

 

El atentado de la organización insurgente, de ser comprobada a plenitud, deja abierta diversidad de interrogantes para todas aquellas personas que están por la vida y en contra de la muerte y todo lo asociado a ella.

Entre ellos, resalta con fuerza propia, el favor que le hace este tipo de operaciones a un Gobierno que, más allá de anunciar medidas para contener el asesinato de dirigentes sociales y de activistas de los derechos humanos, no activa medidas efectivas. Es decir, este ataque ayuda a ocultar la violencia que está afectando a amplios sectores sociales populares de Colombia, la misma que ha significado el asesinato de cientos de activistas sociales en los últimos años, y no menos de 7 en los primeros días del año en curso.

Favores que también le dan aire a la demanda de más mano dura en Colombia, como desde meses atrás lo reclaman diversos sectores de partidos del poder, así como de algunos gremios económicos. Una “cacería de brujas” tendría así las manos desatadas, y con seguridad llegará, afectando las estructuras de todos aquellos que tratan de levantar alguna esperanza de cambio para los empobrecidos de nuestros país.

Acción que, de igual manera, entra como parte de la agenda contra Venezuela y las maniobras coordinadas en todo el Continente, con el impulso de los Estados Unidos, para dar al traste con el gobierno de Nicolás Maduro. Las voces que incluso preguntan por el gobierno venezolano como motivador de esta acción también se escuchan en Colombia. Su pretensión es obvia: motivar, incluso, una acción militar contra el país vecino. Las próximas jornadas de presión contra el gobierno venezolano, que ahora están en la fase de dualidad de poderes, darán luces sobre las implicaciones en la geopolítica de este tipo de ataques.

Son un tipo de presiones que se extienden al gobierno cubano, que dio alojamiento a las negociaciones de paz, presionado desde semanas atrás para que entregue al comandante de esa organización, Nicolás Rodríguez, de quien han reconocido fue recibido en la isla del Caribe para tratamiento médico y a quien el gobierno nacional no reconoce como negociador. Una denuncia de este país como terrorista podría también estar en curso, con todas las implicaciones que la misma depara en el plano global. Las manos de los Estados Unidos en cabeza de Trump, negado a darle vitalidad a las restablecidas relaciones entre las partes durante el gobierno Obama, estarían sacando provecho de ello.

Llama también la atención, como un nuevo factor en la historia colombiana –de comprobarse la sindicación del gobierno nacional– que un guerrillero llevara a cabo un ataque que en la práctica es suicida. Como se sabe, la filosofía de reclamar el derecho a justicia en toda sociedad se sustenta en el reclamo y defensa del más alto valor que hay en toda sociedad: la vida, en dignidad, y en ello no cabe la muerte, la cual puede suceder pero en combate entre dos o más partes, pero no de manera desprevenida, comprometiendo incluso la del propio actor del ataque.

Distinto sucede en organizaciones terroristas con fundamento religioso, donde incluso la inmolación es parte de sus propios ataques pues así cumplen de mejor manera un mandato divino. Por el contrario, en concepciones de izquierda, la felicidad, la vida plena, se concreta aquí y ahora. El mañana, en manos divinas, simplemente no existe.

Como año electoral que es el 2019, estos meses prometen, como lo anuncia de manera clara la sangre que corre como efecto del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y ahora de quienes cayeron en la Escuela General Santander, una espiral de muerte y dolor que en nada ayudará a que quienes habitan Colombia puedan gozar de paz y felicidad.

 

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26 de septiembre de 2018, periódico desdeabajo Nº250

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Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.

El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.

Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.

Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.

El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.

Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.

En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.

Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

Columna 11 de enero 2019

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta

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"Cerca del 40 % del presupuesto de Colombia se destina a la guerra y a la deuda”

El economista colombiano William Gaviria Ocampo hace una alarmante descripción de la situación que afronta el pueblo colombiano tras culminar la negociación de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

 

William Gaviria Ocampo es un economista y profesor universitario colombiano. Forma parte del movimiento sindical del país y desde hace más de 30 años en el que es dirigente del sindicato de Industria Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Además es el Fiscal Nacional de la Federación Colombiana de Sindicatos Bancarios, Fenasibancol, organizaciones que hacen parte de la red del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública en Colombia.


¿Cuál es la situación del pueblo colombiano respecto a la satisfacción de necesidades elementales?


Colombia ha sido un país privilegiado en América Latina porque es uno de los más ricos en biodiversidad, recursos naturales y producción de materias primas en el mundo. Es un país que tiene recursos para mantener a toda la población con una calidad de vida excelente. No obstante, históricamente ha sido un país saqueado y sometido por el Imperio y por los países que han tenido una posición dominante sobre el resto de los países del sur. Situación que ha llevado a que Colombia no le garantice una buena calidad de vida a su población. Por el contrario, los gobiernos que se sucedieron al poder en los últimos 50 años han implementado mecanismos para conseguir recursos de crédito y para garantizar el pago de la deuda.


También imponen una política monetaria y fiscal restrictiva en contra de la población, lo que hace que el saqueo a los más pobres se haya desorbitado y la concentración de la riqueza sea escandalosa. Según el Banco Mundial , qué es la misma entidad que coloca recursos de crédito para continuar desangrando a los más pobres, Colombia ocupa el vergonzoso y aberrante segundo lugar como país con una mayor desigualdad de América Latina.


¿Cuánto representa el presupuesto nacional en Colombia y cuál es la evolución de lo que se dedica para las fuerzas armadas y para la deuda respecto de servicios sociales esenciales?


Colombia tiene un presupuesto para 2018 de 235,6 billones de pesos equivalente a unos 80.000 millones de dólares, de los cuales una cuarta parte, 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dolares), están destinados al servicio de la deuda pública interna y externa. Al tiempo que para gastos militares se destinarán 31,6 billones de pesos, unos 11.000 millones de dolares. Cerca del 40 % del presupuesto colombiano se destina a la guerra y a la deuda.


Suena paradójico que después de haber suscrito un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el Gobierno colombiano siga incrementando el presupuesto para gastos militares. Si verdaderamente el objetivo del acuerdo fuera la paz, este presupuesto tendría que ser considerablemente inferior, para dedicar mayor cantidad de recursos a la educación, niñez, salud y otras necesidades fundamentales que la población requiere. Sin embargo, si se revisa el presupuesto, solo a manera de ejemplo, se puede encontrar que para el sector agropecuario, con relación al año 2017, que tuvo 2,9 billones de pesos, para el 2018 se redujo el presupuesto en un 20,5 % porque solo se destinarán escasos 2,3 billones de pesos (unos 793 millones de dolares). Cantidad abiertamente insuficiente para garantizar la restitución de tierras para reparar a las víctimas con los terrenos y baldíos que perdieron por el desplazamiento forzoso de campesinos que ocasionó la guerra.


Resulta apenas obvio que para el posacuerdo tendría que haber mayor inversión del Estado para dinamizar económicamente el sector productivo en el campo, lo que permite concluir que el proceso de paz del Gobierno no garantiza la inclusión ni justicia social en un Estado supuestamente democrático como Colombia.


¿Cuál ha sido la evolución de la deuda en los últimos años?


Primero hay que explicar que históricamente Colombia ha incrementado su deuda casi geométricamente. Entre los años 1976 y 2006, la deuda colombiana se duplicó cada diez años. Fue así como en 1976 era de unos 3.600 millones de dolares, en 1986 ascendía a 7.200 millones; en 1996 era de más de 16.000 millones de dolares y de 36.000 millones en el 2006.


Como consecuencia de la crisis de 1998, que fue desastrosa, la deuda en Colombia se duplicó en cinco años porque en 2011 ascendió a 72.000 millones de dolares y en 2017 a 124.000 millones, lo que demuestra que en menos de 10 años la deuda externa colombiana se triplicó. El saldo vigente de la deuda externa es el 40 % del PIB, situación preocupante porque a pesar de estar dedicando alrededor de 20.000 millones de dolares anuales al pago de la deuda, esta crece de manera galopante. Colombia está afrontando una crisis progresiva de la cual no va a salir en el corto plazo.


¿Cómo ves el panorama colombiano en el contexto del posacuerdo de paz respecto a cómo ha venido funcionando?


El conflicto armado que existió desde 1964 hasta el año pasado entre las fuerzas regulares del Estado y las FARC se degradó en la década de los setenta debido a que se crearon los grupos paramilitares con el auspicio del Estado a través de sus fuerzas regulares y el apoyo financiero y militar de muchos empresarios colombianos de las élites del poder económico. Degeneró en una guerra fratricida para la cual todos los gobiernos destinaron entre el 20 % y el 40 % de los presupuestos anuales desde la década de los años 60, incrementando el endeudamiento externo y desde los años 90 también el endeudamiento interno.


Aunque para que la población aceptara el proceso de paz con las FARC, el Gobierno siempre argumentó que al acabar el conflicto armado el presupuesto para la guerra se reduciría considerablemente, liberando recursos para la inversión social. Pero el presupuesto para 2018 demuestra que ese rubro sigue en ascenso: 59,1 billones de pesos (20.000 millones de dólares) y al mismo tiempo el propio Gobierno afirma que la puesta en marcha del posconflicto costará unos 80.000 millones de dolares en los próximos 10 años, que servirán para dinamizar y fortalecer cada uno de los sectores, de manera que se garantice el fortalecimiento del agro y la industria para mejorar el empleo y la educación entre todos los factores necesarios para que haya una paz viable y duradera. Esto permite suponer que el nivel de endeudamiento se disparará unos 10.000 millones de dólares anuales y que la política fiscal será más restrictiva, trayendo consigo un incremento de la carga tributaria que afectará a la población más pobre de Colombia.


Esta breve descripción de la situación colombiana permite afirmar que de 124.000 millones de dólares a los que asciende hoy la deuda externa, podrá subir a unos 220.000 millones en los próximos 10 años, porque a la necesidad de recursos para el posconflicto hay que sumarle dinero que se requiere para garantizar otras inversiones para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Así, la deuda externa en los próximos 10 años crecerá alrededor de 100.000 millones de dólares. Entonces hay que preguntarse, ¿quién pagará la deuda? Y la respuesta resulta elemental: el pueblo, que será víctima de la oleada de reformas estructurales que el Gobierno impondrá y que de hecho empezaron hace 2 años.


Hay que recordar que hace muy poco tiempo se le hicieron ajustes a la nefasta política de seguridad social en pensiones y que en el año 2017 se impuso una reforma tributaria que además de disminuir la base gravable para el impuesto de renta incrementó el IVA del 16 al 19 %, afectando a la población más pobre, incorporando al circuito tributario a millones de colombianos trabajadores que también tendrán que seguir declarando renta. Lo peor es que muy seguramente Colombia no se va a sobreponer de la desaceleración económica y la crisis que ha venido afrontando los últimos años y que se van a incrementar las vergonzosas desigualdad e inequidad que han profundizado las diferencias sociales en la historia reciente de este país.


Por Jérôme Duval, miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.

 

 

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