AL: riqueza y miseria extremas// Concentración y subdesarrollo// Biden-Unión Europea: ladrones

La buena: en 2022, todas las economía latinoamericanas crecerán; la mala: el beneficio se queda en la cada vez más compacta cúpula y la proporción de avance no es suficiente para cubrir el hoyo abierto por la pandemia; la peor: la patria grande se mantiene como la más desigual del planeta, de tal suerte que mientras no se atienda y resuelve el gravísimo problema de la concentración del ingreso y la riqueza nuestras naciones no saldrán del subdesarrollo ni abatirán los terroríficos índices de pobreza.

Según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Oxfam, el 10 por ciento más ricos de América Latina y el Caribe concentra 71 por ciento de la riqueza regional, mientras el 90 por ciento restante se queda (también de forma por demás desigual) con el 29 por ciento restante. Gobiernos van, gobiernos vienen (de todos colores y sabores), y el panorama empeora.

Por ejemplo, se estima que menos de nueve decenas de oligarcas latinoamericanos concentran algo más de 10 por ciento del producto interno bruto regional. En el caso mexicano, 15 barones acaparan alrededor de 13 por ciento del PIB nacional, sin olvidar que la mitad de esa proporción es acaparada por un oligarca: Carlos Slim, quien en los dos años de covid-19 incrementó sus de por sí abultados haberes en cerca de 60 por ciento; el tóxico Germán Larrea lo hizo en 55 por ciento.

Mientras la pandemia hundió –aún más– a miles de millones de seres humanos, los oligarcas nacionales e internacionales no dejaron de acumular y concentrar riqueza, de tal suerte que si no se modifican las "reglas" del juego esta espeluznante historia será perenne con o sin crecimiento económico.

En vía de mientras, la Cepal considera que el panorama para la patria grande no es muy grato, aunque, con todo, se mantienen las cifras positivas (insuficientes a todas luces) en materia de crecimiento. Dice el organismo que la región "enfrenta una coyuntura compleja en 2022 debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial que afectan negativamente el crecimiento global, estimado en 3.3 por ciento, un punto porcentual menos de lo proyectado antes del inicio de las hostilidades. Para Latinoamérica el menor crecimiento va junto con una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo; para ella se prevé un avance promedio de 1.8 por ciento; Sudamérica crecerá 1.5, Centroamérica más México, 2.3, y el Caribe, 4.7".

En las nuevas proyecciones de la Cepal des-taca el crecimiento estimado para la economía venezolana, la cual acumuló varios años en caídas libre. Para 2022 se espera avance de 5 por ciento, el tercero de mayor magnitud en la región, sólo superado por Panamá (6.3 por ciento), y República Dominicana, con 5.3 por ciento. En el tablero, las tres mayores economías regionales registrarían un crecimiento de 1.7 por ciento, en el caso mexicano; 0.4 por ciento, en el brasileño, y 3 por ciento, en el argentino.

La Cepal advierte que "si bien los mercados del trabajo dan señales de recuperación, ésta ha sido lenta e incompleta. Para 2022, en concordancia con la desaceleración que se espera en materia de crecimiento regional, se prevé que el ritmo de creación de empleo se reduzca. La acción conjunta de una mayor participación laboral y un bajo ritmo de creación de plazas im-pulsará un alza en la tasa de desocupación durante este año". Previamente, el organismo advirtió que "la desaceleración esperada en 2022, junto con los problemas estructurales de baja inversión y productividad, pobreza y desigualdad, requieren reforzar el crecimiento como un elemento central de las políticas, al tiempo que se atienden las presiones inflacionarias y riesgos macrofinancieros".

Pues bien, a ese ritmo y con creciente concentración del ingreso y la riqueza América Latina corre el riesgo de ser perpetuamente la campeona de la desigualdad mundial.

Las rebanadas del pastel

Si de bandoleros se trata, ahí está la denuncia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov: "los pagos por nuestros recursos energéticos se hacían por medio de bancos occidentales; tras la imposición de sanciones, las reservas acumuladas por nuestra nación fueron congeladas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que supone un robo de más 300 mil millones de dólares; simplemente los tomaron y robaron; no tenemos el derecho ante nuestro propio pueblo de permitir que Occidente siga con sus hábitos de ladrón".

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Lunes, 11 Abril 2022 05:22

Estos también huyen

Estos también huyen

En este tramo de la carretera que cruza el desierto de Coahuila hay un reguero de mochilas de todos los colores, cobijas y piezas de ropa, al pie de las puertas abiertas de un furgón de carga. Allí iban encerrados, a una temperatura infernal, 64 migrantes con destino a Estados Unidos. El sábado 5 de marzo, cerca del poblado de Monclova, y cuando faltaban 300 kilómetros de recorrido, fueron abandonados por los coyotes con los que habían contratado el viaje en la Ciudad de México.

Clorinda Alarcón, nicaragüense, tenía 20 años y ocho meses de embarazo. La madrugada del 12 de febrero había salido de su lejana comunidad del Hormiguero, en el mineral de Siuna, junto con su esposo Pedro Manzanares, una niña de tres años, y su hermano Saturnino. Vendieron la casa y sus enseres, y todo quedaba atrás en sus vidas. La noche del viernes 4 de marzo ella llamó desde algún lugar de Coahuila a Cenia, su hermana mayor, para decirle que se iban acercando a la frontera.

Se dieron cuenta de que los coyotes los habían abandonado porque el furgón no se movía. "Estábamos casi todos desmayados por la asfixia, y entonces decidimos abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos", cuenta Pedro. En la angustia por salir, pisotearon el vientre de Clorinda, quien se había caído. Murió en el hospital al segundo día, víctima de "síndrome de disfunción multiorgánica". El niño también. "Muerte fetal", declararon los médicos.

El 4 de marzo, la noche en que Clorinda habló con su hermana Cenia por última vez, otro grupo de migrantes buscaba atravesar las aguas del río Bravo cerca de Piedras Negras, también en el estado de Coahuila. En la oscuridad, metidos en la corriente hasta la cintura, hacían una cadena con las manos para evitar ser arrastrados.

Angélica Silva, también nicaragüense, formaba parte de la cadena, y uno de los hombres que cruzaba con ella le había hecho el favor de cargar a su niña de cuatro años, Angélica Mariel. Casi al alcanzar la orilla del otro lado, la madre fue arrebatada por la corriente, pero logró alcanzar la otra orilla. El hombre fue arrastrado también, y no pudo retener a la niña.

Es lo que ella cuenta a la emisora La Rancherita del Aire, desde Eagle Pass, en Texas. Escuchó a la niña gritar pidiendo auxilio, y por alguna razón creyó que la habían rescatado del lado mexicano.

Al fin la encontró, aguas abajo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Fue identificada por la vestimenta que llevaba, una licra de color negro y una blusa de botones rosados y medias del mismo color.

A la madre le fue concedido asilo político. Su intención era llegar a Miami, donde tiene familiares. Ahora debió seguir el viaje sola.

Gabriela Espinoza, de 32 años, de Managua, también pereció en el río Bravo el 21 de marzo. Según La Voz, de Coahuila, un pescador intentó inútilmente rescatarla mientras era arrastrada por la corriente.

Había iniciado su viaje el 15 de febrero. Quería reunir dinero para mejorar la vida de su madre, María Mercedes Espinoza, dueña de una pulpería. "¿Para qué te vas a ir, mi hijita? Me estás dejando ya vieja, de 71 años, mejor quédate conmigo, sos mi única hija mujer", le suplicó, pero no pudo hacerla desistir. "Ella quería que yo viviera como una reina", dice.

El cuerpo se encuentra ahora en una morgue en México y la repatriación cuesta 7 mil dólares, que la familia no tiene.

Es un drama que se multiplica en miles de vidas. Sólo en diciembre de 2021 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó más de 15 mil detenciones de nicaragüenses que intentaban cruzar desde México, y en todo ese año la cifra llegó a 87 mil personas.

En El Paso, Texas, los nicaragüenses se entregan por centenares cada día a las autoridades con la esperanza de recibir asilo, pero no todos tienen suerte, y muchos son obligados a regresar a México. Y para llegar hasta los pasos fronterizos hay que exponerse a los engaños de los coyotes, a extorsiones de la policía, a los secuestros. Y al riesgo constante de la muerte.

Muchos huyen de la represión, de la venganza gubernamental que se ceba en los que disienten y son vigilados en sus barrios, o en sus trabajos en el gobierno. Haber estado presente en una marcha de protesta es ya un delito, opinar en las redes sociales también. Decir algo contra el régimen en un chat es suficiente para ser encarcelado.

Ahora que la atención mundial se concentra en los miles que huyen de sus hogares en Ucrania, para librarse de las bombas ultrasónicas de Putin, no olvidemos a estos otros refugiados que huyen de una dictadura de la que sólo se sabe muy de vez en cuando.

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‘Sin la opción del suicidio, hace tiempo me hubiera matado’

¿Cuáles son las características y causas del suicidio? ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno en Colombia, y su comparativo a nivel global? son algunos de los interrogantes tratados en este artículo con foco en el país para el período postconstitucional 1991-2021. Es una realidad fundamental de revisar en tiempo electoral, cuando pululan promesas de unos y otras de mejor vida, que deben llegar a garantizarla en dignidad, condición para que las cifras acá relacionadas no continúen en creciente.

En enero de 2022, según el balance de Medicina Legal, en Colombia las muertes violentas subieron 17 por ciento y los suicidios 3,4 frente a enero de 2021. Mientras que en enero de 2021 se documentaron 176 suicidios, en el primer mes de este 2022 fueron 182 casos, de los cuales seis corresponden a niños entre los 10 y los 14 años y otros 9 a menores entre los 15 y los 17 años. El rango etario con más casos es el de los jóvenes de 20 a 29 años (49 suicidios).


Un fenómeno desbordado. Entre los años 1991-2021 los suicidios en Colombia pasaron de 605 a 2.595 por año, con una velocidad 3 veces superior al crecimiento de la población que en igual periodo se elevó de 33,8 a 51,0 millones. El total de suicidios durante estos últimos treinta años suma 58.414; la tasa por cada 100.000 personas pasó de 1,8 en 1991 a 5,1 en 2021, si bien en 2018 alcanzó la cifra de 5,6 (gráfico 1). En paralelo, en sólo la última década, la tasa de intento de suicidio se disparó de 0,9 por 100.000 habitantes, registrada en 2009, a una tasa cercana a 60 en la actualidad.

 

 


Los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida laboral o financiera, la pobreza y la exclusión, las violencias, el trauma o el abuso, los trastornos mentales, el uso de sustancias psicoactivas o el alcoholismo y las barreras para acceder a la atención médica, se han ampliado aún más con el covid-19. Al año de iniciada la pandemia, alrededor del 50 por ciento de las personas ya expresaban que su salud mental había empeorado.


Más allá de la frontera. Anualmente se quitan la vida cerca de un millón de personas en el mundo. Fenómeno creciente: las tasas de suicidio se han incrementado un 60 por ciento entre la década de 1960 y el segundo decenio del siglo XXI. Los fallecimientos por esta causa superan en cifras a otras como el VIH, el paludismo o el cáncer de mama.


A nivel global, el suicidio es la décima causa de muerte más importante; además, por cada uno de ellos hay entre 10 y 40 intentos. Los suicidios y los intentos de consumarlo tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Los hombres fallecen por esta causa cuatro veces más que las mujeres, aunque ellas lo intentan cuatro veces más que ellos (los hombres utilizan métodos más letales). Esta diferencia es incluso más pronunciada en personas de 65 años o más, en los que un décuplo de hombres comete suicidio por cada mujer.


Las tasas de suicidio son mayores en la mediana y tercera edades; no obstante, su número absoluto más alto se encuentra entre los 15 y 29 años, dada la cantidad de personas pertenecientes a este grupo de edad. Las personas más jóvenes lo intentan frecuentemente, es la segunda causa de muerte más común en adolescentes. En hombres jóvenes del mundo capitalista central el suicidio es causa de aproximadamente el 30 por ciento de las muertes; en contraste, en los países periféricos, como Colombia, las tasas de suicidios registran una menor proporción del total de muertes debido a que otros tipos de traumatismos tienen mayores tasas de mortalidad como los homicidios. Para el caso nacional, en los adolescentes y jóvenes (12 a 28 años de edad) las causas externas (homicidios, suicidios, accidentes y otros factores agresivos) son los principales motivos de las defunciones, en particular los homicidios de hombres. En general, desde mediados de la década de 1980, el contexto de la sociedad colombiana representa un mayor riesgo, agresividad y violencia para la seguridad, vida y bienestar de los adolescentes y jóvenes.


El suicidio en Colombia, 1991-2021


De acuerdo con los estudios poblacionales realizados en Colombia a partir de la “Encuesta Nacional de Salud Mental” el evento más frecuente dentro de la conducta suicida es la ideación, con una frecuencia de 6,6 por ciento, seguido del intento de suicidio, con 2,6 y del plan suicida, con 1,8. El 37,6 por ciento de quienes intentan suicidarse, antes lo habían planeado. En los adolescentes es más frecuente el intento de suicidio que el plan, lo que llama la atención sobre la incidencia de la impulsividad en este grupo poblacional.


Según el Sistema Integral de Información de la Protección Social –Sispro–, la tasa de intento de suicidio va al alza en lo corrido del siglo XXI. En 2009 la tasa por 100.000 habitantes era de 0,9 y recientemente se aproxima a 60. En la población de 15 a 19 años de edad actualmente supera el valor de 115, seguido por el grupo de 20 a 24 años cuya tasa se acerca aceleradamente a 100.


El índice de suicidios, tomando como base el año de 1991, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Inmlcf/ Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia-Gcrnv–, alcanza un valor de 284,2 en 2021. Este índice superó el valor de 300 en los años 1998, 1999, 2017 y 2018. El comportamiento del índice sigue de cerca la evolución de factores de riesgo a que está expuesta la población colombiana como la violencia generalizada, la pobreza por bajos ingresos y el desempleo. El Estado y la sociedad no generan bienestar ni garantizan un mínimo de dignidad a la mayoría de la población colombiana (gráfico 2).


Es una realidad potenciada por el cambio de modelo de desarrollo, concretado a la par de la promulgación de la Constitución de 1991, que anuncia el fomento de la dignidad humana. Sin embargo, los efectos del nuevo modelo, que también prometía abundancia y felicidad para las mayorías va en contravía de lo anunciado: precarizó al trabajo, aupó la concentración del ingreso y la riqueza, privatizó los bienes y servicios públicos en medio de una fiesta de corrupción desvergonzada, violó los derechos humanos, atizó la guerra e indujo al individualismo y la competencia desalmada, promovió la consigna del “todo vale”, la anomía social y el consumismo desaforado, además de profundizar la pobreza, la desesperanza y la exclusión social, política y económica. El hiperindividualismo llegó para quedarse, vive en la epidermis de la colectividad, se alimenta de ella, se fortalece con sus miedos, vive gracias al narcisismo consumista de las personas, que sin darse cuenta únicamente quieren huir de la angustia y zozobra que les concede la superficialidad de su presente.


Los efectos sociales y mentales de la ‘bienvenida al futuro’ que anunció el entonces presidente César Gaviria (1990-94), desnudan una sociedad pesimista, exasperada y desolada: consideración negativa del mundo, escepticismo, anomia, consideración negativa del futuro, sentimiento de derrota, pérdida de autoestima, deshumanización, aumento de los trastornos mentales y, consecuencia lógica, el aumento de la ideación, los planes y los intentos de suicidio.


Tres décadas después de aquella promesa, la pandemia por covid-19, la crisis del sistema de salud, las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades públicas y los impactos de la recesión económica sobre los grupos más vulnerables ha elevado el número de suicidios y entre 2020-2021 la tasa de crecimiento de las muertes autoinfligidas intencionalmente aumentó en 9,4 por ciento en los hombres y en 7,9 en las mujeres (gráfico 3).

 


Cerrando el foco. Las tasas, contribuciones relativas y causas de los suicidios por ciclo vital (proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte) refleja condicionantes y determinantes sociales e individuales diferenciales. La participación mayoritaria en el total de suicidios corresponde al intervalo de 29 a 59 años de edad (adultez) con el 42 por ciento seguido del grupo etario joven (18 a 28 años) que aporta el 29,2 por ciento (gráfico 4).

 


Radiografía social. La violencia autoinfligida y otras formas de autolesión son problemas graves que afectan a los niños, los jóvenes y las familias. Estas van desde las lesiones (cortarse) hasta el suicidio. La causa no son únicamente la depresión u otras enfermedades mentales como las discapacidades del desarrollo y los trastornos límite de la personalidad, de ansiedad, conductual y bipolar. La existencia cada vez es más estresante desde la temprana infancia y afectada por pérdidas continuas (duelo y melancolía). La soledad, el desamparo, la comunicación deficiente y la violencia intrafamiliar son inherente a la vida en las grandes ciudades.


Como parte de esa radiografía, la pobreza, la violencia y la exclusión, la explotación y la opresión, la soledad, el fracaso en los planes de vida y las limitantes a la emancipación humana marchitan las posibilidades del florecimiento de las capacidades y esencia humana. En general, el número de suicidios se concentra en la población a la que crónicamente se le violan sus derechos sociales, económicos y culturales, como las iniquidades, barreras de acceso y la temprana expulsión del sistema educativo (gráfico 5).


Una realidad que puede mitigar en algo la vida en pareja permanente. Las parejas estables tienen menos de probabilidades de morir de forma prematura y tienden a ser más felices, lo cual se debe a que una relación de pareja representa una fuente de apoyo en los momentos más difíciles, mantiene alejada la soledad y, por supuesto, genera muchas satisfacciones. No obstante, cuando la relación se convierte en una cárcel o deja de ser satisfactoria, provoca daños a nivel psicosomático en ambos miembros. En Colombia, el mayor número de suicidas son solteros (47,8%) seguidos de quienes están casados o viven en unión libre (36,7%) (Gráfico 6).


Ya que, en tanto no dejen testimonio de lo decidido, nunca podemos saber a ciencia cierta por qué una persona decide voluntariamente quitarse la vida. Debemos respetar a todos los que voluntariamente escogieron una muerte apresurada. En el 58 por ciento de los casos no se cuenta con información. Las enfermedades físicas o mentales sólo explican el 15,3 por ciento de las muertes autoinfligidas intencionalmente. El resto de los suicidios tiende a concentrarse en conflictos sentimentales y en problemas económicos o laborales (gráfico 7).


Premeditación. Tres de cada cuatro suicidios ocurren en la vivienda o en lugares en los que se tiene privacidad como hoteles (gráfico 8). Algunos de estos sucesos presentan ribetes teatrales o espectaculares, si bien tienen un sentido de protesta, denuncia o castigo social. Podemos evocar el suicidio de uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX, Yukio Mishima (1925-1970); frente a una indignidad moral, porque no admitía el nuevo régimen de vida y la cultura en Japón después de la Guerra, Mishima se corta el bajo vientre con una daga (harakiri) e incluso exige a uno de sus lugartenientes que después lo decapite. También hay ejemplos de suicidios trágicos como el ejecutado por el filósofo y crítico literario Walter Benjamin (1892-1940) que se suicida en Portbou, en la frontera entre España y Francia, cuando pretendía pasar a España y de ahí a Estados Unidos, huyendo de los nazis: al instante en que debía cruzar la frontera cortaron las visas, y se encontró con que no le quedó otra alternativa, tristemente, que el suicidio. La escuela francesa de los años 1970 también tuvo un trágico final: el gran filósofo heterodoxo Deleuze, a la edad de 70 años y gravemente enfermo, se arrojó al vacío desde su piso parisiense en 1995; el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas, también se suicidó en 1979, lanzándose del vigesimosegundo piso de la Torre de Montparnasse de París –por entonces el rascacielos más alto de la ciudad– abrazado a sus libros.


El análisis territorial del fenómeno, su distribución urbano-rural de la población no muestra diferencias significativas en relación con las muertes autoinfligidas intencionalmente. Las participaciones relativas del número de casos de suicidios sigue de manera similar la estructura de las zonas en que viven las personas: el 73,1 por ciento de los hechos ocurre en las cabeceras municipales (gráfico 9).


La magnitud en la tasa de suicidios varía de región a región, dependiendo de la cultura, la estructura económico-laboral, las creencias y el peso de la religión, la tradición, el patriarcalismo, las ideas y motivaciones de lo que significa el éxito en la vida y los tipos de conflictos. De acuerdo con la tabla 1, el análisis de la tasa de suicidios según departamentos registra una media de 5,6 por cada 100.000 habitantes con una tasa de variación (DS/media) de 37,1 por ciento; el rango de la tasa de suicidios es de 7,3 con un mínimo de 2,1 (Chocó) y un máximo de 9,4 (Tolima). En general, la tasa de suicidios registra diferencias en cuatro regiones: Bogotá D. C. y Cundinamarca registran valores cercanos al valor promedio; los departamentos andinos están por encima de la media, tendiendo al máximo en los pertenecientes a la cultura “paisa” (Antioquia y eje cafetero), Tolima y Huila; también se encuentran por encima de la media las regiones de la Orinoquia y Amazonía; por debajo de la media tienden a estar los departamentos de la región Caribe y Chocó (gráfico 10).

 

 


Realidades como la cultura, la tradición, violencia, pobreza y otras expresiones de la vida y la sociedad, pesan en el comportamiento final de ciertos grupos humanos, algo que no puede ser desconocido por quienes pretenden estar a la cabeza de un país. Pese a ello, ninguna de las candidaturas en pugna en este 2022 expresan algo sobre el particular. De prevalecer ese silencio, y por tanto no prever políticas de choque y de largo plazo sobre el particular, los indicadores acá relacionados mantendrán su constante o se ahondarán.


Incongruente


Platon defiende que el suicidio es reprobable ya que el alma humana pertenece a los dioses, y querer huir de esta dependencia no es propio de una persona sabia y cuerda. Aristóteles considera que el suicidio es un acto que va en contra de la recta razón, y por tanto no los considera un acto de libre elección. Algunos de los máximos representantes de la filosofía estoica como Séneca, Epicteto, Cicerón y Marco Aurelio, sostuvieron que la muerte por su propia mano es a menudo una opción más honorable que una vida de miseria prolongada, siendo uno mismo el que puede juzgar si su vida merece la pena ser vivida. La argumentación filosófica separa el suicidio patológico, es decir, de una persona psíquicamente perturbada, de aquel como actitud filosófica, es decir, la decisión de abandonar el mundo por su sinsentido o por otros motivos, pero razonados. El argumento de los estoicos sobre el suicidio es racional: el ser humano debe ser dueño de su muerte, decidir libremente el momento, sobre todo por un tema de dignidad.


El ser humano persigue constantemente el principio de razón. Nada es porque sí. Todo debe tener una causa o motivo que lo justifique. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido y significado intrínseco y objetivo a la vida humana y la inexistencia aparente de ese sentido. Se suelen ofrecer tres soluciones al absurdo: el suicidio, la religión o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, el novelista, dramaturgo y ensayista Albert Camus resalta que la tercera opción debe priorizarse sobre las otras dos, dado que el absurdo habrá de seguir incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo.


En ética y otras ramas de la filosofía, el suicidio plantea preguntas difíciles respondidas de manera diferente por varios filósofos. Un ejemplo representativo es Albert Camus, quien utilizó el suicidio para reflexionar sobre el sentido de la vida desde una posición existencial en su ensayo filosófico “El mito de Sísifo”, a menudo representado con la famosa frase “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: es el suicidio”. Teniendo en cuenta que el ser humano puede plantearse el dilema del suicidio incluso en las mejores condiciones que la vida le pueda brindar, surge la pregunta de si el mismo es una solución al problema de la vida, y no solo una respuesta perversa a una vida que ha salido mal.


Tentativamente, podemos responder que “el ser humano ha llegado al conocimiento de que el sentido y el significado de la vida no lo encuentran delante de sí ya listo sino fundamentado primeramente mediante la praxis. La historia de la humanidad es su praxis. Este puede ser un conocimiento optimista solamente en cuanto que el homo sapiens vea confirmados con su praxis de transformación del mundos el sentido, el significado y la orientación que él mismo ha instituido”**.

 

**Sarmiento, L. Ontología humana crítica, Ediciones desde abajo, 2016, pp. 200-201.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.


 Factores y enfoques

“Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera: sin la idea del suicidio, hace tiempo me hubiera matado”, así escribió en uno de sus aforismos Emil Cioran (1911-1995), el escritor y filósofo pesimista de origen rumano*.


Todas las personas, alguna vez, han pensado en el suicidio, afirmó el filósofo Albert Camus (1913-1960), escritor y premio Nobel de literatura en 1957, quien, sin embargo, apostó al no suicidio. Tanto en “El hombre rebelde” como en “El mito de Sísifo” explica que el ser humano tiene la libertad de escoger no apartarse de la vida, dándole sentido al sinsentido de la existencia, en contraposición a la vieja línea que arranca de los estoicos para quienes el suicidio es un acto voluntario, y el ser humano, en determinadas situaciones en que el vivir se le hace complejo e indigno, opta por quitarse la vida.


La gran pregunta que plantea Camus es esta: «Quiero saber si puedo vivir con lo que sé y solamente con eso». ¿Podemos, siendo conscientes del absurdo, mantener esa tensión indefinidamente hasta que, en efecto, acontezca nuestra muerte? Pues, como escribe el autor, «se trata de vivir en este estado de lo absurdo». La heroicidad del ser humano tiene su centro aquí, en vivir y pensar en y con esos desgarramientos inevitables, sabiendo que, a cada instante, somos nosotros los que debemos aceptar o rechazar. Y añade: «La honradez está en saber mantenerse en esa arista vertiginosa». Nuestra vida, a fin de cuentas, se nutre del vino de lo absurdo, de una ebriedad existencial que consiste en «obstinarse», en perseverar. Vivir no es más que hacer que viva lo absurdo en nosotros, y hacerlo vivir es, ante todo, contemplarlo: «Por eso una de las pocas posiciones filosóficas coherentes es la rebelión. Ésta es un enfrentamiento perpetuo del ser humano con su propia oscuridad». Una rebelión que, en definitiva, se convierte en nuestro ineludible destino y, sobre todo, da valor, sentido, significado y orientación a nuestra vida.


Más allá de ello, o como parte de ello, la conducta suicida es un conjunto de eventos complejos y contingentes, que pueden afectar a personas de cualquier edad, sexo, cultura, clase, condición o situación. Lo cierto es que nunca podremos saber a ciencia cierta por qué una persona decide voluntariamente quitarse la vida. Hay un misterio de la existencia y una complejidad de razones profundas, temores (al dolor y al castigo), sentimientos y creencias para optar por vivir o no vivir. Las causas concretas de suicidio son de difícil evaluación entre otros motivos porque sólo entre un 15 y 40 por ciento de los casos tienen una carta de despedida.


Estudios de lingüística computacional que trabajan con algoritmos para detectar patrones en el lenguaje de la persona que se han suicidado y ha dejado una nota o misiva permiten observar la existencia de un estado que invadía tanto el cuerpo como el pensamiento y el razonamiento, acompañado de un sentimiento de desesperación, puesto de manifiesto en una experiencia de absoluta aniquilación de sí misma, con una marcada ideación activa.


Los patrones encontrados tienden a extraer las siguientes consideraciones: i) Que la víctima presentaba una consideración negativa de sí misma, mostrando una marcada tendencia a considerarse como deficiente, inadecuada e inútil; ii) Manifestaba una tendencia a rechazarse a sí misma, creyendo que los demás la rechazaban; iii) Presentaba una consideración negativa del mundo; iv) Se sentía derrotada socialmente; v) Consideraba al mundo como muy exigente y presentándole obstáculos que se interferían con el logro de los objetivos de su vida; vi) Tenía una consideración negativa del futuro; vii) Preveía que sus problemas y experiencias comunes continuarían indefinidamente y que se le amontonarían otras muchas peores en su vida; viii) Presentaba una tendencia a deformar sus experiencias, malinterpretar acontecimientos concretos e irrelevantes tomándolos como fracasos, privaciones o rechazo personal; ix) Todo parecía siempre que iba en contra de sí misma, acentuando lo negativo hasta llegar a excluir los hechos positivos. Si bien en el siglo XXI, el suicidio se considera casi exclusivamente desde una perspectiva psiquiátrica, esto es, de trastorno mental y tratamiento farmacológico, indudablemente hay otras razones de orden cultural, crisis políticas, económicas, religiosas, morales, que llevan a esa determinación.


Es así como el suicidio consumado suele ser la consecuencia de la suma de diversos factores determinantes, precipitantes o predisponentes. La indagación por comprender el acto suicida conduce a distintos campos disciplinares: psiquiátrico (trastornos mentales-farmacología), psicológico (racional emotivo, conductual-cognitivo), psicoanálisis (la ambivalencia afectiva del melancólico es signo de la tensión que existe en su aparato psíquico, tensión entre el Superyó y el Yo que se conoce como sentimiento de culpa inconsciente, busca castigo para poder calmarlo), filosófico (afirmación de la última libertad existencial), análisis existencial-logoterapia (pérdida o menoscabo de la libertad de la voluntad, de la voluntad de sentido y del sentido de la vida), literario (Dostoievski, en varias de sus obras, habla de suicidio lógico, del suicidio como una instancia suprema, necesaria cuando no hay resortes para vivir), religioso (moral-teológico), sociológico (los suicidios son fenómenos individuales que responden a causas sociales) y psicosociales (articulación de las tesis sociológicas y psicológicas reconociendo causas sociales y motivaciones individuales, cuyo estudio corresponde, respectivamente, al sociólogo, el cual debe indagar en el ambiente social, y al psicólogo, el cual ha de ocuparse de la realidad psicofísica y biológica del individuo).

* Cioran, Emil, Silogismos de la amargura, 1997, Tusquets Editores, p. 71.

 


 

Los gráficos 11 a 17 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la tasa de suicidios por 100.000 habitantes según departamentos y las factores de riesgo territoriales.


En general, la tasa de suicidios tiende a no registrar ninguna relación con la densidad poblacional (población/Km²) ni con el peso relativo de la población joven (población de 14 a 28 años de edad/total población departamento). La relación entre las muertes autoinfligidas intencionalmente y la población departamental es positiva y creciente en función de los grandes núcleos económico-políticos y megaciudades, esto es, con la mayor participación política de sus ciudadanos (% participación en las elecciones presidenciales) y del ingreso per cápita (Ingreso en $/población). En contraste, la relación entre la tasa de suicidios en cada departamento tiende a ser negativa y decreciente en función del índice de pobreza multidimensional, del número de víctimas del conflicto armado (paradójicamente, los suicidios guardan una relación inversamente proporcional a los tiempos de guerra) y del grado de ruralidad (población rural/población departamental). n

** Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Publicado enColombia
‘Sin la opción del suicidio, hace tiempo me hubiera matado’

¿Cuáles son las características y causas del suicidio? ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno en Colombia, y su comparativo a nivel global? son algunos de los interrogantes tratados en este artículo con foco en el país para el período postconstitucional 1991-2021. Es una realidad fundamental de revisar en tiempo electoral, cuando pululan promesas de unos y otras de mejor vida, que deben llegar a garantizarla en dignidad, condición para que las cifras acá relacionadas no continúen en creciente.

En enero de 2022, según el balance de Medicina Legal, en Colombia las muertes violentas subieron 17 por ciento y los suicidios 3,4 frente a enero de 2021. Mientras que en enero de 2021 se documentaron 176 suicidios, en el primer mes de este 2022 fueron 182 casos, de los cuales seis corresponden a niños entre los 10 y los 14 años y otros 9 a menores entre los 15 y los 17 años. El rango etario con más casos es el de los jóvenes de 20 a 29 años (49 suicidios).


Un fenómeno desbordado. Entre los años 1991-2021 los suicidios en Colombia pasaron de 605 a 2.595 por año, con una velocidad 3 veces superior al crecimiento de la población que en igual periodo se elevó de 33,8 a 51,0 millones. El total de suicidios durante estos últimos treinta años suma 58.414; la tasa por cada 100.000 personas pasó de 1,8 en 1991 a 5,1 en 2021, si bien en 2018 alcanzó la cifra de 5,6 (gráfico 1). En paralelo, en sólo la última década, la tasa de intento de suicidio se disparó de 0,9 por 100.000 habitantes, registrada en 2009, a una tasa cercana a 60 en la actualidad.

 

 


Los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida laboral o financiera, la pobreza y la exclusión, las violencias, el trauma o el abuso, los trastornos mentales, el uso de sustancias psicoactivas o el alcoholismo y las barreras para acceder a la atención médica, se han ampliado aún más con el covid-19. Al año de iniciada la pandemia, alrededor del 50 por ciento de las personas ya expresaban que su salud mental había empeorado.


Más allá de la frontera. Anualmente se quitan la vida cerca de un millón de personas en el mundo. Fenómeno creciente: las tasas de suicidio se han incrementado un 60 por ciento entre la década de 1960 y el segundo decenio del siglo XXI. Los fallecimientos por esta causa superan en cifras a otras como el VIH, el paludismo o el cáncer de mama.


A nivel global, el suicidio es la décima causa de muerte más importante; además, por cada uno de ellos hay entre 10 y 40 intentos. Los suicidios y los intentos de consumarlo tienen un efecto dominó que afecta no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Los hombres fallecen por esta causa cuatro veces más que las mujeres, aunque ellas lo intentan cuatro veces más que ellos (los hombres utilizan métodos más letales). Esta diferencia es incluso más pronunciada en personas de 65 años o más, en los que un décuplo de hombres comete suicidio por cada mujer.


Las tasas de suicidio son mayores en la mediana y tercera edades; no obstante, su número absoluto más alto se encuentra entre los 15 y 29 años, dada la cantidad de personas pertenecientes a este grupo de edad. Las personas más jóvenes lo intentan frecuentemente, es la segunda causa de muerte más común en adolescentes. En hombres jóvenes del mundo capitalista central el suicidio es causa de aproximadamente el 30 por ciento de las muertes; en contraste, en los países periféricos, como Colombia, las tasas de suicidios registran una menor proporción del total de muertes debido a que otros tipos de traumatismos tienen mayores tasas de mortalidad como los homicidios. Para el caso nacional, en los adolescentes y jóvenes (12 a 28 años de edad) las causas externas (homicidios, suicidios, accidentes y otros factores agresivos) son los principales motivos de las defunciones, en particular los homicidios de hombres. En general, desde mediados de la década de 1980, el contexto de la sociedad colombiana representa un mayor riesgo, agresividad y violencia para la seguridad, vida y bienestar de los adolescentes y jóvenes.


El suicidio en Colombia, 1991-2021


De acuerdo con los estudios poblacionales realizados en Colombia a partir de la “Encuesta Nacional de Salud Mental” el evento más frecuente dentro de la conducta suicida es la ideación, con una frecuencia de 6,6 por ciento, seguido del intento de suicidio, con 2,6 y del plan suicida, con 1,8. El 37,6 por ciento de quienes intentan suicidarse, antes lo habían planeado. En los adolescentes es más frecuente el intento de suicidio que el plan, lo que llama la atención sobre la incidencia de la impulsividad en este grupo poblacional.


Según el Sistema Integral de Información de la Protección Social –Sispro–, la tasa de intento de suicidio va al alza en lo corrido del siglo XXI. En 2009 la tasa por 100.000 habitantes era de 0,9 y recientemente se aproxima a 60. En la población de 15 a 19 años de edad actualmente supera el valor de 115, seguido por el grupo de 20 a 24 años cuya tasa se acerca aceleradamente a 100.


El índice de suicidios, tomando como base el año de 1991, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Inmlcf/ Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia-Gcrnv–, alcanza un valor de 284,2 en 2021. Este índice superó el valor de 300 en los años 1998, 1999, 2017 y 2018. El comportamiento del índice sigue de cerca la evolución de factores de riesgo a que está expuesta la población colombiana como la violencia generalizada, la pobreza por bajos ingresos y el desempleo. El Estado y la sociedad no generan bienestar ni garantizan un mínimo de dignidad a la mayoría de la población colombiana (gráfico 2).


Es una realidad potenciada por el cambio de modelo de desarrollo, concretado a la par de la promulgación de la Constitución de 1991, que anuncia el fomento de la dignidad humana. Sin embargo, los efectos del nuevo modelo, que también prometía abundancia y felicidad para las mayorías va en contravía de lo anunciado: precarizó al trabajo, aupó la concentración del ingreso y la riqueza, privatizó los bienes y servicios públicos en medio de una fiesta de corrupción desvergonzada, violó los derechos humanos, atizó la guerra e indujo al individualismo y la competencia desalmada, promovió la consigna del “todo vale”, la anomía social y el consumismo desaforado, además de profundizar la pobreza, la desesperanza y la exclusión social, política y económica. El hiperindividualismo llegó para quedarse, vive en la epidermis de la colectividad, se alimenta de ella, se fortalece con sus miedos, vive gracias al narcisismo consumista de las personas, que sin darse cuenta únicamente quieren huir de la angustia y zozobra que les concede la superficialidad de su presente.


Los efectos sociales y mentales de la ‘bienvenida al futuro’ que anunció el entonces presidente César Gaviria (1990-94), desnudan una sociedad pesimista, exasperada y desolada: consideración negativa del mundo, escepticismo, anomia, consideración negativa del futuro, sentimiento de derrota, pérdida de autoestima, deshumanización, aumento de los trastornos mentales y, consecuencia lógica, el aumento de la ideación, los planes y los intentos de suicidio.


Tres décadas después de aquella promesa, la pandemia por covid-19, la crisis del sistema de salud, las medidas arbitrarias tomadas por las autoridades públicas y los impactos de la recesión económica sobre los grupos más vulnerables ha elevado el número de suicidios y entre 2020-2021 la tasa de crecimiento de las muertes autoinfligidas intencionalmente aumentó en 9,4 por ciento en los hombres y en 7,9 en las mujeres (gráfico 3).

 


Cerrando el foco. Las tasas, contribuciones relativas y causas de los suicidios por ciclo vital (proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte) refleja condicionantes y determinantes sociales e individuales diferenciales. La participación mayoritaria en el total de suicidios corresponde al intervalo de 29 a 59 años de edad (adultez) con el 42 por ciento seguido del grupo etario joven (18 a 28 años) que aporta el 29,2 por ciento (gráfico 4).

 


Radiografía social. La violencia autoinfligida y otras formas de autolesión son problemas graves que afectan a los niños, los jóvenes y las familias. Estas van desde las lesiones (cortarse) hasta el suicidio. La causa no son únicamente la depresión u otras enfermedades mentales como las discapacidades del desarrollo y los trastornos límite de la personalidad, de ansiedad, conductual y bipolar. La existencia cada vez es más estresante desde la temprana infancia y afectada por pérdidas continuas (duelo y melancolía). La soledad, el desamparo, la comunicación deficiente y la violencia intrafamiliar son inherente a la vida en las grandes ciudades.


Como parte de esa radiografía, la pobreza, la violencia y la exclusión, la explotación y la opresión, la soledad, el fracaso en los planes de vida y las limitantes a la emancipación humana marchitan las posibilidades del florecimiento de las capacidades y esencia humana. En general, el número de suicidios se concentra en la población a la que crónicamente se le violan sus derechos sociales, económicos y culturales, como las iniquidades, barreras de acceso y la temprana expulsión del sistema educativo (gráfico 5).


Una realidad que puede mitigar en algo la vida en pareja permanente. Las parejas estables tienen menos de probabilidades de morir de forma prematura y tienden a ser más felices, lo cual se debe a que una relación de pareja representa una fuente de apoyo en los momentos más difíciles, mantiene alejada la soledad y, por supuesto, genera muchas satisfacciones. No obstante, cuando la relación se convierte en una cárcel o deja de ser satisfactoria, provoca daños a nivel psicosomático en ambos miembros. En Colombia, el mayor número de suicidas son solteros (47,8%) seguidos de quienes están casados o viven en unión libre (36,7%) (Gráfico 6).


Ya que, en tanto no dejen testimonio de lo decidido, nunca podemos saber a ciencia cierta por qué una persona decide voluntariamente quitarse la vida. Debemos respetar a todos los que voluntariamente escogieron una muerte apresurada. En el 58 por ciento de los casos no se cuenta con información. Las enfermedades físicas o mentales sólo explican el 15,3 por ciento de las muertes autoinfligidas intencionalmente. El resto de los suicidios tiende a concentrarse en conflictos sentimentales y en problemas económicos o laborales (gráfico 7).


Premeditación. Tres de cada cuatro suicidios ocurren en la vivienda o en lugares en los que se tiene privacidad como hoteles (gráfico 8). Algunos de estos sucesos presentan ribetes teatrales o espectaculares, si bien tienen un sentido de protesta, denuncia o castigo social. Podemos evocar el suicidio de uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX, Yukio Mishima (1925-1970); frente a una indignidad moral, porque no admitía el nuevo régimen de vida y la cultura en Japón después de la Guerra, Mishima se corta el bajo vientre con una daga (harakiri) e incluso exige a uno de sus lugartenientes que después lo decapite. También hay ejemplos de suicidios trágicos como el ejecutado por el filósofo y crítico literario Walter Benjamin (1892-1940) que se suicida en Portbou, en la frontera entre España y Francia, cuando pretendía pasar a España y de ahí a Estados Unidos, huyendo de los nazis: al instante en que debía cruzar la frontera cortaron las visas, y se encontró con que no le quedó otra alternativa, tristemente, que el suicidio. La escuela francesa de los años 1970 también tuvo un trágico final: el gran filósofo heterodoxo Deleuze, a la edad de 70 años y gravemente enfermo, se arrojó al vacío desde su piso parisiense en 1995; el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas, también se suicidó en 1979, lanzándose del vigesimosegundo piso de la Torre de Montparnasse de París –por entonces el rascacielos más alto de la ciudad– abrazado a sus libros.


El análisis territorial del fenómeno, su distribución urbano-rural de la población no muestra diferencias significativas en relación con las muertes autoinfligidas intencionalmente. Las participaciones relativas del número de casos de suicidios sigue de manera similar la estructura de las zonas en que viven las personas: el 73,1 por ciento de los hechos ocurre en las cabeceras municipales (gráfico 9).


La magnitud en la tasa de suicidios varía de región a región, dependiendo de la cultura, la estructura económico-laboral, las creencias y el peso de la religión, la tradición, el patriarcalismo, las ideas y motivaciones de lo que significa el éxito en la vida y los tipos de conflictos. De acuerdo con la tabla 1, el análisis de la tasa de suicidios según departamentos registra una media de 5,6 por cada 100.000 habitantes con una tasa de variación (DS/media) de 37,1 por ciento; el rango de la tasa de suicidios es de 7,3 con un mínimo de 2,1 (Chocó) y un máximo de 9,4 (Tolima). En general, la tasa de suicidios registra diferencias en cuatro regiones: Bogotá D. C. y Cundinamarca registran valores cercanos al valor promedio; los departamentos andinos están por encima de la media, tendiendo al máximo en los pertenecientes a la cultura “paisa” (Antioquia y eje cafetero), Tolima y Huila; también se encuentran por encima de la media las regiones de la Orinoquia y Amazonía; por debajo de la media tienden a estar los departamentos de la región Caribe y Chocó (gráfico 10).

 

 


Realidades como la cultura, la tradición, violencia, pobreza y otras expresiones de la vida y la sociedad, pesan en el comportamiento final de ciertos grupos humanos, algo que no puede ser desconocido por quienes pretenden estar a la cabeza de un país. Pese a ello, ninguna de las candidaturas en pugna en este 2022 expresan algo sobre el particular. De prevalecer ese silencio, y por tanto no prever políticas de choque y de largo plazo sobre el particular, los indicadores acá relacionados mantendrán su constante o se ahondarán.


Incongruente


Platon defiende que el suicidio es reprobable ya que el alma humana pertenece a los dioses, y querer huir de esta dependencia no es propio de una persona sabia y cuerda. Aristóteles considera que el suicidio es un acto que va en contra de la recta razón, y por tanto no los considera un acto de libre elección. Algunos de los máximos representantes de la filosofía estoica como Séneca, Epicteto, Cicerón y Marco Aurelio, sostuvieron que la muerte por su propia mano es a menudo una opción más honorable que una vida de miseria prolongada, siendo uno mismo el que puede juzgar si su vida merece la pena ser vivida. La argumentación filosófica separa el suicidio patológico, es decir, de una persona psíquicamente perturbada, de aquel como actitud filosófica, es decir, la decisión de abandonar el mundo por su sinsentido o por otros motivos, pero razonados. El argumento de los estoicos sobre el suicidio es racional: el ser humano debe ser dueño de su muerte, decidir libremente el momento, sobre todo por un tema de dignidad.


El ser humano persigue constantemente el principio de razón. Nada es porque sí. Todo debe tener una causa o motivo que lo justifique. El absurdo es el conflicto entre la búsqueda de un sentido y significado intrínseco y objetivo a la vida humana y la inexistencia aparente de ese sentido. Se suelen ofrecer tres soluciones al absurdo: el suicidio, la religión o la simple aceptación del absurdo. Sin embargo, el novelista, dramaturgo y ensayista Albert Camus resalta que la tercera opción debe priorizarse sobre las otras dos, dado que el absurdo habrá de seguir incluso si las dos primeras alternativas son llevadas a cabo.


En ética y otras ramas de la filosofía, el suicidio plantea preguntas difíciles respondidas de manera diferente por varios filósofos. Un ejemplo representativo es Albert Camus, quien utilizó el suicidio para reflexionar sobre el sentido de la vida desde una posición existencial en su ensayo filosófico “El mito de Sísifo”, a menudo representado con la famosa frase “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: es el suicidio”. Teniendo en cuenta que el ser humano puede plantearse el dilema del suicidio incluso en las mejores condiciones que la vida le pueda brindar, surge la pregunta de si el mismo es una solución al problema de la vida, y no solo una respuesta perversa a una vida que ha salido mal.


Tentativamente, podemos responder que “el ser humano ha llegado al conocimiento de que el sentido y el significado de la vida no lo encuentran delante de sí ya listo sino fundamentado primeramente mediante la praxis. La historia de la humanidad es su praxis. Este puede ser un conocimiento optimista solamente en cuanto que el homo sapiens vea confirmados con su praxis de transformación del mundos el sentido, el significado y la orientación que él mismo ha instituido”**.

 

**Sarmiento, L. Ontología humana crítica, Ediciones desde abajo, 2016, pp. 200-201.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.


 Factores y enfoques

“Vivo únicamente porque puedo morir cuando quiera: sin la idea del suicidio, hace tiempo me hubiera matado”, así escribió en uno de sus aforismos Emil Cioran (1911-1995), el escritor y filósofo pesimista de origen rumano*.


Todas las personas, alguna vez, han pensado en el suicidio, afirmó el filósofo Albert Camus (1913-1960), escritor y premio Nobel de literatura en 1957, quien, sin embargo, apostó al no suicidio. Tanto en “El hombre rebelde” como en “El mito de Sísifo” explica que el ser humano tiene la libertad de escoger no apartarse de la vida, dándole sentido al sinsentido de la existencia, en contraposición a la vieja línea que arranca de los estoicos para quienes el suicidio es un acto voluntario, y el ser humano, en determinadas situaciones en que el vivir se le hace complejo e indigno, opta por quitarse la vida.


La gran pregunta que plantea Camus es esta: «Quiero saber si puedo vivir con lo que sé y solamente con eso». ¿Podemos, siendo conscientes del absurdo, mantener esa tensión indefinidamente hasta que, en efecto, acontezca nuestra muerte? Pues, como escribe el autor, «se trata de vivir en este estado de lo absurdo». La heroicidad del ser humano tiene su centro aquí, en vivir y pensar en y con esos desgarramientos inevitables, sabiendo que, a cada instante, somos nosotros los que debemos aceptar o rechazar. Y añade: «La honradez está en saber mantenerse en esa arista vertiginosa». Nuestra vida, a fin de cuentas, se nutre del vino de lo absurdo, de una ebriedad existencial que consiste en «obstinarse», en perseverar. Vivir no es más que hacer que viva lo absurdo en nosotros, y hacerlo vivir es, ante todo, contemplarlo: «Por eso una de las pocas posiciones filosóficas coherentes es la rebelión. Ésta es un enfrentamiento perpetuo del ser humano con su propia oscuridad». Una rebelión que, en definitiva, se convierte en nuestro ineludible destino y, sobre todo, da valor, sentido, significado y orientación a nuestra vida.


Más allá de ello, o como parte de ello, la conducta suicida es un conjunto de eventos complejos y contingentes, que pueden afectar a personas de cualquier edad, sexo, cultura, clase, condición o situación. Lo cierto es que nunca podremos saber a ciencia cierta por qué una persona decide voluntariamente quitarse la vida. Hay un misterio de la existencia y una complejidad de razones profundas, temores (al dolor y al castigo), sentimientos y creencias para optar por vivir o no vivir. Las causas concretas de suicidio son de difícil evaluación entre otros motivos porque sólo entre un 15 y 40 por ciento de los casos tienen una carta de despedida.


Estudios de lingüística computacional que trabajan con algoritmos para detectar patrones en el lenguaje de la persona que se han suicidado y ha dejado una nota o misiva permiten observar la existencia de un estado que invadía tanto el cuerpo como el pensamiento y el razonamiento, acompañado de un sentimiento de desesperación, puesto de manifiesto en una experiencia de absoluta aniquilación de sí misma, con una marcada ideación activa.


Los patrones encontrados tienden a extraer las siguientes consideraciones: i) Que la víctima presentaba una consideración negativa de sí misma, mostrando una marcada tendencia a considerarse como deficiente, inadecuada e inútil; ii) Manifestaba una tendencia a rechazarse a sí misma, creyendo que los demás la rechazaban; iii) Presentaba una consideración negativa del mundo; iv) Se sentía derrotada socialmente; v) Consideraba al mundo como muy exigente y presentándole obstáculos que se interferían con el logro de los objetivos de su vida; vi) Tenía una consideración negativa del futuro; vii) Preveía que sus problemas y experiencias comunes continuarían indefinidamente y que se le amontonarían otras muchas peores en su vida; viii) Presentaba una tendencia a deformar sus experiencias, malinterpretar acontecimientos concretos e irrelevantes tomándolos como fracasos, privaciones o rechazo personal; ix) Todo parecía siempre que iba en contra de sí misma, acentuando lo negativo hasta llegar a excluir los hechos positivos. Si bien en el siglo XXI, el suicidio se considera casi exclusivamente desde una perspectiva psiquiátrica, esto es, de trastorno mental y tratamiento farmacológico, indudablemente hay otras razones de orden cultural, crisis políticas, económicas, religiosas, morales, que llevan a esa determinación.


Es así como el suicidio consumado suele ser la consecuencia de la suma de diversos factores determinantes, precipitantes o predisponentes. La indagación por comprender el acto suicida conduce a distintos campos disciplinares: psiquiátrico (trastornos mentales-farmacología), psicológico (racional emotivo, conductual-cognitivo), psicoanálisis (la ambivalencia afectiva del melancólico es signo de la tensión que existe en su aparato psíquico, tensión entre el Superyó y el Yo que se conoce como sentimiento de culpa inconsciente, busca castigo para poder calmarlo), filosófico (afirmación de la última libertad existencial), análisis existencial-logoterapia (pérdida o menoscabo de la libertad de la voluntad, de la voluntad de sentido y del sentido de la vida), literario (Dostoievski, en varias de sus obras, habla de suicidio lógico, del suicidio como una instancia suprema, necesaria cuando no hay resortes para vivir), religioso (moral-teológico), sociológico (los suicidios son fenómenos individuales que responden a causas sociales) y psicosociales (articulación de las tesis sociológicas y psicológicas reconociendo causas sociales y motivaciones individuales, cuyo estudio corresponde, respectivamente, al sociólogo, el cual debe indagar en el ambiente social, y al psicólogo, el cual ha de ocuparse de la realidad psicofísica y biológica del individuo).

* Cioran, Emil, Silogismos de la amargura, 1997, Tusquets Editores, p. 71.

 


 

Los gráficos 11 a 17 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la tasa de suicidios por 100.000 habitantes según departamentos y las factores de riesgo territoriales.


En general, la tasa de suicidios tiende a no registrar ninguna relación con la densidad poblacional (población/Km²) ni con el peso relativo de la población joven (población de 14 a 28 años de edad/total población departamento). La relación entre las muertes autoinfligidas intencionalmente y la población departamental es positiva y creciente en función de los grandes núcleos económico-políticos y megaciudades, esto es, con la mayor participación política de sus ciudadanos (% participación en las elecciones presidenciales) y del ingreso per cápita (Ingreso en $/población). En contraste, la relación entre la tasa de suicidios en cada departamento tiende a ser negativa y decreciente en función del índice de pobreza multidimensional, del número de víctimas del conflicto armado (paradójicamente, los suicidios guardan una relación inversamente proporcional a los tiempos de guerra) y del grado de ruralidad (población rural/población departamental). n

** Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Domingo, 06 Marzo 2022 07:00

Tres golpes

Tres golpes

Las quejas de la familia colombiana por el aumento del costo de vida ya no solo provienen de aquellas que en tiempo de confinamiento –por el avance de la pandemia– colgaron banderas rojas en las puertas y ventanas de sus casas; esas quejas ahora también salen de muchas viviendas de clase media.

Ese descontento no es casual, pues, cuando se va al supermercado o la tienda de la esquina resulta usual que uno u otro producto ahora cuesta más que pocas semanas atrás. Tal sorpresa lleva a que escaseen en la olla, a la hora de preparar el alimento diario, la papa o la yuca, la arveja seca o las verduras en general, y mucho más la carne con precios por libra superiores a 12 mil pesos, incluso hasta 18 mil para la considerada más fina, por lo cual es casi desconocida desde hace tiempo en bastantes hogares, y ahora, como dice un vallenato, la presa en el sancocho es un huevo.

La realidad lleva a que los tres ‘golpes’ diarios sean un recuerdo para infinidad de personas, obligadas a racionar sus escasos ingresos. No hay que olvidar que –según el Dane– al clasificar los ingresos laborales de las personas ocupadas, como lo recuerdan Garay y Espitia (ver pág. 12), pobre es quien percibe un ingreso diario de 11 mil pesos o menos, y vulnerable aquella persona cuyos ingresos están entre 11 mil y 22 mil pesos al día. ¿Les alcanzará a estas personas y sus familias para al menos sentarse a la mesa dos veces al día? Difícilmente. Tres es un imposible total.

El empobrecimiento es una realidad que afecta a 21 millones de connacionales, los mismos que subsisten con menos de 331 pesos mensuales. Con un agravante: 2 millones 700 mil personas ganan menos de 145 mil al mes, de modo que viven en condición de pobreza extrema. ¿Aseguran estas al menos un golpe al día o simplemente resuelven su cotidianidad picando pequeñas cantidades de harina horneada para engañar al estómago a lo largo de las 24 horas?

Desayuno, almuerzo y comida son tres “golpes” fundamentales para una buena salud; para recuperar la energía que se gasta cada día en la ardua labor de 8, 10, 12 y más horas dedicadas al trabajo, al rebusque, o simplemente a deambular en busca de algo para llevar al hogar en el momento del regreso en procura de lecho para el descanso.

Tal realidad, incluso, aleja de la mesa el pan, pues el más simple y popular, que hasta hace poco costaba 300 o 400 pesos, según el barrio, ahora no baja de los 500. Y el huevo, su complemento, está igual de caro, en algunos casos por arriba de 500 pesos (hasta 700, 800 o 1.000) cuando se busca –como lo hacen los más pudientes– uno que supuestamente no esté estresado.

La carestía es evidente e impacta otro conjunto de ingredientes fundamentales en la mesa diaria de la población colombiana: la yuca a 2,000 pesos la libra, la arracacha a 1.700, la cebolla larga a 1.800, la papa pastusa hasta 2.300 pesos, el plátano a 3.000, la arveja sin desgranar a 3.800, la habichuela a 2.500, la cebolla blanca a 6.000 pesos, por solo relacionar unos productos*.

Estas precisiones no son algo ocasional y corresponden a las denuncias y preocupaciones de muchas familias, como lo testimonian por todas partes quienes tratan de estirar sus escasos denarios a la hora de ir a la tienda de la esquina en procura de algo para cocinar el alimento diario. Una realidad tan dramática como esta cuenta con la refrendación de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), de la que no se puede sospechar una posición contestaría de algún tipo. Estima Abaco que el 54,2 por ciento de los colombianos no puede acceder a las tres comidas diarias, y que medio millón de niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica.

En el proyecto audiovisual Los paisajes de hambre, estrenado el año pasado por esa asociación, registran testimonios de la situación que en el Chocó y La Guajira es de dimensiones vergonzantes, y que causarían indignación generalizada en sociedades con grados de solidaridad aceptables.

Por su parte el Dane, en la encuesta Pulso Social, de diciembre de 2021, reportó que en el último mes del año pasado el porcentaje de hogares que consumió tres comidas diarias bajó del 70,6 por ciento en diciembre de 2020 a 69,1 por ciento, mientras que los hogares que consumieron dos comidas subió de 27,4 a 27,9 y los consumieron tan solo una comida pasó de 1,8 a 2,8 por ciento, respectivamente. Estas cifras son aún más dramáticas si consideramos que el PIB de 2021 creció algo más del 10 por ciento, señalando claramente que más del 30 por ciento de los hogares con ingesta de alimentos cuantitativamente insuficiente es un hecho estructural que ameritaría una contundente reacción social.

En consecuencia, el país registra una innegable carestía e ingresos insuficientes para garantizar una vida en dignidad, mucho más cuando no hay ingresos o cuando estos son insuficientes por desempleo, informalidad o, como está sucediendo de manera creciente, por la contratación para desempeñar labores de medio tiempo e incluso menos horas, lo que reduce la paga. No es casual que muchas personas de trabajo estable y salario fijo digan que el incremento del 10 por ciento aprobado en diciembre de 2021, y con el cual hizo tanto alboroto el gobierno, ya se esfumó. Y no puede ser de otra manera, pues la inflación al finalizar 2021, por ejemplo para alimentos, llegó al 17,23 por ciento. Además, el aumento en el salario solamente beneficia a quienes cuentan con trabajo fijo y contrato laboral; por fuera quedan los 20 millones de informales. Pero entre los 11 millones 600 mil personas que tienen contrato, conviene resaltar que para el 37 por ciento solo hay un contrato verbal, lo que seguramente se traduce en irrespetos a las normas salariales.

Si la situación está difícil para quienes tienen trabajo fijo y salario estable, ¿qué decir del 12,3 por ciento de quienes aparecen en las estadísticas como desempleados, es decir, tres millones de connacionales que no han logrado enganche en parte alguna? Son desempleados, trabajadores informales y por cuenta propia, sin ingresos fijos, y por tanto mucho más agobiados para la supervivencia a la hora de tratar de abordar un bus, ahora con tarifas más caras, o cuando llegan los recibos por el supuesto derecho al acceso a luz, agua, gas y otros servicios públicos, todos ellos afectados por notables incrementos que en no pocas ocasiones son iguales al 5,62 por ciento que registró la inflación al finalizar el año 2021.

Los miles de miles desconectados de los servicios, obligados a colarse al bus, a alimentarse en forma precaria e insuficiente para su salud, nos recuerdan que los gobiernos que ha padecido el país, y en particular el actual, lo han sido de ricos y para ricos. Los miles que padecen esta situación, con el comienzo del año escolar también la ven más agravada si tienen hijos en edad escolar, pues deben comprar cuadernos y otros útiles para los cuales no hay subsidios.

La carestía está ligada a la escalada inflacionaria en que ha entrado el país, producto de múltiples factores, y que nos invita a revisar el modelo de desarrollo imperante en Colombia, así como las políticas económicas que impone el actual gobierno, sus relaciones comerciales y mercantiles en general, pero también a precisar el real crecimiento del que ahora alardea el gobierno, un supuesto 10,6 del PIB, que no tiene en cuenta –pues no la resta– la inflación alcanzada a 31 de diciembre de 2021 ni el equivalente a la repatriación de capitales hacia sus casas matrices por parte de las multinacionales del petróleo, el carbón y otros sectores de la economía, como tampoco resta la depreciación de maquinaria, edificios e infraestructura en general. Este supuesto crecimiento no beneficia –no hay duda de ello– a los millones de empobrecidos relacionados en esta nota pero sí al empresariado con acceso a políticas económicas de emergencia, con líneas especiales de crédito en distintos niveles.

En esta realidad, las explicaciones sesgadas de la inflación dadas por los oficiosos economistas del dogmatismo neoliberal culpan del fenómeno, como siempre, al magro reajuste del salario mínimo, sin referirse ni tomar en cuenta los factores reales que la determinan, entre ellos el alza del precio internacional de los combustibles, el consumo mundial que pasa por un desajuste entre la producción pospandemia y la recuperación de la demanda en los países del centro capitalista, posibilitada por los montos de los subsidios que fueron entregados durante la crisis sanitaria.

En Colombia, por demás, el reajuste de la tasa de cambio importa inflación que afecta más a las poblaciones de menores ingresos, para las cuales el componente de los alimentos –con un alto componente comprado en el exterior, tanto de los productos finales como de los insumos– es un gasto mayor que para los sectores sociales de ingresos medios y altos. El negacionismo del hambre, expresado por el Presidente y la Vicepresidenta como reacción al informe de la FAO, que incluyó al país como una de las veinte naciones en riesgo de enfrentar hambre aguda, y de los economistas convencionales al esquivar la explicación de la actual inflación como un fenómeno importado, son una muestra de la pobreza política y del pensamiento académico que ha podido pelechar en una burbuja de comodidad facilitada por la limitada reacción de los sectores marginales de la sociedad, que afortunadamente parece que empieza ser revertida desde 2019 con el Paro Nacional de ese año.

Es esta, por tanto, y dramáticamente, una realidad que lleva a que las organizaciones sociales del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre ellas, inviten a protestar el próximo 3 de marzo en contra de una insostenible situación y exigirle al gobierno cambios profundos en sus políticas macroeconómicas, por ejemplo para el campo, creando estímulos reales para la producción agraria, redistribuyendo la tierra y dejando de importar las 15 millones de toneladas que hoy nos hacen dependientes en lo alimentario.

Es una realidad consolidada producto de políticas de Estado, que si de verdad quieren quebrarse obliga a implementar políticas públicas de igual orden para garantizar la redistribución de la riqueza, por ejemplo, vía impuestos justos por pagar por parte de quienes más tienen y reinversión de esos miles de millones recaudados por año en gasto social, y creación de empleo estable y bien remunerado. Se trataría de una política que garantice que las 24.824 personas naturales que concentran el 23 por ciento del ingreso bruto total declarado y las 9.247 personas con un ingreso superior a los 200 millones de pesos mensuales, tributen en justicia, política de la cual no pueden quedar exentas las grandes empresas con asiento en el país, tanto nacionales como multinacionales, beneficiadas por una política económica y tributaria diseñada al tamaño de sus demandas y necesidades.

*Precios al 12 de febrero de 2022.

 

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Sábado, 12 Febrero 2022 18:43

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Domingo, 13 Febrero 2022 06:00

Elegir no es mandar

Edwing Pinzón, sin título (Cortesía del autor)

Las elecciones recientes de Pedro Castillo en Perú, Xiomara Castro en Honduras y Gabriel Boric en Chile, sumadas a los gobiernos en función, que ya superan más de la mitad del mandato, de López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, han suscitado un entusiasmo nada desdeñable en el Progresismo latinoamericano. Los comicios presidenciales en Colombia –29 de mayo– y de Brasil –2 de octubre– de 2022, en los que son favoritos Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, podrían completar el cuadro de lo que sería algo así como una fase de progresismo 2.0. Esto nos obliga a formularnos por lo menos dos interrogantes sobre ese hecho político: ¿qué puede significar realmente este giro para los pueblos del subcontinente –y de forma particular para los sectores marginales de estas naciones? Y, ¿cuáles son las analogías con la primera era progresista cuyas conquistas parecen haber sido flor de muy pocos días?


La asunción de Hugo Chávez a la presidencia de la República de Venezuela en 2002, de Néstor Kirchner y Lula Da Silva en 2003, dio inicio a gobiernos que esgrimían un discurso soberanista y popular, que buscaba contrastar con los desastres provocados por la globalización ultraliberal que en Venezuela motivaron el estallido social de febrero de 1989 contra el FMI, conocido como el Caracazo –saldado con una represión que de acuerdo con datos oficiales dejó cerca de 300 muertos, y que según fuentes no oficiales, la cifra pudo alcanzar hasta los 3.000 protestantes asesinados. En Argentina, el llamado Corralito, que consistió en el secuestro de los fondos de los cuentahabientes del sector financiero en diciembre de 2001, fue el detonante de las reacciones populares que dejó un saldo de al menos cuarenta muertos.


El deterioro generalizado de la región al finalizar el siglo XX, alentó un cambio de signo también en los gobiernos de otros países del subcontinente que vio como Uruguay en 2005 elegía a Tabaré Vásquez (sustituido en 2010 por el mediático José “Pepe” Mujica), Bolivia en 2006 ungía a Evo Morales como primer presidente indígena, y Ecuador designaba en 2007 a Rafael Correa, que desde su campaña había prometido desmantelar la base militar norteamericana de Manta como parte del discurso soberanista. El cuadro lo completó en 2008 en Paraguay el obispo Fernando Lugo, derrotando al partido Colorado que había gobernado el país por seis décadas.


Estos gobiernos tuvieron como una de sus premisas la nacionalización de recursos como el petróleo y, en general, la modificación favorable de las condiciones de participación de los Estados en los recursos del subsuelo, que tuvo su lado opaco en el reforzamiento resultante del extractivismo y una marcada reprimarización de la economía. Sobre esa base fue posible una redistribución de las rentas que, en lo esencial, filtró mejoras en los sectores marginales a través de subsidios. Los aumentos del gasto social facilitados por un ciclo de precios altos de las materias primas, y una idea de integración que llevó a pensar que los intercambios intrarregionales eran una posibilidad de fortalecimiento político y económico –materializado en Unasur como máximo organismo regulador–, luego de la derrota del proyecto de Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) que buscaba liderar los Estados Unidos, fueron parte del núcleo común del proyecto. Los golpes de Estado “blandos” a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016, la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la victoria de Mauricio Macri en el 2015 en Argentina, son quizá los hitos más importantes que marcan el principio del fin del sueño progresista que terminó desdibujado en ese corto período de cuatro años, y cuyos avances estructurales más significativos fueron desmontados, casi en su totalidad, como fue el caso de algunos logros en las leyes que rigen las relaciones capital-trabajo.


La crisis de una Venezuela golpeada desde afuera por las sanciones de las grandes potencias, y en su interior por la corrupción de funcionarios como Rafael Ramírez, hoy prófugo, que saqueó durante diez años Pdvsa, es actualmente un caso mostrado, en no pocos escenarios, como ejemplo del que debe huirse, y como eso incluye a actores del progresismo 2.0, es claro que éste busca diferenciarse sustantivamente de sus antecesores.


El entorno económico mundial, luego de la crisis del 2008, ha intensificado los procesos de concentración y centralización del capital hasta niveles sin precedentes, haciendo de las multinacionales supra-poderes. La geopolítica está centrada, en este momento, en la disputa por un nuevo orden que, de hecho, muestra el fin de la unipolaridad que busca ser sostenida por el último hegemón que resiste la aceptación de la multipolaridad. La china, potencia emergente, con la excepción de Colombia, Ecuador y Venezuela –que siguen teniendo a Estados Unidos como el primer destino de sus ventas externas–, es ya el mayor socio comercial o iguala a los norteamericanos en los intercambios económicos con los demás países Suramericanos, marcando una dicotomía en los gobiernos de la región entre la lealtad al discurso de la llamada democracia occidental y los intereses económicos, que los nuevos progresistas parecen no saber cómo tratar.


El regreso del Kirchnerismo al poder en Argentina, luego del fracaso del gobierno de la derecha liderada por Mauricio Macri, y la derrota que en las elecciones de mitad de mandato sufrió en noviembre de 2021 el gobierno de Alberto Fernández, y que auguran la probabilidad de un regreso del macrismo en 2023, pueden estar indicándonos que estamos entrando en un juego análogo al del mito de Penélope en el que la derecha desteje en su mandato lo que el progresismo pueda alcanzar a tejer en el suyo, en un juego de alternancia permanente en el que a un paso temporal hacia adelante lo sigan, poco después, varios hacía atrás, mientras el movimiento social, entretenido, nubla el convencimiento de que sin acciones contundentes, masivas y permanentes sus sueños de una sociedad mejor no tendrán lugar.


No cabe duda que la política ha sufrido un corrimiento a la derecha y que eso ha tenido como efecto que los reclamos de los movimientos políticos alternativos sean cada vez más limitados. Y si bien no puede afirmarse que en los resultados electorales cualquier resultado da igual, eso tampoco debe llevar a aceptar sin miramientos que lo posible del realismo práctico borre lo deseable de los sueños. La búsqueda de conquistas irreversibles pasa, entonces, por extender el poder a las organizaciones de la base social para poder construir así una verdadera democracia.

 

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 17:18

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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Viernes, 11 Febrero 2022 16:25

Juventud, garrote y zanahoria electoral

Hernando Sánchez, Espera (Cortesía del autor)

En diciembre de 2021 se realizaron por primera vez, a nivel nacional, las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud (1). Sus antecedentes y características, así como el contexto de exclusión, conflicto intergeneracional y ruptura juvenil con las instituciones del país dan cuerpo a este artículo.

Mediante una invasiva propaganda oficial el gobierno Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar el alzamiento social que marcó la vida nacional a lo largo de varias semanas del 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud colombiana a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado 5 de diciembre de 2021.


El número de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar sumaba 12.282.273 (24,1% en relación con la población total colombiana). Tan solo 1.279.961 (10,4% del censo electoral juvenil previsto) respondió al llamado presidencial y a la maquinaria institucional para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional. Unos comicios en los que también realzó el fraude y voto nulo, este último con el 23 por ciento del total de los sufragados (para el Congreso suele ser del 6 por ciento).


A la par de la ausencia en los puestos de votación de quienes fueron citados, llamó la atención la manera imprevisible y malintencionada como la Registraduría Nacional habilitó a los adolescentes para votar en cualquier puesto sin inscripción previa ni control de las veces que repitiera, abriendo de este modo un expedito camino al fraude ¡primeras lecciones de la típica democracia colombiana! Sin reparar en lo sucedido en los puestos sin votantes ni en los exiguos resultados, el histriónico presidente Iván Duque se apresuró a declarar: “Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”.


Y ese espíritu estuvo presente pero no en forma de voto sino de rechazo a unos partidos tradicionales, y otros que se dicen de nuevo tipo, que no alcanzan a inquietarlos, a una burocracia que no aprecian, a unas fuerzas de seguridad que los asesina y a un proyecto de país que los excluye. En suma, su espíritu estuvo presente a través del rechazo a una institucionalidad que ni los representa ni les ofrece presente o futuro digno, tendiendo luz de esta manera, además, sobre la evidente y profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de los jóvenes en los asuntos estratégicos del país.


Modernización violenta y excluyente


El concepto de juventud nace con la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en Colombia es el referente existencial de las generaciones nacidas a partir de la década de los años 1950. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: las violencias de mediados del siglo XX prolongadas hasta tiempos presentes y la Constitución Política de 1991. La violencia actúa compulsivamente como partera de la historia –las identidades juveniles nacen, crecen, viven y mueren en medio de la guerra–. Durante la segunda mitad del siglo XX, adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas represivas, asistencialistas e inconsultas. De manera tardía, la Constitución Política de 1991 reconoció a los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la democracia directa, la diferencia y la autonomía.


Sin embargo, la fundamentación en los derechos humanos y la introducción de la noción de democracia participativa en el ordenamiento constitucional fue incapaz de poner fin a tres factores de riesgo que impactan estructural y negativamente el bienestar de la sociedad colombiana y, en particular, la existencia de los adolescentes y jóvenes: la precariedad del mercado laboral (desempleo e informalidad), la pobreza (la otra cara de la exclusión y la violación de los derechos humanos) y la violencia homicida (gráfico 1). En general, la medición focalizada del padecimiento de los jóvenes en relación con estas tres patologías es dos, tres y hasta cuatro veces superior al valor promedio observado en las cifras nacionales.


Lo preocupante es que durante la administración Duque estos índices de malestar se agravan y registran una tendencia creciente y acelerada: En 2021, la cifra de homicidios aumentó un 17 por ciento respecto de 2020; el año cerró con una cifra aproximada de 14.000 asesinatos; esto es, una tasa de 27,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, superando la tasa de homicidio de los años anteriores: 2020 con 23,9 y 2019 con 25,6; ii) el grado de incidencia de la pobreza por ingresos insuficientes registraba una tendencia descendente desde 2013 hasta alcanzar el piso de 34,7 por ciento en 2018; en los años siguientes, potenciado en los últimos dos por la pandemia y el mal manejo macroeconómico, un alto número de familias de clase media cayeron en la pobreza, registrando el indicador un valor de 44 por ciento en 2021; iii) En los últimos 72 años, la tasa de desempleo registra dos fases: durante el período 1950-1965, la desocupación fue inferior a dos dígitos, manteniéndose en el rango del 2 al 8 por ciento; a partir de 1966, la exclusión laboral tiende a estar en dos dígitos, alcanzando un pico en el año 2000 de 19,7 por ciento y otro en mayo de 2020 de 21,4 por ciento. En los valores promedios anuales, en 2015 se llegó a un piso de 8,9 por ciento para luego escalar a 10,5 por ciento en 2019, 16,1 en 2020 y caer a 14,0 en 2021.


En los adolescentes y jóvenes, las causas externas son las principales causantes de las defunciones. Durante el período 1980-2018 fueron asesinados en Colombia 351.135 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad). La violencia delineó el perfil de morbilidad y mortalidad de este grupo etario. El incremento de la violencia homicida ha alcanzado niveles catastróficos para los adolescentes y jóvenes afectando principalmente a los hombres entre los 18 y 28 años de edad. Durante el período 1985-2018 la tasa promedio de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional fue de 50,9; en el grupo de adolescentes y jóvenes el promedio de asesinatos aumentó a 86,4; esto es, 1,7 veces más alto. De los 14.000 asesinatos ocurridos durante 2021, una cifra cercana a los 9.000 corresponde a victimas adolescentes o jóvenes, en consonancia con las tasas históricas. De esta manera y sin duda, la privación del derecho a la vida es una de las principales y más severas violaciones a los derechos humanos de adolescentes y jóvenes en Colombia.


El análisis por subgrupos etarios y género presenta resultados más complejos en el comportamiento de la criminalidad del país. La tasa de homicidios promedio durante el período 1985-2018 para las “mujeres adolescentes y jóvenes” es de 12 por cada 100.000 habitantes, en el rango de 12 a 28 años; para los “hombres” es de 161; esto es, 13,4 veces más alto. La tasa promedio de homicidios en los “jóvenes tempranos hombres” (18 a 23 años de edad) es de 204,1 (4,1 veces superior a la tasa nacional) con un valor máximo de 338,5 alcanzado en 1993 y en los “jóvenes tardíos hombres” (24 a 28 años de edad) el valor promedio es de 229,6 (4,5 veces el promedio nacional) y el máximo de 373,7 en el año de 1992 (gráfico 2 y tabla1).

 

En general, la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, estructurales y profundas causas conflictivas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa exclusiva del conflicto armado interno o del aumento en cifras absolutas de la población joven; hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El país es escenario, de esta manera, un “juvenicidio” ocurrido en su historia reciente (2).


Por su parte el perspicaz escritor británico H. G. Wells (1866-1946) observó a principios del siglo XX y lo registra en su obra “El destino del Homo Sapiens” que el exceso relativo de jóvenes desocupados en las sociedades capitalistas modernas constituía una peligrosa fuerza tendiente a provocar conflicto en toda comunidad humana; la solución más fácil encontrada por las clases dominantes a la presión ejercida por el sobrante de hombres jóvenes de las clases populares, con el fin de mantenerlos disciplinados y reducir su número, ha consistido en la guerra, la cárcel o el exilio (3). De esta manera, al poder destructivo material y moral de la guerra moderna se adiciona, según Wells, el desperdicio para siempre de grandes reservas y potencialidades de energía humana (4).


Realidad que en lo fundamental no cambia. Los y las jóvenes viven hoy con mayor dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas. Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos acceso a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).


Durante las fases recesivas, el mecanismo de ajuste del mercado laboral colombiano empieza con el cierre de los puestos de trabajo de los jóvenes, afectando en mayor proporción a las mujeres. En general, ellas y ellos se encuentran atrapados en un círculo vicioso de empleo precario, informalidad-desempleo-inactividad-pobreza-exclusión (gráfico 3 y tabla 2).

 


En el ojo del huracán de la pandemia y los nefastos impactos de las medidas administrativas de encerramiento, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes alcanzó la cifra de 37,3 durante el trimestre mayo-julio de 2020 y en los hombres jóvenes de 24,5 en el trimestre abril-junio del mismo año.
De acuerdo con los resultados de las series trimestrales del Dane-Geih, durante el período 2001-2021 (julio-septiembre), en general, los valores promedio más altos de desocupación (5) lo registran las mujeres jóvenes tanto en las cabeceras (25,6%) como en los centros poblados y rural dispersa (24,6%). Los valores de las tasas de desocupación más bajas corresponden al total de los centros poblados y rural dispersa (7,3%) y los hombres jóvenes de estas áreas (8,0%). La tasa total promedio de desempleo nacional es 11,7 por ciento; en el total de hombres jóvenes es de 15,1 (3,4 puntos porcentuales –p.p.–. por encima del promedio nacional); en las mujeres jóvenes es de 25,7 (14 p.p. arriba del promedio nacional y una brecha de 10,6 p.p. respecto a la tasa de desocupación de los hombres jóvenes). Los coeficientes de variación son más bajos en las categorías de los jóvenes de ambos sexos expresando de esta manera una situación estructural de desempleo frente a los ciclos de los mercados de trabajo.


Una realidad que no escapó a los ojos de Misión de Empleo, en funciones desde julio de 2020 con el fin de encontrar una ruta que le permita crear un plan estratégico al gobierno nacional para mejorar las condiciones laborales existentes en el país. El economista mexicano Santiago Levy, jefe de la misma afirmó el pasado 11 de enero al presentar las conclusiones del estudio que “El mercado laboral colombiano está muy mal. Tiene una protección social ineficiente, un empleo precario para las personas y ofrece pocas oportunidades para que estas mejoren sus condiciones laborales, lo cual, a su vez, castiga el crecimiento económico y la productividad, por lo cual no es de extrañar que Colombia presente las tasas de crecimiento de desempleo más altas de Latinoamérica”.


Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Los análisis del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre el problema de los jóvenes le permitieron afirmar que “el hecho de hablar los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente” (6). En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional en Colombia se ubicó en 18,1 por ciento en 2020.


Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. A continuación se analiza el contexto de vida de los adolescentes y jóvenes.


Falacia ecológica, desarrollo desigual y contextos de vida


La evidencia empírica y los análisis econométricos ponen al descubierto la “falacia ecológica”, es decir: hacer inferencias acerca de algunos individuos a partir de información del grupo al cual pertenecen. En efecto, cualquier análisis de series de tiempo empleando la tasa de homicidio y la proporción de la población joven encuentra una relación positiva y significativa entre estas dos variables; sin embargo, el análisis desagregado por grupos de edad muestra algo diferente, los cambios demográficos poco explican los movimientos de la tasa de homicidio. En cuanto al rol que juega la pobreza, diversos estudios concluyen que la evolución de la pobreza poco o nada explica el dramático incremento en los homicidios. En cuanto a la relación más compleja existente entre demografía y violencia en Colombia, los investigadores recomiendan hacer estos análisis a nivel de subgrupos etarios, clases sociales, actividades económicas, entidades culturales, regiones, municipios y ciudades específicas (7).


Adicionalmente, el hecho que dos fenómenos registren tendencias o comportamientos similares en el tiempo no permite inferir ningún tipo de causalidad entre ellos, es decir, que uno pueda ser causa u origen del otro. Las correlaciones describen relaciones simples y casi siempre lineales sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.


Tomando esto en cuenta, de las ocho variables condicionantes a nivel territorial elegidas para el estudio de juventud y contextos de vida (ver mapas), la mayor variabilidad (relación % entre la desviación estándar y la media) la registran la densidad poblacional (habitantes/extensión territorial), la tasa de víctimas del conflicto armado, el grado de ruralidad, y el nivel de riqueza generado. Las variables estables, homogéneas y con valores muy cercanos al promedio son el índice de pobreza multidimensional, la participación poblacional del grupo etario adolescente y joven, el grado de participación en la elección de los Consejos de juventud y la participación política de la población apta para votar en la elección de Presidente 2018 (tabla 3 y mapas).

 


Para mayor evidencia apoyemos el análisis en la Matriz de correlación, la cual muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1, cero y +1. Si los dos elementos tienden a aumentar o disminuir al mismo tiempo, el valor de correlación es positivo; si el valor es cero no existe relación entre las variables; si es negativo, una variable aumenta mientras la otra disminuye (tabla 4).

 

Respecto a las correlaciones positivas, de la tabla cuatro se puede inferir que el peso porcentual de la población joven (14 a 28 años) es más alto en aquellos territorios con altos índices de violencia, medido por la tasa de víctimas del conflicto armado; en los municipios de mayor ingreso per cápita la participación política es más alta en las elecciones presidenciales; el grado de participación relativa en la elección de los Consejos juveniles tiende a incrementarse en los territorios más pobres y rurales; la pobreza multidimensional aumenta en los territorios más violentos y rurales; la generación de riqueza por persona está asociada al grado de urbanización o densidad poblacional; y grados de violencia y grados de ruralidad están asociados en sus tendencias crecientes.


Respecto a las correlaciones negativas, la participación política desciende con el aumento de la pobreza y la ruralidad; la participación de los adolescentes y jóvenes en las elecciones de los Consejos tiende a ser escasa o exigua en las grandes urbes y entidades territoriales de mayor riqueza relativa; a mayor densidad de la población y mayor riqueza generada la pobreza multidimensional se reduce; la concentración de población reduce el grado de ruralidad; la riqueza por persona aumenta y se reduce la tasa de victimas del conflicto armado; el PIB per cápita aumenta de manera inversa al grado de ruralidad.
Variables no relacionadas. Llama la atención que el peso relativo del grupo etario comprendido entre los 14 y 28 años de edad respecto al total de población de cada entidad territorial no registra correlaciones estadísticamente significativas con la mayoría de las variables asociadas; solamente hay una correlación positiva con los territorios de mayor violencia y número mayor de victimas por el conflicto armado. En consecuencia, el grado de participación de población joven en el total poblacional tiende a distribuirse de manera análoga en las distintas entidades territoriales del país.


El rango (diferencia entre el máximo y el mínimo) del peso proporcional de la población de 14 a 28 años de edad en el total de la población de cada entidad territorial es de 10,7 puntos porcentuales, con un mínimo registrado de 18,5 por ciento (Vichada) y un máximo de 29,2 (Caquetá), el coeficiente de variación es de 9,2 por ciento y la media de 24,3.


La democracia participativa de los territorios en las elecciones presidenciales no tiene ningún grado de asociación con la participación en la elección de los Consejos juveniles. El hecho que en los territorios de mayor violencia el peso porcentual de la población joven sea más alto no influye en su participación en la elección, motivo de este artículo.


Es importante resaltar, como colofón de lo analizado, que mientras el 56,7 por ciento de ellos y ellas votaron en las elecciones presidenciales de 2018, en contraste, durante la elección de los Consejos municipales y locales de juventud apenas lo hizo un escaso 10,4 por ciento del censo electoral juvenil previsto (46,3 puntos porcentuales por debajo).


Consejos de juventud, participación política y democracia


Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones (8).


En la Encuesta de Cultura Política –ECP– desarrollada por el Dane que permite caracterizar aspectos de la misma, acumulación de capital social, participación en escenarios comunitarios y confianza, basados en las percepciones y prácticas de los ciudadanos sobre su entorno político y social, en relación con la juventud, en particular en la realizada en el 2019, la institución rectora de las estadísticas en Colombia muestra que la participación de las personas en diferentes tipos de grupos y organizaciones es de 16,6 por ciento a nivel nacional; la participación de los hombres es 16,0 y las mujeres 17,2; en las cabeceras municipales el 14,8 y en los centros poblados y rural disperso 23,3. Los jóvenes son los que más participan en organizaciones educativas, culturales y deportivas, en comparación con otros grupos etarios; frente a la pregunta sobre la pertenencia a este tipo de organizaciones, la participación de jóvenes alcanza un 15,6 por ciento, frente a un promedio general de apenas 10,4.


Los mecanismos de participación ciudadana que más conocen los jóvenes de 18 a 25 años son el plebiscito (60,2%); el referendo aprobatorio o derogatorio (47,5%) y la consulta popular (47,8%). El 56,7 por ciento de este grupo de edad votó en las elecciones presidenciales de 2018; entre el 22 y el 38 por ciento no lo hizo por incredulidad en el sistema electoral, por considerar corruptos a los políticos y por desinterés. De acuerdo con la posición ideológica, el 15,7 por ciento se declara de izquierda, el 41,3 de centro, el 19,1 de derecha y el 23,9 no sabe o no informa. Respecto al grado de satisfacción con la forma en que la democracia funciona en Colombia, el 48,2 por ciento se siente muy insatisfecho; el 37,7 es indiferente o no sabe; el 14,1 se siente muy satisfecho. En general, existe incredulidad y desconfianza por parte de los jóvenes en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático colombiano.


Desencuentros y anhelos pendientes


Con la Carta Constitucional de 1991 toman forma las políticas públicas poblacionales y el reconocimiento de los y las adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo.


Durante las tres décadas siguientes, el Estado y la sociedad no han logrado dar una respuesta integral, universal, incluyente y democrática a las demandas-derechos de las nuevas ciudadanías. El modelo de desarrollo tampoco distribuye equitativamente sus beneficios. El desencuentro entre las ciudadanías empoderadas por una Carta Política que proclama los derechos humanos, la democracia participativa y el reconocimiento de las diferencias, de una parte, y las conservadoras instituciones públicas y privadas, de otra, frustró las expectativas nacidas en la nueva era. El desencuentro constituía una bomba de tiempo que vino a explotar durante la administración Duque.


Los datos revisados, así como las dinámicas sociales vividas durante los últimos años en el país, permiten concluir que la crisis de la democracia, del Estado y el modelo de desarrollo se expresan en la crisis del constructo social de adolescencia y juventud. La insurrección social a lo largo del gobierno Duque es la evidente expresión de la paradoja modernización sin modernidad. Las continuas explosiones sociales son causadas por las falencias acumuladas por décadas y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo. De acuerdo con las “Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de la CIDH”, en junio de 2021, las manifestaciones sociales se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La letra puede con todo, y en este caso la realidad lo reafirma.

 

1. Los Consejos municipales y locales de juventud son el mecanismo de participación creado desde la ley de Juventud 375 de 1997 y ratificado en la Ley Estatutaria de ciudadanía juvenil 1622 de 2013, pero nunca ha operado por falta de credibilidad y confianza. En los intentos de implementación la participación ha sido mínima y poco o nada ha influido en la participación democrática de los adolescentes y jóvenes. Ante la inoperancia de tal mecanismo o espacios de participación juvenil, en febrero de 2000 el presidente Pastrana firmó el Decreto 089 para reglamentar su organización y promover su funcionamiento. En el año 2018, una vez más con el mismo fin, se aprobó la Ley Estatutaria 1885 para “Modificar la ley estatutaria 1622 de 2013” en lo concerniente al Sistema Nacional de Juventudes. De acuerdo con lo afirmado por el abogado y Consejero Presidencial para la Juventud (cargo que ocupa desde 2020 hasta la actualidad), Juan Arango “La Ley 1622 desafortunadamente no fue una garantía de derechos, sino una especie de frustración en términos de participación juvenil”.
2. José Manuel Valenzuela Arce, investigador mexicano de El Colegio de la Frontera Norte acuñó este concepto en 2012, a partir de la publicación de su libro “Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social”. El “juvenicidio” es definido como el asesinato sistemático de la población joven, fenómeno documentado a lo largo de décadas y en el que se ha detectado la implicación institucional. De forma similar como ocurrió con el feminicidio, el profesor Valenzuela le dio nombre a una problemática social presente como común denominador en los países latinoamericanos.
3. Actualmente, de una parte, según la Cancillería, viven en países extranjeros alrededor de 5 millones de connacionales, la mayoría jóvenes que huyen a la falta de oportunidades, a la pobreza y a persecución política. De otra parte, en Colombia persiste una cultura carcelaria, no tanto para castigar o reeducar para la reinserción social como para ocultar y no enfrentar abierta y críticamente las causas profundas de las complejas patologías sociales: la legislación penal colombiana tipificaba como delito 296 conductas en 1980; actualmente aumentó esta tipificación a más de 600 conductas diferentes, la mayoría de ellas con pena privativa de la libertad. En consecuencia, la población carcelaria del país aumentó 462 por ciento entre 1992 y 2018. En 2018, la población carcelaria sumó 118.201 personas; el 36,1 por ciento de los presos eran jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, esto es, 42.589, el 94% hombres y 6% mujeres.
4. H. G. Wells. (1949). El destino del Homo Sapiens. México; Editorial Diana, pp. 42-43 y 256-257.
5. La Tasa de desempleo (TD) es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza laboral (TD=D/PEA).
6. Bourdieu, Pierre. (1990). “La “Juventud” no es más que una palabra”, en: Sociología y Cultura. Editorial Grijalbo S. A. México, p. 165.
7. Bonilla Mejía, Leonardo. (2009). Demografía, juventud y homicidios en Colombia, 1979-2006. Banco de la República; Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional; pp. 41-42.
8. Bourdieu, Pierre, op. cit., pp. 163-173.

*Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 


Diagramas de dispersión y análisis de regresión lineal

 

 

 

Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. No obstante, la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula; de hecho, habitualmente no es lo uno ni lo otro.


Adicionalmente, para estudiar la relación entre variables se utiliza la técnica estadística de “análisis de regresión lineal”. El análisis de regresión lineal puede utilizarse para explorar y cuantificar la relación entre una variable dependiente o criterio (Y) y una o más variables llamadas independientes o predictores (X1, X2,…, Xn). La línea recta de la regresión posee la fórmula: Yi= ß0 + ßi Xi dónde el coeficiente ßi es la pendiente de la recta y el coeficiente ß0 es el punto en el que la recta corta el eje vertical. Conociendo el valor de estos dos coeficientes puede reproducirse la recta y describir la relación existente entre (Y) y (X). El coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales en el estudio de la relación entre la participación política de los adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos de 2021 y los contextos de vida en que estos crecen y habitan.
El comportamiento de la variable “Porcentaje de adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que participaron en las elecciones de los Consejos municipales y locales de juventud a nivel nacional en diciembre de 2021” tiende a ser explicada o a encontrar una determinación mayor (R² más cercano a 1) con las siguientes tres variables independientes: i) “Incidencia de la pobreza multidimensional por departamento (% IPM)”; ii) “Grado de ruralidad departamental (%)”; iii) “Ingreso per cápita departamental ($)”.


De los 12.282.273 adolescentes y jóvenes (14 a 28 años de edad) que estaban habilitados para votar durante la jornada, solamente acudieron a las urnas 1.279.961 adolescentes y jóvenes, esto es, 10,4% del censo electoral juvenil previsto. El coeficiente de variación fue reducido: 27,2 por ciento. El rango de variación fue de 15,1 puntos porcentuales (PP); el valor mínimo fue de 6,2 por ciento (Bogotá D.C. y Antioquia) y el máximo 21,3 (Sucre). En general, las entidades territoriales de mayor desarrollo (medido en densidad poblacional, % población urbana, ingreso per cápita, mayor participación política, menor tasa de victimas por el conflicto armado) fue donde el movimiento juvenil expresó radicalmente su ruptura con la institucionalidad de la administración Duque (paradójicamente, son las entidades territoriales con mayor experiencia y continuidad histórica, inversión y trabajo en políticas públicas de adolescencia y juventud).


La propaganda oficial y el funcionamiento tradicional de las maquinarias electorales de los partidos del establecimiento (el Centro Democrático fue de los más activos) nada pudo en contra de la crítica y exigencias democráticas radicales de la Juventud colombiana. El gráfico 11 es contundente en mostrar que la manipulación política del gobierno Duque con la convocatoria a la elección de los Consejos de Juventud fue un total fracaso; en efecto, la variable “% de participación de adolescentes y jóvenes en la elección de los Consejos” no guarda relación alguna con las variables “Total población joven 2021”, “% población entre 14 y 28 años respecto al total poblacional” y “Participación política en la elección presidencial 2018”.

 

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MÁS LEÍDOS 2021: El Banco Mundial y la “Tierra prometida del capital”

El Banco Mundial (BM) publicó el 27 de octubre el informe “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”. El estudio se fundamenta en la teoría del “capital humano”; según ésta, el conocimiento y la salud promueven la equidad y determinan el incremento de la productividad individual y el crecimiento económico. La política fiscal deberá ser el medio para invertir en el “capital humano”: el impuesto extendido a toda renta personal –IRP– y el impuesto universal al valor agregado –IVA– serán las principales fuentes utilizadas por el Estado para redistribuir entre los más pobres. El colofón es sencillo: i) hay pobreza porque los pobres cuentan con poco capital humano; ii) hay desigualdad y pobreza porque el Estado no dispone de los suficientes recursos presupuestales para incrementar el capital humano de los pobres; superados estos impasses, alcanzaremos la “Tierra prometida del capital”.

 

El BM, organización multinacional especializada en finanzas y asistencia creada en 1944, tiene como misión reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo (fomentar el aumento de los ingresos de los más pobres). Funcionarios de la institución analizaron la situación de Colombia como sociedad equitativa. Una sociedad equitativa, la define el BM, es aquella en la que las personas tienen las mismas oportunidades para seguir la vida que elijan, independientemente de las circunstancias en las que nacieron, y no están sometidas a la pobreza.

El informe documenta y describe las principales fuentes de desigualdad en Colombia, identifica los impulsores de esas disparidades y propone un menú con opciones de políticas, para abordar las causas de la desigualdad y promover una sociedad más equitativa. Para explorar los factores que conducen a las disparidades entre grupos, el informe se enfoca en el marco basado en activos, esto es, los elementos que determinan la capacidad de un individuo o un hogar para generar ingresos de mercado.

De acuerdo con el BM, la desigualdad de ingresos en Colombia es muy alta (gráfico 1), lo que se constituye en una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. Esta realidad, que es estructural y crónica, en el 2019 fue la más alta entre todos los países de la Ocde y la mayoría de los de América Latina y el Caribe (ALC). Los ingresos del 10 por ciento de la población más rica de los colombianos son once veces mayor que la del 10 por ciento más pobre.

Una constante histórica en aumento desde 2018, agravada, además, por el impacto del covid-19, factor que aumentó la pobreza en 6,8 puntos porcentuales en 2020, y llevó a que 3,6 millones de personas más se volvieron pobres, particularmente en las áreas urbanas, provocando, también, que la pobreza extrema aumentara en 5,5 puntos porcentuales, para dejar a 2,8 millones de personas más sin poder cubrir las necesidades alimentarias básicas.

Estas realidades, la histórica y la coyuntural, al ritmo del declive observado entre 2008 y el 2019, justo antes de que estallara la pandemia, implican que a Colombia le tomaría cerca de cuatro décadas para alcanzar el nivel promedio de desigualdad que resalta entre los países de la Ocde.

El BM sostiene que las políticas tributarias y de transferencias vigentes en Colombia, en el mejor de los casos, solo tienen un impacto positivo modesto sobre estos desequilibrios, por lo que es evidente que existe un amplio potencial para mejorar el papel redistributivo de su política fiscal. Las reformas de políticas en muchas áreas podrían ayudar a trazar un futuro más equitativo para el país.


La estructura

El informe está estructurado en seis capítulos: i) vista general del desafío: impulsores de las desigualdades y opciones de política; ii) principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano; iii) barreras que afectan la utilización y el rendimiento del capital humano en el mercado laboral: las barreras a la movilidad laboral, desde sectores con baja productividad a los sectores más dinámicos, y el acceso desigual a las nuevas tecnologías que limitan el acceso de los pobres a los trabajos del futuro; iv) propiedades redistributivas del sistema fiscal en Colombia y análisis del alcance de los impuestos directos e indirectos, el gasto social y los subsidios en la reducción de la desigualdad; v) impulsores de las diferencias en el bienestar entre territorios; vi) impactos a largo plazo del cambio climático sobre la desigualdad, a través de sus efectos sobre la productividad sectorial, la productividad laboral y el suministro de energía.

El aspecto más grave que describe este informe es el de la persistencia intergeneracional de las desigualdades, la pobreza y las exclusiones. En Colombia no existe movilidad social ascendente: quien nace pobre, vive y muere en igual circunstancia y las generaciones que le siguen heredan la pobreza. Las perspectivas de ingresos y formación de un niño o niña en el país dependen, lamentablemente, de las circunstancias en que nacen, de la situación de sus padres, de su pertenencia étnica, incluso de la región geográfica.

De este modo, las disparidades entre los ingresos en los adultos surgen de las brechas abiertas desde la vida temprana para las oportunidades de alta calidad en desarrollo infantil, nutrición, educación y servicios de atención médica. La desigualdad en el acceso a empleos de calidad amplifica aún más estas brechas, lo que convierte al país en un territorio donde las desigualdades son más persistentes entre generaciones. La desigualdad de larga data entre las regiones se superpone con las grandes brechas en el bienestar entre los afrodescendientes e indígenas y el resto de la población.

De manera crónica y estructural, la evidencia empírica en Colombia muestra históricamente que los pobres se vuelven más pobres mientras los ricos se vuelven más ricos. La intervención del Estado a través de la política fiscal, el gasto social y los subsidios no transforma esta cruda realidad ni reduce las amplias brechas de la desigualdad. No importa que el ingreso social crezca a un ritmo significativamente más rápido que la población; de todos modos la pobreza y la desigualdad se reproducirán de manera ineluctable (gráfico 2). Durante las últimas tres generaciones, de 1950 a 2021, el ingreso per cápita (valor del PIB dividido por el tamaño de la población) creció 3,5 veces en precios constantes y el coeficiente de concentración Gini aumentó en 0,153, esto es, de 0,400 a 0,553 (el valor del coeficiente tiene un rango de 0 a 1, donde 0 es igualdad absoluta y 1 la máxima desigualdad). El sistema está diseñado de tal manera que los pobres transfieren ingresos y riqueza a los más ricos mediante diversos procedimientos.

Una realidad tal que lleva a que Colombia sea uno de los países del mundo donde las desigualdades sean más persistentes entre generaciones. Las desigualdades y las brechas de pobreza entre sus connacionales son abrumadoras, multifactoriales y se generan desde el nacimiento (gráfico 3).

 

 

Una realidad palpable. En general, un niño o niña pobre recibe dos años y medio menos de educación y tiene tres veces más riesgo de sufrir desnutrición que uno que no está en esa condición socioeconómica. La educación que reciben los pobres es de mala calidad y poco pertinente para su desarrollo personal, la inserción en el mercado laboral y el ejercicio de la ciudadanía. Los pobres no tienen acceso a una atención médica de alta calidad; esto contribuye a las disparidades en los resultados: los niños más empobrecidos tienen tasas de retraso en el crecimiento que son tres veces mayores que las de los niños más ricos. El empleo que logran es de bajos e inestables ingresos y sin acceso a la seguridad social; además la informalidad, los puestos de trabajos precarios e inhumanos son la marca imborrable de sus actividades laborales. Cuando el mercado laboral los excluye por vejez, enfermedad o invalidez, los pobres están desprotegidos, esto es, no acceden a una pensión y deben sobrevivir, si lo logran, del asistencialismo público o de la solidaridad familiar, pues carecen de ahorros o medios de vida o sustento que les permitan asegurar sus necesidades vitales.

Debido a la alta informalidad, inestabilidad laboral y desempleo, solo uno de cada cuatro colombianos logra acceder a una mesada pensional. De los cerca de 80 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines sociales, unos 25 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen público (prima media) y de esos subsidios, el 65 por ciento (unos 16,3 billones de pesos) va al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 250.000 millones de pesos al año) son apropiados para subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la población de menores ingresos. Las pensiones de más de veinte salarios mínimos legales (SML), subsidiadas con recursos públicos, favorecen y benefician a los altos funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas armadas, políticos de carrera y poderosos empresarios. En el régimen de prima media el monto máximo de la mesada pensional no puede exceder al equivalente de 25 SML mínimos mensuales según el artículo 18 de la ley 100 de 1993; no obstante, políticos y magistrados han logrado pensiones infinitamente superiores a ese tope, pero ello no está al alcance del ciudadano común y corriente, quien no podrá aspirar a más de 25 SML mensuales (el 85% de las mesadas pensionales son inferiores a los dos SML mensuales). Este es un ejemplo entre muchos de como la institucionalidad y las leyes favorecen la desigualdad y las profundas brechas de ingresos entre ricos y pobres, entre quienes detentan el poder y el ciudadano de a píe. La teoría del “capital humano” no tiene ni asomo de validez para explicar esta situación de inequidad estructural; ni siquiera el nivel educativo alcanzado es un buen predictor de la distribución de los ingresos. En resumen, el sistema de seguridad social es inequitativo, puesto que los subsidios pensionales se concentran en los sectores más ricos de la población.


Principales hallazgos y recomendaciones


En este plano el informe, “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, plantea:

• La desigualdad en nuestro país se extiende más allá de los aspectos materiales de los medios de vida. Los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o empobrecidos tienen muchas menos probabilidades de considerarse felices. Cuatro de cada cinco connacionales creen que la distribución del ingreso es injusta o severamente injusta.
• En Colombia, las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Una mujer tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre. Un indígena recibe en promedio dos años menos de escolaridad que otros habitantes del país, y un afrocolombiano tiene el doble de probabilidad de vivir en un barrio pobre.
• Las desigualdades también persisten entre generaciones. Los niños en este país enfrentan perspectivas de vida muy diferentes, debido a las circunstancias en las que nacen: es probable que un hijo de un padre con bajos ingresos gane menos que un hijo de un padre con altos ingresos. Entre un grupo de 75 países, la transferencia de la brecha de ingresos de una generación a la siguiente en Colombia es la más arraigada.
• Las desigualdades afectan a las personas desde el comienzo de sus vidas de una manera que tiene consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos.
• Promover la acumulación de capital humano desde la primera infancia requiere simplificar los procedimientos administrativos para que los ciudadanos accedan a los servicios de desarrollo de la primera infancia (DPI), introducir un plan de estudios básico para las competencias esenciales en todo el sistema educativo y brindar apoyo pedagógico a sus docentes sobre las pautas del plan de estudios básico. Al mismo tiempo, también requiere fortalecer los vínculos entre la educación primaria y secundaria y terciaria, asegurando la calidad y pertinencia del plan de estudios. En salud, el modelo de prestación de servicios debe transformarse en un sistema de atención primaria que se adapte a las necesidades locales; se deben proporcionar acreditación e incentivos financieros a las aseguradoras de salud.
• Solo el 40 por ciento de los colombianos que trabajan tiene empleo en el sector formal, lo que es una de las tasas más bajas de ALC. Las estrictas regulaciones laborales y los altos salarios mínimos desalientan la creación de empleos en el sector formal, y dejan a la mayoría de los pobladores trabajando en el sector informal. Con una clasificación de 109 entre 141 países, Colombia tiene una de las disparidades más grandes del mundo en el uso de tecnología entre grupos socioeconómicos: aunque el 73 por ciento de las personas en el 60 por ciento superior usa Internet, esa cifra es solo del 53 por ciento entre los del 40 por ciento inferior.
• Las políticas para reducir las distorsiones del mercado laboral que afectan a estos grupos incluyen hacer contribuciones a la seguridad social proporcionales a las horas trabajadas y limitar el crecimiento del salario mínimo a la inflación hasta que alcance un nivel más favorable a la creación de empleo. Cerrar las brechas entre los grupos también exige eliminar las barreras al acceso equitativo a las oportunidades económicas.
• La brecha entre la región más rica y la más pobre de Colombia es más del doble que la de otros países de la Ocde. Las disparidades espaciales se superponen con los grupos de población definidos por etnia. Reducir la desigualdad territorial requiere de políticas que fortalezcan la capacidad técnica y el desempeño fiscal de los gobiernos subnacionales, particularmente entre aquellos que están rezagados y necesitan más apoyo. La expansión de la conectividad, desde las secciones residenciales de las áreas periurbanas y los municipios más pequeños, hasta la red de carreteras terciarias y secundarias, y el refuerzo de los programas de vivienda también pueden aumentar el acceso a las oportunidades y reducir las desigualdades.
• En comparación con otros países de la Ocde y ALC, en Colombia los impuestos y las transferencias impactan poco para reducir la desigualdad de ingresos. Las políticas para aumentar el efecto redistributivo del sistema fiscal incluyen (i) extender el impuesto de renta personal a los dos deciles superiores de la distribución del ingreso en el corto plazo, con el objetivo de extenderlo a la mitad superior de la distribución del ingreso a largo plazo, a medida que aumenta el ingreso y la pobreza se reduce significativamente; (ii) reducir la lista de bienes exentos de IVA, lo que podría hacerse de manera paulatina, imponiendo inicialmente una tasa baja que va aumentando para dar tiempo a las cadenas productivas (especialmente para aquellos bienes que están excluidos del IVA) a adecuar sus precios; y (iii) mejor focalización de las transferencias y reducción de las fugas en los subsidios a los servicios públicos. Además, la creación de un registro social único dinámico, confiable e integrado puede informar el diseño y la implementación de programas de gasto social más efectivos.
• Los programas de asistencia social no están diseñados para proteger de manera flexible a los hogares contra las crisis. Las opciones de política relacionadas con las políticas de mitigación y adaptación climáticas que tienen como objetivo reducir el impacto de los choques climáticos en los más vulnerables incluyen (i) fortalecer el Sistema Nacional de Extensión Agrícola, mediante la incorporación de criterios de mitigación y adaptación en los planes departamentales de extensión y el desarrollo de la capacidad de los proveedores de servicios de extensión agrícola; (ii) consolidar el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), registros administrativos de asistencia social y otras bases de datos clave en un registro social único dinámico, confiable, integrado y equipado con herramientas de evaluación de riesgos climáticos; y (iii) fortalecer la fijación de precios del carbono, mediante la ampliación del impuesto al carbono y la introducción de un sistema de comercio de emisiones.
• Reducir las desigualdades no es solo un objetivo por motivos morales, también tiene un buen sentido económico. Abordar las desigualdades puede conducir a una fuerza laboral mejor preparada, más capacitada y productiva; un crecimiento económico más fuerte y sostenible, y una cohesión social más estrecha. En síntesis, la “Tierra prometida del capital”.


Trascender la ideología

Una distribución más equitativa del ingreso social ha sido reconocida durante largo tiempo como uno de los fines principales de la política económica. El método más popular y simple a corto plazo para la redistribución del ingreso real consiste en la recaudación de impuestos sobre la renta y sobre el capital altamente progresivo, al mismo tiempo que el gobierno suministra a todo el mundo, de manera gratuita, un mayor número de bienes y servicios1.

Método que ha conducido a la autoreproducción ampliada, parasitaria e imparable del moderno Estado administrativo, intervencionista, fiscalista y policial. Tendencia que recuerda la ley wagneriana, conocida también como “ley de la cuota estatal creciente” o “ley de la ampliación continua de la actividad estatal”. Cada vez son menos los que consideran la ampliación autógena de las actividades estatales dentro del marco de la satisfacción de la necesidad comunitaria, mientras que la mayoría contempla con ojos escépticos y conciencia crítica el complejo del estatalismo, fiscalismo, intervencionismo, autoritarismo y represión, y suponen en él, cada vez más, el teatro absurdo de una sobredimensionada institución de autoservicios y corrupción que es contraproductiva. De este modo, la exigencia actual de “justicia social” tiende a confiscar la propiedad del sector productivo y los ingresos de la clase trabajadora para desviarla “socialmente” al sector improductivo2.

La distribución del ingreso depende de una multitud de factores que ejercen una variada influencia. Los más visibles son el grado de concentración de la propiedad y de la renta del capital, y los niveles de remuneraciones y ocupacionales. La distribución determinada por estos factores (distribución funcional del ingreso) es modificada por la tributación sobre el capital y el trabajo y por el sistema de seguridad social. La distribución que resulta –distribución personal y familiar del ingreso– refleja de manera predominante ingresos de carácter monetario; por lo que es necesario también incorporar la provisión por parte del Estado de bienes y servicios colectivos (educación, salud, vivienda, servicios domiciliarios) y los gastos improductivos del Gobierno (técnicamente llamados de funcionamiento) que genera esta intermediación: sostenimiento de un frondoso aparato burocrático-militar improductivo.

En Colombia siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Las políticas públicas son un reflejo de la lucha de clases cuidadosamente perfiladas y planeadas para favorecer a los ricos y exprimir aún más a los pobres. En la perspectiva de la dinámica sociopolítica, económica, cultural y ambiental sistémica y compleja el modelo de análisis para la determinación de las fuerzas que operan en la distribución y redistribución del ingreso debe contemplar los siguientes elementos y ámbitos:

i) la ideología económica y política preponderante que deriva de la coalición hegemónica existente y que sirve de orientación general para la política económica, en particular, y las políticas públicas, en general (complejo de necesidades e intereses que predominan en el poder y los centros de decisión);
ii) la composición del elenco gobernante que toma las decisiones principales de la política económica; los partidos y grupos políticos de donde provienen y las alianzas que establecen, los intereses sectoriales que representan y las vinculaciones que mantienen con los principales grupos, transnacionales y sectores económicos privados dentro del contexto de las relaciones entre “los negocios” y el gobierno;
iii) los grupos de presión, partidos, movimientos políticos y mafias organizadas: sus principales conexiones y alianzas, grado de influencia y medios a través de los que la ejercen, ideologías respecto a la distribución del ingreso y la riqueza;
iv) la política económica misma, en tanto estrategia para la distribución del ingreso, sus relaciones con la política general y la ideología predominante, su consistencia interna, las reacciones de aceptación y oposición que produce, dinámica y resultados de la lucha de clases;
v) La situación económica general, tendencias del modelo dominante de desarrollo, estado coyuntural de la economía, dependencia, articulaciones y relaciones comerciales con el sistema mundo capitalista, políticas gubernamentales orientadas a mejorar las condiciones de los pobres, heterogeneidad del aparato productivo, vigencia de los derechos humanos y calidad de la democracia, el proceso inflacionario y los precios relativos, etcétera.

Todos estos elementos y ámbitos deben considerarse como unidades de un conjunto analítico estructural y de un tipo histórico que tiene sentido y significado propio al interior de una totalidad sistémica emergente, dinámica, dialéctica, cambiante y en desarrollo3.

1 Mishan, E. J. Los costes del desarrollo económico. Oikos-Tau ediciones, España, p. 44.
2 Sloterdijk, Peter. (2018) ¿Qué sucedió en el siglo XX? Ediciones Ciruela S. A. España, pp. 16 y 82.
3 Graciarena, Jorge. (1974), “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 318-319.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique, edición Colombia.

 


 Perspectiva analítica

La desigualdad es un agravio a la justicia. El valor central para definir una desigualdad como iniquidad es la justicia: la iniquidad es una desigualdad considerada injusta. La desigualdad también afecta negativamente la garantía y disfrute de los derechos humanos como también el efectivo ejercicio de la democracia diaria.


Por debajo de la distribución del ingreso subyace una estructura de poder. De una parte, el ingreso es una categoría económica y, de otra, los mecanismos que pueden modificar las pautas dominantes de la distribución son de naturaleza política, dado que son controlados desde los grandes centros de decisión de la sociedad (principalmente el Estado). Por tanto, el punto de convergencia estructural entre el ingreso y el poder social se encuentra en la propiedad y organización de las fuerzas productivas y en las relaciones sociales de producción que dan origen a las clases sociales, o grupos de gentes, que se diferencian unos a otros en su posición en un modo de producción, y en el tamaño de la parte de ingresos sociales y riqueza que les corresponde como consecuencia de su conciencia social, fuerza organizativa, posición y del balance de la lucha de clases.


Generalmente se utilizan cuatro tipos de análisis económico de la distribución del ingreso: i) la funcional (capital/trabajo), ii) la personal o familiar según factores demográficos y socioeconómicos, iii) la dada por categorías socioeconómicas; iv) la propiciada por las fuerzas sociopolíticas que operan en la asignación del ingreso social desde la perspectiva de la dinámica societal sistémica, estructural e histórica.


Un modelo analítico para la determinación de las fuerzas socioeconómicas y políticas que operan en la asignación del ingreso social debe contar con la perspectiva de la dinámica histórica y societal global. En el campo de la lucha sociopolítica, el enfrentamiento entre derechos iguales lo define el poder o la fuerza dominante. Es una regla para el análisis de la dinámica social, primero, que las acciones sociopolíticas están motivadas por necesidades e intereses y, luego, que habitualmente hay una convergencia relativa entre los efectos de la acción y las finalidades perseguidas por los agentes beneficiados por ella. Una de las características centrales de las sociedades capitalistas modernas es la vinculación cada vez más estrecha entre los “negocios” y la política*. Las necesidades e intereses de los grupos que dominan se proyectan en la política económica, monetaria, crediticia, cambiaria, de precios, fiscal y de subsidios.


En la perspectiva analítica del informe del BM, ni el sistema económico ni la estructura de poder son cuestionados, en consecuencia carece del análisis de la dinámica sociopolítica. La distribución del ingreso es un hecho “natural” económico e institucional, sin que nada tenga que ver con el sistema o la estructura del modo de producción y menos aún con la lucha política entre las diferentes clases o grupos sociales. Las participaciones en los ingresos sociales del factor capital y del factor trabajo (distribución funcional) están determinadas por las productividades marginales relativas que, con una tecnología dada, dependen a su vez de los montos relativos de los factores empleados. En este modelo analítico, a nivel microeconómico las participaciones relativas se alteran tanto con los cambios técnicos que modifican las productividades marginales, cuanto con las variaciones en las cantidades relativas de factores empleados; el nexo con el análisis macroeconómico se concreta a través de las funciones agregadas de producción. Dinámica que depende de los precios relativos del capital y el trabajo, en un contexto de maximización de utilidades y de competencia perfecta en el cual operan las fuerzas del mercado.


La productividad del factor trabajo es fruto, según la ideología que sustenta el informe del BM, del “capital humano” que posee cada individuo. En consecuencia, el documento “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” se centra en los principales activos con los que las personas, en particular las más pobres, pueden contar para generar ingresos: la educación y la salud, o lo que se conoce como su capital humano. Por esa razón, el BM se centra en los mecanismos que dispone el gobierno para modificar la distribución primaria y secundaria del ingreso a través del sistema fiscal (impuestos directos e indirectos), el gasto social y los subsidios, teniendo como objetivo principal del análisis la reducción de la desigualdad y la pobreza. Corolario del “capital humano”, el BM da preponderancia al uso diferencial y selectivo de mecanismos redistributivos directos al margen del mercado, tales como “inversiones” en educación, salud, vivienda y equipamiento comunitario.


El Grupo Banco Mundial que tiene como eslogan trabajar con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida, no toma en cuenta que una estrategia redistributiva, para lograr el éxito, necesita de un sólido apoyo político. El problema consiste en que los grupos sociales a favor de los cuales hay que redistribuir son aquellos que tienen un menor grado de organización, cohesión interna y capacidad de presión sobre el aparato del Estado. Es preciso diseñar estrategias y políticas que abran paso a la participación directa de estos grupos en el poder. La conciencia social, la organización, la lucha por el poder y la profundización de la democracia real y directa son fundamentales en la conquista y construcción de una sociedad igualitaria. Los ricos raramente ayudan a los pobres, más a menudo los explotan.
En resumen, el estudio del BM carece de un análisis sistémico, de una perspectiva histórica crítica y de mecanismos estructurales que permitan superar la desigualdad y garantizar el acceso de todos los connacionales a una vida digna, solidaria y democrática.

* Graciarena, Jorge. (1974). “Estructura de poder y distribución del ingreso en América Latina”; en: Foxley, Alejandro (editor), Distribución del ingreso, Fondo de Cultura Económica, México, p. 311.


 Retos que tendría un gobierno “progresista” de salir electo en el 2022


Siete son los retos que debe enfrentar un gobierno alternativo a las clases y grupos hegemónicos que han dominado el escenario sociopolítico y económico durante el último medio siglo en Colombia: i) deconstruir los mecanismos de conservación y reproducción que siempre han estado representados o encarnados en las clases o grupos que controlan el poder, son dueños del capital y determinan las instituciones públicas; ii) romper el vínculo entre negocios, política y corrupción; iii) transformar la política social asistencialista en una dinámica que recupere la dignidad humana, el trabajo productivo y asociativo, a la vez que promueve la autonomía territorial y el desarrollo sostenible de las localidades y comunidades; iv) profundizar la democracia radical en una perspectiva universal y sistémica; v) garantizar un ingreso básico ciudadano universal y la satisfacción gratuita de las necesidades vitales de toda persona (educación, salud y seguridad social); vi) emprender una reforma agraria integral y nacional, fortalecida financiera, técnica y comercialmente orientada a abastecer los mercados internos y externos; vii) Control estatal y popular sobre los medios estratégicos y financieros del desarrollo, sustituyendo el modelo económico neoliberal por un sistema de planificación democrático, plural y global, sectorial y regional.


 

La otra cara de la riqueza

El BM encubre la estructura económica y sociopolítica del capitalismo, sus desigualdades, contradicciones y conflictos. Oculta que la otra cara de la riqueza y la concentración del ingreso son la pobreza crónica y la exclusión. El principio guía: “lo que es bueno para los ricos necesariamente debe ser bueno para los pobres”. Ignora que la sociedad capitalista con su estructura definida de clases antagónicas contiene, a la vez, una inmodificable estratificación socioeconómica al interior de las clases. El informe descansa en la utopía de una sociedad sin pobres, armónica, prospera y equitativa. En síntesis, el BM prefigura para Colombia, si se obedecen sus recomendaciones, el que se haga realidad el concepto mesiánico de la “Tierra prometida del capital”. En la lectura del informe, por su ocultamiento o negación, es necesario, entonces, evidenciar las contradicciones y antagonismos del sistema, como también desenmascarar los mecanismos de conservación y reproducción que siempre están representados o encarnados en las clases o grupos controladores del poder y que determinan la estructura de las desigualdades y la pobreza.

 

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