Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

Publicado enInternacional
La nueva Constitución de Chile, punto por punto: Sistema Político y electoral, Derechos, Salud, Educación e Igualdad de género

La Convención Constitucional presentó el borrador que será sometido a plebiscito el próximo 4 de setiembre. Entierra definitivamente la Constitución de Pinochet con novedades en todas las áreas. Elimina el Senado e incluye el derecho al aborto entre otros muchos cambios.

 

Chile votará el domingo 4 de setiembre si aprueba o rechaza la nueva Constitución que comenzó a redactarse el año pasado. Este lunes, el pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador del texto aprobado que contiene 499 artículos divididos en ocho capítulos con casi 48 mil palabras.

El documento pasó a la Comisión de Armonización que, si bien no podrá cambiar sustancialmente su contenido, revisará la redacción y eliminará las redundancias. De aprobarse con la extensión actual, Chile podría tener la Constitución más grande del mundo, superando la impulsada por Evo Morales en Bolivia, que tiene 411 artículos.

Tras 10 meses de debate, los constituyentes lograron varios acuerdos y dejaron atrás algunas de las propuestas más polémicas enviadas por los ciudadanos, como la “cárcel para el expresidente Sebastián Piñera”, la pérdida de autonomía del Banco Central y la protección de la vida desde su concepción.

La nueva Constitución elimina el Senado e incluye el derecho al aborto y la muerte digna, así como el reconocimiento a la pluralidad y del patrimonio de los pueblos indígenas que componen el territorio chileno.

A cuatro meses de plebiscito, las encuestas no le sonríen. El 46 % votaría el rechazo, según las últimas publicaciones de Cadem y Activa Research. En los sondeos, la aprobación tiene un apoyo de entre 38 % y el 27,1% mientras que los indecisos se sitúan entre el 16 % y el 27%.

El plebiscito es obligatorio. Si se aprueba, el presidente Gabriel Boric debe convocar al Congreso para que en un acto público y solemne, se promulgue y se prometa acatar la nueva Constitución. Si gana la opción de rechazo al nuevo texto, se mantiene la actual carta magna.

Cómo se gestó la nueva Constitución

En octubre de 2020, con el plebiscito nacional de Chile, la ciudadanía aprobó iniciar un proceso constituyente de cara a la elaboración de una nueva constitución. El texto que rige actualmente es de 1980, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Se llegó a esa instancia luego de las protestas sociales de 2019, cuando durante 28 días hubo masivas movilizaciones reclamando más igualdad y terminar con un “sistema de abusos".

En mayo de 2021 se realizaron las elecciones de los 155 convencionales encargados de realizar la redacción de la nueva Constitución, y tuvieron su primera sesión el 4 de julio en la ex sede del Congreso Nacional.

Desde fines del 2021 y hasta febrero de 2022, la Convención Constitucional tuvo abierto el plazo para recibir iniciativas de la ciudadanía que debían alcanzar las 15 mil firmas para ser debatidas por los constituyentes. De unas 2500 recibidas, fueron 78 las propuestas que superaron el objetivo para ser analizadas con las comisiones temáticas de la Convención.

Derechos fundamentales 

Los Derechos Fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana, y se consideran esenciales “para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza”.

Este capítulo reúne artículos sobre libertad de expresión, seguridad individual, libertad personal ambulatoria, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, libertad de asociación, vivienda, salud, cuidados y derecho de los trabajadores.

Los artículos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos establecen, entre otros puntos, que el Estado debe garantizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Hay un artículo destinado a la educación sexual integral, que incluye el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la erradicación de estereotipos.

Sistema Nacional de Salud

La normativa vinculada a la salud implica la creación de un Sistema Nacional de Salud, que integre “a la red de prestadores públicos, a los hospitales y centros médicos vigentes de las Fuerzas Armadas y de Orden", mediante proyecto de ley presentado por el presidente en un plazo de dos años luego de que la nueva Constitución entre en vigencia.

En materia de cuidados, la propuesta de la nueva constitución incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, con “carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad”, que “prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales”.

Educación Pública

El nuevo texto de la Carta Magna propone que la educación sea de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema de Educación Pública será de carácter laico, gratuito y financiado por el Estado de forma permanente y directa, para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.

El Estado debe “respetar la libertad de prensa”, “promover el pluralismo de los medios” e impedir “la concentración de la propiedad” de los medios de comunicación e información, según se detalla en el apartado Sistemas de Conocimiento.

Este capítulo regula, además, los derechos referidos al patrimonio indígena y el Pueblo Tribal Afrodescendiente, entre ellos, “obtener la repatriación de objetos de cultura y de restos humanos” así como la necesidad de “preservar la memoria” de los pueblos originarios.

Por último, este capítulo contiene el “derecho a la muerte digna” que, aunque no habla directamente de eutanasia ni de muerte asistida, asegura “el derecho a las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”.

Sistema Político sin Senado

La conformación política de Chile protagonizó debates importantes a nivel nacional y dividió a la Sala, obligando a los constituyentes a tener que negociar hasta llegar a un modelo que logró la aprobación de los dos tercios necesarios en el pleno.

Tras meses de discusión, el borrador de la nueva Constitución establece un régimen presidencial, con un legislativo bicameral asimétrico.

Por un lado, el Congreso de Diputadas y Diputados se mantendría con 155 miembros electos, “atendiendo el criterio de proporcionalidad”. Sin embargo, el Senado actual sería eliminado y remplazado por un órgano con menos atribuciones, al que denominaron Cámara de las Regiones.

Los integrantes de esta Cámara serán electos por región, al igual que los diputados, pero el número de integrantes “deberá ser el mismo para cada una y en ningún caso inferior a tres, asegurando que la integración final del órgano respete el principio de paridad”.

En cuanto al jefe del Ejecutivo, el texto establece que “para ser elegida Presidenta o Presidente de la República se requiere tener nacionalidad chilena, ser ciudadana o ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido treinta años de edad”, disminuyendo cinco años los requisitos actuales.

Asimismo, permite la reelección presidencial inmediata, aunque no podrá ser aplicable al mandatario actual.

Corte Constitucional de 11 miembros

En cuando al poder Judicial, el principal cambio es el remplazo del Tribunal Constitucional (TC) por una Corte Constitucional. El nuevo organismo cuenta con funciones similares, pero se compone de 11 magistrados, sumando un miembro más que el TC actual para evitar empates.

Otro cambio importante es la obligatoriedad en las elecciones para los mayores de 18 años, mientras que “el sufragio será facultativo para las personas de dieciséis y diecisiete años de edad”.

Para las instancias electorales, se “creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva”que “promoverá la paridad en las candidaturas”. Además, las listas electorales deberán ser encabezadas siempre por una mujer.

Paridad de género

De aprobarse la nueva Carta Magna, Chile tendrá por primera vez una democracia paritaria establecida desde la Constitución, bajo la premisa de que la paridad “sea un piso y no un techo”, como plantearon varios convencionales. 

De esta forma, el Poder Ejecutivo, Legislativo y de Justicia, la Administración del Estado, las empresas públicas y los órganos autónomos deberán contar con al menos un 50% de sus miembros mujeres y deberán incorporar el enfoque de género en sus funciones.

En materia de seguridad, dos articulados tratan puntos que marcaron los primeros días del presidente Gabriel Boric, que enfrenta una serie de ataques por parte de grupos mapuches, además de sucesivas protestas de transportistas que reclaman por la falta de seguridad en las rutas del país.

Políticas de seguridad

Las iniciativas del gobierno sobre el estado de emergencia generaron roces en la interna oficialista que reclama avanzar en la refundación de Carabineros, la ley de inteligencia, el control de armas y la ley de lavado de activos.

El artículo 19 del capítulo “Sistema Político” de la nueva Carta Magna indica que las policías “son instituciones policiales, no militares”, lo que llevaría a una reforma del cuerpo de Carabineros.

En la misma línea, dentro del las categorías de los Estados de Excepción constitucional se elimina el Estado de Emergencia, relacionado con la perturbación al orden interno y que fue utilizado durante el estallido social en 2019 y en la macrozona sur.

De esta forma, se mantienen el Estado de Asamblea para conflicto armado externo, de Sitio para conflicto armado interno, y el Estado de Catástrofe. “Una vez declarado el estado de excepción, se constituirá una Comisión de Fiscalización dependiente del Congreso de Diputadas y Diputados, de composición paritaria y plurinacional” que deberá “fiscalizar las medidas adoptadas bajo el estado de excepción”, y, en particular, “la observancia de los derechos humanos”.

Estado plurinacional

Por último, la Convención Constitucional aprobó un artículo que define al país como un "Estado Plurinacional e Intercultural" y, de esta forma, pasa a reconocer "la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado".

En total, el borrador reconoce como pueblos y naciones indígenas preexistentes a “los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk'nam” dejando margen para otros que puedan “ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

Además, establece que “el Estado debe garantizarla efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado”.

Medio Ambiente

En su primer artículo, el capítulo sobre Medio Ambiente reconoce la “crisis climática y ecológica” mundial y responsabiliza al Estado de adoptar “acciones de prevención, adaptación, y mitigación de los riesgos”, en relación con el cambio climático.

Con más de 6.435 km de Costa, la nueva constitución establece que “Chile es un país oceánico”, declara como bienes “inapropiables” el agua, el mar territorial, las playas y el aire. Responsabiliza al Estado de su protección y de administrar el agua de forma democrática, garantizando el acceso, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Para esto, establece la creación de la estatal Agencia Nacional de Aguas.

Los movimientos animalistas, que promocionaron campañas para contemplar los derechos de los animales en la constitución, lograron incluir un articulado que califica a estos como “sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.

Por último, en relación con la actividad minera, “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales (...) sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”.

“La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación”, aunque el texto no prohíbe las concesiones a empresas privadas, dejando afuera las iniciativas que pedían la nacionalización de la minería. Además, quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares y las áreas protegidas.

Autonomías regionales

Los artículos sobre Forma de Estado están vinculados al la territorialización de estado y la autonomía regional.

La nueva Carta Magna propone que Chile sea un Estado Regional, Plurinacional e Intercultural "conformado por entidades territoriales autónomas”, política, administrativa y financieramente. Este artículo tiene como objetivo dejar atrás la actual forma jurídica chilena de un “Estado Unitario”.

De esta manera, el Estado estará organizado territorialmente en regiones autónomas que dispondrán de personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, contarán con las competencias para gobernarse “en atención al interés general de la República, de acuerdo a la Constitución y la ley, teniendo como límites los derechos humanos y de la Naturaleza”.

Estas entidades tendrán “autonomía para el desarrollo de los intereses regionales, la gestión de sus recursos económicos y el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria, ejecutiva y fiscalizadora”.

La elección de representantes a los cargos de las entidades territoriales será por votación popular, asegurando, entre otros requisitos, la paridad de género, y la representatividad territorial.

Los artículos más discutidos

Uno de los artículos que estuvieron más debatidos es el del “Maritorio” (darle al mar el mismo estatus que al terrritorio), que finalmente establece las garantías para la preservación, conservación y restauración ecológica de los espacios y ecosistemas marinos y marino costeros.

La normativa acerca de forma del estado también hace referencia a los tributos y la descentralización fiscal. “La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno”, dice el texto.

El documento con la propuesta constitucional incluye “mecanismos de modernización” de los procesos y organización del Estado. En su articulado establece que se tomarán las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales. Además, reconoce la ruralidad como una expresión territorial.

18 de mayo de 2022

*De la Agencia Regional de Noticias, especial para Página/12.

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Xiomara Castro, presidenta de Honduras, en San Pedro Sula.. Imagen: EFE

El canciller hondureño calificó de desacertada la intervención de la embajadora estadounidense

El cruce entre los diplomáticos ocurre luego de que la presidenta Xiomara Castro envió un proyecto de reforma estructural del sector energético para garantizar el acceso a la energía eléctrica así como solventar la millonaria deuda adquirida por la estatal energética durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. 

Honduras le respondió a Estados Unidos luego de que la embajadora norteamericana cuestionó un proyecto de ley de reforma del sector energético que prevé garantizar el servicio de energía eléctrica como bien público. El proyecto además propone revisar los contratos con las empresas generadoras de energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la diplomática estadounidense le preocupa el efecto de la reforma en la inversión extranjera.

Diplomacia desacertada

El ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Enrique Reina, cuestionó la intervención de Laura Dogu, embajadora estadounidense, en el debate sobre la reforma energética. "Sra. Embajadora. Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

"Nos preocupa su desacertada opinión sobre la política interna, lo que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU", advirtió respondiendo al tuit de la diplomática de Washington que había asegurado estaba analizando la propuesta del gobierno de Castro y tenía “preocupaciones” al respecto. "La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética ​y como he escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora" de energía, escribió Dogu en Twitter.

La reforma estructural cuestionada por la embajadora estadounidense fue presentada unos días atrás por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El proyecto enviado por la mandataria titulado Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, prevé subsidios a sectores de bajo ingreso, desempleados o discapacitados y la revisión de contratos con generadoras térmicas, eólicas y de otras fuentes para que rebajen el precio del kilovatio por hora. En este sentido, el proyecto establece que en caso de que no sea posible una renegociación “se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Ley de 2014: hacia la privatización de la ENEE

La ley actual de la Industria Eléctrica fue promulgada en mayo de 2014, en el primer mandato de Juan Orlando Hernández al frente del Ejecutivo luego de ejercer la presidencia del Congreso hondureño. Esa legislación abrió las puertas de la estatal energética a la inversión privada que dos años más tarde tendría a la Empresa Energía Honduras (EEH) al frente de la distribución de energía en el país. Esto se vio reflejado en un aumento en la tarifa del kilovatio y del precio de los medidores. Mientras que la ENEE mantiene una deuda millonaria con la privada a quien le debe transferir más de 10 millones de dólares mensuales. Además, desde 2017 el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares. “Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida”, denunció un trabajador de la estatal al portal de noticias de Honduras Contracorriente.

En cuanto a los proyectos de generación de energía, según el portal Contracorriente, la diputada del Partido Salvador Honduras (PSH), Ligia Ramos, integrante de la Comisión de energía en el parlamento recordó que el 20 de enero de 2014 cuando se aprobaron contratos de energía renovable el hemiciclo entonces dirigido por el expresidente Hernández no estaba en funciones. “Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH”, afirmó Ramos, citada por el medio centroamericano. La legisladora hondureña también denunció que el saqueo de la estatal data de 1994. “La han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado”.

Reacción al proyecto de Xiomara Castro

Sin embargo, la revisión de contratos puso en alerta a los principales generadores de energía que incluso amenazaron con un gran corte de suministro tras el envío del proyecto de ley. El secretario de Energía, Erick Tejada, aseguró que la empresa térmica Lufussa amenazó a la ENEE y al gobierno con suspender el suministro de energía. “Vivimos una crisis sin precedentes, no solo en la ENEE, sino que en el país. Doce años donde se enquistó un modelo de corrupción”, aseguró a la televisión pública de Honduras. Tejada también cuestionó que a pesar de que desde marzo de 2021 la empresa estatal le debía alrededor de 800 millones de lempiras a Lufussa recién ahora a 45 días de la administración de Castro la privada arremete con amenazas.

 “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, sentenció el funcionario hondureño. Además, recordó que la renegociación de los contratos con esas empresas es una de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras. “La mayoría de esos contratos son lesivos para el interés público y es imposible concebir el rescate de la ENEE sin la renegociación de esos contratos”, añadió en referencia a los términos que el gobierno de JOH negoció y que fijaron precios muy por encima de los países de la región centroamericana. Según Tejada, desde 2010 el Estado le ha pagado 2.600 millones de dólares a Lufussa. Por su parte, la privada aseguró que no amenazó a la empresa estatal, y que “simplemente se está notificando que no contamos con los recursos financieros para la compra de combustible que garantice al máximo la producción de energía”.

La demanda energética del país es de unos 1.700 megavatios y el 60 por ciento es generado por plantas térmicas que funcionan con derivados de petróleo. A partir de esos contratos con las generadoras privadas (unas veinte empresas) que suplen el 60 por ciento de la demanda energética del país el Estado de Honduras arrastra una deuda de mas de 3 mil millones de dólares. En el proyecto, Castro también da cuenta que desde el golpe de Estado de 2009 las pérdidas aumentaron y sólo en el área de distribución (desde 2016 a cargo de la EEH) incrementaron de 20,8 por ciento a 30,75 por ciento al 31 de diciembre de 2021.

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Constituyentes chilenos festejan la aprobación de artículos del borrador de la nueva Constitución.. Imagen: Télam

"Chile se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos", destaca el artículo aprobado por los constituyentes.

El pleno de la Convención Constituyente de Chile aprobó un artículo del borrador de la nueva Carta Magna que define al país como un "Estado social y democrático de derecho", en reemplazo del "Estado subsidiario" instaurado en la dictadura de Augusto Pinochet, aún vigente, que transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado. Los convencionales también aprobaron un artículo que define al país como un "Estado laico" que respetará "la libertad de religión y de creencias espirituales", aunque sin ninguna afiliación religiosa. La Convención Constituyente fue concebida como la salida institucional con la que Chile encauzó las masivas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019 en las que señalaban a la actual Carta Magna como el origen de la desigualdad en el país.

Estado social

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico", señala el texto aprobado con 114 votos a favor, 26 en contra y 10 abstenciones, estos últimos votos de la mayoría de Chile Vamos, la coalición del expresidente Sebastián Piñera, y del Partido Republicano. El artículo aprobado agrega que Chile "se constituye como una República solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

Este punto, cuya redacción sufrió varias idas y vueltas entre los convencionales, modifica el espíritu de la Constitución impuesta durante la Dictadura (1973-1990), que le da al Estado un rol subsidiario, es decir, lo consagra como un órgano al que no le corresponde absorber aquellas actividades "que son desarrolladas adecuadamente por los particulares". Esta definición, núcleo del modelo chileno que fue ampliamente rechazado en el estallido social de 2019, en la práctica jibariza al Estado al extremo de transferirle la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.

"El Estado social democrático de derechos es la llave que va a clausurar el modelo subsidiario, que en 40 años no entregó mejor salud, no entregó mejor pensión, no entregó mejor educación", afirmó el constituyente izquierdista Jorge Baradit. En la misma línea, la convencional independiente Lisette Vergara agregó que "con esto se deja de manifiesto que Chile nunca quiso un Estado subsidiario" sino "la protección de las garantías y derechos sociales que son y que encarnan las demandas populares".

Estado Plurilingüe

Los convencionales también aprobaron el artículo 12 de la segunda propuesta de la Comisión de Principios constitucionales sobre plurilingüismo, con 105 votos a favor, 31 en contra y 11 abstenciones, por lo que también integra ya el borrador de la nueva Constitución. La norma señala que "Chile es un Estado plurilingüe, su idioma oficial es el castellano y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena" y advierte que "el Estado promueve el conocimiento, revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado Plurinacional".

Los convencionales también aprobaron el artículo 6 del mismo informe, que consagra la igualdad sustantiva de género. "La Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil", señala el texto. En otros artículos se recoge que Chile será un país "laico, donde se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales", "conformado por diversas nacionalidades" y con una "democracia inclusiva y paritaria".

Si bien Chile ha separado la iglesia del Estado desde su Constitución de 1925, lo cierto es que el vínculo ha permanecido y la discusión respecto a la efectiva laicidad del país sudamericano lleva décadas arriba de la mesa. La relación entre Estado e iglesia en Chile es tal que incluso el Parlamento inicia sus sesiones "en nombre de Dios y de la Patria" desde 2012, debido a que antes era únicamente "en nombre de Dios".

Plebiscito de salida

En el llamado "plebiscito de salida" los chilenos deberán votar el próximo cuatro de septiembre si ratifican o no la propuesta de una nueva Constitución. El voto, para esta ocasión, será obligatorio, participarán mayores de 18 de años y contemplará dos opciones: Apruebo o Rechazo. Para las personas que no residen en Chile, en tanto, el sufragio será voluntario. De ser rechazada, se mantendrá la actual Constitución de Pinochet.

En un histórico plebiscito en octubre de 2020, casi un 80 por ciento de los chilenos se mostró a favor de cambiar la Constitución y en mayo del año siguiente se eligió en las urnas a los 155 miembros del órgano, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes. Aunque la asamblea constituyente fue perdiendo adherentes con el paso de los meses por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de convenciolanes ligados a las protestas sociales de 2019, sigue siendo una de las instituciones mejor valoradas por la población, con un 44 por ciento de aprobación de acuerdo a la encuestadora Cadem.

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La presidenta Xiomara Castro al centro de la imagen

 

Para empresarios, la medida es ambigua y viola la ley

 

Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, declaró al país "libre de minería a cielo abierto" y anunció la cancelación de licencias, permisos y concesiones, decisión celebrada por ambientalistas y que pone en jaque a la industria.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, "se cancela la aprobación de permisos de explotación extractiva por ser lesiva, atentar contra los recursos naturales, la salud pública y limitar el acceso al agua como derecho humano" en el Estado hondureño, añadió.

Para la Asociación Nacional de Mineros, el anuncio es "ambiguo" porque prohíbe incluso la extracción de piedra y arena para la construcción y atenta contra la ley en la materia.

De acuerdo con el asesor del gremio, Santos Gabino Carvajal, si se aplicara a los mineros artesanales, quedarían sin trabajo unas 80 mil personas en el país.

En Centroamérica, El Salvador fue el primer país en prohibir la minería metálica, en 2018, mientras Costa Rica ya había prohibido la minería a cielo abierto en 2010.

En 2018, ocho ambientalistas de la comunidad de Guapinol fueron detenidos tras manifestarse contra esa actividad y recién fueron liberados este año.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras saludó la medida, al considerar que primó el principio de justicia climática y en protección de los recursos naturales y la salud pública.

Juan López, miembro del comité ambientalista de Tocoa, destacó que el anuncio del gobierno "es un aliento" a las comunidades que luchan contra la industria minera.

Pero mayores medidas como la derogación y reforma de leyes que regulan los contratos de las trasnacionales con el Estado involucrarían al Congreso. "Eso lleva todo un proceso", comentó a la agencia de noticias Afp.

López citó el ejemplo de Los Pinares, que pertenece a otro consorcio local con conexiones en Panamá, Estados Unidos y Europa.

"Estas empresas tienen una logística mundial con acceso a tribunales internacionales con los que someten a los países pequeños como Honduras", lamentó.

"Pero las comunidades hemos enfrentado al Estado y a las grandes empresas porque el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) se colocó al servicio de éstas", resaltó.

Hernández, quien dejó el poder en enero, está preso, a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El ambientalista Fernández elogió la decisión del gobierno porque, a su juicio, la minería para este país en términos económicos es insignificante: "no produce ni uno por ciento del PIB y genera menos de 0.1 por ciento del empleo".

Según el Banco Central, en 2021 las exportaciones mineras de Honduras alcanzaron 293 millones de dólares.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) explicó en un reporte que los proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos están cambiando la geografía del país.

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La experiencia de Bélgica reconoce antecedentes en muchos países.

Tras su adopción en Bélgica

Bélgica sorprendió esta semana al anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días por semana. La noticia fue presentada como una oportunidad de dar mayor libertad a los trabajadores, aunque lo cierto es que en el caso belga no se reducen las horas laborales sino que se pueden organizar de otra forma.

La posibilidad de achicar la semana laboral se empezó a discutir en muchos países a raíz de las nuevas formas de trabajo que trajo la pandemia, aunque decenas de empresas en todo el mundo ya lo venían experimentando, cada una a su manera.

Los casos de Bélgica y España

Según el acuerdo alcanzado entre los ministros de la coalición gobernante, que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento, el trabajador podrá elegir concentrar sus 40 horas semanales en cuatro días o podrá optar por un régimen semanal variable, trabajando más horas una semana y teniendo más tiempo libre a la siguiente.

El caso de España, uno de los primeros países en hablar de semana de cuatro días, es diferente porque a lo que se apunta es a reducir las horas de trabajo, tal como señaló el diputado español Íñigo Errejón, impulsor del proyecto en su país.

"Trabajar 10 horas diarias para librar un día es un atentado a la conciliación y a la calidad de vida. Han ido por el camino contrario" alertó Errejón, aunque se alegró de que la posibilidad de tener tres días de descanso ya no sea un tabú y cada vez más empresas o países lo estén intentando.

El proyecto que impulsa Más País, el partido que dirige Errejón, supone una rebaja de las horas y se le está dando impulso mediante proyectos piloto acordados con el Ejecutivo.

El Gobierno español aportará 10 millones de euros a unas 200 empresas que participarán de la prueba para implantar, este año, la jornada laboral de 32 horas semanales o cuatro días. Se estima que alcanzará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores.

Los principales gremios apoyan la medida impulsada por Errejón subrayando que se trata de una "reivindicación histórica del movimiento sindical". La patronal española, en cambio, rechaza ese modelo de trabajo porque teme que afecte la productividad.

Las ventajas de la semana reducida

Sin embargo, según la ONG 4 Day Week Global (4DWG, Semana de cuatro días mundial), aquellos que lo hicieron mejoraron no solo la productividad sino también la salud de los trabajadores y sus familias.

Además, comprobaron que ese esquema también sirve para resolver problemas de igualdad de género, permitiendo un reparto más equitativo de las tareas de cuidado entre madres y padres y favorecieron el camino hacia un trabajo más sostenible.

En diálogo con la agencia Télam, un representante de 4DWG reveló que un resultado inesperado para las empresas fue que les resultó más fácil atraer y retener talento.

El primer país en implementar la jornada reducida fue Islandia, tras una prueba de cuatro años (2015-2019) entre los empleados del sector público de la capital, Reikiavik.

Las 2.500 personas que trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario tuvieron menos estrés y agotamiento, mejoraron su salud y su equilibrio de vida y empleo sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.

Hoy, el 86% de los islandeses trabaja menos horas o puede solicitar el nuevo patrón horario, algo que los sindicatos ya están negociando.

Más experiencias en todo el mundo

En Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian aprobó la semana laboral de cuatro días desde 2018 y Unilever lo hizo en 2021. En plena pandemia y con las fronteras del país selladas, la primera ministra, Jacinda Ardern, prometió extenderlo a todo el territorio para fomentar el turismo interno y la economía.

En el Reino Unido, en tanto, está en marcha la iniciativa a través de 30 empresas que, si logran su cometido, podrían ayudar a que el Parlamento adopte por ley la semana laboral de 32 horas a nivel nacional.

Suecia, por su parte, probó reducir la jornada laboral en 2015 en varios centros de cuidados de ancianos, un sector al que le cuesta reclutar personal.

Las 70 enfermeras que participaron de una prueba registraron menos licencias por enfermedad, mejores condiciones de salud y aumentaron la productividad. Además, se crearon empleos adicionales y se redujeron los costos de cobertura por problemas de salud.

Sin embargo, los resultados fueron cuestionados por sus altos costos y fue descartado por el Gobierno, aunque algunas empresas, entre ellas Toyota, lo mantienen hasta el día de hoy.

En Japón, Microsoft es la primera en aplicar la jornada laboral de cuatro días y comprobó que los trabajadores mejoraron su productividad en hasta un 40% y aumentaron las ventas, a la vez que redujeron los gastos de electricidad y de tinta y papel, entre otros.

En Estados Unidos y Alemania también son las empresas las que han estado impulsando la reducción horaria, cada una con sus diferencias, como la estadounidense Basecamp, que lo hace solo durante el verano.

En España, en cambio, la empresa que atrajo todas las miradas es DelSol Software, que hace varios años viene practicando este esquema, que se tradujo en mayor rendimiento, más facturación y menor ausentismo.

La situación en Argentina

En el país, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

  • El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales. 
  • El del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.

Los problemas del exceso de trabajo

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta un 3% del PBI.

La falta de descanso impacta de distintas maneras: baja la productividad, aumenta el ausentismo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades crónicas, cardíacas, cáncer, abortos espontáneos en el primer trimestre y nacimientos prematuros.

Para 4DWG, está demostrado que reducir la semana laboral de 40 a 32 horas funciona para empleados y empleadores.

"Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco", recordó la ONG antes de subrayar que no se debe perder tiempo en esa discusión: "Ya estamos atrasados para una actualización".

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Bogotá, 19 de febrero de 2020. Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Los ocho magistrados que votaron sobre despenalizar el aborto quedaron divididos 4-4. Será ahora un conjuez quien se encargue del desempate

Este 20 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. Una decisión que quedó en empate con cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Es de recordar que, el noveno voto hubiese sido del magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate por un impedimento que presentó al referirse sobre el tema del aborto en un medio de comunicación.

A favor de la ponencia que despenaliza el aborto votaron los magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo. Mientras que en contra de despenalizar, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.

Ahora tendrá que ser un conjuez quien determine el desempate de esta discusión que puede culminar en la despenalización total de esta práctica como lo reclaman las organizaciones que velan por el derecho de la mujer, o que en el país siga aplicándose el aborto solo bajo las tres causales:

  1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
  3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

El 25 de febrero de 2021, la Sala Plena eligió, por unanimidad, a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

Esta es la lista de los conjueces y será uno de ellos quien termine definiendo el desempate de este importante debate.

Según El Tiempo, la responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao que tendrán un tiempo para evaluar todo el expediente.

El empate se dio por la falta del voto del magistrado Linares

Linares entregó unas declaraciones a un medio de comunicación el 11 de noviembre de 2021, las cuales, de acuerdo con él, podrían interferir con su imagen de imparcialidad en la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: ‘papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”, dijo en ese entonces el magistrado a un medio de comunicación.

Frente al impedimento, el pasado 18 de noviembre de 2021 la Sala Plena de la Corte no llegó a un acuerdo, por lo que designaron al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre, el alto tribunal tuvo un primera sesión, sin embargo, ese día tampoco se tomó una decisión por lo que se suspendió el encuentro. Ahora, un mes y medio después, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Linares.

El alto tribunal estudió las ponencias presentadas por los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, en las que se solicita despenalizar el aborto en Colombia, el cual es legal en el país desde 2006 bajo tres causales y de no entrar en ellas, el aborto es considerado como un delito, cuya pena sería de entre 16 a 54 meses de cárcel.

Según Lizarazo, el Estado debe despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en el país, pues penalizarlo no solo incide en que se practiquen abortos inseguros, sino también, que se vulnere “la libertad de conciencia de las mujeres” de decidir si quieren procrear o no.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la posición de los conjueces y se llegue a una decisión crucial sobre el tema del aborto en Colombia.

20 de Enero de 2022

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Reino Unido arranca una prueba de la semana laboral de cuatro días

Unas 30 empresas participarán en este proyecto piloto durante seis meses, entre las que se encuentra la multinacional Canon.

Un nuevo proyecto piloto se une a las pruebas similares que han hecho en Islandia, Australia, Nueva Zelanda o en España, que consta con un proyecto impulsado por Compromís en la Comunidad Valenciana y con un proyecto estatal impulsado por Más País.

Durante seis meses, hasta 30 empresas británicas participarán en este proyecto para comprobar las ventajas y las posibilidades de una reducción de jornada laboral a cuatro días sin reducción de salario. Dichas empresas mantendrán los salarios de los empleados exigiendo una productividad del 100% durante el 80% del tiempo.

Además de controlar la productividad, el proyecto trabajará junto a las empresas para medir el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género

Hasta el momento se han unido seis empresas al programa que pretende empezar en junio de 2022. Los impulsores del programa pretenden que el número de compañías participantes llegue a las 30 antes de la fecha de comienzo. Todas las empresas recibirán un paquete de apoyo que incluye talleres, tutorías, creación de redes y acceso a investigaciones académicas de primer orden, según han explicado desde los promotores. Además de controlar la productividad, el proyecto piloto contará de un equipo de expertos que trabajarán junto a las empresas para medir también el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género.

El programa piloto se llevará a cabo en colaboración con académicos de Cambridge y Oxford, así como con el Boston College, la campaña británica 4 Day Week y la organización Autonomy.  La empresa Canon Medical Research Europe, con sede en Edimburgo, será una de las empresas que probará la semana de cuatro días entre sus 140 empleados sin reducir sus salarios.

Enero 17/22

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Aborto, educación y reforma de pensiones, propuestas de los chilenos para Convención Constitucional

Nueve iniciativas alcanzaron las 15 mil firmas necesarias para que las debatan los constituyentes.  

A partir de enero de este año, la Convención Constitucional de Chile entró en la etapa en la que debe comenzar a discutir los temas que serán incluidos en la Carta Magna. 

Con un plazo máximo que no puede pasar julio de este año -aunque hay algunos constituyentes que quieren pedir una prórroga- los encargados de redactar la nueva Constitución, recibieron casi 4000 mil propuestas constitucionales a través de la plataforma denominada “iniciativa popular de norma”.

Este mecanismo permite que una persona o un grupo pueda presentar a la Convención una propuesta que podría llegar a ser incorporada en la nueva Constitución. Pero para que sean analizadas, las propuestas deben venir acompañadas con el respaldo de al menos 15.000 firmas.

Según el último informe de la Convención, los ciudadanos chilenos presentaron 3876 iniciativas para la nueva Constitución que reemplazará la elaborada por el dictador Auguto Pinochet. De estas, solo 1.522 fueron admitidas por la Secretaría de Participación Popular, mientras que el resto fueron rechazadas, declaradas inadmisibles o no pertinentes.

Pero, al momento, solo nueve lograron superar las 15.000 firmas requeridas para entrar a la Convención Constituyente. Estos articulados tratan temas presentes en debate público para los chilenos, pero que también fueron llevados al Legislativo en los últimos años: la interrupción del embarazo, la educación, el cannabis, la libertad religiosa, la explotación minera y una reforma a las pensiones.

El siguiente paso será que pasen a una comisión donde será discutida y votada. Si alcanza la mayoría simple, la propuesta pasará al pleno, donde necesitará un respaldo de dos tercios de los 155 integrantes para aprobarse.

Además de recibir las iniciativas populares, los constituyentes electos enviarán sus propias normativas que se someterán a votación. Sobre esto, algunos bloques ya adelantaron propuestas sobre el combate a la corrupción política y la reforma del Poder Legislativo a un sistema unicameral.

Los ahorros previsionales

Una de las iniciativas más votadas, que duplicó las firmas necesarias y alcanzó los 35.968 apoyos, trata uno de los temas más discutidos en el último año en la política chilena y que fue protagonista en la campaña electoral.

La propuesta busca garantizar el derecho a la seguridad social, por lo que establece una pensión básica universal que cubra a todos los chilenos en edad de retiro. Según indica, el financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

“Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos”, continúa el texto.

La propuesta fue presentada por un grupo de trabajadores convocados a través de las redes sociales. Durante la campaña electoral, los candidatos “proponían destinar nuestras cotizaciones a fondos solidarios o cuentas ficticias, metiéndonos, una vez más, la mano al bolsillo. Esto ya pasó en Argentina donde el gobierno se apoderó de los fondos de pensiones y hoy el sistema está desfinanciado. No queremos que nos pase lo mismo”, argumentó el grupo.

“Será Ley” y "Derecho a la vida"

El avance de la interrupción del embarazo en América Latina divide a los ciudadanos chilenos en un país mayoritariamente católico y dos propuestas con objetivos opuestos lograron entrar en la Constituyente.

La actual legislación chilena permite el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre. Fuera de estos casos, la pena es de hasta cinco años de prisión.

Un colectivo feministapresentó una propuesta, con 15.000 firmas de respaldo, que busca garantizar la despenalización del embarazo por voluntad de la mujer. La iniciativa que denominaron “Será ley” también abarca temas como la salud reproductiva, derecho a la información y a la educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género y los derechos laborales de las personas gestantes.

Por otra parte, miembros de la fundación católica “Chile Siempre” piden a la Convención que “el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción”. La propuesta que busca prohibir el aborto en todas las causales alcanzó los 19.850 apoyos, unos cinco mil menos que la iniciativa “Será Ley”.

"Banco Central Autónomo"

“La inflación es uno de los temas económicos más dañinos para las personas. No controlarla supone un deterioro para la calidad de vida de los hogares, especialmente los más pobres”, comienza la iniciativa que busca la creación de un Banco Central Autónomo en Chile.

La iniciativa elaborada por tres ingenieros civiles logró alcanzar las 15 mil firmas en menos de 48 horas. Entre los cambios para “mejorar y modernizar” la Constitución, detallan que “se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del BC”.

Además, rechazan que la entidad financiera pueda realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos y reclaman que se garantice la autonomía del consejo directivo “sin dependencia y alejada de toda presión político-electoral”.

"Derecho a la educación"

Durante la dictadura militar chilena, Pinochet introdujo la "municipalización de la enseñanza", una reforma para descentralizar el sistema de educación. A 30 años de su implementación, el sistema que acusan de generar segregación y de impulsar la educación privada continúa vigente aunque con cambios en el último gobierno de Michel Bachelet.

La educación es un tema presente en la agenda de los chilenos y dos propuestas que buscan abordar este tema lograron destacarse entre miles por la cantidad de apoyos recibidos. Ambas iniciativas suman más de 36 mil firmas, y buscan objetivos similares: “la libertad de enseñanza” y el “deber preferente de los padres”.

"La libertad religiosa y de conciencia"

En octubre de 2021, representantes de diversas religiones de Chile llegaron ante la Sala Convención Constitucional. A partir de este encuentro, nació la propuesta que, a través de tres artículos, busca garantizar “libertad de conciencia y religión”.

Además, el texto establece que los creyentes “podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones”, así como tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa “de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según argumentan, el texto fue firmado por un amplio espectro de representantes religiones entre los que menciona: la Iglesia Católica, grupos evangélicos, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Corporación mapuche ENAMA y el Consejo político Pueblos originarios.

Nacionalización de las empresas de la Gran Minería

Las últimas semanas, la explotación del litio se robó el protagonismo en la política chilena tras una polémica licitación del gobierno de Sebastián Piñera por 400.000 toneladas del metal.

La propuesta del presidente saliente fue criticada por buscar privatizar este tipo de minería, a dos meses de que el actual mandatario entregue la Presidencia.

En medio de este panorama que enfrentó a varios sectores chilenos, una iniciativa constitucional que busca nacionalizar el litio, cobre y oro, alcanzó los 15.000 apoyos y promete generar divisiones entre los constituyentes.

El articulado establece que solo podrán ser adjudicadas a empresas producciones de hasta 36.000 toneladas al año y que las licencias no tendrán una duración superior a 20 años. Además, deberán realizarse "en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas" y cuidando los recursos naturales.

En cuanto a las empresas que ya operan en Chile, la propuesta llama a la expropiación "por causa de utilidad pública o de interés nacional" y establece que las mineras privadas "podrán reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrán siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial".

“Cannabis a la Constitución ahora”

El Estado debe respetar “el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético”, subraya el texto que 43 colectivos sociales buscan agregar a la nueva Constitución.

La propuesta fue la última en superar los 15 mil apoyos y cuenta con patrocinio de más de 34 mil chilenos, incluidas la constituyente Manuela Royo y la diputada Ana María Gazmuri. En el país está permitido la comercialización del cannabis solo para su uso medicinal. 

 *Agencia Regional de Noticias

Publicado enInternacional
Domingo, 24 Octubre 2021 05:20

¿Una Iglesia “asamblearia”?

Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares.. Imagen: AFP

La estrategia de Francisco

Como forma de afrontar los problemas que atraviesa la Iglesia y como manera de impulsar respuestas institucionales acordes con los desafíos de la realidad, el Papa promueve un nuevo modelo de participación eclesiástica basado en la corresponsabilidad.

Francisco enfrenta resistencias fuera y dentro de la Iglesia Católica. Por sus críticas al capitalismo, por la defensa de los pobres y por sus posiciones ante graves problemas internos que en otro tiempo fueron tabú para la jerarquía eclesiástica. Pero el Papa continúa a paso firme con el proyecto que se trazó desde que arribó al Vaticano. Y así como en recientes declaraciones a la agencia argentina Télam sostuvo que “la pandemia es un desafío al cambio” que si no se hace efectivo “salimos peor, aunque no lo sintamos”, también en el orden interno eclesiástico Jorge Bergoglio da pasos destinados a cambiar los modos de participación y toma de decisiones en la Iglesia. Ello sin dejar de encarar situaciones sumamente críticas que heredó, como lo es centralmente la cuestión de los abusos sexuales por cuenta de una parte del clero y la jerarquía. Pero además mientras continúa sus diálogos institucionales con quienes deciden en el mundo, Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares como principales interlocutores y aliados en su propósito de disminuir las desigualdades. El 17 de octubre el Papa le hizo un llamado a los dirigentes populares a "soñar juntos para evitar el abismo al que vamos" y les agradeció por "dejarme ser parte de sus luchas".

Frente a la próxima cumbre climática COP26 (Glasgow, 1 al 12 de noviembre) y al encuentro del G20 en Roma, Francisco no desperdició oportunidad para mandar su mensaje. “Hay que plantearse seriamente la salida a las periferias” dijo. Y subrayó que “esto lo hacemos ahora o no lo hacemos más” porque, agregó Bergoglio, “la fraternidad universal no es un tango, es una realidad”. Los últimos discursos de Francisco estuvieron marcados por cierto dramatismo seguramente surgido de la preocupación que deriva de la situación mundial agravada por la pandemia. “El partido se juega ahora” porque “si no estamos fritos” le dijo a Telam en lenguaje porteño coloquial.

Los problemas internos

Pero más allá de lo que hoy Francisco representa para la humanidad como referente político-cultural y religioso, el Papa enfrenta serios problemas e innumerables desafíos hacia el interior de su propia feligresía, un conglomerado que según el anuario estadístico vaticano actualizado al 31 de diciembre de 2019 reúne a 1.344.403.000 católicos y católicas en todo el mundo.

Una reciente investigación realizada en Francia dio cuenta del abuso de más de 333 mil niños a manos de funcionarios de la Iglesia Católica en los últimos setenta años, dato que se suma a hechos similares ocurridos en Australia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos, entre otros países.

Francisco sabe que esta es una de las cuestiones más delicadas que debe afrontar. “Mi vergüenza, nuestra vergüenza, es por la incapacidad de la Iglesia de ponerlas en el centro de sus preocupaciones”, dijo Bergoglio.

A ello se sumaron también maniobras que involucran a los “Legionarios de Cristo” (hoy intervenidos por el Vaticano) en operaciones por hasta 295 millones de euros en paraísos fiscales según se reveló en los “Papeles de Pandora”. Esas cuentas fueron creadas por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador y superior general de “Los legionarios”, fallecido en 2008 y señalado también como pederasta, cuyo poder eclesiástico creció al amparo de Juan Pablo II. Francisco fue terminante cuando, en febrero de este año y hablando ante los legionarios, se refirió al “comportamiento delictivo” del fundador Maciel, dijo que no se lo puede considerar “un ejemplo de santidad a imitar” y criticó su “doble vida” que le permitió adquirir poder en la Iglesia.

Como parte de su estrategia para sortear todas estas dificultades Bergoglio sigue avanzando en nombrar en puestos claves a personas de su confianza y conocimiento personal. Una de las designaciones más recientes fue la del sacerdote español Fernando Vérgez Alzaga, hecho obispo y puesto al frente del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Vérgez Alzaga es un clérigo que desde los años setenta forma parte de distintas instancias de la curia vaticana y que fue secretario personal del cardenal argentino Eduardo Pironio (1920-1998), siendo esa la ocasión en la que tuvo relación cercana con Bergoglio.

En la misma línea habría que destacar también recientes nombramientos de la teóloga argentina Emilce Cuda como jefa de la oficina de la estratégica Pontificia Comisión para América Latina y del obispo Jorge García Cuerva, también argentino e identificado con la “opción por los pobres”, en la no menos importante Congregación para los Obispos, responsable de acercarle al Papa los nombres de los futuros obispos.

La iglesia “asamblearia”

Sin desconocer la gravedad de los problemas externos e internos a enfrentar, Francisco entiende que la Iglesia Católica tiene que profundizar el camino de su renovación. Para ello, ha venido tomando resoluciones en el marco de sus atribuciones pontificias pero sin avanzar en reformas del derecho canónico ni de las constituciones eclesiásticas. Pero la apuesta más fuerte es a promover la participación mucho más activa y protagónica de todos los fieles lo cual debe leerse también como un embate contra el clericalismo.

Bergoglio ha querido impulsar una renovación del Concilio Vaticano II alimentando una experiencia sinodal, de asamblea. Sobre esta certeza, el Papa convocó a un proceso de escucha previa al sínodo que se celebrará dentro de dos años, partiendo de la base del compromiso de todas y todos los fieles. Para Francisco “lo contrario al clericalismo es la corresponsabilidad”. Desde su creación en 1967, los sínodos han sido encuentros reservados a los obispos, con apenas la participación de asesores. Ahora el Papa abrió un proceso de dos años que comienza por la consulta (“la escucha”) en las diócesis (circunscripciones eclesiáticas) de todo el mundo y que culminará con un sínodo con amplia participación de todos los estamentos de la Iglesia. Según el teólogo Rafael Luciani, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), el Papa está “mejorando una nueva forma eclesial de proceder inspirada en una práctica de transparencia y responsabilidad”.

América Latina, donde habitan el 62% de los católicos de todo el mundo, ha sido de alguna manera un lugar de experimentación de esta metodología. Cuando los obispos latinoamericanos le pidieron a Bergoglio que convocara a una nueva Conferencia General del Episcopado como las celebradas cada diez años en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, el Papa les contra ofertó una asamblea eclesial, que tendrá su punto culminante del 21 al 28 de noviembre próximo en México, pero que se inició con consultas y escuchas a lo largo y ancho de todo el continente. El propio Francisco dijo que “esta es la primera vez que se realiza una asamblea eclesial. No es una conferencia de obispos latinoamericanos como las anteriores. Es otra cosa. Es un encuentro del pueblo de Dios, laicas, laicas, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, que caminan juntos. Oran, hablan, piensan, discuten, buscan la voluntad de Dios”, aseguró el Papa.

Según lo informó el arzobispo argentino Jorge Lozano, Secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), unas mil personas participarán virtualmente en la asamblea latinoamericana. Los obispos serán minoría: 200. Habrá 200 sacerdotes y diáconos, 200 religiosos y 400 laicos. Hasta allí llegarán y se pondrán en debate los resultados de la escucha y las propuestas de la feligresía de toda la región. Así Francisco pone a prueba en América Latina un nuevo estilo de participación que pretende para el catolicismo mundial.

24 de octubre de 2021

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