El capitalismo no marcha hacia atrás: la ofensiva conservadora en América Latina

Desde hace varios años que partidos y movimientos políticos de derecha han avanzado en la región, ya sea haciéndose con el gobierno o logrando imponer agenda. Lejos de querer retroceder en el tiempo, esta dinámica se inscribe en una nueva etapa del capitalismo mundial.


La excepción latinoamericana


Quizás la perspectiva nos hace perder el cuadro global, pero la oleada progresista y revolucionaria que vivió América Latina a comienzos del siglo XXI fue una excepción a nivel mundial. El neoliberalismo (fase superior del capitalismo de posguerra) siguió su expansión en todo el planeta.


En ese marco la impugnación política que sufrió ese modelo en varios países de la región, como se vio en el “no al ALCA” de 2005 y en diversas políticas redistributivas internas, supuso en la mayoría de los casos una continuidad respecto a la inserción de esas economías en el mercado mundial (como en los modelos neodesarrollistas de Argentina y Brasil). Pero aún incluso en los procesos más radicalizados como los de Venezuela y Bolivia, no se logró ir más allá de una confrontación parcial que nunca dejó de depender en gran medida del rol asignado a Latinoamérica en la división internacional del trabajo.


Los límites propios de los procesos latinoamericanos que no lograron avanzar y consolidar iniciativas soberanas conjuntas (como el Banco del Sur o el ALBA) que permitieran generar resortes contra las crisis económica mundial, terminaron siendo el campo fértil sobre el que se dio la ofensiva conservadora.
Ganamos las elecciones, pero igual perdimos


El mismo fin de semana que Mauricio Macri ganaba el ballotage, Joao Pedro Stédile -dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil- afirmaba en una charla en la Escuela Florestán Fernandes de Sao Paulo que en su país se habían ganado las elecciones, pero el pueblo había perdido igual. La referencia era al triunfo de Dilma Rousseff sobre Aecio Neves en 2014, que no impidió que por presión de sectores conservadores (dentro y fuera del gobierno) a mediados de 2015 se aplicara un ajuste brutal.


Es que el modelo económico, asentado sobre la lógica extractivista y de producción de materias primas, se mostró corto de horizonte en cuanto el mercado mundial comenzó a crujir luego de la crisis iniciada en 2007. Los capitales volvieron al centro y la restricción externa, acompañada de una devaluación de la moneda (tanto en Argentina como en Brasil) planteó un límite a la posibilidad de distribución del ingreso con una consecuente caída en el nivel de vida.


Como señalamos en noviembre de 2015, “esta crisis de los modelos neodesarrollistas también plantea que la alianza entre las burguesías locales y los sectores populares fracasó. Pero esta derrota del ‘capitalismo serio’ no fue una decisión de la clase trabajadora, sino de las propias burguesías”.


Fueron estas últimas las que, ante los primeros signos de retroceso de sus ganancias extraordinarias, le “soltaron la mano” a esas alianzas y los gobiernos que las impulsaban. En parte por eso las salidas a esos procesos fueron por derecha y no implicaron una profundización de los aspectos más progresivos de aquellos modelos.
La reforma laboral brasileña y el avance del capitalismo dependiente


La promesa de Mauricio Macri de que las inversiones iban a llover una vez que él fuera electo presidente tuvo el error de cálculo de no considerar los movimientos geopolíticos y económicos mundiales. Acertado en la política local -que le permitió ganar las elecciones-, pretendió aplicar un modelo económico que no tiene cabida ante la incertidumbre global.


Por eso el espejo de Brasil y su reforma laboral se muestra como un camino a seguir. Es que cuando se toma distancia de la primera impresión, esta no supone una vuelta al pasado. Por el contrario, la ley brasileña avanza en el sentido lógico de una economía capitalista dependiente.


La dificultades, producto del intercambio desigual entre los países industrializados y aquellos que son productores de materias primas, llevan a estos últimos -ante la imposibilidad de revertir la ecuación internacional- a compensar esa transferencia de valor de la periferia al centro dentro de sus propios territorios.


En los años ‘70, el teórico de la dependencia Ruy Mauro Marini, un sociólogo marxista brasileño, definió este mecanismo de compensación como “superexplotación del trabajo”.
En su texto Dialéctica de la dependencia (1973), Marini explicó que este modo específico de explotación se puede dar por tres factores: “El aumento de la intensidad del trabajo (...) logrado a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento de su capacidad de trabajo”; “la prolongación de la jornada de trabajo, es decir, del aumento de la plusvalía absoluta en su forma clásica”; y la posibilidad de reducir “el consumo del obrero más allá de su límite normal (...) implicando así un modo específico de aumentar el tiempo de trabajo excedente”.


El teórico brasileño también señaló que “esto es congruente con el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la economía latinoamericana, pero también con los tipos de actividades que allí se realizan”. Es que en la industria fabril “un aumento de trabajo implica por lo menos un mayor gasto de materias primas”, mientras que en la industria extractiva y en la agricultura “el efecto del aumento el trabajo sobre los elementos del capital constante son mucho menos sensibles, siendo posible, por la simple acción del hombre sobre la naturaleza, incrementar la riqueza producida sin un capital adicional”.


Si bien estos postulados no necesariamente se presentan “puros” en la realidad, las similitudes con la ampliación de la jornada laboral, reducción de derechos y aumento de la edad jubilatoria impulsadas por el gobierno de Michel Temer, resultan sorprendentes.


Para el capitalismo dependiente latinoamericano las condiciones de posibilidad de su existencia están dadas por reforzar esos mecanismos que buscan remunerar la fuerza de trabajo “por debajo de su valor”.


No vamos a volver


Ese es entonces el camino “viable” para la derecha latinoamericana que busca tomar la iniciativa. Pero también es una advertencia para quienes desde la vereda opuesta buscan plantear alternativas que -en palabras de Álvaro García Linera- abran una nueva “oleada revolucionaria”.


Retrotraer la situación a lo sucedido durante los últimos 15 años, no es una opción. Excede la voluntad: las condiciones económicas extraordinarias que generaron esas coyunturales alianzas de clases, ya no existen.
@SantiMayor

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Lunes, 26 Junio 2017 10:56

Chile, el Sistema de AFP fracasó*

Adriana Gómez

La reforma del sistema de previsión social adelantada en Chile a principios de los ochenta se convirtió en el modelo impulsado por los neoliberales en toda América Latina. Hoy se revela su fracaso, en toda su magnitud. Sin embargo, para dar al traste con el mismo, los trabajadores están en plena movilización en las principales ciudades; también cuentan con una propuesta alternativa para darle paso a un nuevo sistema de previsión, diferente a la que plantea el actual Gobierno.

 

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de condiciones. La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan:

Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quiénes los necesiten y prestar asistencia médica completa; Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones.
(Declaración de Filadelfia de la OIT, 10 de mayo 1944).

 

Una profunda crisis experimenta el sistema de pensiones instaurado en Chile bajo la Dictadura Cívico Militar en 1981 con la dictación del decreto ley 3.500, de 1980. Tras treinta y cinco años de aplicación de un sistema de ahorro individual, administrado por sociedades anónimas que lucran de su gestión, los peores temores avizorados desde su instalación se han confirmado.

 

Las cifras son elocuentes, al 31 de octubre de este año el promedio de pensiones por vejez, se desglosa de la siguiente forma: para 355 mil pensionados la pensión por retiro programado es de $119.490, para 167 mil pensionados por renta vitalicia, la pensión es de $298.331, y para el total de pensionados por vejez, que suman 545.624 compatriotas, la pensión promedio es de $191.972. Estas cifras paupérrimas no corresponden a un fenómeno coyuntural o extraordinario, son el resultado concreto de un sistema que jamás fue concebido para pagar pensiones. Todos los análisis coinciden en que el deterioro del monto de las pensiones constituye un fenómeno con manifiesta e irreversible tendencia a agravarse. Las propias conclusiones a las que arribó la Comisión Asesora Presidencial son concluyentes: “Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos años” (1).

 

Luego de un esfuerzo destacable efectuado por los chilenos para lograr que una parte importante de la población superara la línea de la pobreza, nos encontramos hoy en una situación trágicamente paradojal: el sistema de pensiones está reintegrando a situaciones de pobreza a sectores que la habían superado.

 

En efecto, una catástrofe social de incalculables efectos se provocará de no mediar cambios importantes en el corto plazo.

 

“En particular, si consideramos las 336.000 pensiones de Vejez por Edad que pagan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –retiro programado–, el 91% se encuentra “por debajo” de los $156.000, lo que equivale al 62% del salario mínimo nacional. Una auténtica catástrofe social, considerando que esta modalidad es la de mayor masividad en relación con el tipo de pensiones pagadas por el sistema privado” (2).

 

¿Qué pasará en los próximos 10 años? El panorama se ve aún más oscuro (3). “El 72% de los afiliados que tienen entre 60 y 65 años –se encuentran al borde de jubilar legalmente– acumula menos de $30 millones en su cuenta individual, por tanto, pueden autofinanciar a la fecha pensiones “menores” a $150.000 mensuales” (4).

 

“Por si fuera poco, la Comisión creada por la presidenta Bachelet, que estudió el sistema de pensiones (Comisión Bravo), calculó que la mitad de las personas que se jubilen entre 2025 y 2035 y que hayan cotizado entre 25 y 33 años exclusivamente en las AFP, tendrán una tasa de reemplazo menor a 22%”. “Vale decir, si usted en los últimos 10 años de su vida laboral registraba una remuneración imponible de $500.000, solo podrá autofinanciar una pensión “menor” a $110.000 (5).

 

El sistema de pensiones por capitalización individual está fracasado. Pocos se atreven hoy a refutar esta sentencia. Por tanto, el debate se enmarca en el carácter de las medidas para superarla.

 

No hay tiempo para continuar reformando este sistema

 

Los sectores que han usufructuado del sistema de AFP –que no son, por cierto, sus afiliados–, luchan denodadamente para que se introduzcan reformas paramétricas –no estructurales–, que mantengan lo sustancial del sistema que les ha permitido usar el ahorro previsional de los chilenos en su beneficio, y obtener por su gestión utilidades descomunales del todo impropias en el marco de la administración de la Seguridad Social. Pudieron lograrlo con la Reforma de 2008 (ley 20.255), la que no alteró las bases del sistema de capitalización, pensando bien intencionadamente que la agregación de un Pilar Solidario solucionaría defectos que ya, a esas alturas, eran evidentes. Las organizaciones sociales que hicieron oír sus propuestas en la denominada Comisión Marcel, que ya exigían cambios estructurales, no fueron oídas.

 

Todo parecía seguir igual, al punto que el tema de pensiones ocupó en el programa de un gobierno de ambiciones reformistas como el de Michelle Bachelet, un lugar muy desmedrado. Sólo se impulsaría una administradora de fondos de pensiones estatal que no modificaría las bases del sistema, sino que tan solo podría alterar aspectos secundarios del mismo. El viejo recurso de reformas, no apuntaba al fondo del problema, ni resolvían el creciente drama de los pensionados.

 

Emerge la protesta social. NO+AFP reclaman los chilenos

 

Es este escenario de indiferencia, la constatación palpable de las consecuencias de un sistema ineficiente, costoso e injusto, y la falta de respuesta del sistema político, hace que la indignación de la población se manifieste. Es así como nace la Coordinadora Nacional NO+AFP. Es en 2013 cuando diferentes organizaciones sindicales, de diversas área de la economía, públicos y privados, confluyen para dar inicio a esta instancia, que se propone como único fin, luchar por un Sistema de Seguridad Social, lo cual supone acabar con las AFP pues son la antípoda de los sistemas previsionales solidarios.

 

El tema de las pensiones deberá ser abordado, por más que irrite las cómodas agendas de quienes lo soslayaron. Hay un pueblo expectante que reclama una solución de verdad y que no está dispuesto a que sean las AFPs, ni los grupos empresariales que se aprovechan del sistema, los que pongan los márgenes.

 

Las AFP son dispensadoras de un servicio ineficiente por el cual cobran altas comisiones, en consecuencia, tratándose de sociedades anónimas mandatadas por Ley para cumplir un determinado propósito, no están habilitadas para participar de un debate de política pública.

 

Se pide una discusión democrática acerca del sistema de Seguridad Social que requerimos, de las prestaciones y esfuerzos que ello demanda. No serán las AFPs las que fijen la ruta de reforma; ni siquiera estos meros agentes de negocio son interlocutores válidos, esto deben decidirlo los trabajadores y trabajadoras.

 

Las técnicas de Seguridad Social deberán ser ponderadas en este debate, pero en su justo rol instrumental. Un sistema de pensiones requiere sustentabilidad financiera y un prudente y serio respaldo actuarial.

 

A lo que no estamos dispuestos es a preservar la distorsión de que la Seguridad Social se construya en función y para el mercado de capitales. No, la Seguridad Social debe adecuarse a las posibilidades económicas; pero, orientarse a su rol propio de dar amparo a las personas en estado de necesidad. A tanto ha llegado esta distorsión cultural que no faltan quienes nos asombran al decir que el sistema de AFPs ha funcionado bien. Se refieren, tal vez, a las inversiones, olvidando que ha fallado en lo que es su finalidad esencial de otorgar pensiones suficientes.

 

La dictadura destruyó la Seguridad Social

 

El sistema chileno formado desde principios del siglo pasado, no obstante sus importantes logros, tuvo un desarrollo irregular generador de una profusión de entes gestores y normas reguladoras que hacía imposible modernizarlo de acuerdo a las nuevas concepciones de Seguridad Social emergentes. Se había dado espacio a formas de discutible solidaridad, en que grupos de presión lograron prestaciones preferentes en desmedro de un diseño uniformador y más justo.

 

Los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva y Allende intentaron modernizar la Seguridad Social, pero salvaguardando siempre su principio esencial: la solidaridad. Incluso en la Dictadura, un sector que se reclamaba de una visión más nacionalista, intentó en 1975 una reforma que respetaba el derecho de los trabajadores a gestionar su sistema de pensiones en entidades sin fines de lucro, con un sistema de reparto que solo de manera complementaria acogía la idea de capitalización individual.

 

En 1979 la Dictadura Cívico-Militar, dominada ya por los sectores neoliberales, dicta el decreto ley 2.448 que elimina las pensiones por antigüedad, salvo para FFAA y de Orden que mantienen su sistema de privilegio, y uniforma los requisitos para acceder a la pensión de vejez.

 

Con esa normativa era perfectamente factible normalizar el sistema antiguo, manteniendo el respeto a la solidaridad. Incluso, el analista Rodrigo Cerda ha estudiado que el sistema de reparto antiguo –con todas sus incongruencias–, tenía viabilidad sin necesidad de ninguna reforma paramétrica por cuarenta y cinco años más (6).

 

Pero, sin embargo, se opta por un camino diametralmente apartado de la Seguridad Social y se instala lo que hoy motiva el drama de los chilenos que han jubilado o se aprontan a pensionarse.

 

Como modalidad de financiamiento se recurre a la capitalización individual, mecanismo fracasado en el mundo y que no cumple con lo que es esencial a la Seguridad Social, como es la solidaridad. Es unánime en los tratadistas de Seguridad Social el repudio a un sistema que, además de su alto nivel de volatilidad y riesgo, en lo conceptual y práctico castiga a quienes no tienen capacidad de ahorro, reproduce la desigualdad, es perfecto espejo de una sociedad injusta que la Seguridad Social debe orientarse a corregir y no solo a fotografiar.

 

En las prestaciones se elimina el concepto de prestaciones definidas o aseguradas. Las AFPs no se obligan a otra cosa que a devolver, bajo la forma de pensión, lo ahorrado más su rentabilidad, si la hubiere. Sin embargo, el sistema se vende a la población, entonces bajo una feroz Dictadura, haciendo promesas que han demostrado ser gravemente frívolas y mentirosas. Se anuncia con una publicidad que no era posible contrarrestar, debido al control militar, que el sistema generaría un milagro, otorgaría pensiones cercanas al 70 o 100% del último ingreso con una contribución sustancialmente más baja. Respecto de esto último se fija una cotización del trabajador cercana al 10% de la remuneración mensual, liberando al empleador de toda carga previsional en la materia. O sea, con un costo cercano a la mitad, este sistema “milagroso” generaría pensiones superiores al doble de las que se obtenían.

 

El fracaso estaba anunciado

 

Los cálculos que se hicieron –si se hizo alguno–, revelan una superficialidad criminal. No se tomó en cuenta la realidad chilena, sino que se construyó en el laboratorio un Chile irreal, absolutamente distante de lo que estaba sucediendo y de lo que podría pasar. Los creadores de esta contrarreforma no podían desconocer que el “Boletín de Estadísticas del Servicio de Seguro Social” indicaba que la densidad impositiva de los obreros era tan baja que impedía a una alta proporción cumplir con los requisitos que imponía la ley 10.383. Nada de esto parece haberle importado a los promotores de las AFPs, si se repara que cometieron la crueldad de exigir 20 años para acceder a una pensión mínima con garantía estatal. Estudios previos, ratificados en el Informe Marcel, determinaron que sólo el 2% de las personas que necesitarían pensión mínima, cumplirían tal irreal requisito.

 

“La diferenciación de la edad de jubilación entre hombres y mujeres fue trasladada desde el antiguo sistema previsional al nuevo en la reforma de 1981. No obstante, esta diferenciación tiene implicancias totalmente distintas sobre los beneficios que obtienen las mujeres en ambos sistemas. En efecto, en el antiguo sistema la menor edad de jubilación fue introducida como un beneficio especial, compensatorio del trabajo reproductivo de la mujer. En particular, se buscaba reducir la edad de jubilación en proporción al número de hijos. En aquel sistema, en que las pensiones se calculaban con base en las últimas rentas en actividad, éste era un beneficio real, pues reducía en cinco años el tiempo de trabajo de la mujer sin merma en el monto de su pensión” (7).

 

“En el sistema de capitalización individual, en cambio, al calcularse las pensiones para que el fondo acumulado cubra el período de sobrevida, una menor edad de jubilación significa una rebaja importante en la pensión, pues el fondo acumulado durante un período más breve debe financiar una pensión durante más tiempo. Esto reduce el monto de las pensiones entre 30% y 40%. Esta importante diferencia sólo se amortiguaría con la protección de la garantía estatal de pensión mínima, en el caso de mujeres que reúnan el requisito de 20 años de cotizaciones. Sin embargo, debido a la magnitud de las lagunas previsionales de la mayoría de las mujeres, esta protección ha terminado siendo muy limitada” (8).

 

La idea de los “reformistas” es que se produciría un fuerte estímulo por cotizar por los montos reales y se reduciría la evasión; que la incorporación al mundo laboral sería temprana; que se mantendría un cierto estilo fordista con estabilidad en el trabajo, que las remuneraciones crecerían progresivamente, y que se jubilaría con una alta densidad y con un ahorro sólido multiplicado por rentabilidades notables.

 

La realidad había sido, era y sería diametralmente distinta. Ya la crisis de 1975, en que se destruyó la industria nacional, generó cesantía y bajos salarios (que influyeron en el cálculo de bonos de reconocimiento subvalorados para quienes se cambiarían al nuevo sistema). La crisis del 82-83 dañó irreversiblemente cualquier esfuerzo de ahorro y capitalización en la década de los 80, con una cesantía que superó el 30% y con un ataque brutal a los salarios que cayeron en esos años en más de un 20%. Ello, sin considerar, empleos para muchos chilenos bajo la forma extremadamente desregulada y miserable del PEM y POJH (9).

 

La ilusión de salarios progresivamente crecientes, por otra parte, también fue una ilusión inexplicable –o burla cruel–, en la medida que el Plan Laboral del mismo José Piñera de 1978 había maniatado al movimiento sindical, severamente reprimido de toda posibilidad de negociación colectiva seria.

 

Es decir, las AFPs fueron instaladas en un contexto de total precariedad laboral, total desregulación y bajo una sistemática represión contra el movimiento sindical que lo dejó en una extrema orfandad, vulnerable a los ataques de la dictadura Cívico-Militar.

 

Todo lo dicho habla de un sistema de pensiones que carecía de toda seriedad y confirma que la reforma estuvo muy lejos de querer dotar a los chilenos de un sistema de retiro decente.

 

¿Importaban a los “reformistas” realmente las pensiones? ¿Importaban las personas?

 

La historia nos indica que se trató de un objetivo subalterno, muy apartado de los reales objetivos del drástico cambio ocurrido en 1981. El verdadero objetivo de la reforma de 1980 fue, ni más ni menos que el de llevar a cabo la más osada, cuantiosa y espectacular privatización: “la del manejo de los recursos previsionales”, y colocarlos al servicio del desarrollo del mercado de capitales.

 

El inmenso volumen de recursos con que operaba el sistema antiguo de pensiones pasó a ser gestionado por privados, a través de administradoras con fines de lucro y compañías de seguros, también privadas y con la finalidad de obtener ganancias.

 

Lo realmente novedoso fue que la Reforma de 1981 quebrantó la normativa de los convenios de la OIT –ratificados por Chile–, que impugnaban la intervención del lucro en la gestión de la Seguridad Social. La misma violación efectuó al eliminar del todo el aporte empresarial, previsto como esencial en tales convenios y al excluir a los trabajadores de toda injerencia participativa en la administración.

 

El sistema se fundó en una pretendida competencia que generaría costos razonables de administración para los trabajadores. A poco andar, la pretendida competencia se demostró que no era sino una falacia y desde 1981 las AFPs han cobrado comisiones explícitas y ocultas que desbordan lo imaginable.

 

Mientras los sistemas de Seguridad Social se mueven en costos de administración que fluctúan entre el 5% - 10% de sus ingresos por cotizaciones, las AFPs, ante la indolencia de las autoridades, han cobrado entre un 20% - 30 % de lo que se ingresa por cotizaciones.

 

Este cobro escandaloso explica sus groseras utilidades.

 

Aparte de esta verdadera expoliación, gran parte de los pensionados ha debido soportar otro capítulo de expropiación de su patrimonio: el pago de los gastos de comercialización, publicidad, administración y ganancias de las compañías de seguros en el caso de rentas vitalicias.

 

Puede afirmarse que los trabajadores han pagado durante estos 35 años inútilmente parte importante de su esfuerzo previsional para enriquecer a AFPs y compañías. de seguros. Una destinación de esos mismos recursos a un sistema que no se hubiera apartado de la Seguridad Social y no hubiera transformado las pensiones en un negocio, nos tendría, sin lugar a dudas, en una situación sustancialmente mejor.

 

Pero la privatización no fue aprobada solo para abrir un nicho de negocios a grandes empresas –cinco de las seis AFPs están hoy en poder de transnacionales–, sino para que el dinero que antes manejaba el Estado con un solo fin –financiar pensiones–, se inyectara a un mercado de capitales incipiente y generara para las grandes empresas un acceso al crédito barato.

 

Si se mira con perspectiva la Reforma de 1981, lo que se pretendió y logró fue privatizar el manejo de los cuantiosos recursos previsionales, rebajar sustancialmente el costo de la mano de obra estableciendo una ventaja comparativa –la mayor explotación del trabajador–, para competir en la nueva estrategia de apertura del comercio, excluir a los sindicatos y otras organizaciones del tema previsional, transformándolo en una cuestión estrictamente individual y entregar un sistema de pensiones basado en cálculos irreales, falacias y propaganda que hoy muestra su quiebra social.

 

Y no es todo. Chile tenía un sistema de pensiones por reparto en estado de régimen, maduro, que debía seguir siendo financiado. Se agregaba a ello que los militares, desvergonzadamente, se habían auto excluido del sistema que imponían al resto de los chilenos, manteniendo un sistema privilegiado de altísimo y creciente costo, debido a las formas de cálculo preferentes de pensión, el carácter marcadamente prematuro de las jubilaciones, y un sistema de pensiones de sobrevivencia muy favorable, totalmente a tono con la realidad del Siglo XIX.

 

El denominado costo de la transición

 

Para concluir, con la baja brutal del costo de las cotizaciones, publicidad desmedida e imposible de contrarrestar, e imposición incluso directa, más de un millón de afiliados del sistema antiguo se traspasó a las AFPs generando al Fisco un nuevo ítem importante de gasto, como lo es el pago de los bonos de reconocimiento que pretendían compensar las cotizaciones en el régimen antiguo de los que se cambiarían a alguna AFPs.

 

“El gasto originado por la transición iniciada en 1981 (bonos de reconocimiento, déficit operacional y garantía estatal de pensión mínima) llegó a ser casi un 5% anual del PIB en 1984; este gasto ha ido disminuyendo a medida que se han pagado la mayor parte de los costos asociados al cambio del sistema. En valor presente, el costo de la transición fue estimado en el equivalente a 136% del PIB de 1981 y ha sido asumido por el Estado mediante una combinación de reformas tributarias, recortes de gastos y emisión de deuda. El gasto para cubrir el déficit operacional llegó a 1,6% del PIB en 2012 (Informe de Finanzas Públicas de 2014) y se espera que al 2025 los gastos de tipo transitorios disminuyan al 1% del PIB, según proyecciones de la DIPRES. El costo total de la transición de la reforma estructural se proyecta a 2,7% del PIB en 2025 y no desaparecerá hasta 2050, tomando 70 años para extinguirse, más que las proyecciones originales” (10).

 

Este costo, en definitiva, lo han soportado las mismas generaciones que hoy observan con espanto sus bajas pensiones, por la vía de mayores impuestos o menores servicios del Estado. Basta recordar cómo el Estado en la década del 80 deterioró sensiblemente los servicios públicos, al tiempo que fue de manifiesta inactividad en mantenimiento y construcción de infraestructura.

 

En términos concretos, estas generaciones han soportado desde 1981 un doble esfuerzo: soportar el altísimo costo de la transición y ahorrar para su propia pensión. Es un elemento más de legitimidad de sus demandas por pensiones dignas.

 

 Le Monde diplomatique edición Colombia, N°167, junio de 2017, p.6

 

 

 

* Tomado de: Nuevo Sistema de Pensiones para Chile, Editorial Aún creemos en los sueños, Santiago de Chile, 2017. Se conserva su redacción y estilo.
1. Informe Final. Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. 2015, p. 91.
2. Kremerman Marco, Durán Gonzalo, Gálvez Recaredo. Fundación Sol. Opinión, “¿A quién sirve el Negocio de las AFP?”, julio 2016, El Mostrador.
3. Ídem.
4. Ídem.
5. Ídem.
6. Documento de Trabajo: “Pensiones en Chile: ¿Qué hubiese ocurrido sin la Reforma de 1981?”, Rodrigo Cerda, Profesor del Departamento de Economía, PUC, mayo 2006.
7. Informe Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional. Comisión Marcel. 2006
8. Ídem.
9. Programa de Empleo Mínimo (PEM) Programa de empleo creado por la dictadura y puesto en práctica en marzo de 1975, con un salario equivalente a un tercio del salario mínimo. Aunque originalmente fue propuesto como transitorio para enfrentar la crisis económica, se mantuvo entre 1975 y 1988.
Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH). Programa de empleos creado en octubre de 1982 por la dictadura, su objetivo era auxiliar a las familias más necesitadas producto del alto desempleo. Solo en Santiago, en mayo de 1983, el POJH empleó a más de 100.000 trabajadores. El empleo se caracterizaba por los bajos sueldos. El trabajo estaba orientado a limpieza de plazas, pintado de muros, etc. En noviembre de 1983 alcanzó el número más alto de ocupados; 228.491 personas.
Ambos empleos estaban desprovistos de todas las garantías que la normativa internacional exige como mínimas para el trabajo. Sin previsión de ninguna naturaleza y total desprotección social. Fue considerado por muchos como una forma brutal de esclavitud asalariada.
10. Informe Final Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, 2015, p. 58.

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La pensión: una ilusión de difícil materalización en Colombia

En Chile ya hizo agua, en otros países da señales de lo mismo, y Colombia no es la excepción: allí donde se privatizó el sistema de pensiones, los Fondos creados para tal fin amasan fortuna mientras los trabajadores cotizantes escasamente acceden a una pensión. Desventajas de un negocio que no debe existir. La realidad colombiana en detalle.

 

No cesan en su exigencia. Desde hace 7 años, con el inicio del primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), el poder financiero demanda una reforma al régimen pensional vigente en Colombia. El entonces ministro de trabajo, Rafael Pardo Rueda, dio respuesta a la demanda con una propuesta llamada de pilares:  primer pilar, sistema público (reparto) hasta un salario mínimo, de ahí para arriba, un segundo pilar basado en el ahorro individual y administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los banqueros, que eran los dueños de las AFP no estuvieron de acuerdo: querían que el sistema público se acabara del todo.

 

Desacuerdo congelado por la coyuntura nacional y los afanes gubernamentales, donde el protagonismo lo copó, en un primer tiempo las negociaciones de paz con las Farc y luego la urgencia de la reforma tributaria. Pero superados tales “escollos” los banqueros de nuevo exigien la aplazada reforma pensional. Así lo enfatizaron en reciente foro organizado por su gremio, realizado los días 20-21 de abril y que tuvo por sede a la ciudad de Cartagena. Santos respondió que sí, pero que primero habría que crear una Misión. Es obvio que la intención del mandatario es dejarle este espinoso problema al próximo gobierno.

 

Pero, ¿cuál es el afán de los banqueros? Están preocupados con su negocio pues desde hace un tiempo para acá es inocultable la desbandada que sufre el sistema privado de pensiones, cuyos afiliados se percataron del fraude que viven. No es para menos, les ofrecieron oro y ahora ni cobre reciben: a pesar de cotizar de manera regular durante todas las semanas correspondientes, más de la mitad de ellos no logra pensionarse. Aquellos que acceden a pensión logran, en el mejor de los casos, sólo un pago equivalente a la cuarta parte del ingreso sobre el que cotizaron, el que más adelante se reducirá a una renta vitalicia de un salario mínimo. Casi doscientos mil afiliados se trasladaron a lo largo del 2016 a Colpensiones, como se puede apreciar en la gráfica adjunta.

 

 

Sin escrúpulo ni ánimo social alguno. Los grupos económicos, a través de los diferentes gremios que representan al sector financiero (Asofondos, Anif, Asobancaria y Fasecolda), ante su incapacidad para atraer y conservar un número creciente de trabajadores cotizantes y por tanto, ante la reducción de sus ganancias, exigen marchitar el sistema público de pensiones, o lo que es lo mismo, que éste no reciba más afiliaciones. Según su despropóstio, de ahora en adelante todos los cotizantes deben ir al sistema privado. Porque según ellos el alto costo fiscal y los privilegios del sistema público son insostenibles. El eco para su demanda llega a través de los medios de comunicación, que repiten tal discurso, bien porque son propiedad de estos grupos económicos, o bien porque les pagan la pauta publicitaria.

 

Argumentos falsos. El alto costo fiscal es culpa de las AFP, y en el sistema público los privilegiados no es la nota preponderante ya que el 92 por ciento de los pensionados están por debajo de cuatro salarios mínimos. Pero en realidad este no es el principal problema del sistema pensional colombiano –lo que retomo más adelante–, el problema vital es que en Colombia la mayoría de su población trabajadora no logrará pensionarse.

 

Para la muestra un botón. En la actualidad sólo el 23 por ciento de la población de más de 65 años está pensionada, cobertura que era mayor antes de expedir la ley 100 de 1993, la cual privatizó el sistema de pensiones. Para colmo, las proyecciones señalan que de mantenerse las tendencias actuales la cobertura se reducirá al 9 por ciento en el largo plazo. Valga resaltar que un escaso 31 por ciento de la Población Económicamente Activa es cotizante y de esa proporción solo el 30 por ciento se pensionará.

 

La caída en la cobertura, es claro, no es un efecto de la reforma de las pensiones en sí, sino que refleja con toda claridad el debilitamiento del vínculo salarial, proceso estimulado por una serie de normas que flexibilizaron en Colombia el contrato laboral. La ecuación es sencilla: la cotización nace del salario. Realidad que al principio los neoliberales no comprendieron o simplemente no aceptaron, fuera de toda realidad soñaban con una cotización desligada de la relación salarial. Ha transcurrido más de un cuarto siglo desde el inicio del proceso de desregularización laboral (Ley 50 de 1990), y es posible verificar la disminución de la fidelidad a la cotización. De acuerdo con los datos de la Superintendencia Financiera a diciembre del 2016 solo el 39,6 por ciento de los afilados al sistema eran considerados como cotizantes activos, es decir con una mora de menos de 6 meses. Hay que recordar que antes de la ley 100 más del 90 por ciento de los afiliados eran cotizantes activos.

 

Ahora los representantes del sistema financiero privado reconcocen, así no les guste, que el principal problema para el régimen pensional es la informalidad laboral, como lo expresa el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro**. Otro problema acá es que los negociantes del ahorro pensional consideran que la formalización del trabajo se logra flexibilizando más el mercado laboral, por lo que piden, en concreto, que continúe el desmonte de las prestaciones sociales y la reducción del salario mínimo.

 

El costo fiscal

 

Un cuestionamiento falso. Los negociantes de la vida de las personas mayores que logran pensionarse ocultan, al momento de controvertir el sistema público de pensiones, que mientras la carga de los pensionados está en sistema púbico, los activos financieros están en el privado: las obligaciones están en un lado y el ahorro financiero en el otro. Las cifras al finalizar el 2016 son las siguientes: 1) El 92 por ciento de los pensionados estaban en el régimen de prima media (1.3 millones), mientras los fondos privados sólo tenían el 8 por ciento restante (0.12 millones). 2) Los privados concentraban activos financieros por $196 billones (22% del PIB), y tenía afiliada a la población joven en etapa de cotización, mientras que el régimen público presentaba agotamiento de reservas y tenía afiliada población en edades superiores a los 40 años.

 

Contradicción que es necesario superar. No es sostenible un sistema integrado por un esquema de regímenes en competencia, donde uno es el que recibe y gestiona las contribuciones en la mayor parte de la etapa de aportes, mientras que el otro es el que se hace cargo del pago de pensiones. Esto necesariamente tiene que generar un costo fiscal.

 

Existen otros costos fiscales, causados por los Fondos Privados, que generalmente no se mencionan. De un lado, el Presupuesto Nacional deberá asumir: la garantía de la pensión mínima, completarles a las aseguradoras el ajuste del salario mínimo realizado por encima de la inflación, y pagar el valor de los bonos pensionales. De otro lado, a finales del 2016, $77 billones de los activos de los Fondos privados estaban colocados en bonos de deuda pública (internos y externos), que en el futuro el Fisco tendrá que redimir para pagar las pensiones. Este sí se es un pasivo pensional exigible al cien por ciento, mientras que el pasivo del sistema público está suponiendo que todos los afiliados se van a pensionar, lo cual no va a suceder.

 

En cuanto a los privilegios del sistema público, el 76 por ciento de las pensiones están por debajo de dos salarios mínimos y el 92 por ciento por debajo de cuatro. Mientras que las pensiones por encima de veinte salarios mínimos son el 0.4 por ciento, es decir cuatro milésimas. Este es el caso de las pensiones de los magistrados y los miembros de Congreso, que si bien se trata de pensiones aberrantes, es un problema altamente simbólico, pero no es la causa estructural del sistema. En el debate se toman estos casos y se generaliza para criticar el sistema en su conjunto. Pero el 99.6 por ciento de los pensionados del sistema público cotizaron, y dieron su vida produciendo la riqueza social de la cual disfrutamos, y es justo que tengan su pensión. Ellos no son el problema, el problema es la gran mayoría de colombianos que no están pensionados o no lograran pensionarse.

 

Finalmente, afiliarse a un Fondo Privado de Pensiones resulta ser una mala decisión. En estos, en el mejor de los casos, la pensión que se recibe no alcanza a ser el 25 por ciento del ingreso sobre el que se cotiza (tasa de reemplazo), y si la persona es longeva, al final recibirá a través de una compañía de seguros una renta vitalicia de un salario mínimo, así la cotización se hubiere hecho sobre ingresos altos. Un salario mínimo cuando las limitaciones físicas serán mayores y las demandas de atención aumentarán de manera exponencial.

 

Una privatización en el régimen pensional que deja una estela de amarguras en numerosos hogares. Hasta la fecha hay más devoluciones que pensionados: confirma la Superintendencia Financiera (por requerimiento realizado), que desde marzo de 2011 hasta abril de 2016, alrededor del 55 por ciento de las solicitudes de pensión fueron negadas, con derecho a devolución de saldos, porcentaje que es igual a 90.814 afiliados a quienes los Fondos Privados han devuelto sus saldos sin alcanzar su derecho a pensión. Es decir, son más las personas a quienes les han devuelto saldos que aquellas que han obtenido alguna renta de jubilación, que para la misma fecha eran 84.970. ¿Qué significa esto? Que las personas que reciben las devoluciones perdieron para siempre el derecho a la pensión, porque en la etapa final de su vida productiva quedan con cero semanas de cotizaciones y cero ahorros.

 

Estamos ante una realidad que no puede pasar indemne. La devolución de saldos plantea fuertes cuestionamientos sobre la capacidad del régimen privado de cumplir su objetivo para el que fue creado. En este sentido, sorprende que se haya convertido en un factor de mercadeo de las Administradoras frente a los afiliados al exaltar que los saldos se devuelvan con capitalización de intereses, lo cual se debería llamar sistema de ahorro con grandes descuentos, y no un sistema de pensión. A la cuenta de ahorro sólo va entre el 63 y el 71 por ciento de los aportes que efectúa cada afiliado, y cuando éste no puede hacer los aportes, en los meses que carece de trabajo, le sacan comisión de administración de lo que ya tiene ahorrado.

 

Realidad que debe sensibilizar a la sociedad colombiana para que exija, en primera instancia, transparencia, acceso a toda la información, apertura y explicación del proceso vivido, junto con sus resultados, en este cuarto siglo de privatización del régimen pensional en Colombia, así como revisión de otros modelos de pensión exitosos y fracasados por todo el mundo. Que no se escuchen solamente las voces del poder financiero, que sin reparar en las consecuencias de su voraz apetito de ganancias, compra a la tecnocracia y a los medios de comunicación.

 

Así debe ser porque se trata de un debate que concierne a toda la sociedad en tanto en ello está en juego su futuro.

 

Para comprimir aún más

 

La Ocde presentó el estudio económico sobre Colombia en mayo pasado (http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia-2017-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf), y allí no habla de aumentar la edad de las pensiones. Quien así opina, con amplio eco en los medios de comunicación oficiosos, es un funcionario de un organismo financiado por la entidad. Lo que se señala en el estudio es continuar flexibilizando el mercado laboral reduciendo beneficios a los trabajadores. Ahora se pide restringir los beneficios del subsidio familiar canalizado a través de las Cajas de Compensación Familiar, y moderar el aumento del salario mínimo. Lo que resulta extraño de estas recomendaciones es que en la gran mayoría de los países de la Ocde, que supuestamente se caracterizan por buenas prácticas económicas, tienen subsidios familiares más generosos de los que existen en Colombia, y un salario mínimo mayor.

 

Con seguridad, estas “recomendaciones”, además de las opiniones del funcionario en cuestión, alimentarán de nuevo presiones por concretar reformas de diverso tipo con la supuesta bondad de mejorar el desempeño económico del país. Sus afectados directos e indirectos no debieran permanecer pasivos.

 

Le Monde diplomatique edición Colombia, N°167, junio de 2017, p.4

 

**Discurso pronunciado en la clausura Congreso de Asofondos http://asofondos.org.co/sites/default/files/Discurso%20de%20Santiago%20Montenegro%20Clausura.pdf 

*Economista, profesor universitario.

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Una huelga general desafía las reformas del Gobierno brasileño

Los sindicatos logran el apoyo a la protesta de la Iglesia y de algunos aliados políticos del presidente, Mchel Temer, hundido en las encuestas


El Gobierno de Brasil se juega su futuro en los próximos días. Asediado por los escándalos de corrupción y hundido en las encuestas, el presidente, Michel Temer, lo ha apostado todo a un programa de reformas que incluye un cambio en las leyes laborales y un recorte en el sistema de pensiones. Los sindicatos han decidido desafiarlo en la calle y este viernes lo someterán a una prueba de fuego con la convocatoria de una huelga general que ha encontrado apoyos inesperados más allá del ámbito tradicional de la izquierda.


“La huelga general puede ser el test más difícil para el Gobierno”. Ese tuit es de hace cuatro años y se refería al Ejecutivo de Dilma Rousseff, la presidenta depuesta en septiembre pasado por una maniobra que colocó al frente del país a su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer. El autor de la frase, el empresario João Doria, es ahora el alcalde de São Paulo por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), uno de los principales apoyos de Temer. Doria se ha empeñado tanto en los últimos días en hacer fracasar la huelga que hasta ha llegado a un acuerdo con empresas de taxis para trasladar gratis a los funcionarios que deseen acudir al trabajo.


Lo que valía en 2013 para el Gobierno de Rousseff también vale ahora para Temer. La convocatoria de huelga es un examen decisivo que puede marcar el futuro de un presidente que en sus nueve meses en el cargo se ha enfrentado a una carrera de obstáculos de la que, por ahora, ha salido incinerado. La última encuesta de opinión conocida esta semana, del instituto Ipsos, señala que apenas el 4% de los brasileños apoya al Gobierno de centro derecha que se presentaba como el salvador del país ante la crisis económica y las sospechas de corrupción que sacudían al izquierdista Partido de los Trabajadores después de 13 años en el poder. La economía se ha ido recuperando y todas las previsiones indican que el PIB de Brasil crecerá levemente este año tras caer un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Pero la situación política ha seguido deteriorándose irremediablemente.


Al margen de la exhibición de poder sindical, la protesta de hoy será el primer termómetro para medir en la calle la posible incidencia de la difusión pública de la llamada delação do fim do mundo, las confesiones ante la justicia de los exdirectivos de la mayor constructora del país que han puesto al descubierto una monumental trama de corrupción. Las revelaciones han vuelto a golpear duramente al PT y a su líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, pero han dejado malherido a todo el sistema político. El Gobierno tiene a ocho ministros investigados por el Tribunal Supremo y el propio Temer se ha librado únicamente por la protección legal que le brinda la Constitución, pese a que la fiscalía general de la República constató la existencia de indicios contra él.


La reacción de Temer ha sido un intento de enterrar la corrupción acelerando un plan de reformas económicas que cuenta con el respaldo de los grandes sectores empresariales y de instituciones internacionales como el FMI. La reciente visita al país del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo que acudía a ver a un Temer con escasos apoyos políticos fuera de Brasil, sirvió para ilustrar el tamaño de la apuesta. Temer proclamó que su inspiración es Rajoy, y este le dio un consejo en público: que desoiga a la calle, olvide los posibles daños electorales y prosiga adelante contra viento y marea.


Los riesgos para Temer son enormes. Brasil es uno de los países americanos con mayor tradición sindical. La primera huelga general se remonta a 1917 y hace 73 años el presidente Getulio Vargas aprobó las leyes de protección al trabajo hasta ahora consideradas casi intocables. Incluso un sindicalista sin formación académica, Lula, logró a principios de este siglo alcanzar la presidencia del país. Al margen de esas raíces históricas, la convocatoria ha logrado apoyos que van más allá del mundo sindical. A ella se han adherido desde profesores de colegios de élite a algunos obispos, después de que la jerarquía católica brasileña criticase la reforma de las pensiones y hasta el papa Francisco enviase al presidente una carta afeándole algunos aspectos de su política. Como mínimo la paralización del transporte –incluido el aéreo- parece garantizada en las mayores ciudades.


Entre los que se suman a la protesta hay también aliados políticos de Temer. Y ese es ahora el principal de sus numerosos problemas. Aunque el miércoles logró aprobar inicialmente la reforma laboral, la primera gran modificación de las añejas normas de la época de Vargas, los partidos que le apoyan sufrieron deserciones. Para sacar adelante su gran apuesta, la revisión de las pensiones, necesita una mayoría cualificada. No le va a resultar fácil porque la medida es la que más contestación ha suscitado. Y un hipotético éxito de la huelga podría agravar las defecciones entre sus aliados.

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Formalizar precarizando y aumentar rentabilidad de Fondos Privados

Según la Superintendencia Financiera, en Colombia hay 1'337.723 personas pensionadas, de las cuales el 91% (1'246.643) están en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, o sea el régimen público; y el 9% (111.080 personas) en los fondos privados.

 

De los 6,4 millones de afiliados a Colpensiones solo cotizan 2,8 millones, mientras que en las Administradoras de Fondos Privados, de los 13,8 millones de afiliados, cotizan 6,2 millones [i].


Durante la instalación del X Congreso de los Fondos de Pensiones realizado recientemente en Cartagena, el presidente del consejo directivo de Asofondos, Miguel Largacha, planteó la importancia de una reforma pensional, así como medidas laborales para formalizar el empleo, dado que dos terceras partes de la fuerza laboral está en la informalidad, es decir no cotiza al sistema contributivo de la seguridad social. Asimismo, informó que los ahorros de los casi 14 millones de afiliados a los fondos privados ascienden a $199 billones, equivalente al 82% del presupuesto de la nación para este año.


Digamos que en principio es válida la propuesta de formalizar el trabajo para ir aumentando la cobertura pensional, pues hoy solo el 34% de los ocupados cotiza al sistema. El problema de la propuesta de Asofondos es que la formalización la fundamentan en el desgastado supuesto de que el empleo formal es resultado directo de la reducción de costos laborales, empezando por el desmonte de las contribuciones parafiscales.


La experiencia con las múltiples reformas laborales regresivas, como la ley 50 de 1990 y la ley 789 del 2002, entre otras, es que no solo no aumentaron el empleo formal, sino que en los años posteriores a la aprobación de la ley 50 la tasa de desempleo se duplicó.


Aparte de la baja cobertura de las cotizantes al sistema pensional, otros dos argumentos que esgrimen para sustentar la necesidad de hacer una reforma son la desigualdad y la insostenibilidad financiera del régimen público.


En relación con la desigualdad pensional, se señala que los mayores subsidios que brinda el Estado al sistema público se orientan al 8% de los pensionados, quienes reciben una mesada superior a cuatro salarios mínimos, mientras que el 70% de los pensionados ganan menos de dos.


Sobre la sostenibilidad financiera, se dice que el tamaño del déficit que debe cubrir el presupuesto nacional asciende a $38 billones, en el marco de unas finanzas públicas disminuidas por la caída del precio del petróleo, la devaluación y la débil dinámica económica. Sobre esto opino lo siguiente


1- La mejor reforma pensional es una política económica orientada a la generación de empleo con derechos, para así vincular al régimen contributivo a los desempleados y a los trabajadores que se encuentran en la informalidad y la economía del rebusque. Y, por otro lado, un ataque a la ilegalidad de los vínculos laborales de casi 4 millones de trabajadores en el sector privado y 1,5 millones de contratistas del Estado. La precarización para formalizar es una estrategia fracasada, además de las inequidades que implica
2- La desigualdad del sistema se debe acabar eliminando los regímenes exceptuados de los altos funcionarios del Estado y del Congreso. Es inaceptable que personas que cotizan por unos pocos años se beneficien de pensiones estrambóticas.
3- El hueco del sistema público que debe ser cubierto con recursos del presupuesto nacional obedece a los pocos cotizantes que tiene en relación con los pensionados que sostiene. El régimen de prima media se basa en el principio de la solidaridad intergeneracional, es decir, los trabajadores activos cotizan para pagar las mesadas de los pensionados. Para que el sistema sea viable deberían cotizar por lo menos unos 10 trabajadores por cada pensionado, y hoy en Colpensiones cotizan 2,2 trabajadores por cada pensionado.


El déficit fiscal de las finanzas públicas para este 2017 bordea los $30 billones, por lo que se necesita una reforma pensional que libre al presupuesto de la nación de asumir el déficit pensional del régimen público, y esto se logra fortaleciendo al régimen de prima media y debilitando el régimen privado de ahorro individual. Es decir, lo contrario de lo que quiere Asofondos.


La migración que en los últimos años se ha dado desde los fondos privados hacia Colpensiones ha sido superior a 600.000 personas. Esto porque los trabajadores vienen tomando conciencia del fraude que significa el Régimen de Ahorro Individual, donde la pensión es de difícil alcance y, si se logra, en el mejor de los casos sería del 30% del ingreso como asalariado, cuando en el Régimen de Prima Media es del 65%. A todos los trabajadores que les falte 10 años o más pueden aún hacer el traslado. Lo ideal sería que una reforma acabe con el fraude de los fondos privados y se rescate el sistema público.


4- Una reforma pensional como la quiere Asofondos y sus áulicos, en el sentido de aumentar la edad de retiro y del tiempo de cotización, de reducir la tasa de remplazo y debilitar el Régimen de Prima Media, y de hacer una reforma laboral para formalizar deteriorando las condiciones laborales, aumentará la rentabilidad de los fondos privados a costa de la pobreza de los trabajadores y la miseria de los ancianos actuales y futuros.


[i]Cifras de la Superintendencia Financiera con corte a agosto del 2016.

*Director de la ENS

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Argentina le planta cara al plan económico de Macri con una masiva huelga general

Gran éxito del primer paro general que se organiza contra el Gobierno de Mauricio Macri en sus casi 16 meses de gestión



Pocas estampas como las que se observan este jueves en la ciudad de Buenos Aires reflejan la realidad de lo que hoy sucede en Argentina.


Por un lado, la capital del país acoge por primera vez el Foro Económico Mundial para América Latina, que reúne a 1.100 representantes de Gobiernos y empresas con el presidente Mauricio Macri como virtual anfitrión. "Qué bueno que hoy estemos acá, trabajando", afirmó con sarcasmo el jefe de Estado en la inauguración del evento.


Frente a este escenario de trajes y corbatas ante el que el mandatario reivindicó un "diálogo interno y con el mundo para encontrar las mejores vías de desarrollo", el país parece vivir en otro eje de coordenadas.


Las ciudades se muestran vacías. Los comercios están cerrados, y el transporte está paralizado por completo, incluidos los aeropuertos, los trenes y los autobuses urbanos, de media y larga distancia.

El paro ha tenido una adhesión de más del 90%, han asegurado las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) en una de las primeras evaluaciones de la jornada.


La huelga general responde a "un modelo económico de exclusión y pobreza que lleva a priorizar la especulación financiera por sobre la producción, que endeuda al país sistemáticamente (40.000 millones de dólares sólo en 2016), y que pretende bajar la inflación a base de despidos, de suspensiones y de bajar los salarios de los trabajadores", indicó el secretario general de la CTA Pablo Micheli.

"Eso es precisamente", añadió el sindicalista, "lo que está discutiendo el presidente en este momento en el único lugar en esta ciudad en donde el paro tiene cero acatamiento, que es el mini Davos que ha convocado".


El Gobierno ha hecho gala de entender la situación al enviar a Gendarmería a las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires, que habían sido bloqueadas con piquetes por organizaciones sociales y por fuerzas de izquierda para impedir el ingreso a la capital.


Un grupo de maestras fue recibida con gases lacrimógenos en una de las autovías del Sur, según denunció Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).


Algunos manifestantes también fueron reprimidos con gas pimienta y camiones de agua por cortar la autopista Panamericana, que enlaza el Norte con la capital argentina. Otros fueron acusados de tirar piedras a los gendarmes. Al menos seis personas han sido detenidas.

Éste ha sido el despliegue del conocido protocolo antipiquetes, un manual de actuación lanzado por el Gobierno en febrero del año pasado que permite desalojar una movilización sin necesidad de una orden judicial que lo avale.


Con una inflación que en 2016 rondó el 40%, el nivel de conflictividad ha ido en aumento en las últimas semanas, espoleado desde los sindicatos de los maestros de la administración pública, que reclaman un aumento salarial del 35% para compensar la pérdida del poder adquisitivo, y que esta semana celebran su octavo paro nacional de 48 horas.

Un segundo varapalo ha recibido el Gobierno este jueves, mientras se recluye en el hotel de lujo que alberga el Foro Económico Mundial. Una jueza del ámbito laboral, Dora Temis, acaba de ordenar al Ejecutivo que convoque una discusión nacional sobre las subidas de sueldo que reclaman los sindicatos docentes.

Dado que las competencias de educación están transferidas a las provincias, el Gobierno se escudaba en que cada jurisdicción negociara con los gremios. Pero el Poder Ejecutivo está obligado por ley, desde 2006, a convocar a nivel nacional las denominadas paritarias (negociaciones) salariales.
El Gobierno, que pide paciencia, considera injustificable la huelga general. El índice de pobreza supera el 30%, sí, pero la economía ha subido por primera vez en nueve meses un 1,1% tras arrastrar una contracción del 2,3% durante 2016. Una amnistía fiscal impulsada por Macri ha conseguido regularizar 116.800 millones de dólares, todo un hito que reafirma la senda de recuperación.

Son los "brotes verdes" que ve el Gobierno argentino, aunque las calles opinen otra cosa.

BUENOS AIRES
06/04/2017 22:16 Actualizado: 06/04/2017 22:16

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En Santiago marcharon más de 350 mil personas, según el cálculo de los organizadores.

 

Bajo la consigna “No + AFP”, los manifestantes se desplegaron por las calles céntricas de las principales ciudades del país con carteles en los que señalaban su oposición al actual sistema de jubilaciones

 

Los chilenos volvieron a protestar masivamente contra la acción de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Miles se manifestaron para exigir el fin del sistema privado de pensiones en una movilización que fue pacífica e inundó las calles de las principales ciudades del país. Las AFP administran los fondos de pensiones de 10 millones de trabajadores y entregan pensiones bajísimas a sus afiliados, muy por debajo de la promesa original de retribuir el 70 por ciento del último salario. La marcha más multitudinaria se vivió en Santiago, donde según la Coordinadora “No+AFP”, que motorizó la convocatoria, se reunieron más de 350.000 personas. Los participantes pidieron el fin del Sistema de Capitalización Individual, que entrega la administración de los fondos acumulados por los trabajadores a las administradoras privadas.

Impuesto en 1981 por Augusto Pinochet y se mantiene hasta hoy como herencia de la dictadura, el actual sistema obliga a los trabajadores a cotizar el 10 por ciento de sus salarios a las AFP, que invierten los fondos en los mercados de capitales. La dictadura mantuvo el sistema de reparto para Fuerzas Armadas, Carabineros (Policía militarizada) y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones, mientras los jubilados en las AFP cobran pensiones equivalentes a entre un tercio y un 50 por ciento de los ingresos que recibían durante su vida laboral.

El creador de las AFP fue el ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del ex presidente conservador Sebastián Piñera, quien anunció la semana pasada que se postulará a un nuevo período presidencial. Según informes de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las jubilaciones en Chile asciende a 197.726 pesos (300 dólares), cifra muy inferior al sueldo mínimo, de unos 257.500 pesos (385 dólares aproximadamente).

A fines del año pasado, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó la ley de reforma de pensiones solidarias, iniciativa cuyo objetivo es aplicar un reajuste extraordinario del 10 por ciento al total de la pensión básica de vejez vigente, que pasaría de 93.543 a 102.897 pesos (152 dólares) mensuales. “Todos necesitamos pensiones más dignas para poder vivir como corresponde, en mejores condiciones, para poder ser un poquito más felices también”, dijo Bachelet. La mandataria había señalado que “Chile es un país donde las personas mayores son cada vez más, viven más y por lo tanto, requieren que, como sociedad, nos preparemos para priorizar su cuidado, responder a sus necesidades y darles un trato preferente”.

La ley fija de manera permanente la regla de cálculo del Aporte Previsional Solidario de Vejez, lo que supone que algunos beneficiarios no verán disminuidos los montos de sus aportes solidarios. Otro de los principales objetivos del Sistema de Pensiones Solidarias es la prevención de la pobreza en la tercera edad o en caso de invalidez.

La financiación de las prestaciones provienen de ingresos generales de la Nación, promoviendo el carácter solidario del beneficio, al que pueden acceder personas que no tuvieron participación en el régimen previsional o que realizaron pocos aportes en el sistema de pensiones contributivo. En esa línea, Bachelet afirmó que la ley, en referencia a los trabajadores, trata de reconocer sus derechos, garantizar que puedan vivir esa etapa de la vejez sin temor por la pobreza o por el desamparo. “Este ha sido un objetivo importante para mí como presidenta, en el que he puesto esfuerzos desde mi primer Gobierno”, señaló la jefa de Estado.

Una multitudinaria marcha, que congregó en todo Chile a dos millones de personas según sus organizadores, repitieron ayer que luchan por la finalización del sistema privado de pensiones. Bajo la consigna “No + AFP”, los manifestantes se desplegaron por las calles céntricas de las principales ciudades el país con carteles en los que señalaban su oposición al actual sistema de jubilaciones. La marcha, la cuarta desde el año pasado, fue la más grande de la historia, aseguró Carolina Espinoza, vocera del movimiento “No + AFP”. “Esto demuestra que Chile no va a parar hasta recuperar un verdadero sistema de pensiones”, agregó la dirigente estudiantil. En la capital, Santiago de Chile, los manifestantes se desplazaron a lo largo de la Avenida Bernardo O’Higgins, la arteria principal de la ciudad, y al pasar frente a La Moneda, la sede del gobierno, dejaron un ataúd de color negro para graficar la muerte de las administradores privadas.

Manifestaciones similares se repitieron en Valparaíso y en Concepción, entre varias otras ciudades, sin que se informara de incidentes. En tanto, Luis Mesina, uno de los máximos líderes del movimiento “No+AFP”, llamó a los afiliados a retirarse de las empresas que les administran sus fondos para la jubilación. “Con estas acciones, golpearemos el corazón del sistema y avanzamos en la dirección correcta, que es acabar con las AFP e instalar un sistema público de pensiones, solidario y para todos los chilenos”, subrayó el dirigente.

“Soy profesora y trabajé 43 años, pero los profesores actualmente están sacando una pensión de 170.000 pesos (250 dólares), que no les alcanza para vivir”, dijo la profesora retirada Mariela Calderón. “Es un sistema hecho a la medida de los empresarios, de los ricos de este país, un robo”, sentenció Miguel Placer, otro de los manifestantes.

 

 

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Un joven cruza en un patinete durante una manifestación en Río de Janeiro contra la reforma del régimen de jubilaciones propuesta por el presidente Michel Temer.

 

Más de 200.000 personas se manifestaron este miércoles en Sao Paulo contra la reforma de la jubilación del gobierno Temer que pone en jaque la pensión de millones de trabajadores. "La jubilación se queda, Temer se va" fue el grito más escuchado en las 22 ciudades en las que hubo protestas.

 

SAO PAULO 16/03/2017


A primera hora mañana del miércoles la mayor metrópoli del país estaba completamente parada. La huelga de los trabajadores del metro y de autobús, contra la reforma de la jubilación que quiere llevar a cabo el gobierno Temer, se hacía sentir en las calles con filas de coches que apenas podían moverse. En la estación de metro de Jabaquara (São Paulo) los funcionarios salían a explicar a quienes pretendían usar el transporte por qué no iban a trabajar este miércoles: "No queremos perjudicar a la población pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores". En vez de pitos, lo que suele pasar cuando se para el transporte público en la ciudad, los trabajadores que tenían que buscarse la vida para llegar sus puestos decidieron aplaudir a los huelguistas.

"Me da igual que la mañana haya sido un infierno, tenemos que parar esta reforma como sea", decía Adilon Oliveira, conductor de Uber, uno de los medios más usados a lo largo del día. Los atascos de la mañana parecían una premonición de lo que sería la manifestación que estaba convocada a las 16 horas en la Avenida Paulista bajo el lema de Contra la reforma del Sistema de Pensiones: reaccione ahora o muera trabajando. Al mediodía un colectivo de mujeres colgaba una pancarta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de São Paulo: "La jubilación se queda y Temer se va", decía el eslogan que horas más tarde se convertiría en uno de los vítores más repetidos.

Las manifestaciones se repartieron en 22 ciudades brasileñas, pero São Paulo fue la que logró sacar más gente a la calle. La avenida Paulista estaba completamente colapsada de banderas de sindicatos, asociaciones de estudiantes y mucho color rojo con la firma del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT), el brazo sindical de la sigla.

El ex presidente Lula fue una de las estrellas de la manifestación. A las siete de la tarde se subió a uno de los palcos de la avenida Paulista e instó a los brasileños a seguir "luchando" contra "el gobierno ilegítimo que quiere acabar con los derechos de los trabajadores".

 

49 años de trabajo para la pensión completa


Desde que Michel Temer se hizo con la presidencia del país, tras el polémico impeachment contra Dilma Rousseff, no ha habido una reforma que haya incomodado más a los brasileños que el Proyecto de Enmienda Constitucional PEC 287/16 que pretende modificar el sistema de pensiones. La reforma plantea cambiar la edad mínima obligatoria para jubilarse, aumenta el tiempo mínimo de contribución para recibir la pensión completa, y cambia la forma de calcular el valor del beneficio.

En Brasil no hay una edad mínima obligatoria para quien se quiere jubilar, el trabajador puede escoger entre jubilarse por edad o por tiempo cotizado. En la actualidad la jubilación por edad es de 65 años para los hombres, y 60 para las mujeres, con un mínimo de cotización de 15 años trabajados en el sector privado, o 10 años para los que han estado en el servicio público. Pero para recibir la jubilación íntegra necesitan un mínimo de 30 años cotizados, cada año a menos de esos 30, se les descuenta un 1% del valor de la contribución.

Con la reforma que propone el gobierno Temer se igualaría la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres y quedaría en los 65 años. Pero sólo podrían acceder a su pensión con un mínimo de 25 años cotizados (10 más que ahora). Para obtener la jubilación completa tendrían que tener cotizados 49 años (19 más que ahora) y por cada año menos de esos 49 también se descontaría un 1% del valor cotizado. En la práctica se podría decir que bajo el sistema actual si un hombre de 65 años se jubilara con 25 años trabajados, su pensión tendría un recorte del 5%. Pero con la nueva ley, este mismo hombre de 65 años, sufriría un recorte del 24%.

La idea de tener que trabajar 49 años para recibir la pensión íntegra es uno de los puntos del proyecto que ha provocado más revuelo. El otro tiene que ver con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), un salario mínimo que se le paga a deficientes y mayores de 65 años que nunca han contribuido a la seguridad social. Con la nueva norma la edad mínima subirá a los 70 años y el valor recibido dejará de reajustarse al mismo ritmo que el salario mínimo.

 
Las mujeres, doblemente víctimas


Un grupo de estudios del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) señala que uno de los mayores "errores" de la reforma propuesta por Temer es que no tiene en cuenta la intermitencia, la informalidad y las desigualdades sobre las que se estructura el mercado de trabajo brasileño.

Desde el Ipea alertan que las mujeres serán doblemente perjudicadas porque ya de antemano tienen menos opciones en el mercado laboral que los hombres. Los resultados de sus investigaciones vaticinan que con la nueva reforma, en un futuro el 47,3% de las brasileñas no conseguirá alcanzar los 25 años mínimos de contribución para optar a la pensión. En el caso de los hombres, al menos un 30% no llegaría al cuarto de siglo cotizado.

"Actualmente muchas mujeres sufren para conseguir cotizar 15 años de trabajo, las empleadas domésticas son el mejor ejemplo de eso. Aumentar el mínimo a 25 años de contribución es un disparate, habrá muchas más mujeres que no puedan acceder a una pensión", señalaba la economista Joana Mostafa, en la revista Carta Capital.

En este sentido, Guilherme Boulos, presidente de los MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), señalaba: "No es una reforma del sistema de pensiones, sino que es la extinción del sistema de pensiones. Va a dejar a millones de trabajadores sin poder jubilarse". Desde el Movimientos Sin Tierra (MST) aseguraban que los más perjudicados serían los trabajadores rurales, uno de los sectores que más se mueve en la informalidad: "A lo que más afecta esta reforma es a quienes ponen la comida en la mesa del pueblo brasileño", decía uno de los representantes del movimiento.

 
En manos del Congreso


El presidente Michel Temer ha asegurado que "no dará su brazo a torcer". El mandatario asegura que la reforma "es absolutamente necesaria" debido al déficit de 46.000 millones de euros de las arcas de la seguridad social. También alega la preocupación por la disminución de la población activa frente al envejecimiento de la sociedad.

Desde los movimientos sociales responden que Temer se preocupa por ese déficit, pero ignora los 129.000 millones de euros que las grandes empresas deben a la Seguridad Social: "El Gobierno habla mucho del déficit del sistema de pensiones, pero no tiene en cuenta las contribuciones que no han pagado las empresas, y es un dato fundamental sobre el que pensar antes que meterse con los derechos de los trabajadores", señala Achilles Frias, presidente del Sindicato de los Procuradores de la Hacienda Nacional (Sinprofaz).

Los sindicatos han prometido nuevas manifestaciones para intentar evitar que el Congreso saque adelante la reforma. "Después de la manifestación de hoy queda claro que Temer no lo va a tener tan fácil para aprobar esta ley", dice la profesora de Sociología de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Esther Solano, que reconoce que la protesta del miércoles ha sido una de las "más grandes" contra el Gobierno Temer: "Esta reforma es una pauta que ha vuelto a unir a la izquierda y también aglutina a otros sectores más conservadores. Al fin y al cabo es algo que va a afectar a todos los trabajadores".

La presión en las calles será fundamental para conseguir que la Cámara y el Senado no den continuidad al proyecto que todavía está pendiente de votación en ambas cámaras: "Es una incógnita lo que se decidirá en el Legislativo porque ahora los diputados y senadores están más preocupados con no aparecer en la lista Janot —que envuelve los casos de corrupción de la Operación Lava Jato— que con la reforma del sistema de pensiones", advierte Solano.

 

 

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Martes, 22 Noviembre 2016 06:16

El ajuste mais grande do mundo

El ajuste mais grande do mundo

El presidente de Brasil Michel Temer insistió en la defensa del ajuste como único camino y confirmó que enviará al Congreso el proyecto para elevar la edad mínima de jubilación, entre otras modificaciones al sistema previsional, laboral y fiscal. "Estamos en una situación en que simplemente los números no cierran, y si no enfrentamos ahora esa realidad tendremos que cerrar Brasil en 2024", advirtió. Mientras tanto, el Banco de Brasil anunció que cerrará 402 sucursales y despedirá a 18 mil empleados.


Temer justificó el recorte y explicó que la deuda pública de Brasil igualará al Producto Bruto Interno del país “si no se controla el gasto público y no se ponen en marcha reformas fiscales”. Señaló que presentará las reformas a la Seguridad Social y al Trabajo luego de que el Senado apruebe la enmienda constitucional que limita el gasto público a 20 años y afecta a las partidas en salud, educación y programas sociales.


El mandatario reiteró en la primera reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social que encontró "un país inmerso en una de las peores crisis de su historia", en el que "no solamente había un gigantesco déficit fiscal, sino también un déficit de verdad, que se traducía en cuentas públicas manipuladas e irreales”.


Ésta no es la primera vez que el presidente defiende las medidas de austeridad. A principios de noviembre, había dicho que su programa económico estaba inspirado en el de Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña que impulsó salvajes recortes entre 1979 y 1990.


La reforma a las pensiones que propone Temer eleva la edad mínima de jubilación a 65 años e imposibilita el cobro doble de jubilación. Por ejemplo, quien cobra una pensión y una jubilación deberá optar por una de las dos.


A una semana de asumir la presidencia luego de la destitución de Dilma Rousseff, Temer presentó un primer borrador para reestructurar el sistema de pensiones a partir de un acuerdo con líderes sindicales. Pero tuvo que postergar su presentación por las protestas.


El proyecto laboral legaliza la contratación temporaria por pocas horas y permite ampliar la jornada de trabajo de 8 a 12 horas diarias.

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Exigen más de 150 mil chilenos cambios al sistema de pensiones

Santiago.

Alrededor de 150 mil chilenos marcharon este domingo en Santiago contra el actual sistema de pensiones, manejado por las Administradoras de Fondos de (AFP), creadas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a las que acusan de pagar jubilaciones bajísimas, y en demanda de que ese esquema sea cambiado.

 

Unas 150 mil personas, según los organizadores, y 50 mil, de acuerdo con la policía, se reunieron en Santiago. También se efectuaron protestas en la mayoría de las grandes ciudades del país. Algunas finalizaron en incidentes aislados, como en Valparaíso, donde grupos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno.

 

Una multitud se reunió en la plaza Italia, en el centro de la capital, atendiendo el llamado de la Coordinadora de Trabajadores No+AFP, para protestar. La movilización recorrió más de dos horas la avenida Alameda, principal arteria de la urbe, exhibiendo carteles y lienzos al son de bombos y silbatos.

 

Ancianos y niños acudieron junto con sus familias a la manifestación, pese al intenso frío del invierno austral. Las AFP administran las pensiones de los trabajadores chilenos desde 1981, cuando el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, hermano del ex presidente Sebastián Piñera (2010-2014), elaboró una reforma que incluyó la creación de dichas empresas.

 

Durante el régimen de Pinochet, en el cual murieron unas 3 mil 200 personas, también se promulgó la Constitución vigente y se crearon los sistemas educativo y laboral. La mandataria chilena, Michelle Bachelet, lleva adelante medidas para modificar ese legado. En materia de pensiones aboga por una administradora estatal ante al reclamo de los jubilados, quienes piden la vuelta del anterior sistema público de reparto solidario.

 

El sistema de pensiones opera actualmente como una cuenta de ahorro forzosa, a la que los empleados aportan10 por ciento de sus sueldos y al final de su vida laboral reciben jubilaciones que, acusan, son menores a las remuneraciones que percibían. En promedio los jubilados reciben mensualmente unos 231 dólares, cifra menor al salario mínimo, que es de unos 396.

 

"Este es un sistema de porquería manejado por las AFP chupasangre, que roban nuestros ahorros y al final nos entregan una jubilación de mierda", declaró Julia Miranda, una trabajadora muy indignada.

 

En la actualidad las AFP administran 150 mil 685 millones de dólares que aportan los trabajadores para sus jubilaciones. Esas empresas invierten los recursos en acciones o renta fija, cuyas pérdidas son asumidas por los cotizantes, quienes ven reducidas sus pensiones, lo que en muchos casos los obliga a seguir laborando después de haberse jubilado.

 

Además, las AFP continúan administrando el dinero de los cotizantes después de que éstos se jubilan, mediante un programa de retiro de fondos programados. Otro reclamo es acabar con el retiro planeado y equiparar la edad de jubilación con el género, ya que hoy día los hombres se retiran a los 65 años y las mujeres a los 60.

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