Pensiones: el riesgo de especular con los ahorros ajenos

Sucedió un día cualquiera. Aquella mañana las noticias que traia el estracto de su ahorro pensional no eran alagueñas. Mientras bebía su primer café matutino, Elias Sánchez*, profesor universitario constataba con asombro que sus ahorros ahora eran inferiores a lo que sumaban en los meses anteriores. Si bien no conocía mucho del mercado financiero había recibido en los anteriores informes pequeños incrementos, razón por la cual se sentía satisfecho. El nuevo reporte sobre sus ahorros indicaba que había perdido lo antes ganado.

 

Por su mente fluyeron inquietudes e interrogantes, saboreó un trago más de café y decidió enrutarse hacia 'su' empresa Ahorradora de Fondos de Pensiones (AFP) para exigir aclaración con lo que estaba sucediendo. Una vez allí, y tras la obligada espera que le demandó paciencia y aguante, una funcionaria, tras escuchar sus inquietudes, templando su rostro con aquella sonrisa que uno nunca sabe si es de burla o de amabilidad, le espetó: "disculpe, señor profesor, lo que pasa es que así es el mercado: algunas veces se gana y otras se pierde".

La respuesta hizo que por su todo cuerpo cruzara un frío de temor. "¡Unas veces se pierde y otras se gana!", como si esto fuera un partido de fútbol o de algún otro deporte, resultados con los cuales uno puede sentir tristeza o alegría, pero nunca llegar a padecer el desalojo del sitio de vivienda por falta de dinero para cancelar la cuota mensual, o incluso llegar a no tener con qué pagar el mercado semanal. Pero así es la realidad hoy impuesta por el dominio de las lógicas financieras en el manejo de los ahorros pensionales de miles de trabajadores de nuestro país -al igual que otros muchos países de todo el mundo-.

Saliendo de la AFP, las iniciales más otras muchas inquietudes colmaban la mente de Elias, pero entre ellas había una muy importante: había descubierto algo de lo cual hasta ese momento no era consciente: él, todo un profesor universitario, a pesar de su formación académica, también era otro más de los analfabetas financieros que depositan sus ahorros, fruto de toda una vida de trabajo, en manos de especuladores financieros. Su presente y futuro estaba en manos de jugadores de casino, uno que es global y que no tiene sede abierta para todo el público.

 

Un casino pensional ¿De dónde viene?

 

Para el caso nacional, la financierización de las pensiones es una de las consecuencias de las reformas introducidas desde los años noventa al sistema pensional y el sistema financiero (1). En el primero de ellos se perseguía el aumento de las personas con Seguridad Social y en el segundo una liberalización que en el caso del sistema de pensiones tuviera la capacidad de resolver el déficit actuarial identificado en ese momento. Existían pocos cotizantes (2), una elevada informalidad laboral, además de regímenes especiales de pensiones (3) que constituían una carga al Estado, quién era el responsable de financiar dicho sistema diagnosticado en su momento como insostenible (Vanegas, 1996; Arrieta, 2011).

La financierización avanzó en la medida en que se introdujo el régimen de ahorro individual por el cual las personas financian su pensión de vejez a través de un ahorro individual. El anterior régimen llamado de prima media por el contrario demandaba del Estado que dicha pensión se garantizara con el valor de las reservas de los aportes de los afiliados y con el aporte estatal cuando las mismas se agotaran. La consecuencia de estas modificaciones ha sido la de ligar el sistema pensional a una sostenibilidad financiera que es ambigua en su definición (Vanegas, 1996; Arrieta 2011).

Para quienes actualmente tenemos que pagar aportes para pensión se nos ofrece una serie de empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones AFP que "cuidan" de nuestro futuro. Se encargan de nuestro porvenir, de nuestra protección. Pocos sabemos el uso que se da a estos recursos, a pesar de recibir un informe mensual, no sabemos finalmente si dichos recursos se mantienen a salvo. Quien se encarga de las tareas de regulación es la Superintendencia Bancaria siendo una de sus metas velar por la sostenibilidad del sistema. No obstante ¿estamos a salvo de la especulación propia de los mercados financieros?

La 'libertad' ofrecida se limita a poder escoger entre las AFP y el tipo de portafolio en el cual dicha administradora colocará nuestro ahorro. Se le recomienda a los que están cerca de la pensión ser cautelosos mientras que a los jóvenes se les dice que pueden arriesgarse y colocar su dinero en un portafolio de mayor riesgo. Se trata de un casino pensional en el cual así como se gana se pierde.En este régimen pensional individualista la consigna es a mayor ahorro y mayor rendimiento mayor pensión. La solidaridad se reduce a una deducción que se hace a los que mayores ingresos tienen para la creación de un fondo de solidaridad pensional. Una medida que es ante todo paliativa de cara al desequilibrio entre cotizantes de mayor ingreso versus los que cotizan sobre un salario mínimo.

 

¿Un riesgo no identificado se mueve por la carretera?

 

La Superintendencia Bancaria reglamenta las inversiones que las AFP pueden realizar con nuestros ahorros pensionales. El objetivo es garantizar un mayor dinamismo en el mercado de capitales evitando lo que llaman la "exposición a riesgos imponderables". La más reciente reglamentación apareció con el decreto 816 de 2014 que redefine los límites de inversión para su uso en los proyectos de construcción de las vías de cuarta generación (4G).

Actualmente existen 12.870.890 personas afiliadas a pensiones obligatorias y el valor de dicho fondo alcanza $160,15 billones de pesos (4). En entrevista publicada por el diario El Colombiano (5), se señala que Asofondos dispondría de alrededor de unos 25 billones de pesos para tal destinación. El proyecto contempla que las AFP aporten en la etapa de construcción y participen con fondos de capital privado y con bonos de infraestructura. De esta manera se facilita el financiamiento de estos proyectos que incluyen también las vigencias futuras de presupuesto que han comprometido los gobiernos actuales con cargo a los presupuestos futuros. Dicha iniciativa ha sido liderada por la ANI Asociación Nacional de Infraestructura desde 2011.

La inversión en vías de cuarta generación o 4G se ha constituido en uno de los sectores que promueve el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el argumento que el país necesita invertir en infraestructura si quiere ser más competitivo. En ese sentido, invertir en sectores de la economía nacional como la construcción y la infraestructura parecen constituirse en una buena alternativa para jalonar el crecimiento económico y así mismo para generar beneficios a quienes tienen sus ahorros pensionales en las AFP.

Las vías de cuarta generación constituyen un programa de infraestructura vial que se propone la construcción de 8.000 km de carreteras, caracterizadas por ser de doble calzada y para las cuales se contempla la construcción adicional de 159 túneles. La financiación de los proyectos se hace con la participación de la banca nacional e internacional, organismos multilaterales, banca pública y fondos de pensiones. Inicialmente se planteaba que estas últimas aportaran entre 6 y 10 billones de pesos de un total de 47 billones de inversión total pero posteriormente se afirmó que dichas AFP estaban interesadas en aumentar su participación a unos 25 billones (6).

 

Disminuyan la velocidad, curvas peligrosas

 

Aparentemente invertir en vías de cuarta generación no constituiría una grave amenaza para quienes transitan por la autopista de la vida laboral. El camino parece no tener baches y el destino final bien señalizado, máxime cuando se anuncia el interés de firmas como Goldman Sachs, el Banco de Inversión Brasileño BTG pactual y firmas como Swiss Re Reinsurer por participar en las 4G (7). Sin embargo, los riesgos aparecen de la mano de las críticas que se han realizado especialmente frente a la inconsistencia en los costos de construcción, operación, administración y mantenimiento, así como de los aportes realizados por la nación y el recaudo de peajes. Otro problema está referido a un trato diferenciado entre algunos proyectos en virtud de la tasa de interés que debe tener en cuenta el concesionario y en tercer lugar sobreestimaciones del tráfico esperado en estas carreteras (8).

Los peligros de colisión en esta autopista se refieren al hecho de que finalmente dichas vías 4G generen más costos que beneficios. Elias, nuestro profesor universitario, puede estar contento de ver como sus ahorros promueven el desarrollo en el país, pero ¿qué pasará si al final de cuentas pierde sus ahorros por esas cosas que tiene el mercado?Nuestro camino a la vejez está en permanente riesgo por deslizamientos como estos y las posibilidades para sobrepasarlos se toman cada vez más difíciles cuando el peaje que debemos pagar por nuestro provenir es cada vez más y más caro.

 

1 Las principales reformas al sistema financiero en aquel entonces fueron la ley 45 y la ley 50 de 1990. La Constitución de 1991 consagra que las actividades aseguradoras, financiera y bursátil son de interés público situación que fue reglamentada por el Congreso de la República con la ley 35 de 1993 (Vanegas, 1996).
2 Durante los años setenta la cobertura alcanzó solo un 7,5% y en los años ochenta se elevó al 15% (Arrieta, 2011). En los años noventa la cobertura en Seguridad Social si bien había aumentado llegaba sólo al 21,5% de la población. En este último periodo se tienen datos discriminados según el nivel de ingresos lo cual comprueba el nivel de poca solidaridad existente en ese momento: un 66,1% de aquellos que contaban con ingresos superiores a dos salarios mínimos tenían cobertura frente al 16,7% de quienes ganaban menos de un salario mínimo en 1990.
3 Las ventajas que proporcionaban los regímenes especiales se centraban en aspectos como una edad de retiro más temprana así como mayores beneficios a los afiliados. si bien durante los últimos años se liquidaron la cuasi mayoría de éstos persisten algunos que se justifican más que por el poder de negociación sindical por relaciones abusivas de poder. Se trata de la Presidencia de la República y de la Fuerza Pública que gozan de ese privilegio en virtud de claras asimetrías de poder (Arrieta, 2011).
4 Adicionalmente se cuenta con 6.940.391 afiliados a cesantías cuyo fondo alcanza los $9,82 billones de pesos y 552.638 afiliados a pensiones voluntarias cuyo fondo alcanza 12,88 billones de pesos (página web de Asofondos).
5 Fondos de pensiones: con vías para 4G. Juan Fernando Rojas Trujillo. Publicado el día 22 de junio de 2015 http://www.elcolombiano.com/fondos-de-pensiones-con-via-para-las-4g-DY2177647 El decreto 816 de 2014 establece estas modificaciones en relación al Decreto 2555 de 2010 que recoge el conjunto de normas que regulan el sector financiero, asegurador y el mercado de valores en Colombia.
6 Las AFP y los bancos no descuidan los proyectos de las 4G e infraestructura. Disponible en: http://www.larepublica.co/las-afp-y-los-bancos-no-descuidan-los-proyectos-de-las-4g-e-infraestructura_265966
7 Fondos de deuda e inversión extranjera garantizan las 4G. Publicado en http://www.dinero.com/pais/articulo/financiacion-para-segunda-ola-4g/205628 consulta realizada en 12 de septiembre de 2015.
8 La historia íntima de las 4G. Jairo Chacón González. Publicado en: http://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-intima-de-vias-de-4g-articulo-490314 consulta realizada el día 12 de septiembre de 2015. Veáse también Controversia por riesgos en infraestructura 4G. Publicado en http://www.eltiempo.com/economia/sectores/riesgos-infraestructura-4g/14094115

Publicado enEdición Nº 218
Las medidas afirmativas para la igualdad de género en la protección social

Tal parece que este año sí habrá reforma pensional. En el 2014, ante la urgencia de reformar los regímenes tributario y de salud, salió de la agenda la reforma del sistema pensional, sobre la cual existe suficiente consenso entre la mayoría de los sectores sociales en cuanto a su necesidad, debido, principalmente, a la baja cobertura del sistema, que apenas permite que solo el 10% de personas en el mercado laboral se pueda pensionar. En lo que no hay coincidencias absolutas y sí intereses contrapuestos, es sobre qué tipo de reforma hacer.

La siguiente tabla muestra la cobertura del régimen pensional, y cuántas personas mayores tienen asegurado un ingreso en su vejez.

*Adultos mayores de 55 y/o 60 años: 93% (1.785.298 adultos mayores); Vejez: 79.3%; invalidez: 2.7%; sobrevivencia: 18.0% El 30.4% de las mujeres mayores de 55 años pensionadas, lo están por sobrevivencia.

 

Como se ve, en 2014 apenas el 34.8% de las personas ocupadas son cotizantes al sistema pensional, y apenas una de cada cuatro personas mayores recibía alguna pensión. Quiere decir que la característica fundamental del sistema es su carácter excluyente, problema que debería ser el foco de cualquier reforma pensional.

Los hombres presentan mayor índice de afiliación como cotizantes activos: 56.8%, frente a 43.2% de mujeres, factor que se agrega a la discriminación que sufren las mujeres en el mercado de trabajo, que es más notoria en cuanto hombres y mujeres deben cotizar las mismas 1.300 semanas para acceder a la pensión, condición que obliga a las mujeres a permanecer más tiempo en el mercado de trabajo, así teóricamente se pensionen dos años antes que los hombres, pues ellas tienen mayores índices de desempleo y de trabajo en la economía informal, y menor remuneración. Además muchas veces deben retirarse de sus trabajos por no tener ingresos que les permitan pagar una persona que les cuide sus hijos. Y aunque de toda la población adulta mayor pensionada (mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60), ellas tienen una mayor participación: 54.5% frente a 45.5% de los hombres. Un 30.4% de las mujeres pensionadas lo está por sobrevivencia.

Lo otro es que el 92.76% de los afiliados cotizantes a Colpensiones, y el 81.32% de los afiliados a fondos privados, tienen ingresos hasta dos salarios mínimos legales, (en promedio, el 27.32% de las personas cotizantes devengan hasta 1SMLV). Es un dato clave para entender hacia dónde va la mayor parte del presupuesto que la nación destina para pago de pensiones.

Además existe un programa de Subsidio al Aporte para Pensión, diseñado para trabajadores(as) independientes, madres comunitarias, personas en discapacidad, concejales de municipios categoría 4, 5 y 6 de los sectores rural y urbano, que no cuentan con los recursos suficientes para realizar su aporte completo como independientes. Según el Min-Trabajo (2), a junio de 2014 este programa contaba con 206.920 personas beneficiarias activas, distribuidas así: 172.014 Independientes urbanos, 32.571 independientes rurales, 726 madres comunitarias, 1.167 personas con discapacidad y 1.442 concejales.

En el diagnóstico sobre el régimen pensional, es necesario abordar problemas que desde los sindicatos no se examinan, y que tienen un enorme impacto sobre las posibilidades de ampliación de su cobertura. Un reciente diagnóstico de la OCDE (3) indica, que más del 80% de las pensiones las acapara 1/5 parte de la población con mayores ingresos, mientras que las 2/5 partes más pobres reciben menos del 2%. También señala que el régimen fiscal aplicable a las pensiones es extremadamente generoso, pues las cotizaciones al fondo de pensiones son deducibles de la base del impuesto sobre la renta, y la mayor parte de las prestaciones están exentas de impuestos, lo cual agrava la desigualdad en los ingresos. El análisis de la OCDE termina indicando que estos beneficios, y el carácter excluyente que tiene el régimen pensional, aumenta el coeficiente de GINI, que en el caso de Colombia es uno de los más altos del planeta, y expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

El diagnóstico también señala problemas de equidad reales, que la sociedad colombiana debe resolver sin temor. En 2014 se destinaron $31.8 billones para financiar las pensiones de 1.919.675 personas (15% del presupuesto nacional), suma que supera los presupuestos para salud y educación (4). Sin embargo, es necesario aclarar que la mayor parte de este gasto, el 66%, se destinó a financiar las pensiones del 14% de las personas que reciben pensiones por encima de dos salarios mínimos, que incluyen las pensiones millonarias de congresistas y magistrados de las cortes por las que nunca cotizaron, o cotizaron sobre un ingreso muy inferior.

El traslado masivo de afiliados del ISS hacia los fondos privados de pensiones, más toda la publicidad engañosa de los fondos para seducir a los y las trabajadoras, más las pensiones millonarias de congresistas, magistrados de las cortes y otros, terminaron por desfinanciar el sistema de prima media y a la entidad que lo administra, Colpensiones, que cada vez carga con más personas pensionadas mientras disminuyen sus cotizantes, lo que, sumado, obliga a que la nación, es decir, a todos, a destinar cada vez una mayor proporción del presupuesto nacional al pago de las pensiones.

 

Reformas para favorecer el sector financiero

 

Hasta ahora, las reformas al régimen pensional se han orientado, primero, a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

En 1993 se reformó el régimen pensional para acabar con el sistema público de pensiones, creando un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, basado en el ahorro individual, que prometía enormes beneficios para sus afiliados (5). Hoy los fondos privados tienen el 68.5% de los cotizantes, apenas 77 mil pensionados, y $277.8 billones a disposición del sistema financiero; en tanto que la nación destinó en 2014 $31 billones para pagar las mesadas pensionales, incluyendo el ajuste hasta un salario mínimo que por ley se hace a los pensionados de los fondos privados cuyos ahorros no les alcanzan para una pensión igual al salario mínimo.

Además, la reforma del 93 incrementó las semanas de cotización (de 1.000 a 1.300), en dos años la edad de pensión para hombres y mujeres, y disminuyó la tasa de retorno, o mesada pensional. Después, durante el primer gobierno de Uribe, se eliminaron la mayoría de los regímenes especiales que se habían establecido por negociación colectiva en el sector público, y se eliminó para los nuevos pensionados la mesada 14. Estas reformas no tenían como propósito ampliar la cobertura sino disminuir el impacto sobre las finanzas públicas.

Finalmente, durante el gobierno Santos se puso en práctica un sistema de ahorro individual, para ampliar la cobertura del sistema pensional (6). Permitiría hacer un ahorro anual de hasta $885.000, que se entrega cuando la persona cumpla la edad de pensión, más un incremento del 20% que sale del presupuesto nacional, el denominado "beneficios económicos periódicos (BEPS)". Este ahorro, más ese 20%, se le entregará a la persona beneficiara para atender los siguientes ítems: a) traslado al sistema general de pensiones para acceder a una pensión; b) constituir una anualidad vitalicia, denominada Seguro BEPS, para lo cual Colpensiones contratará una firma aseguradora; y c) pagar por un inmueble de su propiedad. Este plan está dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, ni cotizar sobre la base de un salario mínimo. La meta de incrementar en 7 millones los afiliados al régimen pensional.

El inconveniente de esta propuesta es la poca capacidad de ahorro de los trabajadores de la economía informal, hacia quienes va dirigida. El 49.5% de los trabajadores(as) tienen ingreso inferior a un salario mínimo. El ingreso promedio de los cuenta propia es apenas el 80% del salario mínimo en zonas urbanas y del 60% en las rurales. Para estos trabajadores la prioridad es la alimentación, a la que, según el DANE, destinan el 34.6% de sus ingresos. En segundo lugar la vivienda, a la que destinan el 29.7% (7), lo que les deja muy poco margen para cubrir otras necesidades, no tienen capacidad de ahorro. Lo que deja claro que esta propuesta no ampliará cobertura, o lo hará marginalmente.

Adicionalmente la Ley 1251 de 2008 estableció que son deberes del Estado "garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor", y "asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos" para este sector de la población. En aplicación de esta política se diseñaron programas de carácter asistencial que no garantizan el reconocimiento efectivo de derechos, focalizados en la población adulta mayor más pobre, indígenas, mujeres, discapacitados, población desplazada, minorías étnicas y reclusos.

Estas políticas públicas son de tres clases: 1) aseguramiento en salud, 2) subsidio económico a través de servicios sociales básicos para beneficiarios que residen en Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 3) subsidio en dinero y servicios sociales complementarios al beneficiario que no reside en estos centros. Estos subsidios van desde $40.000 mes (ración alimenticia a cargo del ICBF) a $75.000 (subsidio monetario). En 2014 estos programas tuvieron cobertura de 1.252.167 personas (8), o sea el 22.8% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión (5.495.437).

Como se ve, el alcance que tiene esta política es reducida en comparación con la población beneficiaria potencial. Y tiene un problema adicional: es utilizado por los directorios políticos como instrumento clientelista vía inscripción y asignación de cupos.

 

Sistema pensional y mercado de trabajo

 

El sistema pensional colombiano está diseñado exclusivamente para trabajadores(as) de la economía formal, que gozan de relativa estabilidad a lo largo de su vida laboral, condición que no tiene la mayoría de los trabajadores(as) del país. El 66% no está afiliado al sistema de protección social (salud, pensiones y riesgos laborales), y en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad en 2014 fue de 48,4%, un punto porcentual menos que en 2013, que equivale a 5.076.000 trabajadores de pequeñas empresas (de hasta 5 trabajadores), o como cuenta propia (el 61.2%) en empleos que a pesar de permitirles algún nivel de ingresos, les disminuye la posibilidad de innovar, desarrollarse, hacer parte de economías de escala y pagar su seguridad social.

Los cuenta propia, por su parte, se incrementaron en 2,7%. Representan el 60,5% de los trabajadores informales en las 13 áreas metropolitanas. Así mismo, se destaca el hecho de que 245.000 ocupados informales se ubiquen en la categoría de trabajador sin remuneración.

Pero son las mujeres las que presentan mayores tasas de informalidad: 6,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres: 51,8% y 45,5% respectivamente. Son en su mayoría trabajadores y trabajadoras de famiempresas, de micro y pequeñas empresas, cuya no afiliación a la seguridad social se relaciona con dos problemas: primero, el lugar que este tipo de empresas ocupan en la cadena de subcontratación que dominan las grandes empresas nacionales y extranjeras, que no les dejan margen para cumplir con las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, como el pago de un salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. Y segundo, fenómenos de evasión que tienen que ver con una cultura de la ilegalidad, que se ve reforzada por la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo.

En efecto, muchos empleadores, principalmente en ciudades pequeñas y municipios, aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar ni ninguna autoridad los va a sancionar. Por otro lado, muchos empleadores suspenden las cotizaciones por largos períodos, o cotizan por debajo del salario que pagan efectivamente, como tristemente lo descubren los trabajadores que, convencidos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización, se dirigen a Colpensiones a tramitar su pensión. Se encuentran con la mala noticia de que su empleador suspendió las cotizaciones, o cotizó sólo por un salario mínimo.

En este problema también incide la inestabilidad laboral y la alta rotación en los empleos. En Colombia el 95% de los desempleados son cesantes, es decir, personas que perdieron su trabajo y suspenden su cotización a pensiones por lo menos durante 24 semanas, que es en promedio el tiempo que tardan en encontrar un nuevo trabajo. Por otra parte, muchos son contratados por prestación de servicios, cooperativas de trabajado asociado, o agencias de servicios temporales (9), lo que se expresa en cotizaciones discontinuas y esporádicas, que no les permite completar el número de semanas para acceder al derecho a la pensión. Problemas semejantes tienen los mayores de 40 años, quienes una vez pierden su trabajo tienen grandes dificultades para reubicarse laboralmente y reanudar cotizaciones al sistema.

Un estudio del Banco de la República (10) arrojó que del total de la población trabajadora sin educación que ingresó al mercado laboral en 2007, apenas el 11% lograría reunir el número de semanas de cotización necesarias para pensionarse en el régimen de prima media.

 

Las alternativas de reforma e intereses en juego

 

A la hora de diseñar las alternativas que deberían ir en una reforma pensional, vale la pena recoger la reflexión que hace la OCDE en su diagnóstico de la economía colombiana. Señala que "el sistema de pensiones plantea serios problemas de equidad. La cobertura del régimen contributivo es baja, y la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con el 80% y 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay" (11). Tal diagnóstico, con el que coincidimos, debería llevar a una reforma pensional que, ante todo, le asegure a toda persona las condiciones materiales que les permitan vivir con dignidad.

Sin embargo, en la reforma se juegan también otros intereses. Aunque para el gobierno el objetivo de la reforma debería ser asegurar "protección justa para la vejez", a la hora de presentar las alternativas su principal preocupación es cómo hacer sostenible financieramente el sistema pensional, un propósito que, siendo válido, no debe ser el foco de la reforma. Por eso durante el paso de Rafael Pardo por el Min-trabajo se llegó a proponer que el gobierno sólo estaría en condiciones de financiar pensiones de hasta dos salarios mínimos, y que quien aspirare a una pensión mayor debería abrir una cuenta en un fondo privado para cotizar por encima de dos salarios mínimos.

Para el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el objetivo de la reforma debe ser el fortalecimiento del negocio financiero. Eso es lo que significa su propuesta de "marchitar el régimen de prima media, para lo cual se debe frenar de inmediato la entrada de nuevos afiliados y prohibir nuevos traslados del régimen de ahorro individual con solidaridad al ISS" (elcolombiano.com, noviembre de 2011. Esto también recomienda Fasecolda, el gremio que reúne a las aseguradora que manejan el negocio de los seguros de riesgos profesionales.

Por su parte Asofondos, gremio de los Fondos Privados de Pensiones, coincide con el gobierno y con la OCDE en que la reforma debería contribuir a hacer sostenible financieramente el sistema, imponiendo tributos para las pensiones de jubilación más altas (sólo las de el régimen de prima media); definir la mesada sobre la base del cálculo del ingreso de los últimos 20 años; que la tasa de reemplazo sea mayor para los salarios más bajos; que la edad para pensionarse se defina basándose en la expectativa de vida de cada generación (respetando derechos adquiridos), pero que se debe igualar las edades de pensión de hombres y mujeres, compensando a las mujeres con un bono de maternidad que garantice sus cotizaciones por un año, después del nacimiento de cada hijo.

La OCDE hace un conjunto de propuestas que van desde la aplicación inmediata del programa BEPS y la ampliación del programa de atención al adulto mayor, hasta la adopción de reformas que aseguren su sostenibilidad en el futuro. Considera que la edad legal de jubilación es muy baja según los criterios internacionales, y por tanto "debería retrasarse más, y en el futuro debería ajustarse a la evolución de la esperanza de vida".

Considera, igualmente, que la tasa de sustitución (la mesada pensional), que hoy está entre el 65% y el 85% del salario medio de los 10 años anteriores, es muy alta en comparación con el promedio de la OCDE, que es del 57% de los ingresos acumulados a lo largo de toda la vida. Propone también equiparar el régimen de prima media (sistema público) con el sistema de ahorro individual (privado), porque a su juicio "el primero es costoso e ineficiente". Por último, considera que es necesario revisar el requisito de que las pensiones sean al menos iguales al salario mínimo.

 

Por un pacto social para la protección social (12)

 

Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo o la sustancia del Estado Social, democrático y de derecho. En este punto lo que acordamos por consenso los colombianos en la reforma constitucional de 1991, es apenas una promesa inconclusa, constantemente amenazada y vulnerada desde las políticas neoliberales.

La crisis generalizada que presenta el sistema de protección social demanda una reforma integral, que le asegure sostenibilidad al sistema, pero cuyo foco sea asegurar ingresos antipobreza a toda la población adulta mayor. En este sentido, la reforma debe recoger las reflexiones que se han hecho desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas y OIT. Para lograr este objetivo es fundamental promover una amplia deliberación pública a través del Diálogos Social, que incorpore a todos los actores sociales que tienen interés e implicación en el tema.

Por lo pronto, los sindicatos han estado construyendo propuestas para garantizar el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. Algunas de éstas se resumen en los siguientes objetivos:

  • - Estudio Técnico Actuarial, realizado por el departamento de Seguridad Social y Actuaria de la OIT, con garantía de alta calidad, rigor e imparcialidad. Este estudio abarca todas las instituciones públicas y privadas encargadas de las pensiones en Colombia, en todos sus componentes: régimen de ahorro individual con sus fondos privados de pensiones y sus sociedades administradoras; régimen de prima media con prestación definida; régimen público con todas las entidades; y entidades que manejan o tengan a su cargo regímenes especiales de pensiones.
  • - Sistema Pensional, como un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.
  • - Sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos y recursos públicos, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica o si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingresos se podría incrementar mediante un sistema de ahorros individuales como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital (13). Esta propuesta surge de la OIT y del Pacto Mundial para el Empleo (14). En Colombia se ha estado aplicando parcialmente a través del régimen subsidiado de salud, el programa Familias en Acción y la política pública para el adulto mayor.
  • - Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 7 salarios mínimos, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.
  • - Un tercer pilar, para trabajadores(as) que puedan y quieran cotizar por encima de 7 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.
  • - La garantía de pensión mínima para todos aquellos trabajadores(as) que cumplieron la edad y cuentan hasta con el 70% de la semanas cotizadas, para lo cual se les seguirá descontando la respectiva cotización.
  • - Restablecer el derecho a la negociación colectiva en materia pensional, acatando de manera plena las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT.
  • - La reducción de las semanas de cotización de las mujeres, por lo menos a 1.150 semanas, y el aumento de la licencia de maternidad a 6 meses remunerados. Esta propuesta nace como alternativa a la igualación de la edad de pensión entre hombres y mujeres.
  • - Bonos pensionales para las personas que se dedican a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

 

El sentido de las medidas para las mujeres

 

En el informe entregado por la OCDE al Estado Colombiano, en el que presenta agudas recomendaciones en materia de política económica laboral, se sugiere "equiparar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Y a mediano plazo incrementar la edad de jubilación y vincularla a la evolución de la esperanza de vida".

Al respecto cabe decir que esta no es una medida coherente con el propósito de la equidad de género, por varias razones. En primer lugar, el establecimiento de una edad de retiro diferenciada para mujeres y hombres, así como en el número de semanas requeridas para poder acceder a una pensión, obedece a una medida afirmativa, entendida en el derecho internacional de los derechos humanos como una medida temporal para corregir una situación de discriminación, por lo que no se debe entender como una medida discriminatoria. En resumidas cuentas, la igualdad es tratar igual lo igual y diferente lo diferente.

Tanto la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW, la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como la OIT en distintas conferencias, coinciden en que este tipo de medidas son necesarias para cerrar las brechas de género y como estrategias para la superación de la desigualdad.

Frente a las condiciones de desventaja de las mujeres en el mundo laboral, las cuales justificarían un régimen particular para la protección social efectiva, la OIT ha expresado:

Las mujeres acumulan desventajas a lo largo de la vida. Constituyen un colectivo especialmente vulnerable porque muchas de ellas trabajan ya sea sin remuneración o con una remuneración escasa, a tiempo parcial, a menudo con interrupciones, o en la economía informal. En consecuencia, es menos frecuente que tengan derecho a recibir una prestación en concepto de pensión contributiva por derecho propio, e incluso cuando tienen derecho a ese tipo de prestaciones, las pensiones suelen ser muy inferiores a las de los hombres, al haber sido sus remuneraciones menores y al haber cotizado durante menos tiempo (OIT, 2009).

Conscientes de ello, algunos Estados han implementado ciertas medidas, como el establecimiento de una edad de retiro o el requerimiento de semanas cotizadas diferenciados para mujeres y hombres, los bonos pensionales para las mujeres como un reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La apuesta en ese sentido sería: igualemos el número de semanas cotizadas y la edad de retiro, siempre y cuando el cuidado no remunerado tenga todas las garantías y se reconozca socialmente como actividad productiva. De otra manera esta pretendida "igualación" será discriminación.

Como lo puso de relieve la Conferencia Internacional del Trabajo en 2001, la seguridad social debería promover el principio de igualdad de género y basarse en el mismo:

... En la mayoría de las sociedades, las continuas desigualdades entre las remuneraciones de hombres y mujeres suelen afectar a los derechos de las mujeres a la seguridad social... y de considerar la posibilidad de introducir un salario mínimo, cuando todavía no exista. Cualquiera de los progenitores que se ocupe del cuidado de los hijos debería disfrutar de las prestaciones de la seguridad social previstas a tal fin. Además, cada sociedad debería considerar la posibilidad de introducir una discriminación positiva a favor de las mujeres allí donde haya que hacer frente a la discriminación propia del sistema. (OIT, 2006).

El establecimiento de pensiones en régimen especial para la población "inactiva" dedicada a los oficios del hogar que, como se dijo, concentra a casi 5 millones de mujeres, puede ser una medida de reconocimiento del valor económico y social del cuidado, resaltando que serían necesarias medidas adicionales que transformen las relaciones de género en el cuidado.

Frente a la propuesta de la OCDE de ligar la edad pensional con la esperanza de vida, vale retomar lo dicho por la OIT en su Conferencia de 2009: "...para muchas personas vivir más tiempo también significa vivir con recursos escasos durante un período más largo, de forma que la pobreza en la vejez es una de las principales preocupaciones actuales". De este modo, si bien es cierto que la esperanza de vida en general se ha incrementado, persisten fenómenos como la feminización de la pobreza, la discriminación de género en el empleo, y aun las cargas de cuidado en las edades más avanzadas es importante (15), ya que muchas de estas mujeres forman parte de las redes de apoyo a otras mujeres para que participen en el mercado de trabajo.

[1] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades al congreso, 2013 – 2014, pág. 67.

[2] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pág 337, 37.

[3] Top 5 de la inversión más alta: Defensa y Policía – 27,744 billones de pesos; Educación – 27,276 billones de pesos; Trabajo – 24,457 billones de pesos; y educación Salud y Protección Social – 18,004 billones de pesos; Hacienda - 14,506 billones de pesos. Con información del Ministerio de Haciendahttp://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro.

[4] En el 1ño 2000, el 44.4% de los afiliados a los fondos privados de pensiones provenía del antiguo ISS, en el 2014 es sólo el 12%. Los propios asesores de los fondos aconsejan a muchos afiliados que se cambien para Colpensiones pues allí van a tener una mejor pensión que la que pueden alcanzar en un fondo privado, un fenómeno que explica el crecimiento del 16% de los afiliados a Colpensiones en el último año.

[5] La creación del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política de 1991 y ha sido reglamentado mediante los Decretos 604, 1872 y 2983 de 2013.

[6] DANE, los componentes de la canasta familiar y su ponderación según los niveles de ingresos.

[7] Ministerio del Trabajo. Informe de actividades2013 - 2014al congreso, pág.78
[8] Un ejemplo que ilustra esta situación lo da ACOSET, el gremio que agrupa a las empresas de servicios temporales, las que en el año 2012 enviaron 595.590 trabajadores en misión, los que celebraron 1.295.000 contratos laborales en ese año. ACOSET. Datos estadísticos del sector de servicio temporal en Colombia, 2012, pag. 8.

[9] LÓPEZ, Hugo y LASSO, Francisco. (2012) El mercado laboral y el problema pensional colombiano. Disponible en [http://www.banrep.gov.co/es/borrador-736]

[10] Estudios económicos de la OCDE Colombia. evaluación económica enero de 2013 visión general, pag. 337, 37.

[11] Las propuestas que siguen son el producto de varios seminarios que con el auspicio de FESCOL y de la ENS, se hicieron durante el 2013 y 2014, en la que participaron delegados la CUT, la CTC y organizaciones sindicales del sector de la salud.

[12] "La utilización de los gastos tributarios ha crecido de forma constante en Colombia desde principios del decenio de 2000; su número aumentó de 127 a 201 entre 2000 y 2011. Según las estimaciones, en 2010 los ingresos fiscales sacrificados representaron entre el 3% y el 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2012a). (...) El gran número de gastos tributarios – por ejemplo, aquellos relacionados con las zonas de libre comercio, los regímenes legales, las tasas preferenciales para las pequeñas empresas (las denominadas SAS) y las tasas reducidas y exenciones del IVA – no sólo merman los ingresos sino que también añaden un alto grado de complejidad al sistema, lo cual encarece su administración y cumplimiento, y facilita la elusión y evasión" (o.c, pág 41).

[13] ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Para recuperarse de la crisis: un pacto mundial para el empleo, 2009. Pág. 7. Citado por: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Para una globalización equitativa e inclusiva. Informe del Grupo consultivo convocado por la OIT en colaboración con la OMS, y presidido por Michelle Bachelet. OIT, 2011. Pág. 10.

[14] En edades avanzadas (65 años y más), la participación de las mujeres en actividades del cuidado no remunerado se mantiene en un 84.2% mientras que la que corresponde al trabajo remunerado es del 17.7%; las mujeres en este rango de edad dedican 4h 49min en promedio a estas actividades diariamente. (OSORIO, 2014).

 

Publicado enColombia
"Con austeridad el país no logrará superar la inequidad social"

Ajustes pensionales y reformas salariales son algunas de las propuestas que imperan en la agenda pública. Paradoja: bajan las cifras de desempleo y con ello la oportunidad de poder acceder a una pensión digna. Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores –Cut–, opina sobre éste y otros temas de la realidad colombiana.

Desdeabajo –da–: Uno de los argumentos con que el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, justifica el aumento a 62 años de la edad de jubilación para la mujer, medida propuesta por la Ocde, es que de los 21 millones de colombianos con trabajo, tan solo 7 realizan aportes sociales, lo que refleja un alto nivel de informalidad que desencadena una inestabilidad en el sistema de pensiones ¿Qué piensa ante este argumento?
Luis Pedraza –LP–: Las propuestas hechas, ahora y antes por el doctor Montenegro apuntan a beneficiar su orilla, que es el fomento de una política de pensiones basada en el patrimonio privado para desmantelar los regímenes de prima media que tienen participación del Estado, en este caso Colpensiones. Para nosotros no es extraño que Montenegro sugiera la redistribución de la miseria y no la creación de una política de Estado que involucre los regímenes pensionales como un derecho constitucional.

Su propuesta coincide con la Ocde, que afirma que debe haber una alianza entre el régimen de pensiones privado y el público para asignar un régimen pensional que, incluso, involucre no solo un tratamiento violento contra los derechos de la mujer sino también una baja en la escala de valores de las pensiones por debajo del salario mínimo.

da. Entonces, ¿la propuesta del ajuste pensional es necesaria para el país o es un requisito para entrar a la Ocde?
LP. La propuesta es absolutamente desconsiderada con la realidad social del país: es la expresión del neoliberalismo económico que, como siempre, apunta a socializar las pérdidas, las crisis que el capitalismo fomenta, que lleva a concentrar la riqueza en una ínfima minoría.

La propuesta no tiene en cuenta, aun así lo sepa la Ocde, que Colombia es el tercer país con mayor inequidad social en América Latina, después de Haití y Honduras pero, a su vez, es una economía creciente respecto a su producto interno bruto, tanto en la región como en el mundo. El interés de la Ocde es atrapar ese crecimiento económico y mantenerlo en esa línea de comportamiento a costa de agudizar y profundizar la inequidad social que se da en Colombia; por eso las propuestas hechas sobre pensiones, salarios, impuestos e IVA. Todo apunta a cargar contra la mayoría de los colombianos situados entre la clase media, clase baja y la pobreza absoluta.

da. ¿Cuál es su posición frente a las cifras que arrojó el estudio del desempleo realizado por el Dane en 2014?
LP. El Dane ha perdido autonomía y credibilidad después de transformarse en un instrumento de los últimos gobiernos, especialmente el de Uribe y Santos, al servicio de maquillar la realidad con cifras poco fiables; una supuesta política social que ha generado, en apariencia, la disminución del desempleo.

Cuando sale la cifra que indica un porcentaje del 9,1 por ciento de desempleo en el estudio del Dane, en El Tiempo aparece la noticia de que sigue creciendo la informalidad laboral. No es que haya disminuido la tasa de desempleo, sino que aquellos empleos que se eliminan por razón de reestructuraciones empresariales y de aplicación de las nuevas formas de contratación a través de las Cooperativas de Asociados, pasan a una franja que el Dane también clasifica como empleo estable y directo.

da. El Dane también dice que la cifra de desempleo en 2014 fue la más baja en 14 años, ¿es cierto ese resultado?
LP. No hay que olvidar que el Dane incluye como empleadas a aquellas personas que tengan dos horas de trabajo a la semana, aquellas modalidades de informalidad laboral que se encuentran en los andenes; incluso, ahora incluye como "empleados" a los que hacen malabares en los semáforos y los categorizan como ¨Especialistas en recreación social¨.

Además, lo clave es que la cifra del Dane, para afirmar que el desempleo cayó, muestra que se han generado nuevos empleos en caza, pesca y silvicultura. ¿Dónde están las empresas que contratan para la caza y para el desarrollo de industria? La silvicultura es uno de los aspectos más críticos que tiene el país en materia, no solo de existencia, sino de fomento de la gran crisis del modelo agrario.

La pesca está concentrada en multinacionales, por tanto, la pesca artesanal, si se trata de generación de empleo, también está en unas condiciones de precariedad y mínima subsistencia. No existen los sindicatos o convenciones colectivas de las industrias pesqueras y las pocas que existen están reducidas a un mínimo de trabajadores. La cifra es una falacia más del Dane, orientada a maquillar la realidad.

da. ¿Por qué afirma que el estudio del Dane es una una falacia?
LP. La prueba más contundente de que lo es, recae en que el Estado tiene un 57 por ciento de sus trabajadores en contratos de servicios inestables, en nóminas paralelas. El sector privado tiene un 62 por ciento de sus nóminas tercerizadas, en condiciones que, según la Organización Internacional del Trabajado no son dignas; sin contratos a término indefinido, sin seguridad social, y sin pagos para los regímenes pensionales.

En el país se está imponiendo, con una fuerza peligrosa, el sistema de contratación por horas y por días; las zonas de comercio o restaurantes contratan trabajadores que cumplen una jornada de 6 a.m. a 8 o 10 p.m. y solo reclaman en la caja 25.000 o 30.000 pesos, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de cotización a parafiscales, ni mucho menos salud o pensión. Ese tipo de contratación es a lo que nosotros llamamos "contratos basura".

da. La informalidad es uno de los mayores problemas que tienen los trabajadores colombianos. Con los recientes consejos dados por la Ocde, puede preverse que el camino buscado para solucionar tales problemas son las medidas austeras, ¿qué consecuencias traería la aplicación de esas medidas?
LP. No nos podemos tragar la tesis de que la austeridad es la forma por la que este país va a lograr superar la inequidad social. La austeridad podrá superarse cuando el Gobierno tenga clara decisión política de reestructurar el Estado a partir de una reforma agraria integral que permita redistribuir las tierras, democratizarlas y quitárselas a los terratenientes que poseen la tierra productiva. Además, habría a su vez que democratizar el ámbito laboral, que tanto las mujeres como los jóvenes estén incluidos mediante formas de contratación y asignación de salarios dignos, y que el modelo económico no deje por fuera de los regímenes de impuestos a las multinacionales.

 

Salario diferencial por regiones

 

da. Como la Ocde, Fedesarrollo también propuso una reforma, orientada en este caso a que el salario mínimo sea diferencial por regiones. ¿Cuál es su posición frente a esa medida?
LP. Esa es una propuesta de exclusión social. El Estado no puede pretender ahondar la desigualdad subdividiendo condiciones de vida paupérrimas. Este es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Nosotros no podemos aceptar que porque el Chocó, Nariño, o Córdoba sean los departamentos con mayor índice de pobreza, tengan unos ingresos inferiores a Antioquia o Cundinamarca que tienen industria en desarrollo. Las entidades que proponen esta medida deberían buscar propuestas de integración para que el país, sin excepción alguna, se beneficie de una economía realmente democrática y no concentrada en mejorar las condiciones de ingreso de los ricos.

da. Según lo que plantea, ¿la medida implicaría una regresión al salario mínimo rural?
LP. Sí, claro. Siempre han propuesto que debe haber un salario mínimo para los centros urbanos y uno para los sectores que ellos denominan marginales; es como decir que en Bogotá debe existir un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para sus zonas rurales; eso no puede siquiera debatirse. Siempre han dicho que las necesidades de los trabajadores del área rural no son las mismas que las de los trabajadores de las áreas urbanas porque, supuestamente, en la ciudad tienen costos de universidades, médicos y de transporte, incluso, costos de recreación social, mientras que en el campo, como no existen esas infraestructuras, ¿para qué un salario digno?

Que subsistan, que tengan posibilidades de aparecer dentro del contexto social, pero ligados estrictamente a las posibilidades que, por razón de la corrupción y decrepitud de los gobiernos, han condenado a esas poblaciones a vivir en condiciones de miseria y de pobreza absoluta. La propuesta no se puede aceptar ni tolerar. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata de construir equidad social y no de profundizarla.

da. En el escenario de que la propuesta fuera aprobada, ¿cuáles serían las consecuencias de su aplicación?
LP. La consecuencia es clarísima: profundizaría la inequidad social. Si en este momento estamos en un tercer lugar después de Haití y Honduras, muy seguramente acabaríamos en el segundo o primer lugar. Ante el problema, los dos últimos gobiernos, por no citar los anteriores, siempre han querido responder al pueblo con políticas asistencialistas. Se evidencia en las últimas veces que la gente se ha movilizado, como ocurrió con los indígenas en el 2013, con los campesinos productores entre 2013 y parte de 2014, o como ocurrió, incluso, con los estudiantes cuando se movilizaron para exigir una educación digna y actualizada a las exigencias de esta época y no con los modelos anacrónicos de hace 60 años.
¿Qué hicieron los gobiernos? Crearon mesas de trabajo, aceptaron negociaciones, y al final, optaron por dar subsidios a los campesinos e indígenas para paliar un poco la crisis del agro; ofrecieron unos recursos para el tema de educación, y lo que ahora encontramos con el presidente Santos es que eso lo cumplió a medias. Es la clásica política del asistencialismo: "Ustedes están inconformes, ustedes ponen en riesgo al establecimiento, al Gobierno, les vamos a dar unos subsidios, les hacemos asistencia técnica para que palien la crisis, sin una solución de fondo".

da. ¿Qué propuesta tiene la Cut para disminuir la desigualdad social en las regiones?
LP. Nosotros hemos dicho, y lo hizo la Cut desde su congreso fundacional –irónicamente, vamos para treinta años de existencia y todavía seguimos con el mismo planteamiento–, que el plan de desarrollo del Gobierno, particularmente de este que está enfocado a la paz, debe apartarse del contexto que el Fondo Monetario Internacional, y en este caso la Ocde, le imponen.

Si ustedes observan el periódico del 1 y 2 de febrero verán, la presentación hecha por el doctor Gaviria, Director Nacional de Planeación, en donde reconoce que de trescientas y más propuestas hechas por la Ocde, el Plan de Desarrollo ya incorporó más de ciento treinta y siete. Dentro de esas, las de pensiones, el tema salarial y la contratación. Es decir que, el Plan de Desarrollo del Gobierno se enmarca estrictamente dentro de las exigencias de estos organismos multilaterales que están puestos al servicio del capitalismo internacional y del modelo neoliberal.

da. Entonces, ¿cuáles son las principales medidas propuestas por la Cut?
LP. Primero, el Gobierno tiene que rescatar su soberanía nacional a partir de impedir que desde fuera se dicten las directrices de cómo debe ser nuestro desarrollo y nuestra cultura. Para eso tiene que ganar autonomía, autoridad e independencia frente a la multilateralidad económica. Segundo, tiene que realizarse una reforma estructural de fondo del Estado colombiano, que involucre la reforma agraria integral que tanto reclaman, por ejemplo desde Cuba, los movimientos de insurgencia armada que están negociando, los campesinos y los indígenas, y que tanto reclamamos los sindicatos, pero que, hasta la fecha, no ha sido posible ni si quiera que sea tomada en cuenta.

Consideramos que debe cambiarse de fondo el modelo de desarrollo económico del Estado colombiano, que está centrado en el tema de exportaciones del sector minero-energético y abandonado en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria; Colombia está comprando alimentos, cuando perfectamente puede producirlos. Debe haber, de igual manera, una reforma de fondo y estructural en el tema educativo. Mientras no existan esas condiciones, nosotros seguiremos con sistemas de educación anacrónicos que promueven la cultura de la lucha individual por el desarrollo en el mundo del trabajo, y descolectiviza la concepción de clase que no permite construir una sociedad más equitativa y justa en aquello que tiene que ver con la distribución de la riqueza de los colombianos.

Es por la vía de las reformas estructurales que nosotros creemos que la situación se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza.

Publicado enEdición 210
Pensiones. Un negocio donde todos ponen pero pocos se jubilan

El Gobierno nacional presentará al Congreso, en las sesiones de la primera legislatura del 2013, su reforma al régimen pensional. La iniciativa oficial, presentada por el Ministro de Trabajo Rafael Pardo, ha provocado voces de rechazo. La reforma deja el amargo sabor de otro intento por desmantelar la obligación del Estado de garantizar el derecho a una pensión digna a todas las personas. Hay que garantizar el derecho, con una única salvedad: una tasa mayor para quienes pudieron ahorrar durante sus años de vida laboral.

 

La cifra es reveladora. De los 23 millones de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia, sólo un tercio cotiza para pensiones de manera permanente. No es para más. El desempleo del 10,4% y la informalidad del 68,8%, traen como consecuencia un no futuro para millones de connacionales en edad laboral, obligándolos al rebusque, a perseguir soluciones para sus necesidades diarias por fuera del mundo del trabajo formal, en un esfuerzo por mano propia que atomiza el conjunto social.

 

Es una realidad patética la que padecen millones de colombianos: además de no contar con ingresos dignos seguros y suficientes, producto del desarrollo de sus potencialidades, no cuentan con el favor del Estado. No es extraño, por tanto, el escaso espacio y ambiente que en nuestro tejido social encuentran las relaciones de solidaridad. Y como una de sus concreciones palpables, entre tanta flexibilidad laboral y trabajo precario, ¿qué campo puede tener un sistema de ahorro solidario, como el pensional?

 

En medio de esta realidad, lo que ha terminado por predominar en nuestra sociedad deslaboralizada es el "sálvese quien pueda", el individualismo, con el cual el derecho a la pensión –que depende de un ejercicio social colectivo–, termina por ser algo extraño y escaso, al que accede la minoría.

 

De aquí que la crisis del sistema pensional colombiano, sea la más clara expresión de un modelo social incapaz de resolver una alternativa fabril, en ciencia y tecnología, de potente producción agraria, pesca, y otras variables, basado en relaciones laborales justas, donde patrón y trabajador se conjuguen como dos partes sustanciales de la misma ecuación (la felicidad de todos/as), fiscalizadas por un Estado interesado de verdad en la justicia y la paz

 

Ante esta incapacidad histórica, lo que terminó por predominar entre nosotros –y propicia la crisis del régimen pensional– es la real existencia de un régimen laboral injusto. Crisis ahondada porque sus fondos (el ahorro de quienes cotizan) han sido manejados, desde siempre, como caja menor de los distintos gobiernos. Pero también, por la creación de fondos privados que desde 1993 cabalgan en los privilegios otorgados por el Estado, que permitió desangrar al otrora Instituto de los Seguros Sociales (ISS), y potenciar los fondos privados. La consecuencia de este desmadre es palpable: 10,4 millones de afiliados y reservas por 135 billones pesos en los fondos privados, los que sólo cubrir las mesadas de 56 pensionados. Mientras tanto, el Estado debe responder por 1,3 millones de estas mesadas.

 

Un sistema pensional insuficiente y en crisis, compuesto en lo fundamental por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten en el mercado. En ellos, los afiliados básicamente consignan en un fondo que busca lograr los mejores rendimientos financieros. El valor de la cotización es el 16% de la base salarial*. Para lograr una pensión se tienen que cotizar 1.225 semanas y cumplir 55 años en el caso de las mujeres, y 60 años para los hombres. En los próximos años, subirá la edad a 57 y 62 años respectivamente, también se incrementarán las semanas de cotización a 1.300, es decir a 26 años de cotización activa.

 

 

No hay cobertura

 

Las personas que en nuestro país tienen acceso a pensión suman 1,6 millones. El resto depende de su propio capital –unos pocos–, la solidaridad familiar, de aquello que se conoce como caridad, o del reducido subsidio estatal (Sisben 1 y 2, que fluctúa entre 40 y 75 mil pesos mensuales), que hoy cubre al 12 por ciento de esta población. La realidad, por tanto, es tozuda: la mayoría de las personas en edad de pensión viven en la pobreza o indigencia. Realidad poco gratificante, pues todos los habitantes de un país, por el simple hecho de integrarlo, deberían gozar del derecho a una vejez en dignidad, sin depender para ello de la ayuda de nadie.

 

Pero esta situación podría agravarse, bien porque la actitud desobligante del Estado sobre la garantía del derecho pensional pone en duda la sostenibilidad del sistema, o porque el sector financiero, que recauda las cotizaciones las canaliza para el negocio de la inversión y la especulación.

 

Sin equidad

 

Para rematar, hay una distancia real en equidad. La mayoría de los pensionados (80,6%) reciben entre uno (582.000 pesos) y 4 salarios mínimos. Las pensiones superiores a los 20 salarios mínimos son un sector privilegiado que no supera el 0,5 por ciento de la población pensionada. También existen regímenes pensionales que benefician a expresidentes, exministros, magistrados, jueces y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía, trabajadores de Ecopetrol, y algunos docentes. Sumados todos estos regímenes especiales llegan a representar el 16% del total del gasto pensional. Entonces, aunque es real que algunos miles gozan de una mejor pensión, ahí no descansa el motivo de la insostenibilidad del sistema pensional. Aunque esta es la realidad, los gobiernos de turno, incluido el actual, acuden al argumento de los privilegios, y la denuncia de los privilegiados, para justificar sus reformas, las mismas que siempre han contado con otras motivaciones de fondo.

 

Sostenibilidad: una historia de desmontes

 

Así ocurre en estos momentos. Con la actual reforma el Gobierno pretende, entre otros aspectos, motivar a la opinión pública contra el Régimen de Prima Media (RPM), un desprestigio que favorece a los fondos privados, una vieja estrategia del mercado para que el Estado deje la rentabilidad de los dineros ahorrados –mes tras mes– por los trabajadores para inversiones especulativas, que por su naturaleza ponen en peligro el futuro de la población afiliada. Este episodio se suma a la serie de desatenciones y recortes del Estado para menoscabar el goce pleno del derecho adquirido a la pensión, pasando por alto los pactos internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos y Pactos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de Naciones Unidas. Es más, los últimos gobiernos han hecho todo lo posible para liquidar los regímenes especiales que favorecen la población de grupos medios (docentes, Ecopetrol) o vulnerables, pero mantiene aquellos que privilegian a las élites (FF.AA, funcionarios del alto Estado).

 

En su esfuerzo por atender los dictados de la banca multilateral y dar cabal espacio a la especulación financiera, el proyecto de Ley 155 de 1992 eliminó el Sistema de Prima Media Escalonada y derivó a uno con Prestación Definida. Al mismo tiempo creó el nuevo Régimen de Ahorro Individual. La crisis del momento se creó, entre otros aspectos, porque el Gobierno incumplió con los aportes a que legalmente estaba obligado. Esta situación conlleva que entre los años 1993–2020, en cada uno de estos años, se haga efectivo un déficit que asciende a los 7 billones 19.314 millones de pesos. Por ejemplo, la deuda del Estado con los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrada por el entonces Instituto de Seguros Sociales (ISS) era de 876.000 millones de pesos, y eso que la viabilidad del antiguo ISS daba una rentabilidad real del 5 por ciento anual con reservas de inversión.

 

Ya con la famosa Ley 100, que otorgó libertad de competencia, aumentó la edad, las semanas de cotización y el monto de los aportes causando dificultades para el acceso a la pensión. También redujo las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. El sistema siguió funcionando y comenzó a suprimir las 1.040 Cajas y Fondos Públicos entonces existentes por unos privados. Para salvaguardar las expectativas de quienes estaban próximos a adquirir una pensión, en fallo C-168 de 1995 de la Corte Constitucional, la persona que al 25 de julio de 2005 cotizara 760 semanas o su equivalente en tiempo de servicio, era incluida en el régimen de transición que expira el 31 de diciembre de 2014. Una fecha que se alargó, pues la inicialmente establecida era el 31 de julio de 2010, prolongación lograda luego de muchas demandas y procesos fallados a favor.

 

Se presentaron otras resistencias. El fallo de otra demanda, con sentencia C-789 de 2002, se exigió la aplicación cierta del régimen de transición como un mecanismo de protección para quienes estaban próximos a cumplir con los requisitos al momento del tránsito legislativo. Pero con la Ley 717 de 2003, a pesar que muchos de sus artículos se declararon inexequibles por la Corte Constitucional, se aumentó en 2,5% la cotización y las semanas de 1.000 a 1.300. Además, en Acto Legislativo 01 de 2005 de nuevo se exige el pago pensional y que ninguno sea menor al salario mínimo, pero se expresa al mismo tiempo la prohibición de incluir el tema en las convenciones colectivas. El Acto Legislativo también plantea la creación del Sistema de Beneficios Periódicos al Salario Mínimo y que no existirán pensiones superiores a 25 salarios mínimos.

 

Y hay más. En reforma constitucional, Acto Legislativo 03 de 2011, se precisa de manera tajante que no se puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar derechos ni negar su protección efectiva. Otra sentencia, la C-288 de 2012, recalcó que el criterio de sostenibilidad fiscal debe ser un instrumento subordinado a los fines propios del Estado Social Democrático en la prestación de derechos. Esto es lo fallado, pese a lo cual prosigue el desmonte de los derechos de los trabajadores/ras, como la reciente reforma tributaria que carga con impuestos a las pensiones.

 

El Régimen de Prima Media (RPM) no se retoma de manera exclusiva en nuestro país. Como modelo público Está presente en Brasil, Argentina, Uruguay, Portugal y España. Sólo en Chile funciona el régimen de ahorro individual, pero, ante la gran cantidad de población excluida, se retomó el RPM como complemento. Modelos de sistema mixto hay en países como los Estados Unidos, México y Perú.

 

Así, con presiones de muchos años por ajustar el régimen pensional a los parámetros que más beneficien al sistema financiero –a través de sus fondos de pensión–, lleven en la legislatura que inicia en marzo a la aprobación –sin mucha discusión– de la ponencia presentada por el Gobierno. O aún peor: el mismo lobby de los fondos privados imponga una ley aún más regresiva.

 

La debilidad del mundo del trabajo en nuestro país, y la misma debilidad del sindicalismo, no permite augurar una resistencia de hondo calado ante la iniciativa gubernamental. Pero hay que intentarla. Abrir el debate. Una verdadera reforma debe obligar al Estado colombiano a retomar el control sobre el régimen de pensiones y suprimir la administración de manos privadas. También fomentar la formalización del mundo laboral, verdadera garantía para que la población trabajadora pueda construir su pensión. Así, la discusión no debe ser si subsidio o ahorro, pues para quienes han dedicado su vida al trabajo se trata de un derecho, y bajo ninguna circunstancia puede permitirse que sea un negocio.

 

* Del valor del salario, que es la base de cálculo de la cotización le llega al fondo de pensiones el 16%, al trabajador se le descuenta el 4% y el valor restante lo paga el empleador.

 


Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)

 

Creado por la Ley 100 de 1993. A ella pertenece el 80,3% del total de la población pensionada con que cuenta el país, vinculados en su mayoría a Colpensiones, entidad que reemplazó al extinto Instituto de los Seguros Sociales. Se sustenta y sostiene en la solidaridad generacional de trabajadores afiliados que cotizan para el pago de la mesada de los pensionados.

 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)

Se instauró con la Ley 797 de 2003. Pertenecen actualmente a él 56.153 pensionados, que representan el 5.6% de la población total que cotiza. Este régimen implica la destinación de un porcentaje para financiar el Fondo de Pensión Mínima (FGPM) y abrir una cuenta personal de ahorro hasta reunir aproximadamente 150 millones de pesos.

 


 

Posiciones

 

Confederación de Pensionados de Colombia

 

Los dineros de la seguridad social en pensiones se convirtieron en un negocio que deja utilidades a las administradoras de fondos privados, con un portafolio de inversiones que para el 2012 sumaba 412.582 millones de pesos, expuestos a los vaivenes de la especulación.

 

El Gobierno quiere romper el vínculo de los pensionados con la entidad o empresa que adquirió este derecho, terminando por entregar estos recursos a entidades aseguradoras susceptibles de quiebra, sin el pleno respaldo estatal que garantice el futuro de la totalidad del ahorro para cancelar las mesadas. Los fondos privados de pensiones no podrán lograr el número de afiliados para funcionar, y así los pensionados llegarán a recibir media pensión. El costo para la garantía del RAIS en 2002 iba en 17 billones, desde entonces no se han hecho más estudios.

 

Con el pretexto de hacer frente a las crisis financieras internacionales, el Estado quiere reducir de manera arbitraria las mesadas, o eliminar los subsidios. Hay una congelación de las mesadas, sometidas cada año a incrementos por debajo de la inflación. En últimas, cuando se desplome el régimen de pensiones, van a sufrir los pensionados y trabajadores afiliados, no los dueños del lucrativo negocio.

 

Central Unitaria de Trabajadores

 

Esta reforma continúa con la sistemática violación al compromiso de progresividad en derechos. En especial con la seguridad social que es de carácter irrenunciable, reconocida en convenios, disposiciones y recomendaciones internacionales. La crisis del sistema de la seguridad social es el negocio de la rentabilidad de grandes conglomerados financieros. El modelo de la RAIS traslada la responsabilidad directamente a cada individuo que –entre tanta informalidad, intermitencia del empleo y bajos salarios– no alcanza a cubrir la canasta familiar y no puede abonar a una cuenta individual los recursos suficientes para una pensión. El Estado debe asumir la seguridad social de la población como derecho, por lo tanto debe ser el garante, gestor y administrador del sistema para fomentar un modelo de desarrollo nacional productivo que promueva el trabajo decente.

 

Procuraduría General de la Nación

 

No puede existir tensión entre derechos adquiridos y sostenibilidad fiscal. La reforma va en contravía de derechos legítimamente adquiridos, refleja el paulatino desmonte del sistema público 'vendiendo' la idea que la crisis financiera tiene como culpable al jubilado que impide la sostenibilidad fiscal. Se quiere responsabilizar a los pensionados y afiliados de regímenes especiales por la transición, pretendiéndose que las pensiones hagan parte de la economía del mercado, presentados como un ahorro y no un derecho, por eso se entiende el carácter de entidad financiera que se le dio a Colpensiones.

 

El Estado se debe comprometer con la seguridad jurídica y confianza legítima para crear una situación jurídicamente consolidada conforme al derecho. Las reformas por si solas no generan cobertura, los problemas estructurales del Sistema se deben a la ineficiencia administrativa para decidir a tiempo y en derecho las solicitudes pensionales. A esto se suma la baja cobertura por ausencia de un trabajo digno. Incluso, según el mismo Banco Mundial, se reconoce que un sistema privado es inviable en países en desarrollo porque alcanzarían apenas una cobertura del 20 por ciento. Por último, nos preguntamos por qué en Colombia no se revisan las ganancias o cuotas de administración de los fondos y por qué no se dejó al legislativo la tarea de proponer la reforma.

 

Gobierno Nacional

 

Es necesario aumentar la cobertura, pero cualquier intento de mejora implica mayor costo fiscal, por lo que también se debe fortalecer la sostenibilidad financiera. Estima que la esperanza de vida para 2015–2020 será de 76,2 años así que es necesario aumentar la edad de jubilación, pero se podrían disminuir las semanas cotizadas. El problema de la sostenibilidad fiscal hace que el 24% del Presupuesto General de la Nación se destine a las pensiones, pero con una deuda del pasivo pensional que asciende al 116,2% del PIB. Se debe reducir el traslado de afiliados del sistema, o su impacto fiscal provocado por quienes se trasladan al RPM. Es importante eliminar los subsidios destinados a los más ricos, que llegan a ser del 86,3%. El sistema debe ser menos propenso a los fallos judiciales. Se deberá romper la restricción constitucional que garantiza la pensión mínima no inferior a un salario mínimo.

 

Para los demás, se pondrá en marcha el sistema de Beneficios Económicos Periódicos. Son cerca de siete millones de trabajadores que se les pedirá un monto de ahorro individual al que se sumará el 20% de subsidio del Gobierno, en total el monto sería igual al 85% de un salario mínimo. Para propiciarlo se destinará un porcentaje de la cotización de solidaridad de quienes están afiliados a las (RAIS). Para aquellos que no alcanzan a una pensión, está "Colombia Mayor" que focalizará los subsidios para cerca de 2,3 millones de mujeres y hombres, entre 52 y 57 años, que tienen Sisben 1 y 2, los cuales recibirán entre 40.000 a 75.000 pesos mensuales.

 

Fondos Privados

 

No se puede pensar en reformas estructurales cuando la economía no va bien. La reforma podría incidir en la caída del ahorro nacional y afectar el mercado de capitales al trasladarse los ahorros de la RAIS a la RPM. Preocupa que el sistema público se fortalezca, un régimen donde hay corrupción y falta transparencia. Se deben eliminar algunos regímenes especiales. Igualar los subsidios de pensión es innecesario porque mantiene el problema de la inequidad, pues el 80% de los subsidios está en la población de altos ingresos.

 

La propuesta puede generar una reducción en la cobertura. Además, el régimen público es financieramente inviable, requiriéndose unos 22 billones de pesos para financiarlo. Aún así, sin el régimen privado, la transición demográfica hace que el RPM sea inviable en cualquier país. Cada día hay menos trabajadores por pensionarse. Por último, Colpensiones debe transformarse para que coexista con RAIS como sucede en Chile.

Publicado enEdición N°188
Injusticia con la fuerza pública y sus reservas

El cuadro número 1 de este escrito es elocuente. Informa con claridad sobre el nefasto resultado de pretender cumplir el artículo 13 de la Ley 4a de 1992, por medio de las ilegalidades implementadas a partir del Decreto 107 de enero 15 de 1996. Sin facultades para hacerlo, esta norma introduce modificaciones estatutarias en la carrera. Su enorme efecto perjudicial afecta a los grados y empleados que abarcan desde Teniente Coronel hasta Adjunto 5°. Lo peor de este error consistió en repetirlo desde 1996 hasta la fecha. Como se ve, la Fuerza Pública y sus Reservas siguen soñando con la ilusión de la nivelación salarial.

 

Este absurdo tuvo origen en fallas entre las que se destacan: 1) La suspensión en 1986 de la nivelación salarial iniciada en 1981; 2) No dar a este proceso la continuidad ordenada en el artículo 13 de la Ley 4a de mayo 18 de 1992; 3) El desconocer el principio de oscilación salarial y demás derechos adquiridos, cuando se modificó el punto de partida de la EGP al reducir la remuneración del General de ser "igual en todo tiempo y por todo concepto a la de los Congresistas"1, por otra inferior: "igual en todo tiempo a lo que devengue un Ministro del despacho ejecutivo como asignación básica y gastos de representación..."2; 4) No haber promulgado dicha EGP antes de 1993, lo cual era indispensable a fin de cumplir el plan de nivelación trazado en el Decreto 25 de 1993; 5) La decisión de incrementar 3,8 veces (equivalente a un 281%) los sueldos más elevados del Estado en el lapso enero 1992 a enero 1993, mientras el salario mínimo subió un 25% y los nuestros un modesto 35%; y 6) A los intereses creados y la negligencia estatal, empeñados en aseverar que el Decreto 106 de 1997 acata la Constitución y la Ley.

 

Ante el silencio gubernamental respecto a nuestros requerimientos sobre esta materia, le presentamos el proyecto de nivelación considerado y conciliatorio que muestra el Cuadro Nº 2, pues el mismo hace abstracción del 43% que representa la Prima especial de servicios que pagan a los altos funcionarios del Estado.

 

No cabe duda de que esta es una distribución de sueldos institucional aterrizada, sin ser la óptima. Tampoco corrige la discriminación de negarnos un reajuste salarial igual al 7,67%, que certificó la Contraloría General de la República para los sueldos más elevados del Estado, dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución, y cuya aplicación debe extenderse a toda la FP porque su retribución tiene base de cálculo la del General. A pesar de que es inferior a la EGP que se pagó en 1980, no es tan lesiva como la que se ve en el cuadro Nº 1, donde los grados y empleados del segmento comprendido entre Teniente Coronel y Adjunto 5° perciben una remuneración menor al 29,18% con relación a la del General. Esta iniciativa no acata la Ley pero paladea el daño causado.

 

"Querer es poder" reza el adagio. La solución apropiada surge de corregir el yerro de 1993, es decir, revertir ese incremento exagerado de emolumentos, lo que permite establecer una estructura salarial digna y equitativa. Por tanto, recomendamos fijar la remuneración total de los Parlamentarios en $13 millones mensuales. Esto equilibra los salarios de la FP. Genera un Sueldo Básico del General de $5.850.000 = (13.000.000 x 45%). Este es el más alto punto de partida de la EGP y referencia de cálculo de los restantes, hasta el más bajo del Adjunto 5° que sería $585.000. Como se aprecia, conduce a una EGP casi igual a la del Cuadro Nº 2; además, tiene la virtud de acatar la legalidad con rigor y enmendar la falla en que incurrió el gobierno en el lapso enero 1992 a enero 1993.

 

Atrapados por el neoliberalismo en este conflicto social de todos contra todos, la ingenuidad, el miedo y la duda han impedido a la Reserva Democrática de Colombia fortalecerse y organizarse a fin de exigir mancomunadamente lo que merece y queda plasmado en metas como la expresada en el párrafo anterior.

 

* Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

 

1 Decreto 335 de febrero 24 de 1992. Precepto aplicado entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992.

2 Decreto 921 de junio 2 de 1992, fórmula ilegal aplicada desde el Decreto 107 de 1996, dando a entender que cumple la Ley 4a de 1992.

 

Cuadro 1

 

Cuadro Nº 1. Fuerza pública, Estructura salarial año 2012

 

Grados

EGP

SB $

Primas  

TOTAL-PES

EGP-PES

TOTAL+PES

EGP-REAL

General    

100,00%

4.439.827

8.542.122

12.981.949

100,00%

22.659.838

100,00%

Mayor General      

96,91%

4.302.477

5.260.702

9.563.179

73,67%

9.563.179

42,20%

Brigadier General    

86,62%

3.845.965

4.716.083

8.562.048

65,95%

8.562.048

37,79%

Coronel    

67,13%

2.980.381

3.631.778

6.612.159

50,93%

6.612.159

29,18%

Teniente Coronel    

52,36%2.324.765NDNDND  

Mayor  

45,53%2.021.400NDNDND  

Capitán   

37,47%1.663.524NDNDND  

Teniente 

32,73%1.453.120NDNDND  

Subteniente

28,94%1.284.735NDNDND  

Sgto. Mayor  

32,56%1.445.653NDNDND  

Sgto. Primero  

27,98%1.242.109NDNDND  

Sgto. Viceprimero    

25,32%1.124.267NDNDND  

Sgto. Segundo 

23,14%1.027.301NDNDND  
 Cabo Primero   21,40%950.226NDNDND  
 Cabo Segundo 20,75%921.145NDNDND  
Soldado Profesional 17,73% 793.380NDNDND  
 Agente 18,82% 835.483NDNDND  

 Fuentes. Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000; 842 y 853 de 2012. Contraloría General de la República.

 

Nota. No se incluye el personal no uniformado, debido a que el Decreto 843 de 2012 no contempla EGP, establece 39 niveles y 6 categorías, sin tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 4ª. de 1992. La propuesta presentada en 1994 al Ministerio de Defensa Nacional contempla todos los grados y empleados que requiere la FP.

 

Convenciones. EGP: Escala Gradual Porcentual. SB $: sueldo básico en pesos. Total-PES: remuneración sin prima especial de ser-vicios. EGP-PES: escala gradual porcentual sin prima especial de servicios. Total+PES: remuneración incluyendo la prima especial de servicios. EGP-Real: porcentaje de remuneración respecto a la total del general. ND: no disponible y muy inferior respecto a la que devenga el Coronel.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la prima especial de servicios. Reajustado en el 7.67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de los ministros año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de representación (48.64%) $6.314.420 + Prima de dirección (24.00%) $3.115.667 = $12.981.949.

Remuneración de los generales año 2012, sin incluir la prima especial de servicios. Sueldo básico 4.439.827 + Primas 8.542.122 = $12.981.949. SB = 3.551.862 + 6.314.420 X 45% = $4.439.827.

 

Cuadro 2

 

Cuadro Nº 2. EGP propuesta en 1994 a pesos de 2012

 

Grados   

EGPSB $EmpleadosEGPSB $

General 

100%5.841.878Especialista Asesor 1º75%4.381.409

Mayor General    

95%5.549.784Especialista Asesor 2º70%4.089.315

Brigadier General   

90%5.257.690Especialista Jefe60%3.505.127

Coronel    

80%4.673.502Especialista 1º55%3.213.033

Teniente Coronel    

75%4.381.409Especialista 2º50%2.920.939
Teniente Mayor70%4.089.315Especialista 3º45%2.628.845
Capitán60%3.505.127Especialista 4º40%2.336.751

  Teniente    

55%3.213.033Especialista 5º37%2.161.495

Subteniente    

50%2.920.939Especialista 6º34%1.986.239
      

Sgto. Mayor   

60%3.505.127Adjunto Jefe31%1.810.982

Sgto. Primero   

55%3.213.033Adjunto Intendente28%1.635.726

Sgto. Viceprimero    

50%2.920.939Adjunto Mayor25%1.460.470

Sgto. Segundo   

40%2.336.751Adjunto Especial22%1.285.213

Cabo Primero    

35%2.044.657Adjunto 1º19%1.109.957

Cabo Segundo   

30%1.752.563Adjunto 2º16%934.700

Soldado Profesional    

20%1.168.376Adjunto 3º13%759.444

Agente    

20%1.168.376Adjunto 4º11%642.607

 

Convenciones.

EGP: escala gradual porcentual. SB $: sueldo básico en pesos de 2012.


Fuentes.

Ley 4ª. de mayo 18 de 1992. Decretos 1794 de 2000, 842 Y 853 de 2012. EGP propuesta al gobierno nacional en 1994. Normas estatutarias vigentes para la Fuerza Pública.

Remuneración total de congresistas, ministros, generales y altos funcionarios del estado año 2012, incluyendo la Prima especial de servicios. reajustado en el 7,67% asciende a $22.659.838.

Remuneración de ministros y generales.

Asignación básica (27,36%) $3.551.862 + Gastos de Representación (48,64%) $6.314.420 + Prima de Dirección (24,00%) $3.115.667 = $12.981.949. Sin incluir la prima especial de servicios.

SB $ del General: 12.981.949 X 45% = 5.841.878, resultante de respetar el derecho adquirido a que el General devengue una remuneración igual a la de los Ministros en todo tiempo y por todo concepto, distribuida 45% como sueldo básico y 55% como primas.


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Publicado enEdición N°187

BBVA ha vendido su unidad de pensiones obligatorias en Colombia a la compañía Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir por 530 millones de dólares (unos 400 millones de euros). La entidad espera obtener de esta operación plusvalías netas de aproximadamente 265 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

La operación, que se cerrará en el primer semestre de 2013, supone la venta por parte de BBVA de la totalidad de la participación que, directa o indirectamente, BBVA mantiene en la compañía colombiana BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías. La entidad bancaria indica que el precio de venta, 530 millones de dólares (400 millones de euros), se ajustará en función del resultado neto de la compañía generado desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de cierre. Este precio representa un ratio sobre el beneficio esperado de 2013 de 13,6 veces.

 

La venta se enmarca en la revisión estratégica que está realizando BBVA en todas sus unidades de pensiones obligatorias de Latinoamérica que inició el pasado mes de mayo. El banco se está desprendiendo de actividades que considera que no son su negocio básico. En esta misma línea el pasado 27 de noviembre la entidad presidida por Francisco González vendió al Grupo Financiero Banorte su gestora de fondos de pensiones mexicanas Bancomer por 1.730 millones de dólares (1.337 millones de euros), con la que esperaba obtener una plusvalía de 800 millones de euros.

 

El País Madrid 24 DIC 2012 - 12:46 CET

Publicado enInternacional
Martes, 23 Octubre 2012 20:32

¿Armas de destrucción masiva?

Con la publicación del documento “Envejecimiento sin crisis: políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento”, el Banco Mundial oficializó en 1994 el argumento del aumento de la esperanza de vida (envejecimiento creciente de la población) como amenaza para las finanzas de los países si no se reconsideraba el sistema de pensiones predominante en ese momento, conocido como de “prestación definida”. Éste, sea público o privado, consiste en que al trabajador se le descuenta periódicamente, durante un tiempo determinado, una parte de su salario, y cuando cumple los requisitos de cotización y edad recibe un monto preestablecido que normalmente se tasa como un porcentaje de la última remuneración, o del promedio de lo devengado durante un lapso previamente acordado o establecido.

Si el sistema es público, los argumentos que se esgrimen descansan en suponer que el flujo que rentan los recursos ahorrados por el trabajador es menor que lo que éste recibe como mesada, por lo cual una parte de su ingreso debe ser subsidiado, y, si vive más años, se hace aún más oneroso para el Estado. De otro lado, también se sostiene que el aumento de la esperanza de vida hace crecer la población de pensionados, y que cada vez es menor el número de trabajadores activos (y, por tanto, cotizantes) por cada uno de los jubilados, debilitándose la base que sustenta el sistema.

Lo que no se cuenta es que en el período comprendido entre 1950 y 2010, por ejemplo, mientras la población crecía 2,7 veces el PIB mundial, en términos reales se multiplicó por 10, en una muestra irrefutable del aumento de la productividad per cápita de los trabajadores, lo que deja sin piso la simple relación numérica cotizantes/jubilados como causa de insostenibilidad del sistema pensional. Y también se ve que la esperanza de vida al nacer depende del nivel de ingresos, por lo que se trata de una variable y no de un parámetro, mucho menos de carácter irreversible (ver cuadro), que cuestiona la extensión de la permanencia en la empresa.


La privatización de las pensiones y la suerte de la mesada pensional sujeta al resultado de las apuestas de los grupos del sector financiero en el casino del capitalismo especulativo son en realidad el objetivo perseguido por el alarmismo de los expertos de las entidades multilaterales. Los países de América Latina, que tuvieron en Chile el ratón de laboratorio del nuevo sistema, y Europa del Este, que era depredada por todos los costados, fueron las primeras presas obligadas a rendirse ante las nuevas y leoninas condiciones. El aumento de los montos periódicos de la cotización y del número de cotizaciones, así como la extensión de la vida laboral, no son otra cosa que un ataque adicional a la remuneración del trabajo, que hoy, con la crisis desatada en el centro capitalista, se ceba en su propia clase trabajadora (en 28 de los 34 países miembros de la OCDE se ha aumentado la edad de retiro).

El ahorro de los trabajadores, un tesoro grande y peligroso


El historiador británico Robin Blackburn califica como “capitalismo gris” a la etapa que se inicia en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, por la importancia que los fondos de pensiones adquieren en la inversión financiera. Entre 1998 y 2010, los activos de los fondos de pensiones pasaron de cinco billones a cerca de 30 billones (millones de millones) en el mundo (valor equivalente a poco menos del 50 por ciento del PIB mundial), constituyéndose en unos de los inversionistas institucionales más importantes. Blackburn narra que, cuando Clinton propuso utilizar una parte de los fondos públicos pensionales de Estados Unidos para invertir en la bolsa de valores de ese país, Milton Friedman no sólo se escandalizó sino que, además, en un ejercicio mental, sostuvo que si se hubiera seguido la política de invertir los excedentes de esos fondos desde 1937, éstos habrían terminado apropiándose de todas las empresas de la Bolsa, inaugurando una vía al socialismo que sus cultores no habían imaginado, pues en esta forma los trabajadores habrían terminado como dueños de las compañías, con lo cual, de paso, desnudaban la importancia y el potencial del tamaño del ahorro de los trabajadores, de cuyo manejo siempre han estado marginados.

Ese tipo de conclusiones ha exacerbado quizás el afán de completar el proceso de privatización de las pensiones, que las entidades multilaterales han hecho evidente en las últimas décadas, y les da la razón a quienes sostienen, como el economista norteamericano Randall Wray, que detrás del alza sostenida de los precios de los alimentos, y en general de las materias primas, están las inversiones que los fondos de jubilación han realizado en los mercados de futuro de dichos productos, autorizadas desde 1999. Ello, de ser cierto, se constituiría en una singular aberración histórica, pues los ahorros de los trabajadores se habrían convertido en el nudo que aprieta su propio cuello, haciendo inalcanzable su alimento.

Este economista, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas City, muestra que el índice compuesto de los 33 productos básicos más comercializados declinó a una tasa anual de 1,2 por ciento durante los últimos 110 años, y en el período que va de 2003 a 2008 su comportamiento sufre un cambio de dirección que lo eleva en 203 por ciento. Se da la coincidencia de que, cuando en 2008 el Senado de Estados Unidos amenaza con investigar la causa de la burbuja, los fondos de pensiones retiran sus inversiones del sector, y el índice tiene un descenso brusco (en el caso particular del petróleo, la caída de precios se dio de 150 a 50 dólares por barril). Cuando la tormenta se calmó, los fondos regresaron sus inversiones al sector y de nuevo se escalaron los precios. La inquietud sobre el tema ya no es ajena a las autoridades europeas, hasta el punto de que la comisión del Parlamento Europeo sobre Asuntos Económicos y Monetarios votó a finales de septiembre a favor de regular el mercado financiero de los derivados de energía y los alimentos.



En el mismo sentido, cabe hacer eco de la denuncia que GRAIN viene formulando sobre la presencia de inversiones de los fondos de pensiones en el acaparamiento de tierras. Según esa organización, entre 5 y 15 mil millones de dólares de esas compañías se encuentran ya invertidos en la adquisición de tierras, y se espera que para 2015 este tipo de inversiones se duplique. Si recordamos que la política del Banco Mundial sobre pensiones se convirtió en evangelio, que como verdad revelada se repite por todos los académicos oficiosos del mundo, no es conveniente olvidar que ese mismo banco impulsa simultáneamente el acaparamiento de tierras y la aceleración del proceso de concentración de la población en las ciudades más grandes, con su lógica de la “nueva geografía”. ¿Estaremos caminando hacia un encarcelamiento masivo en el que la apropiación absoluta de lo rural por parte del capital termine confinándonos en verdaderos guetos urbanitas? ¿Además del ataque al trabajo, que ya está bastante avanzado, se planifica un ataque sistemático para la apropiación total de la base natural, por parte del gran capital?

No está de más recordar los magros resultados que la actual política laboral ha heredado a los trabajadores: según la OIT, el 75 por ciento de la población o no tiene acceso a la protección social o el que tiene es insuficiente, lo cual representa una población nada despreciable de 5.100 millones de personas. Y tan solo el 15 por ciento de los sin trabajo recibe algún subsidio de desempleo, sesgándose este beneficio hacia los trabajadores del centro capitalista, pues en los países de ingresos medianos-altos el promedio de los parados cubiertos con algún subsidio desciende a 10 por ciento, y en aquellos clasificados como de ingresos medianos-bajos o ingresos bajos esos porcentajes se reducen a 4 y 2 por ciento, respectivamente.
La tecnocracia colombiana repite como loro la lección

El lunes 2 de abril, los trabajadores de lo que quedaba del Seguro Social se veían sorprendidos porque la institución en que laboraban se había esfumado. Aparecía, como por arte de magia, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), que abarca a 1,2 millones de retirados y casi dos millones de cotizantes activos, en un paso más hacia la privatización de esta prestación social. Las quejas de los gestores privados de pensiones, que, pese a las maravillas que dicen ofrecer, veían un número creciente de traslados hacia el fondo público, daban sus primeros frutos.

El jueves 4 de octubre, vaya coincidencia, el gobierno colombiano radicaba la reforma tributaria, cuyo punto central es la reducción de los llamados “impuestos a la nómina”, también conocidos como parafiscales. La justificación de la reducción de estos pagos, que es una cantilena de vieja data de los tecnócratas colombianos, consiste en sostener que el régimen laboral del país presenta unos elevados “costos laborales no salariales” que estimulan el desempleo y el empleo informal. Esos ‘costos’ no son otra cosa que lo que en el lenguaje coloquial se conoce como “prestaciones sociales”.

El lenguaje alrevesado de la discusión es muestra de su carga ideológica, y se pretende esconder que la remuneración del trabajador contempla todos los factores que les permiten acceder a él y a su familia a una canasta de bienes y servicios con los cuales garantizar su existencia como individuos, y general en cuanto a la permanencia de su grupo social en el tiempo. Esos factores contemplan el salario directo (la remuneración monetaria o en especie que le es entregada material y regularmente); los salarios diferidos, que son parte de la remuneración retenida por el capital, que se le puede entregar a final de año, tales los casos de las llamadas primas y las vacaciones, o en la etapa final de la vida, como son las pensiones (que se traduce en retenciones por muy largos períodos); o cuando es despedido, como en las denominadas “cesantías”. Igualmente, se cuenta con un salario indirecto que se deriva normalmente de fondos de solidaridad entre trabajadores y que apuntan al suministro de servicios de consumo masivo como salud, educación y recreación. Hablar entonces de costos laborales no salariales es tanto como hablar de costos laborales no laborales, un verdadero sinsentido que pretende velar que la reducción de esos montos no es más que una disminución del salario que asume el trabajador en el peor de los casos, o se traslada al Estado para transformarse en subsidio, en aras de favorecer el capital.

Los trabajos de la academia convencional que se muestran como “pruebas científicas” de la supuesta relación directa entre parafiscales y desempleo fueron puestos en cuestión en marzo de 2010, en un estudio del Boletín Nº 12 del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad Externado de Colombia (con argumentos de la misma lógica convencional), sin que hasta ahora se hayan dado respuestas serias. En ese estudio se concluye, además, que los efectos de las reducciones en los parafiscales sobre el empleo son por lo menos inciertos.

El periódico español Público señalaba en su edición del 7 de agosto de este año que en España el 55 por ciento de las empresas no tiene asalariados, es decir, que deben considerarse unipersonales en el sentido estricto de la palabra. Y, como es sabido, el tamaño de la empresa es un factor decisivo en su grado de ‘formalidad’, por lo que cabe preguntar en Colombia, donde la situación es aún más marcada, si la reforma a los parafiscales tendrá como efecto aumentar el tamaño de las empresas para que ceda la informalidad laboral. Que las disciplinas sociales son por principio ideológicas es algo que cualquier persona seria y medianamente informada acepta, pero que se alcancen los extremos a los que llega la economía convencional ya es un verdadero escándalo.

La reforma laboral de 2002, plasmada en la Ley 789 de ese año y que se llamó pomposamente “de la empleabilidad”, eliminó algunos recargos salariales al redefinir el trabajo nocturno, reduciendo los rangos para horas extras, dominicales y festivos, y disminuyó los costos de despido sin que se tuviera el más mínimo efecto sobre el comportamiento del empleo. Pero esa no es la única predicción fallida de nuestros economistas ultraliberales, pues desde 1990 le prometieron al país que la concesión de vías (privatización, pura y dura) nos ubicaría en el primer mundo de la interconexión, y en 2004 Colombia apenas contaba con 205 kilómetros por cada millón de habitantes, mientras que Argentina disfrutaba de 1.604. La práctica eliminación de la salud pública se mostraba como la más grande revolución social, y hoy, con el sistema privado casi quebrado, dando muestras de grados superlativos de ineficiencia y corrupción, cuando el país clama por una gran reforma, los académicos aupadores y justificadores de lo privado hacen mutis por el foro.

Y si bien la reforma a las pensiones no se incluyó en la presente legislación, eso no implica la renuncia del capital a forzarla más adelante. La cartilla del Banco Mundial se sigue recitando y el argumento del aumento de la esperanza de vida no se hace esperar. En el caso de Colombia, se debe comenzar a dejar claro que el 84 por ciento de quienes cotizan para jubilación son personas que ganan menos de dos salarios mínimos, y ¡oh, sorpresa!, si se consulta la esperanza de vida al nacer de la Organización Mundial de la Salud, la diferencia entre los que reciben bajos ingresos y quienes obtienen altos ingresos es de 23 años (57 contra 80), lo que convierte al argumento en deleznable.

¿No se hace urgente, entonces, poner en el primer nivel de las conquistas por alcanzar de parte de los trabajadores la exigencia de la autogestión de sus propios fondos de ahorro? Ahora, cuando la precarización también amenaza a los asalariados del centro capitalista, parece más oportuna que nunca una acción conjunta que exija la devolución al trabajo de aquello que devengado es nuevamente enajenado por el capital. La ofensiva sobre el trabajo y la naturaleza, apuntalada, paradójicamente, por lo menos en parte, en los propios ahorros concentrados y centralizados del trabajo, es algo que se debe confrontar con entereza si queremos conservar algo de humanidad.


Recuadro

Esperanza de vida al nacer (años)

Nivel de ingresos Total Hombres Mujeres
Ingresos bajos 57 55 59
Ingresos medios bajos 68 66 69
Ingresos medios altos 71 68 75
Ingresos altos 80 77 83

Fuente: OMS.




Publicado enEdición 185
La OCDE recomienda retrasar la jubilación más allá de los 67 años
La OCDE recomendó hoy retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos.


"Los trabajadores actuales y los del futuro tendrán que trabajar más tiempo antes de retirarse y tendrán pensiones públicas inferiores", señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años. La organización constató que la crisis financiera que se desencadenó a partir de 2007-2008 ha tenido "un impacto profundo" en las cuentas públicas de la mayor parte de sus 34 países miembros, lo que ha obligado, entre otras cosas, a llevar a cabo reformas de los sistemas de pensiones.


Tras constatar que en trece de esos Estados a largo plazo la edad de jubilación será de 67 años o más, la OCDE destacó que hay que incitar a elevar la edad de retiro incluso por encima de ese listón y consideró que una forma "efectiva y transparente" de hacerlo es vincularla a la esperanza de vida, como ya se ha estipulado en Dinamarca y en Italia. Reconoció que los ajustes automáticos entre la evolución de la esperanza de vida y la edad de jubilación son a menudo "complejos, difíciles de entender y crean incertidumbre sobre los beneficios futuros", por eso requieren "graduación y transparencia en su implementación".


Los autores del estudio indicaron que una persona que empieza a trabajar ahora puede esperar, de media, recibir una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración si se jubila con el periodo de cotización completa.


Si se suman los beneficios de las pensiones privadas (que son obligatorias en 13 países de la organización) un pensionista medio recibe un 69 % de lo que cobraba mientras trabajaba, aunque ese porcentaje se queda por debajo del 60 % en una docena de miembros, sobre todo donde la cotización a fondos privados es voluntaria. Por eso, los autores del informe estiman que "la solución ideal" sería hacer obligatorio cotizar a fondos privados e integrar a los trabajadores automáticamente en ese tipo de dispositivos, como ya ocurre en Nueva Zelanda.


EFE MADRID11/06/2012 12:45 Actualizado: 11/06/2012 13:00

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Hollande echa para atrás la subida de la edad de jubilación que impulsó Sarkozy
El Gobierno socialista francés ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros la prometida contrarreforma de las pensiones, desafiando tanto la política de rigor y austeridad que recorre Europa como las recientes recomendaciones de la Comisión Europea, que hace unos días alertó de que el sistema de pensiones francés puede no ser sostenible a medio plazo. La ministra de Asuntos Sociales, Marisol Touraine, autora de la reforma, ha explicado que los trabajadores que empezaron a cotizar a los 18 o 19 años tendrán derecho a jubilarse a los 60 años, y no deberán esperar a los 62 años como estipulaba la ley aprobada en 2010 por la mayoría liderada por Nicolas Sarkozy.

Aquella reforma de estirpe liberal redujo la jubilación a los 60 años para quienes empezaron a trabajar a los 17 años o antes. El nuevo presidente, François Hollande, firmará un decreto para que la medida entre en vigor el 1 de noviembre, una fórmula que ha irritado a la oposición conservadora, que la ha definido como un ataque a la democracia porque no pasa por el Parlamento.




Pese a la presión de Alemania y Bruselas, inquietas por que el Gobierno socialista eleve el gasto público más allá de lo aconsejable para cumplir el objetivo de déficit del 3% el año próximo, aquellos asalariados nacidos en 1955 o después y que hayan cotizado 41,5 anualidades podrán abandonar sus trabajos a partir de noviembre.

Como símbolo de la justicia social que preconiza Hollande, el nuevo sistema ofrece ventajas a las mujeres y los parados. Los periodos de desempleo y los permisos de maternidad contarán entre los trimestres necesarios para jubilarse. Los desempleados de larga duración y las madres de tres hijos o más que hayan sufrido enfermedades largas podrán apuntarse dos trimestres suplementarios para jubilarse a los 60 años. Según el Gobierno, el sistema anterior penalizaba a estas mujeres, que solo suponen el 25% de las trabajadoras con carreras prolongadas.

La modificación de una de las innovaciones más emblemáticas de la etapa Sarkozy fue una de las claves de la campaña electoral que llevó a Hollande al Elíseo. El candidato socialista aseguró que no era justo que los trabajadores con “carreras largas” que habían cotizado a la Seguridad Social más de 40 anualidades no pudieran acceder a la pensión a los 60 años, y prometió dar marcha atrás en cuanto llegara al poder.

La reforma tendrá un efecto limitado. El Gobierno estima que afectará a más del 20% de las pensiones globales y que en 2013 podrán acogerse a la extensión del sistema entre 110.000 y 120.000 personas. El coste para el Estado será de 1.200 millones de euros el año próximo, y de 3.000 millones anuales desde 2017. La financiación se cubrirá con un aumento de las cotizaciones sociales de dos décimas de punto: una décima la costearán los trabajadores y otra las empresas.

La medida ha sido juzgada como electoralista por la oposición de la UMP, que considera un “escándalo” que sea aprobada mediante un decreto, lo que impide su discusión en el Parlamento. El oportunismo político de la reforma es evidente: el primer turno de las elecciones legislativas se celebra el domingo.

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Seis de cada 10 mayores en Latinoamérica no cobran pensión
Casi siempre que se habla de la población de Latinoamérica se tiende a pensar en juventud. Sin embargo, la pirámide demográfica envejece a un ritmo nada desdeñable. El principal desafío radica en que solo cuatro de cada 10 mayores de 60 años percibe una pensión. Esas personas también tienen dificultades para acceder a la sanidad, mientras que la atención a la dependencia prácticamente no figura en la agenda pública. En la actualidad suman 58 millones las personas de más de 60 años en Latinoamérica, pero en 2035 superarán a las de menos de 14 años y en 2050 triplicarán el número actual, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentado en Costa Rica. Los mayores de 80, que suelen necesitar cuidados de terceros, pasarán de suponer el 1,5% de la población al 6% a mediados de siglo.


Los pocos que cobran jubilación en Latinoamérica en general suelen ser aquellos más adinerados, los que pudieron tener acceso a un buen empleo. Pero los trabajos no cualificados, de alta informalidad administrativa, lleva a que solo el 53,2% de los trabajadores aporte a la Seguridad Social. Los empleados irregulares no solo no tendrán pensión, sino que carecen y carecerán de una adecuada cobertura de salud para ellos y su familia. La CEPAL aboga por la extensión de las pensiones no contributivas.

 
El crecimiento económico de los últimos años permitió ampliar la proporción de mayores con pensión, como en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, pero la región se encuentra lejos del 75% de los países desarrollados. Muchas personas de más 60 años deben trabajar ante la falta de pensión o porque lo que cobran no les alcanza. Otros dependen de la ayuda de sus hijos. El 25% de las mujeres latinoamericanas mayores carece de ingresos propios y el 10% de los varones se hallan en la misma situación, particularmente preocupante en Ecuador, El Salvador, México y Paraguay.

 
“El coste de vida crece a mayor velocidad que las jubilaciones”, se queja el presidente de la Central Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Jubilados, el dominicano José Gómez Cerda. Jorge, un jubilado de Buenos Aires, cobra, al igual que el 85% de sus pares, la pensión mínima de 318 euros y por eso trabaja como taxista. “Necesito 2.000 pesos [346 euros] al mes para pagarme la [cobertura de] medicina privada y la de mi mujer; no quiero hacer horas en la cola en un hospital [público]”, cuenta Jorge.


Algunos países han adoptado medidas aisladas a favor de que los mayores trabajen, como formación y entrega de subsidios o créditos para emprendedores. Brasil, Colombia, Chile, Panamá y Uruguay han creado subvenciones a las familias con algún mayor. En materia de sanidad, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Chile han adoptado en los últimos años políticas específicas para asegurar la atención. El reparto de medicamentos mejoró en Argentina, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, según la CEPAL. “Muchos tienen más acceso a los servicios de salud, pero los trámites burocráticos, las negaciones de derechos, los pagos extra y la exclusión de servicios hacen la situación muy difícil para los que no están activos en los sistemas contributivos”, alerta Gómez Cerda.

 
“La atención a la dependencia es uno de los grandes desafíos latinoamericanos”, reconoce un gerente del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados de Argentina, Federico Susbielles. Su instituto ayuda a 21.000 ancianos que viven en residencias y subvenciona a 40.000 para que alguien los cuide. El funcionario destaca que en Argentina el 95% de los mayores cobra pensión y el 100% tiene atención médica, y lo atribuye a la renacionalización del sistema de pensiones y a la reconstrucción de su instituto. Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Tercera Edad de la Cámara de Diputados, el progresista Gumersindo Alonso, aboga por mejorar las pensiones y la calidad de los servicios de salud, pero también por políticas que den nuevas metas de vida a los ancianos.

 
“Los servicios de cuidados para los mayores son muy limitados en Latinoamérica”, advierte Gómez Cerca. “Existen casas de cuidados que pueden calificarse como almacenes de viejos. Otros son muy caros. Solo funcionan aquellos asilos administrados por religiosos, especialmente monjas”, añade el dirigente de los pensionistas latinoamericanos.


Por Alejando Rebosio Buenos Aires 21 MAY 2012 - 02:50 CET

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