Una niña con una mascarilla protectora juega en los terrenos de una urbanización en el distrito de Kowloon en Hong Kong, a 31 de enero de 2020. — Philip Fong / AFP

La hibernación en las compraventas durante la Gran Pandemia ha dado lugar a un nuevo boom inmobiliario, con encarecimientos desconocidos en décadas y, sobre todo, movimientos de reivindicación de viviendas a precios justos.

25/10/2021 07:27

 

Por si los tambores de estanflación no se escucharan con suficiente fuerza por los mercados de capitales y los centros económicos y de investigación del planeta por la escalada de los precios de la energía, otra réplica acústica importante y de elevada tensión social, el encarecimiento de la vivienda empieza a sonar con insistencia. El acceso a una vivienda a costes asequibles es cada, vez más, una quimera; muy en especial, para las generaciones más jóvenes. Ante una oleada de subidas que se propagan por una riada de ciudades de todas las latitudes. Una reciente nota a inversores de JP Morgan alertaba del calentamiento de los mercados inmobiliarios y dejaba caer este sentimiento de creciente escalada reivindicativa.

Los precios globales de la vivienda se han disparado, "después del primer trimestre del año, hasta cotas desconocidas en cuatro décadas", dicen en la sala de máquinas de este banco de inversión, desde donde se resalta que, en EEUU, a finales de septiembre, el malestar ha saltado ante las dificultades de oferta de viviendas a unos precios asequibles. Tras las compras masivas de los primeros meses de la epidemia por parte de propietarios con altos ingresos. El descontento civil –aseveran en JP Morgan– es el más intenso desde 1982. Pero la descompensación y el desorden del mercado –otro caso de desequilibrio en la oferta y la demanda, como ocurre con la electricidad, desde el circuito mercantil del gas– se han agudizado en economías como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Alemania, Corea del Sur o Turquía. Todos con señales inflacionistas.

El siguiente capítulo, el que sigue a las escaladas de precios en los inmuebles, es el de la protesta ciudadana. Inmediatamente después de duros y largos confinamientos sociales y de una pérdida generalizada del poder adquisitivo. Más eventual que el que siguió al credit crunch de 2008 pero cargado, a medida que avanza el despegue de la actividad, de incertidumbres. Así lo explica a Business Insider el analista de HousingWire en el mercado estadounidense, Logan Mohtashami, para quien el asunto esencial es que no hay suficientes casas en un momento en el que los tipos de interés y, por ende, las hipotecas, están en niveles históricamente bajos. Esta subida artificial, derivada de un déficit de promociones y de falta de dinamismo en el mercado de segunda mano, está alterando a los compradores: "Construir es la solución mágica" –dice–, aunque alerta de que "a los constructores no les importa el cuello de botella de la vivienda, como siempre; de hecho, nunca les va a generar preocupación alguna". Motivo por el que Mohtashami también cree que los conatos actuales de reivindicación social a los gobiernos en defensa de una vivienda a precios dignos es la consecuencia lógica de que las leyes de los mercados inmobiliarios están regidas por constructores, intermediarios y vendedores. "Necesitan un ajuste estructural", admite.

En algunas grandes capitales, como Fráncfort, Toronto o Hong-Kong, ya en situación de elevado riesgo de burbuja antes de la Gran Pandemia, "se han amplificado los peligros de estallido, por la expansión de sus precios y de su radio de acción territorial", reconocen en UBS Global Estate. Dentro de una coyuntura general de crecimiento de precios en el mundo, explican sus expertos en su Bubble Index 2021. Su diagnóstico está dirigido a los inversores, a los que les recomienda "considerar alternativas", ante la creciente amenaza de precios, que están mostrando una gran elasticidad para alejarse de valores asequibles, no sólo por la irrupción del trabajo en remoto y pese a los bajos costes financieros y las expectativas de ganancias de los propietarios, que siguen al alza, explica en un editorial el equipo de UBS.

Esta compleja comprensión del escenario de los mercados de la vivienda también ha sido motivo de análisis por parte de The Economist. El seminario británico avisaba hace unas fechas de que los desembolsos en las compraventas de inmuebles "son demasiado elevados". Al menos, en la mayor parte de las grandes ciudades de las economías de rentas altas. Aunque su radiografía se ciñe más al mercado EEUU, donde el patrimonio inmobiliario supera los 34 billones de dólares, una suma casi similar a la del PIB conjunto estadounidense y chino. Y sólo en 2020, durante la epidemia, se cerraron acuerdos por 1,5 billones, en montante de la economía española. Buena parte de este dinamismo se produce, además, de forma sorprendente, pese al alambicado y caro –"extraordinariamente caro", recalca– proceso de compraventa. Dado que las comisiones de los distintos agentes inmobiliarios alcanzan entre el 5% y el 6% del valor de la propiedad. El triple que la media del resto de potencias industrializadas. Y el mantenimiento, a pesar de los avances tecnológicos, de unas labores de intermediación que deberían empezar a ser prescindibles en un mercado ampliamente digitalizado. Aun así, estos agentes lograron una cuenta de resultados de 75.000 millones de dólares, el 0,4% del PIB. En el segmento inmobiliario, las viejas formas de hacer persisten. Todavía hay más de 2 millones de ellos, lo que merma la competitividad en el sector.

Inicio de un descontento social en las grandes urbes

Todo ello ha suscitado las primeras protestas sociales. Con la coyuntura económica en un estado crítico por los cuellos de botella de abastecimiento global, la interrupción de flujos comerciales e inversores o los nuevos retrasos de los millennials para acceder al mercado de la vivienda. Por un elemento nuevo: la contracción de la oferta. Lo que ha llevado a una cierta preocupación en los gobiernos. Con cambios regulatorios en ciudades como Berlín, en países como España, con un cambio de paradigma normativo en ciernes o, incluso en EEUU. Porque los 3,5 billones de dólares del programa de estímulo de la Administración Biden que se tramita en la actualidad en el Congreso incluye una partida de nada menos que 213.000 millones para garantizar un parque substancial de viviendas a precios asequibles. Además de planes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano para construir más de 2 millones de inmuebles con los que corregir el déficit de 6,8 millones en los que se calcula el desequilibrio entre oferta y demanda. Mohtashami señala el planteamiento de una forma más elocuente: "necesitamos gobiernos que empiecen a ayudar a las personas a adquirir viviendas en vez de gabinetes políticos preocupados por los márgenes de beneficios". Sólo así, "la producción y las decisiones de compra de viviendas confluirán".

En Berkeley (California) se han puesto en marcha un censo limitado de viviendas para minorías étnicas o residentes con alta vulnerabilidad patrimonial. Mientras en Canadá se ha puesto coto a las ventas de casas con fines especulativos, con la pertinente reprimenda de firmas financieras, y en Nueva Zelanda, el gobierno socialdemócrata de Jacinda Ardern, ha impuesto reglas estrictas a los inversores –similares a las de su homólogo canadiense, el liberal JustinTrudeau– y ordenar al banco central incorporar formalmente los precios inmobiliarios en su política monetaria para la fijación de los tipos de interés. Y la ciudad de Berlín, en referéndum, dio validez, por un amplio margen, el pasado 26 de septiembre, coincidiendo con las elecciones federales, a una iniciativa popular (Deutsche Wohnen & Co. Enteignen) por la que se insta a la alcaldía berlinesa –de triple coalición progresista (socialdemócrata, izquierda y verde)– a adquirir apartamentos de grandes propietarios para espolear la oferta con viviendas públicas. La capital alemana podría poner en el mercado, a unos precios asequibles, más de 240.000 viviendas por los efectos de este plebiscito popular.

En UBS también constatan esta tendencia. En su Global Real Estate Bubble Index (GREBI) 2021 se asegura que el repunte de la vivienda en sus 25 ciudades internacionales analizadas fue del 6% en términos ajustados a la inflación, entre mediados de 2020 y el ecuador de este año. El mayor incremento desde 2014. Con tan sólo cuatro de ellas, Milán, París Sídney y San Francisco, en una tasa decreciente. Pero con Moscú, Estocolmo, Sídney y Vancouver en dobles dígitos. Pese a lo cual, la capital rusa, como Madrid, se halla entre las grandes capitales con valoración todavía razonable. Aunque desde julio de 2020 ha alcanzado ya el incremento medio de los últimos cinco años, lo que induce a pensar que la escalada seguirá en los próximos meses.

Riesgos de mercado con tensiones inflacionistas

Por si fuera poco, la crisis de Evergrande podría constreñir el mercado inmobiliario chino, dos veces mayor que el de su rival estadounidense, en el que, irónicamente, el 20% de su parque se encuentra vacío. Es, pues, el caso contrario. Un escenario de exceso de demanda. En el que sólo este emporio chino tiene 1,6 millones de viviendas en sus balances. En medio de una batalla de Pekín por evitar el colapso del conjunto de su sistema inmobiliario, que Goldman Sachs calculaba en 52 billones de dólares en 2019; dentro de un rampante proceso de urbanización, con una tasa que superó el 60% de la población antes de la epidemia, y con un alza exponencial de la demografía de las ciudades. Pero en el que 65 millones de viviendas continúan sin ocupación. Tanto como el censo de Francia.

En este contexto, el FMI también ha emitido un diagnóstico de tenso compás de espera. En su informe de Estabilidad Financiera Global (GFS) de su reciente cumbre otoñal detecta riesgos en la venta de activos bursátiles e inmobiliarios de producirse la retirada de estímulos monetarios. La política ultra-laxa de los bancos centrales –explica Tobias Adrian director del Departamento Monetario y de Mercados de Capital del Fondo– "ha conducido a una exuberancia bursátil y a un incremento del apalancamiento financiero" que podría generar un "desorden" en la cotización de los índices y de los activos, cuando la Reserva Federal y otros organismos de supervisión retiren sus apoyos –programas de compra de deuda soberana y corporativa– y se empleen en subidas de tipos de interés.

"Los shocks podrían aparecer de manera inminente, ya que varios bancos centrales han iniciado ya un endurecimiento más rápido de lo previsto de sus condiciones monetarias", precisó Adrian, quien advirtió, sin tapujos, que "nos preocupa ver ventas masivas de gran magnitud ya que se ha alcanzado un nivel demasiado elevado en la cotización de ciertos valores". Para precisar con posterioridad que, "en los cálculos recientes de los bancos centrales han emergido las presiones inflacionistas como nunca antes se habían visto". Pese a que desde el FMI se descarten episodios de estanflación. Y anticipar finalmente que "el riesgo de desplome en los precios de la vivienda –en especial, en ciudades con un sector sobrecalentado– es significativamente alto". En el peor escenario calculado por el FMI, podrían caer hasta un 14% en las economías de rentas altas en los próximos tres años y hasta en un 22% en los mercados emergentes. En cierto modo, recuerda el estiramiento del ciclo inmobiliario del credit crunch de 2008, explica. Eso sí, con la salvedad importante de que los sistemas bancarios están mucho más saneados que entonces, asevera el director del Departamento Monetario del FMI.

Sin embargo, y a la espera de movimientos de los bancos centrales que hasta ahora se muestran reacios a provocar, el FMI en su blog oficial, asegura que, de momento, los precios siguen al alza. Como resalta su Global House Price Index, donde se registra que las tres cuartas partes de sus más de 60 países analizados experimentaron aumento de precios en 2020. Tendencia que se ha acentuado con los datos más recientes este ejercicio, avisa. Y que contribuirá a prolongar las presiones inflacionistas, admiten sus expertos.

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Fuentes: El diario [Imagen de archivo de varias personas frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER]

 ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ ha logrado que el próximo 26 de septiembre, día de las elecciones generales y de comicios al Ayuntamiento de la capital alemana, los berlineses voten sobre remunicipalizar casas de grandes dueños de vivienda de la ciudad

Los alemanes están llamados a votar el próximo 26 de septiembre en las primeras elecciones de la ya bautizada como era «post-Merkel». Tras 16 años en el poder, la canciller Angela Merkel no se presenta a su reelección. Sin embargo, para los berlineses, ese día 26 de septiembre no sólo será electoralmente importante por suponer una despedida a la todavía jefa del Gobierno alemán.

Los capitalinos germanos también votarán en sus elecciones locales y, además, se pronunciarán sobre la hoy por hoy exitosa campaña ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Esta iniciativa, lanzada en 2019, ha conseguido las firmas de berlineses necesarias para organizar un referéndum en el que se vote sobre si expropiar o no a las empresas que poseen más de 3.000 viviendas en suelo de la capital.

La campaña lleva en su nombre el de la firma inmobiliaria Deutsche Wohnen, que dispone de 110.000 viviendas en la capital alemana. El objetivo de los activistas es hacerse con unos 240.000 pisos hoy en manos de grandes propietarios.

El pasado mes de julio se ponía la fecha del 26 de septiembre para la celebración del referéndum, después de confirmarse que los activistas de la iniciativa habían reunido suficientes firmas para seguir adelante con la votación. Superaron ampliamente, según los datos comprobados por las autoridades, las 183.700 firmas necesarias para organizar la votación.

«Hay detalles técnicos por terminar, pero el referéndum es el 26 de septiembre», dice a elDiario.es Ingrid Hoffmann. La activista de la iniciativa berlinesa menciona algunas responsabilidades de última hora que aún han de asumir ella y sus compañeros de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Por ejemplo: la impresión de folletos sobre el referéndum que tienen que hacer llegar a todos los hogares berlineses.

Hofmann explica que el colectivo también da la batalla con las autoridades para que dejen de afirmar «lo astronómico» que resultará el pago de la indemnización para expropiar las casas de los grandes propietarios. Los periódicos alemanes están estos días llenos de este tipo de estimaciones. La convocatoria también ha llegado al influyente Financial Times. «Mi piso es ahora una commodity», lamentaba la activista Lorena Jonas, una de las promotoras del referéndum, calificada de «campaña radical» por el rotativo británico, que advertía de que las encuestas sugieren que casi la mitad de los berlineses apoyan la iniciativa y esta «podría fijar un precedente para otras ciudades con elevadas rentas».

Quienes más se oponen a esta medida –como Sebastian Czaja, el líder del partido liberal, el FDP– hablan de un coste de no inferior a los 36.000 millones de euros. El Gobierno de la capital sitúa los costes totales en un montante que va entre 29.000 y los 39.000 millones.

Esos números sirven a menudo para transmitir la idea a la población de que el proyecto de Hoffmann y compañía está fuera del alcance de las autoridades berlinesas. Berlín, por muy capital que sea, sigue siendo una ciudad, en el mejor de los casos, con un presupuesto muy ajustado. Pero en ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ defienden que el mecanismo de expropiación no lastrará las cuentas de la capital.

«El presupuesto berlinés no se verá afectado en absoluto», sostiene Hoffmann. «Porque se tiene que crear una entidad pública para reunir los recursos con los que conseguir los 240.000 pisos, emitiendo bonos de deuda. Eso es lo que permite obtener dinero como en un crédito pero sin pedir dinero al banco. Luego, el pago de los alquileres de esos pisos permitirá devolver el dinero», explica la activista. «Esto, nuestros adversarios nunca lo mencionan», abunda la activista en conversación con este medio.

La Constitución como pilar de la iniciativa

Lo que no falta entre los responsables de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ son las referencias al artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que es como aquí se conoce a la Constitución. «La tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden transferirse a la propiedad común u otras formas de economía común con fines de socialización mediante una ley que regule la naturaleza y el alcance de la indemnización», se lee en dicho artículo de la Carta Magna germana.

En caso de que haya mayoría de «sí» en el referéndum, el resultado no implicará directamente la expropiación. La política tendrá que actuar en consecuencia legislando y, por lo que deja ver el Ayuntamiento de Berlín en sus campañas, plasmar en la legislación la expropiación no será sencillo. Sólo el partido Die Linke, el que está situado más a la izquierda del espectro parlamentario alemán, apoya a las claras la iniciativa.

En el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la formación del actual alcalde de Berlín, Michael Müller, y de la favorita a ganar la carrera al Ayuntamiento berlinés, Franziska Giffey, no contemplan la expropiación. En Los Verdes, el segundo mayor partido progresista, hablan de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ como un «último recurso» ante la tensa situación del mercado inmobiliario de la capital alemana.

Precios al alza, carestía de vivienda y fusiones de grandes empresas

Berlín, ciudad gobernada por una coalición de izquierdas liderada por el socialdemócrata Müller, es de las ciudades donde más suben los precios del alquiler, según un reciente estudio de la plataforma inmobiliaria de internet Inmmoscout24. En la subida que se registrará en la capital en 2022, del 5,7%, según las estimaciones de ese portal, jugará un papel importante que se declarara inconstitucional por motivos competenciales la conocida como ‘Ley de Tope al alquiler‘. La normativa consiguió bajar los alquileres considerados excesivos.

Con esa medida, que Die Linke y Los Verdes quieren ver aplicada en todo el país y no sólo a una ciudad o región, las autoridades berlinesas trataron de hacer frente a la situación de carestía habitacional que se vive en la capital teutona. Se estima que al año hacen falta en Berlín 40.000 nuevas viviendas. En 2020 se construyeron 16.000 cuando se querían levantar 20.000. En general, Alemania no construye lo suficiente. De ahí que en la prensa económica se considere que el Gobierno de la ‘gran coalición’ de Merkel ha fracasado en materia de vivienda.

Este es el contexto en el que ha surgido ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ y en el que también Deutsche Wohnen y Vonovia, dos de los grandes actores del mercado inmobiliario alemán, quieren fusionarse. Si eso ocurre, la activista Hoffmann considera que no será una traba para su iniciativa. «Llevan ya tres intentos para fusionarse. A lo mejor, juntas, esas empresas se sienten más seguras formando una empresa más poderosa aún. Pero para nosotros, en una expropiación, que dos empresas pasen a formar una significa menos papeleo» destaca con sorna.

Ella confía en que el 26 de septiembre, en una jornada en la que se votará para reconfigurar el Bundestag, el Gobierno federal y el Ayuntamiento berlinés, haya una alta participación. Según sus cuentas, a partir de una participación del 70%, ganará el «sí» en el referéndum de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’.

Por Aldo Mas | 19/08/2021

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Holanda aprueba una ley para limitar el precio de los alquileres

Conservadores y laboristas apoyan una medida que impide subir los precios de los alquileres durante tres años. Solo los partidos de ultraderecha se han opuesto a la regulación.

 

En los próximos tres años, los inquilinos holandeses estarán protegidos contra los aumentos de los precios del alquiler, en un contexto de crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus. Las rentas del sector privado solo podrán incluir el aumento de la inflación y un incremento de un 1%. 

La ley fue presentada por el diputado laborista Henk Nijboer en el Congreso el 9 de febrero pasado y contó con el apoyo de todas las formaciones políticas a excepción de los ultraderechistas Foro para la Democracia (FvD, en neerlandés) y el partido de Henk Otten, fundador de FvD y recientemente escindido de esta organización neofascista. La medida fue finalmente aprobada por el Senado este 23 de marzo.

La nueva ley afectará a medio millón de viviendas, aquellas cuyo alquiler supere los 750 euros mensuales, según publicó el diario holandés Het Parool. El pasado año, 87.000 inquilinos se enfrentaron a un aumento del precio del alquiler que con esta nueva ley aprobada serían ilegales.

El gobierno de centro derecha de Mark Rutte ya había propuesto en mayo de 2020 limitar el aumento de los alquileres a un 2,5%, una propuesta que resultó insuficiente para la oposición laborista. La presión de la izquierda en el Parlamento ha conseguido sacar adelante una ley que supone una inflexión en la política de vivienda en los Países Bajos: hasta ahora los límites al aumento de los precios solo se aplicaban a la vivienda social. 

Junto con esta medida, el Senado ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de ley que afectan a los alquileres y entrarán en vigor en 2022. Entre las medidas recogidas, se incluye una vía para que los propietarios puedan hacer descuentos temporales antes problemas económicos de los inquilinos y otra que vincula los ingresos de los inquilinos a los precios del alquiler: los propietarios podrán subir más el precio del alquiler a los inquilinos que tengan ingresos más altos. 

Redacción El Salto

25 mar 2021 12:53

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A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.

Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.

Visto en esos términos, el ensayo del "presidente encargado" es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", del cual no ya casi no se tiene memoria, o la "fiscal general en el exilio", sin trascendencia.

Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.

También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?

Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.

Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.

El despojo

"En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando", explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como "presidente encargado". El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó "para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU".

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó "todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU". El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.

Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.

El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.

CITGO

La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.

Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.

Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Guaidó puso al frente de la "Procuraduría General" de su "Gobierno", es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.

Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de "bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela".

Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al "Gobierno de Guaidó" para tramitar los arbitrajes.

Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.

Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.

El oro

El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al "Gobierno interino de Guaidó" negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.

La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su "embajadora", Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.

Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.

El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.

La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

"El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra", explica María Alejandra Díaz.

Guayana Esequiba

La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. "El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899".

El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela "conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana".

"Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí", explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: "detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima".

Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.

Los tiempos

¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como "presidente encargado" fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.

En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.

Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.

Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.

¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.

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Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global

«Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Los efectos de la rápida expansión de la agricultura industrial a gran escala para producir aceite de palma y otros productos agrícolas básicos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Está obligando a las personas a abandonar sus tierras y destruyendo los medios de subsistencia de millones de personas, al tiempo que contribuye al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción del medio ambiente. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala por los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.


El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala


El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer la inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para el 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.


Entre estos esfuerzos, el Banco lanzó en 2013 el proyecto Facilitando los Negocios en la Agricultura (EBA, por sus siglas en inglés) a solicitud del G8, como una de las llamadas “acciones facilitadoras” para la nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición que se formó en ese momento. El objetivo de la EBA es ayudar a crear “políticas que faciliten el hacer negocios en la agricultura y aumente el atractivo de las inversiones y la competitividad de los países”. Para lograr esto, la EBA identifica las “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas de políticas para eliminarlos. Bajo la guía del Banco Mundial, los gobiernos deberían, por ejemplo, reducir las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios, es decir, fertilizantes y pesticidas. Inicialmente centrado en 12 áreas temáticas, incluidas semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, el último informe de la EBA, publicado en 2017, presentó un nuevo indicador: la tierra.


Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, la mitad de la humanidad, dependen de la tierra para su sustento, la mayoría en los países en desarrollo. La mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad sobre esta tierra; legalmente esa tierra es generalmente propiedad estatal o tierra consuetudinaria. En el Sur Global, los recursos naturales como el agua, los bosques, las sabanas, las tierras agrícolas y de pastoreo se utilizan y gestionan a nivel comunitario bajo leyes consuetudinarias. Las empresas de agronegocios a veces han tenido éxito en apropiarse de tierras consuetudinarias utilizando liderazgos tradicionales, como en el caso de SOCFIN en Sierra Leona. Sin embargo, la tierra consuetudinaria generalmente no se considera como una propiedad individual que se puede comprar o vender, sino que se valora como un bien común, un activo ancestral con un profundo significado social y cultural, que debe preservarse para las generaciones futuras.


Esta es la razón por la cual los agricultores, los pastores y los pueblos indígenas de todo el mundo han estado resistiendo la apropiación de sus tierras, protegiendo sus medios de vida y su identidad cultural y social. La resistencia a menudo se ha encontrado con represión y violencia por parte de milicias privadas o fuerzas de seguridad del gobierno, cobrándose la vida de cientos de defensores de tierras cada año. Sin embargo, con protestas y bloqueos, peticiones, recursos administrativos o acciones legales, muchas de estas luchas han tenido éxito en retrasar, interrumpir o paralizar el avance de plantaciones.


El indicador de tierras de la EBA: un ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra


Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Esto puede explicar por qué el Banco, con fondos de los gobiernos de EE. UU., el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos firmes defensores de la agricultura corporativa, se ha embarcado en un esfuerzo nuevo y sin precedentes para abordar el «problema de la tierra» en los países en desarrollo. Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA, el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria. Introducido como plan piloto en 38 países en el año 2017, se espera que el indicador de tierras se amplíe a 80 países en el informe de la EBA de 2019. Como se detalla en el informe del Instituto Oakland de 2019, «Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global», este indicador clasifica a los países según sus “leyes y regulaciones que afectan el acceso a los mercados de tierras para productores y agronegocios”. La EBA identifica y evalúa las «cargas reglamentarias» que afectan el acceso privado a la tierra. Los puntajes que obtienen los países están destinados a condicionar la ayuda y el dinero de inversión.


Si bien el Banco afirma que su intención es proteger los derechos sobre la tierra y otorgar libertad y equidad en el acceso a la tierra, sus recetas se centran en una agenda totalmente diferente centrada en la promoción de la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los pueblos indígenas. Para regular los acuerdos de tenencia de la tierra de los países y «mejorar la productividad del uso de la tierra», el Banco solicita a los gobiernos que formalicen los derechos de propiedad privada, faciliten la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematicen la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor, y mejoren los procedimientos de expropiación.


Al sugerir que los países de bajos ingresos no gestionan las tierras públicas de manera efectiva, el Banco recomienda la privatización de las tierras públicas como un camino a seguir: los gobiernos deben convertirse en corredores de tierras y ofrecer tierras públicas con «valor económico potencial» a los intereses privados, de modo que la tierra puede ser ofrecida a su «mejor uso». El enfoque del Banco, por lo tanto, proporciona una vía legal para aumentar el despojo de tierras, la concentración de tierras y su apropiación.


Esta agenda es evidente ya que el Banco alienta a los gobiernos a priorizar la formalización de los derechos a la tierra privada en “áreas agrícolas de alto potencial”. El Banco solo considera otras formas de acuerdos de tenencia de la tierra, como la tenencia de tierras comunales o consuetudinarias, «en áreas rurales con niveles más bajos de potencial agrícola». Sin embargo, los recursos naturales administrados por la comunidad tales como tierras de cultivo, agua, bosques y sabanas son esenciales para el sustento de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas. En África, en general son las zonas donde se organiza el cultivo y el pastoreo, así como los barbechos y las reservas, la recolección de alimentos silvestres, la madera, la pesca y la caza.

Traducción Acción por la Biodiversidad

4 mayo 2019 

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Carta Magna de la transformación en Cuba

“Cuba pasará a ser un Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. En materia económica, se incorporan otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. El presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos.

Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.


El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.


La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.


Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.


También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.


El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.

Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.


La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.


La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.


La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.


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Miércoles, 23 Mayo 2018 11:49

Aprobada la Ley Lleras 6.0 o Ley Naranja

Aprobada la Ley Lleras 6.0 o Ley Naranja

La presión de los Estados Unidos para que Colombia no sea aceptada en la Ocde hasta no cumplir con varias reformas que le otorgan más beneficios a diversas multinacionales, logró su propósito.

En efecto, este martes 22 de mayo el soberano Congreso de la República de Colombia, aprobó el proyecto de ley 206 de 2018 (Senado) o 222 del mismo año (Cámara) que reforma la Ley de autor y Derechos conexos con proposición sustitutiva. Esta reforma, varias veces presentada al Congreso, ahora es conocida como Ley Lleras 6.0, por ser el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, quien la impulsó en el 2011 mientras desempeño funciones como Ministro del Interior.

El proyecto de ley, presentado el pasado 5 de abril al Congreso por parte de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y del Interior, gozó de un trámite acelerado: el 18 de abril el primer debate con senda aprobación, tanto en Cámara como en Senado; el 17 de mayo, segundo debate, con aprobación en Cámara (17 de mayo) y luego en el Senado (22 de mayo). En medio de la campaña electoral por la presidencia de la República, el debate no tuvo eco significativo en el conjunto social.

Hernán Andrade, senador ponente, sin aludir a las presiones ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos, que recientemente exigió esta reforma, así como cumplir con la cuota de chatarrización, entre otros aspectos, sustentó, sin vergüenza alguna, que esta reforma beneficia a nuestra sociedad y que con ella –en eso sí acertó, aunque callando ante sus implicaciones– se actualiza toda la legislación que tenemos en el país, “…poniéndola a tono con la normatividad internacional…”, es decir (y en esto fue que sí acertó), sujetando, limitando y sometiendo al conjunto social en el intercambio de información, acceso a libros, fotocopias, software, música, etcétera, a normas que en todo momento benefician al capital internacional.

La reforma, para quedar para firma presidencial, debe surtir aún una conciliación de un artículo con lo tramitado en la Cámara de Representantes, la cual deberá llevarse a cabo el próximo martes 29.

El periódico desdeabajo, en su edición N° 246, denunció las implicaciones de esta Ley. Lea a continuación la totalidad del artículo.


 ¿A quién le conviene la Ley Lleras 6.0?

Felipe Arango P.*

 

Multinacionales de la cultura y de otros órdenes, atacan de nuevo, ahora con la pretendida Ley Lleras 6.0. Al filo de quedar todos como criminales, restringidos en nuestras necesidades de saber, conocer y compartir sin necesidad de estar mediados por patentes y semejantes, todo ello para que le abran la puerta a Colombia en la Ocde.

 

El ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde, es uno de los sueños del presidente Santos. Sin embargo, las normas que la Ocde establece para convertirse en socio del denominado “club de los ricos”, favorecen a las potencias económicas garantizándoles mercados y normatividad en los países débiles. Con este propósito y en primer lugar, Colombia debe cumplir una serie de recomendaciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se tomaron medidas como la Ley Zidres que garantiza la entrega de tierras a las multinacionales y al gran capital. Otra es la exigencia de sacar al gobierno de las juntas de las empresas del Estado; con este fin, el gobierno ha pedido plazo para retirarse del Banco de la República y de otras entidades. En materia de empleo y seguridad social se propone la eliminación del salario mínimo y la reforma pensional.

Continuando con las exigencias, y en un acto que solo puede ser clasificado como chantaje, el 14 de febrero el jefe comercial de E.U. le envió una carta a la Ministra del Comercio de Colombia, María Lorena Gutiérrez, poniendo como condición tres normas para que E.U. apruebe el ingreso del país a la Ocde: en primer lugar, eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros. Como segundo punto, se intenta impedir que Colombia reduzca los precios de algunos medicamentos. Y como tercera obligación, exigen la aprobación de la última versión de la denominada Ley Lleras, donde se revisan los conceptos sobre derechos de autor y libertad de acceso en las redes.

A pesar del hundimiento en el Congreso colombiano de la quinta versión, el pasado 21 de marzo, el gobierno insiste en su propósito de cumplir las exigencias americanas y reintroduce la última versión denominada Ley Lleras 6.0. El origen de este proyecto proviene de un compromiso de Colombia a partir de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y en un marco internacional en el que las grandes potencias, en razón del gigantesco desarrollo de sus “industrias culturales”, han multiplicado ganancias a costa de la privatización de la cultura y del control absoluto de los “mercados culturales”. La Ley Lleras inicial (así bautizada por el nombre de su proponente, Germán Vargas Lleras) y sus subsiguientes versiones, va mucho más allá que la Digital Millenium Copyright Act de E.U, norma que protege excesivamente a las multinacionales del entretenimiento y atenta contra el derecho a la información, a la cultura y a la búsqueda del conocimiento.

El TLC es una herramienta comercial, y por eso la actualización de las normas sobre el derecho de autor funciona más para los titulares de los derechos y para las empresas. En contraposición al derecho francés, donde el derecho de autor pertenece al creador, en los TLC lo enmarcan dentro del concepto anglosajón del copyright, donde los comercializadores son quienes se apropian de las obras. Dentro de este “novedoso” concepto de propiedad, donde los negociantes son quienes se benefician del conocimiento y del patrimonio intelectual de la humanidad, convirtiéndolos en el terreno de lucro de unos pocos, el proyecto de Ley Lleras 6.0 propone ampliar en veinte años el período de su dominio público para las personas jurídicas (de 50 a 70 años).

Marcela Palacio, abogada y autora del libro “Derecho de autor, tecnología y educación para el Siglo XXI”, dice que de entrada “Esta Ley es mucho más dura de lo que incluso requiere el TLC”. La 6.0 tiene implicaciones que van más allá de los compromisos del TLC con E.U. y está vinculada a los requisitos del posible ingreso en la Ocde. La 6.0 modifica substancialmente todo lo relacionado con las Medidas Tecnológicas de Protección, MTP, lo cual representa importantes riesgos para la sociedad, pues limita el uso justo el conocimiento.

Las MTP, para salvaguardar materiales u obras protegidas y derechos de autor, pueden dividirse en dos categorías: medidas de acceso y de uso. El TLC se refiere solo a aquellas de acceso (y plantea excepciones). En la nueva Ley se incluyen ambas, a diferencia de Estados Unidos, donde no se castiga la violación de medidas de uso pues se considera que el consumidor puede practicar el “fare use” (uso justo), lo cual permite utilizar el potencial que ofrece la tecnología. Tampoco contempla la posibilidad de implementar el “fair dealing” (transacción justa), o un sistema de flexibilización para la sociedad de la información.

No se consagra un sistema para las “Obras huérfanas” (obras protegidas por derechos de autor, cuyo responsable, el autor o titular, no se puede identificar o localizar) que cobije realmente las necesidades de los archivos, centros de documentación, bibliotecas, o de cualquier individuo. Adicionalmente, no se ocupa de las obras no publicadas y restringe ampliamente los usos que se permite de ellas.

La Ley aprueba su uso por parte de personas jurídicas y no incluye a las naturales, lo que conlleva a la pérdida del patrimonio y a su acceso. La Nación renuncia a su derecho de propiedad y el de los creadores sobre el conocimiento, adjudicándoselo en propiedad exclusiva a los comercializadores.

En la Ley no son respetados los derechos de los discapacitados. al no contemplar las necesidades particulares de este grupo poblacional que serán incluidas en el “Tratado de Marrakesh”.

Como parte de los compromisos adquiridos en el TLC, se reforma el marco legal del derecho de autor, y se contemplan penas que van desde multas y hasta la prisión entre 4 y 8 años, penalizando las conductas cotidianas del contexto digital y científico. Los estudiantes, profesores, investigadores, científicos y artistas, son tratados como criminales al usar para su trabajo el conocimiento, el cual queda convertido en propiedad de las grandes empresas. La piratería comercial no es paragonable al uso del patrimonio intelectual de la humanidad para fines investigativos, pedagógicos o para el trabajo individual.

De aprobarse esta Ley, será Estados Unidos, mediante la lista negra anual y pública de la Oficina de Comercio (Ustr) quien clasifique los niveles de incumplimiento de la propiedad intelectual de sus socios TLC. ¿Dónde queda, entonces, la soberanía si es solo E.U. quien tiene la autoridad para establecer las reglas, pasar al tablero y acusar? La Ustr actúa unilateralmente, desconociendo incluso los procedimientos para resolver conflictos comerciales en la Organización Mundial del Comercio, OMC.

Ante las pretensiones de Ley en cuestión, vale la pena recordar que el acceso a la información, al conocimiento y a la cultura es un derecho reconocido en los tratados internacionales de los cuales Colombia hace parte. El sistema internacional de derecho de autor reconoce la necesidad de establecer un marco legal balanceado que fomente la creatividad y permita la circulación del conocimiento y la cultura en beneficio del desarrollo y el bienestar de la sociedad.

La Ley Lleras 6.0 refleja la posición del Gobierno de acatar todas las órdenes que provienen del norte. Con la vana ilusión de pertenecer a la Ocde, se pretende que nuestro país implemente normas siempre más lesivas, las cuales se aplican para los miembros pobres mientras los socios ricos se benefician con múltiples cláusulas de excepción. Como en otras ocasiones, aquí vale el adagio popular de “el cura predica pero no aplica”.

 

 Video relacionado

Ley de Economía Naranja, Ley Leras 6.0 recargada

 

 

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Martes, 10 Enero 2017 05:18

Utopía. Atreverse a soñar

Utopía. Atreverse a soñar

Imaginar un mundo mejor es el primer paso para crearlo.

“El primer paso hacia la construcción de un mundo alternativo ha de ser el rechazo de la imagen del mundo implantada en nuestra mente... En la cultura de la globalización, como en... el infierno, no se vislumbra otro lugar ni otra cosa. Lo que hay es una cárcel. Pues desde una posición ventajosa distinta, es la diversidad de la resistencia –individual y colectiva, sobre uno y varios temas, organizada y desorganizada, visible y fugaz, ruidosa y silenciosa, ordinaria y extraordinaria– lo que la convierte en notable, es decir, en aquello que exige más que el mero comentario. Y en algunas partes es así”.


John Berger

Como nos recuerda John Berger, el primer paso hacia un mundo alternativo es negarse a aceptar que lo que tenemos es lo mejor que podemos hacer. A los utópicos se les despacha como soñadores insensatos e ingenuos, pero son fundamentales para el florecimiento humano. La creencia de que el mundo podría ser más justo y la vida mejor nos alienta y crea el espacio que posibilita el cambio. En el mundo moderno, un concepto restrictivo del progreso ha sofocado nuestra imaginación, con consecuencias perjudiciales para todo el mundo.


Los sueños utópicos son un catalizador para las personas oprimidas y excluidas. Nos recuerdan que otros mundos sí son posibles y nos proporcionan la esperanza que, en palabras de la escritora y activista Rebecca Solnit, posibilita la acción. La utopía es inmediata y polémica, una motivación para soñar y actuar. Logra cambios inmediatos en el mundo real, ahora.


El pensamiento antropológico reciente sugiere que fue el desarrollo de nuestra imaginación seguido de nuestra capacidad para construir estructuras e instituciones sociales lo que permitió la evolución de sociedades complejas. Las grandes sociedades y el pegamento que las mantiene unidas se conforman de naciones, tribus, religión, dinero y los poderes de un juez para hacer cumplir la ley, todos ellos productos arbitrarios de nuestro pensamiento creativo colectivo. Según el antropólogo Maurice Bloch, hay momentos en los que la arbitrariedad de dichos sistemas se hace evidente. Tras examinar algunos de los cambios que tienen lugar actualmente en el mundo, Bloch concluye que estamos desarrollando “una conciencia de la naturaleza imaginaria de las instituciones en las que vivimos”.


Utopía de Tomás Moro, que el pasado diciembre cumplió 500 años de su primera publicación, proporciona un recuerdo oportuno del poder imperecedero de la imaginación y su capacidad para modelar el mundo que habitamos. La utopía de Moro siguió un conocido tropo: el viajero que narra su experiencia en una tierra en la que una serie de problemas se ha resuelto. Es un formato que existe o ha existido de alguna manera en todas las culturas. La República de Platón, cuya lectura había influido a Moro, se cita a menudo como una de las primeras obras sobre la utopía.


Hay también gérmenes de ficción utópica en antiguas descripciones del paraíso, en el Poema de Gilgamesh, La Odisea, los Campos Elíseos o la ciudad perdida de Atlántida. Vislumbramos la utopía en la literatura clásica griega y en latín, el Viejo Testamento, el budismo, el confucianismo y el hinduismo. Tao Hua Yuan o La fuente del jardín de los melocotoneros, una fábula de Tao Yuanming (365-427), ambientó su mundo utópico en una arboleda tras unos melocotoneros. Hay tradiciones utópicas orales en los pueblos aborígenes de Australia, las Primeras Naciones de Canadá, los maoríes de Nueva Zelanda y los pueblos indígenas de las Américas. Lo que hizo Moro no fue novedoso, pero al nombrar su mundo imaginario, dotó al concepto de utopía de forma y de una ambigüedad irresistible (que significa tanto ningún lugar como buen lugar) que ha cautivado la imaginación humana desde entonces.


Contemporaneidad


Utopía es uno de aquellos libros que casi todo el mundo cree que conoce, pero pocos han leído. Lo que llama la atención al releerla hoy es su contemporaneidad. Desde la preocupación por el acceso a la tierra a la corrupción de una élite desconectada y el comportamiento sin escrúpulos de reyes al iniciar guerras cruentas y amasar dinero fraudulentamente, es llamativo cómo perdura la conjura de los ricos. En Utopía, Moro ataca la barbaridad irracional de la pena capital por robo. Para Hythlodaeus, el viajero que relata la vida en la isla de Utopía, la única manera de reducir el número de ladrones es reducir el número de personas que deben robar si no quieren morir de hambre.


Por contraste, Moro ofrece una visión alternativa de la sociedad europea, enraizada en la tradición humanista. En la isla de Utopía no existe la propiedad privada; las casas se asignan por sorteo y la gente se muda cada diez años. Las puertas de las casas están abiertas de par en par para permitir el paso libre de las personas, se comparten los jardines, las comidas son comunales y se respeta a las personas mayores. La jornada laboral sólo dura seis horas, suficiente para cubrir las necesidades de todos. Después de las comidas, se lee o se interpreta música. Se celebran conferencias públicas todas las mañanas y se valora el trabajo manual. La sociedad es igualitaria y el oro y la plata no tienen más consideración que su valor intrínseco, ‘evidentemente mucho menor que el hierro’.


La popularidad de Utopía aumenta en tiempos de gran cambio, ya que se reeditó con ocasión de la Revolución Francesa y a principios del siglo XX. En su tratado de 1930 sobre la esperanza, el filósofo Ernst Bloch exploró las maneras bajo las cuales ocultamos y expresamos nuestras esperanzas en los sueños, los cuentos de hadas, la música, el amor y hasta el deporte. Bloch argumenta que todas ellas son expresiones de esperanzas que no pueden realizarse todavía. La idea fundamental de su argumentación era la del ‘todavía no’, la característica universal que nos hace humanos. Las visiones alternativas, bajo sus innumerables formas, son en realidad maneras de desconcertar al presente, haciendo que lo familiar parezca extraño y revelando lo posible.


Siempre un paso más allá


Teniendo en cuenta que la utopía se sitúa ‘en otro lugar’, se podría argumentar que las visiones utópicas son necesariamente desempoderadoras. El mundo utópico está siempre un paso más allá y por tanto es inalcanzable. ¿Y si ésa es su intención? En palabras del cineasta argentino Fernando Birri, citadas por el escritor Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se desplaza diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso: sirve para caminar".


Para dar pasos hacia la utopía necesitamos también reconocer y celebrar los retazos de utopía que nos rodean, la infinidad de formas en las que las personas se organizan para crear un mundo mejor y más humano. Para Rebecca Solnit, escritora estadounidense cuya obra Hope in the Dark [La esperanza en la oscuridad] se volvió a publicar en 2016, “los fundamentos para la esperanza están en las sombras, en las personas que están inventando el mundo mientras no mira nadie, sin saber todavía si sus acciones tendrán efecto”.


Si el utopismo empieza por imaginarse cómo queremos vivir, se puede empezar por lo cotidiano y particular. En palabras de Ruth Levitas, cofundadora de la Sociedad Europea de Estudios Utópicos, la utopía es “la expresión del deseo de vivir o estar mejor”. Es “la búsqueda de la integridad, de estar a gusto en el mundo”.


Todo esto significa que podemos y debemos ser más audaces al imaginar cómo podría ser el mundo. Lo que tenemos es, después de todo, el producto de nuestra imaginación. Esto no pasa por alto el poder, la opresión y los intereses creados, sino que reconoce el poder subversivo y práctico de la imaginación. Existe un territorio rico para ocupar con una visión mayor, más luminosa y confiada.


* Artículo publicado originalmente en Red Pepper.
* Traducido por Christine Lewis Carroll

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Miércoles, 14 Octubre 2015 06:38

Visión sustantiva y comunicación democrática

Visión sustantiva y comunicación democrática

Karl Polanyi arroja la primera piedra sugiriendo que los postulados de la economía formal (visiones liberales) son más fáciles de rebatir que de comprobar en la realidad. La mano invisible del mercado no reguló las fuerzas del mercado hacia una comunicación democrática.


I. La tesis de Marx


En su análisis sobre el funcionamiento de las modernas sociedades mercantiles occidentales, Karl Marx, propone que las formas de relaciones que se establecen en el proceso de producción se reproducen en distintos ámbitos de la sociedad. Así, las condiciones de dominación que establecen los dueños de los medios de producción sobre los asalariados se reproducen y condicionan las prácticas por fuera del espacio de producción.


En este contexto, los medios de comunicación no se comportan como islas de la democracia y la igualdad. Sino que el desarrollo del capital y la forma de producción industrial mercantil afectan a las condiciones en que se comunican las sociedades.


II. La cultura de masas no es cultura popular


Respecto al funcionamiento, propiedad y rol de los medios de comunicación en los procesos de construcción de sentido en las modernas sociedades mercantiles occidentales, Adorno y Horkheimer acuñan a mediados del siglo pasado un concepto que marcará por su fuerza los estudios de comunicación: industrias culturales.


Con la idea de la industria cultural los autores introducen tres cuestiones fundamentales a la hora de pensar los procesos de producción de sentido:


1. Industria cultural. Asociación de la producción cultural (de los sentidos/significados que le otorgamos y condicionan nuestras prácticas) con la producción industrial capitalista en serie. Los dueños de los medios de producción condicionan los contenidos culturales.


Entonces:


2. La cultura de masas no es cultura popular. Es decir, que la cultura que reciben las mayorías producidas en los complejos industriales y recibidas a través de los medios masivos de comunicación no es la cultura de los pueblos: no representa su historia, sus necesidades, sus formas de organización.


Sin embargo:


3. Las industrias culturales se realizan en la recepción: si bien los procesos de significación son complejos (por lo que la simple emisión del mensaje no asegura la construcción de prácticas culturales) la recepción es donde los signos se vinculan con los objetos y los significados. Pero esa recepción se encuentra condicionada y construida históricamente.


III. Visión sustantiva, industrias culturales y ley de medios


Desde una visión sustantiva (es decir, de existencia real) se reconocen diversas prácticas, instituciones y principios económicos que coexisten en la realidad. El Estado, las empresas capitalistas, las organizaciones populares y las personas hacemos economía, pero no todos de la misma forma ni con los mismos objetivos.


Por eso, frente la Ley 19.798 (sancionada el 15 de septiembre de 1980) que limitaba la propiedad de los medios a personas individuales o empresas comerciales y supeditó la libertad de expresión a "las necesidades de seguridad nacional" que establecían los asesinos de 30.000 compañeros y compañeras, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia (26.522 del 2009) reconoce tres formas de posesión de medios de comunicación: la privada, la estatal y la del sector no lucrativo y propone cantidad iguales en términos de porcentaje en el espectro radioeléctrico para cada forma de propiedad (el famoso "33 por ciento").


IV. Dueños diferentes, mensajes diversos, comunicación democrática


Entonces, la existencia y promoción de dueños diversos de los medios de comunicación propone mejores condiciones para que diversos mensajes interpelen el debate público.


La existencia de mensajes diversos, desde diversas ideologías, posturas, tratamiento e ideas generan mejores condiciones para la construcción de una comunicación democrática donde existan mejores condiciones para ejercer el derecho a la información.

 

Por Santiago Errecalde, docente de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes.

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Soberanía, derecho a compartir y propiedad intelectual

A raíz de debates originados en una reciente visita a la Argentina de Andrés Ycaza, secretario de la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador, Diego Rossi se interroga acerca de la posibilidad de acordar, en el marco de la Unasur, iniciativas novedosas para revisar los cánones hegemónicos de la propiedad intelectual.


¿Hay capacidad de acción soberana en cada país, ante la trasnacionalización de los agregadores de contenidos y las exclusividades de la gestión de derechos? ¿Puede la legislación, junto a políticas virtuosas, ayudar a redistribuir en las industrias del conocimiento? Ambas preguntas tendrían un esperanzador sí, al considerar la experiencia en Ecuador, con una fuerte participación ciudadana en el armado del proyecto del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), que el gobierno de Rafael Correa envió a principios de junio a la Asamblea Nacional.


En el marco de una visita reciente a Buenos Aires de Andrés Ycaza, secretario de la Oficina de Propiedad Intelectual a cargo del armado y la defensa del Código Ingenios, se realizó en la Cámara de Diputados un taller para desmenuzar los alcances de la iniciativa, coordinado por la diputada Liliana Mazure, con la presencia de su par Nanci Parrilli, y de funcionarios de varias áreas del Ejecutivo y asesores legislativos.


Ycaza alertó sobre "la histórica falta de uso estratégico de la gestión del conocimiento en los países en desarrollo", producto de las relaciones comerciales y dependientes que tornan poco eficaces a los esfuerzos públicos en investigación y desarrollo, desde los medicamentos hasta las patentes en biotecnología.


Específicamente sobre las industrias creativas, el ecuatoriano señaló que ese capítulo del Código Ingenios fue uno de los más debatidos. Durante un año el anteproyecto fue puesto a consideración pública en una plataforma Wiki (aún puede consultarse en la web). Tuvo más de 40 mil notas y propuestas de ciudadanos del Ecuador y de otras partes del mundo, además de reuniones sectoriales y foros previos a su presentación al Congreso.


Resalta en el Código Ingenios la búsqueda de reducción de la dependencia cognitiva. Y el equilibrio los derechos reconocidos internacionalmente sobre la propiedad intelectual con los derechos humanos al acceso al conocimiento, a la educación y a compartir información. Revisan los enfoques mercantilistas y privatistas, priorizando las expresiones culturales y artísticas como resultado de una construcción social. Esto lleva a redefinir al sistema de licencias y patentes como excepciones a la libre circulación de un patrimonio colectivo, sólo reconociendo prerrogativas al autor o a las industrias culturales, con tiempos, soportes y alcances limitados.


Así, se promueven modelos de negocios distintos a los tradicionales, como los creative commons en materia de software, o los licenciamientos obligatorios con intervención estatal en el caso de quienes no quieran registrar su licencia en el país, además de proteger a los conocimientos tradicionales o ancestrales no sujetos a criterios de mercado. Ycaza no duda que la iniciativa llevará mucha discusión parlamentaria, pero sostiene la fructífera vinculación de estos principios con las políticas públicas, siempre respetando los marcos de los acuerdos internacionales Adpic (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en la materia.


"En muchos países, quizás por desconocimiento, se entiende que hay una sola forma de administrar los derechos de propiedad intelectual y se confía su gestión a sociedades monopólicas y poco controladas, por cuanto los dividendos no siempre redundan en el crecimiento de la actividad y la promoción de nuevos creadores", afirma Ycaza.


Mientras en Brasil se debate duramente la reglamentación del marco civil de Internet, cuya neutralidad de la red está presionada por empresas como Facebook y las de telefonía móvil; en otros países, como Colombia, Paraguay y Perú, cunde el paradigma de replicación acrítica de las consignas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los "múltiples decisores interesados" en los negocios digitales.


Leído en clave latinoamericana, el debate promovido en Ecuador reaviva el desafío de la articulación de políticas regionales, en pos de las mayorías vulnerables en la "democratización" de las comunicaciones. ¿Podrían algunos países de la Unasur acordar iniciativas novedosas en materia de creación colectiva, revisando los cánones hegemónicos de la propiedad intelectual?

@diegodrossi

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