Abril 2021, vía Twitter

En la campaña electoral para elegir quien encabece el país en el periodo 2022-2026, y contrario a lo anunciado por las grandes cadenas de comunicación, se presenta un giro en la intención de voto a favor de la coalición sociopolítica Pacto Histórico, en el trasfondo de lo cual está la juventud. Un acercamiento a la exclusión y negaciones que la afectan, y las políticas oficiales diseñadas, supuestamente, para superarlas, permite comprender este cambio.

 

El domingo 19 de junio, fecha de la segunda vuelta para elegir Presidente para el cuatrienio 2022-2026, tendrá lugar una confrontación intergeneracional, clasista y de cosmovisiones. Los más jóvenes, entre 18 y 34 años de edad (cerca del 40 por ciento del censo electoral) son afines políticamente y partidarios de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, con su fórmula presidencial Petro-Márquez y el lema “Cambio por la vida”. Un amplio segmento de la juventud está por los cambios sociales y políticos que requiere el país, confirmando un principio de la democracia representativa: la posibilidad de las transformaciones pacíficas mediante el sistema electoral.

Es una actuación viva, de alguna manera una prolongación de su copamiento de calles y confrontación directa con el Esmad y las fuerzas de choque que actuaron a su alrededor y que duró varias semanas tanto en 2019 como en 2021, agitando sus banderas de cambio, evidenció las históricas exclusiones que los afectan, y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo.

Estamos ante un suceso fundamental. En mayo 19, en la primera vuelta, un porcentaje de jóvenes cercano al 50 por ciento votó por Rodolfo Hernández. Algo sorprendente pero explicable: vieron este candidato al sujeto anti establecimiento que podría romper con una tradición de negaciones y exclusiones, con gobiernos de ricos y para ricos. Pero en unas semanas, tal identidad cambió. ¿Qué lo propició?

En política es frecuente que sumar implique restar. Todo indica que lo fundamental fue la llegada de la extrema derecha y la lumpenoligarquía para asociarse o aliarse a la campaña de quien decía, no de manera explícita pero sí como consecuencia de su discurso antipolítico y anticorrupción, estar contra ella. La juventud vio el verdadero rostro de Rodolfo Hernández tras la máscara construida por sus asesores de estrategia y decidió quitarle su apoyo y acompañar a su contendiente de izquierda democrática. Entre los meses de mayo y junio de 2022, el empresario constructor y prestamista perdió 17,1 puntos porcentuales del apoyo de la población entre 18 y 34 años de edad; cantidad relativa que aumentó las preferencias en este rango etario por el tándem Petro-Márquez (gráfico 1).


Su silencio, su insistencia en que no acepta acuerdos con el uribismo, que “está picho” no convenció a la juventud que, según encuestas de reciente realización, giraron hacia el Pacto Histórico. Es un segmento social que va desde los 18 y hasta los 34 años de edad. Luego de esa edad, la mayoría de la población, defensora del “statu quo” y temerosa del cambio, opta por el llamado Ingeniero. De igual manera, los estratos socio-económicos altos se inclinan por el candidato de la centro-derecha y menos por el de la izquierda democrática1.

Las mismas encuestadoras indican que el 19 de junio la votación será mayor. En la primera vuelta, el 29 de mayo, el 54,91 por ciento de los colombianos aptos para sufragar se acercó a las urnas, según la Registraduría; para la segunda vuelta el 62,5 de las personas afirma que “definitivamente sí votara”. Con una novedad que no debe pasar desapercibida: del total de las 39.002.239 personas aptas para concurrir a las urnas 8.986.997 son jóvenes de entre 18 y 28 años, 50 por ciento son mujeres (4’526.801) y la otra mitad hombres (4’460.196); es decir, 1 de cada 5 del gran total de quienes pueden votar hacen parte de la juventud. Bogotá es la ciudad donde hay mayor cantidad de menores de 28 años que pueden ejercer su derecho al sufragio: 1’192.036. Que son, como en el porcentaje nacional, el 23 por ciento del total del censo electoral en la capital. Por lo anterior, no es simple coincidencia que en 10 de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de la subdivisión urbana de Bogotá, el “Pacto Histórico sea hegemónico en los resultados de la primera vuelta y en la intención de voto para la segunda (el candidato empresario Hernández ganó, en la primera vuelta, en las dos UPZ donde viven los más ricos, al norte de la ciudad).

Además, según los resultados de la primera vuelta, tres de cada cuatro electores demanda un cambio en el destino del país. Un cambio fundamental es garantizar la vida digna, el goce de los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia sustantiva para que la juventud pueda florecer plenamente de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Un pacto histórico con la juventud es la demanda y la necesidad actual de la sociedad colombiana.

Una historia de organización y participación juvenil por la democracia y la vida digna en Colombia. El concepto de juventud es producto de la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en el país es referente existencial en las biografías de las cuatro últimas generaciones. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: la violencia de mediados del siglo XX y la Constitución Política de 1991.

La primera actuó, una vez más, como partera de la historia –las identidades juveniles nacieron en medio de la guerra–. Adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas y represión. Transcurridos 43 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 (CP) reconoció las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía. Desde entonces las juventudes del país han luchado de manera organizada por tener una vida digna, con garantías en el ejercicio de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. La historia no ha sido fácil, veamos2:

  • • Años 1960-1970. Confrontación a la exclusión del régimen del Frente Nacional impuesto arbitrariamente por los partidos del establecimiento (liberal y conservador). Lucha por las reivindicaciones políticas de la ciudadanía juvenil. Influencia del movimiento contracultural y político europeo y norteamericano.
  • • 1980-1991. Lógica del “No futuro”; la sociedad se mostró incapaz de atender e integrar las dinámicas y necesidades que presentaba la juventud, siendo expulsada hacia los límites sociales, aplicando una visión estigmatizada y peligrosa, justificando ideológicamente la respuesta represiva del Estado ante sus demandas. Incorporación de los jóvenes a grupos armados y a la delincuencia organizada.
  • • 1991-1997. La Constitución Política (CP) incorpora las políticas poblacionales y de identidad, pero sin cambiar su estructura sectorial; también abre espacios de participación y toma de decisiones. Reconocimiento explícito de la ciudadanía juvenil, creación de la democracia escolar y formulación de políticas públicas de juventud.
  • • 1998-2003. reevaluación crítica de los preceptos establecidos en la CP en medio de un conflicto interno armado, donde el mayor porcentaje de víctimas –en todos los escenarios de la crisis– corresponde a esta población. Incapacidad del sistema político nacional para abrir nuevos espacios democráticos y de posibilidades de acción y transformación social incluyente.
  • • 2004-2015. la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, injustas, excluyentes y profundas causas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa únicamente del conflicto interno, hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, de últimas, pero no menos importante, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales, que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo menos suman 6.402, cuyas víctimas correspondían a jóvenes empobrecidos, campesinos y urbanos.
  • • 2016. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto armado interno desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
  • • 2017-2022. Pasadas tres décadas de aprobación de la CP se exacerba la contradicción entre una juventud cada vez más ilustrada y empoderada vs. la negación de derechos por parte del Estado y un modelo de desarrollo que los excluye. La creciente de protestas en demanda de educación, cese a la impunidad y otras reivindicaciones ganaron cuerpo entre los años 2013 - 2021. Las medidas del Gobierno se caracterizaron por la represión, la falta de diálogo y por una calificación generalizada que definía a los manifestantes como “vándalos”.
  • • Como cierre de estas constantes, el gobierno de Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar los alzamientos sociales de 2019 y 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado diciembre de 2021. El rechazo fue la respuesta, dejando en claro la profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de este sector social en los asuntos estratégicos del país.

Un pacto histórico con la Juventud. Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Teniendo esto claro, Pierre Bourdieu pudo afirmar que “el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente”.

En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional se ubicó en 18,1 por ciento en 2020. Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. En general, el horizonte de posibilidades es reducido y cerrado para tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes.

Una realidad que permite comprender por qué se levantaron, protestaron y resistieron con tanta vehemencia en 2019 y 2021, ya no solo estudiantes universitarios sino también, y sobre todo, hombres y mujeres que en la flor de sus vidas padecen un No futuro. Lo saben, lo sienten, y por ello tratan de conseguir por propia mano el peso diario para salir adelante, junto a sus familias, actuando para ello por medio de bandas y otro tipo de estructuras que los socializan, cohesionan y les hace sentir fuertes.

Ahora, como no se ha registrado en otras elecciones, están llegando a las urnas. De las múltiples encuestas que circularon al día último en que podían publicarse (11 de junio), una afirma que hay un cambio sustancial en la tendencia del voto y ella favorece al Pacto Histórico por efecto del giro optado por el sector juvenil; las restantes persisten en registrar la delantera de Hernández por un escaso punto, o un poco menos, es decir, un empate técnico, y una decisión que puede girar a favor de uno u otro, en lo cual el factor juvenil marcará la pauta.
En caso de confirmarse el triunfo de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, lo más probable según las tendencias, el nuevo Gobierno y la sociedad colombiana deben concertar una política pública de juventud (ver recuadro) y materializarla a través de un Plan de Juventud que materialice el “espíritu” de la Constitución Política y esté integrado orgánicamente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Existe una deuda histórica con ellas y ellos, y es hora de pagarla.

 


¿Qué es una política pública de juventud?

Es el conjunto coherente de principios, objetivos, metas y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de las juventudes (construcción sociocultural que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente), da vigencia y garantía al disfrute de sus derechos humanos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre las juventudes, el Estado, la Sociedad, la cooperación internacional y el sector empresarial, privado, cooperativo y comunitario. Esta política y plan deben fundamentarse en la Ley 1622 de 2013, que establece las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios y el Distrito Capital.
Definición de Juventud: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica y social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Ley 1622 de 2013, Estatuto de ciudadanía juvenil).


 

 

En la década de 1990 los adolescentes y los jóvenes pasaron a ser sujetos de la política pública nacional. El núcleo articulador y el mecanismo de gestión de esas políticas es el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ). La Ley de Juventud 1622 de 2013 define ese Sistema como el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas (ECJ, artículo 22). Una revisión a la política e institucionalidad formal que prevalece en el país para atender a este sector social nos permite una radiografía de lo existente y unas conclusiones sobre el particular1. La línea de tiempo adjunta describe la evolución de las instituciones, políticas y estrategias de juventud.

Nueve conclusiones pueden extraerse del análisis de la evolución del marco jurídico, institucional y de políticas públicas:

• El desarrollo jurídico es prolífico y ha animado la creación de instituciones especializadas en políticas poblacionales en el nivel nacional y en las entidades territoriales (si bien son una mezcla abigarrada de enfoques poblacionales y sectoriales: infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayores, etnias, género, salud, educación, empleo, emprendimiento, etc.). No obstante, no existen espacios reales y permanentes de participación democrática (excepto los recién electos Consejos de Juventud) y los recursos financieros son marginales e insuficientes.
• Los documentos Conpes son reiterativos y repetitivos en el diseño de estrategias y políticas que buscan la inclusión de los jóvenes como ciudadanos plenos, y su inserción, junto a los adolescentes, en el ámbito socioeconómico, y la titularidad de los derechos reconocidos en la CP. No existe una evaluación integral de los alcances, limitaciones, desarrollos y fallas de los Conpes de juventud. La ley de juventud de 1997, el código de la infancia y la adolescencia de 2006 y la Ley Estatutaria de Juventud de 2013 tampoco han sido evaluadas ni se sabe de su apropiación por parte de los actores y agentes del SNJ.
• La estrategia e instrumento principal de las políticas públicas es el SNJ sin embargo, su diseño, operación, gestión y coordinación es confuso y, desde su propuesta inicial –Ley 375 de 1997– no ha funcionado como han operado otros sistemas más robustos (educación o salud, por ejemplo).
• Junto al retroceso, en la década de los noventa, del modelo que consideraba, de manera épica, a los adolescentes y jóvenes como protagonistas del cambio necesario de la sociedad, a un anacrónico modelo preconstitucional que los califica de nuevo como grupos poblacionales “de riesgo y en riesgo” y como objetos de políticas asistenciales, se presenta también un recular de dos décadas en la institucionalidad de juventud.
• En el nivel nacional se registra, tanto una duplicación de funciones y roles en relación con la adolescencia y la juventud, como una falta de coordinación y ausencia de comunicación entre las políticas poblacionales de juventud (Colombia Joven o ICBF, por ejemplo) y las sectoriales (educación, salud, formación para el trabajo, entre otras).
• Pasadas tres décadas de promulgada la Constitución de 1991 y 24 años de haber sido aprobada la primera Ley de la Juventud (375 de 1997), el desarrollo del Sistema Nacional de Juventudes es débil, precario o inexistente, según se observa en al ámbito nacional o en la diversidad territorial.
• En general, el subsistema institucional en el nivel nacional y territorial es poco especializado y carece de fortalezas técnicas, políticas y financieras. La organización y el funcionamiento del subsistema de participación igualmente son desiguales, descoordinados, aislados, poco representativos y sin logros evidentes.
• A partir de la década de los años 1990, la mayoría de los planes de desarrollo nacional incluyen la formulación de la Política Pública de la Juventud, pero sin llegar a materializarla. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no es la excepción, una de sus metas contempla la formulación de la Política Pública Nacional de Juventud y sus estrategias de seguimiento y evaluación, pero el Gobierno Duque incumplió esta promesa; a manera de compensación precaria y apresurada, en agosto de 2021, el Gobierno aprobó el Documento Conpes 4040 “Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la Juventud”; al igual que los Conpes precedentes, reitera una y otra vez lo ya escrito, no contiene contenidos sustanciales, estructurados y sostenibles, no aporta mayores recursos financieros o presupuestales, ni avanza en resolver el conflicto institucional entre una organización sectorial y el desarrollo de políticas poblacionales y de identidad.
• En Colombia las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y promover la participación de la juventud registran un comportamiento cíclico con sus fases diferenciadas de promoción, auge, declive y crisis. Entre 1990 y 1993 el país vivió un entusiasmo y promoción de las temáticas de juventud; entre 1994-1998 se registró un auge legislativo y de construcción de políticas públicas de juventud; entre 1999-2012 se registra un declive en la evolución de la institucionalidad, la legislación, las políticas y los recursos financieros orientados a favorecer a las juventudes del país; en 2013 se expide el estatuto de ciudadanía juvenil que pretende generar las condiciones para que la juventud pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida individuales y colectivos; el entusiasmo que despertó esta Ley Estatutaria 1622 alcanza hasta el año 2017; entre 2018 y 2022 el Estado desanda o recula frente a lo construido y vuelve a la vieja sociedad tradicional, cerrada al pensamiento crítico y reluctante al cambio; los jóvenes son estigmatizados y se aplica una política deshumanizante, excluyente, represiva y violenta frente al movimiento juvenil.

Las políticas de juventud, una fachada sin contenidos estructurados y sostenibles. Las personas jóvenes viven hoy con mayor dramatismo, que el resto de la población, una serie de tensiones y paradojas2:
• Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).
• También gozan de más acceso a información y menos al poder. Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones.
• Desean más autonomía, pero tienen menos opciones para materializar su emancipación.
• Se hallan más previstos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica.
• Son más móviles pero al mismo tiempo están más afectados por trayectorias migratorias inciertas y los desplazamientos forzosos.
• Son más cohesionados hacia adentro pero con mayor impermeabilidad hacia afuera. La inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e identidad, con exclusión hacia afuera.
• Más aptos para el cambio productivo pero más excluidos de este.
• Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio.
• Viven una tensión entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material.
• Son actores de una doble dualidad: autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización por otra.

1 Sarmiento Anzola, Libardo. (2022). Diagnóstico de la garantía de los derechos humanos en adolescentes y jóvenes en enfoque diferencial, estructural e histórico, según censos de 1993, 2005 y 2018. Fondo de Población de las Naciones Unidas-DANE; Colombia; pp. 35-38.
2 Organización Iberoamericana de Juventud-CEPAL. (2004). La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Chile, pp. 17-20.

 


1 Cifras basadas en la encuesta INVAMER S.A.S. de junio de 2022. Fuente de financiamiento: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. Objetivo: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural. Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, se encuentran entre el 2 y el 5 por ciento dependiendo de la región geográfica. Fecha de recolección de los datos: del 3 al 7 de junio de 2022.
2 Sarmiento Anzola, Libardo. (2004). Política pública de juventud en Colombia: logros, dificultades y perspectivas; en Construcción de políticas de juventud. Programa Presidencial Colombia Joven, Organización Iberoamericana de Juventud, Unicef, GIZ, et alt; Colombia, p. 118.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

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Publicado enColombia
Miércoles, 15 Junio 2022 11:51

Juventud: fuerza sociopolítica del cambio

Abril 2021, vía Twitter

En la campaña electoral para elegir quien encabece el país en el periodo 2022-2026, y contrario a lo anunciado por las grandes cadenas de comunicación, se presenta un giro en la intención de voto a favor de la coalición sociopolítica Pacto Histórico, en el trasfondo de lo cual está la juventud. Un acercamiento a la exclusión y negaciones que la afectan, y las políticas oficiales diseñadas, supuestamente, para superarlas, permite comprender este cambio.

 

El domingo 19 de junio, fecha de la segunda vuelta para elegir Presidente para el cuatrienio 2022-2026, tendrá lugar una confrontación intergeneracional, clasista y de cosmovisiones. Los más jóvenes, entre 18 y 34 años de edad (cerca del 40 por ciento del censo electoral) son afines políticamente y partidarios de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, con su fórmula presidencial Petro-Márquez y el lema “Cambio por la vida”. Un amplio segmento de la juventud está por los cambios sociales y políticos que requiere el país, confirmando un principio de la democracia representativa: la posibilidad de las transformaciones pacíficas mediante el sistema electoral.

Es una actuación viva, de alguna manera una prolongación de su copamiento de calles y confrontación directa con el Esmad y las fuerzas de choque que actuaron a su alrededor y que duró varias semanas tanto en 2019 como en 2021, agitando sus banderas de cambio, evidenció las históricas exclusiones que los afectan, y los antagonismos intergeneracionales entre estilos de vida, cosmovisiones y modelos de desarrollo.

Estamos ante un suceso fundamental. En mayo 19, en la primera vuelta, un porcentaje de jóvenes cercano al 50 por ciento votó por Rodolfo Hernández. Algo sorprendente pero explicable: vieron este candidato al sujeto anti establecimiento que podría romper con una tradición de negaciones y exclusiones, con gobiernos de ricos y para ricos. Pero en unas semanas, tal identidad cambió. ¿Qué lo propició?

En política es frecuente que sumar implique restar. Todo indica que lo fundamental fue la llegada de la extrema derecha y la lumpenoligarquía para asociarse o aliarse a la campaña de quien decía, no de manera explícita pero sí como consecuencia de su discurso antipolítico y anticorrupción, estar contra ella. La juventud vio el verdadero rostro de Rodolfo Hernández tras la máscara construida por sus asesores de estrategia y decidió quitarle su apoyo y acompañar a su contendiente de izquierda democrática. Entre los meses de mayo y junio de 2022, el empresario constructor y prestamista perdió 17,1 puntos porcentuales del apoyo de la población entre 18 y 34 años de edad; cantidad relativa que aumentó las preferencias en este rango etario por el tándem Petro-Márquez (gráfico 1).


Su silencio, su insistencia en que no acepta acuerdos con el uribismo, que “está picho” no convenció a la juventud que, según encuestas de reciente realización, giraron hacia el Pacto Histórico. Es un segmento social que va desde los 18 y hasta los 34 años de edad. Luego de esa edad, la mayoría de la población, defensora del “statu quo” y temerosa del cambio, opta por el llamado Ingeniero. De igual manera, los estratos socio-económicos altos se inclinan por el candidato de la centro-derecha y menos por el de la izquierda democrática1.

Las mismas encuestadoras indican que el 19 de junio la votación será mayor. En la primera vuelta, el 29 de mayo, el 54,91 por ciento de los colombianos aptos para sufragar se acercó a las urnas, según la Registraduría; para la segunda vuelta el 62,5 de las personas afirma que “definitivamente sí votara”. Con una novedad que no debe pasar desapercibida: del total de las 39.002.239 personas aptas para concurrir a las urnas 8.986.997 son jóvenes de entre 18 y 28 años, 50 por ciento son mujeres (4’526.801) y la otra mitad hombres (4’460.196); es decir, 1 de cada 5 del gran total de quienes pueden votar hacen parte de la juventud. Bogotá es la ciudad donde hay mayor cantidad de menores de 28 años que pueden ejercer su derecho al sufragio: 1’192.036. Que son, como en el porcentaje nacional, el 23 por ciento del total del censo electoral en la capital. Por lo anterior, no es simple coincidencia que en 10 de las 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), de la subdivisión urbana de Bogotá, el “Pacto Histórico sea hegemónico en los resultados de la primera vuelta y en la intención de voto para la segunda (el candidato empresario Hernández ganó, en la primera vuelta, en las dos UPZ donde viven los más ricos, al norte de la ciudad).

Además, según los resultados de la primera vuelta, tres de cada cuatro electores demanda un cambio en el destino del país. Un cambio fundamental es garantizar la vida digna, el goce de los derechos humanos, la justicia, la paz y la democracia sustantiva para que la juventud pueda florecer plenamente de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Un pacto histórico con la juventud es la demanda y la necesidad actual de la sociedad colombiana.

Una historia de organización y participación juvenil por la democracia y la vida digna en Colombia. El concepto de juventud es producto de la modernidad. La puesta en escena del sujeto juvenil en el país es referente existencial en las biografías de las cuatro últimas generaciones. Dos acontecimientos actúan disruptivamente durante esta época: la violencia de mediados del siglo XX y la Constitución Política de 1991.

La primera actuó, una vez más, como partera de la historia –las identidades juveniles nacieron en medio de la guerra–. Adolescentes y jóvenes fueron estigmatizados y considerados problema y “objeto” de políticas públicas y represión. Transcurridos 43 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de 1991 (CP) reconoció las juventudes como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía. Desde entonces las juventudes del país han luchado de manera organizada por tener una vida digna, con garantías en el ejercicio de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. La historia no ha sido fácil, veamos2:

  • • Años 1960-1970. Confrontación a la exclusión del régimen del Frente Nacional impuesto arbitrariamente por los partidos del establecimiento (liberal y conservador). Lucha por las reivindicaciones políticas de la ciudadanía juvenil. Influencia del movimiento contracultural y político europeo y norteamericano.
  • • 1980-1991. Lógica del “No futuro”; la sociedad se mostró incapaz de atender e integrar las dinámicas y necesidades que presentaba la juventud, siendo expulsada hacia los límites sociales, aplicando una visión estigmatizada y peligrosa, justificando ideológicamente la respuesta represiva del Estado ante sus demandas. Incorporación de los jóvenes a grupos armados y a la delincuencia organizada.
  • • 1991-1997. La Constitución Política (CP) incorpora las políticas poblacionales y de identidad, pero sin cambiar su estructura sectorial; también abre espacios de participación y toma de decisiones. Reconocimiento explícito de la ciudadanía juvenil, creación de la democracia escolar y formulación de políticas públicas de juventud.
  • • 1998-2003. reevaluación crítica de los preceptos establecidos en la CP en medio de un conflicto interno armado, donde el mayor porcentaje de víctimas –en todos los escenarios de la crisis– corresponde a esta población. Incapacidad del sistema político nacional para abrir nuevos espacios democráticos y de posibilidades de acción y transformación social incluyente.
  • • 2004-2015. la relación entre criminalidad y población adolescente y joven es multicausal y está ligada a los ciclos de violencia del país y a las complejas, injustas, excluyentes y profundas causas que los generan. No puede pensarse de manera unilateral que el aumento de las muertes de los jóvenes fue causa únicamente del conflicto interno, hay otras igual de importantes como la lucha contra y entre los carteles de la droga, el uso de los jóvenes por bandas delincuenciales que se aprovechan de sus vulnerabilidades, la cultura de resolver los problemas mediante la violencia, la intolerancia en la convivencia cotidiana, y, de últimas, pero no menos importante, los crímenes cometidos por el Estado en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales, que según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo menos suman 6.402, cuyas víctimas correspondían a jóvenes empobrecidos, campesinos y urbanos.
  • • 2016. Las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc para poner fin al conflicto armado interno desembocaron en la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.
  • • 2017-2022. Pasadas tres décadas de aprobación de la CP se exacerba la contradicción entre una juventud cada vez más ilustrada y empoderada vs. la negación de derechos por parte del Estado y un modelo de desarrollo que los excluye. La creciente de protestas en demanda de educación, cese a la impunidad y otras reivindicaciones ganaron cuerpo entre los años 2013 - 2021. Las medidas del Gobierno se caracterizaron por la represión, la falta de diálogo y por una calificación generalizada que definía a los manifestantes como “vándalos”.
  • • Como cierre de estas constantes, el gobierno de Duque, pretendiendo cooptar y manipular el creciente descontento juvenil, encubrir la persecución, criminalización y asesinato del liderazgo de este sector social, y deslegitimar los alzamientos sociales de 2019 y 2021, organizó y citó precipitadamente a la juventud a participar en la elección de los Consejos municipales y locales de juventud el pasado diciembre de 2021. El rechazo fue la respuesta, dejando en claro la profunda fractura que existe entre este grupo poblacional y la institucionalidad pública; y, de otra, el escepticismo imperante o la poca credibilidad que ofrece la manoseada democracia formal para la participación activa y decisiva de este sector social en los asuntos estratégicos del país.

Un pacto histórico con la Juventud. Es necesario recordar la diferencia entre la condición juvenil (dato biológico y límite social y políticamente establecido) y la situación juvenil (pertenencia a una clase social, estrato socio-económico o ethos territorial). Teniendo esto claro, Pierre Bourdieu pudo afirmar que “el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente”.

En efecto, en Colombia los adolescentes y jóvenes según la “situación de vida” se encuentran sobrerrepresentados en los niveles más bajos de la estratificación socioeconómica: los estratos uno y dos concentran el 76,3 por ciento de este segmento poblacional. Registran, además, graves carencias. El valor promedio del índice multidimensional de pobreza –IMP– es 37,8 por ciento en la población de 12 a 28 años; en contraste, a nivel general la pobreza multidimensional se ubicó en 18,1 por ciento en 2020. Además, teniendo en cuenta que la desigualdad del desarrollo es desigual en sí misma, estos adolescentes y jóvenes crecen en realidades muy diferentes dependiendo de los contextos y pares de contrarios antagónicos: riqueza/pobreza; urbano/rural; guerra/paz; jóvenes/viejos, entre muchos más. En general, el horizonte de posibilidades es reducido y cerrado para tres de cada cuatro adolescentes y jóvenes.

Una realidad que permite comprender por qué se levantaron, protestaron y resistieron con tanta vehemencia en 2019 y 2021, ya no solo estudiantes universitarios sino también, y sobre todo, hombres y mujeres que en la flor de sus vidas padecen un No futuro. Lo saben, lo sienten, y por ello tratan de conseguir por propia mano el peso diario para salir adelante, junto a sus familias, actuando para ello por medio de bandas y otro tipo de estructuras que los socializan, cohesionan y les hace sentir fuertes.

Ahora, como no se ha registrado en otras elecciones, están llegando a las urnas. De las múltiples encuestas que circularon al día último en que podían publicarse (11 de junio), una afirma que hay un cambio sustancial en la tendencia del voto y ella favorece al Pacto Histórico por efecto del giro optado por el sector juvenil; las restantes persisten en registrar la delantera de Hernández por un escaso punto, o un poco menos, es decir, un empate técnico, y una decisión que puede girar a favor de uno u otro, en lo cual el factor juvenil marcará la pauta.
En caso de confirmarse el triunfo de la coalición sociopolítica “Pacto Histórico”, lo más probable según las tendencias, el nuevo Gobierno y la sociedad colombiana deben concertar una política pública de juventud (ver recuadro) y materializarla a través de un Plan de Juventud que materialice el “espíritu” de la Constitución Política y esté integrado orgánicamente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Existe una deuda histórica con ellas y ellos, y es hora de pagarla.

 


¿Qué es una política pública de juventud?

Es el conjunto coherente de principios, objetivos, metas y estrategias que identifica, comprende y aborda las realidades de las juventudes (construcción sociocultural que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente), da vigencia y garantía al disfrute de sus derechos humanos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre las juventudes, el Estado, la Sociedad, la cooperación internacional y el sector empresarial, privado, cooperativo y comunitario. Esta política y plan deben fundamentarse en la Ley 1622 de 2013, que establece las competencias de la Nación, los departamentos, los municipios y el Distrito Capital.
Definición de Juventud: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica y social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (Ley 1622 de 2013, Estatuto de ciudadanía juvenil).


 

 

En la década de 1990 los adolescentes y los jóvenes pasaron a ser sujetos de la política pública nacional. El núcleo articulador y el mecanismo de gestión de esas políticas es el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ). La Ley de Juventud 1622 de 2013 define ese Sistema como el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas (ECJ, artículo 22). Una revisión a la política e institucionalidad formal que prevalece en el país para atender a este sector social nos permite una radiografía de lo existente y unas conclusiones sobre el particular1. La línea de tiempo adjunta describe la evolución de las instituciones, políticas y estrategias de juventud.

Nueve conclusiones pueden extraerse del análisis de la evolución del marco jurídico, institucional y de políticas públicas:

• El desarrollo jurídico es prolífico y ha animado la creación de instituciones especializadas en políticas poblacionales en el nivel nacional y en las entidades territoriales (si bien son una mezcla abigarrada de enfoques poblacionales y sectoriales: infancia, adolescencia, jóvenes, adultos mayores, etnias, género, salud, educación, empleo, emprendimiento, etc.). No obstante, no existen espacios reales y permanentes de participación democrática (excepto los recién electos Consejos de Juventud) y los recursos financieros son marginales e insuficientes.
• Los documentos Conpes son reiterativos y repetitivos en el diseño de estrategias y políticas que buscan la inclusión de los jóvenes como ciudadanos plenos, y su inserción, junto a los adolescentes, en el ámbito socioeconómico, y la titularidad de los derechos reconocidos en la CP. No existe una evaluación integral de los alcances, limitaciones, desarrollos y fallas de los Conpes de juventud. La ley de juventud de 1997, el código de la infancia y la adolescencia de 2006 y la Ley Estatutaria de Juventud de 2013 tampoco han sido evaluadas ni se sabe de su apropiación por parte de los actores y agentes del SNJ.
• La estrategia e instrumento principal de las políticas públicas es el SNJ sin embargo, su diseño, operación, gestión y coordinación es confuso y, desde su propuesta inicial –Ley 375 de 1997– no ha funcionado como han operado otros sistemas más robustos (educación o salud, por ejemplo).
• Junto al retroceso, en la década de los noventa, del modelo que consideraba, de manera épica, a los adolescentes y jóvenes como protagonistas del cambio necesario de la sociedad, a un anacrónico modelo preconstitucional que los califica de nuevo como grupos poblacionales “de riesgo y en riesgo” y como objetos de políticas asistenciales, se presenta también un recular de dos décadas en la institucionalidad de juventud.
• En el nivel nacional se registra, tanto una duplicación de funciones y roles en relación con la adolescencia y la juventud, como una falta de coordinación y ausencia de comunicación entre las políticas poblacionales de juventud (Colombia Joven o ICBF, por ejemplo) y las sectoriales (educación, salud, formación para el trabajo, entre otras).
• Pasadas tres décadas de promulgada la Constitución de 1991 y 24 años de haber sido aprobada la primera Ley de la Juventud (375 de 1997), el desarrollo del Sistema Nacional de Juventudes es débil, precario o inexistente, según se observa en al ámbito nacional o en la diversidad territorial.
• En general, el subsistema institucional en el nivel nacional y territorial es poco especializado y carece de fortalezas técnicas, políticas y financieras. La organización y el funcionamiento del subsistema de participación igualmente son desiguales, descoordinados, aislados, poco representativos y sin logros evidentes.
• A partir de la década de los años 1990, la mayoría de los planes de desarrollo nacional incluyen la formulación de la Política Pública de la Juventud, pero sin llegar a materializarla. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 no es la excepción, una de sus metas contempla la formulación de la Política Pública Nacional de Juventud y sus estrategias de seguimiento y evaluación, pero el Gobierno Duque incumplió esta promesa; a manera de compensación precaria y apresurada, en agosto de 2021, el Gobierno aprobó el Documento Conpes 4040 “Pacto Colombia con las Juventudes: Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la Juventud”; al igual que los Conpes precedentes, reitera una y otra vez lo ya escrito, no contiene contenidos sustanciales, estructurados y sostenibles, no aporta mayores recursos financieros o presupuestales, ni avanza en resolver el conflicto institucional entre una organización sectorial y el desarrollo de políticas poblacionales y de identidad.
• En Colombia las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y promover la participación de la juventud registran un comportamiento cíclico con sus fases diferenciadas de promoción, auge, declive y crisis. Entre 1990 y 1993 el país vivió un entusiasmo y promoción de las temáticas de juventud; entre 1994-1998 se registró un auge legislativo y de construcción de políticas públicas de juventud; entre 1999-2012 se registra un declive en la evolución de la institucionalidad, la legislación, las políticas y los recursos financieros orientados a favorecer a las juventudes del país; en 2013 se expide el estatuto de ciudadanía juvenil que pretende generar las condiciones para que la juventud pueda ejercer su ciudadanía y sus proyectos de vida individuales y colectivos; el entusiasmo que despertó esta Ley Estatutaria 1622 alcanza hasta el año 2017; entre 2018 y 2022 el Estado desanda o recula frente a lo construido y vuelve a la vieja sociedad tradicional, cerrada al pensamiento crítico y reluctante al cambio; los jóvenes son estigmatizados y se aplica una política deshumanizante, excluyente, represiva y violenta frente al movimiento juvenil.

Las políticas de juventud, una fachada sin contenidos estructurados y sostenibles. Las personas jóvenes viven hoy con mayor dramatismo, que el resto de la población, una serie de tensiones y paradojas2:
• Una de las principales es que la juventud goza de más acceso a la educación y menos a un empleo digno. En los análisis de su inserción laboral, resalta el alto nivel de desempleo y subempleo y la alta precariedad de quienes logran ocuparse (expresada en inestabilidad laboral, bajas remuneraciones y escasa cobertura de la seguridad social).
• También gozan de más acceso a información y menos al poder. Al referirse al problema de los jóvenes, el sociólogo Pierre Bourdieu era categórico al afirmar que “En la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión de poder”. Esto es, cuando aparecen los conflictos sobre los límites entre las edades está en juego la trasmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones.
• Desean más autonomía, pero tienen menos opciones para materializar su emancipación.
• Se hallan más previstos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica.
• Son más móviles pero al mismo tiempo están más afectados por trayectorias migratorias inciertas y los desplazamientos forzosos.
• Son más cohesionados hacia adentro pero con mayor impermeabilidad hacia afuera. La inclusión hacia adentro va tensionada, en términos de valores e identidad, con exclusión hacia afuera.
• Más aptos para el cambio productivo pero más excluidos de este.
• Ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del cambio.
• Viven una tensión entre la expansión del consumo simbólico y la restricción en el consumo material.
• Son actores de una doble dualidad: autodeterminación y protagonismo, por una parte, y precariedad y desmovilización por otra.

1 Sarmiento Anzola, Libardo. (2022). Diagnóstico de la garantía de los derechos humanos en adolescentes y jóvenes en enfoque diferencial, estructural e histórico, según censos de 1993, 2005 y 2018. Fondo de Población de las Naciones Unidas-DANE; Colombia; pp. 35-38.
2 Organización Iberoamericana de Juventud-CEPAL. (2004). La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. Chile, pp. 17-20.

 


1 Cifras basadas en la encuesta INVAMER S.A.S. de junio de 2022. Fuente de financiamiento: Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador. Objetivo: Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Universo: hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural. Margen de error: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, se encuentran entre el 2 y el 5 por ciento dependiendo de la región geográfica. Fecha de recolección de los datos: del 3 al 7 de junio de 2022.
2 Sarmiento Anzola, Libardo. (2004). Política pública de juventud en Colombia: logros, dificultades y perspectivas; en Construcción de políticas de juventud. Programa Presidencial Colombia Joven, Organización Iberoamericana de Juventud, Unicef, GIZ, et alt; Colombia, p. 118.
* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

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Publicado enEdición Nº292
Amnistía Internacional denunció "graves violaciones" a los derechos humanos en El Salvador

La organización sostiene que 18 personas murieron bajo tutela del Estado durante el estado de excepción

El informe se da a conocer cuando empieza el cuarto año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien dio un discurso a la nación en el que aseguró estar ganando la "guerra contra las pandillas".

 

Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando "graves violaciones a los derechos humanos" en el marco del estado de excepción vigente desde fines de marzo. La organización denuncia que al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado durante los poco más de dos meses del decreto de emergencia que busca combatir a las pandillas en el país centroamericano. Este informe se da a conocer cuando empieza el cuarto año de gobierno del presidente Nayib Bukele, quien el miércoles por la noche dio un discurso a la nación en el que aseguró estar ganando la "guerra contra las pandillas".

Casos de tortura y malos tratos

"Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos", sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador. Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, AI "documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que corresponden a 35 personas". 

"Hasta el 28 de mayo se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días", dijo la abogada, quien denunció "casos de tortura y malos tratos" en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas. 

"El país más seguro de América latina"

El presidente Bukele aseguró el miércoles por la noche que su país está "muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas", en un mensaje ante el Congreso transmitido en cadenas de radio y televisión con motivo de su tercer año de gobierno. Bukele recordó que desde el fin de la guerra civil (1980-1992) las pandillas o maras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120 mil personas.

El Salvador, con unos 70 mil pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo. Luego del asesinato de 87 personas en el país del 25 al 27 de marzo, el Congreso, controlado por aliados del gobierno y a pedido de Bukele, decretó un estado de excepción que fue prorrogado por la Asamblea Legislativa.

La "guerra" de Bukele contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36 mil presuntos integrantes de las maras, que se suman a 16 mil más que ya se encontraban en prisión. El mandatario dijo que gracias a las acciones tomadas por su gobierno el país va a pasar de ser el "más inseguro del mundo al país más seguro de América latina", y puso como ejemplo que en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país.

"Populista y autoritario"

El discurso de Bukele despertó fuertes críticas en la oposición. El secretario general del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, dijo que los "procesos populistas y autoritarios envejecen rápido y muy mal". "Más temprano que tarde, esta etapa oscura y sus protagonistas tendrán que rendir cuentas por sus abusos, ilegalidades, mentiras y errores", escribió el dirigente izquierdista en su cuenta de Twitter.

Por su parte el referente de la bancada del partido centroderechista Arena, René Portillo Cuadra, aseguró que Bukele "se dedicó a atacar a la comunidad internacional" y "en ningún momento habló de los proyectos ni de las promesas cumplidas".

Publicado enInternacional
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, de la Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022. — EFE

El presidente mexicano, con una alta popularidad, se somete este domingo a un inédito referéndum revocatorio promovido por sus partidarios. Las encuestas dan por hecho que será ratificado en el cargo y la oposición llama a no participar en la consulta.

 

Exiliado en México y atrincherado en su casa-búnker de Coyoacán, León Trotsky asistió con interés al proceso de expropiación petrolera emprendido por el general Lázaro Cárdenas a finales de los años 30 del siglo pasado. En sus Escritos Latinoamericanos, el ideólogo de la revolución permanente definió el cardenismo como un "bonapartismo sui géneris", apoyado en la fuerza de obreros y campesinos. Andrés Manuel López Obrador ha resucitado ese espíritu bonapartista desde su arrolladora victoria electoral en 2018. El mandatario progresista fue entonces el candidato presidencial más votado de la historia de México, con más de 30 millones de votos (53%). Aunque ya no goza de la inmensa popularidad del inicio de su mandato, continúa con una valoración muy positiva entre la población. Este domingo se enfrenta a una prueba inédita en México, un referéndum revocatorio promovido por sus partidarios que lo desalojaría de la presidencia en el caso, altamente improbable, de que una mayoría votase a favor de su destitución.

Validado por una reforma constitucional en 2019, el referéndum es para los seguidores de López Obrador un claro ejercicio de participación democrática. Sus detractores argumentan, por contra, que el presidente solo busca mirarse en el espejo de las urnas para reafirmar su popularidad cuando todavía faltan algo más de dos años para que se celebren las elecciones presidenciales. En cualquier caso, el referéndum solo será vinculante si votan al menos el 40% de los inscritos en el censo electoral (unos 37 millones de personas). Si se alcanza ese porcentaje (improbable, según las encuestas) y hay una mayoría a favor de la revocación, AMLO, como se le conoce popularmente en México, deberá abandonar el Palacio Nacional. Convencido de que será ratificado en las urnas, el mandatario ha asegurado que dejará el poder si pierde, aunque el resultado no llegue a ser vinculante.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de López Obrador continúa siendo la principal fuerza política de México, como quedó patente hace casi un año en las elecciones legislativas y regionales, en las que el oficialismo se impuso de nuevo a las dos grandes formaciones de la oposición (el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó durante siete décadas, y el derechista Partido de Acción Nacional). Morena y sus socios parlamentarios, sin embargo, vieron reducida su presencia en el Congreso y perdieron la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para aprobar las reformas constitucionales previstas en la denominada Cuarta Transformación, el proyecto de renovación estructural del país que tiene en mente López Obrador. El Congreso votará la semana que viene una ley de reforma eléctrica que, entre otras medidas, otorgaría al Estado el control mayoritario en la generación y distribución de la electricidad y en la explotación del litio.

Después de más de tres años en el poder, el líder progresista se mantiene vigoroso en las encuestas que miden su popularidad. Un sondeo de la consultora Mitofsky divulgado hace unos días estimaba su aprobación en el 60%. Otra encuesta del diario El Financiero le otorgaba en marzo una valoración positiva del 57%, tres puntos más que en febrero. El referéndum figuraba entre las promesas electorales de López Obrador y estaba supeditado a la recolección de 2,7 millones de firmas y a su aprobación en el Congreso, dos premisas que se cumplieron. Las urnas son, para López Obrador, la mejor expresión de la democracia participativa que defiende. En su afán de imparcialidad, el mandatario ha decidido no decantarse el domingo por ninguna opción. Su voto será nulo pues incluirá una alusión a uno de esos héroes de la Revolución Mexicana que tanto admira. "Viva Emiliano Zapata", escribirá AMLO en su papeleta electoral, según adelantó esta semana en una rueda de prensa: "No puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar siempre que se trata de tomar decisiones".

Los sectores que defienden la revocación del presidente consideran una incongruencia el hecho de que haya sido el propio gobernante y su entorno político los que hayan impulsado la consulta como una cuestión de ratificación más que de revocación. "Revocafraude", ha llamado al proceso Gustavo de Hoyos, impulsor del movimiento "Sí por México", para quien "se está desvirtuando el espíritu de la figura del derecho ciudadano a pedir la cesación constitucional del encargo del presidente de la República". Los dirigentes de Morena contraponen que el revocatorio es un derecho de todos los ciudadanos, también de aquellos que apoyan a un gobernante. Y será, sin duda, un poderoso dispositivo para que la sociedad evalúe a futuros mandatarios en un sistema que prolonga las presidencias durante seis años.

La oposición, contra la consulta

Los partidos tradicionales han visto en la campaña por el sí un regalo a López Obrador y han apostado directamente por la no participación. Esa postura esconde, sin embargo, la gran debilidad de la oposición y su incapacidad de batir en las urnas a un líder con un gran apoyo popular. Se da por descontada su ratificación el domingo (alrededor del 70% votaría a favor de esa opción, según los sondeos). Lo que está en juego es la cantidad de votos que puede arrastrar el mandatario y la fortaleza electoral de Morena, una heterogénea plataforma política fundada hace una década por López Obrador y en la que están encuadrados exdirigentes del PRI y, principalmente, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la antigua formación progresista (hoy muy desdibujada electoral e ideológicamente) en la que se forjó el presidente. En la carrera por la sucesión de López Obrador, quien no puede ser reelecto según la Constitución, ya se alistan algunos dirigentes, como la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard, y un político emergente, el ministro de Gobernación, Adán Augusto López, muy activo en la campaña del referéndum.

Algunos ensayistas mexicanos, como Manuel Aguilar Mora, han criticado desde la izquierda al gobierno de López Obrador, reprochándole la falta de concreción de una auténtica agenda social. El discurso del presidente mexicano bebe del progresismo latinoamericano, pero algunas de sus políticas, como el megalómano proyecto del Tren Maya, tienen un rancio sabor neoliberal. Su arrasadora llegada al poder en 2018, con más de 30 millones de votos, fue fruto del deseo de cambio de amplias capas de la sociedad hartas de la corrupción y el nepotismo del PRI y el PAN. Hay una mayoría social que hoy sigue apoyando al mandatario. Y desde el Palacio Nacional, AMLO siente ese respaldo como la mejor herramienta política contra sus oponentes. Como sugiere Aguilar Mora, el bonapartismo sui géneris al que se refirió Trotksy en los años 30 parece haberse restaurado en el México del siglo XXI.

08/04/2022 22:32

Por César G. Calero

Publicado enPolítica
Rosennell Baud

Las votaciones celebradas el pasado 13 de marzo en Colombia, así como encuestas posteriores, arrojan luces sobre la posibilidad de cambio hacia una democracia plural e incluyente, fundamentada en la dignidad humana, o la continuidad de las maquinarias oligárquicas tradicionales controlando el régimen político colombiano, sobre lo cual su sociedad se pronunciará el 29 de mayo, en primera vuelta presidencial y, posiblemente, el 19 de junio, en segunda vuelta al no haber ganador con más del 50 por ciento en la inicial.

 

El régimen político colombiano funciona en sus formalidades de acuerdo con su estructuración institucional, proyectada en sus líneas maestras en dos de nuestros textos fundacionales: la Carta de Jamaica (1815) y lo redactado en 1821 en el Congreso de Angostura, y cuyos parámetros actuales están reglados en todos los detalles en su Carta Constitucional de 1991. El marco de la misma es la democracia, en su sentido liberal.


De acuerdo con ella, el voto es un derecho y un deber ciudadano (artículo 258, CP). El potencial electoral de Colombia en el año 2022 es de 38.819.901 personas (75% de la población total del país); las mujeres suman 20.031.855 (51,6%) y los hombres 18.788.046 (48,4%). Cinco circunscripciones territoriales (15% de las 33 que integran el espacio político-administrativo nacional), las más densas poblacionalmente, concentran cerca de la mitad de la ciudadanía apta para votar: Antioquia (13,1%), Atlántico (5,2%), Bogotá D.C. (15,4%), Cundinamarca (5,3%) y Valle (9,5%).


El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración (artículo 150, CP). Los miembros del Senado (108 en total) son elegidos en circunscripción nacional y los de la Cámara de Representantes (187 en total) en circunscripciones territoriales y especiales (artículos 171 y 176, CP).


En la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, el promedio de votación departamental fue de 45,5 por ciento por las listas del Senado y el 47,2 por las listas de la Cámara de Representante. El rango de votación más amplio es para el Senado con 27,6 puntos porcentuales (p.p.), con un mínimo de 35,0 por ciento (Putumayo) y un máximo de 62,6 (Sucre); para el caso de la Cámara de Representantes el rango es de 24,2 p.p., el mínimo de 37,7 por ciento (Cauca) y el máximo 62,0 (Sucre). El coeficiente de variación (desviación estándar/media, en porcentaje) es ligeramente más alto en la votación del Senado respecto a la Cámara (12,5 Vs 12,2).


En Colombia, por tradición, la votación más alta se registra en la elección del Presidente de la República (gráfico 1); en la elección de 2018 (2ª vuelta) el promedio de participación fue de 50,2 por ciento; no obstante, el rango es más amplio: 33,2 por ciento, con un mínimo de 31,5 (San Andrés y Providencia) y un máximo de 64,7 (Casanare); por tanto, el coeficiente de variación es mayor: 17,4 por ciento. Esta tendencia no se cumple en las regiones Caribe y Amazonía, por la práctica consuetudinaria y masiva de compra de votos por parte de los caudillos, gamonales o caciques locales, particularmente durante las elecciones del Congreso. Sin embargo, es en la votación para el Congreso donde las maquinarias políticas operan con todos sus instrumentos y estrategias: compra de conciencias en dinero o especie, negocios, concertaciones, intimidación y cargos burocráticos, desde el micro espacio del barrio o vereda, hasta la región y nación. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos.

 

 


En la elección del Congreso 2022-2026 la participación efectiva y decisiva del potencial electoral fue de 15,5 millones de personas, esto es, sólo cuatro de cada diez personas son las electoras reales. La abstención (renuncia a emitir el voto en una elección) fue de 55 por ciento tanto en Senado como en Cámara. En blanco votó el 6,5 por ciento de los sufragantes. En promedio, el 4,6 por ciento de los votos fueron nulos y el 2,5 no marcados (mapa 1).

 


Fuerzas políticas en el Congreso 2022-2026


En Colombia persiste la tradición y la distribución geográfica del voto: liberal, conservador, izquierda. Las afiliaciones locales por partidos, movimientos e ideologías políticas perfilan las regiones electorales. Si bien, a partir de 1974 históricamente (con el acuerdo entre los dos partidos tradicionales –Frente Nacional– que operó entre 1958 y 1974 les permitía a éstos repartirse el poder, el presupuesto y la burocracia, sin permitir participación alguna de terceras fuerzas) el sistema político retorna al multipartidismo (competencia abierta entre partidos) y al suprapartidismo (coalición de partidos y movimientos sociales) abriéndose la posibilidad de terceras fuerzas. El carácter regional o geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en la elección del Congreso 2022. Las fuerzas de izquierda, derecha y centro se expresan territorialmente (mapa 2). Son pocas las situaciones de apertura y cambio en los comportamientos políticos, como en el caso de Bogotá D.C., relacionadas con los procesos de modernización y transformación económica y sociocultural.


En Colombia, a pesar del avance histórico y los procesos de modernización, transformación e inserción en el proceso de globalización que domina tanto la economía como la cultura mundial, el comportamiento político es un fenómeno relativamente independiente, y para muchos territorios es posible explicar su comportamiento electoral por fenómenos simplemente políticos. No obstante, en las elecciones para el Congreso del 13 de marzo de 2022 se registró un avance de los partidos, movimientos sociales y coaliciones neodesarrollistas o progresistas, comúnmente llamadas de izquierda; en contraste, los partidos de derecha presentaron una pérdida de electorado. Los partidos de centro, en el marco de la oposición, cosmovisiones y del antagonismo político, mantiene la franja tradicional de favorecimiento de los votantes. Las maquinarias de los partidos del establecimiento conservan su efectividad, de ahí que la mitad de las curules del Congreso les sigan perteneciendo. La izquierda, la más votada en los comicios del 13 de marzo, controla una cuarta parte del Legislativo; la otra cuarta parte de las curules corresponde a los partidos o coaliciones de centro (gráficos 2 y 3).

 

 


Contexto y política


La historia política de Colombia se orienta por un decálogo de factores condicionantes y persistentes: i) La violencia clasista, ideológica y sectarista acompaña los fuertes enfrentamientos partidistas y las guerras civiles desde mediados del siglo XIX, época de gestación de los partidos políticos; las guerras civiles han sido consecuencia de las pugnas entre bandos partidistas y no viceversa; ii) los bandos partidistas se configuran alrededor de caudillos antes que por programas políticos; el caudillismo se refiere a la preferencia por la persona que debe gobernar; iii) las fuerzas electorales de los partidos colombianos son tradicionales y locales, reproducidas por la eficiencia de las maquinarias políticas; iv) los caciques o gamonales locales interpretan y median la agregación de intereses, sentimientos, creencias y necesidades de la población y construyen una plataforma política local, controlan los votos y dominan la estructura municipal de poder; el Estado central y los partidos políticos dependen de la construcción piramidal del sistema político por parte de las élites regionales y locales v) los partidos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas; el partidismo se mide por la fuerza electoral; vi) la pérdida de legitimidad de los partidos o las pocas diferencias entre las fuerzas conduce al “presidencialismo de coalición”, esto es, las alianzas estratégicas que implica la negociación del poder y el reparto presupuestal y burocrático del Estado; vii) la expresión del voto según circunstancias políticas, cambio de contextos o crecimiento del voto “no cautivo” puede generar el fenómeno temporal del arrastre electoral de un nuevo “líder político”; viii) El Estado y el líder carismático se funden en el imaginario popular como una referencia fundamental para aplicar políticas tanto de integración social como de desarrollo; ix) cuando las bases institucionales de la sociedad son relativamente débiles, la integración nacional y social insuficiente, la demanda de líderes carismáticos es mayor; x) periódicamente el escenario político registra el enfrentamiento entre las fuerzas sociales populares que emprenden la aventura de transformar radical y democráticamente a la sociedad y sus instituciones, de una parte, y las fuerzas reaccionarias, autoritarias y conservadoras, de otra; en el trasfondo de esta dialéctica revolución-contrarrevolución, se han alineado dos sujetos históricos desigualmente armados en medios y recursos: las clases privilegiadas y el pueblo. En Colombia el crónico estado del conflicto armado que afecta a una parte ampliada de su sociedad y territorio, y la consolidación de un Estado lumpen, criminal y corrupto, de alianza entre partidos políticos, narcoparamilitares, terratenientes, grupos cristianos y empresarios han bloqueado los cambios políticos emanados de la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz de 2016.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales* que permiten profundizar en el estudio de la relación entre los resultados de la elección del Congreso, el 13 de marzo, y los contextos demográfico, político, económico y social según departamentos.

 


El comportamiento de la elección del Senado está asociado positivamente con la participación en los comicios presidenciales. La relación con el sufragio por la Cámara de Representantes tiende a ser negativa: a mayor participación en la elección de representantes del orden territorial menor es el caudal de votos por Presidente.


La participación en las elecciones de orden nacional como el Senado es independiente de la densidad poblacional regional. El voto por los representantes de las circunscripciones territoriales tiende a ser más alta en las regiones menos densas poblacionalmente.


La elección de las dos cámaras del Congreso presenta un comportamiento urbano-rural contrario: el voto por el Senado es más alto en las ciudades y el de Cámara de Representantes aumenta con el grado de ruralidad. Este fenómeno se repite con el grado de pobreza multidimensional: en las zonas donde ésta es mayor aumenta significativamente la ciudadana en la elección de Cámara de Representantes; para el Senado el menor grado de pobreza incrementa la participación.


La democracia electiva está correlacionada negativamente con la violencia: a mayor número de víctimas del conflicto armado, la abstención crece sostenidamente, tanto en la elección del Senado como en la Cámara Representantes.


La composición etaria es predictor del comportamiento electoral, principalmente en la elección del Senado: cuando el peso relativo de los jóvenes es más alto, mayor es la participación de votantes; en la elección de la Cámara de representantes esta correlación tiende a ser negativa.
El ingreso per cápita departamental influye positivamente en el comportamiento electoral para el Senado y negativamente en la elección de Cámara de Representantes.

 


Contienda por la presidencia


En la historia política de Colombia, el promedio de abstención en el período 1914-2022 es de 52 por ciento; población que no ejerce su derecho por anomia, ignorancia, desencanto o desesperanza y crítica de la democracia real. A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal; de ahí que la decisión efectiva esté en manos del 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas.


Es un proceso político, de estímulo y desestímulo de la participación ciudadana en el cual la violencia favorece a la extrema derecha; en los períodos de alto conflicto el voto por la izquierda es bajo. En los extremos de la línea de tiempo, principios del siglo XX y lo corrido de la centuria actual, los partidos y movimientos sociales de izquierda han tenido un protagonismo sobresaliente y ascendente en las contiendas electorales; sin embargo, la izquierda enfrenta un “techo de cristal” (se trata de un límite difícil de traspasar, construido sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar; por eso no se ve y se llama de cristal) que no logra sobrepasar al 36 por ciento del electorado. Los altos grados de pobreza favorecen a los partidos afines al establecimiento por su capacidad de manipulación ideológica, compra de votos, cooptación y prácticas asistencialistas; una sociedad con mayor bienestar, educación, conciencia crítica y dignidad favorece el voto de izquierda (gráfico 11).

 

 


La elección para la presidencia necesariamente será producto de coaliciones. Los partidos de derecha se alinean en un bloque que tiende a no abandonar el poder mediante la estrategia de “todo vale”. Las fuerzas de izquierda, partidos y movimientos sociales, y que hoy conforman el “Pacto Histórico”, para ganar deben dar un salto y conformar un frente político y social abierto, inclusivo, pluriclasista y democrático; un frente difícil de concretar si se avanza hacia el mismo con posiciones éticas no negociables. La balanza la inclina, en parte, el comportamiento del Centro, algunos de los cuales irán a la derecha, otros hacia la izquierda y el resto se mostraran como neutros y promoverán el voto en blanco o la abstención.


Posterior a la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, las encuestas dan luces sobre cómo están viendo los colombianos la carrera presidencial antes de las elecciones de mayo y junio (si hay segunda vuelta) de 2022. Los triunfadores en la elección del Congreso fueron el Pacto Histórico y las maquinarias políticas tradicionales. Por ahora hay ocho aspirantes a la presidencia, pero solo cuatro tienen opciones reales de lograrlo: uno de izquierda (Gustavo Petro), otro de derecha (Federico Gutiérrez) y dos más de centro (Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández). La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), cuyos resultados se publicitaron el 19 de marzo (la encuesta tiene un margen de error de 2,1 por ciento y un nivel de confianza de 95), muestra a Gustavo Petro en el primer lugar, con un 32 por ciento de intención de voto (esta es más o menos la cifra que ha mantenido el exalcalde Bogotá en diferentes mediciones); en el segundo lugar aparece Federico Gutiérrez con un 23 por ciento de la intención de voto; Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, al igual que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, andan con el 10 por ciento de las preferencias. En el estudio se destaca que hay un 13 por ciento de personas indecisas (no sabe/ no responde) y otro 5 que afirmó que su voto será en blanco. Con estos datos parece evidente que la carrera, por ahora, se centra entre el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Medellín, o mirado de otra forma: en el enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas, izquierda y derecha (cuadro 1).

 


En la historia política reciente esta es la segunda ocasión en que un candidato que abraza reivindicaciones de izquierda tiene, a la luz de las encuestas, tanta posibilidad de convertirse en el primer mandatario de Colombia (en 2018 , en la segunda vuelta, Petro alcanzó el 42% de los votos). En círculos del Pacto Histórico se asegura que la apuesta es ganar la presidencia en la primera vuelta (lo que requiere obtener el 50,1% de los votos válidos): si dejan para la segunda vuelta, estiman que un sector del centro y la derecha podrían unirse y vencer.


El estudio muestra que Gustavo Petro y Francia Márquez, fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico, se imponen en tres de las seis regiones en las que se dividieron las personas encuestadas: Bogotá (40%), Caribe (39%) y Pacífico (46%). Al Pacto Histórico los favorecen el voto masculino (37%) y femenino (27%); el voto joven con edades entre los 18-25 años (48%) y 26-40 (37%); y los estratos medio (34%) y bajo (32%).


El candidato de las fuerzas políticas de derecha se impone en la región de Antioquia-Eje Cafetero con una intención de voto de 36 por ciento. El ex alcalde de Medellín lidera en el estrato alto (36% frente al 29% de Petro). La intención de voto por Gutiérrez es más alta en la población de 41 y más años de edad.
En resumen, el decálogo de factores condicionantes continúa mostrando validez al momento de comprender la historia política de Colombia y las elecciones de 2022.

* Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

** Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Publicado enColombia
Rosennell Baud

Las votaciones celebradas el pasado 13 de marzo en Colombia, así como encuestas posteriores, arrojan luces sobre la posibilidad de cambio hacia una democracia plural e incluyente, fundamentada en la dignidad humana, o la continuidad de las maquinarias oligárquicas tradicionales controlando el régimen político colombiano, sobre lo cual su sociedad se pronunciará el 29 de mayo, en primera vuelta presidencial y, posiblemente, el 19 de junio, en segunda vuelta al no haber ganador con más del 50 por ciento en la inicial.

 

El régimen político colombiano funciona en sus formalidades de acuerdo con su estructuración institucional, proyectada en sus líneas maestras en dos de nuestros textos fundacionales: la Carta de Jamaica (1815) y lo redactado en 1821 en el Congreso de Angostura, y cuyos parámetros actuales están reglados en todos los detalles en su Carta Constitucional de 1991. El marco de la misma es la democracia, en su sentido liberal.


De acuerdo con ella, el voto es un derecho y un deber ciudadano (artículo 258, CP). El potencial electoral de Colombia en el año 2022 es de 38.819.901 personas (75% de la población total del país); las mujeres suman 20.031.855 (51,6%) y los hombres 18.788.046 (48,4%). Cinco circunscripciones territoriales (15% de las 33 que integran el espacio político-administrativo nacional), las más densas poblacionalmente, concentran cerca de la mitad de la ciudadanía apta para votar: Antioquia (13,1%), Atlántico (5,2%), Bogotá D.C. (15,4%), Cundinamarca (5,3%) y Valle (9,5%).


El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración (artículo 150, CP). Los miembros del Senado (108 en total) son elegidos en circunscripción nacional y los de la Cámara de Representantes (187 en total) en circunscripciones territoriales y especiales (artículos 171 y 176, CP).


En la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, el promedio de votación departamental fue de 45,5 por ciento por las listas del Senado y el 47,2 por las listas de la Cámara de Representante. El rango de votación más amplio es para el Senado con 27,6 puntos porcentuales (p.p.), con un mínimo de 35,0 por ciento (Putumayo) y un máximo de 62,6 (Sucre); para el caso de la Cámara de Representantes el rango es de 24,2 p.p., el mínimo de 37,7 por ciento (Cauca) y el máximo 62,0 (Sucre). El coeficiente de variación (desviación estándar/media, en porcentaje) es ligeramente más alto en la votación del Senado respecto a la Cámara (12,5 Vs 12,2).


En Colombia, por tradición, la votación más alta se registra en la elección del Presidente de la República (gráfico 1); en la elección de 2018 (2ª vuelta) el promedio de participación fue de 50,2 por ciento; no obstante, el rango es más amplio: 33,2 por ciento, con un mínimo de 31,5 (San Andrés y Providencia) y un máximo de 64,7 (Casanare); por tanto, el coeficiente de variación es mayor: 17,4 por ciento. Esta tendencia no se cumple en las regiones Caribe y Amazonía, por la práctica consuetudinaria y masiva de compra de votos por parte de los caudillos, gamonales o caciques locales, particularmente durante las elecciones del Congreso. Sin embargo, es en la votación para el Congreso donde las maquinarias políticas operan con todos sus instrumentos y estrategias: compra de conciencias en dinero o especie, negocios, concertaciones, intimidación y cargos burocráticos, desde el micro espacio del barrio o vereda, hasta la región y nación. La localización del voto es factor determinante de las fuerzas de los partidos.

 

 


En la elección del Congreso 2022-2026 la participación efectiva y decisiva del potencial electoral fue de 15,5 millones de personas, esto es, sólo cuatro de cada diez personas son las electoras reales. La abstención (renuncia a emitir el voto en una elección) fue de 55 por ciento tanto en Senado como en Cámara. En blanco votó el 6,5 por ciento de los sufragantes. En promedio, el 4,6 por ciento de los votos fueron nulos y el 2,5 no marcados (mapa 1).

 


Fuerzas políticas en el Congreso 2022-2026


En Colombia persiste la tradición y la distribución geográfica del voto: liberal, conservador, izquierda. Las afiliaciones locales por partidos, movimientos e ideologías políticas perfilan las regiones electorales. Si bien, a partir de 1974 históricamente (con el acuerdo entre los dos partidos tradicionales –Frente Nacional– que operó entre 1958 y 1974 les permitía a éstos repartirse el poder, el presupuesto y la burocracia, sin permitir participación alguna de terceras fuerzas) el sistema político retorna al multipartidismo (competencia abierta entre partidos) y al suprapartidismo (coalición de partidos y movimientos sociales) abriéndose la posibilidad de terceras fuerzas. El carácter regional o geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en la elección del Congreso 2022. Las fuerzas de izquierda, derecha y centro se expresan territorialmente (mapa 2). Son pocas las situaciones de apertura y cambio en los comportamientos políticos, como en el caso de Bogotá D.C., relacionadas con los procesos de modernización y transformación económica y sociocultural.


En Colombia, a pesar del avance histórico y los procesos de modernización, transformación e inserción en el proceso de globalización que domina tanto la economía como la cultura mundial, el comportamiento político es un fenómeno relativamente independiente, y para muchos territorios es posible explicar su comportamiento electoral por fenómenos simplemente políticos. No obstante, en las elecciones para el Congreso del 13 de marzo de 2022 se registró un avance de los partidos, movimientos sociales y coaliciones neodesarrollistas o progresistas, comúnmente llamadas de izquierda; en contraste, los partidos de derecha presentaron una pérdida de electorado. Los partidos de centro, en el marco de la oposición, cosmovisiones y del antagonismo político, mantiene la franja tradicional de favorecimiento de los votantes. Las maquinarias de los partidos del establecimiento conservan su efectividad, de ahí que la mitad de las curules del Congreso les sigan perteneciendo. La izquierda, la más votada en los comicios del 13 de marzo, controla una cuarta parte del Legislativo; la otra cuarta parte de las curules corresponde a los partidos o coaliciones de centro (gráficos 2 y 3).

 

 


Contexto y política


La historia política de Colombia se orienta por un decálogo de factores condicionantes y persistentes: i) La violencia clasista, ideológica y sectarista acompaña los fuertes enfrentamientos partidistas y las guerras civiles desde mediados del siglo XIX, época de gestación de los partidos políticos; las guerras civiles han sido consecuencia de las pugnas entre bandos partidistas y no viceversa; ii) los bandos partidistas se configuran alrededor de caudillos antes que por programas políticos; el caudillismo se refiere a la preferencia por la persona que debe gobernar; iii) las fuerzas electorales de los partidos colombianos son tradicionales y locales, reproducidas por la eficiencia de las maquinarias políticas; iv) los caciques o gamonales locales interpretan y median la agregación de intereses, sentimientos, creencias y necesidades de la población y construyen una plataforma política local, controlan los votos y dominan la estructura municipal de poder; el Estado central y los partidos políticos dependen de la construcción piramidal del sistema político por parte de las élites regionales y locales v) los partidos tienen geográficamente repartidas sus fuerzas; el partidismo se mide por la fuerza electoral; vi) la pérdida de legitimidad de los partidos o las pocas diferencias entre las fuerzas conduce al “presidencialismo de coalición”, esto es, las alianzas estratégicas que implica la negociación del poder y el reparto presupuestal y burocrático del Estado; vii) la expresión del voto según circunstancias políticas, cambio de contextos o crecimiento del voto “no cautivo” puede generar el fenómeno temporal del arrastre electoral de un nuevo “líder político”; viii) El Estado y el líder carismático se funden en el imaginario popular como una referencia fundamental para aplicar políticas tanto de integración social como de desarrollo; ix) cuando las bases institucionales de la sociedad son relativamente débiles, la integración nacional y social insuficiente, la demanda de líderes carismáticos es mayor; x) periódicamente el escenario político registra el enfrentamiento entre las fuerzas sociales populares que emprenden la aventura de transformar radical y democráticamente a la sociedad y sus instituciones, de una parte, y las fuerzas reaccionarias, autoritarias y conservadoras, de otra; en el trasfondo de esta dialéctica revolución-contrarrevolución, se han alineado dos sujetos históricos desigualmente armados en medios y recursos: las clases privilegiadas y el pueblo. En Colombia el crónico estado del conflicto armado que afecta a una parte ampliada de su sociedad y territorio, y la consolidación de un Estado lumpen, criminal y corrupto, de alianza entre partidos políticos, narcoparamilitares, terratenientes, grupos cristianos y empresarios han bloqueado los cambios políticos emanados de la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz de 2016.


Los gráficos 4 a 10 ilustran los diagramas de dispersión y las regresiones lineales* que permiten profundizar en el estudio de la relación entre los resultados de la elección del Congreso, el 13 de marzo, y los contextos demográfico, político, económico y social según departamentos.

 


El comportamiento de la elección del Senado está asociado positivamente con la participación en los comicios presidenciales. La relación con el sufragio por la Cámara de Representantes tiende a ser negativa: a mayor participación en la elección de representantes del orden territorial menor es el caudal de votos por Presidente.


La participación en las elecciones de orden nacional como el Senado es independiente de la densidad poblacional regional. El voto por los representantes de las circunscripciones territoriales tiende a ser más alta en las regiones menos densas poblacionalmente.


La elección de las dos cámaras del Congreso presenta un comportamiento urbano-rural contrario: el voto por el Senado es más alto en las ciudades y el de Cámara de Representantes aumenta con el grado de ruralidad. Este fenómeno se repite con el grado de pobreza multidimensional: en las zonas donde ésta es mayor aumenta significativamente la ciudadana en la elección de Cámara de Representantes; para el Senado el menor grado de pobreza incrementa la participación.


La democracia electiva está correlacionada negativamente con la violencia: a mayor número de víctimas del conflicto armado, la abstención crece sostenidamente, tanto en la elección del Senado como en la Cámara Representantes.


La composición etaria es predictor del comportamiento electoral, principalmente en la elección del Senado: cuando el peso relativo de los jóvenes es más alto, mayor es la participación de votantes; en la elección de la Cámara de representantes esta correlación tiende a ser negativa.
El ingreso per cápita departamental influye positivamente en el comportamiento electoral para el Senado y negativamente en la elección de Cámara de Representantes.

 


Contienda por la presidencia


En la historia política de Colombia, el promedio de abstención en el período 1914-2022 es de 52 por ciento; población que no ejerce su derecho por anomia, ignorancia, desencanto o desesperanza y crítica de la democracia real. A esta cifra se suma el 8 por ciento del potencial electoral que vota en blanco, no marca los tarjetones o los tramita mal; de ahí que la decisión efectiva esté en manos del 40 por ciento de ciudadanos y ciudadanas.


Es un proceso político, de estímulo y desestímulo de la participación ciudadana en el cual la violencia favorece a la extrema derecha; en los períodos de alto conflicto el voto por la izquierda es bajo. En los extremos de la línea de tiempo, principios del siglo XX y lo corrido de la centuria actual, los partidos y movimientos sociales de izquierda han tenido un protagonismo sobresaliente y ascendente en las contiendas electorales; sin embargo, la izquierda enfrenta un “techo de cristal” (se trata de un límite difícil de traspasar, construido sobre la base de rasgos que son difíciles de detectar; por eso no se ve y se llama de cristal) que no logra sobrepasar al 36 por ciento del electorado. Los altos grados de pobreza favorecen a los partidos afines al establecimiento por su capacidad de manipulación ideológica, compra de votos, cooptación y prácticas asistencialistas; una sociedad con mayor bienestar, educación, conciencia crítica y dignidad favorece el voto de izquierda (gráfico 11).

 

 


La elección para la presidencia necesariamente será producto de coaliciones. Los partidos de derecha se alinean en un bloque que tiende a no abandonar el poder mediante la estrategia de “todo vale”. Las fuerzas de izquierda, partidos y movimientos sociales, y que hoy conforman el “Pacto Histórico”, para ganar deben dar un salto y conformar un frente político y social abierto, inclusivo, pluriclasista y democrático; un frente difícil de concretar si se avanza hacia el mismo con posiciones éticas no negociables. La balanza la inclina, en parte, el comportamiento del Centro, algunos de los cuales irán a la derecha, otros hacia la izquierda y el resto se mostraran como neutros y promoverán el voto en blanco o la abstención.


Posterior a la elección del Congreso, el pasado 13 de marzo, las encuestas dan luces sobre cómo están viendo los colombianos la carrera presidencial antes de las elecciones de mayo y junio (si hay segunda vuelta) de 2022. Los triunfadores en la elección del Congreso fueron el Pacto Histórico y las maquinarias políticas tradicionales. Por ahora hay ocho aspirantes a la presidencia, pero solo cuatro tienen opciones reales de lograrlo: uno de izquierda (Gustavo Petro), otro de derecha (Federico Gutiérrez) y dos más de centro (Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández). La encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), cuyos resultados se publicitaron el 19 de marzo (la encuesta tiene un margen de error de 2,1 por ciento y un nivel de confianza de 95), muestra a Gustavo Petro en el primer lugar, con un 32 por ciento de intención de voto (esta es más o menos la cifra que ha mantenido el exalcalde Bogotá en diferentes mediciones); en el segundo lugar aparece Federico Gutiérrez con un 23 por ciento de la intención de voto; Sergio Fajardo, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, al igual que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, andan con el 10 por ciento de las preferencias. En el estudio se destaca que hay un 13 por ciento de personas indecisas (no sabe/ no responde) y otro 5 que afirmó que su voto será en blanco. Con estos datos parece evidente que la carrera, por ahora, se centra entre el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Medellín, o mirado de otra forma: en el enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas, izquierda y derecha (cuadro 1).

 


En la historia política reciente esta es la segunda ocasión en que un candidato que abraza reivindicaciones de izquierda tiene, a la luz de las encuestas, tanta posibilidad de convertirse en el primer mandatario de Colombia (en 2018 , en la segunda vuelta, Petro alcanzó el 42% de los votos). En círculos del Pacto Histórico se asegura que la apuesta es ganar la presidencia en la primera vuelta (lo que requiere obtener el 50,1% de los votos válidos): si dejan para la segunda vuelta, estiman que un sector del centro y la derecha podrían unirse y vencer.


El estudio muestra que Gustavo Petro y Francia Márquez, fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico, se imponen en tres de las seis regiones en las que se dividieron las personas encuestadas: Bogotá (40%), Caribe (39%) y Pacífico (46%). Al Pacto Histórico los favorecen el voto masculino (37%) y femenino (27%); el voto joven con edades entre los 18-25 años (48%) y 26-40 (37%); y los estratos medio (34%) y bajo (32%).


El candidato de las fuerzas políticas de derecha se impone en la región de Antioquia-Eje Cafetero con una intención de voto de 36 por ciento. El ex alcalde de Medellín lidera en el estrato alto (36% frente al 29% de Petro). La intención de voto por Gutiérrez es más alta en la población de 41 y más años de edad.
En resumen, el decálogo de factores condicionantes continúa mostrando validez al momento de comprender la historia política de Colombia y las elecciones de 2022.

* Los diagramas de dispersión ilustran sobre el tipo de relación existente entre dos variables. Pero además, un diagrama de dispersión también puede utilizarse como una forma de cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables: basta con observar el grado en el que la nube de puntos se ajusta a una línea recta. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. El resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será.

 

** Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia y desdeabajo.

 

Miércoles, 30 Marzo 2022 05:51

Una tarima engalanada

Una tarima engalanada

Cao Jianming es uno de los 14 vicepresidentes del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, y ha sido enviado a Nicaragua para estar presente en la cuarta toma de posesión consecutiva de Daniel Ortega. Es un largo viaje, desde el otro lado del mundo, hacia un país que acaba de entrar en la órbita de las relaciones expansivas del nuevo celeste imperio de Xi Jinping. Pocos son los invitados que habrán de acudir, la mayoría de bajo nivel.

Por eso su sorpresa debe haber sido mayúscula cuando al bajar del avión advierte que lo espera una guardia de honor, como si fuera jefe de Estado. En un país de estrictas jerarquías como el suyo, tal anomalía protocolaria es imposible. Pero representa a China y eso es suficiente, así fuera ujier de la Ciudad Prohibida.

Pero lejos de allí se da otra escena también inusual, por no decir extraña. Ese mismo 10 de enero, el presidente López Obrador comparece en una de sus mañaneras, y un periodista le pregunta si su gobierno enviará algún representante a la toma de posesión de Ortega.

−Todavía no se decide −responde, bastante desconcertado−. ¿Cuándo es… la toma de posesión?

−Hoy −le informa el periodista.

−Ah… ¿Hoy? No sabía.

El periodista le dice entonces que la noche anterior la cancillería ha anunciado que no enviaría a nadie.

−¿Y a qué horas es la toma de posesión? −pregunta el Presidente.

−No sé la hora −responde el ­periodista.

−Vamos a ver si da tiempo de que llegue alguien… Porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos. Con todos. Y no queremos ser imprudentes.

−¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma de posesión? −continúa el periodista.

Entonces el Presidente responde que México no puede hacer a un lado su política de autodeterminación de los pueblos. Y recuerda cómo la administración pasada, por quedar bien con otro gobierno, expulsó al embajador de Norcorea.

Seguramente estaba consciente de la imposibilidad de que un enviado llegara a tiempo, ya que ha dispuesto que tanto él como sus funcionarios sólo pueden utilizar vuelos comerciales. Y a la tarima de los invitados en Managua terminó subiendo el encargado de negocios de la embajada mexicana, ya que no hay ­embajador.

A este episodio tan singular, se le ha dado el cariz de una desautorización bastante ruda a su propio canciller, Marcelo Ebrard, quien habría buscado sumarse a la inmensa mayoría de los países latinoamericanos que dejaron solo a Ortega en su farsa. Pero también merece otra lectura.

Si el Presidente de México ni siquiera sabe cuándo toma posesión Ortega, y tampoco sabe, en consecuencia, la hora de la ceremonia, no es que esté desinformado nada más. Lo que demuestra es la nula importancia que Nicaragua tiene en su política exterior, un cero a la izquierda. Será por eso mismo que al canciller Ebrard no le pareció necesario informarle que no enviaría a Managua a nadie, ni siquiera a un funcionario de tercera categoría.

Y así se saca en claro que jamás se le había ocurrido al presidente López Obrador asistir él mismo, invitado como estaba; o enviar a su canciller, o a alguien de su gobierno.

Al contrario, lo que hace es tomar distancia, y colocar a Nicaragua en un lugar poco privilegiado: al lado de Corea del Norte. Buenas relaciones con todos, dice, y recalca la palabra todos, es decir, demócratas y dictadores. Por eso reprocha al gobierno de Peña Nieto, haber expulsado en 2017 al embajador del dictador hereditario Kim Jong-un.

Y de imprudencias hablando, Argentina, que tampoco envió a ningún delegado, se hizo representar por su embajador en Managua, Daniel Capitanich, entusiasta hincha de Ortega, quien se sentó en la misma tarima de honor en que se encontraba el vicepresidente para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Rezai.

El personaje está acusado en los tribunales argentinos de ser responsable, nada menos, del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, en que murieron 80 personas y más de 300 resultaron heridas, un crimen de lesa humanidad. Hay una orden de captura internacional librada por la Interpol contra él.

Al concluir la ceremonia, hubo una foto de familia en la que Ortega aparece junto al propio Rezai, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro. Es la foto que debe haber sorprendido ingratamente al presidente Fernández de Argentina, y en la que López Obrador jamás hubiera querido estar.

La cancillería argentina dirigió una nota diplomática a la de Nicaragua por la presencia de Rezai, que "constituye una afrenta a la justicia y a las víctimas del brutal atentado terrorista". Un lamento, no una protesta: "El gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del señor Rezai".

Y la tarima en Managua se queda en su lugar, sin desarmar, hasta la próxima toma de posesión, cuando Ortega vuelva a traspasarle el poder a Ortega.

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Comunicar en tiempos de guerra: la eficaz estrategia de Zelenski

El presidente de Ucrania libra la guerra contra Rusia desde dos ámbitos: el campo de batalla y las redes sociales. Expertos en comunicación política analizan su liderazgo y el papel que ejerce a la hora de trasladar su mensaje y sus ideas al resto del mundo.

 

Cuando Goliat miró y vio a David, "le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer". Antes de la mítica batalla bíblica, el gigante preguntó al israelita: "¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?". Goliat imaginó anticipadamente su victoria. Pero David se precipitó a la línea de batalla, cogió una piedra, la lanzó con su honda y mató al filisteo, "que cayó a tierra sobre su rostro". La madre de todas las historias de débiles que se enfrentan a abusones está más presente que nunca.

Volodimir Zelenski se ha convertido ya en la viva imagen de la resistencia ucraniana. Es el líder de un país que día a día se opone y dificulta el avance a la segunda potencia militar del mundo. El presidente de Ucrania se ha embarcado en un tortuoso viaje del héroe que está todavía por concluir para hacer frente a la invasión rusa. Las guerras no solo se libran en el campo de batalla, también en los medios de comunicación y en las redes sociales. Zelenski está en ambos, desde Kiev, cámara en mano y transmitiendo sus movimientos al mundo a golpe de tuit.

"Se ha convertido en el símbolo de Ucrania, en el interior y en el exterior del país. Su comunicación constante ayuda también a entender lo que ocurre y a generar la percepción de que, mientras él esté comunicando, Rusia no ha vencido", explica a PúblicoXavier Peytibi, politólogo y consultor en comunicación política. El líder ucraniano transmite sus mensajes en vídeo en modo selfi mientras muestra lugares emblemáticos de la capital. Después, comparte el contenido en sus redes sociales. Lo suele hacer con subtítulos en inglés para dirigirse prácticamente a todo el mundo.

Sustituir la corbata por la indumentaria militar

Tras el inicio de la guerra, sus apariciones han estado definidas por un tono contundente en las formas y, a la vez, empático con los ciudadanos ucranianos. Abandonó el traje y la corbata. En su lugar se presenta vestido como "un soldado raso, en la primera línea de fuego". Así lo describe la periodista y politóloga Estefanía Molina, que destaca "el carisma" y la capacidad de comunicación de Zelenski frente a Putin, que representa todo lo contrario: "Suele hacer las comparecencias en solitario, ha personificado esta batalla en él porque los ucranianos necesitan un referente. De alguna forma, está creando un mártir, algo que no interesa al régimen ruso. Además, ejerce un liderazgo que no es impositivo, sino horizontal. Las imágenes del presidente junto a su equipo, con indumentaria sencilla y mostrando cercanía, se contraponen a los escenarios de Putin, fríos, alejados de la gente y con personajes trajeados".

En medio de una guerra, los gestos y las palabras son imprescindibles y la necesidad de que se expandan a kilómetros de distancia, de una punta del mundo a otra. El empleo activo de las redes sociales está determinando la eficaz estrategia de Zelenski. "Esto permite tener a Ucrania y al mundo informados. Hay que comentar la importancia de mantener internet en el país, algo que no suele suceder en otros conflictos —recuerda Peytibi—. De ahí la gran relevancia de las redes para mostrar la guerra casi en directo. En el caso del Twitter de Zelenski, mencionar a los líderes extranjeros es su modo de hacer ver a su ciudadanía que está en contacto con otros representantes, que no está solo y que sigue recibiendo apoyos".

Los tuits de Zelenski "no son arbitrarios"

Molina añade que sus publicaciones en Twitter sobre las conversaciones que mantiene con políticos internacionales obedecen a "una estrategia de bola de nieve". "Invita a que más países quieran interactuar con él y sumarse al apoyo a Ucrania". La politóloga interpreta que los tuits de Zelenski "no son arbitrarios" y recupera el caso de España. "Pedro Sánchez habló dos veces con él; sin embargo, no publicó nada tras la primera conversación, cuando el apoyo del Gobierno no era tan claro. Tras la segunda llamada, sí mencionó a Sánchez y celebró el respaldo de España".

El mandatario ucraniano ha hecho discursos a través de videoconferencias en algunas de las instituciones con mayor peso internacional. Sus palabras han resonado en las paredes del Parlamento de Westminster, del Parlamento Europeo y en el Congreso de Estados Unidos. Algo que, como señala Peytibi, "le permite dar a conocer su causa en el mundo, pero, sobre todo, le permite ser visto en Ucrania como un líder mundial". Molina destaca un denominador común de sus intervenciones: "Apela a la historia y al pasado de los pueblos de los países que le escuchan para lograr su empatía. Rememoró la figura de Winston Churchill en Reino Unido, lamentó los atentados del 11S en el Parlamento estadounidense y recordó la Segunda Guerra Mundial en el Parlamento Europeo".

Ambos politólogos coinciden en la importancia que Zelenski concede a la opinión pública. El uso de las emociones y la difusión de imágenes que humanizan el relato cargan de contenido a través de la forma una estrategia que, sobre todo, demanda empatía ante una invasión injusta, ante la actitud de un Goliat que anticipaba su victoria al ordenar el camino de sus tropas. En medio del trayecto, no obstante, se ha topado con las hondas y las piedras de soldados y ciudadanos ucranianos, en un claro desequilibrio de poder. Este tipo de historias concluyen con la victoria de los débiles. Pero los cuentos bíblicos son una cosa y la realidad es otra bien distinta.

20/03/2022 22:28

Por Chema Molina@chemamolinaa

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Boric admite que será difícil concretar las transformaciones en Chile

Santiago. El presidente chileno, Gabriel Boric, un día después de concluir los ceremoniales de la toma de posesión, se reunió con vecinos de la popular Comuna de La Pintana, sur de Santiago, ante los cuales moderó las altas expectativas acerca de su gobierno, advirtiendo que será complejo concretar las transformaciones y que vendrán momentos complicados.

"No pretendo en los cuatro años (de su mandato) cambiar todo lo que está mal; la historia es mucho más larga que nosotros y aprendemos de quienes estuvieron antes y vamos a dejar tareas a quienes vengan después", dijo a los vecinos.

"Habrá momentos bien complicados, la política tiene muchos aspectos de mezquindad, perdemos a veces la visión de por qué estamos donde estamos. Yo los invito a que nos ayuden a no olvidar por qué estamos acá", agregó.

Boric estuvo en La Pintana al día siguiente de perder en noviembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Fue ahí donde su campaña, hasta entonces muy simbólica y escasamente concreta, comenzó a despegar, al entrar en contacto directo con los electores, sobre todo los más humildes, para ganar la segunda ronda en diciembre con 55.87 por ciento de votos (4.8 millones de sufragios), el gobernante más votado.

Tal cual lo hizo en su discurso de inauguración en la Plaza de la Constitución, volvió a pedir la participación de la gente.

"Estamos tratando de generar aspectos simbólicos para recomponer las confianzas, pero sabemos que lo simbólico no basta y que debemos trabajar para que al final del día nuestro gobierno haya mejorado la calidad de vida de nuestro pueblo", afirmó.

El viernes, hablando desde un balcón del Palacio de La Moneda a "los habitantes de nuestra patria", manifestó que "el pueblo de Chile es protagónico en este proceso, no estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes", al tiempo que pedía "que sean parte de este proceso porque no podemos hacerlo solos".

Marco Moreno, director de la escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, comenta que ese discurso debe entenderse como una reconexión de Boric con las audiencias para renovar el apoyo que le permitió llegar al poder.

"Buscó no defraudar las expectativas acerca de la idea de cambio y se mueve en una lógica de las convicciones, pero éstas van acompañadas de responsabilidad. Trató de poner la pelota en el piso porque todo va a requerir de consensos, su gobierno no tiene mayoría parlamentaria para aprobar las reformas", declara a La Jornada.

El científico social explica que “no incendió las expectativas ni fue populista, porque es pragmático, sabe leer los espacios, los ambientes, es un político de cercanía que hace micropolítica, logra conectar. Pero no sabemos si será suficiente para que el país progrese, eso lo veremos en los próximos días porque "otra cosa es con guitarra", como dicen, se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, ahora empezó la parte más complicada de la política.

–¿Tendrá Boric los 100 días de luna de miel?

–Todos los gobernantes la tienen, pero no sabemos si serán 100 porque hay mucha presión en el ambiente. El proceso constituyente puede contaminar su gestión y eso es lo peor que le puede pasar a Boric, que la agenda del gobierno se constitucionalice, eso provocaría perder el control.

"Los 100 días van a estar marcados por cómo calibra y maneja las expectativas, cómo evita que la constituyente le quite el control de la agenda y también, lo más importante, la idea del mientras tanto: hay que hacer cosas ahora, de inmediato".

Convocatoria a movilizarse

Para el sociólogo Axel Callís, director de la consultora Tu Influyes, además de calmar ánimos, lo más relevante de Boric fue la convocatoria a la participación que realizó.

"Nombró y convocó a todos los segmentos excluidos desde una emocionalidad muy fuerte, les dijo vamos a hacer los cambios, pero las condiciones no son las óptimas, que no exista un desborde de presión. Llamó a un compromiso recíproco en los temas relevantes y a mantenerse movilizados, le pasó una responsabilidad al pueblo. Es muy relevante porque con la corresponsabilidad se comparten las expectativas. Fue un discurso honesto, con el freno de mano puesto, no fue desbordado de metas que no puede acometer", resume.

Añade que Boric "entiende que el éxito del gobierno pasa por mantener la presión sobre los poderes que van a tratar de oponerse a las transformaciones y llama a mantener el estado de alerta movilizador pero con orden, por eso quiere resolver lo de los presos de la revuelta retirando las querellas".

Boric, señala, habló "muchas veces de un nosotros" y así está compartiendo la épica, los logros pero también los costos; si esto no resulta, es culpa de todos.

Según Callís, el Parlamento será permeable a la presión desde la sociedad movilizada, "siempre habrá parlamentarios susceptibles a la presión de la calle y de las encuestas, eso está superdemostrado", aunque "la viabilidad de las reformas pasa por tener responsabilidad y no intentar avanzar más allá de lo posible".

Por Aldo Anfossi

Especial Para La Jornada

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Viernes, 04 Marzo 2022 06:27

Congeladas por tiempo indefinido

AFP, PRESIDENCIA DE PERÚ

Las promesas de Castillo

El asedio del Congreso peruano a un Ejecutivo débil y con visos de corrupción deja al gobierno poco operativo, ocupado en defenderse para sobrevivir, entregando cuotas ministeriales para impedir su destitución. En esta situación, las principales promesas de campaña, como la convocatoria de una asamblea constituyente, han sido olvidadas mientras los servicios estatales se deterioran.

El profesor rural y exdirigente del magisterio Pedro Castillo fue el primer campesino en llegar a la presidencia de Perú y asumió el mandato hace siete meses, luego de dar batalla en las calles y en el tribunal electoral para que su rival –Keiko Fujimori– y sus aliados conservadores no le arrebataran la victoria de las urnas alegando «fraude». Los observadores electorales reportaron que los comicios fueron hechos conforme a ley y la fiscalía descartó que hubiera suplantación de miembros de mesa o falsificación de sus firmas, como hasta hoy repiten algunos opositores.

Las promesas de convocar a una asamblea constituyente, convertir la educación y la salud en derechos fundamentales, rescatar la golpeada economía de los pequeños agricultores y llevar adelante una reforma tributaria, entre otras, son recuerdos. El presidente y su cuarto gabinete están muy ocupados en la sobrevivencia política frente a un Congreso y una elite mediática que clama por su salida del cargo. Los motivos principales son la incompetencia y corrupción en el Ejecutivo, que se expresan en 30 cambios de ministros e investigaciones fiscales por tráfico de intereses en contratos estatales y en los ascensos militares.

En 2021 el exsindicalista fue candidato de Perú Libre, un partido de izquierda ortodoxa en el que no militaba. Su fundador, el médico marxista-leninista Vladimir Cerrón, estaba inhabilitado a causa de una sentencia por corrupción y lo invitó. En la campaña electoral de primera vuelta, el perfil de Castillo era populista, conservador y antinstituciones, pero antes del balotaje se alió con la excandidata presidencial Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, un colectivo de izquierda moderada. La idea era cerrar el paso a la candidata Fujimori, quien enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y obstrucción a la Justicia.

La alianza con Mendoza implicaba para el profesor –de alcanzar la presidencia– garantizar los derechos de la población LGTBI, la continuidad de la vacunación contra la covid-19 y dejar atrás el modelo económico neoliberal, entre otros puntos. Incluso, en vísperas de la segunda vuelta, se reunió con mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori (1992-2000), que buscaban comprometerlo en sus luchas por justicia y reparación. El presidente fue entonces visto como un político de izquierda que promovía una nueva Constitución.

Los acuerdos que firmaron Castillo y Mendoza en mayo de 2021 eran para «lograr un gobierno del pueblo» y construir un «nuevo pacto social» a través de una asamblea popular constituyente. Al menos dos de los contendientes de Castillo en la primera vuelta electoral representaban el autoritarismo y la corrupción: la hija del autócrata Fujimori y el candidato del partido ultraconservador, Renovación Popular. Ambos son aliados de la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien representa a una de las dos facciones del partido Acción Popular.

El mandatario designó en su primer gabinete a tres cuadros de la izquierda moderada –en Economía, Mujer y Salud–, que dieron estabilidad y credibilidad a su gobierno, especialmente por el avance sostenido de la vacunación contra la covid-19 y la recuperación de la economía. En 2020, el PBI cayó 11 puntos por causa de la pandemia, y la población en pobreza creció 10 puntos, llegando al 30 por ciento de los peruanos. En 2021, el PBI creció en 13 por ciento.

Si desde agosto la oposición pedía que Castillo dejara el cargo por haber nombrado a ministros no calificados o a profesionales con cuya línea discrepaban, entre noviembre y diciembre las críticas arreciaron ante las primeras revelaciones de tráfico de intereses y corrupción en la adjudicación de contratos estatales y de los ascensos militares.

Mirtha Vásquez, una abogada progresista y expresidenta del Congreso, había asumido como primera ministra en octubre –la segunda, en reemplazo de un hombre de confianza de Cerrón– y ofreció transparencia del gobierno para responder a las denuncias por favoritismo en contratos en el Ministerio de Transportes y la empresa estatal Petroperú. Pero, por el contrario, los asesores y el abogado del presidente aconsejaron a Castillo que se victimice y no entregue información sobre las personas –lobistas, amigos y familiares– con quienes se reunía fuera del palacio de gobierno.

Durante una diligencia de la investigación por la interferencia del secretario general de la presidencia en los ascensos militares, los fiscales encontraron 20 mil dólares en el baño de la oficina del funcionario. Castillo pidió la renuncia de su hombre de confianza en noviembre. Poco después, a inicios de diciembre, el parlamento planteó la primera moción de «vacancia presidencial por permanente incapacidad moral» contra el profesor rural, una figura que el fujimorismo y sus aliados usan desde fines de 2018 como si fuera un impeachment, pese a que este no existe en la Constitución.

En 2018, Fuerza Popular y sus aliados consiguieron votos suficientes para la «vacancia» de Pedro Pablo Kuczynski y lo obligaron a renunciar. En 2020, una coalición semejante echó a Martín Vizcarra con el mecanismo de vacancia, que requiere 87 votos y la argumentación de «incapacidad moral», un concepto no definido por la Constitución. La moción de vacancia a Castillo en diciembre se quedó a medio camino: para admitirla a debate en el pleno del Congreso eran necesarios 52 votos y solo hubo 46.

Pero esta semana, tras nuevos detalles sobre la posible participación del jefe de Estado en los contratos digitados, congresistas de Renovación Popular y de Fuerza Popular lograron suficientes firmas para presentar una segunda moción.

EL DESCARRILAMIENTO

En diciembre, las denuncias de corrupción ya no solo surgían en la prensa limeña. El entonces ministro de Interior, Avelino Guillén, advirtió al presidente que el comandante general de la Policía Nacional quitó presupuesto y personal a la unidad de elite que asiste a los fiscales que investigan a personas políticamente expuestas, y alertó de sobornos a cambio de nuevas colocaciones (destinos) de oficiales de la Policía. Un mes después, el mandatario sacó del gabinete a Guillén, referente peruano de la lucha anticorrupción, pues en la década pasada –cuando era fiscal– logró la primera sentencia contra Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Castillo reemplazó a Guillén por un policía jubilado habituado al show televisivo mediante el populismo penal, alguien que no indagará sobre los graves hechos de corrupción cometidos en las fuerzas del orden en los primeros meses del gobierno del maestro rural.

¿Por qué en siete meses el presidente peruano ha nombrado a cuatro primeros ministros y por qué el tercero de ellos duró menos de una semana en febrero? Una de las explicaciones es que si el Congreso cabildea y junta 87 votos, lo puede echar, y por ello da cuotas de ministros a los partidos representados en el parlamento, para así asegurarse votos que defiendan al Ejecutivo en las interpelaciones o censura de ministros o en las votaciones de vacancia presidencial.

El tercer primer ministro que designó Castillo a inicios de febrero era un congresista denunciado por su hija y su esposa por violencia: un juez otorgó medidas de protección a su esposa en 2017. Héctor Valer había llegado al parlamento como candidato del partido de ultraderecha, Renovación Popular, y antes había militado en otras tres formaciones. Valer formó una bancada con otros colegas y sumaban siete votos, útiles para Castillo en el contexto de adversidad. No importó su inexperiencia en gestión pública y una docena de investigaciones fiscales por diversos delitos que la prensa reveló. También el presidente nombró a Katy Ugarte, una parlamentaria de Perú Libre como ministra de la Mujer, una política ultraconservadora, opuesta a los derechos de la población LGTBI.

Ante la indignación masiva, incluso de feministas que hicieron plantones en el Ministerio de la Mujer contra Valer, y la posibilidad de que el Congreso denegara el voto de investidura al gabinete, el jefe de Estado recompuso el equipo. Reemplazó a Valer y Ugarte, pero también echó al ministro de Salud, que había permanecido desde el primer equipo que formó a fines de julio. El médico y excongresista de izquierda moderada Hernando Cevallos le había pedido a Castillo un gabinete que fuera acorde con las políticas del gobierno, es decir, no elegido por cuotas para evitar la vacancia. No pudieron salvar las discrepancias y Castillo reclutó como nuevo titular de Salud a un hombre muy cercano a Cerrón, el médico y promotor de pseudociencia Hernán Condori. El nuevo funcionario se publicitaba como obstetra pese a que no lo era y la Comisión de Ética del Colegio Médico lo investiga por esas causas. El gremio médico y asociaciones científicas han pedido su renuncia, pero el presidente lo respalda porque dice que es un profesional que viene «de la chacra». Pero, en realidad, el apoyo se debe a lo que pueda pasar en el hemiciclo.

PROMESAS OLVIDADAS

Pero además de los cambios en el gabinete como mecanismo de sobrevivencia política hay otras decisiones del presidente, que abandonó propuestas que sustentaban su oferta de «cambio». Quien fue el ministro de Economía por medio año, Pedro Francke, planteó una reforma tributaria especialmente dirigida a las empresas mineras favorecidas por el alza de precios internacionales de los metales. Ello podría sustentar una mayor inversión para recuperar los deficientes sistemas de salud y educación. Los gremios empresariales y los medios de comunicación de Lima cuestionaron la reforma –dijeron que no era el momento– y Castillo miró para otro lado. El Congreso rechazó el pedido del Ejecutivo de otorgarle facultades legislativas en materia tributaria y Francke se quedó solo.

También fue una bandera del maestro rural la renegociación del contrato del gas de Camisea, el principal yacimiento del país, para que el recurso llegue a precios más bajos a las regiones próximas al yacimiento, ya que pagan costos muy altos por garrafa. El Ejecutivo formó una comisión interministerial para revisar la cuestión, pero, ante la desidia del jefe de Estado por el asunto, el informe que elaboró el grupo de trabajo no ha merecido la atención pública.

Finalmente, la promesa de promover una asamblea constituyente también se ha disipado como una mala palabra –asimismo rechazada por el empresariado y los medios de comunicación de Lima–. El miércoles 2, al preguntarle en una conferencia de prensa por las críticas al gobierno, el primer ministro Aníbal Torres respondió: «La política del gobierno ha sido desde un inicio: no hemos promovido, no promovemos ni vamos a promover la asamblea constituyente, pero eso no significa que los ciudadanos puedan plantear esa iniciativa. Eso es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho oponerse».

El parlamento está también debilitado frente a la opinión pública, pues la obstrucción al Ejecutivo es continua desde 2016, cuando fue elegido presidente Kuczynski. Según una encuesta de febrero del Instituto de Estudios Peruanos, el 73 por ciento desaprueba la gestión del Congreso.

Mientras los dos poderes del Estado se enfrascan en batallas indeseables, se acumulan viejos y nuevos problemas. Entre los viejos, la descomposición del sistema de salud, el 75 por ciento de personas en el mercado laboral informal, el déficit de aprendizaje por dos años sin clases presenciales. Entre los nuevos, miles de pescadores artesanales, estibadores, microcomerciantes, pequeños empresarios de balnearios y restaurantes han perdido su trabajo desde el 15 de enero por el derrame de petróleo de Repsol en el mar de la costa central del país. Los 11.900 barriles contaminaron aguas y litoral en 116 quilómetros cuadrados, incluidas dos áreas naturales protegidas.

Desde que ocurrió el derrame, han pasado tres ministros de Ambiente y dos ministros de Economía. El ministro de Producción anunció la semana pasada que el Estado entregará un subsidio a 2.500 pescadores, pero no ha precisado ni cuándo, ni por qué monto, ni hasta cuándo. La empresa afirma que ha entregado hasta el momento uno o dos vales de compra en supermercado a unas 3.900 personas. En paralelo, un informe de una misión de expertos de Naciones Unidas destaca la inexistencia de un padrón de afectados e impacto social del desastre y de un plan de monitoreo ambiental. Los políticos están enfocados en sus asuntos y no en los de los ciudadanos.

El 8 de marzo, el gabinete Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso y, en la víspera, la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado pretende interrogar al jefe de Estado sobre sus reuniones con la gestora de intereses que ha declarado a la fiscalía sobre los contratos estatales amañados en el Ministerio de Transportes y en Petroperú.

Pedro Castillo se había presentado en la campaña electoral de 2021 como un candidato sin mancha, a diferencia de la mayoría de los postulantes a la presidencia en 2021 y de los expresidentes peruanos –que están con pedido de extradición (Alejandro Toledo), o afrontan juicios (Ollanta Humala), o tienen detención domiciliaria (Kuczynski) por casos de corrupción ligada a la constructora brasileña Odebrecht–. Por el momento, la fiscal general ya le abrió investigación por un par de contratos estatales irregulares y por las interferencias en los ascensos militares: tendrá que responder a ellas tan pronto pierda la inmunidad del cargo. Es difícil saber el destino de su gestión, pero es fácil afirmar que la política peruana se desangra en su lento deterioro, tanto como los derechos de las personas.

Por Jacqueline Fowksdesde Lima 
3 marzo, 2022

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