Bogotá, 19 de febrero de 2020. Sala Plena de la Corte Constitucional.(Colprensa - Álvaro Tavera)

Los ocho magistrados que votaron sobre despenalizar el aborto quedaron divididos 4-4. Será ahora un conjuez quien se encargue del desempate

Este 20 de enero la Sala Plena de la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. Una decisión que quedó en empate con cuatro magistrados a favor y cuatro en contra. Es de recordar que, el noveno voto hubiese sido del magistrado Alejandro Linares, pero este fue separado del debate por un impedimento que presentó al referirse sobre el tema del aborto en un medio de comunicación.

A favor de la ponencia que despenaliza el aborto votaron los magistrados: Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio Lizarazo y Diana Fajardo. Mientras que en contra de despenalizar, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses, Jorge Ibáñez y Gloria Ortiz.

Ahora tendrá que ser un conjuez quien determine el desempate de esta discusión que puede culminar en la despenalización total de esta práctica como lo reclaman las organizaciones que velan por el derecho de la mujer, o que en el país siga aplicándose el aborto solo bajo las tres causales:

  1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.
  3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

El 25 de febrero de 2021, la Sala Plena eligió, por unanimidad, a los 18 conjueces que, en caso de empate o falta de quorum necesario, tendrán la responsabilidad de participar de la deliberación y votación de las decisiones para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

Esta es la lista de los conjueces y será uno de ellos quien termine definiendo el desempate de este importante debate.

Según El Tiempo, la responsabilidad recayó en los conjueces Julio Andrés Ossa y Juan Carlos Henao que tendrán un tiempo para evaluar todo el expediente.

El empate se dio por la falta del voto del magistrado Linares

Linares entregó unas declaraciones a un medio de comunicación el 11 de noviembre de 2021, las cuales, de acuerdo con él, podrían interferir con su imagen de imparcialidad en la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia.

“En ese tema uno escucha múltiples opiniones, gente muy cercana a uno (…) o tiene los hijos de uno que le dicen: ‘papá, estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, o no estoy de acuerdo contigo en la despenalización del aborto, cada individuo tiene una visión muy personal de lo que debería ser un fallo de la Corte”, dijo en ese entonces el magistrado a un medio de comunicación.

Frente al impedimento, el pasado 18 de noviembre de 2021 la Sala Plena de la Corte no llegó a un acuerdo, por lo que designaron al conjuez Yepes Arcila. El primero de diciembre, el alto tribunal tuvo un primera sesión, sin embargo, ese día tampoco se tomó una decisión por lo que se suspendió el encuentro. Ahora, un mes y medio después, la Corte Constitucional aceptó el impedimento del magistrado Linares.

El alto tribunal estudió las ponencias presentadas por los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos, en las que se solicita despenalizar el aborto en Colombia, el cual es legal en el país desde 2006 bajo tres causales y de no entrar en ellas, el aborto es considerado como un delito, cuya pena sería de entre 16 a 54 meses de cárcel.

Según Lizarazo, el Estado debe despenalizar la interrupción voluntaria del aborto en el país, pues penalizarlo no solo incide en que se practiquen abortos inseguros, sino también, que se vulnere “la libertad de conciencia de las mujeres” de decidir si quieren procrear o no.

Se espera que en las próximas semanas se conozca la posición de los conjueces y se llegue a una decisión crucial sobre el tema del aborto en Colombia.

20 de Enero de 2022

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Reino Unido arranca una prueba de la semana laboral de cuatro días

Unas 30 empresas participarán en este proyecto piloto durante seis meses, entre las que se encuentra la multinacional Canon.

Un nuevo proyecto piloto se une a las pruebas similares que han hecho en Islandia, Australia, Nueva Zelanda o en España, que consta con un proyecto impulsado por Compromís en la Comunidad Valenciana y con un proyecto estatal impulsado por Más País.

Durante seis meses, hasta 30 empresas británicas participarán en este proyecto para comprobar las ventajas y las posibilidades de una reducción de jornada laboral a cuatro días sin reducción de salario. Dichas empresas mantendrán los salarios de los empleados exigiendo una productividad del 100% durante el 80% del tiempo.

Además de controlar la productividad, el proyecto trabajará junto a las empresas para medir el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género

Hasta el momento se han unido seis empresas al programa que pretende empezar en junio de 2022. Los impulsores del programa pretenden que el número de compañías participantes llegue a las 30 antes de la fecha de comienzo. Todas las empresas recibirán un paquete de apoyo que incluye talleres, tutorías, creación de redes y acceso a investigaciones académicas de primer orden, según han explicado desde los promotores. Además de controlar la productividad, el proyecto piloto contará de un equipo de expertos que trabajarán junto a las empresas para medir también el impacto en el bienestar de la plantilla, el impacto en el medio ambiente y la igualdad de género.

El programa piloto se llevará a cabo en colaboración con académicos de Cambridge y Oxford, así como con el Boston College, la campaña británica 4 Day Week y la organización Autonomy.  La empresa Canon Medical Research Europe, con sede en Edimburgo, será una de las empresas que probará la semana de cuatro días entre sus 140 empleados sin reducir sus salarios.

Enero 17/22

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Aborto, educación y reforma de pensiones, propuestas de los chilenos para Convención Constitucional

Nueve iniciativas alcanzaron las 15 mil firmas necesarias para que las debatan los constituyentes.  

A partir de enero de este año, la Convención Constitucional de Chile entró en la etapa en la que debe comenzar a discutir los temas que serán incluidos en la Carta Magna. 

Con un plazo máximo que no puede pasar julio de este año -aunque hay algunos constituyentes que quieren pedir una prórroga- los encargados de redactar la nueva Constitución, recibieron casi 4000 mil propuestas constitucionales a través de la plataforma denominada “iniciativa popular de norma”.

Este mecanismo permite que una persona o un grupo pueda presentar a la Convención una propuesta que podría llegar a ser incorporada en la nueva Constitución. Pero para que sean analizadas, las propuestas deben venir acompañadas con el respaldo de al menos 15.000 firmas.

Según el último informe de la Convención, los ciudadanos chilenos presentaron 3876 iniciativas para la nueva Constitución que reemplazará la elaborada por el dictador Auguto Pinochet. De estas, solo 1.522 fueron admitidas por la Secretaría de Participación Popular, mientras que el resto fueron rechazadas, declaradas inadmisibles o no pertinentes.

Pero, al momento, solo nueve lograron superar las 15.000 firmas requeridas para entrar a la Convención Constituyente. Estos articulados tratan temas presentes en debate público para los chilenos, pero que también fueron llevados al Legislativo en los últimos años: la interrupción del embarazo, la educación, el cannabis, la libertad religiosa, la explotación minera y una reforma a las pensiones.

El siguiente paso será que pasen a una comisión donde será discutida y votada. Si alcanza la mayoría simple, la propuesta pasará al pleno, donde necesitará un respaldo de dos tercios de los 155 integrantes para aprobarse.

Además de recibir las iniciativas populares, los constituyentes electos enviarán sus propias normativas que se someterán a votación. Sobre esto, algunos bloques ya adelantaron propuestas sobre el combate a la corrupción política y la reforma del Poder Legislativo a un sistema unicameral.

Los ahorros previsionales

Una de las iniciativas más votadas, que duplicó las firmas necesarias y alcanzó los 35.968 apoyos, trata uno de los temas más discutidos en el último año en la política chilena y que fue protagonista en la campaña electoral.

La propuesta busca garantizar el derecho a la seguridad social, por lo que establece una pensión básica universal que cubra a todos los chilenos en edad de retiro. Según indica, el financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

“Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos”, continúa el texto.

La propuesta fue presentada por un grupo de trabajadores convocados a través de las redes sociales. Durante la campaña electoral, los candidatos “proponían destinar nuestras cotizaciones a fondos solidarios o cuentas ficticias, metiéndonos, una vez más, la mano al bolsillo. Esto ya pasó en Argentina donde el gobierno se apoderó de los fondos de pensiones y hoy el sistema está desfinanciado. No queremos que nos pase lo mismo”, argumentó el grupo.

“Será Ley” y "Derecho a la vida"

El avance de la interrupción del embarazo en América Latina divide a los ciudadanos chilenos en un país mayoritariamente católico y dos propuestas con objetivos opuestos lograron entrar en la Constituyente.

La actual legislación chilena permite el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, violación o riesgo de la vida de madre. Fuera de estos casos, la pena es de hasta cinco años de prisión.

Un colectivo feministapresentó una propuesta, con 15.000 firmas de respaldo, que busca garantizar la despenalización del embarazo por voluntad de la mujer. La iniciativa que denominaron “Será ley” también abarca temas como la salud reproductiva, derecho a la información y a la educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género y los derechos laborales de las personas gestantes.

Por otra parte, miembros de la fundación católica “Chile Siempre” piden a la Convención que “el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción”. La propuesta que busca prohibir el aborto en todas las causales alcanzó los 19.850 apoyos, unos cinco mil menos que la iniciativa “Será Ley”.

"Banco Central Autónomo"

“La inflación es uno de los temas económicos más dañinos para las personas. No controlarla supone un deterioro para la calidad de vida de los hogares, especialmente los más pobres”, comienza la iniciativa que busca la creación de un Banco Central Autónomo en Chile.

La iniciativa elaborada por tres ingenieros civiles logró alcanzar las 15 mil firmas en menos de 48 horas. Entre los cambios para “mejorar y modernizar” la Constitución, detallan que “se debe indicar que la política monetaria es de uso exclusivo del BC”.

Además, rechazan que la entidad financiera pueda realizar préstamos al Estado o financiar el gasto público mediante créditos directos o indirectos y reclaman que se garantice la autonomía del consejo directivo “sin dependencia y alejada de toda presión político-electoral”.

"Derecho a la educación"

Durante la dictadura militar chilena, Pinochet introdujo la "municipalización de la enseñanza", una reforma para descentralizar el sistema de educación. A 30 años de su implementación, el sistema que acusan de generar segregación y de impulsar la educación privada continúa vigente aunque con cambios en el último gobierno de Michel Bachelet.

La educación es un tema presente en la agenda de los chilenos y dos propuestas que buscan abordar este tema lograron destacarse entre miles por la cantidad de apoyos recibidos. Ambas iniciativas suman más de 36 mil firmas, y buscan objetivos similares: “la libertad de enseñanza” y el “deber preferente de los padres”.

"La libertad religiosa y de conciencia"

En octubre de 2021, representantes de diversas religiones de Chile llegaron ante la Sala Convención Constitucional. A partir de este encuentro, nació la propuesta que, a través de tres artículos, busca garantizar “libertad de conciencia y religión”.

Además, el texto establece que los creyentes “podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones”, así como tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa “de acuerdo con sus propias convicciones”.

Según argumentan, el texto fue firmado por un amplio espectro de representantes religiones entre los que menciona: la Iglesia Católica, grupos evangélicos, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Corporación mapuche ENAMA y el Consejo político Pueblos originarios.

Nacionalización de las empresas de la Gran Minería

Las últimas semanas, la explotación del litio se robó el protagonismo en la política chilena tras una polémica licitación del gobierno de Sebastián Piñera por 400.000 toneladas del metal.

La propuesta del presidente saliente fue criticada por buscar privatizar este tipo de minería, a dos meses de que el actual mandatario entregue la Presidencia.

En medio de este panorama que enfrentó a varios sectores chilenos, una iniciativa constitucional que busca nacionalizar el litio, cobre y oro, alcanzó los 15.000 apoyos y promete generar divisiones entre los constituyentes.

El articulado establece que solo podrán ser adjudicadas a empresas producciones de hasta 36.000 toneladas al año y que las licencias no tendrán una duración superior a 20 años. Además, deberán realizarse "en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas" y cuidando los recursos naturales.

En cuanto a las empresas que ya operan en Chile, la propuesta llama a la expropiación "por causa de utilidad pública o de interés nacional" y establece que las mineras privadas "podrán reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrán siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial".

“Cannabis a la Constitución ahora”

El Estado debe respetar “el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la búsqueda de bienestar, placer y salud integral, incluyendo los usos de cannabis y otras sustancias psicoactivas de origen vegetal o sintético”, subraya el texto que 43 colectivos sociales buscan agregar a la nueva Constitución.

La propuesta fue la última en superar los 15 mil apoyos y cuenta con patrocinio de más de 34 mil chilenos, incluidas la constituyente Manuela Royo y la diputada Ana María Gazmuri. En el país está permitido la comercialización del cannabis solo para su uso medicinal. 

 *Agencia Regional de Noticias

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Domingo, 24 Octubre 2021 05:20

¿Una Iglesia “asamblearia”?

Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares.. Imagen: AFP

La estrategia de Francisco

Como forma de afrontar los problemas que atraviesa la Iglesia y como manera de impulsar respuestas institucionales acordes con los desafíos de la realidad, el Papa promueve un nuevo modelo de participación eclesiástica basado en la corresponsabilidad.

Francisco enfrenta resistencias fuera y dentro de la Iglesia Católica. Por sus críticas al capitalismo, por la defensa de los pobres y por sus posiciones ante graves problemas internos que en otro tiempo fueron tabú para la jerarquía eclesiástica. Pero el Papa continúa a paso firme con el proyecto que se trazó desde que arribó al Vaticano. Y así como en recientes declaraciones a la agencia argentina Télam sostuvo que “la pandemia es un desafío al cambio” que si no se hace efectivo “salimos peor, aunque no lo sintamos”, también en el orden interno eclesiástico Jorge Bergoglio da pasos destinados a cambiar los modos de participación y toma de decisiones en la Iglesia. Ello sin dejar de encarar situaciones sumamente críticas que heredó, como lo es centralmente la cuestión de los abusos sexuales por cuenta de una parte del clero y la jerarquía. Pero además mientras continúa sus diálogos institucionales con quienes deciden en el mundo, Francisco sigue privilegiando a los movimientos populares como principales interlocutores y aliados en su propósito de disminuir las desigualdades. El 17 de octubre el Papa le hizo un llamado a los dirigentes populares a "soñar juntos para evitar el abismo al que vamos" y les agradeció por "dejarme ser parte de sus luchas".

Frente a la próxima cumbre climática COP26 (Glasgow, 1 al 12 de noviembre) y al encuentro del G20 en Roma, Francisco no desperdició oportunidad para mandar su mensaje. “Hay que plantearse seriamente la salida a las periferias” dijo. Y subrayó que “esto lo hacemos ahora o no lo hacemos más” porque, agregó Bergoglio, “la fraternidad universal no es un tango, es una realidad”. Los últimos discursos de Francisco estuvieron marcados por cierto dramatismo seguramente surgido de la preocupación que deriva de la situación mundial agravada por la pandemia. “El partido se juega ahora” porque “si no estamos fritos” le dijo a Telam en lenguaje porteño coloquial.

Los problemas internos

Pero más allá de lo que hoy Francisco representa para la humanidad como referente político-cultural y religioso, el Papa enfrenta serios problemas e innumerables desafíos hacia el interior de su propia feligresía, un conglomerado que según el anuario estadístico vaticano actualizado al 31 de diciembre de 2019 reúne a 1.344.403.000 católicos y católicas en todo el mundo.

Una reciente investigación realizada en Francia dio cuenta del abuso de más de 333 mil niños a manos de funcionarios de la Iglesia Católica en los últimos setenta años, dato que se suma a hechos similares ocurridos en Australia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos, entre otros países.

Francisco sabe que esta es una de las cuestiones más delicadas que debe afrontar. “Mi vergüenza, nuestra vergüenza, es por la incapacidad de la Iglesia de ponerlas en el centro de sus preocupaciones”, dijo Bergoglio.

A ello se sumaron también maniobras que involucran a los “Legionarios de Cristo” (hoy intervenidos por el Vaticano) en operaciones por hasta 295 millones de euros en paraísos fiscales según se reveló en los “Papeles de Pandora”. Esas cuentas fueron creadas por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador y superior general de “Los legionarios”, fallecido en 2008 y señalado también como pederasta, cuyo poder eclesiástico creció al amparo de Juan Pablo II. Francisco fue terminante cuando, en febrero de este año y hablando ante los legionarios, se refirió al “comportamiento delictivo” del fundador Maciel, dijo que no se lo puede considerar “un ejemplo de santidad a imitar” y criticó su “doble vida” que le permitió adquirir poder en la Iglesia.

Como parte de su estrategia para sortear todas estas dificultades Bergoglio sigue avanzando en nombrar en puestos claves a personas de su confianza y conocimiento personal. Una de las designaciones más recientes fue la del sacerdote español Fernando Vérgez Alzaga, hecho obispo y puesto al frente del Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Vérgez Alzaga es un clérigo que desde los años setenta forma parte de distintas instancias de la curia vaticana y que fue secretario personal del cardenal argentino Eduardo Pironio (1920-1998), siendo esa la ocasión en la que tuvo relación cercana con Bergoglio.

En la misma línea habría que destacar también recientes nombramientos de la teóloga argentina Emilce Cuda como jefa de la oficina de la estratégica Pontificia Comisión para América Latina y del obispo Jorge García Cuerva, también argentino e identificado con la “opción por los pobres”, en la no menos importante Congregación para los Obispos, responsable de acercarle al Papa los nombres de los futuros obispos.

La iglesia “asamblearia”

Sin desconocer la gravedad de los problemas externos e internos a enfrentar, Francisco entiende que la Iglesia Católica tiene que profundizar el camino de su renovación. Para ello, ha venido tomando resoluciones en el marco de sus atribuciones pontificias pero sin avanzar en reformas del derecho canónico ni de las constituciones eclesiásticas. Pero la apuesta más fuerte es a promover la participación mucho más activa y protagónica de todos los fieles lo cual debe leerse también como un embate contra el clericalismo.

Bergoglio ha querido impulsar una renovación del Concilio Vaticano II alimentando una experiencia sinodal, de asamblea. Sobre esta certeza, el Papa convocó a un proceso de escucha previa al sínodo que se celebrará dentro de dos años, partiendo de la base del compromiso de todas y todos los fieles. Para Francisco “lo contrario al clericalismo es la corresponsabilidad”. Desde su creación en 1967, los sínodos han sido encuentros reservados a los obispos, con apenas la participación de asesores. Ahora el Papa abrió un proceso de dos años que comienza por la consulta (“la escucha”) en las diócesis (circunscripciones eclesiáticas) de todo el mundo y que culminará con un sínodo con amplia participación de todos los estamentos de la Iglesia. Según el teólogo Rafael Luciani, doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), el Papa está “mejorando una nueva forma eclesial de proceder inspirada en una práctica de transparencia y responsabilidad”.

América Latina, donde habitan el 62% de los católicos de todo el mundo, ha sido de alguna manera un lugar de experimentación de esta metodología. Cuando los obispos latinoamericanos le pidieron a Bergoglio que convocara a una nueva Conferencia General del Episcopado como las celebradas cada diez años en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, el Papa les contra ofertó una asamblea eclesial, que tendrá su punto culminante del 21 al 28 de noviembre próximo en México, pero que se inició con consultas y escuchas a lo largo y ancho de todo el continente. El propio Francisco dijo que “esta es la primera vez que se realiza una asamblea eclesial. No es una conferencia de obispos latinoamericanos como las anteriores. Es otra cosa. Es un encuentro del pueblo de Dios, laicas, laicas, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, que caminan juntos. Oran, hablan, piensan, discuten, buscan la voluntad de Dios”, aseguró el Papa.

Según lo informó el arzobispo argentino Jorge Lozano, Secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), unas mil personas participarán virtualmente en la asamblea latinoamericana. Los obispos serán minoría: 200. Habrá 200 sacerdotes y diáconos, 200 religiosos y 400 laicos. Hasta allí llegarán y se pondrán en debate los resultados de la escucha y las propuestas de la feligresía de toda la región. Así Francisco pone a prueba en América Latina un nuevo estilo de participación que pretende para el catolicismo mundial.

24 de octubre de 2021

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Chile, entre la rebelión popular, las elecciones y una Constituyente descafeinada

La rebelión popular de octubre de 2019 marca el punto de inflexión en la política chilena. Su mayor éxito, lograr la convocatoria de un proceso constituyente que hoy se dirime entre el desencanto y la frustración. No olvidemos que el llamamiento fue hecho a regañadientes por los partidos del orden y su nuevo aliado el Frente Amplio, cuya cara es Gabriel Boric. El 15 de noviembre de 2019 firmaron el pacto por la "paz y una nueva Constitución" definiendo los límites sobre los cuales podría transitar la nueva Carta Magna. Una redacción capaz de mantener en pie el edificio neoliberal. Para lograrlo, se exigiría una mayoría de dos tercios de los convencionales para dar el visto a cada artículo propuesto. Así, bastaría un tercio de los delegados para rechazar una propuesta rupturista de los principios neoliberales. Las votaciones para la convención arrojaron unos resultados sorprendentes. La derecha obtuvo menos de un tercio de representantes, viéndose la posibilidad de formar consensos progresistas para romper el pacto de la traición. Pero la ilusión se ha ido al traste. Las alianzas en la convención recompusieron el cuadro. Lo impensable se hizo realidad. Los pactos se reditaron cuando los convencionales votaron su reglamento interno y mantener el quórum de los dos tercios. Así, la derecha, la ex concertación, el Frente Amplio, independientes no neutrales, logran el control real y cierran el paso a una redacción con efectos reales para la ciudadanía. Se podrán reconocer derechos, pero la economía de mercado pondrá límites al gasto público y de paso no permitirá la inversión en sanidad, vivienda, educación. Por otro lado, ni pensar que los convencionales determinen que las riquezas del país no puedan ser vendidas a extranjeros. Las trasnacionales tendrán carta blanca para explotar los yacimientos de cobre, litio y de paso repatriar sus beneficios vía tratados de libre comercio. La Constituyente camina desoyendo las voces que dieron lugar a la rebelión popular.

La rebelión plantea preguntas que a dos años siguen sin respuesta. La movilización no ha cuajado en un proyecto. La crítica a la corrupción, a los partidos políticos, a la represión del pueblo mapuche, al patriarcado, contra la violencia de género, el cambio climático, la privatización de la educación, la sanidad, la desigualdad social no ha sido suficiente para construir una alternativa; seguramente no era su objetivo. Pero la protesta, debió ser un punto de partida. Tal vez, las esperanzas se centraron en esa candidatura de independientes a la convención constituyente La Lista del Pueblo. Tuvo 24 constituyentes, hoy no existe. Se disolvió víctima de los males que combatía. El personalismo, la corrupción, la mentira, las malas artes políticas.

Las protestas en estos dos años, han tenido una constante, el grado de violencia con el cual se han empleado las fuerzas armadas y de carabineros contra los manifestantes. La gravedad de sus actuaciones se acrecienta. El uso indiscriminado del material antidisturbios ha significado decenas de muertos, lesiones oculares, violaciones y miles de detenidos. El Estado chileno no ha tenido límites para ejercer la represión. El mantenimiento del Estado de excepción, la militarización del Wallmapu, la aparición de paramilitares contratados por las empresas madereras para acosar e intimidar al pueblo mapuche, son los síntomas de la degradación y la perdida de legitimidad del gobierno. A pesar de ello, las protestas se han mantenido en medio de la pandemia. No es sólo Santiago, se desarrollan huelgas, paros de sanitarios, profesores, estudiantes, estibadores, pescadores, movimiento feminista y pueblos originarios. Es en toda su geografía.

La celebración de la rebelión popular busca mantener el sentido que llevó a millones de chilenos a tomar las calles clamando el fin de la Constitución pinochetista y una sociedad más justa. Hoy se suma a lo dicho, la demanda de libertad para los presos políticos detenidos durante la rebelión popular de 2019. Mientras, el partido del orden y sus nuevos aliados debaten sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, cuyos índices de abstención superan 50 por ciento. A pesar de ello, todo parece indicar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad y miembro del Frente Amplio, ocupará una plaza. Lo que se cuestiona es quién lo acompañará en segunda vuelta. La derecha se divide entre Sichel y el nazifascista José Antonio Kast. Por otro lado, está la democristiana Yasna Provoste, quien cuenta con apoyos entre las clases medias y sectores empresariales. En esta disyuntiva, es posible que una parte de la derecha apoye a Provoste para una segunda vuelta. En conclusión, a dos años de la rebelión popular, gane quien gane en las presidenciales, Chile seguirá bajo las leyes del mercado, gracias a una nueva Constitución que avalará su argumentario.

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El proyecto de ley sobre acción climática: ¿dónde está la educación?

A finales del mes pasado el gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se adopta la acción climática que busca continuar con la gestión del cambio climático en el territorio, con acciones como reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación de los ecosistemas y las comunidades para el cumplimiento de las metas climáticas; en el marco de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional en esta materia.

La crisis climática ya no acepta más discursos floridos, pero sin acción, y mientras más se demoren los gobiernos en implementar estrategias y planes de intervención serios y audaces, mayores serán los recursos económicos que hay que invertir y por consiguiente habrá que realizar recortes presupuestales en otros renglones de la vida nacional.

Al igual que los proyectos presentados por los gobiernos anteriores especialmente el de Juan Manuel Santos, su prosa es muy hermosa, pero carece un soporte financiero que garantice su viabilidad y mucho menos que se traduzca en acciones, con el agravante que antagoniza   con la ley de presupuesto recientemente aprobada en la cual se reducen drásticamente los recursos financieros para enfrentar el cambio climático , a ello hay que agregar una mayúscula contradicción; mientras las Naciones Unidas, permanentemente han llamado a los gobiernos de todo el mundo a enfatizar en la educación como un factor esencial para dar respuesta a los retos que plantea a la humanidad el cambio climático, la educación nos ayuda a entender las causas y consecuencias de este fenómeno global y nos orienta en el desarrollo de estrategias y actitudes, conductas para adaptarnos a sus consecuencias, pero ante todo, nos permite entender que el cambio ambiental es ante un problema ético que requiere de todos los ciudadanos del mundo construir y poner en práctica normas éticas que nos lleven del antropocentrismo al biocentrismo, como la ética que debe regular las relaciones entre los seres humanos, con otros seres vivos ,con los ecosistemas y con la naturaleza, el proyecto del gobierno excluye al Ministerio de Educación cuando debería estar orientando el proyecto, en un reciente pronunciamiento la UNESCO , formuló un llamado a las universidades del planeta para que incluyeran el cambio climático como un eje transversal en sus programas de formación profesional.

Como consecuencia del modelo de desarrollo capitalista dominante en el país, que reduce el desarrollo humano al crecimiento económico, fomentando la desigualdad y afectando de manera significativa el medio ambiente, se ha puesto en primer lugar el papel preponderante de la educación en todos los procesos sociales y como motor del desarrollo; en este escenario, el papel de la pedagogía se ha vuelto trascendental por su significado en la promoción del aprendizaje, todos los seres humanos se han vuelto aprendices. Esto conlleva a replantear el papel del profesor de transmisor a mediador del conocimiento, sensible y crítico, un aprendiz permanente, un orientador, un investigador y sobre todo un constructor de sentido.

A pesar de la trascendencia del problema, de las políticas formuladas, de las estrategias planteadas y de las acciones propuestas; el sistema educativo   colombiano no ha logrado producir los cambios esperados en las personas. No ha sido posible que pueda desarrollar mecanismos para la conservación de los ecosistemas ambientales, sociales y económicos, para enfrentar la pérdida progresiva de la biodiversidad que amenaza el futuro del país. Es indudable que un sistema educativo sustentado en la racionalidad cartesiana, que fomenta el transmisionismo de contenidos abstractos y descontextualizados, es incapaz de posibilitar que los aprendices desde su experiencia cotidiana se repiensen y generen hábitos de consumo más responsables y actitudes más proactivas con el ambiente.

La sociedad colombiana es cada vez más urbana, ha perdido sus conexiones con la naturaleza y con todo lo que en ella tiene ocurrencia, lo que ha llevado a perpetuar la idea de que los ecosistemas y los recursos naturales son medios útiles para el ser humano, que están a merced de su poder, y no como sistemas de los cuales dependemos. En este contexto se requiere que la educación en general y la educación ambiental en particular lleve a las personas a la autorreflexión, deje de enseñar teorías sin contenido material y pase a inspirar actitudes y valores, que fomenten la construcción de puentes entre los retos ambientales, las emociones y la curiosidad. Así, la posibilidad con el cuidado y uso responsable del medio ambiente aumentará.

Vale la pena retomar los planteamientos de William Ospina en un evento donde se analizaron las metas educativas para la generación del Bicentenario en donde sostuvo: “si la educación es adiestramiento y transmisión de habilidades prácticas, los talleres, las fábricas y las oficinas son mucho más competentes para impartirla que las aulas, a menudo dispuestas a contaminarse de todo, salvo de realidad. Las aulas a veces parecen vestigios de esas edades que sólo creían en la verdad revelada, administrada por una iglesia, que tenían por impura y vulgar toda concesión a la experiencia. Causa perplejidad que se nos encierre en lóbregos recintos para iniciarnos en el conocimiento de la naturaleza, que debamos escuchar por horas y por meses un saber aburrido y fósil mientras afuera discurre el milagro del mundo”.

Teniendo en cuenta que la magnitud y frecuencia de los fenómenos asociados al cambio climático son variables y fluctuantes ,tanto espacial como temporalmente, se hace necesario que el sistema educativo en particular replanteé los procesos pedagógicos y las estrategias didácticas imperantes en la escuela, generalmente homogenizantes, instrumentales e inmediatistas, con privilegio del activismo, para impulsar miradas diferenciales y particulares que estimulen el desarrollo de lazos y construya vasos comunicantes entre la problemática ambiental y las comunidades locales, su cultura y saberes.

El cambio climático requiere ser abordado con todos los recursos con que dispone el país, entre los cuales la educación desempeña un papel trascendental en el legado que se dejará a las futuras generaciones. La educación, formación y sensibilización sobre el cambio climático serán herramientas claves para estimular y promover la creación de capacidades de adaptación y mitigación frente a los impactos y efectos de un fenómeno de alta complejidad y novedad, que requiere del conocimiento y la participación decidida de todos los colombianos

El cambio climático no hace cuarentena y la pandemia solo ha venido a evidenciar la situación de un planeta que lleva demasiado tiempo enfermo”, aseguró Silvia Gómez, (2020) directora de Greenpeace Colombia. El virus y los efectos del cambio climático que se vienen sucediendo, nos han enseñado que no respetan fronteras y que sus impactos afectan a todos los habitantes de la tierra, sin ningún tipo de distinciones.

Es necesario que la educación colombiana se apropie de ese gran legado de sabiduría ambiental que encierra la acuarela de nuestras comunidades indígenas y ancestrales, que ha sido reconocido y valorado por la comunidad científica universal.


En estos convulsionados tiempos, debemos aprovechar la problemática ambiental para convocar a toda la ciudadanía para promover una acción educativa integral que nos comprometa para luchar por una patria más justa, participativa, solidaria y responsable con el medio ambiente. El sistema educativo colombiano tiene la responsabilidad de preparar a todos los ciudadanos del país en una perspectiva que los lleve a reconocer su territorio como un sistema complejo, que necesita soluciones análogas para los problemas ambientales, para lograr su sustentabilidad, en ese sentido cobran actualidad los planteamientos del insigne investigador y docente de la problemática ambiental del país Julio Carrizosa Umaña:

Necesitamos una educación que nos capacite para nuestra propia complejidad y la complejidad de la realidad colombiana y creo que los elementos de una educación ambiental compleja a todo lo largo del sistema educativo podrían ayudar a formar gentes capaces de hacer eso. Concentro mi propuesta en términos “formación” y “capacitación” y en eso difiero de las líneas actuales que se concentran en la “construcción de competencias. Esa diferencia es de fondo, aspiro a algo más que entrenar en el desempeño de un trabajo específico: creo que el mundo actual lo necesario es preparar para la vida misma”.

Finalmente, me parece conveniente retomar los siguientes aspectos de la carta que Joyce Msuya, directora ejecutiva de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente dirigió a los participantes en el evento: “El tiempo se nos acaba. Debemos ir más allá de las promesas y la política. Más allá de los compromisos con poca rendición de cuentas. Lo que está en juego es la vida y la sociedad, en la forma en que la que la mayoría la conocemos y la disfrutamos hoy”.

Por. Luis Hernando Rincón Bonilla*

Fuente: El Nuevo Liberal, Popayán-Cauca, octubre 15 de 2021

*Profesor jubilado de la Universidad del Cauca

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Foto de archivo del 3 de mayo de un grupo de ciudadanos chilenos al hacer fila en la sucursal de una AFP, para realizar el tercer retiro de sus ahorros previsionales, en Santiago de Chile. Imagen: EFE

Aunque aún no se vislumbra el fin del sistema de pensiones establecido por la Dictadura, en Chile hay señales para pensarlo como el nerviosismo de las administradoras y las confesiones de ministros de Piñera de haber retirado el 10por ciento de sus aportes. Quedó más que claro que este modelo no funciona.

 

Aunque casi nadie lo dice abiertamente, el destino de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile parecen estar más cerca del fin que de alguna reforma cosmética para adaptarse a las demandas ciudadanas que las pusieron en el centro del Estallido Social iniciado en octubre de 2019 y que se ha traducido en tres retiros —cada uno con un tope del 10 por ciento— del dinero ahorrado para la vejez. Esta semana, con la aprobación en Diputados el martes pasado de un cuarto retiro, que ahora pasó al Senado, se ha reabierto un debate que cruza la campaña presidencial chilena.

Este sistema previsional, instaurado en 1981 en plena dictadura de Pinochet, obliga a los trabajadores a depositar el 10 por ciento de su sueldos a las administradoras, que los hacen en elegir entre cinco fondos (siendo el “A” el más riesgoso y el “E” el más conservador). No sólo cobran comisión, sino que también invierten dentro de Chile y en el extranjero, obteniendo ganancias que no se traspasan al trabajador. Al contrario, son estos últimos quienes asumen las pérdidas. No es casual que hasta el día de hoy se salven de este esquema carabineros y fuerzas armadas.

El candidato de Piñera reconoce haber retirado el 10 por ciento

El candidato oficialista Sebastián Sichel, quien cuenta con el respaldo del propio Sebastián Piñera quien predijo que será “un gran presidente”. En julio,en sintonía con Piñera, Sichel se declaró en contra del cuarto retiro anticipado y advirtió: “Voy a estar mirando quienes apoyan para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas".

Ese tono amenazante, molestó transversalmente a la alianza oficialista de Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli y ha ido moderándose sobre todo porque Sichel no ha logrado superar en las encuestas a Gabriel Boric, candidato del conglomerado Apruebo Dignidad—integrado por el Partido C y el Frente Amplio, quien apoya el retiro.

Pero hay algo más, el hombre de derecha, que se presenta como alguien alejado de la política tradicional y de un pasado supuestamente humilde, ha sido acusado abiertamente de haber retirado su 10 por ciento, lo cual le hacostado el respaldo de varios diputados de su sector.

Sichel, en su estilo camaleónico, en un principio dijo que esto era una trampa. “No voy a caer en ese debate moral, porque creo que esa es incoherencia del sistema, mientras algunos salen a dar explicaciones, yo creo que al revés, creo que las explicaciones las deben dar quienes están aprobando el cuarto retiro”. Hasta que finalmente hoy afirmó en twitter que efectivamente sacó ese dinero pero que lo invirtió en una cuenta de Ahorro Previsional Voluntario (APV), perteneciente al mismo sistema de AFP. Además, emplazó sobre todo a Boric a responder si también ha retirado sus fondos. 

Lo delirante es que lo reconoce cuando hasta su propia vocera Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito, o los ministros Rodrigo Cerda de Hacienda y Carolina Schmidt de Medio Ambiente, han dicho, en un ataque de sinceridad, que han sacado porcentajes del dinero correspondiente a sus pensiones.

 “La verdad, es que si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100 por ciento de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura”, subió la apuesta Sichel 

Las AFP, nerviosas

Este caos ha repercutido profundamente en las AFP, que han debido adaptarse desde el primer retiro en julio de 2020. Si bien sus voceros comenzaron diciendo que era algo que perjudicaría la economía, llevando a Chile hacia un abismo abierto con el Estallido Social y la pandemia, actualmente las AFP han invertido en una mejor presencia en las redes sociales, enviando correos sobre las bondades de no retirar los fondos y adoptando un estilo de supuesta cercanía a las necesidades de sus afiliados.

Pero por dentro hay nerviosismo, muchas horas extra y caras largas ante una transformación de proporciones del viejo sistema de pensiones. Así, por ejemplo la AFP Provida, la más grande del país, ha llamando a reuniones de urgencia y presenciales con un mes de anticipación en agosto pasado. Aunque la razón esgrimida era que los trabajadores pudieran “verse las caras”, quizá haya un factor más pragmático y tendría que ver con que lidera la fuga de afiliados en pandemia y que su propietario, los estadounidenses de MetLife, estarían empezando a inquietarse con tanto retiro, cosa que posiblemente ocurre también con otras administradoras como Habitat o Plan Vital pertenecientes a Prudential Financial (EE.UU.) y Assicurazioni Generali (Italia).

El mediático empresario Juan Sutil, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, señaló en su acostumbrado tono apocalíptico que aprobar este retiro —que se tramita la próxima semana en la cámara alta— “significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los inversionistas extranjeros”.

De hecho, el dólar acaba de superar los 800 pesos chilenos, llegando a su mayor valor desde octubre de 2020, siendo una de las razones la incertidumbre ante el cuarto retiro y el futuro de las AFP. Una situación que contrasta con el desconfinamiento, la primavera y el fin del toque de queda que rápidamente va normalizando la vida en las grandes ciudades de Chile, aunque con la mascarilla y el alcohol gel. 

1 de octubre de 2021

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¿Cuál es el verdadero significado de la política de “prosperidad común” en la China de Xi Jinping?

Xi Jinping, jefe de la burocracia de Pekín, ha encendido la señal de alarma llamando la atención de los factores de poder en China, y en el mundo. La prensa extranjera se apresuró a colorear sus últimas declaraciones en nombre de la estabilidad social y política: pidiendo la regulación de los altos salarios y patrocinando la noción de “prosperidad común” nacional. Los medios de comunicación estatales chinos informaron de que la Comisión Central de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por Xi en el seno del Partido Comunista Chino, consagró en agosto la necesidad de “regular los ingresos excesivamente elevados y animar a los grupos y empresas de altos ingresos a devolver más a la sociedad”. En una de las sociedades más desiguales del planeta, cortesía del PCCh que ha capitaneado la restauración capitalista durante las últimas cuatro décadas y ha preservado su poder político en el Estado como administrador del “capitalismo con características chinas”, los temores aumentan. La orden es reducir gradualmente el abismo de beneficios materiales y económicos que separa a la burocracia dirigente de los cientos de millones de obreros, estudiantes y campesinos privados de los beneficios de su trabajo.

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del PCCh aclaró que, si bien el Partido había difundido entre los chinos la orden de “enriquecerse primero” en las primeras décadas del periodo de reforma y apertura de la era Deng Xiaoping, ahora daba prioridad a la “prosperidad común para todos”. “Hay un cambio en la forma en que el Partido Comunista Chino ve su legitimidad”, dijo Yu Jie, un investigador de Chatham House, un think-tank con sede en Londres. “Si el PCCh defiende el actual statu quo que es descaradamente injusto en su distribución de la riqueza y las oportunidades, la confianza de la gente de a pie se derrumbará”.

Xi, a punto de iniciar un tercer mandato en 2022, está preocupado por la creciente desigualdad en China, que se disparó con la crisis mundial de 2008 y ha aumentado con la pandemia. El curso de esa tendencia podría desestabilizar el país, en un momento en que Xi ha hecho propaganda de que ha completado una campaña para eliminar la pobreza absoluta. El impulso a la prosperidad compartida abarca, según el discurso oficial, políticas que van desde el freno a la evasión fiscal y la limitación de las horas que pueden trabajar los empleados del sector tecnológico hasta la prohibición de las clases particulares con fines lucrativos en materias escolares básicas y la limitación estricta del tiempo que los menores pueden dedicar a los videojuegos.

Estas medidas siguen la campaña llevada a cabo por el gobierno para disciplinar a algunas grandes empresas tecnológicas para que colaboren con el PCCh, como Alibaba de Jack Ma y Meituan de Wang Xing, y regular estrictamente la recolección de datos personales sensibles para la seguridad del Estado, como en el caso de Didi Chuxing y Caocao, empresas de viajes equivalentes a Uber. Empresas digitales como Tencent (propiedad de Ma Huateng, que al igual que Jack Ma es miembro del PCCh) y Pinduoduo también han sido puestas en el radar de la disciplina estatal. Los reguladores multaron a Alibaba con 2.800 millones de dólares como resultado de una investigación antimonopolio (después de haber prohibido la oferta pública inicial de Ant Group, su brazo financiero, en EE. UU.), y abrieron una investigación de ciberseguridad contra Didi, días después de su oferta pública inicial de 4.400 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York en EE. UU., que hizo que sus acciones se desplomaran. También siguen las represalias de algunos funcionarios de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, que tuvieron relaciones promiscuas con Jack Ma, en particular el secretario del partido local, Zhou Jiangyong.

Sobre la base de estos hechos, las especulaciones de supuestos “expertos” en la situación china han versado sobre lo que parece ser la voluntad del PCCh de “expropiar a la burguesía china”; otros, menos audaces pero igualmente incautos, utilizan unilateralmente el aspecto del "control" para exagerar los efectos de la regulación de los altos salarios empresariales. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja. China ha alcanzado en 2020 el rango de país con mayor número de multimillonarios del mundo: con 1.058 magnates del gran capital, supera incluso a Estados Unidos (que tiene 696). Los habitantes de la quinta parte de los hogares chinos disfrutan de una renta disponible más de diez veces superior a la de la quinta parte inferior, según las cifras oficiales. La renta disponible en las ciudades es dos veces y media mayor que en el campo. Y el 1 % más rico posee el 30,6 % de la riqueza de los hogares, según el banco Credit Suisse (frente al 31,4 % en Estados Unidos). Se trata de una de las sociedades más desiguales del mundo, sobre la que el propio Primer Ministro, Li Keqiang, admitió que en China todavía hay 600 millones de pobres que viven con apenas 1.000 renminbi al mes (154 dólares). La marca básica del riesgo a atacar está ahí, en el marco de las consecuencias de la crisis global. La retórica “social” que acompaña a los discursos oficiales pretende desactivar esta bomba de relojería en el gigante asiático.

Al mismo tiempo, el primer ministro aclaró que el plan de “prosperidad común” no significa un ataque a los capitalistas. Han Wenxiu, funcionario de la Comisión presidida por Xi, subrayó que el gobierno no quiere nada parecido a una persecución de los ricos en favor de los pobres, y que China debe protegerse del “riesgo de caer en el estado del bienestar” . El mismo Li Keqiang, jefe del Consejo de Estado, emitió una declaración oficial del gobierno chino en la que afirmaba que “seguiremos promoviendo un entorno empresarial orientado al mercado, en línea con los estándares mundiales, y el gobierno debe levantar todas las restricciones innecesarias a las entidades privadas para facilitar la competencia leal”, como “apoyar el empleo flexible a través de múltiples canales y el desarrollo de nuevas formas de empleo, exigiendo la eliminación de restricciones injustificadas”. La profundización de la precariedad y la flexibilidad laboral en China, lo que explica la restricción parcial, en el sector tecnológico, del régimen laboral servil 996 (trabajo de 9 a 21 horas, seis días a la semana –de hecho, el componente de represalia a Jack Ma, que había dicho que el modelo era una “bendición”, supera cualquier supuesta piedad laboral–. Estas declaraciones oficiales del gobierno chino desacreditan las precipitadas declaraciones de algunos “intelectuales”.   

La idea de “prosperidad común” no es nueva en China. Se remonta a milenios atrás, y fue apropiado por los líderes del PCCh tras la fundación de la República Popular en 1949 (fue utilizado por Mao Zedong en los años 50, y por Deng en los 80). En efecto, Xi citó una conocida frase de las Analectas de Confucio, que dice algo así como que a un líder sabio no le preocupa la pobreza, sino la desigualdad; no que su pueblo sea demasiado pequeño, sino que esté demasiado dividido. De hecho, la respuesta a la esencia de la razón que motiva este movimiento político en Pekín puede encontrarse mejor en Confucio que en los portavoces de la burocracia china: “donde hay satisfacción, no habrá revueltas”, decía el sabio. Sin necesidad de mucha sabiduría, miles de magnates en Estados Unidos anticiparon en 2019 el sentimiento que ahora inquieta a Xi. El multimillonario Alan Schwartz, de la firma de inversiones estadounidense Guggenheim, decía entonces, empapado de las luchas internacionales en América Latina y Oriente Medio, durante una reunión del Milken Institute que “Si miramos a la derecha y a la izquierda del espectro político, lo que estamos viendo es la llegada de la lucha de clases [...] A lo largo de los siglos, cuando las masas identifican que la élite tiene demasiada riqueza, sólo ha habido dos alternativas: una legislación para redistribuir la riqueza... o una revolución para redistribuir la pobreza”.

Como veremos, el plan de la burocracia china no se explica por una supuesta “voluntad socializadora” de Xi Jinping, sino por la necesidad de robustecer el mercado interno y la capacidad de consumo de la nueva clase media china, buscando generar un sector relativamente mejor remunerado de la clase trabajadora. Estratégicamente, se trata de preservar la fuerza del capitalismo ascendente chino y estabilizar los choques sociales en el marco de la disputa tecnológico-industrial con Estados Unidos en los marcos de la crisis global.

¿Por qué ahora?

El anuncio de las medidas coincidió con unos resultados económicos preocupantes en China, que vuelve a estar acechada por el regreso de la pandemia. En junio, uno de los indicadores más importantes de la actividad manufacturera de China registró una contracción por primera vez desde las primeras etapas de la pandemia. El índice de gestores de compras de la industria manufacturera Caixin, una encuesta independiente sobre la actividad manufacturera en China, alcanzó los 49,2 puntos en agosto, cayendo por debajo de la marca de 50 puntos que separa la medición mensual de la expansión y la contracción de la industria manufacturera por primera vez desde abril de 2020. Además, El producto interior bruto de China se expandió un 7,9 % en el trimestre abril-junio desde 2020, desbaratando las expectativas de un aumento del 8,1 %.

Pero las peores noticias provienen del consumo interno. El gasto de los consumidores en China se ha retrasado en gran medida con respecto a la recuperación económica general del país tras la pandemia, y esa lentitud se debe al menor crecimiento de los ingresos de los hogares. “Los datos sobre el estancamiento del consumo interno en China han dejado claro que es urgente aumentar los ingresos de la población y centrarse más en la equidad de la distribución”, dijo Wang Jun en el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, en Pekín.

Los organismos gubernamentales informaron en junio que las ventas minoristas de China volvieron a incumplir las expectativas. Las ventas al por menor aumentaron un 12,4 % en mayo con respecto a hace un año, menos que el aumento del 13,6 % previsto. Estos son vientos en contra para Pekín, ya que el gobierno chino espera promover su política de “doble circulación”, que pone mayor énfasis en el consumo como motor económico clave. Chang señaló que los salarios de los trabajadores inmigrantes tampoco se han recuperado, mostrando un crecimiento de sólo el 2,5 % en comparación con el 6,5 % anterior a la pandemia.

Estos indices fueron uno de los signos más claros de la pérdida de impulso de la economía china, que ahora se enfrenta a una menor demanda de exportaciones, a los altos precios de las materias primas y a la ralentización del sector inmobiliario. En este contexto se inscribe el plan de "prosperidad compartida" de Xi.

Li Keqiang, en el comunicado oficial del Consejo de Estado en 2020, había descifrado algunas coordenadas de la preocupación gubernamental, vinculadas a la importancia del consumo y de las pequeñas y medianas empresas en China: “Debemos ser creativos en el diseño y ejecución de nuestras políticas. Como he dicho antes, nuestras políticas, que son de gran envergadura, están diseñadas para proporcionar un alivio vital a las empresas y revitalizar el mercado, con especial atención a la estabilización del empleo y la garantía de los medios de vida de las personas. No se centran en grandes proyectos de infraestructuras. Esto se debe a que se han producido importantes cambios en la estructura económica de China, donde el consumo es ahora el principal motor del crecimiento, y las micro, pequeñas y medianas empresas proporcionan ahora más del 90 % de todos los puestos de trabajo en China. [...] Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en la lucha contra el COVID-19 es que los esfuerzos de contención han tenido un efecto moderador sobre el consumo. Por tanto, las medidas en este sentido también forman parte de nuestra reforma orientada al mercado”. También confesó que el problema del desempleo es real para millones de trabajadores urbanos, y que el gobierno “lanzará programas para estimular al sector privado a colaborar en el fortalecimiento del consumo”, estipulando que unas 100 millones de personas están empleadas en nuevas formas de negocio e industria, y unos 200 millones trabajan en la economía de plataforma. Aquí está la clave de la cuestión. El plan de regulación de los altos salarios y de redistribución de la riqueza, con todas las exageraciones terminológicas propias de la burocracia, pretende aumentar la capacidad de consumo de la población, reducir el desempleo (mediante la flexibilización laboral también), aumentando parcialmente los salarios de ciertas categorías (rama tecnológica). Esto se haría con la contribución financiera de los grandes monopolios, sin perjuicio de su propiedad y capacidad de explotación del trabajo, debilitando a través de mecanismos estatales ciertas prácticas monopólicas que estrangulan el surgimiento de nuevas, pequeñas y medianas empresas, que juegan un papel crucial en la ocupación de la fuerza de trabajo y la búsqueda de la innovación.

Observando las exigencias que se plantean a los grandes conglomerados económicos, generan poca preocupación desde el punto de vista de la preservación de su propiedad. Como escribe Kevin Yao, los dirigentes chinos se han comprometido a utilizar los impuestos y la financiación “colaborativa” (de hecho, condicionada) en forma de donaciones; y cualquier observador agudo sabe que la caridad capitalista nunca ha sido un tema de pesadilla para la clase dominante. Tanto es así que la respuesta de los magnates prudentes ha sido alinearse detrás de la agenda de Pekín. Wang Xing, de Meituan, ha donado 2.300 millones de dólares a un fondo filantrópico que apoya la educación y la ciencia. Tencent anunció un fondo de 7.700 millones de dólares dedicado a la “prosperidad común”, que definió como el aumento de los ingresos familiares de los grupos de bajos ingresos, la ampliación de la cobertura sanitaria, el desarrollo económico rural y la educación de los estudiantes desfavorecidos. "Como empresa tecnológica china bendecida por la reforma y la apertura de China, Tencent siempre ha pensado en cómo ayudar al desarrollo social con sus propias tecnologías y su poder digital." Alibaba se ha comprometido a donar 15.500 millones de dólares a lo largo de cinco años, y Pinduoduo se ha comprometido a donar 1.500 millones de dólares a los agricultores a partir de sus ganancias futuras en el segundo trimestre.

Para tener una dimensión de lo que se trata, el compromiso de Alibaba equivale a sólo el 15 % del beneficio neto que la empresa obtendrá en 2025, basándose en los beneficios de 2020. Los multimillonarios en su conjunto, si son más disciplinados, no pueden quejarse de una intrusión agresiva en sus intereses privados. La propuesta de imposición se trata como una leyenda en los círculos gubernamentales chinos; en 2015 se aplicó un plan piloto en Shanghái y Chongqing, sin ningún resultado plausible. Así, la fiscalidad de las grandes fortunas se trata en China como en Occidente. El aumento salarial para determinadas categorías debería elevar el nivel medio de ingresos, según los planes oficiales, de la provincia oriental de Zhejiang, que no es una de las más pobres, pero que ahora sólo ocupa el sexto lugar entre las provincias con mayor PIB per cápita, según el censo de 2020. La ruptura con el modelo de trabajo 996, una demanda de sectores cada vez más amplios de jóvenes trabajadores, que suscitaba peligrosos conflictos sociales, se presentaba como un objetivo para la rama tecnológica, y no se generalizaría frente a los agotadores ritmos de trabajo del proletariado del campo que opera en las plantas de montaje.

Como dijo Li Keqiang, este proyecto está dentro de las reformas orientadas al mercado, no en contra. “Se seguirá mejorando el entorno de las empresas, se promoverá la reforma administrativa y se construirá un entorno empresarial orientado al mercado y basado en la ley. Se fomentará la creación de empresas por parte de distintos grupos y se mejorarán los sistemas y plataformas de servicios empresariales”, según el comunicado del Consejo de Estado de agosto de 2021 tras la reunión de la Comisión presidida por Xi.   

El periódico oficialista Global Times, que responde a las estrictas directrices de Pekín, aseguró al capital extranjero que las medidas no supondrán ningún perjuicio para sus negocios. “Para las empresas extranjeras, independientemente de su origen y tamaño, deben respetar y cumplir las leyes y reglamentos de China y alinear activamente sus negocios con el desarrollo social y económico general de China si quieren operar y tener éxito en el mercado chino. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas extranjeras vayan a ser un objetivo. Las medidas reguladoras se dirigen a las prácticas comerciales ilegales, no a ninguna empresa en particular, ya sea extranjera o nacional. Esta actitud debe ser acogida con satisfacción por las empresas, ya que así se promoverá un entorno de mercado mejor y más justo. Y lo que es más importante, para las empresas extranjeras que operan en China o que buscan oportunidades de negocio en el país, deben estar tranquilas porque, a pesar de los recientes cambios importantes y de las medidas reguladoras, las políticas de reforma y apertura de China, de larga data, no cambiarán”.

Aquí podemos resumir lo que es realmente el difuso plan del gobierno chino aclarando lo que no es en primer lugar. Como explica el periódico británico The Economist: “El PCCh ha aclarado lo que no implica la "prosperidad común”: no significa que todos acaben disfrutando de la misma prosperidad. Hay que animar a los empresarios que crean su propia riqueza, “trabajan duro con integridad y tienen el valor de crear sus propias empresas”. El giro igualitario tampoco será brusco. Debe llevarse a cabo “paso a paso” de forma “gradual”, reiteró la Comisión este mes”. Se trata de ajustes dentro de las reformas capitalistas en la economía china, no a costa de ella.

Qué fundamentos generales tiene la política de “prosperidad común”

Como hemos dicho, el plan sin contornos claros de "prosperidad común" está lejos de apuntar a pérdidas estratégicas para el capitalismo chino. Podemos resumir la estrategia del Partido Comunista Chino en cuatro puntos: 1) Disminuir la pronunciada desigualdad social en China para evitar explosiones sociales que socaven la estabilidad política en un momento delicado de conflicto entre Pekín y Washington; 2) ampliar la capacidad de consumo de la nueva clase media y el potencial mercado interno chino; 3) dividir las filas de los trabajadores registrando ciertos derechos salariales y laborales para un sector en detrimento de los demás; 4) disciplinar a ciertos grandes monopolios a los designios políticos del PCCh, para que no ahoguen la aparición de nuevos capitales en el campo de la innovación tecnológica (las start-ups), con el fin de desbloquear el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, responsables de la inmensa mayoría de los empleos en China, y hacerlos convivir con los mismos multimillonarios que conservarán su riqueza, sin las mismas facilidades monopolísticas anteriores (es decir, de determinar la rentabilidad de las pequeñas empresas en función de su fidelidad a sus plataformas, en el caso de Alibaba y Tencent).

Lo más importante para el gobierno es desarrollar su mercado interior, la verdadera columna vertebral de la economía china. Xi Jinping necesita consumidores capaces de enfrentarse a la caída de la economía mundial y a la fragilidad del comercio internacional, que impide a China mantener su ritmo de crecimiento centrado en el “esquema exportador”. Un esquema que, recordemos, mantenía una relación simbiótica con Estados Unidos que se ha visto especialmente reforzada desde que China entró en la OMC en 2001. Esta contradicción es la que impulsa a China hacia un complejo y tortuoso giro hacia el mercado interior, hacia una complicada y contradictoria política de liberalización del renminbi (la moneda china), así como hacia la necesidad de acelerar el cambio en el contenido de su producción y de competir más agresivamente por los espacios mundiales de acumulación de capital –o de exportación de capital– y las áreas de influencia. Entre ellas, la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y la Nueva Ruta de la Seda.

Esta situación implica el inicio de la crisis de complementariedad chino-estadounidense, por la que se exporta de China a Estados Unidos una producción masiva con un valor añadido relativamente bajo, lo que refuerza la balanza comercial china, mientras que China contribuye a sostener los crecientes déficits de Estados Unidos. La crisis económica de 2008 rompió esta simbiosis relativamente armoniosa, sin poner fin a la dependencia mutua de las economías, que sostienen el destino de la otra en un escenario mucho más complejo de choques y fisuras geopolíticas (como vemos en Afganistán, donde a la humillante derrota de Estados Unidos le sigue la alianza de China con los reaccionarios fundamentalistas talibanes para incluir el país en la Nueva Ruta de la Seda y la extracción de minerales preciosos para Pekín). China, que en décadas anteriores se había presentado como un motor clave del crecimiento de la inversión, empezó a perder ese papel a partir de 2013-14. Deja de poner a disposición del capital internacional amplias fuentes de plusvalía absoluta –garantizando una alta tasa de rentabilidad interna y externa– y se convierte gradualmente en un competidor por el espacio de inversión mundial y el liderazgo en tecnología de punta con una producción cada vez más competitiva con la de Estados Unidos.

El gigante asiático siente la necesidad de basar su crecimiento cada vez más en el mercado interno, con la producción de bienes de alto valor añadido, mediante la aparición de un poderoso sector de clase media, de cientos de millones de personas, capaz de mover la economía y mantenerla relativamente a salvo de los choques de la demanda externa, que hacen a China excesivamente vulnerable. Como dijo Trotsky en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el volumen de producción de la economía capitalista tiene numerosos componentes, y está vinculado no sólo al desarrollo relativo de las fuerzas productivas, sino que también está limitado por el poder adquisitivo de la población. Siendo la segunda economía del mundo, en términos de PBI per cápita China está muy por detrás de las potencias centrales (lo cual es comprensible por el exorbitante tamaño de la población, pero también por la continua pobreza relativa de los estratos mayoritarios). Es este problema el que busca ser atacado por la burocracia, no en nombre de la clase obrera, sino en nombre de la revigorización del capitalismo nativo.

Según The Economist, en China hay unos 400 millones de personas que pertenecen a la clase media (o estrato de renta media, como la denominaba el anterior gobierno de Hu Jintao) y que viven con unos ingresos de entre 100.000 y 500.000 yuanes (aproximadamente entre 15.000 y 77.000 dólares) para una familia de tres miembros o su equivalente. Eso ya constituye una cifra notable. El gobierno central ha anunciado que quiere duplicar esa cifra hasta los 800 millones de personas en aproximadamente una década, según el Centro de Investigación del Desarrollo, un grupo de expertos adscrito al Consejo de Estado de China. El camino está plagado de dificultades internas, que tienen que ver con la compleja transformación del modelo de crecimiento económico de China, durante muchas décadas vinculado a los bajos salarios y a una mano de obra intensiva con inversión estatal. Por no hablar de la lucha de clases, el factor decisivo: el aumento de las aspiraciones de las masas chinas podría convertirse en combustible para la conflagración social de una nueva generación que no tiene mucho apego político o emocional al PCC. Sin embargo, si la hipótesis se cumpliera, en mayor o menor medida, es innegable que tal logro situaría a China en otro nivel de competitividad.

El mismo Global Times reflexiona sobre los beneficios que supone para las grandes multinacionales capitalistas occidentales el aumento del mercado interno chino: “El poder adquisitivo de los consumidores chinos ya ha sido un importante motor para muchas empresas extranjeras, desde los fabricantes de automóviles en Alemania hasta los agricultores en Francia y los productores de soja en Estados Unidos. En 2020, en medio de una pandemia mundial, los consumidores chinos gastaron 39,2 billones de yuanes (6 billones de dólares) en bienes de consumo. China ya está preparada para superar a Estados Unidos como mayor mercado de consumo del mundo. Si el grupo de renta media de China se amplía y los ingresos de todos los residentes aumentan en el marco del plan de prosperidad común, el mercado chino será aún más irresistible para cualquier empresa de tamaño considerable”. El atractivo para el capital extranjero es evidente.

“Prosperidad común”... en el capitalismo, ¿o su superación en la lucha de clases?

La dialéctica del proceso que se opuso, en su forma, a ciertas tendencias de los monopolios chinos en los intereses políticos particulares de la burocracia de Pekín, también desvela su verdadero contenido. En la lucha por salvaguardar la estabilidad política del régimen bonapartista del PCCh, que depende estratégicamente del rápido ascenso capitalista al que también sirve de soporte, la burocracia de Xi Jinping se ha visto obligada a ir en contra de ciertos intereses inmediatos de una parte de la clase dominante. ¿Qué intereses inmediatos? La rentabilidad a corto plazo, que carece de proyección y está separada de la compleja situación económica, no sólo nacional sino internacional, en la que se encuentra China. El encuadramiento, dentro de ciertos límites, del impulso al enriquecimiento de los grandes monopolios, para ciertas ramas, puede llevarse adelante en beneficio de los intereses estratégicos del propio gran capital chino. En efecto, es con la ayuda del sector privado más poderoso que el gobierno chino quiere promover el fortalecimiento del mercado interno y el poder de consumo de las nuevas clases medias, lo que debería servir de base para el creciente poder de estos conglomerados económicos. La proyección internacional de China depende de la estabilidad social interna y, en primer lugar, de la asfixia de la lucha de clases, una amenaza real para la política burocrática del PCCh. Ésta es una primera dimensión del problema. A esto se añade una segunda dimensión, necesariamente interrelacionada: el choque entre la burocracia del PCC y ciertos sectores reticentes del gran capital, en el sector de los gigantes tecnológicos, que podría representar una amenaza para el control estatal de los aspectos más sensibles de la administración capitalista. El “contrato social” entre la burocracia bonapartista de Pekín y el gran capital chino, que se nutre de ella y se beneficia de su riqueza, depende del respeto de la clase dominante al poder político indiscutible del PCCh. Para preservar este contrato –que Xi ve como la colaboración del sector privado con el proyecto de “rejuvenecimiento nacional de China”– el gobierno ha tenido que frenar ciertas extrapolaciones, como las críticas de Jack Ma al "arcaico" sistema financiero estatal en nombre de la primacía de las fintechs (empresas digitales que prestan servicios financieros). Una vez que la simbiosis entre la riqueza y el poder se “armonice” bajo el mando del PCCh, no habría impedimentos para los negocios de siempre de esos mismos magnates que ahora se pliegan a las exigencias de Xi.

El principal efecto de la medida, al fin y al cabo, era el examen minucioso de la lealtad de los grandes monopolios al régimen encabezado por Xi, que les pedía lealtad empresarial a cambio de la garantía de sus enormes beneficios. De hecho, el presidente chino, unos meses antes, había tomado una de las medidas más antiobreras y proempresariales de la historia reciente de China, cuando autorizó al gobierno municipal de Shenzhen a permitir que los capitalistas locales redujeran el pago de las horas extras y ampliaran el plazo de pago de los salarios, que pueden retrasarse durante un tiempo más generoso. El objetivo es reducir los crecientes costes laborales y frenar el éxodo de las empresas a mercados más baratos del sudeste asiático. Una medida que apenas tiene en cuenta la “prosperidad común”, salvo ... de los propios empresarios. Es esencial comprender que en la medida en que los trabajadores traten de combatir la explotación de estos magnates chinos, se encontrarán con el muro del gobierno autoritario de Xi Jinping y la burocrática Federación China de Sindicatos. La lucha de clases es la única forma de enfrentarlos.

Un buen número de los multimillonarios señalados son miembros del Partido Comunista, o tienen una relación indirecta con él. Los "capitalistas rojos" pueblan los niveles dirigentes del Partido, en las distintas regiones y provincias, algunos de los cuales se convirtieron en propietarios en el proceso de restauración capitalista que les permitió hacerse con los bienes públicos, y otros que ascendieron a las filas del partido habiéndose incorporado ya a la empresa privada antes de pertenecer al Partido, que ahora sirve de puente ineludible para influir en el sistema político, como analiza Bruce Dickson en su Wealth Into Power: the Communist Party’s Embrace of China’s Private Sector. Elias Jabbour, uno de los exóticos especímenes que ofician de portavoces oficiosos de la burocracia china, imagina un poder político suspendido en el aire, y olvida que el gobierno que lleva a cabo estas reformas se fundamenta en la propiedad capitalista de los medios de producción (aunque un capitalismo sui generis, distinto del occidental, resultado de la apropiación de las conquistas sociales de la revolución de 1949). Además, agrava el papel de los multimillonarios “en la construcción del socialismo en China”: como “estamos lejos” del socialismo que defendía Marx, con el poder de los trabajadores sobre las fuerzas productivas, la expropiación del capital y la planificación racional de la economía y la vida, más vale ajustarse a un “socialismo” que “se acerca a eso”, y que en realidad es lo contrario de todo lo que el marxismo caracterizó como socialista: un país de multimillonarios, de esclavización salvaje de la clase obrera por parte de capitalistas nativos y extranjeros, y de una burocracia autocrática que ahoga cualquier tipo de libertad de pensamiento y opinión. A nadie se le puede negar el derecho a la ignorancia, y la tradición estalinista siempre ha salido a buscar sumisamente las supuestas “alas progresistas” de la burguesía; si en los años 1920 querían integrar al campesino rico (kulak) en el socialismo, ahora quieren integrar al multimillonario en la fantasía del socialismo que en realidad es el capitalismo salvaje. El nombre de Marx no tiene ninguna relación con la filosofía de los “pragmáticos”. El socialismo no tiene nada que ver con que la “Razón” (un poder suprahistórico por encima de las clases, como en la vieja filosofía de la Ilustración del siglo XVIII) comande un proceso de producción fundado en la propiedad privada. Para el fundador del socialismo científico, su premisa básica es la superación revolucionaria de la propiedad privada por parte de la clase obrera, y no la comunión con ella, por mucho que duela a los oídos pragmáticos del postulado ilustrado del estalinismo...

Un viejo general prusiano solía decir que un salto corto es más fácil de realizar que un gran salto, pero no por ello, cuando se trata de superar un abismo, se empieza saltando por el medio. Los cortesanos del mandarinato chino están en la categoría de esos empíricos que se lanzan a la nada.

Yendo al grano: la política del Partido Comunista Chino debe inscribirse en su marco global, el de una burocracia capitalista de Estado que busca participar en el reparto de los espacios de acumulación mundial, aún sin poder definir los destinos de otros países como Estados Unidos. Frente a los enfrentamientos geopolíticos reaccionarios que se preparan entre Pekín y Washington, lo decisivo serán los enfrentamientos en la lucha de clases. El modelo laboral 996 ya ha provocado el enfado de los trabajadores del sector tecnológico, y de una juventud que se opone ferozmente a la ideología neoliberal de Alibaba y los gigantes del comercio electrónico. Las huelgas y los conflictos laborales tienen lugar en algunas de las provincias más ricas, donde la industria y la construcción son fuertes: de las 1.082 protestas laborales registradas por China Labour Bulletin desde julio de 2020, 120 (11 %) tuvieron lugar en la provincia de Henan, seguida de Guangdong con 95 (8,6 %) y Shandong (7 %).

Las protestas contra los atrasos salariales en Xian y Pucheng, en la provincia de Shaanxi, o en Wuchuan y Guangzhou, en la provincia de Guangdong, se combinan con las protestas de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Henan, que ha experimentado un importante cambio demográfico con un enorme salto en la “población flotante” (流动人口), predominantemente trabajadores rurales migrantes que viven y trabajan lejos de sus ciudades de origen (Henan tenía una población flotante de 21,2 millones en 2020, un 164 % más que en 2010). Esto es ilustrativo de las nuevas generaciones de trabajadores, que o bien no tienen su inscripción en el partido en el mismo lugar en el que trabajan o ni siquiera tienen relación con el PCCh, y pretenden ganar sus derechos contra la explotación patronal.

Son estos signos, en el marco de las dificultades económicas y la escasa recuperación industrial desde abril en China, los que encienden las señales de alarma de Xi. En esto nos basamos para vislumbrar las perspectivas de China, que puede aprovechar las disputas en la superestructura político-económica para emerger. Parafraseando lo que dijo Marx en 1850 en la Carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, también en China "para el proletariado no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de eliminar las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva".

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Elisa Loncon

La mapuche Elisa Loncon, de 58 años, preside desde hace dos meses la asamblea constituyente encargada de escribir la nueva Carta Magna que sustituirá al texto actual, redactado en 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue elegida con el voto de 96 de los 155 integrantes del órgano y carga sobre sus espaldas con la responsabilidad de liderar la construcción de una nueva nación, en la que los pueblos originarios tendrán un destacado protagonismo.

Originaria de la comunidad mapuche Lefweluan, en el corazón de la Araucanía, al sur de Chile, es hija de una ama de casa y de un mueblista; la cuarta de siete hermanos. Doctora en Lingüística y experta en educación intercultural bilingüe, ha estudiado en Holanda, Bolivia, Canadá y México, y hasta su llegada al órgano constitucional ejercía como profesora.

La presidenta enfrenta un momento clave para la Constituyente, una de las más avanzadas del mundo por la paridad de género y la presencia de representantes indígenas: el reto es acabar con la herencia del pinochetismo en Chile. Por una parte, junto al resto de integrantes de la Mesa, tiene que gestionar el escándalo provocado por el asambleísta Rodrigo Rojas, quien mintió a la opinión pública al simular padecer un cáncer que nunca tuvo, mientras alzaba la voz en defensa de los afectados por esta enfermedad. Por otro lado, este jueves comenzará el debate sobre el reglamento que definirá las normas de la Convención. Tras su aprobación, se dará inicio a la discusión de fondo, que definirá el nuevo marco constitucional del país.

En una entrevista con Público, realizada horas antes de revelarse la falsedad sobre el constituyente, Loncon hace balance de sus dos meses de liderazgo y habla de las amenazas y desafíos que enfrenta la Convención: "Falta un marco conceptual, político e ideológico que resguarde los derechos de las diversidades y minorías, y eso es lo que hacemos como dirección de la Convención".

¿Qué balance hace de los dos meses de funcionamiento de la Convención?

Hemos superado los problemas que tuvimos durante la instalación de la Convención relacionados con su administración y manejo. Necesitábamos el espacio, las condiciones mínimas como conexiones de Internet, el funcionamiento técnico para dar la palabra y votar. Eso implicó recurrir a servicios públicos porque no tuvimos suficiente respaldo del Gobierno, centrado en mantener el estatus quo de la antigua Constitución, heredada de la dictadura. La coalición del Gobierno votó contra el cambio de la Constitución y varios de sus convencionales electos no tenían ni manifestaban un ánimo de contribución. Durante el primer mes, también implementamos un protocolo covid-19 y ampliamos la mesa de dos a nueve miembros para integrar a los distintos sectores: desde los más tradicionales –izquierda, derecha y centro– a los independientes, disidencias y pueblos indígenas. Eso implicó un trabajo importante para ponernos de acuerdo. Además, se instaló el órgano que le da seguimiento al uso de las asignaciones [sueldos y remuneraciones] y los recursos con los que cuenta la Convención. En el segundo mes, trabajamos en el desarrollo de ocho comisiones transitorias que entregaron insumos para elaborar el Reglamento de la Convención. Este es un órgano autónomo que no tiene vínculos con el poder constituido y hay que darle su propia institucionalidad y normativa. Vamos a votar el reglamento durante este mes de septiembre y al mismo tiempo se van a instalar las comisiones de trabajo definitivas.

¿La fórmula que se ha aplicado para elaborar el reglamento, a través de comisiones y subcomisiones, va a ser la que se aplicará para el funcionamiento regular de la Convención?

Tenemos tres instancias para trabajar la reglamentación: las subcomisiones, las comisiones y el pleno. El reglamento tiene que ser votado por el pleno, luego se podrán hacer indicaciones y ajustes y, finalmente, se vota la propuesta final. Hemos garantizado el derecho a que todos los grupos representados en la Convención puedan expresarse. Las votaciones sobre el reglamento serán por mayoría y cuando se trate de normas de la Convención tendrán que superar los dos tercios.

Hemos asistido recientemente a una suerte de campaña mediática en contra de la Convención. De hecho, se ha dado a conocer que hay alrededor de 8.000 perfiles de redes sociales para atacar de forma coordinada a la Convención. Como presidenta, usted ha recibido ataques racistas y discriminatorios de algunos constituyentes. ¿Cuáles son las amenazas que hoy enfrenta la Convención?

Hay una amenaza comunicacional, de instalar una realidad que no es, basada en calumnias y en imponer mentiras que se instalan en la comunidad. Una de las primeras cosas que se dijeron fue que somos flojos, que no trabajamos. Después se dijo que ejercemos el autoritarismo, que hacemos mal uso de los recursos y que nos subiríamos los sueldos. Eso viene del sector que no está de acuerdo con que se cambie la Constitución. Eso es peligroso porque se instalan mentiras y posiciones no éticas que pretenden que la gente nos menosprecie. Las opiniones racistas denostan la condición indígena de los convencionales, con comentarios de muy bajo perfil y con la intención de deslegitimar a la autoridad instalada en la Convención. Se molestan cuando nos expresamos con nuestras lenguas indígenas porque piensan que los derechos lingüísticos son privilegios y no derechos. Falta un marco conceptual, político e ideológico que resguarde los derechos de las diversidades y minorías, y eso es lo que hacemos desde la dirección de la Convención.

El pueblo mapuche (y también el resto de pueblos originarios) ha tomado un protagonismo en la Convención. ¿Qué efecto puede tener esto para mejorar la convivencia entre los pueblos originarios y el resto de los chilenos?

Estamos apostando por incorporar en la nueva Constitución los derechos de las naciones originarias porque hay vulneraciones de los derechos humanos que no se han reparado. Desde que se instaló el Estado de Chile en el territorio mapuche se han vulnerado los derechos humanos porque el Estado buscó hacer desaparecer a los pueblos indígenas con el argumento de que nos oponíamos al desarrollo y al progreso. Este discurso se usó para ocupar los territorios y quedó al interior de la institucionalidad chilena. Después se implantó un sistema educativo que habla de pueblos primitivos, lo que no fortalece una discusión sobre nuestros derechos. Es una carga histórica que tiene el Estado chileno en sus distintas constituciones, que no se construyeron con la participación del pueblo. Sin embargo, la Convención Constitucional se instaló a partir de un estallido social que fue un acto de autodeterminación de los distintos pueblos de Chile: la gente dijo ‘basta’ y se levantó. Y lo hizo con la bandera mapuche, reconociendo una crisis de representación política. Los chilenos entienden ahora que el mapuche es un pueblo en resistencia que lucha por sus derechos y por su dignidad.

Cuando asumió el cargo de presidenta, el 4 de julio, pronunció un discurso en mapudungún (lengua mapuche), que la mayoría no entendió. ¿Está preparado Chile para convertirse en un estado plurinacional?

La Constitución es uno de los caminos para la plurinacionalidad, después viene la institucionalidad y las leyes que van a emanar de esa Constitución; y, finalmente, viene el cambio cultural para ser un país plurilingüe, intercultural y dialogante. Hoy día, Chile no está preparado porque venimos de una tradición monolingüe y monocultural. Sin embargo, Chile sabe que no se puede seguir oprimiendo a las minorías frente a las cuales el país tiene una deuda histórica, una falta de reparación por la vulneración de derechos ejercida por el Estado. En Chile hay una sensibilidad especial frente a los derechos humanos porque tampoco se han reparado las violaciones cometidas durante la dictadura, violaciones que se repitieron en el contexto del estallido social: hay más de 400 mutilados oculares, hay muertos y hay presos cuyos casos no se han investigado.

¿Un nuevo texto constitucional es una garantía para poder terminar con todo lo anterior, si se mantienen los mismos jueces, los mismos lobbies empresariales o los mismos nombres en la política?

El texto constitucional no puede ser un decálogo de derechos, tiene que dar garantías para el ejercicio de los derechos; y el proceso constituyente aportó cambios con los que Chile ya no volverá a ser como antes. Por ejemplo, la paridad [que se logró en la Convención] se tiene que asumir ya en un próximo gobierno, también los escaños reservados para las naciones originarias. La presencia y derechos de las disidencias sociales son elementos demandados por el pueblo. Los cambios administrativos y jurídicos serán posteriores al nuevo texto constitucional, sin embargo, la sociedad chilena ya no es la misma que antes del estallido social de 2019 y los gobiernos van a tener que responder a estas demandas.

07/09/2021 21:40

Meritxell Freixas@MeritxellFr

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la presentación del tercer informe de Gobierno, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). — Sáshenka Gutiérrez / EFE

El presidente mexicano denuncia que los Gobiernos anteriores abrieron el mercado eléctrico "para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas".

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que en septiembre presentará ante el Congreso una reforma constitucional para revertir las "privatizaciones" en el sector eléctrico.

"En cuanto a la industria eléctrica, este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permita reparar el grave daño que causó la privatización al sector público", anunció, al presentar este miércoles su tercer informe de gobierno.

Al iniciar su discurso en el Palacio Nacional, el mandatario izquierdista aseguró que "la transformación está en marcha" en México y que su Gobierno ha decidido "parar en seco la tendencia privatizadora".

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció que los Gobiernos anteriores abrieron el mercado eléctrico "para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios entre otras prebendas".

En cambio, reprochó, que las plantas de la energética pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), "fueron completamente abandonadas" y el actual Gobierno está "modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón".

"En pocas palabras, la meta es que tengamos abastecimiento público frecuente de energía eléctrica, que no haya apagones y que los consumidores paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales", detalló sobre su reforma.

La coalición oficialista, liderada por Morena, no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.

El presidente López Obrador es contrario a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas.

Por ello, decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las energéticas públicas CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) se encuentran encalladas ante los tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.

Durante la presentación de su tercer informe, el que marca el ecuador de su mandato, presumió que su Gobierno no entrega concesiones nuevas a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, reclusorios ni obras públicas, pero "lo más importante es que hemos detenido la privatización en el sector energético", aseguró.

Recordó que quiere dejar de "importar" gasolinas y por ello ha modernizado las seis refinerías existentes, está construyendo la refinería de Dos Bocas (Tabasco) y compró la totalidad de la planta Deer Park (Texas, Estados Unidos). 

01/09/2021 16:02

EFE

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