Sábado, 09 Octubre 2021 06:08

Por el derecho a una internet con derechos

Por el derecho a una internet con derechos

¿Qué duda cabe que la época está atravesada por una rasante revolución tecnológica, con la irrupción de la digitalización en casi todas las actividades sociales?

Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeado por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

¡Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir.

Los procesos en curso

Suele suceder que procesos que guardan alguna similitud externa, pero que son movilizados por distintas intenciones son confundidos y asimilados como idénticos, pese a constituir direcciones históricas distintas y hasta opuestas.

Tal es el caso de procesos como la mundialización [1] y la globalización. Mientras la primera corresponde a una tendencia histórica de conexión entre pueblos y culturas, llegando en la actualidad a formar un mosaico de diversidad plenamente interconectado y en camino a una posible Nación Humana Universal, la globalización responde al interés de empresas capitalistas de ampliar sus operaciones sin límites geográficos, intentando a su vez evadir toda responsabilidad localizada.

Es obvio que mientras la mundialización tiene una clara dirección de evolución, conllevando la posibilidad de compartir la acumulación histórica de cada cultura y de colaborar mutuamente para sortear los desafíos comunes y también los particulares de cada pueblos, la globalización actúa de manera regresiva, concentrando capital y poderío y alejando de la base social las capacidades de decisión democráticas, de por sí menguadas por la propia descomposición de la democracia formal en la institución Estado.

Algo similar acontece con las tecnologías digitales y la internet, encuadradas como están en los procesos anteriormente mencionados.

Si uno observa el avance de la digitalización a la luz de la mundialización, se hace evidente la utilidad de acortamiento del tiempo y las distancias en la comunicación junto a la posibilidad de acceder a conocimientos y compartirlos de forma libre.

Desde un espíritu mundializador, internet es una vía positiva para expresarse, cotejar hábitos, compartir experiencias, fortalecer proyectos, comunicar utopías, convocar a transformaciones y percibir al mundo y la humanidad como un todo, unido por un destino común.

Pero si se mira a estos mismos portentos tecnológicos bajo la lupa de la globalización, se devela que estamos ante un momento de reconversión del sistema capitalista, inmerso en una encrucijada por la monstruosa derivación especulativa de sus excedentes, y la reducción para el capital de espacios con márgenes de ganancia apetecibles en actividades productivas de la economía real para su afán de lucro ilimitado y presuroso.

La economía digital globalizada constituye una puerta de escape, junto con la promocionada “revolución verde”, de un sistema de acumulación excluyente e injusto que tiende, por su misma esencia, a la concentración de riqueza, a la segmentación social y, contrariamente a lo que se pretende pregonar, a la depredación del hogar común, privatizando el bienestar y socializando tan solo dificultades.

No es de extrañar entonces que el mismo Foro Económico Mundial, un cónclave de los poderosos e insensibles del mundo, haya abrazado con fervor al mismo tiempo la causa digital y el discurso de transformación ecologista. Para Naomi Klein, “El gran reinicio” – programa presentado en Davos 2020 por Klaus Schwab, director del FEM y también miembro del consejo de administración del elitista club Bilderberg y el príncipe Carlos, conspicuo miembro de la realeza Británica- es un lugar para pregonar soluciones tecnológicas con fines de lucro para problemas sociales complejos; para escuchar a los jefes de los gigantes petroleros transnacionales opinar sobre la necesidad urgente de abordar el cambio climático; para escuchar a los políticos decir las cosas que dicen durante las crisis: que esto es una tragedia pero también una oportunidad, que se comprometen a reconstruir mejor y a marcar el comienzo de un «planeta más justo, más verde y más saludable».

No por nada, entre los principales oradores en esa ocasión estuvo también el presidente de Microsoft, Brad Smith, quien señaló de modo explícito: «Los datos, y la tecnología en general, son herramientas indispensables para resolver casi todos los problemas a los que nos enfrentamos».

Tampoco es casual que ya en marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (WEF) inaugurara el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, Estados Unidos, en una zona de alta concentración de incubadoras y empresas tecnológicas.

Los dos caminos 

Estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás  más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social.

Por el camino que pretende el capital concentrado, internet perderá todo componente social y humano. La ansiada conectividad universal será entonces tan solo el aprovechamiento por parte de ávidos hombrecillos del negocio corporativo de la inversión social en infraestructura ejecutada por los Estados. 

Por esta vía, se multiplicarán las plataformas digitales ofreciendo trabajo precarizado. El teletrabajo, lejos de servir a la reducción de la jornada laboral, la aumentará. Se agudizarán las diferencias salariales entre trabajadores del conocimiento y empleos de segundo o tercer orden. Para las mujeres, la nueva explotación digital se sumará al trabajo de cuidado no remunerado y las diferencias de paga con los hombres.

Si internet se convierte definitivamente en la autopista del negocio transnacional, continuarán proliferando los instrumentos de manipulación informativa, de vigilancia y control, transformando a las personas en objetos de un extractivismo de datos ilimitado. 

El avance corporativo digital sobre la educación y la salud traerá consigo la intervención ideológica de sus contenidos y la invasión de la privacidad de las comunidades involucradas, siempre para mayor gloria y riqueza de los accionistas de fondos de inversión.

Por este camino, aumentará la desigualdad entre el Norte y el Sur global, que continuará abasteciendo al Norte con materia prima digital y física a través del consumo extendido sin gozar de los beneficios que otorgan la propiedad de las patentes y licencias de tecnología.

Por ese sendero, las corporaciones irán primero  invadiendo y después capturando todo resquicio de actividad democrática, tornándose en una suerte de gobierno global corporativo, avanzando sobre el sistema multilateral de relaciones internacionales  y convirtiéndolo en mera pantalla para legitimar sus intereses.

El camino alternativo es el de la apropiación común de la tecnología digital para beneficio exclusivo de la comunidad humana en su conjunto.

Para que el derecho a internet constituya una ampliación efectiva de derechos, como en cualquier otro campo y ocasión de la historia, es imprescindible la participación decidida de los pueblos y sus organizaciones. 

De este modo, podrá establecerse una alianza entre el Estado y la comunidad organizada, una alianza público-comunitaria que desplace la nefasta “asociación público-privada”, que en el marco neoliberal legitimó la intromisión del capital en regiones hasta entonces vedadas a sus negocios. 

Desde esa alianza público-comunitaria podrán acometerse proyectos de conectividad universal de gestión compartida o autónoma para que las infraestructuras, herramientas y conocimiento y la necesaria inversión estatal se orienten al bien común y a la formación de usuarios activos y críticos. 

En esa perspectiva, las prioridades son garantizar la soberanía y la autonomía con la generación de alternativas tecnológicas descentralizadas, no invasivas, interoperables y de libre elección; forjar redes de cooperación entre organizaciones para pasar de ser meras receptoras a generadoras y hacedoras de políticas sobre tecnología y posibilitar el acceso irrestricto y compartido al conocimiento estratégico entre naciones.

Es ineludible colocar hoy fuertes impuestos a las grandes empresas tecnológicas y plataformas digitales y evitar su fuga a guaridas fiscales para financiar una Renta Básica Universal Incondicional. Asimismo exigir leyes que garanticen la protección y propiedad individual o comunitaria de los datos y regulen el accionar de plataformas digitales comerciales desde el interés público.

Es fundamental apropiarse no solo del uso, sino también de la creación de tecnología y redes sociales no tuteladas ni extractivistas para favorecer la comunicación, la organización y el acercamiento social.

En definitiva, el progreso científico-tecnológico es un logro de los pueblos y de su acumulación histórica. Las herramientas digitales deben servir para la plena realización del ser humano. De lo contrario, no solo son inútiles, sino también perjudiciales. 

Esta ponencia fue expuesta el 6/10/21 en el marco de la sesión del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT), mecanismo de la sociedad civil en la agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030) y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Algunos de los contenidos vertidos forman parte de los diagnósticos y propuestas colectivas de las Jornadas “Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital” organizadas por el espacio Internet Ciudadana.

 

Por Javier Tolcachier | 09/10/2021

 

Nota:

[1] Para ampliar el concepto de mundialización ver: Silo, Diccionario del nuevo humanismo. Obras completas Vol. II. pag. 538 (2002)  México. Editorial Plaza y Valdés. 

Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias de Paz y No Violencia Pressenza.

El presidente de Ecuador, Lasso, es uno de los mandatorios con inversiones en paraísos fiscales según la investigación "Pandora Papers".

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Viernes, 08 Octubre 2021 05:30

Vivís en Matrix

Matrix.- Pixabay

Todas las miradas fijadas en fuerzas ciegas que pugnan por la expropiación de nuestra atención (anterior fuerza de trabajo) en aras de mejorar la app en cuestión para competir con otras apps mediante algoritmos cada vez más sofisticados. Las apps nos estudian, se mejoran, aprenden de nosotros como colectivo y como individuos y cada vez son más perfectas. Las máquinas ya controlan el mundo. Los humanos hemos perdido el control. Nuestra energía sirve para alimentarlas. Sí. Vivís en Matrix y el rey es mi padre.

Ese es el sistema digital del que nos habla Marta Peirano en El enemigo conoce el sistema, un relato histórico de cómo internet, partiendo de un proyecto basado en lo común, ha sido colonizado por las fuerzas capitalistas y pretende hacer un negocio de todo eso que producimos y consumimos en las redes. Las consecuencias de tener a miles de millones de seres humanos al servicio de dinámicas que escapan a su control todavía están por ver. Sin embargo, ya hemos comprobado lo peligroso que es que los algoritmos dominen la escena pública en las elecciones que auparon a Trump al poder, que hicieron triunfar el Brexit, o que provocaron (en parte) la victoria de Bolsonaro en Brasil. Lo hemos visto también en tantos otros países en los que el fascismo, la homofobia y el racismo están ganando terreno. Esto sucede a nivel político-colectivo. ¿Pero qué sucede a nivel individual?

Durante la pandemia aumentaron en España un 250% las tentativas de suicidio en población infantil y juvenil. Y no todo se debió al confinamiento. Durante el mismo, muchas personas estuvimos conectadas a las noticias mucho tiempo, recibiendo toda clase de mensajes negativos con la sensación de que el mundo se acababa. Sin embargo, también estuvimos mucho tiempo pendientes de las pantallas y nos hicimos (todavía más si cabe) adictos al consumo de redes sociales. Y eso ha influido también en la percepción que tiene la juventud de las cosas. El simple hecho de ver cómo hay personas que "están haciendo cosas todo el tiempo" es causa de frustración y genera insatisfacción en la población infantil y juvenil, que al someterse al mundo de la absoluta inmediatez, no son capaces de entender que las cosas requieren un proceso, que los caminos son arduos y largos si uno quiere conseguir lo que se propone. El mundo se acababa y miles de personas "estaban haciendo algo con su vida" (como si con la vida hubiera algo que hay que hacer). Las apps se movían y se mueven al filo de la paciencia, jugando con el contraste entre lo que odias y lo que amas. Esa delgada línea es traspasada en muchos casos individuales generando mucho malestar.

El confinamiento y la pandemia han sido duros. Pero fue duro también para mucha gente ver cómo esa situación les había anulado a ellos, y sin embargo, al mismo tiempo, había miles de personas que durante ese lapso habían hecho todo tipo de cursos, habían perfeccionado su cuerpo, habían sacado un disco, habían estado con gente famosa o habían iniciado su aventura en Twitch. El mundo digital en el que habitamos es una selva. Una lucha de todos contra todos por la atención de millones de personas. El valor de la persona se genera siempre en contraste con otras personas. Siempre desde una lógica oposicional que no entiende la diferencia, si no que desarrolla una guerra ficticia (aunque a veces aparentemente amable como en Instagram) para que todos estemos las 24 horas pendientes de una pantalla que no deja de recibir todo tipo de notificaciones. Cada sonido, cada vibración es una muestra de nuestro valor. Y uno puede esperar eso de su video en TikTok, de su post en Facebook, de su tuit, o derivado de alguna publicación en Instagram. Decía Byung Chul Han que nos habíamos transformado en empresarios de nosotros mismos. Cada una de las personas es una empresa y maneja sus redes como si quisiera vender alguna cualidad de sí mismo. Decirle a cada minuto a todas las personas por qué vale la pena seguirle. Antes debías demostrar al jefe lo que valías en tu horario de oficina. Ahora tú eres tu jefe, tu propio empresario de ti mismo y necesitas mostrarte a ti y a los demás que estás en la cresta de la ola constantemente. ¿Y el horario? Siempre.

Esto ha generado una ruptura casi abismal con una antropología derivada de generaciones del siglo XX que desarrollaban su trabajo en la empresa y se iban a casa para desconectar. El hecho de estar conectados a todas horas a toda clase de apps y plataformas genera una ansiedad "laboral" por la cual nadie te paga con dinero. Estás trabajando constantemente en la imagen que proyectas. Sin embargo, se te paga solo con atención, follows, o se te penaliza con unfollows o campañas en contra por haber intentado llegar demasiado lejos. Es la totalización de lo laboral en lo vital. Es convertir tu vida en un trabajo constante, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque si en lugar de estar donde estás, solo estás pendiente de qué publicar, cómo hacerlo mejor, cómo mejorar tu secuenciación algorítmica que te llevará al estrellato digital, entonces es que no estás en ningún lado. Esta relación laboral se puede extrapolar también a las amistades, que se desarrollan por conveniencia, ya que el simple hecho de publicar una foto con alguien que tiene más followers que tú puede producir un trasvase de followers. Marx hablaba de cómo en un mundo basado en el interés la traición se podía oler en cualquier esquina. En el mundo actual, un mundo en que comes o te comen, basado en relaciones interesadas, desapego, desarraigo, actividad perpetua y ultraproductividad solo puede, como muestran los últimos datos, crecer la ansiedad, la depresión y las enfermedades mentales derivadas de un clima social y cultural perverso. Todo esto ha generado, por ejemplo, que Instagram (según un documento confidencial de la compañía publicado por The Wall Street Journal) asuma que dañan el autoestima corporal de una de cada tres adolescentes. Estar sometido al influjo constante de imágenes de cuerpos perfectos, estilos de vida fit y de alimentación sana, mientras las empresas de comida rápida y comida basura añaden cada vez más alicientes adictivos a sus alimentos es una carrera de obstáculos difícil de soportar: todos son perfectos menos yo.

¿Pero para quién estamos trabajando? Si a las personas se las paga con likes y no con dinero. ¿Quién está beneficiándose económicamente de todo esto? Gente como Jeff Bezzos (dueño de Amazon y Twitch que se catapulta al espacio con el dinero generado por nuestro trabajo no pagado) o gente como Zuckerberg (dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp). La sede de Instagram no está en Menlo Park, California. Los verdaderos trabajadores de Instagram no son los que cobran en dinero de esa empresa. El proletariado contemporáneo está al servicio de las apps en todo el mundo, gratuitamente, generando contenido, publicando, consumiendo, alimentándose de modelos a seguir, envidiando, queriendo ser como este o aquel en aras de aumentar las multimillonarias cuentas de personas que podrían vivir mil vidas a cuerpo de rey con ese dinero. Trabajamos gratis y somos consumidos en el intento de labrarnos un futuro sometidos a tanta presión. O eres alguien o no eres nadie. La entidad en el mundo digital se alcanza mediante la fama y el éxito que puede darte un video viral aupado por los todopoderosos algoritmos. Expropian nuestra atención y la convierten en dinero, la insatisfacción por una vida siempre en déficit, siempre mejorable, siempre perfeccionable se convierte en beneficios multimillonarios. Los sudores fríos, el insomnio que provoca el estar siempre pendiente y el FOMO (Siglas de "miedo a perderte algo") son transformados en oro por las multinacionales que se dedican al negocio de la atención.

Hace unos años se hizo viral un video de una persona con una enfermedad mental llamado "el guardián de las estrellas". El hombre decía "Vivís en Matrix". Como si de una profecía se tratara, ese hombre tenía razón y se había adelantado algunos años al pronunciar esas palabras en la plaza de España de Palma, en Mallorca. El video se hizo famoso y causó mucha gracia a raíz de frases como "el rey es mi padre" o "hay naves detrás del sol que vendrán a buscarme". Sin embargo, ese momento de locura de la persona que pronunciaba estas palabras podría perfectamente encarnar unos minutos de lucidez de cualquier persona que en su sano juicio decide denunciar lo que estamos viviendo. Matrix es el espejo distópico de la sociedad contemporánea.

Neo despierta en una cápsula de la que las máquinas extraen su energía. Mira a su alrededor: hay millones de seres humanos como él, despojados de su energía, de su vitalidad y su mundo. Allí ganaron las máquinas y utilizan a los humanos como baterías para tener energía. Aquí en el ámbito de lo real las máquinas también han ganado. Condicionan lo que hacemos y cómo pensamos. ¿Cómo ha podido pasar? En 2001: Una odisea en el espacio, Kubrick nos relata como Hal, el ordenador que funciona como sistema operativo de la nave espacial, se rebela ante los astronautas que deben completar una misión. Hal sabe que quieren desconectarle y no va a permitirlo. ¿Puede llegar el momento en que el machine learning genere algo parecido a una conciencia con voluntad de autoconservarse, de forma que pugne por sus propios intereses y pueda acarrear peligros para los seres humanos? Está sucediendo. La primera ley de la robótica de Isaac Asimov ya se está incumpliendo. Esta reza: un robot no hará daño a un humano. Millones de personas deprimidas, con ansiedad, con la necesidad de autopromoción constante no saben cómo enfrentarse a un mundo que se les escapa. Están siendo dañadas. Muchas de ellas piensan en desaparecer. Que todo esté siendo delegado en algoritmos está teniendo graves consecuencias. Los humanos estamos perdiendo el control. Hay personas que se manejan bien en esta guerra. Hay buenos soldados. Pero hay demasiados efectos colaterales nocivos para mucha gente. Y sin embargo, aquí estamos, frente a un artículo desplegado en una pantalla que anuncia y denuncia lo terrible. Escrito desde un mundo feliz de una sociedad empastillada por ansiedad. La despedida pretende añadir algo de esperanza, a pesar de lo oscuro del mensaje. Acabamos pues, con una paráfrasis marxiana: "Los algoritmos terminarán por cavar su propia tumba".

Por Carlos Saura León

Profesor de filosofía

08/10/2021  

Publicado enCultura
Singapur puso robots a patrullar las calles y preocupa la violación de la privacidad y las libertades individuales

Avanzan los sistemas de vigilancia intrusiva

Singapur puso a prueba unos robots de patrullaje que lanzan advertencias a personas envueltas en "comportamiento social no deseable", lo que aumenta el arsenal tecnológico de vigilancia en esta ciudad-estado fuertemente controlada.

Desde el amplio número de cámaras hasta los postes de iluminación equipados con tecnología de reconocimiento facial, actualmente a prueba, Singapur ha visto una explosión de herramientas para vigilar a sus habitantes.

Las autoridades han impulsado su visión de una "nación inteligente", hipereficiente y tecnológica, pero activistas dicen que se sacrificó la privacidad y que las personas tienen poco control de lo que se hace con sus datos.

Singapur ha sido criticada por reducir las libertades civiles y su población se acostumbró a los fuertes controles, pero hay una preocupación creciente con la tecnología intrusiva.

Los más recientes aparatos de vigilancia son los robots con ruedas y siete cámaras, que emiten advertencias al público y detectan "comportamientos sociales no deseados".

Eso incluye fumar en áreas prohibidas, estacionar mal las bicicletas o violar las reglas de acercamiento por el coronavirus.

Durante un reciente patrullaje, uno de los robots "Xavier" ingresó a una zona residencial y se detuvo frente a un grupo de ancianos que observaban un partido de ajedrez.

"Por favor mantengan un metro de distancia", "por favor aténganse a cinco personas por grupo", alertó una voz robótica, mientras una cámara del aparato los enfocaba.

Durante una prueba de tres meses, en septiembre, dos robots fueron enviados a patrullar esa zona residencial y un centro comercial.

"Me recuerda a Robocop", comentó Frannie Teo, una asistente de investigación de 34 años que caminaba por el centro comercial. Trae a la memoria "un mundo distópico de robots (...) Estoy un poco indecisa sobre este tipo de concepto", agregó.

Lee Yi Ting, una activista de los derechos digitales, dijo que los aparatos son la forma más reciente de vigilar a los singapurenses. "Todo contribuye con la sensación de que la gente debe cuidar lo que dice y hace en Singapur, más de lo que lo harían en otros países", declaró a AFP.

Pero el gobierno defiende el uso de los robots, al decir que durante la fase de prueba no podrán identificar o tomar acciones contra quienes cometan ofensas, y que son necesarios para atender la falta de trabajadores ante el envejecimiento poblacional.

"La fuerza laboral está decreciendo", dijo Ong Ka Hing, de la agencia gubernamental que desarrolló los robots Xavier. Agregó que podrían ayudar a reducir el número de oficiales requeridos para patrullar las calles.

Singapur, una isla controlada

La isla de 5,5 millones de habitantes tiene 90.000 cámaras policiales, y la idea es duplicar esa cifra para 2030, al tiempo que podría instalar en toda la ciudad la tecnología de reconocimiento facial que ayuda a las autoridades a distinguir rostros en la multitud.

Este año se dieron muestras de rechazo público cuando las autoridades admitieron que la policía tuvo acceso a la información sobre casos de covid-19 recogida por un sistema oficial.

El gobierno posteriormente aprobó leyes para limitar su uso.

Pero los críticos dicen que las leyes de la ciudad-estado suelen limitar poco la vigilancia gubernamental, y los singapurenses tienen poco control sobre lo que ocurre con los datos recogidos.

"No hay leyes de privacidad que restrinjan lo que el gobierno pueda o no hacer", comentó Indulekshmi Rajeswari, un abogado singapurense especialista en temas de privacidad radicado actualmente en Alemania.

7 de octubre de 2021

Represión y venta de datos: el espía en tu móvil

Las grandes empresas y los Estados han desarrollado diversas técnicas de espionaje a través de los teléfonos móviles. Los datos obtenidos son utilizados para fines comerciales o represivos.

 

Vigilancia y espionaje son las dos caras de una moneda. La moneda es el software imbricado en las vértebras de tu dispositivo digital. La cara es la vigilancia masiva y acumulación de datos para elaborar perfiles comerciales y segmentar publicidad, por ejemplo, para recomendarte la música que no sabías que querías escuchar. La cruz es el acceso total a todos los resquicios de tu vida para tenerte bajo el punto de mira, desacreditarte públicamente, encarcelarte o matarte si hace falta.

“Nos hemos acostumbrado acá en México, pero nos han intervenido a 15.000 personas en todo el mundo, es una barbaridad, es monstruoso”, dice el periodista mexicano Ignacio Rodríguez Reyna, una de esas personas espiadas. El informe publicado por Forbidden Stories en colaboración con Amnistía Internacional y otros medios revela que gobiernos de todo el mundo contrataron el software Pegasus a la empresa israelí NSO Group para espiar a activistas, periodistas, disidentes políticos o defensores de derechos humanos en países como México, Marruecos o Arabia Saudí. Con todo, la empresa israelí dice que se dedica a hacer del mundo “un lugar mejor”.

Vulnerabilidades en tu móvil

Cada vez a más gente le resulta familiar la siguiente conversación: “Ayer hablamos de estas zapatillas y hoy me han salido en Instagram. Estoy segura de que el móvil me espía”. Pero, de todo lo que decimos, ¿qué espían exactamente las plataformas? Juan Tapiador es investigador y profesor de seguridad informática en la Universidad Carlos III de Madrid y hace unos años publicó junto con otros colegas un estudio titulado An Analysis of Pre-installed Android Software (Un análisis del software preinstalado de Android), en 2019. Buscaban confirmar mediante métodos científicos esa “evidencia anecdótica” que tenía cada vez más gente respecto a sus teléfonos móviles. El grupo de investigación desarrolló una aplicación que distribuyó a través de contactos y redes sociales. La aplicación, Firmware Scanner, le hacía una foto a todo aquello que viniese preinstalado en los teléfonos Android. Su sospecha era que muchas aplicaciones preinstaladas en dichos teléfonos extraían datos de los usuarios y usuarias. A través de contactos y redes sociales, consiguieron que muchísima gente se descargase Firmware Scanner y recogieron cientos de miles de fotografías de las tripas de los teléfonos. “Nos encontramos una confirmación a una escala inusitada, de cosas que eran más o menos conocidas, pero no hasta ese nivel”, afirma Tapiador. La vigilancia era masiva.

Tapiador explica que en la cadena de suministro intervienen muchos agentes: el que fabrica los circuitos, el que los integra, el que mete la cámara o el que introduce el micrófono, por mencionar algunos. “Lo que conocemos como fabricantes, la marca que te vende el dispositivo, en realidad son integradores, y su papel es ensamblar las partes previamente fabricadas por subcontratas”, afirma el informático. La cadena no atañe solo al hardware, sino que continúa hasta los operadores telefónicos, que también manipulan los teléfonos móviles e implementan aplicaciones de software cuya finalidad es conseguir datos de los usuarios. “En todo ese proceso como parte del esquema de monetización, que es pervasivo en internet y que tiene que ver con la recolección de datos, están presentes muchísimos agentes que introducen componentes software”, afirma el investigador. En la cadena de ensamblaje de los teléfonos, no se sabe qué agente introduce qué software. No hay ninguna trazabilidad y ninguna regulación que les obligue a informar sobre ello. 

Las motivaciones son diversas, pero principalmente suelen atender a dos principios: conseguir una predominancia del mercado, como es el ejemplo de Facebook, que lo que quiere es estar presente en todos los teléfonos posibles y monetizar los datos de los usuarios, o lo que es lo mismo, obtener telemetría del dispositivo para luego vender esa información. Muchas de estas aplicaciones preinstaladas son las que ofrecen puertas traseras abiertas o vulnerabilidades por las que pueden entrar muy fácilmente softwares como Pegasus.

Realizando una mínima interacción como coger una llamada o hacer un clic en un enlace, la puerta trasera del teléfono se abre sin que nos enteremos. Aunque el software destinado al espionaje es distinto al que usan las empresas para recopilar datos, son estas funcionalidades de base las que permiten que el espionaje sea tan sencillo. Según el análisis forense de Amnistía Internacional, en el caso de los iPhone 11 y 12 el virus se propagaba a través del envío de un simple mensaje sin necesidad de hacer ningún clic.

“Yo ya me había dado cuenta en 2017 de que mi teléfono estaba intervenido y dejé de usarlo, pero lo guardé. Cuando me contactaron en 2020 desde Forbidden Stories les doné mi móvil para que hicieran el trabajo forense para su investigación. Desde aquel entonces trato de ser más cuidadoso, uso correos encriptados y aplicaciones seguras, pero la verdad es que hay tal vulnerabilidad que de una manera u otra van a conseguirlo”, relata Rodríguez Reyna. “No solamente tuvieron acceso a todas mis conversaciones, contactos, correos, anotaciones o a las fotos que tomé, pudieron encender mi cámara o mi micrófono en mis situaciones íntimas y personales. Tienen un acceso al control de mi dispositivo en tiempo real. Esto no solo nos coloca en riesgo a nosotros, coloca en riesgo físico a nuestras fuentes. Coloca en la indefensión y susceptibilidad de ser chantajeados por actos de nuestra vida privada que nos ridiculicen o nos quiten credibilidad o cualquier asomo de dignidad”, añade.

Y qué más me da si yo no soy nadie

“Las empresas no están interesadas en las fotografías de tus gatitos ni en las conversaciones ni en los mensajes, eso no sucede”, informa Tapiador, “pero los metadatos son muy buenos predictores de los comportamientos”. La información que recogen las aplicaciones móviles es muy valiosa para luego cruzarla con la navegación web y construir perfiles que durante muchos años se han venido utilizando para dar servicios de publicidad dirigida. “Esta es la gasolina que ha movido internet durante la última década y algo”, afirma este investigador en seguridad informática.

En julio de 2020, los nombres de NSO Group y Pegasus volvieron a llenar los medios nacionales  gracias al estudio del instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, el Citizen Lab, que publicó que diversas figuras públicas del independentismo catalán como Roger Torrent —entonces president del Parlament— fueron espiadas por Pegasus. A pesar de que el Gobierno, a través del CNI y de los Ministerios de Interior y Defensa, negó rotundamente estar involucrado, la empresa NSO Groups ha manifestado que los únicos clientes de su producto estrella de espionaje son gobiernos. Un extrabajador afirmó que España llevaba siendo cliente de NSO Groups desde 2015.

“En el caso del espionaje sí les interesan tus fotos de gatitos”, bromea Tapiador haciendo alusión a la última megafiltración de 15.000 personas espiadas. “El caso de NSO Group y Pegasus es un animal totalmente distinto [a la vigilancia comercial]. Son empresas que trabajan con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque los países tienen una necesidad de monitorizar los dispositivos de lo que ellos consideran objetivos”, comenta Tapiador.

Virginia Álvarez es responsable de investigación y política interior en Amnistía Internacional. “La empresa decía que el software solo se utilizaba para ciberterrorismo, para localizar delincuentes, pero Amnistía ha empezado a tener información de que este software se estaba utilizando para cometer violaciones de derechos humanos y la intromisión al derecho a la intimidad es un delito”, nos recuerda la activista y portavoz de Amnistía Internacional España.

Rodríguez Reyna es uno de los fundadores de 5º Elemento Lab, una organización que se dedica al periodismo de investigación. Tres de sus miembros fueron infectados por Pegasus. “Cuando nos empezaron a vigilar estábamos trabajando en la ramificación mexicana de la trama de corrupción Odebrecht”, cuenta. Esta es una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente de América Latina y tiene como centro de operaciones a la constructora brasileña Odebrecht, que ha realizado sobornos a figuras importantes de 12 gobiernos del continente. “Nosotros señalamos a Emilio Lozoya, figura cercana a Peña Nieto [expresidente mexicano], consejero de OHL en México, como la puerta de entrada de la constructora brasileña al país a través de sobornos. Además, una compañera nuestra estaba creando el primer mapa de las 2.000 fosas clandestinas de personas asesinadas y desaparecidas por el Estado”, relata. Según datos oficiales, se cifran en 80.000 las desaparecidas en los últimos 15 años en México.

Cecilio Pineda es un periodista mexicano que fue asesinado a los pocos días de que Pegasus entrase en su móvil. Según The Guardian, a pesar de que no hay pruebas vinculantes, la hipótesis principal señala que se usó el virus para localizarlo. Otro caso conocido en México fue el de uno de los asesores legales en la lucha por esclarecer el crimen de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su teléfono fue intervenido, se sacó una frase de contexto y se difundió en redes a través de cuentas falsas haciendo creer que había traicionado al movimiento, lo cual provocó una fractura real en el mismo.

La industria global de vigilancia y espionaje

“Es toda una industria la que hay detrás de esto. Siento que estamos ante una indefensión casi absoluta y es algo terrible”, reflexiona Reyna. El coste de infectar un teléfono en México, según los datos publicados, sería de alrededor de 64.000 dólares, y el Gobierno se gastó 32 millones en espiar a 500 personas de interés. Un amplio número de especialistas considera que es necesaria más regulación para controlar el acceso a los dispositivos tecnológicos, especialmente los teléfonos. Ya sea en el ámbito de la vigilancia y el acceso a metadatos, ya sea en el caso del espionaje y el acceso a datos.

Tapiador afirma que no hay una regulación que obligue a decir qué proveedor de la cadena de suministro introduce software en los dispositivos móviles. “Un problema de este mundo del databrokering es que es muy oscuro, no es nada transparente”, advierte. Para las leyes de protección de datos de usuarios la transparencia es muy importante, saber qué datos se recopilan y con qué fines, y “en los casos de las aplicaciones de software preinstaladas, no existe”, sentencia el investigador.

Virginia Álvarez afirma que existe una falta de control absoluta. “Mientras no haya un marco regulador que no evite el mal uso del software de espionaje, Amnistía seguirá pidiendo su no comercialización”. Dario Castañé, del Partido Pirata de Catalunya, considera que “habría que establecer una prohibición a la compra y venta de software para espionaje, así como revertir y anular toda iniciativa que vaya a minar la confidencialidad de las conversaciones, ya sea mediante filtros de subida, control de mensajes o puertas traseras en los algoritmos de cifrado”.

Sin embargo, cuando hablamos de espionaje, se cruzan los intereses geopolíticos de los Estados en la propia regulación. Desde NSO han manifestado que la publicación “es tendenciosa y tiene una clara motivación comercial y que, en cualquier caso, no ha sido la empresa la que ha hecho uso del software”. No deja de ser interesante, tal y como señala un artículo del Financial Times, que los países clientes de NSO como Emiratos Árabes o Arabia Saudí son aliados recientes con los que han crecido las relaciones con Israel. Países como Hungría, India o Ruanda aparecen también en el informe, en momentos en los que el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, buscaba alianzas con líderes ultraderechistas en estos países.

En su informe Operando desde las sombras, publicado a principios de julio, Amnistía Internacional sostiene que existe toda una industria de empresas dedicadas al espionaje. Otras de las empresas que fueron contratadas por el Gobierno de México son Hacking Team (Italia) o Rayzone Group (Israel). También podemos encontrar a empresas vinculadas a grandes controversias como Clearview AI, envuelta en un escándalo por almacenar millones de fotos de redes sociales. O Palantir, la máquina de espiar de Silicon Valley relacionada con varias operaciones al margen de la legalidad. Todas ellas son compañías multimillonarias. Según el informe de Amnistía, el campo de juego de los productos de espionaje ha venido delimitado por las decisiones de diferentes Estados que han permitido autorizaciones legales que se saltan los derechos humanos básicos para poder aplicarlas tanto fuera como dentro de sus territorios.

No obstante, hay que tener en cuenta que la tecnología que lo permite está en manos de dichas compañías. “Es el momento de detenernos y preguntarnos qué está pasando. Estamos ante un monstruo tecnológico que tiene muchos brazos, una dictadura o dictablanda capaz de mover el poder en cualquier lugar del planeta”, reflexiona Rodríguez Reyna.

Genoveva López / Álvaro Lorite

@genolomo

Álvaro Lorite

@lorojuntaletras

7 ago 2021 06:00

Publicado enSociedad
Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
Una mujer utiliza su iPhone frente a la sede de la firma israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus, el 28 de agosto de 2016, cerca de Tel Aviv. Foto Afp

 

Si el megaescándalo hoy abruma a Pegasus, de la empresa israelí NSO Group –que estalló con un retraso de cuatro años–, la efectividad pertenece a la ciberarma Candiru, también de Israel, infinitamente mucho más maligna (https://bit.ly/3Bokjhy).

Desde la matriz operativa del ciberespionaje del Ministerio de Defensa de Israel, Amitai Ziv expone que fue el anterior premier Netanyahu –al unísono de su íntimo aliado, el talmúdico Jared Kushner, yerno de Trump–, quien “empujó (sic) la venta de las ciberarmas (https://bit.ly/3rnJCvy)”: no solamente de Pegasus/NSO Group, sino también de otras empresas que son sus competidores, como Quadream, especializada en hackeo de celulares y con varios litigios a cuestas (https://bit.ly/3Bs6bUG), y Cellbrite, que “construye un dispositivo hardware UEFD que puede penetrar cualquier teléfono (https://bit.ly/3wTG59i)”, no se diga Candiru que hoy opera bajo su nuevo disfraz de Saito Tech Ltd.

Amitai Ziv desnuda que con el impulso de las ventas de ciberarmas con Netanyahu y Kushner, “Israel detenta "intereses geopolíticos (sic)" –donde se expone la colusión de Netanyahu con Peña–, acoplados a los "Acuerdos Abraham" (https://bit.ly/2V2m5E9).

A Amitai Ziv le faltó exhibir la suprema colusión entre el talmúdico Kushner y Videgaray, el verdadero poder tras el trono de Peña.

La venta del ciberespionaje militarizado forma parte de la "seguridad (sic) de Israel", al grado tal que la empresa israelí NSO determina su venta de acuerdo con la virtud kosher del cliente. ¿Es México ya "país kosher"?

Amitai Ziv expone cómo la tecnología de ciberespionaje israelí "se volvió la selectiva arma de los dictadores" cuando “Israel desde hace mucho es un exportador de armas a muchos estados, varios de los cuales violan frecuentemente los derechos humanos (https://bit.ly/3hUbDrG)”, y ahora lo hace con sus ciberarmas, tipo Pegasus y Candiru, que le reditúan una fortuna.

Por cierto, el mercader israelí de NSO para México, con filiales pantalla en Panamá, es Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, director de KBH Aviation SA, de Mecale SA de CV y negocios en CCTV (https://bit.ly/3zk5ISk): implicado en lubricaciones mafiosas con los panistas de Conagua y Korenfeld (https://bit.ly/3hPt7W2 ), donde la mafia israelí de Netanyahu se atragantó con casi 4 millones de dólares de “comisiones (https://bit.ly/3roUSrv)”.

Ansbacher ya traía una sulfurosa biografía criminal a cuestas desde hace 21 años y su socio era Avishay Shmuel Neria: ¡cónsul honorario de México en Haifa (Israel)! ¿Quién lo nominó y aprobó?

En medio del tsunami por la develación más detallada del añejo escándalo de Pegasus/NSO Group, Edward Snowden, ex consultor de inteligencia informática en la National Security Agency (NSA), exilado en Rusia, comentó que los ciudadanos carecen de protección frente a los malignos malware tipo Pegasus: "¿Qué puede hacer la gente para protegerse de las armas nucleares?" ¡Obviamente, nada!

Snowden refiere que "existe cierto tipo de industrias, de sectores, en los que no existe protección, por lo que se trata de limitar la proliferación de estas tecnologías. No permitimos un mercado comercial a las armas nucleares" por lo que la única solución viable es una moratoria internacional para su venta. Snowden se centra en el carácter mercantilmente redituable de las ciberarmas y soslaya que están conectadas matricialmente al Ministerio de Defensa de Israel –específicamente, en el caso de Candiru, a la "Unidad 8,200" especializada en el hackeo ajeno– y pierde de vista el carácter de control geopolítico que ejercen las trasnacionales cibernéticas de Israel sobre los países –lo cual va más allá de la banalidad pecuniaria de empresas con disfraz "privado" (https://bit.ly/3kRIsr9).

Independientemente de que sea imperativa la prohibición de las indetectables ciberarmas de destrucción masiva (https://bit.ly/2UvlzPk), los países tienen la perentoria obligación civilizatoria de legislar en consecuencia para proteger a los indefensos ciudadanos enjaulados en la invisible cárcel cibernética (https://amzn.to/3Bry7HZ).

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  Imagen del logo de la empresa de ciberespionaje NSO Group. — Público / Archivo

Son malos tiempos para activistas, políticos y periodistas comprometidos con los derechos humanos y que denuncian abusos de cualquier poder. Ahora conocemos que este spyware, desarrollado teóricamente como herramienta para la seguridad pública, se ha usado para espiar y señalar a denunciantes, a opositores, a periodistas críticos y a activistas.

 

Nos espían y lo sabemos. Lo asumimos. Vemos y leemos constantemente historias sobre la permanente vigilancia online; a veces hacemos caso a quienes nos aconsejan pequeños gestos para aumentar nuestra privacidad, pero nunca es suficiente. La investigación del grupo Forbiden Stories, ayudados por Amnistía Internacional, supervisado por Citizen Lab y asociados a un consorcio internacional de medios, muestra cómo una poderosa herramienta de vigilancia, Pegasus, capaz de infectar cualquier teléfono (también los iPhones), ha pasado por las manos de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo; todos ellos países que no son precisamente abanderados de los derechos humanos.

Para Amnistía Internacional, la clave de esta investigación es que el software de la compañía israelí NSO Group "se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Esto queda explicado a raíz de una filtración de más de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos para espiar, entre ellos jefes y jefas de Estado, activistas y periodistas, incluida la familia del periodista Jamal Khashoggi, asesinado por el régimen Saudí en Estambul.

Hasta el momento, se sabe que hay al menos 1.000 personas de más de 50 países señaladas por este malware, entre los que destacan algunos miembros de la familia real árabe, un total de 65 altos ejecutivos, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, ministros y militares. "La cifra de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios de comunicación críticos", comenta Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Para conocer el alcance de esta importante investigación, que muestra cómo cualquiera puede ser alcanzado por un malware tan potente que es capaz de tomar el control total de los móviles (incluso se ha usado para espiar a activistas contra las bebidas azucaradas), proponemos cinco claves:

1) Un poco de historia: no es nuevo

Existen varias empresas en el mundo que desarrollan herramientas de software para el control tecnológico o para, directamente, tareas de espionaje. NSO Group es una de las más conocidas, pero no es la única. Ya en 2011 se detectó el gusano Stuxnet —desarrollado conjuntamente por los gobiernos estadounidense e israelí para atacar equipos e infraestructuras nucleares— , y poco después el muy español Careto, un ciberespía usado contra Marruecos, pasando por el francés Babar.

Compañías como la italiana Hacking Team o la alemana GammaGroup se dedican abiertamente a estas tareas. Desarrollan todo tipo de malware que, insisten, sólo venden a gobiernos, nunca a particulares o grupos. Sin ir más lejos, Marruecos compró hace años un troyano a Hacking Team capaz de hackear una página web concreta, Mamfakinch ("no renunciaremos", la versión marroquí de la Primavera Árabe), de modo que a través de un formulario podía infectar un dispositivo y habilitaba un acceso remoto a todo su contenido.

Desde hace años existen informaciones sobre espionaje en los que aparece vinculada la compañía NSC Group. Ya en 2018 Citizen Lab alertó de una serie de ataques diversos en 45 países mediante Pegasus. Dos años antes salía a la luz que este software espiaba a activistas defensores de los derechos humanos.  En España, sin ir más lejos, este diario sacó a la luz que el spyware había sido comprado ilegalmente para espiar a políticos catalanes en 2015.

2) Cómo funciona: espía a fondo

Pegasus es un programa de espionaje (spyware) muy sofisticado que se puede instalar de forma remota en un teléfono inteligente directamente, es decir, no requiere ninguna acción por parte de su propietario. Es complicado explicar el funcionamiento técnico de este malware, que además es realmente esquivo: sabemos de su instalación en los móviles de algunos ciudadanos únicamente gracias a una filtración. Una vez instalado, es posible tomar el control absoluto del dispositivo, incluido el acceso a mensajes cifrados como los de WhatsApp y Signal, la geolocalización del teléfono, y el encendido de micrófono y cámara.

Actúa en silencio. El propio consorcio reconoce que no se puede saber si un número de teléfono específico que aparece en la lista está comprometido sin analizar el dispositivo asociado. Sin embargo, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional pudo realizar análisis forenses en los teléfonos de más de una docena de estos periodistas (67 teléfonos en total), lo que reveló que muchos de ellos, incluso iPhones, estaban infectados, en algunos casos gracias a un agujero de seguridad hallado hace apenas un mes.

¿Cómo se han podido filtrar las más de 50.000 identidades espiadas, como afirman los autores de la investigación? Marcelino Madrigal, un incansable investigador de ataques a los derechos humanos en las redes, apunta a que este tipo de datos y recursos se venden en la Dark Web —el submundo invisible y paralelo a la red de internet pública—, y eso es lo que aparentemente sucedió en este caso: un ex empleado de NSO Group descontento sacó a la venta en 2017 la poderosa herramienta, capaz de explotar vulnerabilidades aún no publicadas (zero day exploits) incluso del muy seguro iOS (el sistema operativo del iPhone).

3) Te puede afectar: nadie está a salvo

Casos como el de Pegaso o el de la compañía Candiru, también israelí, muestran dos realidades que juntas se comprenden mejor y son, de alguna manera, más terroríficas: por un lado, aunque esas compañías vendan sus productos "exclusivamente" a estados y policías para luchar contra el delito, es evidente que puede usarse (y se usa) para otros fines contra la sociedad civil.

Por ejemplo, en el caso de México, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador aparecen como posibles objetivos de espionaje cuando aún estaba en la oposición. "El Gobierno ya no espía a nadie, los opositores no son espiados", ha indicado el presidente desde el Palacio Nacional tras publicarse la investigación.

Asimismo, el negocio para espiar a ciudadanos —especialmente periodistas— es muy lucrativo y en él participan también los carteles, según un amplio dossier de Forbidden Stories publicado hace tiempo que recuerda la ola de asesinatos de periodistas en el país.

Por tanto, esas herramientas están cayendo en manos de grupos criminales sin que las compañías que desarrollan estos productos o sus clientes (los gobiernos) hagan nada al respecto. En una conversación con Público, Madrigal señala el dinero como la motivación más poderosa. "Para hacernos una idea, el precio que se paga en la dark web por el acceso a 10 números de teléfono es de 1,5 millones de euros", comenta, y añade: "Esas cantidades de dinero indican que alguien más puede estar detrás".

Nadie está a salvo precisamente porque la naturaleza de este tipo de spyware es su sigilo. Normalmente no requiere del afectado ninguna acción, como descargarse un archivo o pinchar en alguna dirección extraña en un correo spam. Los vectores de ataque que muestra la investigación del laboratorio técnico de Amnistía Internacional señala que explotar vulnerabilidades existentes (como una que existe en iMessage) o se cuela en los móviles a través de mensajes enviados a través de SMS o WhatsApp que contienen algún enlace a un sitio web malicioso para instalar el programa.

4) Las consecuencias: persecuciones y asesinatos

"¿Pero esto a mí qué más me da?", "no soy tan importante" o "no tengo nada que ocultar" son algunas de las reacciones más comunes ante este tipo de revelaciones. Sucedió cuando Wikileaks publicó los papeles secretos de la diplomacia estadounidense en el llamado Cablegatey se mostró al mundo el comportamiento real de la primera democracia del mundo y su "cinismo", así como en revelaciones posteriores. Simplemente se mató al mensajero.

La finalidad de este tipo de malware es variada según en manos de quién esté. Porque este tipo de herramientas son parte de las principales armas de la ciberguerra: espionaje, localización de la disidencia, perfilado social y, por supuesto, represión y asesinato. En una sociedad cada vez más polarizada, esta herramienta puede servir para luchar contra el crimen o el terrorismo, pero también para cercenar los derechos humanos.

En la lista de 'infectados', por ejemplo, se encuentran periodistas de Azerbaiyán, Hungría, India y Marruecos, países donde la represión contra los medios de comunicación independientes se ha intensificado. El spyware tuvo también como objetivo el teléfono del periodista Cecilio Pineda apenas unas semanas antes de su asesinato en 2017. Hay periodistas espiados en Associated Press, CNN, The New York Times y Reuters, e incluso aparece en esta lista Roula Khalaf, directora de Financial Times.

También aparece el periodista español Ignacio Cembrero, quien ha contado a Público que quizá cambie su teléfono debido a la complejidad técnica del ataque, tras asesorarse en una firma de seguridad informática. "Es prácticamente imposible extirpar Pegasus" del dispositivo infectado, comenta. El periodista afirma no haber recibido mensaje alguno de las autoridades españolas.

El propio Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, vio hackeado su móvil de aparentemente esta manera (y aceleró su divorcio). Precisamente la parte más importante de su compañía, Amazon Web Service, justo ahora ha anunciado el borrado en su 'nube' (sus centros de datos) de cualquier rastro de este spyware. Pero él parece estar a cosas más importantes.

5) Responsabilidades: espionaje, control y transparecia

Hoy en día estamos asediados por la vigilancia, tanto en el mundo real como en el digital. Y cada vez es más difícil detectar las intrusiones en la privacidad, que sigue siendo un derecho fundamental. Investigaciones como ésta ponen de relieve el grado de sofisticación al que están llegando los sistemas de vigilancia que, en este y otros muchos casos, son desarrolladas por compañías privadas.

El insuficiente control y la falta de transparencia de estos productos hacen que puedan ser usados para fines ilegítimos —algo parecido a lo que pasa en el mercado de las armas—, tanto por parte de los estados como desde grupos criminales de todo tipo. Como siempre cuando se destapa algo así, en realidad lo preocupante es lo que no sabemos. Por tanto, es importante exigir la máxima transparencia a nuestros representantes públicos.

De momento, la Justicia francesa ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de dos periodistas de Mediapart, cuyos teléfonos móviles podrían estar siendo espiados por Marruecos. Hay un millar de franceses o residentes en Francia que aparecen en las listas de teléfonos que pudieron ser también infiltrados por Pegasus, y varios de ellos también han anunciado que lo denunciarán a la Justicia, informa EFE.

Mientras, la reacción de NSC Group ha sido negar con rotundidad todo lo que revela este nuevo informe; En un comunicado, la empresa expresa a través de su abogado que la información publicada "no tiene base fáctica" y que los datos utilizados "se basan en una interpretación engañosa de datos de información básica accesible y abierta, como los servicios de búsqueda de HLR [Home Location Register, la base de datos principal de información de suscriptor permanente para una red móvi], que no tienen relación con la lista de objetivos de los clientes de Pegasus o cualquier otro producto".

"Estas acusaciones son tan escandalosas y están lejos de la realidad, que NSO está considerando interponer una demanda por difamación", amenaza el escrito, para puntualizar que su tecnología no está asociada al "atroz asesinato" del periodista Jamal Khashoggi y remarcar que la empresa israelí "vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de gobiernos examinados con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas".

20/07/2021 22:21 Actualizado: 21/07/2021 10:21

Por Pablo Romero@pabloromero

Miércoles, 17 Marzo 2021 05:52

Coto a los gobiernos que espían

Coto a los gobiernos que espían

El CyberPeace Institute (Instituto de Paz Cibernética) ha denunciado la creciente actividad y los escasos controles de empresas que comercializan software espía, a los que llega a calificar de "mercenarios". Desde este organismo critican duramente que, pese a las excusas por parte de estas compañías de que únicamente venden estas aplicaciones a gobiernos para ayudarles a combatir el crimen y el terrorismo, el número de casos en los que se viola indiscriminadamente la privacidad y se vulneran Derechos Humanos (DDHH) se dispara.

Pegasus, uno de los software espía más extendidos que desarrolla la empresa israelí NSO Group Technologies, tiene en su haber incontables violaciones de DDHH, habiendo sido utilizado por diferentes gobiernos contra periodistas, activistas y cualquier otra persona que, sin suponer una amenaza para la ley, sí eran voces contrarias a esos Ejecutivos.

Tal y como señala el CyberPeace Institute, estas malas prácticas son las que llevaron a WhatsApp a demandar en 2019 a NSO Group, tras asegurar que al menos 1.400 de sus usuarios fueron atacados con Pegasus. Basta una llamada telefónica a través de WhatsApp, incluso sin que ésta sea atendida, para instalar el software malicioso. A partir de ahí, Pegasus se haría con el control completo del teléfono móvil, pudiendo acceder a todo su contenido, geolocalizarlo, utilizar la cámara y el micrófono, etc.

Este es el motivo por el que la presidenta del CyberPeace Institute, Marietje Schaake,  demanda una legislación más restrictiva en el uso de este software espía. Compañías como Microsoft, Google, Cisco y LinkedIn, así como organizaciones como Amnistía Internacional o Access Now se han sumado a la demanda de WhatsApp.

NSO Group es la punta del iceberg de un mercado que mueve 12.000 millones de dólares al año; a la israelí se suman otras compañías que desarrollan este tipo de software, como Gamma Group (Reino Unido-Alemania); Memento Labs, conocida previamente como Hacking Team (Italia); Dark Matter (Emiratos Árabes Unidos) o Intellexa (Chipre), entre otras.

La opacidad con operan este tipo de compañías es absoluta, con la connivencia de los diferentes Gobiernos, pues no debe perderse de vista que para que sea posible un negocio mil millonario han de existir compradores. Para ocultar su rastro, las desarrolladoras de software espía acostumbran a operar con redes de empresas ficticias.

Se cargan las tintas contra gobiernos como el de Vietnam –Amnistía Internacional acaba de iniciar una campaña-, Bahrein, Marruecos o Arabia Saudí (con el caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi como ejemplo), pero también están en cuestión el uso del software espía que realizan gobiernos considerados más democráticos. De hecho, el Citizen Lab canadiense, elaboró una investigación en 2018, llegando a detectar el software espía hasta en 45 países:

Argelia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Grecia, India, Irak, Israel, Jordania, Kazajstán , Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, México, Marruecos, Países Bajos, Omán, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tayikistán, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zambia.

Más recientemente y en respuesta a un requerimiento de la ONU, el Citizen Lab revelaba como hasta 25 países serían clientes sólo de NSO Group a través de sus numerosas empresas pantalla, utilizando el software espía para vulnerar la privacidad de periodistas, rivales políticos o activistas de DDHH, dentro y fuera de sus fronteras. El organismo canadiense es claro al afirmar que "los gobiernos, incluidos los Estados que generalmente se consideran respetuosos de los derechos y con un Estado de Derecho adecuado, también pueden implementar estas tecnologías en ausencia de transparencia pública y marcos legales apropiados calibrados a la naturaleza intrusiva de estas tecnologías".

España no escapa de la mancha del uso de software espía sin transparencia ni control. En 2015 y después de que fuera hackeado el hackeador, se reveló que tanto el CNI como la Policía Nacional fueron clientes de la italiana Hacking Team, precisamente, en tiempos de las cloacas del Estado con Jorge Fernández Díaz (PP) como ministro del Interior, hechos que aún están investigándose en sede judicial.

 Por, David Bollero

17 marzo, 2021

Publicado enSociedad
Cuatro amigos usan sus teléfonos móviles en la calle.KARRASTOCK / Getty Images

Dos científicos dicen haber encontrado la forma de que las operadoras no tengan que conocer la ubicación de los dispositivos. La propuesta se suma a otras que tratan de cambiar la arquitectura para salvaguardar la privacidad

 

Las operadoras móviles saben en todo momento dónde estamos. Necesitan conocer con precisión nuestra ubicación para poder redirigirnos las llamadas y prestarnos sus servicios. La cuestión es que algunas operadoras venden los datos así recopilados –se supone que debidamente anonimizados– a data brokers, compañías que se dedican a cruzar bases de datos para hacer perfilados de la población y poder segmentar mejor la publicidad.

No hay nada que el usuario pueda hacer para evitar ser localizado. Desactivar el GPS, por ejemplo, es inútil: las operadoras trazan nuestra posición mediante otros métodos. Si no lo hiciera, el sistema no funcionaría.

¿Pero y si eso no fuera exactamente así? ¿Y si no fuera imprescindible que las operadoras deban conocer nuestra ubicación para que la arquitectura móvil opere correctamente? Eso es lo que proponen dos científicos estadounidenses: Paul Schmitt, de la Universidad de Princeton, y Barath Raghavan, de la Universidad de California del Sur (USC). El sistema que han ideado consiste en que las operadoras asignen a cada terminal un valor abstracto no relacionado con el número de teléfono ni con el nombre de su dueño. La identificación se realizaría con un sistema de tokens (o fichas virtuales) que requeriría un servicio externo para apoyar la operativa.

“Desde el punto de vista académico, la idea puede ser interesante porque propone soluciones al hecho de que las operadoras no te puedan seguir”, opina Víctor Gayoso, miembro del grupo de investigación en Criptografía y Seguridad de la Información del ITEFI (CSIC), “pero tiene tantas limitaciones y exigiría cambiar tanto el modelo de uso actual de la telefonía móvil que no parece práctico”.

Al margen de las complicaciones técnicas, el valor del trabajo de Schmitt y Raghavan –en proceso de revisión para su publicación– es que cuestiona la inmutabilidad del sistema. Así lo cree la filósofa Carissa Véliz, autora de Privacy is Power (Bantam Press, 2020). “El modelo muestra que las cesiones de privacidad se están dejando de ver como algo inevitable. La máxima de que para que todo funcione tiene que haber una gran recolección de datos, de que si quieres tecnología tienes que dar información personal, ya no nos la creemos”, reflexiona.

Cómo nos ubican las operadoras

Las operadoras móviles saben en todo momento a qué estación base –la antena que radia en una zona de cobertura– estamos conectados. Con medidas de potencia, pueden determinar la distancia entre cada terminal y la antena. Resulta, además, que las zonas de cobertura suelen estar sectorizadas: se ponen varias antenas por zona, de manera que mejora el servicio y también la precisión con la que se puede ubicar cada terminal. El objetivo es llegar a localizar con un margen de error de un metro, lo que permitiría saber hasta en qué planta de un edificio se encuentra el usuario.

El despliegue del 5G aumentará todavía más la precisión de la localización de los móviles. “Con el 5G, solo nos conectaremos a una torre a la vez, y estas estarán en todas partes, por lo que las antenas tendrán un rango de distancia mucho más corto y nuestro operador móvil podrá determinar nuestra ubicación y trazar el camino que tomemos con mucha más precisión”, explica Manuela Battaglini, abogada experta en ética de los datos y CEO de Transparent Internet.

 “La arquitectura de la telefonía móvil se nutre de una era pasada en la que las medidas de privacidad eran menores, los proveedores estaban altamente regulados y centralizados, había pocos usuarios de móviles y los ecosistemas de data brokers estaban subdesarrollados”, señalan Schmitt y Raghavan en su artículo. “En los últimos años se ha documentado extensamente que las operadoras han estado vendiendo de forma rutinaria datos sobre la localización y metadatos de las llamadas de centenares de millones de usuarios. Como resultado, en muchos países cualquier usuario de móvil puede ser físicamente localizado por cualquiera por unos pocos dólares”.

¿Una solución o más problemas?

Arturo Azcorra, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y director de IMDEA Networks, coincide en que la propuesta es difícil de llevar a la práctica. “Es una idea interesante, que podría ser que se implante en un momento dado, si hubiera la suficiente presión social a las operadoras. Yo lo veo complicado. Haría el sistema un poco más caro y complejo, aumentando algo el coste de operación”, subraya.

“Creemos que el sobrecoste sería insignificante, en tanto que los cambios se aplicarían enteramente en el software”, argumentan Schmitt y Raghavan por correo electrónico. “De hecho hemos sido capaces de prototipar el modelo con pequeñas modificaciones en un teléfono móvil de código abierto. Creemos que podría ser fácilmente implementado por la mayoría de operadoras”, zanjan.

Gayoso, del CSIC, sigue sin verlo operativo. “Cualquier operador móvil tiene muchos datos personales. Pero el hecho de que vendan datos de localización a otras empresas, que eso está por ver, se soluciona con legislación. Se puede establecer que el único caso sea cuando un juez te lo pida. Cambiar la arquitectura técnica cuando es más sencillo hacerlo de otra forma es matar moscas a cañonazos”.

Lo importante, insiste Véliz, es que la comunidad científica está trabajando en soluciones para minimizar la vulneración de nuestra privacidad. Por ejemplo, con sistemas de encriptado por capas similares a TOR. “Al final se trata de complicar los flujos de datos para que no sea evidente quién hace qué. Si tu operadora realmente quiere identificarte, puede hacerlo. La cosa es que no sea automático, que le cueste trabajo. Que no lo pueda hacer automáticamente”.

Por Manuel G. Pascual

01 mar 2021 - 07:55 UTC

Publicado enSociedad
La libertad de expresión y su policía digital

¿Qué hacer con una red que prometía democratizar las comunicaciones, descentralizar del poder y mejorar el acceso universal al conocimiento, y que hoy parece capaz de alterar la convivencia social, agrietar la política y distorsionar la economía? Estas y otras preguntas se acumulan en estos tiempos y tomaron una acuciante actualidad tras la decisión de Twitter de suspender de manera permanente la cuenta de Donald Trump.

 

Si un presidente habla pero las vías para ser escuchado por la sociedad impiden su expresión, ¿realmente habla? Esta variable del famoso kōan zen bien puede aplicarse al bloqueo sufrido por el ex-presidente Donald Trump en el tramo último de su mandato por parte de las grandes plataformas digitales Facebook, Google y Twitter, que sumó la prohibición de Apple, Amazon y nuevamente Google de descarga para la app de la red social Parler, un foro de extremistas de derecha, supremacistas y otras tribus que encontraron en Trump un genuino vocero.

Cómo y bajo qué reglas circulan los discursos, quién puede escucharlos y cuáles son los límites de lo decible son cuestiones que remiten a la esencia de una democracia. Si a la circulación de ideas y opiniones se le imponen peajes arbitrarios, sea a través de controles gubernamentales, de corporaciones privadas (tema que no suelen contemplar los indicadores de «calidad democrática») o de sistemas mixtos de vigilancia, la capacidad de acceder y participar de los debates y decisiones públicas se resiente.

Después de capitalizar el frenesí autoritario de Trump y su incontinencia comunicacional, las plataformas digitales bloquearon sus posteos, en un giro respecto de la apacible tolerancia que tuvieron con él cuando llamó a fusilar a quienes protestaban por el asesinato de George Floyd en manos de la policía para recordar que «las vidas negras importan». Entretanto, Trump perdió las elecciones generales, y los republicanos, el control de las dos cámaras del Congreso. El giro de la política de las plataformas es copernicano: si bien hubo casos de intervención de estas en otros procesos políticos –en varios países latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Cuba o México–, es la primera vez que la coordinación de los gigantes de internet aísla a un jefe de Estado y a sus millones de seguidores. A menos de un año del juramento de defensa radical de la libertad de expresarse del entonces presidente Trump hecho por Mark Zuckerberg (Facebook) y Jack Dorsey (Twitter), las plataformas profanan una de las utopías del credo liberal.

Las fisuras del ecosistema de información y comunicaciones quedaron al desnudo. Un puñado de empresarios y ejecutivos de Silicon Valley decidieron, de manera unilateral, cancelar la expresión del presidente de Estados Unidos. Con ello abrieron la puerta a una discusión que, si bien animaba a especialistas, hasta ahora no había concitado la atención pública ni tenía lugar en la agenda de líderes mundiales. Este enero las cosas cambiaron. Las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugieren una nueva tendencia: «las interferencias en el derecho de expresión no pueden ser basadas solamente en reglas internas de una empresa» sino que «es necesario un conjunto de reglas y leyes para decisiones de tal efecto», dijo la política democristiana, anteriormente ministra de varias carteras en Alemania.

La interferencia discrecional, opaca e inapelable de contenidos públicos –tal es el caso del discurso de un presidente– y la censura privada de expresiones protegidas por los estándares de libertad de expresión son dos de las múltiples cabezas de una creación que es al mismo tiempo producto de los sueños de la razón y de la evolución científica anabolizada con inversiones estatales y privadas. Del anhelo de arribar a una nueva esfera de democracia directa comparable al Ágora ateniense que profetizó Al Gore en la Asamblea de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones en Buenos Aires en 1993, cuando internet se abría al uso civil y comercial tras un cuarto de siglo de funcionalidades militares y científicas, a la plataformización protagonizada por conglomerados globales que mercantilizan los datos de miles de millones de usuarios y generan anomalías según cualquier perspectiva que se adopte sobre defensa de la competencia, media otro cuarto de siglo, y un poco más.

¿Qué hacer con esta red cincuentona que prometía democratizar las comunicaciones, descentralizar los nodos de poderes y controles coercitivos o mejorar el acceso universal al conocimiento, y que hoy es vista por connotados líderes políticos como la Hidra de Lerna, cuyo aliento venenoso es capaz de alterar la convivencia social, agrietar la política y distorsionar la economía?

Para aproximar una respuesta a la pregunta del momento, es necesario reconocer las mutaciones de la libertad de expresión en la etapa actual de expansión global de las plataformas. En primer lugar, es claro que no hay expresión libre si no hay, a la vez, recursos para expresarse. El derecho a la expresión es una abstracción si no contiene el acceso a los recursos imprescindibles para confirmar la expresión en acto. Uno de los mayores expertos en el tema, Owen Fiss, dedicó parte de su obra a enfatizar que la desigualdad en el acceso a recursos materiales que estructura a las sociedades en ricos y pobres tiene su correlato en las condiciones en que unos y otros pueden ejercer su derecho a la expresión.

El derecho a la expresión comprende no solo la posibilidad de emitir ideas y noticias «por cualquier medio de expresión», como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también el acceso a las ideas y noticias de terceros y la facultad de investigar. Si no median políticas que corrijan o compensen las desigualdades estructurales, las probabilidades reales de concretar el derecho a la expresión por parte de los sectores con menores recursos se diluyen.

En segundo lugar, es preciso ponderar el lugar social que hoy ocupan las plataformas digitales, en particular las llamadas «redes sociales». Si durante siglos las industrias culturales fueron las instituciones que producían y distribuían masivamente las ideas y opiniones, y si durante el siglo XX los medios electrónicos, junto a la prensa masiva, operaron como auténticos guardianes de la palabra y del entretenimiento a gran escala, hoy esas funciones migraron hacia las plataformas digitales. Es decir que el lugar social donde ocurre el encuentro entre la noticia opinada y su público, donde las personas conversan acerca de los temas de interés y donde los vendedores y consumidores transan sus productos y servicios, son centralmente –y crecientemente– las plataformas digitales.

Tan constituyente de las conversaciones públicas es el espacio de las plataformas digitales que los líderes políticos, las principales empresas y los referentes sociales son intensivos usuarios de ellas. La interpelación a la ciudadanía por parte de unos, a los consumidores, usuarios y audiencias por parte de otros, quedaría muy resentida si no aprovecharan, con estrategias variopintas, el potencial de las redes que, a diferencia de la lógica de los medios tradicionales, es simultáneamente masivo y personalizado. El alcance global, la ubicuidad y el volumen de las plataformas, junto con su extremo nivel de concentración en unas pocas corporaciones, las ubican como epicentro de las comunicaciones contemporáneas.

Retomando entonces a Fiss, hoy las plataformas son recursos imperiosos para ejercer el derecho a la expresión, para lo cual es preciso acceder a una buena conexión de internet, además de tener las capacidades, los dispositivos y el tiempo indispensables para ejercitar ese derecho como si fuera un músculo. Si las reglas de las plataformas, espacio privilegiado donde ocurren las interacciones comunicativas, informativas y comerciales, son opacas, discrecionales o herméticas; si no respetan el debido proceso que define un procedimiento respetuoso de los principios de derechos humanos, entonces el problema del ejercicio de la expresión se agrava. Por el contrario, si los criterios –es decir, la regulación– de las redes digitales fuesen democráticos, accesibles y justos, si contemplaran mecanismos de apelación y auditoría, disminuiría la desigualdad en la aspiración a que el derecho a la expresión se garantice.

«Si no te gusta Facebook, abre un blog» es una cándida respuesta a quienes observan el poderío de las grandes compañías de internet. Pero ¿hay alternativa a las plataformas dominantes en los intercambios digitales? En las circunstancias actuales, la respuesta es negativa. En efecto, las principales redes operan como barreras de entrada casi imposibles de sortear, siendo además, según la Autoridad de la Competencia y Mercados del Reino Unido, un obstáculo para la innovación y un peso para usuarios y consumidores.

Las plataformas concentran mercados masivos de usuarios (Facebook, que cumplió 17 años, supera los 2.400 millones) que ceden gratuitamente sus datos (contactos, rutinas, localización y preferencias). Pero gracias a los efectos de red de la economía digital y a su escala alcanzada, las plataformas son simultáneamente un peaje obligado para que productores de contenidos (sean industriales, como los medios de comunicación o el cine; o artesanales, como los creadores de música, literatura y obras audiovisuales) y anunciantes se encuentren entre sí y con sus audiencias. 

Esa posición es fruto del talento, sí, y también de la oportunidad de haber llegado a tiempo, de las fusiones y compras de compañías innovadoras emergentes que podrían representar una competencia, y de una regulación sumamente permisiva con la monopolización lubricada por el mayor lobby registrado en los últimos años. Los abusos de posición dominante en este cuello de botella están documentados por autoridades de la competencia en Europa y América del Norte y son el meollo de denuncias presentadas por fiscales de casi 50 estados en Estados Unidos contra Google y Facebook. Por eso, a menos que cambien las circunstancias (por ejemplo, que empiecen a aplicarse las normas antimonopolio), cualquier competencia emergente que amenace el poder de las plataformas tiene muy pocas posibilidades de prosperar sin ser fagocitada por las big tech, ya sea a través de compras (WhatsApp) o del desarrollo de funcionalidades que imiten las del competidor emergente (Snapchat).

Puesto que canalizan la comunicación pública y las interacciones privadas, y que no tienen competencia en la «economía de la atención», las reglas discrecionales que imponen las plataformas respecto de lo que puede o no decirse en ellas afectan el derecho a la libertad de expresión. La edición de sus algoritmos –cambiantes, opacos, desproporcionados e inauditables– define la suerte o la desgracia de empresas, organizaciones y personas que dependen del contacto con usuarios o consumidores y de un día para el otro, sin aviso previo, ven que el vínculo que habían creado se les va de las manos como arena seca con un simple cambio de programación decidido en Silicon Valley.

Las plataformas no son solo la vitrina de exhibición de comentarios generados por sus usuarios, sino también editoras que promueven una mayor exposición de estos jerarquizando su ubicación, destacando su acceso o, como contracara, limitándolo hasta removerlo. También han alentado la difusión de contenidos radicales para promover la permanencia de los usuarios en burbujas que funcionan como un feedlot de polarización, como mostró <span class="s2">.

Lo que han hecho con los mensajes de Trump y, en el extremo, con el bloqueo de sus cuentas, o la censura a la fotografía de valor histórico de «la niña del napalm», se repite a diario con posteos censurados sin que sus autores sepan el motivo ni puedan apelar la decisión unilateral de las big tech. En algunos casos, los contenidos removidos son reclamos sobre violaciones a derechos humanos, en otros, campañas de bien público (como la vacunación) u opiniones perfectamente legales.

Las plataformas ya no son intermediarias asépticas, sino editoras del debate social con un alcance que supera al de los medios de comunicación tradicionales. Básicamente, porque estos no conocen a su público con el nivel de precisión que sí tienen las plataformas que, además, monopolizan la explotación comercial de sus datos y condicionan desde los precios de la economía hasta la agenda de discusión política. Incluso desde el punto de vista legal (que no es el que ensaya este artículo) los medios cargan con un peso mayor que el de las plataformas digitales en cuanto a la responsabilidad ulterior por sus decisiones editoriales.

El poder que han concentrado las big tech llama la atención del estamento político en todos los países de Europa, con prescindencia de si se trata de una líder de centroderecha como Angela Merkel, un socialdemócrata como Pedro Sánchez o un conservador como Boris Johnson. La retórica libremercadista que fomentó la plataformización corporativa de internet no solo engendró monopolios que contradicen cualquier noción de competencia económica, sino que además afecta derechos (como la libertad de expresión) inalienables de la vida democrática. La guía propuesta por la Comisión Europea en diciembre pasado para que las plataformas aclaren públicamente los criterios de priorización de sus algoritmos pretende alinear ambas cuestiones (democracia y no distorsión de mercados) en una misma dirección.

La autoatribución de la facultad de cancelar de facto y sin derecho a defensa a un presidente legítimo, sin que medie una orden judicial o un pronunciamiento de otros poderes democráticos como el Congreso o agencias regulatorias creadas por este, es una representación cabal del rol de policía que esta vez descargaron contra un Trump derrotado en las elecciones, pero en esta acción anida una discrecionalidad, una opacidad, una ausencia de mecanismos elementales de apelación, de rendición de cuentas y de representación social que socava las formas elementales del Estado de derecho.

Varias razones habilitan a cuestionar el bloqueo dispuesto por las plataformas contra Trump: primero, porque cercenaron la palabra del representante de una corriente de opinión; segundo, porque obstruyeron el acceso de la sociedad a la expresión de un presidente legítimo; tercero, porque las plataformas se autoasignaron el rol de controladoras del discurso público y, con este antecedente, les resultará complejo desentenderse de las consecuencias políticas y legales correspondientes, incluida la evidente función editorial de la que tanto han renegado hasta ahora; cuarto, porque se arrogaron de facto facultades que corresponden a poderes públicos en una democracia, es decir que si Trump efectivamente era una amenaza a la convivencia y su incitación a la violencia fue dañina, entonces correspondía que los poderes instituidos y legitimados (poderes Judicial y Legislativo) adoptasen las medidas pertinentes, incluyendo el recorte de los espacios de difusión del primer mandatario; quinto, porque al presentarse como una suerte de atajo ejecutivo y veloz para decisiones que deberían tramitarse por las vías institucionales de una democracia, las plataformas se ofrecen como un sustituto posible para cuestiones que son muy ajenas a su competencia, al tiempo que sustraen de la esfera pública otras que no solo le son propias, sino que le son constitutivas.

Como reflexionan Andrés Piazza y Javier Pallero en Cenital, la cuestión central hoy es quién modera a los moderadores de contenidos, quién regula a los reguladores del discurso y quién los controla. Las restricciones al derecho a la libertad de expresión no pueden ser fruto de la evaluación impulsiva de corporaciones dueñas de las plataformas que alteran su algoritmo al calor de intereses particulares o de presiones externas para disminuir las operaciones de desinformación, la difusión de mensajes de odio o el alcance de las llamadas fake news.

Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, el sonido queda anulado. Si la conversación pública es escamoteada por las plataformas como policía privada de los discursos públicos, la libertad de expresión resulta ultrajada.

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