Viernes, 22 Abril 2022 06:02

La economía política de la revuelta

La economía política de la revuelta

Oaxaca 2006, Quito 2019, Cali 2021. Son apenas algunas de las ciudades latinoamericanas que protagonizaron revueltas que duraron semanas y hasta meses. Cuando la rebelión supera los tiempos breves de la insurrección y se instala aferrándose a espacios que las insurgencias convierten en territorios de la liberación, apremian las preguntas.

¿Cómo se sostienen los rebeldes, que por momentos suman porciones importantes de la población? ¿Qué hacen para reproducir su vida material, desde la alimentación hasta la salud, cuando la vida económica ha sido paralizada?

En recientes estancias en Cali y Bogotá pude conocer en detalle cómo se organizaba la vida cotidiana durante la revuelta, un periodo que abarcó entre 60 y 90 días según las ciudades. Las personas no acudían a sus empleos o no podían trabajar en la economía informal porque no funcionaban el transporte y el comercio.

La actividad para asegurar la sobrevivencia se había volcado hacia la protesta, sobre todo en los barrios populares. No se abandonaron los intercambios ni la actividad productiva, se redireccionaron para alimentar la revuelta. La economía formal capitalista, tanto la que paga salario como la llamada "informal", quedó desarticulada y sus energías se volcaron hacia la resistencia al despojo.

Esas energías hicieron posible que miles de personas vivieran solidariamente durante semanas y que cubrieran sus necesidades, materiales y espirituales, viviendo en común. Los 28 puntos de resistencia que funcionaron en Cali aseguraron la alimentación, la salud, el cuidado, la cultura y el ocio deportivo.

Se instalaron cientos de ollas comunitarias con alimentos donados por las familias y los pequeños comercios, en las cuales muchos jóvenes obtuvieron tres comidas diarias, algo imposible en la pobreza urbana. Las cinco líneas de defensa, o también primeras líneas, se dividían el trabajo: la más frontal ponía límites con escudos a los escuadrones antidisturbios y la segunda apoyaba a la primera.

Las siguientes líneas cuidaban heridos y en algunos puntos crearon espacios para los primeros auxilios. La última la formaban amas de casa que sacaban agua con bicarbonato para que sus hijos e hijas soporten los gases. Hubo tiempos y espacios para hacer deporte, para exhibir arte y música, para pintar murales y hacer teatro en la calle.

Encuentro cuatro aspectos centrales que hicieron posible la continuidad de la vida durante la revuelta, que conforman una "economía política de la revuelta" o de la resistencia. En rigor, debería decirse que se trata de que la vida material se organiza en torno a la resistencia y la defensa de la vida.

El primero son los trabajos colectivos que están presentes en todas las actividades, desde las ollas comunes hasta la autodefensa. Estos trabajos son el motor y el sostén de la revuelta. Sin ellos no habría la menor posibilidad de sostenerla más que durante algunas horas y se convierten en el sentido común de la revuelta.

El segundo es la autodefensa que ocupa también un lugar central, entendida en un sentido más amplio de cuidados colectivos comunitarios, que incluyen la preservación de la vida, la salud, la dignidad y los espacios propios.

El tercer aspecto son los territorios. La creación de "puntos de resistencia" es un dato mayor, ya que fueron a la vez espacios libres de represión estatal, pero también de protección colectiva y de creación de nuevas relaciones sociales fundadas en el valor de uso, como la comida, la atención sanitaria, y las artes y el deporte.

El cuarto es el papel destacado de mujeres y jóvenes, que sigue siendo un rasgo distintivo de las movilizaciones de los sectores populares que no está presente ni en el sindicalismo ni en los partidos progresistas.

Además de estos cuatro rasgos quisiera destacar el antirracismo y el anticolonialismo que se desprenden de la movilización de las mayorías negras, indígenas y mestizas –de forma muy particular en los tres casos citados al principio–, que son a la vez expresiones de la resistencia al extractivismo depredador que caracteriza al capitalismo actual.

Esta "economía en lucha", como la nombró el subcomandante insurgente Moisés en el encuentro "El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista", se apoya en los trabajos colectivos y en las diversas autonomías realmente existentes, y no podría existir sin territorios propios como fueron los puntos de resistencia.

Los sectores populares en las grandes ciudades, durante la revuelta ponen en común lo que hacen en la vida cotidiana: autogestionar sus vidas porque el capitalismo del despojo los condena a la marginalidad, la muerte y la sobrevivencia en la precariedad.

Creo que puede ser buen momento para reflexionar sobre estas economías en lucha, de profundizar su comprensión, sus modos y formas concretas. No para hacer alguna tesis académica sino para algo más urgente y profundo: contribuir a fortalecer las resistencias y separar las prácticas emancipadoras de las que reproducen el sistema opresor.

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Castillo, a duras penas con una tregua social

Perú movilizado contra los aumentos y las respuestas duras del gobierno

Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista de izquierda que asumió la presidencia hace poco más de ocho meses, pasa por su hora más difícil. Ya no enfrenta solo a la extrema derecha que lo quiere sacar de la presidencia desde el primer día de su gobierno, sino ahora también a los sectores populares, su base electoral, que en los últimos días tomaron las calles en movilizaciones contra el gobierno. Y ha perdido aliados en la izquierda. Campesinos y maestros, dos sectores a los que Castillo está especialmente ligado, son parte de esas protestas que se han dado en buena parte del país.

Primero fue un paro de agricultores y transportistas contra las alzas de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes para el agro, después se sumaron las movilizaciones de los principales sindicatos del país, incluido el de maestros, que le demandan al gobierno que cumpla con el programa de cambios con el que ganó las elecciones. Del otro lado, la derecha busca sacar provecho del escalamiento de la crisis y también se moviliza en las calles. En estas movilizaciones, que han tenido su expresión más importante entre los sectores medios y acomodados de Lima, no se reclama por el alza de precios, se exige la salida de Castillo. Dos protestas de origen, composición y demandas distintas, dos flancos que atenazan a un gobierno que muestra poca capacidad de reacción.

La respuesta de entraña autoritaria del gobierno a las movilizaciones sociales, imponiendo el estado de emergencia y un toque de queda, el que tuvo que levantar por el rechazo generalizado que produjo, encendió más la indignación y las protestas. Una torpeza que ha sumado al debilitamiento del gobierno. En respuesta a las alzas de precios se han eliminado impuestos a combustibles y alimentos para reducir su precio, aumentado el sueldo mínimo y se darán subsidios a los fertilizantes. Las protestas sociales que jaquearon al gobierno se han levantado, pero es solo una tregua. La crisis no ha cedido. Y en el plano político, la crisis se agudiza.

Después de haber fracasado dos veces en conseguir los dos tercios de los votos para destituir a Castillo, desde el Congreso controlado por la derecha ahora le piden al presidente que renuncie. Quieren nuevas elecciones presidenciales, pero quedarse ellos en sus curules. Una opción que encendería más las calles. La ira en las movilizaciones populares no ha apuntado solo contra el gobierno, sino también, y con fuerza, contra un Congreso muy desacreditado. Según un reciente sondeo de Datum, la desaprobación a la gestión de Castillo llega a 76 por ciento, pero el rechazo al Congreso es mayor, 82 por ciento. Que se vayan todos es el sentimiento que gana terreno y se vuelve mayoritario.

“La situación es muy compleja. Lo más probable es que el alza de precios continúe, se viene un problema económico serio, con protestas importantes con riesgo de violencia, y Castillo no tiene la claridad ni la lucidez para enfrentar este problema. Creo que la salida es una movilización ciudadana que empuje a Castillo y al Congreso a renunciar ambos y adelantar las elecciones. Lo más riesgoso es la destitución de Castillo o su renuncia y que se quede el Congreso, que es funcional a la extrema derecha. El mayor peligro es la derecha autoritaria atrincherada en el Congreso”, le declaró a Página 12 el sociólogo y analista político Carlos Reyna.

Por su parte, el politólogo Juan de la Puente, director del portal de análisis político Pata Amarilla, le señaló a este diario que “el hecho fundamental de las protestas de corte popular ha sido la ruptura de los movimientos sociales con Catillo”. “Me parece imposible una salida que implique que se vaya Castillo y se quede el Congreso por el rechazo que eso tiene entre la ciudadanía. La destitución de Castillo es un tema que todavía divide al país, pero la consigna que se vayan todos es algo que ya une al Perú. Para que esa consigna se concrete para ir a elecciones generales la presión ciudadana tiene que ser lo que hemos visto estos días multiplicado por diez. En este momento no hay salida a la crisis”, dice De la Puente.

Su alejamiento del programa de cambios, las denuncias de corrupción, cuestionados nombramientos, su distanciamiento de un sector importante de la izquierda, se han sumado a la crisis económica y los ataques de la derecha para debilitar a un gobierno que comenzó como el de la esperanza y se encamina a terminar como una frustración. Esa frustración se ha sentido en las calles. 

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Reconoce el premier de Perú que Castillo "puede caer" por la crisis social

Lima. Una protesta ayer en la región de Ica, al sur de Lima, esta vez con la exigencia del cierre del Congreso, dejó un civil muerto y 12 policías heridos, luego que en la víspera otra manifestación, que pedía la renuncia del presidente Pedro Castillo, provocó destrozos en la capital.

El premier Aníbal Torres reconoció la posibilidad de que la crisis social lleve a la caída del gobierno de Castillo. "Esto ya viene desde algunos años atrás, en el quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes y tres congresos en cinco años. Esa situación no se ha superado, nosotros tratamos de dialogar con la parte contraria, pero ésta sólo se fija en su propio interés", declaró en entrevista con Blu Radio, en la cual descartó que vaya a renunciar.

Sobre las movilizaciones, aseveró que hay personas "infiltradas" y alentadas por la oposición, donde existen sectores que desde que comenzó el mandato de Castillo no reconocieron su victoria, y lamentó que la Policía Nacional no cuente con los efectivos ni la preparación suficiente para hacer frente a las movilizaciones.

El choque con la policía ocurrió en una carretera de Ica. Los inconformes bloquearon la vía y pidieron el cierre del Congreso, así como el cambio de la actual Constitución, dos nuevos pedidos que se sumaron a la lista nacional de reproches por el alza de precios de combustibles, alimentos y fertilizantes.

En la marcha se distinguió una pancarta en la cual se leía: "cierre del Congreso" y criticaban a la policía por disparar contra Jhony Quinto, campesino de 25 años y padre de dos niños, cuya muerte por una herida de arma de fuego en la cabeza fue confirmada más tarde por las autoridades de salud de la región.

En Ica la protesta empezó el lunes y existen varios puntos de la carretera Panamericana Sur –que conecta con Lima– que estaban bloqueados, pero durante la jornada fueron liberados por la policía. En otro punto más al sur los manifestantes protestaron contra el presidente Pedro Castillo y el dirigente Julio Carbajal pidió su renuncia.

Tras ocho meses de gobierno, tanto el Congreso como el presidente tienen elevados índices de impopularidad entre los peruanos.

El mandatario ha modificado cuatro veces su gabinete, es criticado por su descuido en designar a los titulares de ministerios claves y tiene tres investigaciones por presunta corrupción que están congeladas hasta el fin de su mandato.

El Congreso es criticado por apoyar proyectos de ley que debilitan la lucha contra la corrupción, que obstruyen la calidad educativa y por promover intereses empresariales.

En la víspera, otra protesta contra Castillo dejó 25 policías heridos y el centro de Lima con destrozos. Los asistentes a la marcha intentaron incendiar el archivo de la Corte Superior, apedrearon la fiscalía, el Tribunal Electoral, rompieron cajeros automáticos y saquearon una tienda.

Los manifestantes desobedecieron antier el toque de queda decretado la medianoche del lunes por Castillo para tratar de calmar una semana de protestas en otras partes del país. Ante el rechazo social, la medida fue derogada.

El presidente y el Congreso están enfrentados desde que empezó la gestión de ambos poderes, el 28 de julio de 2021.

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Militares y policías controlan una parada de transporte público este martes en las calles de Lima. . Imagen: EFE

El Presidente perdió apoyo en los sectores populares

El Gobierno pierde respaldo en sus aliados de izquierda y las movilizaciones pidiendo su renuncia congregaron una cantidad de manifestantes que antes no habían podido reunir. Todo ello lo deja más debilitado ante los embates de la derecha. 

 

El presidente Pedro Castillo apostó por la represión frente a las protestas sociales y complicó más su situación. Más de once millones de peruanos amanecieron este martes con un toque de queda y bajo la ley de estado de emergencia, que implica que la policía puede ingresar a los domicilios y hacer detenciones sin orden judicial y elimina una serie derechos ciudadanos. El toque de queda, anunciado por Castillo minutos antes de la medianoche del lunes, regía desde las dos de la madrugada hasta las 23:59 de este martes. Sin embargo, al final de la tarde del martes, ante las críticas recibidas dese distintos sectores y las protestas en las calles contra esas medidas, Castillo anunció en el Congreso el levantamiento del toque de queda. No se refirió al estado de emergencia.

Estado de emergencia

Decretar el estado de emergencia e imponer un toque de queda fue la fallida respuesta del gobierno a las protestas sociales contra el alza de precios, fundamentalmente combustibles y alimentos, que derivaron en violencia, bloqueos de carreteras y algunos saqueos. El efecto fue como arrojar gasolina en el fuego de las protestas sociales. 

Los actos de violencia y saqueos se dieron el lunes en distintas zonas del interior del país, pero el estado de emergencia y toque de queda se decretaron para Lima y Callao, provincia portuaria que está territorialmente unida a la capital peruana, donde no ocurrieron hechos de violencia. El gobierno justificó esa decisión asegurando que tenía informes de inteligencia que indicaban que se preparaban actos de violencia y saqueos en la capital para este martes. No dio detalles de esos supuestos informes.

Protestas contra el Gobierno

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones contra el gobierno, exigiendo la renuncia de Castillo. Los manifestantes llegaron hasta una cuadra del Congreso, donde fueron detenidos por un cordón policial. A esa hora Castillo se reunía allí con un grupo de legisladores. Fuerzas de choque del fujimorismo y otros grupos protagonizaron actos de violencia y hubo choques entre manifestantes y la policía. Al cierre de esta crónica continuaban los enfrentamientos. 

Hasta ahora las movilizaciones para exigir la renuncia de Castillo promovidas por la derecha golpista habían sido un fracaso por su escasa convocatoria, pero la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda se convirtieron en un catalizador que empujó a muchos a sumarse a esas movilizaciones. En las zonas populares de Lima, duramente golpeadas por el alza de precios que gatillaron las protestas que han originado esta crisis, no hubo movilizaciones, pero creció la indignación por una inmovilidad que afectaba más sus precarias economías.

En la tarde del martes, Castillo fue al Congreso con algunos de sus ministros para reunirse con la directiva del Parlamento y los voceros de las distintas bancadas. Justificó las cuestionadas medidas tomadas por su gobierno diciendo que eran para “proteger a la población”. Pero minutos después retrocedió y anunció que el toque de queda quedaba sin efecto “desde este momento”. La violencia que había tomado las calles del centro de Lima no cedió después de este anuncio. El fujimorismo y la agrupación ultraconservadora Avanza País no participaron de la reunión de congresistas con el presidente. Su agenda excluyente es el golpismo parlamentario.

"Reprimir, criminalizar y restringir derechos"

La excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza, una importante aliada de Castillo, criticó duramente el rumbo tomado por el gobierno. “El gobierno no solo ha traicionado las promesas de cambio por las que el pueblo lo eligió, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan expresando su legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos. Mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada”, señaló, cuestionando el estado de emergencia y el toque de queda. Legisladores de la izquierda ajena al partido oficialista Perú Libre que han venido apoyando al régimen se sumaron a esas críticas.

Los cuestionamientos de la derecha a medidas represivas que antes ha demandado y aplaudido para enfrentar las protestas sociales, las que siempre ha criminalizado y ahora dice respaldar, evidenciaron un doble discurso y su interés de utilizar la crisis social y los errores del gobierno en su respuesta a esta crisis para abonar en sus acciones desestabilizadoras buscando la caída del gobierno.

La imagen de Castillo se ha debilitado en los sectores populares, ha perdido apoyo en sus aliados de izquierda y las movilizaciones pidiendo su renuncia han congregado una cantidad de manifestantes que antes no había podido reunir, lo cual lo deja más debilitado ante los embates de la derecha. 

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Martes, 29 Marzo 2022 18:25

¿Para cuándo la democracia?

Colombia lucha por la paz y la vida (foto: Iñaki Chaves)

En plena campaña electoral en Colombia es hora de preguntarse por la democracia participativa recogida en la Constitución Política de 1991

 En línea con la pregunta sobre ¿qué es democracia? y al hilo de la actual situación política en Colombia, entre dos eventos electorales que determinarán su rumbo para los próximos cuatro años, retoma fuerza el cuestionamiento alrededor de la supuesta democracia colombiana.

En el artículo “¿Para cuándo la democracia? Comunicación, imágenes y protesta social en Colombia” firmado por Gabriel Ruiz, ‘Iñaki’ Chaves y Beatriz Múnera, publicado ahora como capítulo del libro De la universidad a la sociedad. Transferencia del conocimiento en el área de comunicación coordinado por Hidalgo, Herrero y Segarra y editado en formato electrónico por Dykinson, nos preguntábamos sobre cuándo sería el momento de que llegara una verdadera democracia.

Colombia quiere un cambio

Tal vez la situación hoy amerite responder que la oportunidad es ahora. Colombia quiere un cambio y las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo así lo muestran. La ciudadanía lo ha manifestado votando para que la coalición del Pacto Histórico logre un número importante de curules para la Cámara de Representantes y el Senado y dando un gran respaldo a Francia Márquez, una mujer afro defensora del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, que formará tándem como vicepresidenta en la candidatura de Gustavo Petro.

Aunque ese apoyo sea solamente un suave giro hacia una izquierda que se mantiene dentro del propio marco del sistema capitalista imperante, tal como propone el líder del Pacto Histórico, y nos cuenta Alberto Maldonado en revista Sur, al “promover un capitalismo humano (…) en el marco de las reformas históricas que el liberalismo ofreció hace décadas y no ha cumplido”. Incumplimientos que han provocado problemas y desigualdades por el accionar de un Estado que ha ignorado los mandatos de la Constitución y que ha venido actuando “al servicio de los intereses privados de los capitalistas y de los políticos defensores del sistema, incluyendo un conjunto de prácticas corruptas de apropiación de los recursos públicos”.

Aún así, supone un cambio importante que tiene su semilla en las movilizaciones que se han venido produciendo con fuerza desde 2019. Unas protestas sociales surgidas desde las bases populares que han llenado las calles “para mostrar que la amenaza cotidiana a la vida no proviene sólo de un virus venido de lejos sino de unas condiciones sociales (re)producidas en el propio país” (Ruiz, Chaves y Múnera, 2021).

´Barbarie` versus ´civilización`

En “¿Para cuándo la democracia?…”, los autores hacen un acercamiento a las narrativas generadas en el marco de la protesta social en el país y que el poder establecido ha dividido entre las de barbarie, las llevadas a cabo por las y los protagonistas de las manifestaciones, y las de civilización, las que ha difundido el propio Gobierno a través de sus redes virtuales y sus medios acólitos “El poder establecido ha buscado crear, alrededor del paro nacional colombiano, una narrativa de la barbarie versus otra de civilización”. Y en el que los medios masivos de difusión de noticias “han sido útiles a esto y han dado cuenta, así, de unos otros que amenazan la ´sólida` democracia colombiana”.

La comunicación transmitida por los poderes político y mediático, acompañada de ciertas imágenes que “respaldaban” sus mensajes, ha ido construyendo una memoria que alimentará la historia “oficial”, la de quienes ostentan el poder y hacen un uso torticero de la ley para imponer su versión y su visión de una realidad que, cuando menos, tiene dos lecturas y diversas interpretaciones.

Las imágenes y narrativas originadas en el marco de las movilizaciones muestran una “comunicación contracorriente” que, como denuncian Ruiz, Chaves y Múnera en su texto, busca poner en cuestión el régimen democrático “pero no en nombre de la barbarie, sino en nombre de una idea radical de democracia en la cual puedan estar incluidos los hasta ahora marginados”. Esas narrativas contrapuestas conforman el material con el que se construye la memoria de estos tiempos.

El próximo 29 de mayo tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al siguiente inquilino de la Casa de Nariño. Un momento propicio para votar por el cambio y hacer que, por fin, la democracia haga acto de presencia en el país con la democracia más antigua de América Latina. Aunque solamente suponga un leve cambio a la izquierda, lo será con mujeres y hombres, con todas y todos, afros, indígenas y mestizxs, que quieren que Colombia le apueste a la paz y a la metamorfosis social, que desean “vivir sabroso”, que piensan que la historia debe ser con la gente corriente (no sólo la “gente de bien”), que anhelan que se siembre esperanza, que buscan que la dignidad se haga costumbre y que sueñan con que el país sea “una potencia mundial de la vida”.

Marzo 29/2022

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 Los camioneros continúan protestando contra los mandatos de vacunación en el centro de Ottawa, Ontario, Canadá. — ANDRE PICHETTE / EFE

Las autoridades impondrán multas de hasta 79.000 dólares estadounidenses y penas de no más de un año de prisión para aquellas personas que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos en la región. 

 

El Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, en la que se encuentra Ottawa, ha declarado este viernes el estado de emergencia. Este viene motivado por las protestas de camioneros contra las medidas preventivas de coronavirus en Canadá y que tienen bloqueada la vía principal para el tráfico de mercancías que conecta su país con EEUU. 

Así lo ha anunciado el primer ministro de la región, Doug Ford, en una rueda de prensa. Ford, además, ha señalado que las autoridades pertinentes impondrán multas de hasta 100.000 dólares canadienses (79.000 dólares estadounidenses, aproximadamente) y penas de hasta un año de prisión para aquellos que bloqueen o impidan el tráfico de vehículos. 

Ford ha hecho estas declaraciones en el quinto día de bloqueo de la principal vía que une Canadá con EEUU, el puente Ambassador. Aunque poco antes de que el ministro hiciera su anuncio, los manifestantes han permitido la apertura de uno de los carriles para el tránsito de dicho puente. 

A través del puente Canadá y Estados Unidos quedan conectados por las localidades de Windsor y Detroit y, a través de él, transitan diariamente mercancías por valor de 400 millones de dólares

Grandes daños en ambas economías

El bloqueo ha motivado que las economías de ambos países estén sufriendo las consecuencias. Empresas multinacionales de la talla de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota se han visto en la obligación de paralizar o, en su defecto, reducir su producción en plantas de ambos países por los problemas de suministro que está causando el bloqueo del puente. 

Pero esta vía no es la única que se ha visto paralizada por las protestas. Al menos otros dos cruces fronterizos se encuentran en la misma situación: uno en el centro y otro en el oeste de Canadá. Además, en la capital, Ottawa, cerca de 400 camiones y centenas de personas llevan ocupando desde hace dos semanas las calles próximas al parlamento canadiense.   

Por su parte, Estados Unidos, además de pedir al gobierno canadiense que trabaje para reactivar el tráfico de mercancías entre ambas naciones, ha ofrecido su ayuda para actuar en el bloqueo del puente Ambassador.

11/02/2022 17:58

 

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Miércoles, 09 Febrero 2022 05:39

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Argentina: El nefasto regreso del FMI (Parte 2)

Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos. Ver Parte 1 aquí

OTRO CAMINO ES FACTIBLE

Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del planeta.

Afirman que el FMI es un «banco del mundo» que asocia a todos los países del orbe. Pero olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad. Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington y no con «todo el mundo». Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa tensión.

El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.

Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de rendición.

Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en un contexto de repunte del PBI.

Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las conquistas sociales.

El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.

El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.

La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2022 hay grandes chances de un triunfo en Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.

El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además, contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que todavía padece el pueblo heleno.

Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.

También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.

Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing (infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio suscripto con el Fondo.

Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado. Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.

RECHAZO Y MOVILIZACIÓN

El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento masivo de rechazo al FMI.

La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.

Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de percepciones.

El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de impactante concurrencia.

El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa, pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20 aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por el FMI en esa crisis.

Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.

El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los inspectores del Fondo.

El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el camino de la resistencia al Fondo.

Por Claudio Katz, martes 08/22

 

 

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Lunes, 07 Febrero 2022 05:12

Cuba: El problema de la sedición

Cuba: El problema de la sedición

El 11 de julio (11J) de 2021 sucedieron en Cuba, las protestas más grandes habidas desde 1959 en el país; cuatro días después de esa jornada, en Granma se aseguró que los comportamientos cometidos ese día tipificaban delitos comunes. En específico, fueron identificados desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato y desobediencia.

En contraste, al menos 158 personas, según el sitio Justicia 11, han sido o están siendo acusadas de sedición. La Fiscalía General de la República declaró un total de 790 procesados por el 11J, sin precisar cuántos serían los acusados por esta causa.

Hasta el 24 de enero de 2022, por más de seis meses tras el 11J, Granma no mencionó el concepto “sedición”. Además, en la reciente declaración de la Fiscalía aparecen novedades respecto a lo que el propio diario Granma publicó sobre el tema en julio de 2021.

Me referiré a tres nuevas calificaciones aparecidas en esa nota: “de manera tumultuaria”, “perturbación grave del orden público”, y “deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”. Antes de hacerlo, mencionaré brevemente la historia del delito de sedición en Cuba, para entender mejor los problemas de su aparición en este escenario.

Mi interés aquí es discutir la pertinencia y aplicabilidad del concepto sedición, en los propios términos del Código Penal y la política cubanos, respecto a los procesos del 11J.

La sedición en la historia cubana

Antes de, y durante, las guerras de Independencia, un vasto registro de delitos condenaba expresiones o actos de oposición para “desbaratar los trabajos sediciosos de la gente separatista”.1

El Código Penal español vigente en Cuba exigía la presencia de “alzamiento público” para la sedición. Por ello, condenas como la sufrida por el adolescente José Martí — seis años de trabajos forzados— fueron por “Infidencia”.

La palabra “sedicioso” fue empleada por el gobierno interventor estadunidense (1898) para combatir el naciente movimiento obrero cubano.2 En un proceso amañado contra el Partido Independiente de Color (PIC), se quiso procesar a sus líderes (1910) “porque su propaganda no solo era ilegal sino también sediciosa.”3 Ya reprimido el PIC en 1912, cuatro campesinos de Güines fueron a prisión por dicho delito.4

Tras el Golpe de Estado batistiano, la sedición apareció, con “relativa frecuencia” en el Tribunal de Urgencia de La Habana, o como delito conexo para condenar a revolucionarios. En 1953 fueron jugados por sedición militares complotados.5

Después de 1959, Huber Matos recibió 20 años de prisión, por sedición. En 1999, Vladimiro Roca Antúnez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque Cabello y Félix Bonne Carcassés fueron condenadas entre tres y cinco años bajo cargos de sedición.

Luego, esta no ha sido una figura frecuente en los tribunales o en el discurso oficial. No se encuentra en los archivos de Granma, ni en la colección de la Revista Cubana de Derecho6No aparecen acusados de sedición tras el “Maleconazo” (1994), ni se menciona en alguno de los discursos que Fidel Castro pronunció en agosto de 1994.

La regulación del delito de sedición en Cuba

Según el Código Penal, la sedición es un “delito contra la seguridad interior del estado”, de tipo político. Presos bajo ese cargo pueden considerarse presos políticos, aunque es un tema en debate.

El delito se tipifica de esta forma: “Los que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista o la celebración de elecciones o referendos, o impidan el cumplimiento de alguna sentencia, disposición legal o medida dictada por el Gobierno, o por una autoridad civil o militar en el ejercicio de sus respectivas funciones, o rehúsen obedecerlas, o realicen exigencias, o se resistan a cumplir sus deberes….”.

El marco sancionador es muy amplio. Según condiciones, va de un año a ocho, a de 10 a 20 años de prisión, o muerte. Las condenas por sedición de las que ya se tienen noticia llegan al límite legal de la privación de libertad: 20 años. En los casos que son mayores, debe ser por sumar delitos conexos.

La regulación del Código Penal presenta problemas serios.

El primero tiene que ver con la distinción con la rebelión. En otros sistemas legales —aunque es otro tema, técnico, en discusión— la sedición se considera como “rebelión de segundo grado”. Por ello, las sanciones son menores.

En España, por ejemplo, las penas de prisión por rebelión, según agravantes, van desde 10 hasta 30 años. La sentencia del Procés (2019) negó el cargo de rebelión para los líderes institucionales del independentismo catalán, y rebajó el cargo a sedición. La sanción mayor, para Oriol Junqueras, fue de 13 años por sedición más malversación. Ello, siendo España un ejemplo negativo en Europa de regulación de la sedición.

La norma cubana exige, para la calificación del delito como rebelión, el uso de armas, no así para la sedición. Luego, el grado de violencia parece crucial para distinguir entre ambos. No obstante, la sanción puede llegar a ser igual: “privación de libertad de diez a veinte años o muerte”, cuando la sedición ocurra “durante grave alteración del orden público”.

Durante el estallido social chileno, autores de lanzamientos de cócteles molotov recibieron entre 3 y 5 años de prisión.7 Esas sanciones fueron muy bajas para episodios tales de violencia, comparadas con las sanciones del 11J, porque el encuadre como sedición de actos similares multiplica la gravedad de la sanción.

La mera mención a la “violencia” no explica ya el grado en que se comete. Es necesaria información pública sobre los criterios usados para definir los grados de violencia, y poder valorar así la proporcionalidad de las sanciones.

La definición de tumulto

La Fiscalía menciona actos cometidos “de manera tumultuaria” para encajarlos en el tipo de la sedición. En julio de 2021, José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales, no usó la palabra “tumulto”. Tampoco lo hizo Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior.

Entonces, Reyes Blanco explicó que el delito de atentado se agrava con la presencia de dos o más personas. O sea, existen formas legales que sancionan el concurso de personas, y causar en ello daños a personas y bienes, que no equivalen a “tumulto”.

En la versión agravada del atentado la sanción llega a 8 años. Si un acto similar al de un atentado se encuadra como sedición, se multiplica la sanción. En tal caso, la elección del tipo penal puede revelar motivaciones políticas interesadas en sobrepenalizar.

En todo caso, es necesario definir con transparencia que se entiende por “tumulto”. Frente a la sentencia del Procés, expertos aseguraron que el “tumulto” propio de la sedición es solo un apoyo de “miles de personas”,que “producen altercados”, que dan lugar “a que se paralice la actividad normal del conjunto o parte de la ciudadanía”.

Así, se trata de una desobediencia masiva y conectada de actos de resistencia, que logra paralizar con éxito, por cierto tiempo, funciones estatales. La Fiscalía cubana no ha ofrecido datos sobre estos asuntos: se desconoce de modo oficial el número de personas que consideró “tumulto”, tanto como el monto de la masividad de la protesta en general.8

El “orden público” y su definición

Otro problema de regulación en la norma cubana sobre la sedición es la definición de “perturbación grave del orden público”. Es un asunto común en la legislación cubana: tomar conceptos indeterminados como si fuesen ya hechos calificados.

Un hecho calificado es atentar contra la celebración de referendos, o impedir el cumplimiento de una sentencia, como hace el mismo artículo 100, pero atentar contra el “orden público” es un concepto indeterminado, que se “mezcla” en la regulación del Código con hechos calificados. En Derecho, no es dable confundir ambas nociones.

El artículo 100 menciona asimismo “orden socialista”, concepto más problemático aún de definir en términos legales. La Constitución regula derechos y deberes en relación con el orden público, no frente a un programa ideológico. Para más, en el propio 2021, a nivel oficial aún se discutía cómo “conceptualizar” ese programa.

En el mundo, el uso de conceptos abiertos a la interpretación, y así ambigüos, en los tipos penales corresponden a tendencias penales conservadoras.9

Para evitar problemas mayores con conceptos indeterminados, una parte importante de las regulaciones internacionales sobre la sedición son concretas y limitadas en alcance, sin dejar lugares tan abiertos a la interpretación como son los conceptos indeterminados del tipo “orden público”.10

Un conflicto relacionado con lo anterior es sumar a las causales cubanas de sedición el hecho de “realizar exigencias” al Estado. Es un contenido muy singular del Código cubano, con escaso paralelo en el mundo.

Otro problema refiere a la expresión de la Fiscalía sobre el “deliberado propósito de subvertir el orden constitucional”.

El proceder “vandálico”, subrayado por el Gobierno desde el 11J hasta hoy —también por la Físcalía—, puede conllevar el ataque al orden constitucional, pero es un tipo de actuación diferente al que supone “deliberación” para cometer un delito de tipo político.

En ello, debe quedar demostrado frente al público que las protestas respondieron efectivamente a un “plan enemigo” —más allá de hechos puntuales denunciados, como pago por acciones de violencia inducida para desinformación—, cómo ese plan tuvo capacidad para organizar manifestaciones a lo largo del país, y cómo tuvo éxito frente a la vigilancia de la Seguridad del Estado y de la Policía.

Durante la misma semana posterior al 11J, el discurso gubernamental matizó sus calificaciones sobre los protestantes, y situó también factores económicos y sociales en el origen de las protestas. Tras ello, lanzó un plan de intervención en 65 barrios empobrecidos. Tal reconocimiento muestra, al menos, incongruencias respecto a la calificación de sedición.

El problema del orden público, y su protección democrática, es un asunto político, no se conforma solamente con el reclamo de “normal funcionamiento de las instituciones”. Dicho solo así, se repetiría el concepto de “orden público” que manejaba, por ejemplo, el régimen de Francisco Franco.

La sedición, los derechos políticos y la legitimidad de la protesta social

Los estallidos sociales latinoamericanos fueron presentados por los gobiernos de derecha regional como actos de “vándalos” y “sediciosos”. Lo hicieron reclamando enemigos externos, como la “influencia venezolana”, o internos, como acciones “subversivas”.

Según un estudio publicado por CLACSO, la actuación del Estado ecuatoriano en octubre de 2019 mostró una “oxidada comprensión de la seguridad nacional en clave de combate al enemigo interno”, y “desconoció siempre la legitimidad de las movilizaciones”.

En esos contextos, el tema de la violencia ha sido agitado como un discurso de clase para repudiar las consecuencias que todo conflicto democrático supone, y para fijar una idea de libertad entendida solo como seguridad.

Politizar, complejizar, la discusión sobre la “violencia desde abajo” es una necesidad tan democrática como revolucionaria. Lo es también abrir caminos institucionales y políticos a la protesta pacífica, y al ejercicio de derechos de manifestación, reunión y expresión.

Caracterizar el 11J solo como intento de “golpe blando” cierra toda legitimidad a la expresión de conflictos. Las múltiples operaciones estadunidenses sobre esos hechos, que califican en rigor de guerra híbrida, no privan a esas protestas de su núcleo popular con demandas de calidad de vida, libertad, y justicia.

El Estado cubano debe lidiar con la amenaza que representa el poder de los EEUU, con su proyecto concreto de ser actor interno de la política cubana, a la vez que gestionar las demandas de sus ciudadanos. El campo principal de las soluciones a este conflicto es el social y el político, no el de la policía ni el de la Seguridad del Estado.

El futuro

Al “problema” específico de las consecuencias de la protesta social, se le han ofrecido diversas soluciones. La amnistía es uno de ellos.

En junio de 2021, el presidente español Pedro Sánchez indultó a los nueve presos del Procés, con el objetivo de “abrir un nuevo tiempo de diálogo”, hecho que la derecha española, como el Partido Popular y VOX, amenazó con impugnar, sin éxito.

El presidente electo Gabriel Boric ha pedido amnistía o indulto para los manifestantes chilenos. Lo hizo para “buscar la mejor solución que logre cerrar las heridas”. La derecha se opone al indulto, y asegura que en ese país no hay “presos políticos”.

Tratar políticamente lo que es político, hacer uso estricto del Derecho Penal, amnistiar a los presos del 11J —empezando por los 55 procesados con edades entre los 16 y los 18— que no hayan cometido hechos de gravedad para personas y bienes, y revisar las figuras delictivas aplicadas, haría parte de un camino interesado en soluciones.

Según un estudio publicado en Cuba, tras “un momento de profunda reforma hacia la despenalización y el retroceso de la intervención del Derecho Penal en los finales de la década de los ochenta, la tendencia ha sido hacia la criminalización y la agravación de las penas”.11

El nuevo Anteproyecto de Código Penal contiene aspectos que refuerzan esa muy negativa tendencia: la sanción de la sedición sube el mínimo sancionable a tres años, y aumenta el máximo a 30 años, o privación perpetua de libertad, y mantiene la pena de muerte, una rareza creciente en el mundo.12

La ruta menos indicada hacia el futuro inmediato de la crisis cubana es la combinación de escasez crónica de comida, de carencia de vivienda, salario y jubilaciones dignas, de aumento de la pobreza, la desigualdad y los privilegios, con represión y autoritarismo. La defensa democrática del orden público no es la defensa del principio de autoridad del Estado, sino del ejercicio social de los derechos recíprocos de libertad y justicia.

Durante el 27N, el cineasta Fernando Pérez aseguró que allí se escuchaba “el nuevo lenguaje que necesita la cultura cubana”. Su frase podría ampliarse: la interdependencia de derechos, y su ejercicio, es el nuevo lenguaje que necesita la nación cubana.

Notas:

1 Dentro del campo independentista, las actuaciones contra la República en armas también fueron llamadas sediciones, como Lagunas de Varona (1875) y Santa Rita (1877).

2 La Discusión, 27 de septiembre de 1899.

3 La acusación cambió luego ese delito por “conspiración para la rebelión”. Rodríguez, Rolando (2010). La conspiración de los iguales. La protesta de los Independientes de Color en 1912. La Habana: Imagen Contemporánea, p. 138

4 Helg, Aline (2000). Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba (1886-1912). La Habana: Imagen Contemporánea, p. 293

5 Estos datos aparecen en una investigación de Amalia Pérez Martín está en curso. Generosamente me compartió estos datos, por lo que le agradezco.

6 Consulté desde 1972 hasta 2011.

7 Nada hay que celebrar en la actuación del Estado chileno durante aquellas jornadas, responsable de más de 30 muertos, miles de heridos y detenidos, y de violaciones de derechos, incluidas muchas violaciones al debido proceso.

8 Inventario, un sitio de periodismo de datos, no oficial, construyó un mapa de las protestas.

9 “Las Tendencias del Derecho Penal moderno. Breve acercamiento a la legislación penal cubana”, (2017) en Reflexiones desde la toga. La justicia penal en Cuba. (María Caridad Bertot Yero Coordinadora), Ediciones ONBC. ISBN: 978-959-7234-63-0.

10 Estos son algunos ejemplos. Para calificar de sedición, en España no se hace referencia a objetivos políticos, sino a impedir funciones estatales específicas. En Ecuador, se sanciona a servidoras o servidores militares o policiales. En Panamá, a quien “se valga de fuerzas armadas o usurpe sus atribuciones, tome el mando de la tropa, plazas, puestos de seguridad pública, …”. En México, a quienes “resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones”.

11 “Las Tendencias del Derecho Penal moderno. Breve acercamiento a la legislación penal cubana”, Ob. Cit.

12 Tras tres sentencias ejecutadas en 2003, en Cuba existe una moratoria de la pena capital. Fue esa la última vez que se ha aplicado la pena de muerte en América Latina.

Por Julio César Guanche, Jurista e historiador cubano. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

Fuente:

05/02/2022

Sin permiso

https://oncubanews.com/opinion/columnas/la-vida-de-nosotros/el-problema-de-la-sedicion/?fbclid=IwAR1gXhhzppmlYs6i14UQFMfyZuLDtCStMYAuGJ97I98XeM0toA8gZFuJckA

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Unos 50 mil camioneros canadienses, integrantes del convoy de la libertad, rechazan las medidas restrictivas por el covid-19. En la imagen, la policía permite el paso a uno de los manifestantes en Toronto, capital de la provincia de Ontario.Foto Afp

La revuelta de 50 mil camioneros propietarios en Canadá –miembro de la OTAN, del Comando Norte/NORAD y del geoeconómico T-MEC– tiene ya fuerte impacto en su frontera con Estados Unidos. Se escenifica una feroz colisión entre, por un lado, el connotado comentarista de Fox News, Tucker Carlson (TC), el expresidente Donald Trump, el hoy hombre más rico del mundo, Elon Musk (https://bit.ly/34jcNIX), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y, por otro lado, los epígonos del megaespeculador israelí-húngaro-anglo-estadunidense George Soros.

Trump sentenció que apoya "en toda la ruta (sic) a los grandes camioneros canadienses (Daily Mail, 30/1/22)", mientras el primer Justin Trudeau, de 50 años, abandonó la capital Ottawa con su familia a un lugar desconocido bajo el pretexto de haber contraído covid-19.

En el "convoy de la libertad" brilló el eslogan "Hacer a Canadá grande de nuevo". En contrapunto al wokenismo, que le ha valido a Canadá su apodo de wokestán, surgió lo inesperado: un "convoy de la libertad" de 50 mil camioneros que protestan contra las medidas restrictivas del covid-19, las cuales han sitiado a Ottawa y a su Parlamento, además de poner en jaque al primer Trudeau en Canadá: paradójicamente, país pacifista "doméstico" y simultáneamente bélico foráneo como miembro de la OTAN, donde azuza y atiza la confrontación en Ucrania contra Rusia.

El fondo financiero creado para subvencionar a los contestatarios camioneros, GoFundMe, ha alcanzado 10 millones de dólares (https://bit.ly/35FOtRW), cuyo origen procede en su mayoría de agrupaciones trumpianas de Estados Unidos que los financian generosamente.

Elon Musk apoyó sin tapujos a los camioneros que formaron un impactante convoy de 3 mil 218 kilómetros desde Vancouver (British Columbia), en la costa del Pacífico, hasta la capital Ottawa (Ontario). Musk sentenció por tuit que "los camioneros canadienses gobiernan", mientras el atribulado primer Justin Trudeau los despreció como "racistas" y de "minoría marginal" (https://bit.ly/3GtHqbC).

La asombrosa revuelta alcanzó al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y hasta a Rusia, cuando el conductor estelar de Fox News, TC, desnudó el "control secreto" (sic) de George Soros sobre Hungría y sus multimedia globalistas (https://fxn.ws/3AXqUjh).

TC fustigó a Soros de socavar y ser el enemigo de la "civilización occidental" cuando entrevistó al primer húngaro Viktor Orban –que, por cierto, se acaba de reunir con el zar Vlady Putin en el Kremlin para desactivar el contencioso de Ucrania–, quien exhibió las tendencias globalistas de Soros, personaje que "condensa el símbolo de todo aquello que odian los húngaros". La mendaz estatal CBC difundió en forma bizarra y sin nula evidencia la peregrina "teoría de conspiración" con "actores rusos" (sic) que se encuentran detrás de la revuelta (Daily Mail, 2/2/22). No comment!

Los ardientes camioneros en pleno invierno son propietarios de sus camiones y ya desde el 15 de enero habían sido conminados a ser vacunados para poder atravesar la frontera de la provincia de Alberta, Canadá, con Estados Unidos.

La situación política se le ha complicado a Trudeau cuando el opositor Partido Conservador le exhorta a encontrar una "solución política" e iniciar el diálogo. La postura del Partido Conservador arrojó debajo del autobús a su pusilánime líder Erin O’Toole, quien fue sustituido por la más aguerrida parlamentaria Candice Bergen (CB, https://tgam.ca/3GqXxXt). CB exultó en la Cámara de los Comunes que los contestatarios camioneros son "apasionados, patriotas y pacíficos", (sic) por lo que "merecen ser escuchados y merecen respeto". CB urgió a Trudeau, cercano a Soros, a reunirse con los camioneros, ya que era su responsabilidad "aportar alguna solución".

El primer atribulado Trudeau no sabe arreglar un relativo asunto menor en Canadá –que se le salió de las manos y nunca debió haber llegado a la situación presente–, y ahora busca participar en forma absurda con la OTAN y el megaespeculador globalista George Soros en una guerra nuclear contra Rusia (https://bit.ly/3opDUJt).

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Protestas en Colombia, 4 de mayo de 2021, vía Twitter

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

 

 

La protesta social es disruptiva, incómoda y sublimemente democrática. Su propósito es generar una ruptura a la cotidianidad y, por medio de ésta, expresar la indignación, la rabia y las demandas de las y los protestantes. En algunas ocasiones estas movilizaciones son planeadas y organizadas, convocadas por sindicatos y organizaciones sociales; en otras, estas acciones son espontáneas y sin planeación, movidas por eltejido rebelde del “nunca más”. Pero, independientemente de su nivel de organización, su finalidad es expresar inconformismos y propuestas por medio de la transgresión del espacio público bajo la forma de marchas, tomas, arengas, cacerolazos, pintas, batucadas, ollas comunitarias, y otros repertorios tan creativos como la imaginación y las posibilidades de las y los inconformes.

En Colombia la protesta social es permanentemente estigmatizada y criminalizada. El patrón de los gobernantes en su manejo es declarar, sin evidencia alguna, que los y las marchantes están infiltrados por las guerrillas o grupos criminales y considerar sus repertorios como “disturbios” que requieren la intervención de la fuerza pública. Ambas acciones, no solo imposibilitan el desarrollo de este derecho fundamental, sino que atentan contra la vida y la integridad de las y los ciudadanos que se encuentran ejerciendo esta constitucional y legítima actividad política no institucional.

Durante los últimos dos años los jóvenes han salido masivamente a protestar en Bogotá contra la violencia policial y la profundización de la injusticia social. Hemos visto, oído y olido ollas comunitarias, marchas, tomas, batucadas, arengas, grafitis, mayoritariamente, expresiones pacíficas de inconformismo. Frente a esta expresión ciudadana propia de la democracia participativa, el objetivo de este artículo es realizar un balance del manejo dado a estas protestas por parte de la alcaldía de Claudia López. Este balance muestra como la obligación que tiene la administración distrital de garantizar y respetar el derecho legítimo a la protesta no se cumple, al tiempo que la institución policial metropolitana deja en claro su no subordinación al poder civil. Otra preocupación que deja la revisión de la gestión de la alcaldesa es su falta de firmeza en el manejo de la violencia policial.

#MasacrePolicial9S

Excesos, brutalidad, desproporcionada e injustificada son todos eufemismos para hacer referencia a las actuaciones de la policía metropolitana en el marco de las protestas sociales. Lo que hemos visto en nuestra ciudad es una sistemática, calculada, deliberada e ilegal violencia policial contra protestantes civiles desarmados (a menos que consideremos que un escudo y una olla son armas peligrosas).

Y ningún evento más doloroso para mostrar esta actuación criminal que la masacre policial perpetrada en Bogotá las noches que siguieron a la tortura y asesinato de Javier Ordoñez, padre de dos niños y estudiante de derecho, el 9 de septiembre del 2020. Desde esa madrugada circuló un video en redes sociales que muestra a un hombre desarmado y siendo sometido por agentes de la policía con pistolas eléctricas taser mientras suplicaba “por favor, no más”. Conocimos que el hombre era Javier Ordoñez y que las imágenes correspondían a parte de la tortura a la que fue sometido por agentes de la policía.

El informe de necropsia del cuerpo de Ordoñez es contundente al describir los traumas, laceraciones, contusiones y hemorragias. La violencia que le causó la muerte no hizo parte de un procedimiento legal, fue una tortura llevada a cabo por agentes policiales. La investigación de la Fiscalía establece que el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, y a donde fue llevado Ordoñez para seguir siendo golpeado hasta la muerte, fue un centro de impunidad.

Este horror desató una serie de manifestaciones espontáneas de jóvenes cuyas familias han sido empobrecidas por las políticas neoliberales y que no tienen acceso ni a trabajo digno ni a educación. Las manifestaciones estaban dirigidas contra la policía para quien ser joven y pobre es un crimen. La reacción de este cuerpo armado fue contundente y quedo registrada en miles de videos realizados por los reporteros gráficos en los que se han convertido las y los jóvenes hoy gracias a sus celulares y su experiencia virtual. Muchos uniformados no portaban identificación, tratando de ocultar su uniforme, portaban chaquetas negras. Los videos muestran a periodistas y personal de primeros auxilios bajo intimidación, detenciones arbitrarias, mujeres padeciendo agreción sexual y, por último, si bien no menos importante, a los agentes de la policía disparando contra quienes protestaban.

Los videos también muestran a una ciudadanía respondiendo a la violencia policial. El informe de la Veeduría Distrital sobre los acontecimientos (septiembre de 2020) señala que 72 CAIs fueron quemados durante la ola de protesta e indignación (correspondiente a más de la mitad de los 143 CAIs de la ciudad). El acrónimo Acab inundó las paredes de Bogotá y se volvió tendencia en redes sociales, tal y como había ocurrido unos meses antes con el asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis. Aprendimos el significado de este vocablo, y su versión numérica con el 1213, y vimos cómo esta expresión de solidaridad antiautoritaria y grito contra la represión policial se convertía en liricas de rap y grafitis. Los sectores de derecha también intervinieron en este contexto. Por ejemplo, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) aseguró que “entre los vándalos hay milicias urbanas de ACAB”, buscando convertir a esta sigla de indignación en una estructura clandestina y en una red de apoyo de algún grupo subversivo.

Frente a esta ola de protesta contra la violencia policial, el manejo dado por parte de la Alcaldía, con el liderazgo de Claudia López, fue rápido y categórico. La alcaldesa reconoció que el caso de Ordoñez no es un suceso aislado y que el abuso policial es recurrente y está caracterizado por la impunidad. Del mismo modo, admitió que policías habían asesinado a varios de los jóvenes durante esas noches y realizó actos simbólicos de reconocimiento y reparación con los familiares y en los barrios donde ocurrieron los horrores.

La administración distrital solicitó a las Naciones Unidas la realización de un informe independiente sobre los hechos, cuyos resultados fueron presentados en diciembre de 2021 y que establecen que la Policía Nacional fue la responsable de la muerte de 11 jóvenes en Bogotá y Soacha y que al menos 75 personas fueron heridas por arma de fuego. El informe determina también que lo ocurrido en esas noches fue una masacre perpetrada por la policía y presenta el testimonio de muchas de las víctimas de esa noche, mostrando que, detrás de cada historia hay un nuevo agravio, más intimidación y mucho miedo.


Frente a las actuaciones de la administración de López, el gobierno nacional salió a apoyar a los uniformados (se volvió viral la foto del Presidente vestido de policía a los pocos días de ocurrida la masacre). El ministro de defensa de entonces, Carlos Holmes Trujillo, no dudó en estigmatizar y criminalizar a quienes protestaban argumentando, sin prueba alguna, que detrás de los “hechos vandálicos” que se presentaron durante esas protestas “está la mano criminal de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC que buscan desestabilizar al Gobierno”.

Esta diferencia en el manejo de la protesta dado por la administración nacional y la local se expresó en la caracterización dada al problema de la violencia policial y a sus posibles salidas. El Presidente y su equipo de gobierno salió a apoyar a la fuerza pública y mintió al argumentar que la violencia desatada en la ciudad era producto de la infiltración de las insurgencias armadas. Por su parte, Claudia López reconoció la gravedad de los hechos y la responsabilidad de la Policía. La alcaldesa también reconoció que esta institución requiere una reforma estructural que evite la impunidad. Sin embargo, enmarcó la violencia policial de esas noches de septiembre como un desacato de las órdenes expresas de la Alcaldía de no disparar contra los manifestantes. Sin desconocer lo significativo de la actuación de la administración local en estos eventos, sobresalen por lo menos dos elementos problemáticos (por decir lo menos) del reconocimiento de la Alcaldía. Primero, es muy preocupante que una alcaldesa tenga que aceptar que no tiene mando efectivo sobre la policía metropolitana y, segundo, que quede en la opinión pública la idea de que a la fuerza pública hay que darle la orden de cumplir la ley ¿No es acaso ésa su obligación?

#SosColombiaNosEstanMatando

La violencia del neoliberalismo alcanzó su pico máximo con el tratamiento dado a la pandemia de covid-19. Y ocurrió lo inevitable: la naturalización de la pobreza como resultado del poco esfuerzo individual, de los derechos percibidos como bienes de consumo, y de las jerarquías como inherentes al estado de cosas perdió fuerza en Colombia. Nuevas generaciones irrumpieron en el espacio público y desenmascararon la dominación y la explotación mostrando, por medio de su propia corporeidad, no solo las promesas incumplidas, sino las hipocresías del neoliberalismo. Jóvenes que han visto cómo sus madres trabajan incansablemente sin nunca salir de la pobreza; cómo se desfinancian y privatizan sistemas educativos y de salud sin que eso garantice un mayor acceso o mejoría en el servicio y su calidad; y cómo las elites gobiernan para empobrecer a los muchos y beneficiar a los pocos, sosteniendo privilegios y concentración de la riqueza.
Ya habíamos visto a esos jóvenes a finales del 2011, aglutinados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), derrotar la profundización de la agenda de privatización dentro de las universidades públicas al obligar al gobierno a retirar el Proyecto de Reforma a la Educación Superior que permitía la creación de universidades con ánimo de lucro y un mayor gasto en créditos educativos, propuestas que debilitan al sistema público y dejan con profundas deudas a los jóvenes que se ven obligados a solicitar los créditos (tal como ha sido denunciado en los Estados Unidos).

En noviembre del 2019 se dio otra ola de movilizaciones en Colombia, agrupando a múltiples sectores, que expresaban un descontento general con las políticas neoliberales y criminales del gobierno. En esa oportunidad vimos en acción las luchas por el sentido, donde sectores de las élites posicionaban la idea de que aquellos que protestaban era porque lo “querían todo regalado”, mientras que aquellos que marchaban argumentaban que sus causas eran justas y llenas de solidaridad. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el personaje de ese año fue la cacerola, como expresión simbólica del inconformismo, pero el grito que resonará siempre será: “Dilan no murió, a Dilan lo mataron”. Y lo mató un miembro del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Bogotá mientras protestaba pacíficamente en demanda de una educación pública y de calidad.

Colombia, otro país emblemático del neoliberalismo en América Latina, al lado de Chile, veía una poderosa ola de inconformismos contra este modelo. Y entonces llegó la pandemia del covid-19 que nos obligó a resguardarnos en nuestros hogares para protegernos y proteger a aquellos que amamos; entretanto el gobierno nacional salía a rescatar a los grandes empresarios. Mientras los países desarrollados coincidían en la necesidad de una intervención en sus economías para proteger a los más desfavorecidos y así evitar una catástrofe humana, en Colombia el osado gobierno de Iván Duque radicó en el Congreso, a principios de abril del 2021, una reforma tributaria (que decidió llamar “Ley de Solidaridad Sostenible”) que ponía una carga tributaria adicional sobre las clases medias mientras mantenía los privilegios a los súper ricos por medio de generosas exenciones.

Y la respuesta no se hizo esperar. El Comité Nacional de Paro, que aglutina a organizaciones obreras, indígenas, estudiantiles, y campesinas y que había convocado a las protestas del año anterior, llamó a una jornada de movilización para el 28 de abril. En la ciudad de Bogotá la alcaldesa consideró que las marchas eran, en ese momento y haciendo referencia al pico de la pandemia que vivía la ciudad, un atentado contra la vida. Asimismo, y yendo en contradicción con la vocación de presencia en la calle de todo proceso de protesta, propuso “plantones virtuales”. Las marchas fueron multitudinarias, llenas de digna rabia y mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, López siguió estigmatizando a quienes respondieron a la convocatoria y sus repertorios.

En mayo de 2021, y ante el repertorio de los bloqueos que asumieron en varios puntos de la ciudad las personas inconformes, López aportó a la zozobra que se promovía desde sectores dominantes y amenazó el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, al hacer responsable a los bloqueos del desempleo y el encarecimiento de la comida, negando las posibilidades transformadoras de estos ejercicios democráticos. Asimismo, la alcaldesa contribuyó a la estigmatización de las máscaras de gas, cascos y otros elementos utilizados creativamente por quienes alzaban su voz para protegerse del accionar delictivo de la policía, al calificar éstos como “dotación” con la cual “jóvenes radicalizados” “pinchan, bloquean y secuestran buses” y como parte de una “campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana”.

La preocupación de la alcaldía frente a la destrucción de Transmilenio en medio de las protestas tomó un nuevo nivel con el informe “Afectaciones a los Derechos Humanos en el Marco del Paro Nacional en Bogotá”, presentado por la administración a la Corte Interamericana y a las Naciones Unidas a finales de mayo, en el cual la alcaldía equipara las afectaciones a la infraestructura con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Asimismo, el lenguaje del informe desconoce la gravedad de la violencia policial al nombrar las graves violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido esta institución como “fallas del servicio” o “incidentes de atención”. Estas acciones llevaron a Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Alcaldía, a renunciar. En la carta en que oficializa su decisisón argumenta que la Policía se ha insubordinado del gobierno civil y ha cometido agresiones sistemáticas contra las poblaciones. Asimismo, muestra cómo desde la alcaldía ha habido “tibieza” en el manejo del “abuso policial”.

A principios de junio López caracterizó al Comité de Paro como “Comité del COVID”, argumentando que las aglomeraciones de las protestas habían incrementado el número de contagios. Consideración que no solo estigmatizó a los organizadores del paro, sino que iba en contravía de la evidencia epidemiológica que ha demostrado que la proximidad en espacios cerrados es el riesgo mayor para el contagio y la propagación del virus. Igualmente, López comparó la “Toma de Bogotá”, que estaba organizando el Comité del Paro para el 9 de junio, con tomas guerrilleras y paramilitares.

Estos señalamientos por parte de la Alcaldía se dieron en un contexto de recrudecimiento de la violencia policial contra los y las protestantes. En Bogotá, la primera víctima mortal fue Daniel Alejando Zapata quien murió luego de varios días en el hospital tras haber recibido el impacto de un artefacto disparado por el Esmad en Kennedy mientras participaba pacíficamente de las protestas del Primero de Mayo. Duván Felipe Barros apareció muerto tras ser retenido por la Policía el 5 de junio mientras participaba de la toma del Portal Resistencia (como fue renombrado el Portal de las Américas de Transmilenio). Jaime Alonso Fandiño también murió a manos del Esmad (21 de junio) tras recibir en su pecho el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia. En similares circunstancias fue asesinado Christian David Castillo en Suba (22 de junio).

La nueva modalidad de la violencia policial en Bogotá fueron las lesiones oculares causadas principalmente por el Esmad. Leidy Cadena, fue la primera víctima conocida que perdió la vista de uno de sus ojos durante las manifestaciones. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, anotó: “Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica”. Asimismo, Temblores e Indepaz denunciaron el uso ilegal por parte de la Policía de la figura del “traslado por protección” para impedir el libre ejercicio del derecho a la protesta y la práctica de la desaparición forzada. El sistema de justicia participó también de la criminalización de las protestas, fiscales realizaron imputaciones desproporcionadas a los manifestantes por cargos de “terrorismo” (como lo mostró Human Rights Watch). En medio de este nivel de estigmatización y violencia policial contra los y las protestantes sobresale el apoyo y aprobación de las protestas por parte de la ciudadanía. En junio una encuesta del Centro Nacional de Consultoría mostró que el 78 por ciento de los entrevistados apoyaba las peticiones al Gobierno nacional y casi el 60 por ciento consideraba que el resultado del paro iba a ser positivo.

Sin lugar a duda, estas conductas de la Alcaldía, la Policía y del sistema de justicia crearon un ambiente de temor dentro de los protestantes. Sin embargo, la Alcaldía también tuvo positivas acciones dentro del manejo de la protesta entre las que se resalta su oposición categórica a la declaratoria de conmoción interior, y a la intervención militar en la protesta, y su exigencia de no usar balas de goma por parte de la Policía contra las y los protestantes. Asimismo, la Alcaldía lideró diálogos territoriales con los manifestantes, que no estuvieron exentos de tensiones por la continua estigmatización que sufrían de parte de la administración local las persoans inconformes. Finalmente, López reconoció las demandas de los jóvenes y se comprometió a redestinar 2 billones de pesos del presupuesto hacia programas de educación y empleo para jóvenes y mujeres.

#ClaudiaLopez

A Claudia López le ha faltado firmeza con respecto a las denuncias y acciones frente la gravedad de la violencia policial contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta, y estas omisiones han costado vidas y daños irreparables contra jóvenes y la construcción de ciudadanía en Bogotá. Si bien en 2020, López fue clara y contundente en señalar la violencia de la Policía y exigir transformaciones profundas de esta institución armada, en el 2021 su actuación fue tibia. Asimismo, la alcaldesa, particularmente durante el Paro Nacional del 2021, aportó a la estigmatización de los y las protestantes. Más allá de la obligación de la administración local de garantizar el pleno respeto de los derechos, entre los que se encuentra el derecho a la protesta pacífica, es esencial que López reconozca el lugar de la calle en la construcción de ciudadanías, democracia y derechos. La alcaldesa debe recordar su pasado cuando, desde las calles, luchó vigorosamente por la reforma constitucional que dio origen a nuestra actual carta de navegación. Como en esa oportunidad, sin la política disruptiva e incómoda de las marchas, tomas y bloqueos, difícilmente hubiéramos logrado las profundas agendas que han estado en juego.

*Profesora Universidad Nacional de Colombia.

 

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